Bolivia: Crisis política

EL GOBIERNO DE EVO MORALES CAE EN LA PROVOCACIÓN DEL PLAN PARA BOICOTEAR LOS REFERENDOS REVOCATORIOS Y, EN LUGAR DE GOLPEAR A LOS INSTIGADORES, LANZA A LA POLICÍA CONTRA LOS MINEROS CON EL RESULTADO DE AL MENOS DOS TRABAJADORES MUERTOS Y DECENAS DE HERIDOS

El gobierno boliviano descartó recurrir a los militares para controlar las protestas en las que murieron dos mineros y 38 fueron heridos en un enfrentamiento con policías en Oruro, en el altiplano andino. Casi simultáneamente a esos hechos, hubo también protestas opositoras violentas en Tarija, sureste del país, que obligaron a suspender una reunión del presidente Evo Morales y sus colegas Cristina Fernández, de Argentina, y Hugo Chávez, de Venezuela. "Nosotros no vamos a responder con la misma moneda", declaró el portavoz oficial, Ivan Canelas, que atribuyó estas protestas a "grupos reducidos" que "hacen esfuerzos para generar violencia".

La muerte de los dos mineros se produjo cuando la policía intentó obligar a unos mil personas a que levantaran el bloqueo en el cruce de carreteras entre La Paz, Oruro y Cochabamba, en pleno altiplano andino. El enfrentamiento derivó en acciones de violencia en Oruro, 230 kilómetros al sur de La Paz. El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, pidió "una investigación a fondo e imparcial" de esos enfrentamientos y aseguró que los mandos policiales informaron al presidente Evo Morales que sus efectivos no portaban armas de guerra. Los mineros, por su parte, anunciaron que mantendrán sus medidas de acción exigiendo que se apruebe el proyecto de nueva ley de pensiones que propone la Central Obrera Boliviana (COB) en lugar del que el gobierno presentó al Congreso.

Mineros muertos y heridos en la represión

Roberto Cáceres Fábrica de aproximadamente 24 años, es uno de los dos mineros abatidos en Caihuasi, cerca de Oruro. El otro es Hernán Montero Claros de 26 años, que fue el primer fallecido por impacto de bala.Los dos casos están en manos de la Fiscalía de Oruro y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para la respectiva investigación.

Los trabajadores de Huanuni notificaron además la desaparición de Sirse Azurduy Reyes, quien se encontraba en los violentos disturbios que se registraron este martes en Caihuasi. Dos ambulancias del Hospital Obrero salieron a buscar a Azurduy y a otros heridos que habrían quedado en el lugar después de enfrentarse a la policía.

Por su parte, el viceministro de Gobierno, Rubén Gamarra, informó que los mineros quemaron un bus de la empresa “Trans Azul” y dinamitaron un puente en la carretera hacia Cochabamba, lo que afectó dos pilares de dicha infraestructura.

La intervención policial, que causó además decenas de heridos hizo que horas después miles de personas se manifestaran en la ciudad minera de Potosí, para protestar contra "la brutal represión" a los mineros de Oruro. Los manifestantes recorrieron el centro de la ciudad, entre ellos trabajadores de las minas privadas que hacían estallar cargas de dinamita en el aire. Esa marcha interrumpió un desfile escolar con motivo dal aniversario de la independencia nacional, que se conmemora este miércoles. En la marcha participaron maestros y trabajadores de la salud que están en huelga y apoyan a la Central Obrera, que exige que se apruebe su propio proyecto de nueva ley de pensiones en lugar del que impulsa el gobierno. Potosí es una plaza fuerte del Movimiento al Socialismo, el partido del presidente Evo Morales. Entre los nueve prefectos (gobernadores) del país, el de este departamento, Jaime Virreira, y su colega de Oruro, Alberto Aguilar, pertenecen a ese partido.

El gobierno del MAS baja la cabeza ante los sediciosos y reprime a los obreros

Sicarios de ultra derecha atentaron ayer contra la vida del ministro de Gobierno Juan Ramón Quintana en Trinidad; le dispararon dos veces y destruyeron los vidrios de su automóvil. Al medio día, fuerzas cívicas de derecha evitaron con acciones de hecho que los Presidentes Evo Morales, Cristina Fernández y Hugo Chávez se reúnan en Tarija. Más tarde, el Vicepresidente de Bolivia y Presidente del Congreso Álvaro García Linera suspendió la sesión de Honor del Congreso Nacional en homenaje al 183 aniversario de la Independencia que debía celebrarse este miércoles 6 de agosto en Sucre, la capital constitucional, porque autoridades y dirigentes cívicos opositores no quieren a Evo allí.

El gobierno de Morales fue pasivo, conciliador y tolerante con la Unión Juvenil Cruceñista, con los terratenientes que esclavizan a indígenas guaraníes en el Chaco y con los autonomistas sediciosos que quieren partir el país y que no le dejan gobernar. Y ahora el Presidente tiene que rendir su informe anual de gestión desde el balcón de Palacio Quemado en La Paz en lugar de hacerlo en Sucre, para evitar enfrentamientos.

En contraste, el régimen masista manda a reprimir una huelga obrera a balazos y se carga dos mineros muertos en las espaldas. El vicepresidente García Linera repudia la campaña de provocación promovida por sectores ultra conservadores en contra del referéndum y la democracia, y coloca en el mismo saco a la “decadente” dirección de la COB convertida en el “ariete y grupo de choque de la derecha cavernaria y antidemocrática”.

Organizaciones de la izquierda repudian la 'desproporcionada represión, la incapacidad y torpeza' de los ministros de Trabajo, Hacienda y de Gobierno que reprimen a los mineros, vanguardia del proletariado nacional. Los asesores del Ministerio de Trabajo poco o nada conocen de los conflictos político sindicales; no basta manejar organizaciones campesinas no proletarias para entender y enfrentar problemas clasistas. La gente del Ministerio de Hacienda conoce muy bien de finanzas, son excelentes funcionarios de la burocracia bancaria y del gonismo, pero carecen de tacto político y no comprender que Bolivia vive un periodo de transformaciones sociales, que es prioritario recuperar fondos confiscados a los trabajadores en dos décadas de neoliberalismo. Al parecer, en el Ministerio de Gobierno se están aplicando los mismos métodos de los gobiernos represores del pasado.

El ministro de Trabajo Walter Delgadillo reconoció que un desencuentro histórico entre el gobierno y los trabajadores podría ser lamentable para todos, y prometió hacer entender esto al gobierno.

El jefe de Podemos (coalición derechista) Jorge Quiroga declaró que este 6 de agosto es el más triste en democracia porque en lugar de tener desfiles y homenajes tenemos que lamentar velorios, entierros y luto: “Este 6 de agosto estamos lamentando división y enfrentamiento como el que se ha visto en Oruro, con un Congreso que no sabe dónde sesionar, un Presidente que no puede ir a Sucre, presidentes que no pueden llegar a Tarija”. Y la Conferencia Episcopal Boliviana dice que 'no pierde la esperanza de que se opte por el camino del diálogo y del consenso para construir una Bolivia libre, digna, justa, fraterna y solidaria', alerta de los peligros de la 'división, intolerancia, descalificación mutua, desconfianza, interés egoísta, racismo, ilegalidad, crisis institucional e imposiciones partidarias, sectoriales e ideológicas'.

Y sin embargo, las encuestas favorecen a Evo Morales

A cuatro días para la realización del referéndum revocatorio de mandato popular, las encuestas apuntan alta popularidad del presidente boliviano Evo Morales. La encuesta hecha para El Deber por la empresa Captura Consulting da un 54% de intención de voto para la continuidad de Morales y Álvaro García Linera, frente a un 41% de contrarios, un 3% de personas que se decidirán por votar blanco y nulo y un 2% que aún no definió su voto.
Contabilizando sólo los votos válidos, la aprobación sube para un 59%. Los indecisos han bajado del 12% al 5%, favoreciendo a Morales.

Para la encuesta, se aplicaron 2.100 cuestionarios que permiten generalizar los resultados al total de la población con un 95% de confianza y un 2,1% de error muestral. Con este porcentaje, Morales garantizaría la ratificación de su mandato. El jueves (7), Morales cerrará su campaña para el referéndum.

El índice de aprobación de Morales, averiguado mensualmente por la compañía privada Ipsos Apoyo Opinión y Mercado en las cuatro principales ciudades del país, había descendido a un 52% en noviembre del 2007, aunque se recuperó hasta el 57% en junio.

El más reciente sondeo, publicado el día 3 de agosto por el diario La Razón, efectuado entre el 19 y 27 de julio, mostró que los mayores índices de aprobación a Morales estaban en las ciudades andinas de El Alto, con un 90%, y La Paz, con un 73%. Otra encuesta realizada por el grupo Gallup International dio a Evo Morales una aprobación en julio de 4,31 en una escala de 1 a 7.

(Fuentes: ANSA-Latina, Red Erbol, Bolpress, ABN-Agencia Boliviana de Noticias y Adital)

Bolivia: Crisis política

NUEVE PAÍSES LATINOAMERICANOS EXIGEN RESPETO A LA DEMOCRACIA BOLIVIANA. EVO MORALES PIDE UNA TREGUA NAVIDEÑA Y LA OPOSICIÓN DERECHISTA LA RECHAZA

El presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió una tregua política por la Navidad y diálogo para solucionar el enfrentamiento político en el país, pero los prefectos (gobernadores) de seis departamentos dijeron que dudan de su sinceridad y le reclamaron que apure el referendo revocatorio de los mandatos.

Morales hizo la demanda frente a la amenaza de cuatro de los nueve prefectos (gobernadores) de declarar el sábado, por cuenta propia, la autonomía de sus departamentos, basándose en que el sí a esa propuesta ganó en sus regiones en el referendo de 2006. Con esa posición y contra al proyecto de Constitución que aprobó la Asamblea Constituyente, en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando están en huelga de hambre un millar de personas y hay algunas oficinas públicas ocupadas.

El presidente boliviano dijo que una huelga de hambre de cívicos del rico distrito petrolero de Santa Cruz no se justifica porque las autonomías están garantizadas en el nuevo texto fundamental, que todavía debe pasar por dos referendos.
"Sería importante que nuestras autoridades, nuestros dirigentes, puedan considerar mi propuesta de paz para pasar las fiestas de Navidad y que no engañen, que no mientan (diciendo) que va a haber estado de sitio," declaró Morales a reporteros en el palacio de La Paz.

En Chuquisaca, los dirigentes opositores a Morales recolectan firmas para que sea convocada también una consulta autonómica. Los partidos de oposición reiteraron sus críticas al proyecto de Constitución y anunciaron campañas para votar por el no cuando se la someta a referendo el próximo año.

Casi de inmediato, prefectos opositores restaron credibilidad a la convocatoria presidencial, ratificando su plan de "resistencia" a los cambios impulsados por el Gobierno nacional.
El influyente senador derechista Walter Guiteras dijo que los prefectos de los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija y Cochabamba "no acudirán a ningún llamado del jefe de Estado" ni pedirán el levantamiento de la huelga de hambre.
El prefecto cochabambino, Manfred Reyes Villa, calificó a la invitación presidencial como "cinismo" y como "una maniobra para jugar con la inteligencia de los bolivianos."
"Ya es tarde, nada nos va a parar (...) las autonomías no son concesión de nadie, nos las hemos ganado en referéndum y las vamos a ejecutar," afirmó el prefecto del departamento de Beni, Ernesto Suárez.

Piden respeto para la democracia boliviana

Los presidentes de nueve países latinoamericanos expresaron su "permanente solidaridad con el pueblo y el gobierno de Bolivia" y rechazaron "todo intento que vulnere la estabilidad de las instituciones y del gobierno elegido democráticamente". La declaración de apoyo al gobierno del presidente Evo Morales fue adoptada en Buenos Aires, donde los mandatarios coincidieron para la ceremonia de asunción de la mandataria Cristina Fernández de Kirchner. La Cancillería argentina, afirmó hoy en un comunicado oficial que los presidentes de los nueve países "confiaron en la capacidad de las fuerzas políticas bolivianas para mantener un clima de diálogo y entendimiento" entre las fuerzas políticas del país.

La declaración fue subscrita por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Qué pasa realmente en Bolivia

El siguiente texto ha sido escrito por el joven politólogo español IÑIGO ERREJÓN, quien ha trabajado con la Asamblea Constituyente en Bolivia. El artículo ha sido publicado, originalmente, en la revista digital KAOS EN LA RED

(Para contactar con el autor: ierrejon@cps.ucm.es )

Notas apresuradas sobre la situación actual del proceso constituyente boliviano

Por Iñigo Errejón

No hace tanto nos llegaban de Bolivia imágenes de barricadas, huelgas, marchas y gases lacrimógenos. Entonces las mirábamos con esperanza, y con la certeza de saber quién ocupaba qué lugar: resultaba fácil identificarse con quienes inundaban las plazas y los cerros de Bolivia para decretar el fin de la subordinación

En estos días, sin embargo, y con un sospechoso vigor, los medios de comunicación empresariales nos muestran imágenes similares, pero con juicios de valor diferentes: esta vez los manifestantes son “demócratas”.¿Qué ha cambiado en este tiempo? ¿Quiénes son los que están en la calle ahora? Ha cambiado mucho, tanto como una reordenación drástica del escenario político boliviano. Fundamentalmente ha sucedido la reorganización de la derecha boliviana, y su recuperación de la iniciativa política situando el conflicto político sobre bases desde las cuales sí puede aspirar a una cierta capacidad de masas, que había perdido en el desplome del régimen neoliberal propiciado por las luchas de las clases subalternas.

Entre la reacción y la insurrección: el gobierno del MAS

En Diciembre de 2005 el Movimiento Al Socialismo gana las elecciones con un resultado histórico, aupando a Evo Morales Ayma, un antiguo sindicalista cocalero, a la Presidencia del país. Aquellas elecciones supusieron una salida intermedia entre una imposible restauración del orden liberal y colonial, y una cristalización de poder revolucionario que no llega. Las numerosas experiencias de contrapoder hacen imposible el mando capitalista, no sólo bloqueándolo sino organizando los sectores y lugares conquistados de forma autónoma y horizontal. Sin embargo, las multitudes bolivianas no son capaces de articular la potencia que han desplegado en las movilizaciones, y así se quedan las puertas de abrir un proceso constituyente insurreccional. La salida de ese empate la proporciona el Movimiento Al Socialismo, nacido como “Instrumento Político” de las federaciones de sindicatos cocaleros, que si bien había estado presente, no podía reclamar el protagonismo de las luchas que hacen quebrar el proyecto neoliberal en Bolivia. No obstante, consigue desempeñar un papel de desbloqueo de la situación, y se presenta asumiendo el programa de los movimientos sociales -como el “ariete” de los movimientos, si se quiere- para abrir los cerrojos institucionales que cerraron durante décadas el sistema político boliviano a las clases subalternas e indígenas.

Si el MAS es entonces un límite o una apertura a la transformación social de Bolivia es algo que los movimientos discuten en el país andino desde hace al menos tres años. Lo que en este momento nos importa es que, el precio que la oligarquía paga por una solución no revolucionaria, es la absoluta cesión de la iniciativa política. El nuevo gobierno nace con un amplio apoyo de los sectores populares del país, y con la legitimidad inicial de su parte. Sin embargo, el poder económico y mediático, si bien impotentes de momento, se muestran dispuestos a impedir una reordenación del equilibrio de fuerzas en el país favorable a la fuerza de trabajo boliviana, que ponga en peligro sus intereses.

De entre todas las demandas de las multitudes bolivianas, es sin duda la Asamblea Constituyente la que concentra la conflictividad latente en el país, puesto que es el momento constituyente el que está llamado a producir una estructura legal y política que consolide la nueva hegemonía indígena-popular en el país, desmontando para ello la arquitectura legal del estado liberal, colonial y racista.

Los poderosos en la oposición: líneas de reconstrucción de la derecha

Las elecciones a la Asamblea Constituyente arrojan un resultado contradictorio: por una parte, el Movimiento Al Socialismo obtiene unos amplísimos resultados, que junto con pequeñas formaciones aliadas, le otorgan la mayoría absoluta. Sin embargo, las reclamaciones de la oposición exigen que impere la regla de los 2/3 en la adopción de la nueva constitución. Aún a sabiendas de que la razón de esa petición es que otorga a la derecha la posibilidad de bloquear el proceso constituyente, el MAS, tal vez temeroso de perder legitimidad democrática en las esferas internacionales que le son abiertamente hostiles, acepta e instituye esta reivindicación en el Reglamento Interno de la Asamblea Constituyente. La aritmética que se le exige a la nueva constitución boliviana es significativamente más alta que la de los procesos constituyentes anteriores en América Latina (Venezuela o Colombia, por ejemplo) y añade al referéndum un derecho de veto de facto de la derecha boliviana.

A la vez, las elecciones departamentales reflejan una polarización del país entre el Occidente más pobre y ampliamente alineado con el Gobierno, y el Oriente en el que la oligarquía retiene el poder, con una base de masas en absoluto despreciable. De los nueve departamentos bolivianos, cuatro, significativamente los más ricos, quedan en manos de la oposición al MAS. Desde allí se organizará la feroz resistencia al proceso constituyente abierto en el país.

La oligarquía financiera y terrateniente encabeza, arropada por sectores atemorizados de clase media y grupos desclasados e inmersos en redes de clientelismo político e identificación étnica regional y racista –virulentamente antiindia-, una feroz ofensiva destinada no sólo a tumbar al gobierno del Movimiento Al Socialismo, sino a reestablecer el status quo anterior a la emergencia política de los sectores populares, abortando cualquier intento de alterar la composición clasista y racista del estado boliviano.Esta ofensiva supone un auténtico rearme ideológico y de masas de la derecha, y se articula en torno a dos líneas:
·Por una parte, la reivindicación de autonomía regional y el escrupuloso respeto a la regla de una mayoría de 2/3 en la Asamblea Constituyente, es decir, su derecho de veto. Un derecho de veto francamente peligroso en manos de sectores que desde el comienzo se fijaron como objetivo el fracaso o cierre en falso del proceso constituyente.A la vez que se le somete a un continuo hostigamiento, el gobierno de Evo Morales queda obligado a dar permanentes pruebas de respeto a la democracia formal. La derecha combina luchas ilegales con la permanente exigencia de respeto a las garantías reglamentarias pensadas precisamente para obstruir el proceso constituyente.
.Por otra, en torno a la polarización de la fractura política regional del país, la derecha ha sido capaz de conformar desde el oriente Boliviano, con Santa cruz como centro, un potente contrapeso regional, administrativo y económico al gobierno central. Este contrapeso trata de bloquear todas sus iniciativas de transformación social, dejándolas inoperativas en la mayor parte del territorio, en especial en los departamentos de más peso en la economía boliviana.

Pero el refugio en las regiones orientales también proporciona un vehículo indentitario y un potente artefacto político a la oposición, que le permite dotarse de una base de masas de la que nunca gozó mientras la confrontación se libró en torno a la fractura de clase y étnica. Las élites tradicionales, desacreditadas como “antinacionales” y subordinadas a las multinacionales extranjeras, corruptas, y autoritarias, recomponen un cierto liderazgo oponiendo las regiones orientales como ejemplo de desarrollo frente a las regiones occidentales que son feudos de la izquierda, en un imaginario fuertemente racista. De este imaginario beben los grupos parafascistas que brotan tras la estela de la oposición.La crisis actual: ¿La Moneda en La Paz?

Significativamente, los dos estallidos de violencia importantes en este año se han producido en los dos departamentos cuya alineación política es menos clara: a finales del año pasado en Cochabamba, donde las comunidades campesinas son un bastión del gobierno frente a una cierta pujanza de fenómenos reaccionarios y racistas en la ciudad; ahora en Chuquisaca, cuya capital, Sucre, es también capital Judicial y Constituyente de Bolivia. El conflicto se territorializa en los espacios que pueden decantar la balanza en uno y otro sentido, con La Paz y Santa Cruz como polos de agregación simbólica.

Chuquisaca, pese a tener un prefecto masista, la región ha sido incorporada al bloque de la derecha azuzando su rivalidad con La Paz (incuestionable feudo de los sectores populares) por la capitalidad. De nuevo las demandas regionales parten el espinazo del bloque indígena-popular. Así ha intentado también operar la oligarquía frente a la aprobación de la Renta Dignidad –bono que avanza en el camino de garantizar la pensión de jubilación universal a tod@s l@s bolivian@s- con la que el Gobierno ha tratado de recuperar la iniciativa política: no se ha tratado sólo de una oposición por razones de clase, sino para no perder recursos de poder regional, pues la financiación de la medida saldrá de regalías del gas hasta ahora en manos de los departamentos.

Se repite el esquema: atrincheramiento regional de la derecha frente a la hegemonía nacional del MAS, en un juego de desgaste en el que el tiempo corre en contra del Gobierno.
Por eso es tan importante lo que sucede en Sucre: En medio del bloqueo de las instituciones y el hostigamiento en la calle que las clases dominantes han desatado contra el gobierno, la ciudad se ha convertido en una pieza clave de la confrontación. Como capital de la Asamblea Constituyente, y de una región cuyo desplazamiento político hacia el oriente opositor supone un serio golpe contra el gobierno, los enfrentamientos en sus calles cobran una especial importancia, y atrapan al gobierno en una espiral de violencia que sólo puede servir para desprestigiarle y sugerir la pertinencia de su deposición o incluso el fantasma del golpe de estado, que si aún no ha sido muy evidente es por la escasa disposición que el ejército (con una tropa fundamentalmente indígena) ha mostrado hasta el momento. No obstante, si el peligro de golpe de estado no es, al menos, inminente, los episodios de hostigamiento y desestabilización frente al gobierno no son en absoluto cuestiones menores, sino los zarpazos de la oligarquía que se repone y presenta batalla para no ceder ni un milímetro de su poder tradicional.

Los movimientos y el proceso constituyente.

Pese a sus limitaciones y sus deficiencias, el proceso constituyente representa la posibilidad de alterar el equilibrio de poderes produciendo un escenario jurídico más proclive al avance de la fuerza de trabajo colectiva boliviana. La futura constitución no es un punto de llegada, sino de partida. Su derrota, por la que claramente apuesta la oligarquía y los capitales extranjeros -con el apoyo de todos los medios de comunicación privados de Bolivia, y la práctica totalidad de los grandes grupos multinacionales de la comunicación- sólo puede abrir paso a una desarticulación y dispersión del bloque indígena-popular.
De la misma manera que el poder constituyente desplegado no se agota en el gobierno del MAS, así la contraofensiva de la derecha no sólo busca tumbar a Evo Morales, sino clausurar el horizonte histórico de transformación abierto por los movimientos sociales.

Tumbar la Asamblea Constituyente se ha convertido de esa forma en la condición sine qua non para la derrota del bloque indígena-popular, y la reinstauración del “orden”: el de siempre, el de la sumisión y la miseria.
Los movimientos sociales se han mantenido, desde que Evo Morales asumiese la Presidencia en un cierto letargo vigilante, con un apoyo al gobierno supeditado a que no retrocediese lo más mínimo en su programa de transformación social. Este impasse, y las inercias y diferentes tiempos del estado con respecto a los de los movimientos, parecen haber destensado las membranas de las redes sociales. No obstante, el gobierno de Evo Morales, conviene recordarlo, fue la salida a una situación de profundas contradicciones sociales en Bolivia, marcada por la emergencia de las clases subalternas. Ahí reside su fuerza.

Su función, en consecuencia, debiera ser la de de facilitar un proceso constituyente que se generó mucho antes de su convocatoria formal: en las luchas y contrapoderes que impugnaban el estado liberal y colonial. Sólo la concurrencia de los movimientos populares, a través de sus múltiples articulaciones barriales, comunitarias y sindicales, puede salvar el proceso constituyente, y empujarlo en un sentido radical que haga imposible una vuelta al pasado. Del resultado de la batalla que se libra actualmente en Bolivia no depende sólo el futuro del pueblo boliviano y su “ejemplo”. En un plano global identificamos al menos dos cuestiones:
.Por una parte el proceso de integración contrahegemónica en América Latina necesita la consolidación de las transformaciones en Bolivia, para avanzar en una alianza que fragüe un modelo de desarrollo rupturista con los procesos de periferia que subordinan los países sudamericanos a las multinacionales de los países centrales de la economía-mundo.
.Por otra parte, es actualmente –aún con todas sus deficiencias- un laboratorio de experimentos punteros de intervención y gestión política por parte de las redes sociales. Sus límites, sus posibilidades y sus aciertos, son de extraordinaria utilidad para conectar las diferentes experiencias de luchas anticapitalistas en el globo, y para permitirnos pensar más allá del horizonte de la resistencia.

El 14 de Diciembre es la fecha límite para que la Asamblea Constituyente presente un borrador proyecto de Constitución del Estado Boliviano. Ningún avance emancipador puede imaginarse a partir de la derrota de las clases populares bolivianas, y la batalla no se libra en un tablero ideal, sino en el realmente existente en la confrontación de clases en Bolivia: ahora, fundamentalmente, en torno a la ofensiva de la oligarquía contra el proceso constituyente.
Lo que está en juego no es sólo un texto legal o un gobierno, es la oportunidad histórica en manos de l@s que acostumbraban a callar,para comenzar a caminar por encima de 500 años de silencio.

(Fuentes: ANSA-Latina, Reuters y Kaos en la Red)