Saharauis, los ojos del desierto

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26.2.08

Guatemala: Genocidio maya

EL PRESIDENTE ÁLVARO COLOM ORDENA ABRIR LOS ARCHIVOS DEL EJÉRCITO, AUTOR PRINCIPAL DEL HORRIBLE GENOCIDIO QUE DURÓ 36 AÑOS Y DEJÓ MÁS DE 200.000 MUERTOS Y 50.000 DESAPARECIDOS

El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, ordenó que los archivos del Ejército sean abiertos. "Vamos a hacer públicos todos los archivos del Ejército (...) para que se conozca la verdad y de una vez por todas podamos construir sobre la verdad y la justicia", señaló el gobernante. Una decisión que abre la posibilidad de conocer la suerte de miles de guatemaltecos desaparecidos durante la guerra interna.
El anuncio de Colom se realizó este lunes en Palacio Nacional, en un acto oficial, dentro del Día de la Dignidad de las Víctimas del conflicto armado. Colom dio instrucciones para que Orlando Blanco, secretario de la Paz y de Derechos Humanos, "forme un equipo especial" para abrir dichos archivos. Indicó además que los mismos deberán ser trasladados a la Procuraduría de los Derechos Humanos, tal como se hizo años atras con los archivos de la Policía, a fin de que se estudien y se resguarden.

Organizaciones locales de derechos humanos sostienen que dentro de los archivos militares, que hasta hoy habían sido considerados como "secreto de Estado" por los gobiernos de turno y la jerarquía castrense, hay "valiosa" información para conocer "la lógica de la guerra" y los argumentos del Ejército para "arrasar" miles de aldeas y personas durante la guerra interna. Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), que investigó las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra civil, en ese período (1960-1996) hubo más de 200.000 muertos y 50.000 desaparecidos. Los años más sangrientos corresponden al gobierno de Efraín Ríos Montt (1982-1983). Según informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH), entre 1981 y 1983 se registraron el 81% de las violaciones a los derechos humanos en el país.


Los militares, autores del 95% de las matanzas

El informe de la esa comisión, auspiciada por las Naciones Unidas y presentado el 25 de febrero de 1998, responsabilizó a las Fuerzas Armadas del 95 por ciento de esos hechos. Carmen Aída Ibarra, analista de la Fundación Myrna Mack, celebró el anuncio del gobierno, pero señaló que hay que esperar a que las palabras del mandatario se hagan realidad. Indicó que la decisión de Colom "es espectacular y muy buena", pero aclaró que "antes de aplaudir hay que esperar a que se concrete" porque sería un acto sin precedentes que serviría para el esclarecimiento de los miles de casos de violaciones a los derechos humanos. Intentos anteriores de organizaciones de derechos humanos por conseguir tener acceso a esos archivos, se han visto frustrados por acciones judiciales promovidas por militares que han sido procesados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra.
El presidente Álvaro Colom no precisó fechas para iniciar este proceso, ni si el mismo tendrá algún tipo de limitaciones, pero advirtió que antes de hacer públicos los archivos militares, solventará "las trabas legales" que en el pasado han impedido a las organizaciones humanitarias conocer el contenido de éstos.

Preocupación entre los genocidas

Bajo el argumento de que la información contenida en esos documentos son "secretos de Estado", los militares se han negado a brindar cualquier tipo de información relacionada con esos archivos.
El abogado Fernando Linares, defensor del general golpista Óscar Mejía Victores, acusado de genocidio ante la Audiencia Nacional de España, calificó de "ilegal" la decisión de presidente. "Es un acto inconstitucional y denota desconocimiento del presidente Colom porque la Constitución lo prohíbe", aseguró Linares, para quien la medida lo que persigue es debilitar la fuerza política del Ejército. Según Linares, lo que Colom busca con este anuncio es "complacer a los políticos de izquierda que tiene en el gobierno", pero advirtió que Colom puede sufrir un desgaste legal y político.
Por su parte, el general retirado, ex candidato presidencial y líder del opositor Partido Patriota, general Otto Pérez Molina, opinó que la medida anunciada por el mandatario es "política" y "esperamos que no sea para neutralizar a la oposición". Según el militar retirado, en los archivos existen documentos de logística y de operativos, pero "no hay pruebas que sirvan para enjuiciar a alguien. Es una medida que genera expectativas que se van a convertir en frustración", afirmó Pérez.
Los acuerdos de paz del 96

Hace ya once años que se firmaron los acuerdos de paz que buscaban darle un fin a uno de los conflictos armados más sangrientos de América Latina. Fueron 13 acuerdos con los que no sólo se buscaba frenar la guerra de 36 años en Guatemala, sino una transformación de las instituciones de la nación centroamericana.
Se calcula que el conflicto entre el gobierno y la guerrilla dejó más de 200.000 muertos, 50.000 desaparecidos y más de 600 comunidades destruidas.

El dolor de las víctimas y sus familiares fue evidentemente un elemento clave en este proceso de paz. Y los familiares han tenido que seguir su movilización y tomar las calles desde 1996 para protestar y exigir justicia.
Hubo otros factores que impulsaron la paz, como el fin de la guerra fría y un creciente interés de la comunidad internacional en el conflicto guatemalteco. La guerrilla estaba derrotada militarmente desde mucho antes de la firma de la firma de la paz, pero el ejército tampoco estaba en condiciones de seguir. El coronel Mario Mérida, viceministro de interior en los años ochenta, admite ante la BBC que "El ejército de Guatemala no tenía capacidad bélica para combatir. El Estado de Guatemala estaba en crisis económica".

Los 13 acuerdos de 1996 cubrían muchas áreas: la reforma del ejército y del aparato político del Estado, la redistribución de tierras, avances en materia de derechos humanos, la instalación de una comisión de la verdad, la desmovilización de la guerrilla y su reincorporación a la sociedad y un programa de reparaciones.
Sin embargo, para algunos analistas y para las propias víctimas las reparaciones no han llegado a todos.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico dejó importantes lecciones, pues recabó cientos de testimonios. "El Ejército estaba en contra de cualquier proceso de investigación de las violaciones masivas de derechos humanos que ocurrieron en el conflicto armado. Pero resultó una comisión hito bastante importante para el país", señala un experto.
Los acuerdos tampoco han sido cumplidos en el aspecto socioeconómico. Guatemala aún sufre los efectos de la desigualdad y de la pobreza.La antropóloga Yolanda Aguilar opina que la Guatemala de hoy "es un país que debe salir de la condición de normalizar la violencia. Hemos aprendido a vivir en sociedades violentas".


El Informe Gerardi
El obispo católico y luchador por los derechos humanos Juan José Gerardi Conedera era coordinador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala ODHAG y Director del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica de la Iglesia. Bajo su liderazgo, los miembros de la ODHAG entrevistaron a miles de sobrevivientes, y recopilaron sus testimonios en un informe histórico de cuatro tomos que describe las causas y consecuencias de la guerra civil.
Al igual que el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas publicado un año después, en 1999, la Iglesia informó que la gran mayoría de los abusos contra los derechos humanos habían sido cometidos por el ejército guatemalteco y sus aliados paramilitares.

El obispo Gerardi hizo público este informe el 24 de abril de 1998 y dos días después fue brutalmente asesinado en el garaje de su casa. En junio de 2001, tres miembros de los servicios de inteligencia militar fueron condenados por este crimen. Un sacerdote también fue condenado como cómplice. Además, el tribunal ordenó que también se investigara a otros 12 miembros de las fuerzas armadas.
El caso Gerardi es importantísimo, dado que por primera vez los tribunales guatemaltecos han emitido un fallo histórico que representa una victoria sin precedentes para el estado de derecho y un avance fundamental en la larga batalla de este país contra la impunidad. El tribunal del caso Gerardi ha sido el primero en declarar a oficiales de las fuerzas armadas culpables de un delito grave contra los derechos humanos en Guatemala. La impunidad reinante demoró la investigación de este caso durante tres años (desde el principio, se alteró la escena del crimen y se extraviaron pruebas fundamentales). A lo largo de toda la investigación, la defensa presentó peticiones sin fundamento de forma reiterada y la policía, las fuerzas armadas y el personal del poder judicial obstruyeron las actuaciones de forma sustancial.
Varios testigos o testigos potenciales fueron asesinados durante el transcurso de la investigación. Para cuando el caso llegó a la corte, casi cien personas, incluyendo jueces, fiscales y abogados, habían sido amenazadas o atacadas. Al final, quince personas habían debido partir hacia el exilio. Dado este historial, los observadores internacionales, incluyendo a Amnistía Internacional, consideraron que el enjuiciamiento exitoso de este caso emblemático era absolutamente crucial para el proceso de paz en Guatemala.
Entretanto, todas las personas involucradas (jueces, abogados y testigos) seguirán estando en peligro. Una nueva ola de intimidaciones está debilitando paulatinamente las condenas que tanto ha costado conseguir y está afectando seriamente a los defensores de los derechos humanos en ODHAG, la Fundación Myrna Mack y otras organizaciones relacionadas con el caso. Exactamente una semana después de que el tribunal emitiera su fallo histórico, se empezaron a recibir amenazas de muerte cuya frecuencia fue en aumento (por un tiempo llegaron a ser diarias) en los hogares de los jueces, testigos y fiscales. Dos testigos que están en prisión informaron que recibieron amenazas de muerte y otros cuatro testigos huyeron del país. El fiscal principal abandonó el país debido a amenazas constantes contra él mismo y su familia.
Dados los hechos ocurridos durante los dos últimos meses, es posible que los militares guatemaltecos consigan derrotar una vez más al debilitado sistema judicial de Guatemala. Sin una presión internacional constante, este será uno más de los innumerables casos de crímenes impunes de los militares en Guatemala.
(Fuentes: ANSA-Latina, La Vanguardia-Efe, Entre Pueblos, BBC-Mundo y Amnistia Internacional)

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