9.7.14

EE.UU.-LATINOAMÉRICA

MILES DE NIÑOS CENTROAMERICANOS SE HACINAN DETENIDOS EN REFUGIOS Y BASES MILITARES, EN UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES NORTEAMERICANAS. DENUNCIAS DE MALTRATOS Y ABUSOS SEXUALES


 No es la primera vez que sucede, pero sí la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos se ve desbordado. La llegada masiva de niños migrantes, mayoritariamente centroamericanos y en una gran mayoría hondureños, es ya una verdadera tragedia. Desde octubre de 2013 se calcula que más de 50.000 niños y adolescentes han cruzado cruzaron la frontera sur. El gobierno de Obama se ve desbordado y mantiene alojados a miles de estos pequeñosen condiciones de hacinamiento, sin una alimentación adecuada y en instalaciones poco adecuadas, como centros de refugiados y bases militares. Ya se han registrado denuncias por maltratos y abusos sexuales.
  Las imágenes que tomaron los medios que ingresaron a los centros de Brownsville (Texas) y Nogales (Arizona) amplificaron la dimensión del conflicto migratorio. Miles de niños duermen en el piso envueltos en cobertores de aluminio, y en lo que se asemejan a pajareras iluminadas por tubos fluorescentes, los más pequeños descansan unos sobre otros. Se ven también bebés con sus madres, baños químicos, integrantes de las patrullas fronterizas y muchos adolescentes solos. Ese es el principal problema. Que viajan sin la compañía de un mayor a Estados Unidos o con hermanos menores y ahora, la gran mayoría, espera por la deportación.
    Según la Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona (ACLU), una activa ONG que denuncia los atropellos contra los inmigrantes en proceso de ser deportados,denuncia “ la forma terrible de cómo los menores están siendo abusados sexual y físicamente, con agresiones verbales; no les dan tratamiento médico y obviamente los niños están en condiciones terribles e inhumanas. Es un problema que hemos documentado por años”, explicó Alessandra Soler, directora ejecutiva de ACLU.
“Había, por ejemplo, una chica de 16 años con un bebé de 2 años, y no le querían dar leche al niño. Otra chica tenía un ataque asmático y no era atendida”, agregó la representante de la ONG en declaraciones publicadas por el diario Prensa Libre, de Guatemala. Once mil niños detenidos en EE.UU. son oriundos de ese país.
Honduras es otra de las naciones más afectadas por la migración de sus menores indocumentados. La embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Lisa Kubiske, lejos de aportar una solución civilizadora, declaró: “No tienen status legal para quedarse en los Estados Unidos. Y punto. No importa si son niños o adultos, serán deportados”
El consulado de El Salvador en Tucson, Arizona, relevó que en esa ciudad había 1154 menores indocumentados, de los cuales 379 eran de ese país.  La viceministra para los salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín, constató que al menos en un centro de recepción, los menores “están en una condición deprimente y de total falta de espacio, higiene y alimentos. Es en el Centro McAllen de la Patrulla Fronteriza”.
  Los menores capturados en la frontera –se estima que por día unos 400 intentan entrar a EE.UU.–, son por lo general retenidos 72 horas en centros como los de Brownsville y Nogales. Muchos de ellos, vencido ese plazo ya son enviados a bases militares en California, Oklahoma y Texas. El 60 por ciento terminarán deportados, según la ONG Niños en Necesidad de Defensa (KIND). México, por donde necesariamente deben pasar los menores indocumentados, también deporta: 8577 fueron expulsados del país en 2013. En los primeros cuatro meses de este año, Estados Unidos tomó una medida semejante con niños mexicanos. Rechazó a unos seis mil.
Es un círculo vicioso que relató con agudeza el escritor hondureño Roberto Quesada, un especialista en temas migratorios y autor de la novela Nunca entres por Miami: “Estados Unidos debe recordar que Centroamérica no es Afganistán, ni Irak, ni esos países lejanos en donde se va a promover el caos, sino los vecinos inevitables, y ante la catástrofe local, el destino se llama Estados Unidos. Si continúan patrocinando y respaldando la antidemocracia, los fraudes electorales, la impunidad, entonces abran espacio que masivamente se moverán los centroamericanos hacia los Estados Unidos”.
Una bomba de tiempo
El padre Alejandro Solalinde, conocido defensor de los derechos de los emigrantes y director en México del albergue Hermanos en el camino, alerta de que si el gobierno de Estados Unidos elude darle un trato humanitario a la crisis de los niños migrantes no acompañados, ésta se le revertirá.“Esto es una bomba de tiempo. Se pueden quitar a los niños de enfrente y tomarse la foto, pero será un bumerán y será un problema social incontenible, no nada más para ese país, sino para toda la región”.
Solalinde, señaló que los gobiernos "lo asumen todo como una cuestión de seguridad y su perspectiva no es realmente humanitaria, sólo la revisten de humanitaria...el fenómeno de los niños migrantes no acompañados va a crecer, pero sólo los están exponiendo a la delincuencia, los están poniendo de pechito, los están entregando para que formen parte del crimen organizado”.

Estados Unidos viola sus propias leyes

La política del Gobierno de Estados Unidos de detener a niños y adolescentes migrantes no acompañados y someterlos a procedimiento inadecuado, como un largo período de reclusión, ha puesto a esos niños y niñas en peligro. La evaluación es de Human Rights Watch (HRW), organización estadounidense de derechos humanos, que sostiene que el Congreso debería proteger en vez de castigar a esa clase de migrantes. 
   El Gobierno de Estados Unidos estima que 90 mil niños no acompañados van a cruzar la frontera entre Estados Unidos y México durante 2014, 10 veces más que en 2011.
"La política del gobierno de Estados Unidos de detener a niños en grandes cantidades perjudica a los menores e incumple normas internacionales”, evalúa Clara Long, investigadora de la HRW. "El Congreso debería explorar alternativas a la detención, como las que emplean con éxito otros países que tienen experiencia en cruzamientos fronterizos de este tipo”, agrega Long.

   La legislación de Estados Unidos permite la detención de adolescentes por un lapso máximo de 72 horas. Sin embargo, el reciente aumento de jóvenes que llegan al territorio estadounidense no acompañados ha servido de justificación para detenciones más prolongadas, registrando casos de 10 días o de hasta dos semanas de privación de libertad. Después de ese período, los jóvenes son transferidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, donde nuevamente pueden ser detenidos.

  Las normas internacionales de derechos humanos, sin embargo, prevén la detención, únicamente, como último recurso y por un período de tiempo corto. Una amplia variedad de estudios vincula la detención migratoria con consecuencias para la salud mental de los niños y niñas, incluyendo daños que perduran más allá de los períodos de detención. Y los jóvenes no acompañados, en particular, son reconocidos como especialmente vulnerables.
De acuerdo con la organización, las actuales políticas de Estados Unidos que se aplican a quienes cruzan la frontera no cumplen las normas internacionales que requieren una cuidadosa revisión de los casos de los adolescentes en favor de sus intereses, ya que pueden ser víctimas de tráfico humano, ser refugiados, pueden enfrentar represalias de traficantes o de violadores de derechos cuando sean regresados. "A los niños no se les proporciona sistemáticamente un abogado de oficio, ni tutores, aunque ambas cosas sean sugeridas por las normas internacionales”, señala HRW.

Medidas de cambio


En ese contexto, HRW solicitó al Gobierno de Estados Unidos que implemente alternativas a la detención para todos los adolescentes migrantes no acompañados, como por ejemplo ponerlos en libertad bajo supervisión de tutores aprobados o situando a los jóvenes en centros con pleno acceso a la educación, nutrición, saneamiento, integración social y esparcimiento adecuados. Pide también que se asegure que la detención sea aplicada solamente en casos excepcionales.
La organización defiende también que, en el caso que haya una real necesidad de detención, que se realice por el período más breve posible y que se efectúe en ambiente apropiado. Solicita además que el Gobierno  proporcione exámenes completos y justos a adolescentes migrantes proporcionados por un especialista en bienestar infantil. Se suma a esto la necesidad de asegurar que los jóvenes no acompañados, especialmente aquellos que necesitan asilo, reciban asistencia de abogado y tutor encargado de representar sus intereses.

Se piden medidas urgentes


   Desde Honduras se pide al gobierno estadounidense que se cumplan los derechos humanos de esos adolescentes, se vele por su libertad, integridad física, psíquica y moral. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Andrés Pavon Murillo, solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, la adopción inmediata y urgente de medidas cautelares en favor de más de 2 mil jóvenes en esas condiciones.
Según Murillo, entre esos adolescentes hay hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, que se encuentran en diferentes casas de detención en Estados Unidos. Él entiende que tales detenciones no están reguladas bajo criterios de necesidad y proporcionalidad. "Esos niños hicieron el viaje en busca de sus padres que, de antemano, estaban radicados en Estados Unidos; muchos de ellos andan en busca de una oportunidad económica que les permita enviar dinero a casa”, afirmó en documento enviado a la CIDH.
"Los índices de pobreza todavía son perceptibles en los países centroamericanos, conocidos como los países del triangulo norte de América Central, donde mucha gente quiere huir de la violencia o del abuso”, complementó. Según él, se suma a esto el riesgo de tráfico de personas. "Lo que obliga a la solidaridad con esos países para evitar que continúe creciendo el delito amparado en la impunidad”, defendió Murillo.

Serán deportados

La Casa Blanca aseguró este lunes 7 de agosto que la "mayoría" de los niños inmigrantes centroamericanos que llegaron a Estados Unidos serán deportados.
Es "improbable" que estos niños "puedan cumplir los requisitos para la asistencia por razones humanitarias, lo que significa que la mayoría no tendrá una base legal para permanecer en este país", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, en una rueda de prensa.
Earnest aseguró que estas declaraciones no deben interpretarse como un intento de "juzgar de antemano" el resultado del proceso judicial que atraviesan estos menores y que se evalúa caso por caso.
El Gobierno estadounidense presentará  al Congreso su plan definitivo para acelerar la deportación de los niños centroamericanos que llegan a la frontera.
(Fuentes: Página12, La Jornada, Adital y BBC Mundo) 

Centroamérica: Agricultura

Campesinos salvadoreños se enfrentan a EEUU que quiere imponerles las semillas de Monsanto

Cruz Esmeralda Mejía, Maybelyne Palacios y Rosa María Rivera cuidan plantas de semillas mejoradas de maíz en la cooperativa La Maroma, en la zona conocida como el Bajo Lempa, en El Salvador. Foto de: Edgardo Ayala/IPS
JIQUILISCO, El Salvador, 4 jul 2014 (IPS) - Bajo un sol inclemente, entre un mar de plantitas de maíz recién brotadas, Gladys Cortez muestra su preocupación porque se acabe su empleo en la cooperativa que produce semillas para el gobierno salvadoreño, si Estados Unidos logra que sus empresas participen en el negocio.
“Aquí tenemos nuestra fuente de ingresos para mantener a nuestros hijos”, dijo la agricultora a IPS, mientras realizaba sus habituales tareas en la Cooperativa La Maroma, una de las productoras de semillas, ubicada en el cantón La Noria, del municipio de Jiquilisco, en el oriental departamento de Usulután.
El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajadora en El Salvador, Mari Carmen Aponte, condiciona la entrega al país de un paquete de ayuda no reembolsable de 277 millones de dólares, el llamado Fondo del Milenio II, a que este país centroamericano licite y abra a compañías estadounidenses la compra de semillas certificadas.
Excluirlos, ha dicho la diplomática a medios locales, viola cláusulas del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica-República Dominicana (CAFTA RD, en inglés), suscrito por El Salvador en 2004.
Desde el 2011, el gobierno salvadoreño compra anualmente a 18 productores los 88.000 quintales de semilla de maíz que anualmente distribuye para la siembra unos 400.000 campesinos, para reanimar el Plan de Agricultura Familiar. A cada uno le entrega 10 kilógramos de semilla mejorada y 45 kilógramos de fertilizantes.
Entre esos 18 productores están la cooperativa La Maroma y cuatro más de la zona del El Bajo Lempa, en el sur del departamento de Usulután.
Estas tierras fueron parceladas y entregadas a excombatientes del entonces guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), tras los acuerdos de paz de 1992 que pusieron fin a 12 años de guerra civil, en la que hubo 75.000 muertos.
Fue el primer gobierno del FMLN, en el poder desde 2009, el que abrió la participación de productores locales en el negocio de la semilla certificada.
La administración de Salvador Sánchez Cerén, un excomandante guerrillero que llegó a la Presidencia el 1 de junio, mantiene la relación con las cooperativas, pero también ha mostrado su disposición a que las licitaciones incluyan a compañías internacionales.
Las semillas certificadas son variedades que ofrecen mejor rendimiento y reaccionan mejor a los efectos adversos del clima. Son resultado de cruzar material genético pero sin modificarlo, a diferencia de las transgénicas. Las cooperativas también producen algunas semillas nativas, aunque a menor escala.
La calidad del grano es monitoreada y avalada por el Ministerio de Agricultura salvadoreño, que en conjunto pagó 25,9 millones de dólares en 2013 por la adquisición de semillas, mayormente de maíz y frijol, fundamentales en la dieta salvadoreña.
Hasta que en 2011 se aplicó el nuevo modelo, 70 por ciento del mercado lo copaba una subsidiaria del gigante estadounidense de la biotecnología Monsanto, Semillas Cristiani Burkard. Desde entonces se sumaron otros actores, como las cooperativas, con semillas certificadas de mejor calidad y precios más competitivos.
La compra del año pasado se hizo por decreto ejecutivo, aprobado por el Congreso legislativo en diciembre del 2012, que en la práctica dejaba fuera a las empresas estadounidenses. La embajada exigió una licitación pública y “transparente”.
En enero del 2014, los legisladores aprobaron un nuevo decreto que permitió un proceso de licitación con participación a las empresas internacionales. Pero el proceso, realizado en abril, lo ganaron los mismos 18 productores.
La embajadora Aponte presiona ahora para una licitación distinta, que favorezca a sus compañías, en una posición muy criticada por organizaciones sociales y productores rurales, que en junio protestaron ante la sede diplomática en San Salvador.
“La posición de la embajada es para promover las semillas de Monsanto”, dijo a IPS el ambientalista Ricardo Navarro, en referencia al líder mundial en semillas transgénicas, contra la que abundan movilizaciones en países latinoamericanos.
La embajadora nunca mencionó a la transnacional en sus argumentos, pero para Navarro “está implícito que ella se refiere a Monsanto, la más grande del sector”, cuya filial local “perdió un mercado que creía suyo”.
La sede diplomática no otorgó una entrevista con el asesor económico John Barret, que solicitó IPS.

Pero el miércoles 2 emitió un comunicado de prensa en el que dice estar complacida de que el gobierno salvadoreño se haya comprometido a poner en marcha “un mecanismo transparente, competitivo y de respeto” a leyes nacionales como la del CAFTA, en las futuras compras de semillas.
Monsanto, por su parte, se limitó a enviar a IPS un correo electrónico, firmado por el vocero Tom Helscher, en el que niega cualquier participación en la campaña de la embajada.
La disputa llegó hasta Washington. Dieciséis congresistas enviaron el martes 1 una carta al secretario de Estado estadounidense, John Kerry, en la que expresan su preocupación por la presión ejercida por la Oficina del Representante del Comercio (USTR, en inglés), que impulsa la campaña de su embajada en San Salvador.
Nathan Weller, director de EcoViva, una organización estadounidense que trabaja en proyectos de desarrollo en el Bajo Lempa, dijo a IPS que ha habido compañías del país norteamericano que ganaron contratos del gobierno salvadoreño, pero no a través de licitaciones públicas, sino por compras directas o por invitación.
Ambas mecanismos son legales, pero carecen de la transparencia que exige ahora la embajada para las semillas.
Por ejemplo, en el 2009 y 2010 se otorgó a Chevron Caribbean el suministro de combustible por contratación directa, por 340.000 dólares y 361.000 dólares respectivamente, según información del Ministerio de Agricultura.
Esas empresas “ofrecieron un producto a un precio mucho más alto (que la competencia), y sin embargo, el USTR no comentó esto”, alegó Weller.
La simiente de una vida mejor
La siembra de semillas, además, ha promovido fuentes de empleo en una zona con mucha pobreza.
En el área rural, 43 por ciento de los hogares viven en pobreza, frente a 29,9 por ciento de los urbanos, según la encuesta anual del Ministerio de Economía de 2013.
“Además de la generación de empleo, estamos poniendo en evidencia el potencial productivo de las cooperativas de la zona”, señaló a IPS el dirigente campesino Juan Luna, Coordinador del Programa Agrícola de la Asociación Mangle.
Gladys Cortez, afanada en cuidar las plantitas de maíz en la cooperativa La Maroma, es una de las beneficiadas con un empleo generado por el programa de semillas.
“Además de que tenemos trabajo, también nos regalan las semillas para que nosotros las cultivemos para nuestra alimentación”, comentó Cortez, una mujer de 36 años, que debe lidiar sola con el cuidado de sus dos hijos, de un adolescente de 17 años y una niña de 13.
Junto a ella, medio centenar de hombres y mujeres laboraban en uno de los sembradíos de maíz, en La Maroma. Casi todos vestían camisas de manga larga y gorras o sombreros, para evitar las quemaduras del sol, la jornada en que IPS visitó el lugar. Todos ganan cinco dólares diarios.
Solo en esta zona del Bajo Lempa, alrededor de 15.000 campesinos dedicados al cultivo del grano mejorado tienen empleo, calculan los cooperativistas, por periodos más largos que en las tradicionales siembras, ya que requiere de mayor atención y cuidado.
“No es que estemos ganando mucho, pero ya el que tengamos un ingreso, es una gran cosa para una madre sola como yo”, dijo Cortez.
 Fuente: IPS

22.9.13

Argentina-España:Querella contra los crímenes del franquismo

LA RESOLUCIÓN DE UNA JUEZA DE BUENOS AIRES ABRE UNA BRECHA EN LA IMPUNIDAD DEL GENOCIDIO FRANQUISTA

Lo que la justicia española no ha sido capaz de hacer, lo ha tenido que hacer la jueza argentina María Servini de Cubría, quien tras admitir la querella presentada por víctimas de la dictadura franquista y asociaciones, ha dictado cuatro órdenes de detención internacional vía Interpol contra cuatro torturadores de la dictadura franquista "para declaraciones indagatorias". Son un comisario de la policía política fascista, la Brigada Político Social, un escolta de Franco y de la Casa Real española, uno de los policías con más denuncias por torturas, y un guardia civil que participó con Tejero en el intento de golpe de estado de febrero de 1981, el 23F. Casi 38 años después de la muerte de Franco, la impunidad del régimen dictatorial que dirigió con mano de hierro España comienza a resquebrajarse. La jueza bonaerense ha dictado cuatro órdenes de detención internacional contra tres miembros de la Brigada Político y Social de la dictadura(Juan Antonio González Pacheco-'Billy el niño', Celso Galván y Giralte González) y contra el ex guardia civil Jesús Muñecasgolpista del 23-F. Así, la Justicia argentina también emitirá un exhorto para reclamar la colaboración del Gobierno y de la Justicia del Estado español.

"Es un día histórico. La resolución de la jueza es, además, fundamental no sólo por lo que representa sino porque nos permite entrar en la segunda parte del proceso: en el juicio contra el franquismo", aseguraba  Ana Messuti este jueves 19, nada más conocer la noticia.
Los querellantes han solicitado también la detención, entre otros, de tres exministros: Rodolfo Martín Villa, por el asesinato de cinco obreros durante una huelga general en Vitoria , de José Utrera Molina (suegro del actual Ministro de Justicia Ruiz Gallardón), por firmar la condena a muerte del anarquista Puig Antich, ejecutado a garrote-vil; y de Fernando Suárez, exministro de Trabajo, por las cinco últimas ejecuciones del franquismo, el 27 de septiembre de 1975.
Este es el perfil de los cuatro torturadores que, desde hoy, están en búsqueda y captura:

Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño


Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño está considerado como uno de los mayores torturadores del régimen franquista. Tiene un amplio dossier de diligencias judiciales por torturas en los últimos años del franquismo. Su implicación en las torturas es testificada en la querella presentada en Argentina por 17 damnificados. 

   González Pacheco fue absuelto de todos los procesos judiciales en los que estaba envuelto por la Ley de Amnistía. El resto de procesos pendientes se sobreseyeron tras no presentarse reiteradamente a los juicios en los que estaba encausado y beneficiarse, posteriormente, de la ley de Amnistía de 1977 que se extendió a "los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos Incluidos en esta ley".
Así, también prestó declaración ante la Audiencia Nacional  en Madrid por su presunta relación con los asesinos de los abogados de Atocha -crimen de las tramas negras fascistas en enero de 1977- y por los grupos antiterroristas paramilitares Antiterrorismo ETA y Batallón Vasco Español, autores de varios asesinatos durante la Transición.
   Para mayor escarnio, el 1 de julio de 1977, dos años después de la muerte de Franco, el Ministro del Interior del gobierno de Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa, le condecoró con la Medalla de Plata al Mérito Policial y se le organizó una cena homenaje "como desagravio a la persecución de la que es objeto por parte de algunos medios de comunicación". Al acto asistieron cien policías, entre ellos Manuel Ballesteros que será Jefe del Mando Único de la Lucha Antiterrorista con gobiernos del PSOE. Ese mismo año pasó a formar parte de la Brigada Central de Información, que más tarde daría lugar a la Brigada Antiterrorista donde actuó como segundo del comisario Roberto Conesa, que también fue su superior en la policía política franquista, la BPS.
En 1985 González Pacheco aparece como jefe de seguridad de la empresa automovilística Peugeot-Talbot en Madrid, donde también trabaja en diversas empresas de seguridad. En 2011, según la documentación previa a la demanda de la Red Aqua, figura como jefe de tráfico de la empresa Loomis.

Celso Galván Abascal, acusado de asesinar al estudiante Enrique Ruano

Fue escolta de Franco y, más tarde, de la Casa Real. Ha sido denunciado por haber diseñado diversas estrategias de tortura. Fue acusado por el asesinato del estudiante Enrique Ruano el 17 de enero de 1969 cuando era inspector de la Brigada Político-Social del franquismo.
Sin embargo, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial decidió su absolución por "falta de pruebas", si bien indicaba el propio auto que no es posible admitir sin dudas razonables la versión oficial del suicidio por parte del estudiante. Tras dictarse la resolución de la jueza argentina, se ha sabido que falleció en 2009.

Jesús Muñecas, golpista del 23-F


Jesús Muñecas es, actualmente, propietario de un centro de equitación en Valdemoro (Madrid). En el intento de golpe del 23-F, fue el primero en dirigirse a los diputados para comunicarles la "próxima" llegada de la "autoridad, militar, por supuesto". Durante el secuestro de los diputados en el hemiciclo, él mismo se ocupó de dirigir el grupo armado que tuvo a su cargo la vigilancia de las puertas del Parlamento. Fue condenado "delito consumado de rebelión militar" a tres años y seis meses de prisión. Salió en libertad en octubre de 1984, tras cumplir las tres cuartas partes de la condena .
 Jesús Muñecas, quien  disfruta de la pensión máxima a pesar de haber protagonizado un golpe de Estado. Previamente, había sido denunciado en varias ocasiones por delitos de torturas en la Comandancia de Zarautz y en la Comandancia de la Guardia Civil de Tolosa, dependiente de la de San Sebastián. No fue condenado por ninguna de ellas.

José Ignacio Giralte González

Fue miembro destacado de la Brigada Político Social hasta su disolución y, posteriormente, fue comisario del Cuerpo Nacional de Policía. En su trayectoria como policía del régimen siguió un camino similar al de Billy el Niño. Su nombre aparece en, al menos, cuatro de las querellas presentadas en Argentina asociado a torturas a miembros del movimiento estudiantil del tardofranquismo.

Rueda de prensa de los querellantes para anunciar las órdenes de detención


La impunidad del franquismo se quiebra en Argentina

Por Emilio Silva (*)
Son crímenes de lesa humanidad y no prescriben. Desde ese contundente argumento, la jueza argentina, María Servini de Cubría, ha dictado una orden internacional de detención contra cuatro torturadores de la dictadura del general Francisco Franco. Su auto relata y argumenta con contundencia la actividad represiva del régimen franquista y explica someramente por qué la justicia argentina es competente para investigación de esos crímenes.
La que se conoce entre las víctimas de la dictadura franquista como Querella Argentina, fue presentada el 14 de abril de 2010, centrada fundamentalmente en el caso de Darío Rivas, un nonagenario que reside en Argentina desde los años treinta del pasado siglo, cuyo padre fue ilegalmente detenido, asesinado y hecho desaparecer por un grupo de falangistas.
Desde el momento en que la justicia argentina acepto el casó, el Gobierno español comenzó a dificultar la evolución de la investigación. Primero el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido; después el actual Gobierno que bloqueó hace unas semanas unas vídeoconferencias que se iban a tener lugar en la embajada argentina en Madrid, con las que la jueza quería tomar declaración a algunas de las víctimas.
En estos casi tres años y medio se han ido sumando a la querella diferentes colectivos y víctimas, que tratan de obtener la verdad, la justicia y a la reparación a la que tiene derecho y que sistemáticamente les ha negado el Estado español. Uno de los principales pilares sobre los que se consolidó lo que para algunos es una transición ejemplar fue la impunidad. La falta de responsabilidades penales para las violaciones de derechos humanos de la dictadura se ha convertido con el paso de los años en una cultura política, un hábito para una élite que ha conocido y disfrutado de la posibilidad de cometer terribles delitos y no tener por qué responder con ellos.
La dura represión que permitió al dictador Francisco Franco morir en la cama abarca innumerables delitos. Desde las más de 113.000 desapariciones forzadas, pasando por el robo de bebés a las familias republicanas, la negación de derechos a las mujeres, la persecución de homosexuales, los miles de presos y presas por razones políticas, los niños y niñas que contrajeron la poliomielitis por ser hijos de la “antiespaña” y no poder acceder a las vacunas o los miles de presos políticos que trabajaron como esclavos para enriquecer en sus orígenes a algunas de las constructoras más importantes que hoy cotizan en el IBEX 35.
Todas aquellas inmensas e incontables violaciones de derechos humanos quedaron supuestamente saldadas en la transición. Con la colaboración de la izquierda parlamentaria que aceptó la amnistía y el secuestro del debate sobre el modelo de Estado, la dictadura franquista quedó convertida en el crimen perfecto. El Estado comenzó a fabricar ignorancia, secuestrando de los centros de enseñanza el conocimiento de ese pasado y numerosos franquistas han podido morir en estos años enterrados como progenitores de la democracia.
Nuestra élite política convivió con la impunidad, como un precio que se pagaba para obtener desarrollo económico y ni siquiera la Unión Europea le puso como condición al Estado español en su ingreso las mínimas prácticas de higiene democrática. Lo mismo ocurrió con las élites académicas y culturales, formadas mayoritariamente por las universidades de la dictadura a las que habían tenido acceso en la mayoría de los casos por pertenecer a familias del régimen.

En ese proceso ha sido muy importante la aparición de los presos y presas del último franquismo, cuyos testimonios han sido la base para la imputación de los cuatro torturadores a los que la Interpol ordenará su detención que finalmente dependerá del Gobierno español.
Argentina es quizás el país que más ha avanzado en la persecución de las violaciones de derechos humanos de una dictadura. Tras la detención y el encarcelamiento de numerosos perpetradores ahora inician incluso la investigación judicial de la trama económica, algo que si ocurriera en España pondría patas arriba buena parte de su estructura económica.
De los cuatro torturadores cuyos crímenes considera perseguibles la justicia argentina viven tres. Alguno de ellos, José Antonio González Pacheco alias Billy  el niño, ha sido condecorado tras la muerte del dictador e incluso podría decirse que han disfrutado de cierto amparo en ámbitos políticos o económicos que tienen mucho que agradecer a la dictadura.
Durante mucho tiempo la élite franquista ha disfrutado de la posibilidad que le dio la transición de blanquear su biografía. El actual presidente de Alemania, Joachim Gauck, afirmó hace algunos años que la transición española había sido un ataque contra los derechos. Añadía que un modelo de recuperación de la democracia como el nuestro parecía a corto plazo solucionar los problemas pero el coste que supone dejar toda esa impunidad impregnando el sistema político suponía un enorme lastre.
El cierre de puertas que el sistema judicial español ha reiterado a las víctimas de la dictadura franquista ha propiciado la oportunidad que ahora surge en Argentina. Tras estas imputaciones puede que ocurran otras a responsables políticos del franquismo, algo que removerá la tranquilidad de esa élite que ha vivido a sus anchas en una democracia que para buena parte de la ciudadanía resulta demasiado estrecha.
El Poder Judicial español aceptó la persecución de delitos similares cometidos a miles de kilómetros; en Chile, Argentina o Guatemala. Ahora vamos a comprobar si la Justicia Universal que tanto avanzó gracias a esa labor lo es realmente o era simplemente una forma de simular que aquí las cosas ya estaban resueltas.
(*)Asociación para la recuperación de la memoria histórica.
Carlos Slepoy, abogado querellante, habla en Buenos Aires sobre la orden le la jueza Servini de Cubría

"España está obligada a extraditar o juzgar" a los torturadores franquistas

Por Natalia Chientaroli (*)
El prestigioso jurista Joan Garcés, que se puso al frente de la defensa de Herve Falciani, sostiene que la decisión de la jueza argentina María Servini de Cubría de imputar y pedir la captura internacional de cuatro de los acusados en la querella contra los crímenes franquistas abre horizontes políticos y judiciales inexplorados para las víctimas de la dictadura. 
¿Cuál es la importancia de este auto de la juez Servini de Cubría para la justicia internacional y para las víctimas de delitos cometidos durante el franquismo en España?
Abre la protección del espacio judicial del Convenio Americano de Derechos Humanos a las víctimas republicanas cuyos crímenes siguen impunes en España, después de que entre 2008 y 2013 acciones coordinadas desde el Estado español les cerraran el espacio del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La querella inicial fue interpuesta en Buenos Aires un 14 de abril (de 2010), en homenaje al aporte que los juristas republicanos hicieron a la nación argentina, entre ellos el penalista Prof. Jiménez de Asúa, uno de los redactores de la Constitución de la República española de 1931.
De momento no hay una orden de extradición sino un pedido de detención preventiva (en el marco del procedimiento de extradición previsto en el tratado de extradicion y asistencia penal...).
Las etapas subsiguientes están normadas en los convenios bilaterales y multilaterales vigentes entre España y Argentina, que vinculan a ambos países.
¿Este procedimiento necesita una decisión política para activarse?
La decisión de solicitar la detención a efectos de extradición es judicial, y ha sido tomada el 18 de septiembre por la Juez Federal de Argentina.
A los cuatro imputados por la juez se les pretende juzgar por el delito de torturas, tipificado en el Código Penal argentino, y que es delito también en España. Pero si España no cumple con la extradición y no van a declarar a Argentina no se les puede juzgar, ¿verdad?
España está obligada a respetar y aplicar el principio jurídico que dice "o los extraditas o los juzgas", que busca evitar la impunidad.
Los argumentos de la denuncia se basan en el principio de justicia universal y en los acuerdos a los que España está suscrito, como el convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. ¿Un país puede incumplir deliberadamente con este pedido? ¿Con qué argumentos?
La decisión de la justicia argentina es trascendente en sí misma y abre horizontes políticos y judiciales inexplorados más trascendentes aún. Según cómo se desarrollen los hechos, cabría la posibilidad de que, en su momento, algún Estado de la Comunidad Iberoamericana, en el interés de sus propios miembros y de la Humanidad, pudiera demandar a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre el incumplimiento por España, hoy, de sus obligaciones según el Convenio sobre la prevención y sanción del genocidio en relación con la destrucción del grupo nacional republicano español. Esa sería una decisión política soberana. O también que se inicien acciones de compensación económica ante Tribunales de América contra empresas españolas, hoy con inversiones en América, sucesoras de las que se beneficiaron del trabajo esclavo de republicanos españoles entre 1936 y los años cincuenta. Esa es una iniciativa que está en manos de los familiares herederos de los trabajadores forzados. Existe una jurisprudencia internacional al respecto desde que Krupp, Farben y otras grandes empresas privadas fueron juzgadas y sancionadas por explotar a trabajadores forzados en Alemania
La Ley de Amnistía es desmontada con argumentos jurídicos por la juez Servini de Cubría. ¿El Gobierno se podría amparar en ella?
La ley española de amnistía de 1977, si se interpreta y aplica conforme al derecho internacional vinculante para España, no hace falta ni abrogarla ni modificarla. No cubre los delitos de genocidio ni de lesa humanidad prohibidos desde antes de 1936.
¿Por qué cree que no han prosperado las denuncias presentadas por crímenes franquistas en los tribunales españoles desde 2006?
Por razones conocidas. Entre otras, porque fueron resueltas en último extremo por la cúspide del Tribunal Supremo cuando la mayor parte de los integrantes que la formaban eran, y son hoy, magistrados que juraron lealtad a los Principios del Partido Único Fascista y al Caudillo y que rechazaron ser recusados cuando se les hizo presente este aparente conflicto de intereses.
¿Y tampoco en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
Sucesivas resoluciones del TEDH en 2012-2013 han negado a admitir a trámite denuncias de matanzas y crímenes de lesa humanidad cometidos de manera continuada contra españoles entre 1936 y 1977. En contraste, el tribunal condenó a Rusia por negarse a investigar la matanza de los bosques de Katin en 1940. No se puede perder de vista que entre 1936 y 1939 cuerpos del Ejército profesional de Alemania e Italia mataron a miles de civiles desarmados en Barcelona, Mallorca, Valencia, Guernica y muchos otros lugares de España.
No atender este exhorto por parte del Gobierno español ¿en qué lugar dejaría a España?
La tramitación de la petición argentina ofrece a España una oportunidad para actualizarse y dejar de ser el único país de Europa que no ha investigado los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Siglo XX.
(*) Entrevista publicada en el digital Eldiario.es. Joan Garcés, asesor de Salvador Allende, facilitó a Garzón la documentación que permitió la detención en Londres del general Pinochet.
Carne Cruda 2.0 (20/09/13) - Los crímenes del franquismo se juzgan en Argentina
   Programa de radio "Carne Cruda" de la Cadena Ser dedicado a la memoria histórica con familiares y víctimas directas de la represión fascista y con Ana Messuti, una de las abogadas de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. 
Carne Cruda 2.0 en su edición extendida del viernes 20 de septiembre de 2013

(FUENTES: Publico.es, eldiario.es, Cadena SER La Comuna de presxs del franquismo )

4.7.13

Colombia: Crímenes militares

POR QUÉ EJÉRCITO Y POLICÍA REPRIMEN A SANGRE Y FUEGO LAS LUCHAS CAMPESINAS EN EL CATATUMBO. ¿SERÁ PORQUE SE TRATA DE UN TERRITORIO DE GRAN VALOR GEOESTRATÉGICO?


26.6.13

Colombia: Cuatro muertos en la represión de la huelga campesina del Catatumbo

MIENTRAS EL GOBIERNO NEGOCIA LA PAZ EN CUBA, EL EJÉRCITO Y LA POLICÍA SIGUEN ASESINANDO CAMPESINOS 

La Policía y el Ejército colombiano asesinó a dos campesinos e hirió al menos a 13 este martes durante la represión de una marcha campesina que se dirigía hacia el municipio de Ocaña. departamento de Norte de Santander, para exiigirle al gobierno del Presidente Juan Manuel Santos que atendiera las necesidades de los campesinos de la zona del Catatumbo.

 Con ellos son ya cuatro
los muertos registrados desde que el 10 de junio comenzó el paro campesino en la región.


   Según César Jerez, un de los portavoces campesinos, la masacre se produjo en el lugar conocido como "La Y", una intersección de carreteras en la salida de Ocaña hacia la costa Atlántica y los municipios vecinos de Convención y Teorama. Los huelguistas habían bloqueado la carretera. Los disparos contra los manifestantes salieron desde la posición que mantenían entre 500 y 1000 unidades del Ejército y de la Esmad (Ecuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía). "No eran disparos al aire sino en contra de la población”, denuncian los campesinos.
Uno de los líderes del movimiento campesino, Jhony Orril, detalló que los efectivos de la fuerza pública arremetieron contra ellos sin compasión, por lo que repudió el hecho. “Este gobierno no quiere la paz, ellos quieren la represión, repudiamos y responsabilizamos a la cúpula militar y al gobierno del presidente Juan Manuel Santos” dijo.

Contra la erradicación de cultivos ilícitos

El sábado la protesta se cobró las dos primeras víctimas mortales en una refriega con la fuerza pública en el mismo sector, cuando un grupo de campesinos trataba de tomar el control del aeropuerto de Ocaña, que queda en la misma vía.

   Los campesinos comenzaron hace 15 días la movilización para reclamar que se suspenda la erradicación de cultivos ilícitos y se implanten proyectos productivos, así como la creación de una zona de reserva campesina y el respeto a los Derechos Humanos en la región del Catatumbo.

La protesta congrega unos 16.000 manifestantes de la zona, de los cuales 11.000 se han congregado en Ocaña, la segunda ciudad del departamento de Norte de Santander, y 5.000 en Tibú, una importante zona petrolera, según los propios campesinos.

Tras conocerse esta nueva víctima mortal, la ONG Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo emitió un comunicado en el que exige al Gobierno "que no siga asesinando al campesinado del Catatumbo".

"Responsabilizamos al presidente Juan Manuel Santos por estos hechos y le exhortamos a que de la orden inmediata de cese al fuego", agrega el comunicado.

Por otro lado, representantes de los campesinos recibieron este miércoles en Tibú, uno de los focos de la protesta, a la comisión enviada por el Gobierno nacional para negociar con manifestantes e integrada además por autoridades del Norte de Santander.


Los representantes del Gobierno pidieron a los manifestantes que para iniciar una negociación se mitigue la situación alimentaria en la zona, que tras dos semanas de protesta sufre problemas de abastecimiento. 

Militarización de la zona

 Los campesinos del municipio de Ocaña denuncian la militarización de la zona como parte de la política represiva emprendida por el Gobierno de Santos. Los habitantes de la zona informan sobre la presencia de varios aviones que transportaron aproximadamente a 200 efectivos castrenses del escuadrón antidisturbios, que arribaron acompañados de la Policía Nacional para reprimir las protestas que llevan a cabo -desde el pasado 11 de junio- agricultores que han salido a la calle a pronunciarse por el abandono estatal.

  Mientras tanto, un comunicado de la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, difundido este lunes por la Agencia Prensa Rural, condenó la represión de la fuerza pública y exigió el cese inmediato de las hostilidades.
“Expresamos nuestra preocupación por la judicialización de los manifestantes detenidos, que refleja la criminalización de la protesta social en Colombia”, apunta el texto.

Bogotá apoya protestas campesinas

   
Mientras tanto, frente a la sede del Ministerio de Agricultura en Bogotá,  se concentraron unas 100 personas para apoyar las protestas de los campesinos del Catatumbo , quienes llevan aproximadamente quince días esperando que el Gobierno los atienda.
La intención es lograr un impacto político y hacer un llamado de atención de las autoridades, según indicaron los portavoces de la Asociación Campesina del Catatumbo, quienes portaban pancartas con lemas como “El Catatumbo resiste y persiste”, “Sí a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC)” y “Por la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra y la permanencia en el terreno”.



COMUNICADO DE LA MARCHA PATRIÓTICA DE ANTIOQUIA
Ante la arremetida del régimen de Santos contra los campesinos del Catatumbo

Marcha Patriótica Antioquia manifiesta su más enérgico rechazo a la represión militar que lleva a cabo el gobierno de la “prosperidad democrática” que dice querer la paz, pero que en los hechos hace la guerra frontal contra el pueblo. Hasta hoy tras 13 días de legítima protesta campesina las balas, granadas y ataques del régimen policial han causado dos muertos, ocho heridos con balas de fusil, más de una decena de heridos y cerca de treinta detenidos.
Los campesinos del Catatumbo, Norte de Santander y los municipios de Hacarí, Convención, Teorama, El Tarra, San Calixto, El Carmen y Tibú, organizados en la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) llevan a cabo una justa protesta demandando el cumplimiento de acuerdos incumplidos por el gobierno.
El pliego de 10 puntos que reclaman al Estado incluye que se decrete la Zona de Reserva del Catatumbo, en el Marco del cumplimiento de las obligaciones legales que tiene el INCODER; la suspensión de la erradicación forzosa de los cultivos de coca a cambio de un programa de sustitución gradual de cultivos de uso ilícito;  subsidio durante dos años a las familias afectadas por la erradicación y fumigación de los cultivos de coca; la suspensión de los planes minero energéticos que se quiere adelantar en la región; suspender la política del plan de consolidación en la ZRC del Catatumbo que solo trae represión y desplazamiento para los campesinos; la conformación de una comisión de verificación que aborde las violaciones a los derechos humanos y los graves ataques con armas de fuego y abusos policiales contra los manifestantes; el respeto y garantías a la vida, la dignidad e integridad de los manifestantes; hospital, universidad, suministro de gas, agua potable, electricidad y vías para Tibú y los municipios aledaños, etc.
Marcha Patriótica Antioquia expresa igualmente la más franca y sentida solidaridad con el campesinado del Catatumbo que protesta justamente por sus derechos y reivindicaciones y hace una llamado a todos y todas las integrantes de Marcha a difundir y denunciar ampliamente el brutal atropello a que son sometidos los campesinos de Norte de Santander, y sus municipios.
Igualmente respaldamos íntegramente el pliego de diez puntos que exigen con justa protesta al gobierno que dice querer la paz pero responde con la guerra.
Comité de Impulso de Marcha Patriótica Antioquia
Medellín, 24 de junio del 2013

(Fuentes: EFE, LibreRed, Agencia Prensa Rural y Marcha Patriótica)

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