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2.7.12

España: Corrupción en la crisis


LA CARA DURA DEL PODER
   
Carlos Dívar -pelo blanco- y su 'asesor' el escolta Jerónimo Escorial
Por Javier Sáenz Munilla (*)  


El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se planta y dice - su portavoz -, que no va a dar a conocer sus gastos a no ser que así se lo exija el Congreso. Ya saben los señores miembros del Consejo  que, en principio, el Congreso, mayoría PP, no se lo va a exigir. Si no, el CGPJ no haría semejante afirmación, justo al día siguiente de que la escandalera sobre esa institución aumentara l saberse que ha estado pagando a sus miembros viajes interoceánicos en clase preferente, eso sí viajes de  carácter profesional, a sitios tales como la Tierra Del Fuego argentina , Chengdú en China o Sidney en Australia.
   
Lo de Dívar, ex Presidente ya del CGPJ y del Tribunal Supremo, fue más o menos por el estilo. Ya dijo antes de tener que dimitir por la que se formó, que él no se arrepentía de nada porque nada hizo mal. Sólo una interminable lista de viajes de fin de semana ‘caribeños’ –de a cuatro ó cinco días cada uno- a hoteles de lujo, con cierta insistencia en uno de Puerto Banús, Marbella, Costa del Sol. Y en compañía, con gastos también al presupuesto del CGPJ, de su amigo y escolta personal Jerónimo. A quien Don Dívar –el Don en este caso, al modo siciliano- intentó elevar al rango oficial de consejero y que, por precavida oposición de sus colegas del CGPJ, tuvo que dejar en simpleasesor, eso sí, con despacho y placa metálica en la puerta, en la sede del máximo órgano de los jueces. ¡Vaya caradura!
   
Y es que hay quien cuando ocupa un cargazo, lo ostenta con todas las consecuencias, creyendo, como ha sido en el caso de Don Dívar, que ya ha llegado al poder. Cuando el Poder, así con mayúscula, es otra cosa, digamos que menos estentórea y más eficiente. O en frase que se atribuye a Lenin y a Mao , que “salvo el poder, todo es ilusión”.
   
Rodrigo Rato en el lanzamiento de las acciones de Bankia
Poder y mucho, el que debe tener Rodrigo Rato, a juzgar por lo que se le ha permitido hacer; aunque el auténtico Poder no pide permisos. Don Rato, tiene además, en números redondos, muchísima más caradura que Don Dívar. Como mínimo 13.365 millones, que pueden llegar a 23.000.  Aquella es la cantidad que, oficialmente, le falta a Bankia, pese  a que en 2011 declaró unos beneficios de 300 millones de euros, siendo Don Rato su Presidente. Por sólo el 10% de eso,  Mario Conde fue al trullo por el fiasco de Banesto en 1993.
   
Hay que tener mucho poder y cara dura para lo de Don Rato. Quien con el dinero de todos, ha ido tejiendo su red de protección, de poder, para usar en caso de necesidad; es un decir. ¿No fue Caja Madrid, junto a otras entidades,  la que acudió en ayuda de Prisa -con el agua al cuello-, con un crédito-salvavidas de 1.800 millones en 2008? Seguro que no tuvo nada que ver en ello el que su, entonces y ahora, compañera sentimental, ya procedente del grupo Prisa, cuando ambos regresaron de Washington, tras dejar Don Rato la dirección del FMI, ella se reintegrara al grupo en la nada incompatible posición de redactora del área de economía internacional del suplemento Negocios, encargada entre otros menesteres de informar sobre el FMI.
  
Alicia González delante de Rodrigo Rato
La gestión de Don Rato en el FMI no fue muy brillante que digamos, si nos atenemos a la situación en la que estamos y según el baremo de los paganos, o paganinis si prefieren. Pero, para los que tienen sombra bajo la que acogerse, fue la suya la faena propia de un poderoso y al servicio de tal causa. La de ellos. Como señala Ernesto Ekaizer en “Indecentes. Crónica de un atraco perfecto” (Espasa), Don Rato desde el FMI impuso el silencio a quienes, como el propio economista-jefe de la institución Raghuram Rajan, advertía desde 2006 del peligro que para la economía mundial suponía el previsible estallido de la burbuja inmobiliaria. Y así se tejió el gran negocio –para ellos- de la crisis de la deuda.
   
   Como cuenta la excelente publicación mensual “Mongolia” en su nº 4, Don Rato ya fue un maestro en el arte de eludir los conflictos de intereses entre lo público y lo privado, durante su etapa como Vicepresidente económico del gobierno, mediante las grandes privatizaciones que pusieron en poder de unos pocos empresarios amigos un potencial económico considerable. Además, la mano que parte y reparte no se olvidó entonces de su parte. Así, el crédito de 525 millones de pesetas para la asfixiada Munimo, empresa de la familia Rato, precisamente a través del HSBC, banco clave del caso Gescartera. O la adquisición en 1.999 por Banesto –banco intervenido y salvado con dinero público- de paquetes de acciones en tres empresas de la familia Rato. O la decisión de la empresa pública privatizada  Aldeasa de contratar todos los viajes con Ibermar, agencia vinculada al ministro privatizador Rato. O la inyección de 40 millones de pesetas  de publicidad de Repsol, recién privatizada, a las seis emisoras de radio de la cadena Rato, con 26.000 personas de audiencia total.
   El poder es el poder y a veces su marca viene desde la cuna. Ramón Rato , padre de Don Rato, salió en los papeles en 1966 por el escándalo del Banco de Siero, que dirigía y acabó entre rejas, junto a su hijo del mismo nombre,  por evasión de capitales; además fue multado con  160 millones de pesetas. El gobierno franquista tuvo que inyectar fondos público al Banco de Siero y al Banco Murciano, también propiedad de Rato, para que no quebraran. Ramón Tijeras lo cuenta en “Los Rato (1975.2002)”(Plaza y Janés), cuya escasa difusión se debe, según Tijeras, a la presión de César Alierta, presidente de Telefónica, que controla la distribuidora Logista. En Marzo de 2011 –lo cuenta también ‘Mongolia’- Tijeras recordaba estas cosas en su blog y decía: “Yo ya he sacado mi dinero del nuevo Bankia, por si acaso”.
   
   Me parece que el hijo de Rato tiene más poder y, por tanto, más caradura y que esta vez se va a librar del trullo y de la multa. De momento se libra, lo libra Mariano (¿o, Don Mariano?), hasta de informar.

(*) Publicado en la web Europa en Suma

18.2.08

Latinoamérica-España: Migraciones

POR PRIMERA VEZ LOS INMIGRANTES CONVOCAN MANIFESTACIONES EN TODA ESPAÑA, TRAS LA PROPUESTA XENÓFOBA DEL PARTIDO POPULAR PARA OBLIGARLES A FIRMAR UN 'CONTRATO DE INTEGRACIÓN'
Plataformas y asociaciones de inmigrantes de toda España están llamadas a manifestarse el próximo 29 de febrero en distintas capitales, para reivindicar sus «derechos como personas» y protestar por las iniciativas del Partido Popular en materia de política migratoria, como el 'contrato de integración' anunciado por el candidato de la derecha española a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo 9 de marzo, Mariano Rajoy.
Las marchas, actos de protesta y concentraciones tendrán lugar el 29 febrero a las siete de la tarde de forma simultánea en una docena de localizaciones españolas, entre ellas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Granada, Canarias, País Vasco o Asturias.
Asimismo, se desarrollarán «muchas actividades culturales», con comidas típicas y bailes regionales procedentes de distintos países del mundo «para decirle a la sociedad española que nosotros no sólo somos mano de obra, que somos personas con una cultura, en muchos casos, milenaria», explicaron las mismas fuentes. Según declaró el presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (Ferine), Esteban Cancelado, quien añadió que con la propuesta de Rajoy, «todo se ha vuelto una locura».

La propuesta del PP equipara inmigrante a delincuente y viola sus derechos














En opinión de los colectivos a los que representa su organización, "estando en época de elecciones, parece que lo importante es captar el voto de quienes están contra la inmigración alimentando el racismo y la xenofobia". Desde que se hiciera pública la propuesta de Rajoy para que los inmigrantes que quieran residir más de un año en España firmen un 'contrato de integración' comprometiendo el respeto a "las costumbres españolas", las asociaciones han salido al paso en numerosas ocasiones para criticar lo que consideran una "visión utilitarista de las personas" y una "violación" de sus derechos "como individuos".

Así, la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE), denunció que la propuesta "dejaría en manos del empleador la suerte del inmigrante" al proporcionarle "un arma muy poderosa de chantaje": que deberá "regresar a su país si durante un tiempo no logra encontrar empleo", y afirmó que la iniciativa 'popular' "suena a utilización".

La Asociacion de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España y la propia Ferine, junto al Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), ponen el acento en denunciar que la propuesta "equipara delincuencia e inmigración e inmigración con paro" y "utiliza los derechos como moneda de cambio".

En paralelo, siete entidades de representación de inmigrantes han promovido un manifiesto que, en siete puntos, resume las impresiones del colectivo sobre la iniciativa del PP: "hace un flaco favor" y "dibuja una sociedad que no reconoce derechos a los trabajadores".

La ocurrencia de Mariano Rajoy y 'las costumbres españolas'

El pasado día 9 de febrero Mariano Rajoy anunció en Barcelona su intención de promover, si el PP gana las elecciones, la creación de un 'contrato de integración' con valor jurídico para todos aquellos inmigrantes que quieran obtener un permiso de residencia legal en España superior a un año. Con ese contrato, explicó, el inmigrante se comprometerá a integrarse "activamente" mediante el cumplimiento de las leyes, el respeto de las "costumbres españolas" y el aprendizaje de la lengua. Según explicó, mediante este contrato el inmigrante se comprometerá a "cumplir las leyes, respetar las costumbres de los españoles, a aprender la lengua, a pagar sus impuestos" y a trabajar "activamente para integrarse". A cambio, dijo, la sociedad española concederá al inmigrante "los mismos derechos y prestaciones que a un español", a "enseñarle la lengua", a "ayudarle en su integración y a respetar sus creencias y costumbres siempre que no sean contrarias a las leyes españolas".

Contrapropuestas de los Centros Uruguayos en España

Bajo el epígrafe de :" 12 Medidas Urgentes por la Dignidad de los/las Migrantes
“Tenemos derecho a tener derechos”, los uruguayos aseguran que no todos los ciudadanos se encuentran sometidos a las mismas leyes, y que, por razón e su origen, los no españoles deben someterse a normas distintas. Consideran que la Ley de Extranjería, desde su primera versión de 1.985, establece "requisitos cada vez más difíciles, alejados de la realidad social y en ocasiones imposibles de cumplir a quien pretenda establecerse legalmente en España". Además, denuncia que "se han multiplicado los controles de documentación arbitrarios, las detenciones discriminatorias, el internamiento y las expulsiones en condiciones que vulneran los tratados Internacionales suscritos por España en materia de asilo y Derechos Humanos."
Piensan que , pese a que las condiciones de vida de los inmigrantes son cada vez más difíciles, "las administraciones siguen primando la inversión en políticas de control frente al gasto social" y que los últimos cambios legislativos "han ido dirigidos a evitar la entrada, dificultar la permanencia y facilitar la expulsión de las personas migrantes que se encuentran en España, en vez de destinar recursos a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, migrantes o no, cada vez más precarias".
Señalan que proliferan los discursos que tratan la inmigración y a los inmigrantes como “un problema”, que se identifica al inmigrante "como enemigo peligroso, delincuente, probable terrorista, invasor… y de esta forma se fomenta en el conjunto de la ciudadanía el miedo y la sensación inseguridad, con el objetivo de asegurarse una población dócil y sumisa, a disposición de trabajar en peores condiciones que la población autóctona".

En su propuesta, en tanto sigue "trabajando para la necesaria derogación de la actual Ley de Extranjería", exigen al Gobierno de España la adopción de 12 medidas urgentes:

"12 Medidas Urgentes por la Dignidad de los/las migrantes:
A) REGULARIZACIÓN INMEDIATA Y GARANTÍAS A LA RESIDENCIA Y VIDA FAMILIAR
1.- Nuevo proceso de regularización no condicionado al contrato de trabajo
Apertura de un proceso de regularización que garantice el permiso de residencia y trabajo para todas las personas migrantes "sin papeles" que habitan en el territorio español, sin condicionarlo a la exigencia de un contrato de trabajo previo, a fin de terminar con la explotación laboral y la corrupción que conlleva dicha exigencia.
2.- Adaptación a la realidad de los requisitos para acogerse al arraigo social:
- reducción a un año el tiempo de estancia exigido
- que el hecho de tener una orden de expulsión por causas administrativas no sea un impedimento para obtener el arraigo
- no subordinación de su concesión a la posesión de un contrato de trabajo
- eliminación de los requisitos de imposible cumplimiento (como, por ejemplo, el certificado de penales de nacionales de países sin embajada en España) o que signifiquen discriminación o un trato degradante para el inmigrante (como determinadas pruebas médicas).
- facilitar de la regularización de personas con hijos nacidos en España.
3.- Flexibilización de los requisitos para acogerse al arraigo laboral
Otorgamiento del arraigo laboral a toda persona que por cualquier medio de prueba válido en derecho acredite existencia de una o varias relaciones laborales que sumen un periodo igual o superior a seis meses.
4.-Flexibilización de los requisitos para la tramitación de la reagrupación familiar adaptándolas a la realidad del mercado laboral y de vivienda de España y garantizando ante todo el derecho fundamental de vivir en familia, así como el derecho a trabajar de los familiares reagrupados.
5.- Garantía de los derechos laborales y de vida familiar de los trabajadores temporeros contratados en origen. Establecer una política de contratación estable que garantice la igualdad de derechos, la reagrupación familiar y la posibilidad de residencia estable en Europa. Creación de comisiones independientes de investigación y control del cumplimiento de los derechos laborales hasta que esto suceda.
6.- Aumento significativo de los recursos para garantizar el acceso a la información y para dar una respuesta ágil y eficaz a los trámites administrativos que afectan a los inmigrantes (arraigo, renovación, homologación de títulos, etc.), así como garantizar una asistencia real y efectiva de los letrados del turno de oficio cuando así corresponda.
B) CESE DE LOS ABUSOS POLICIALES Y LA DISCRIMINACIÓN
7.- Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros. Creación de comisiones independientes de investigación y seguimiento (formada por organizaciones en defensa de los Derechos Humanos) hasta su cierre definitivo.
8.- Derogación del Protocolo de actuación aprobado en Septiembre de 2.007 para las repatriaciones y el traslado de detenidos por vía aérea y/o marítima.
9.- Orden inmediata de paralizar toda actuación arbitraria en relación a los controles de documentación, las detenciones, el secuestro de pasaportes y las expulsiones que sufre la población inmigrante, especialmente en el caso de los menores de edad.
Asimismo, prohibición de iniciar expedientes de expulsión a quien denuncie irregularidades laborales, abusos policiales o agresiones xenófobas, así como a las víctimas de la violencia de género o a quien sufra cualquier tipo de violación de sus derechos fundamentales.
10.- Retirada definitiva de la Proposición de Ley Orgánica de Medidas para la Lucha Contra la Inmigración Clandestina.
C) IGUALDAD PLENA DE DERECHOS
11.- Cumplimiento inmediato y efectivo de los acuerdos internacionales suscritos por España es materia de asilo y derecho de los trabajadores inmigrantes y firma de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
12.- Garantizar el derecho de sufragio activo y pasivo para las personas inmigrantes, así como el ejercicio de los derechos laborales, sociales, civiles y culturales en régimen de igualdad con los ciudadanos autóctonos".



URUGUAY:
Más de 41.000 españoles habilitados para votar

En Uruguay unos 41 mil ciudadanos españoles, cerca del 70 por ciento de origen gallego, están habilitados para votar en las elecciones generales de España del 9 de marzo. De cara a los comicios la embajada española lanzará una campaña destinada a sus ciudadanos en disposición para votar: unos 41 mil en total según los últimos datos, de los cuales tradicionalmente sufraga algo más del 50 por ciento. El peso de los votos del exterior "es enorme", afirmó a la prensa local el cónsul español Juan María López Aguilar, quien confirmó la puesta en marcha de la campaña de la representación a fin de incentivar una mayor participación.

(Fuentes: Europa Press, Libertad Digital, Centro Uruguayo.es y ANSA-Latina)

16.11.07

Bolivia: Crisis política

EL GOBIERNO BOLIVIANO INSISTE EN DENUNCIAR UN COMPLOT DE ESTADOS UNIDOS EN EL QUE IMPLICA A JOSÉ MARÍA AZNAR, LA FAES Y PARAMILITARES DE COLOMBIA

.El Departamento de Estado a Evo Morales: "Basta de acusaciones infundadas"

.Washington sigue sin explicar la relación de su embajador en Bolivia con el paramilitar colombiano John Jairo Venegas

El Presidente Evo Morales acusó a Washington de impulsar un plan conspirativo contra su gobierno y como prueba de sus afirmaciones mostró una foto en la que aparece el embajador estadounidense Philip Goldberg junto al paramilitar colombiano John Jairo Venegas, actualmente preso en la cárcel de Palmasola, y al dirigente de los empresarios del departamento boliviano de Santa Cruz. El portavoz del Departamento de Estado Sean McCormack respondió ayer a la denuncia con una frase dirigida a Morales: "Basta de acusaciones infundadas".
Hace una semana, el Departamento de Estado dijo a la prensa que había convocado al embajador de Bolivia Gustavo Guzmán para que exlas plicara acusaciones de Morales.
Sin embargo, el gobierno norteamericano todavía no ha explicado que hacía su embajador al lado de un presunto criminal preso Bolivia. Se dijo que la fotografía fue tomada en un acto público y que los que aparecen en la toma (entre ellos el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz Gabriel Dabdoub) no sabían quién era la persona que aparece junto a ellos. La explicación no es muy convincente.

El embajador Guzmán niega que la reunión con el Departamento de Estado haya sido por las denuncias del Presidente. Guzmán dice que se reunió con el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental Craig Kelly, pero que se trató de una reunión de "cortesía" y no de una convocatoria.
"Kelly nos invitó a mí y a otros cuatro funcionarios de la embajada para que nos conociéramos". En la cita "no se habló de las declaraciones de Morales", sino de otros temas, como la posibilidad de abrir en Washington una oficina para pueblos indígenas, explica el embajador boliviano.

Evo Morales implica a la agencia USAID y a Aznar en el complot
El presidente boliviano denuncia un complot internacional contra su gobierno, que estaría integrado por el programa de ayuda estadounidense Usaid y el español Partido Popular de José María Aznar. La acusación fue reafirmada ayer por el influyente ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, que aseguró que en la conspiración estarían involucrados el programa de ayuda estadounidense (Usaid) -que será expulsado del país-, el español Partido Popular (PP) del ex jefe de gobierno español José María Aznar, y algunos medios de comunicación.

La serie de denuncias se inició en la pasada Cumbre Iberoamericana, cuando Morales mostró John Jairo Vanegas la fotografía del embajador de Phillip Goldberg, acompañado por el paramilitar colombiano , detenido por la policía boliviana que le acusó de cometer atracos en la ciudad de Santa Cruz. "No se puede entender una fotografía (de Goldberg) con un paramilitar de Colombia", dijo Morales.
Ayer, el ministro aseguró que "hay evidencias" del apoyo a las regiones opositoras por parte del PP y acotó: "Eso ya está claro y lo vamos a denunciar con cifras".
El embajador de España en La Paz, Francisco Montalbán, se mostró sorprendido por la denuncia. "Si el ministro tiene alguna denuncia, que me la haga conocer", afirmó de manera escueta.
Sobre la agencia de ayuda internacional de Estados Unidos (Usaid), el ministro Quintana dijo que financia la resistencia de grupos opositores y que, por tal motivo, se procederá a su expulsión, sin precisar cuándo se haría efectiva la medida.
Crisis en la Constituyente

Las denuncias de complot coinciden con el estancamiento de la Asamblea Constituyente, boicoteada desde el llamado movimiento 'civico' de Sucre con el apoyo de la oposición de derechas y el empresariado de los departamentos más ricos del país, y con la oleada de huelgas que se han iniciado en los últimos días.

Por su parte, los aliados del Gobierno socialista de Evo Morales, movilizan a sus baaes. Así, miles de campesinos se declararon en estado de emergencia y movilización para salvar la Asamblea Constituyente. El secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Isaac Ávalos, aseguró que los campesinos han llegado a Sucre dispuestos a permanecer en vigilia permanente hasta el 14 de diciembre próximo, cuando expira la vigencia del foro.
Esperamos imprimir confianza a los 255 delegados para que antes de esa fecha tope cumplan con el mandato popular de entregar el nuevo texto constitucional”, señaló el dirigente.
“Los sectores sociales que lucharon por la Asamblea no permitirán que grupos minoritarios y la oligarquía secuestren al foro y lo lleven al fracaso”, agregó.
Ávalos condenó las acciones del Comité Interinstitucional de Sucre y de supuestos grupos universitarios por sus agresiones a constituyentes y su actitud intransigente, respecto del traslado de la sede todos los poderes del Estado a esa ciudad.
Este miércoles, la directiva de la Constituyente decidió aplazar de manera indefinida las plenarias, ante falta de garantías a la seguridad física de sus integrantes
Panorama de conflictos

La situación social y política de Bolivia se complicó este miércoles con una serie de protestas que tienen que ver con la escasez de diesel, el alza de los precios de los productos básicos y con el cada vez más marcado enfrentamiento entre oficialistas y opositores.
El miércoles se produjo un paro nacional de choferes, la suspensión de vuelos del principal aeropuerto del país, una marcha en contra del alza de precios y una vigilia en torno a la Asamblea Constituyente, que sigue sin reiniciar sus sesiones.


Micros, taxis, buses interdepartamentales y camiones de alto tonelaje permanecieron parados durante toda la jornada a lo largo y ancho del país porque los choferes exigen al gobierno la pronta dotación de diesel, el mejoramiento de las carreteras y que detenga la subida de precios.
Los choferes sacaron sus motorizados a las calles para bloquear el paso de los coches particulares, aunque la policía logró controlar en parte algunas ciudades, como La Paz.
Además de bloquear, los conductores recurrieron a los latigazos para hacer cumplir la medida. El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, calificó el paro de los choferes de político y parcial porque "responde a la media luna", en referencia a las regiones ricas donde gobiernan prefectos opositores.

Santa Cruz es una de las regiones donde se ejerce mayor oposición a Evo Morales.
Rada aseguró que existe una conexión entre los choferes y los prefectos (gobernadores) opositores que amenazan con medidas de presión al gobierno. Cinco prefectos (Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Cochabamba) exigen al presidente Evo Moralesque derogue un decreto que les recorta sus ingresos petroleros.
El gobierno pretende usar ese dinero para pagar una renta a los ancianos mayores de 60 años, sin embargo, choca con el rechazo de los comités cívicos y de las prefecturas.
Los prefectos opositores, además, amenazaron con declararse autónomos si hasta diciembre, la Asamblea Constituyente no aprueba el modelo autonómico en cuatro regiones donde ganó el sí a esa opción en un referendo.
(Fuentes: El Tiempo-Bogotá, La Razón-La Paz, BBC-Mundo, Bolpress, Agencia PÚLSAR Y Terra Actualidad-EFE)

1.11.07

Guatemala: Elecciones

EL GENERAL OTTO PÉREZ SE DESTACA EN LAS ENCUESTAS POR SU DISCURSO DE MANO DURA, QUE INCLUYE REACTIVAR LA PENA DE MUERTE

Según los sondeos publicados ayer, el general retirado Otto Pérez Molina del Partido Patriota (PP, derecha), se quedaría con la presidencia el próximo domingo, al aventajar al ingeniero Álvaro Colom de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, socialdemócrata) ante la segunda vuelta de las presidenciales. En la primera, ÁlvaroColom, de la UNE, se impuso con el 28,23 por ciento de los sufragios a Otto Pérez del PP, que logró un 23,51.

Para esta vuelta definitiva, el resultado es aun incierto, como indican otros estudios.Una encuesta publicada en el diario Prensa Libre, el de mayor circulación del país, le da a Pérez Molina, el 53 por ciento de los votos, mientras que a Colom el 47.Pero, apenas unos días antes, en el mismo diario, otra encuesta situó a Colom primero con 4 puntos de ventaja. En ambas encuestas la diferencia entre ambos candidatos está dentro del margen de error de los estudios de opinión. Todos los estudios coinciden en que existe aún un 15 por ciento de indecisos, por lo que la elección se presenta muy reñida.
"Una votación muy reñida va a crear inconformidad, pero tenemos la esperanza de que no hayan hechos violentos el día de las votaciones", indica el director del Mirador Electoral, José Dávila. Por su parte, Álvaro Pop, de la Misión de Observación Indígena, considera que los dos candidatos tienen una altísima responsabilidad con sus partidos y son quienes deben transmitir serenidad para evitar la violencia.

Otto Pérez defiende la pena de muerte
El candidato del Partido Patriota, Otto Pérez, afirmó ayer que aplicará la pena de muerte en caso de ganar las elecciones del próximo domingo. La medida se encuentra actualmente en suspenso en Guatemala. El general retirado, manifestó en declaraciones al diario Siglo XXI que no perdonaría la aplicación de la pena capital en suspenso de unos 30 presos. "Ya se siguió todo un proceso judicial y el sistema los condenó a muerte. Los delitos que cometieron están contemplados dentro de la ley como sancionables con esta pena. Lo menos que se debe hacer es que se cumpla la ley, dijo.
Sin embargo, el candidato explicó que aún está pendiente que el Congreso determine si se va a eliminar recurso de gracia que suspendió el cumplimiento de las condenas a muerte.
"Si al presidente le asignan ese recurso de gracia, yo, como presidente, no voy a perdonarle la vida a alguien porque no se trata de que si yo quiero o no, sino que se siguió todo un proceso y lo único que le queda al presidente es ver que efectivamente se cumplió con el debido proceso y de ser así no tendría por qué oponerme", recalcó.

Los partidos políticos gastan más de lo autorizado

La organización civil Mirador Electoral señala que el Partido Patriota invirtió alrededor de 18 millones de dólares, mientras la Unión Nacional de la Esperanza gastó 17 millones de dólares durante la campaña electoral por la presidencia de Guatemala.

Según los datos entregados por Mirador Electoral, ambos partidos superaron el presupuesto autorizado para gastos de campaña por el Tribunal Supremo Electoral de ese país, indicado en 5 millones y medio de dólares.
El general retirado Otto Pérez Molina, del Partido Patriota, y el ingeniero Álvaro Colom, de la Unión Nacional de la Esperanza, disputarán el próximo 4 de noviembre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales guatemaltecas.
Según Prensa Latina el PP invertirá más de 1 millón de dólares durante la jornada electoral del próximo domingo en concepto de logística. Según la misma agencia, la UNE anunció un gasto de alrededor de 400 mil dólares.
Los partidos destinarán este dinero al traslado de electores y al reaseguro de la presencia de responsables electorales en las mesas de votación.

La mano dura contra el delito frente a la mano solidaria
Los sondeos para esta segunda vuelta incidan que el candidato del PP obtiene el mayor apoyo en la capital, mientras que Colom es más fuerte en el área rural, predominantemente indígena.
Las 23 etnias de Guatemala representan 41 por ciento de la población. "Guatemala debe ser el único país en el mundo en el que un lema de campaña como 'mano dura' se convierte rápidamente en el más atractivo, logrando que un candidato cambie en un par de meses la tendencia de voto y los resultados de la primera vuelta", dice Alfonso Gumucio, especialista en comunicación para el desarrollo. "Esto indica que el miedo está por encima de los anhelos de cambio social", añade.
Este país centroamericano de 13 millones de habitantes, con el 51 por ciento en la pobreza, sufre una ola de violencia relacionada con las maras (pandillas juveniles) y el narcotráfico, mientras que el crimen organizado ha penetrado las estructuras estatales. Las extorsiones atemorizan a la población y obligan a muchos a huir de sus casas y trabajos. Sólo 25 por ciento de los delitos llegan al conocimiento de las autoridades, una mínima parte se investiga y otra todavía más pequeña llega al proceso penal. Según informes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, en el primer semestre de 2007 se cometieron 2.857 homicidios, en su mayoría con armas de fuego.

Los dos candidatos tienen posturas distintas para enfrentar la violencia. Mientras Pérez promete "mano dura contra el crimen" mediante estados de excepción, por ejemplo, Colom habla de "mano solidaria" y "unidad nacional", dando prioridad a las políticas sociales contra la pobreza.
Colom y Pérez, sin embargo, son partidarios de mantener la vigencia de la pena de muerte.
Tanto Colom, quien se postula por tercera vez, como Pérez, quien se estrena como candidato, prevén en sus programas de gobierno la reestructuración y depuración de los aparatos de seguridad del Estado. El 26 de septiembre, Julio Hernández Chávez renunció al cargo de director de la Policía Nacional Civil después de que dos de sus escoltas fueran acusados del asesinato de cinco supuestos narcotraficantes, quienes habían sido secuestrados días antes en un barrio de esta capital.
Para ayudar a investigar la infiltración de la mafia en las estructuras estatales, en enero empezará a trabajar en el país la Comisión de Investigación contra la Impunidad en Guatemala, fruto de un acuerdo suscrito en 2006 entre el gobierno del actual presidente Óscar Berger y Naciones Unidas.

Más de 50 muertos en la campaña

Esta campaña electoral ha sido considerada la más violenta de los últimos 20 años, con más de medio centenar de muertos entre candidatos a distintos cargos, militantes y familiares. El 8 de este mes fue asesinada la secretaria del bloque parlamentario del PP, Aura Salazar, y tres días después renunció el jefe de campaña de la UNE, José Carlos Marroquín, quien dijo estar amenazado por el crimen organizado. "La campaña ha sido muy violenta, pero no sólo por los ataques verbales, sino por los asesinatos de personas ligadas a los dos partidos que compiten en la segunda vuelta", afirma Gumucio, quien lamenta que "la muerte violenta se haya convertido en Guatemala, más que en ningún otro país, en algo natural, cotidiano y permanente".

Las acusaciones entre los candidatos y las "campañas sucias" también fueron moneda corriente. Pérez afirmó que Colom recibe fondos de las mafias y el narcotráfico, mientras que el candidato de la UNE recordó que su rival era oficial del ejército durante la guerra sucia contra la guerrilla , en la guerra civil de 1960 a 1996, que dejó más de 200.000 muertos, la mayoría indígenas. "El único país de América donde se ha producido un genocidio , podría elegir a un candidato militar en la segunda vuelta" tras dos décadas de gobiernos civiles, observa Gumucio.
Y para el analista político Gustavo Porras, la alta abstención en la primera vuelta, el bajo porcentaje de votos que recibieron Colom y Pérez en la primera vuelta refleja la decepción de electorado con el sistema de partidos políticos. Los 300.000 sufragios nulos y blancos representan un "voto contestatario" que demuestra la existencia de "conciencia ciudadana", opina. Para muchos, el presidente que asuma el 14 de enero no va a contar con un elevado número de sufragios a causa de la abstención. Tendrá poca legitimidad y deberá luchar para ganarse la confianza de los ciudadanos.
(Fuentes: Agencia PÚLSAR, DiarioCoLatino, ANSA-Latina e IPS)

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