El presidente, Alan García, el ministro de Defensa, Antero Flores-Aráoz y las Fuerzas Armadas del Perú han sido denunciados como responsables de la desaparición de unas 11 personas, entre las que habría al menos 2 niños.
Habitantes de la comunidad de Pichis Río Seco, en la provincia de Huanta, brindaron su testimonio a Radio Amauta sobre el secuestro y desaparición de personas el pasado 14 de septiembre.
Según informó la peruana Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Lucy Pichardo, una de los familiares de las personas desaparecidas explicó que fuerzas militares ingresaron en horas de la noche a la comunidad, con disparos al aire, presumiblemente en el marco de una operación antidrogas.
Después del ingreso militar, llegaron dos helicópteros que procedieron a bombardear la zona, y muchos de los habitantes debieron huir de la comunidad, sostuvo la testigo. Las Fuerzas Armadas y el ministerio de Defensa de Perú negaron la información y aseguraron que se trató de un enfrentamiento entre el ejército peruano y remanentes de la organización guerrillera Sendero Luminoso.
Mientras tanto, en declaraciones a Radio Nederland, Yúber Alarcón, abogado representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Ayacucho, explicó que en la región hay 11 personas desaparecidas, y se ignora si alguna de ellas sigue viva.
Además, anunció que abogados de los familiares de asesinados y desaparecidos el pasado 14 de septiembre, han interpuesto un hábeas corpus contra el Presidente de la República, Alan García y el ministro de Defensa de Perú, Antero Flores-Aráoz.
Reiteran denuncia por desapariciones tras la incursión militar
Según informó la peruana Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Lucy Pichardo, una de los familiares de las personas desaparecidas explicó que fuerzas militares ingresaron en horas de la noche a la comunidad, con disparos al aire, presumiblemente en el marco de una operación antidrogas.
Después del ingreso militar, llegaron dos helicópteros que procedieron a bombardear la zona, y muchos de los habitantes debieron huir de la comunidad, sostuvo la testigo. Las Fuerzas Armadas y el ministerio de Defensa de Perú negaron la información y aseguraron que se trató de un enfrentamiento entre el ejército peruano y remanentes de la organización guerrillera Sendero Luminoso.
Mientras tanto, en declaraciones a Radio Nederland, Yúber Alarcón, abogado representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Ayacucho, explicó que en la región hay 11 personas desaparecidas, y se ignora si alguna de ellas sigue viva.
Además, anunció que abogados de los familiares de asesinados y desaparecidos el pasado 14 de septiembre, han interpuesto un hábeas corpus contra el Presidente de la República, Alan García y el ministro de Defensa de Perú, Antero Flores-Aráoz.
Reiteran denuncia por desapariciones tras la incursión militar
El consejero regional por Huanta, Zacarías Morales reiteró las denuncias de los pobladores del caserío de Pichis Río Seco, compresión de Huarcatán en el distrito de Ayahuanco sobre la desaparición de un grupo de personas, luego de la intervención del ejército en diversos caseríos del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), el pasado 14 de setiembre.
Al respecto, Morales ha manifestado que los hechos ocurridos en dicha zona y la denuncia de la única sobreviviente de la intervención militar, Lucy Pichardo, es verdadera, por lo cual ha presentado un Habeas Corpus ante la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, solicitando al presidente de la República, al Comandante General del Ejército, Edwin Donayre y al ministro de Defensa que expliquen lo sucedido. Así mismo, Zacarías Morales presentó una denuncia ante la segunda Suprafiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho, pidiendo que se envíe personal que investigue el caso.
El representante de la Defensoría del Pueblo de Ayacucho, Jorge Fernández Dávila, ha enviado representantes a la zona para investigar los sucesos denunciados por la señora Pichardo. Y el gobernador del distrito de Llochegua, Edgar Ricra ha elaborado un informe dando cuenta a la gobernación regional de los hechos.
Los pobladores de la comunidad de Pichis Río Seco, compresión de Huarcatán en el distrito de Ayahuanco de la provincia de Huanta, denunciaron a través de Radio Amauta, la desaparición de cuatro personas y dos niños el pasado 14 de septiembre, tras una incursión militar a la zona. Lucy Pichardo, una de los familiares de las personas desaparecidas acompañada por el teniente gobernador de la zona, llegaron hasta la provincia de Huanta para poner en conocimiento que el pasado 14 de septiembre fuerzas militares ingresaron en horas de la noche a la comunidad, con disparos al aire, presumiblemente en el marco de una operación antidrogas.L uego del ingreso militar, llegaron dos helicópteros que procedieron a bombardear la zona, generando confusión y temor entre la población, donde muchos de ellos optaron por salir de la comunidad. Las personas que fueron declaradas como desaparecidas, producto de esta operación fueron identificados como: Los hermanos Máximo y Jesús Pichardo Fernández, Félix Canchanya Limache y Rosa Chávez, quien estuvo acompañada de sus dos menores hijos Moisés y Fresalinda.
El Gobierno y los generales, lo niegan todo y tratan de criminalizar a los pobladores
El Ministro de Defensa Antero Flores Araoz negó que hayan existido detenidos o desaparecidos durante las últimas operaciones militares en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE). Flores Araoz insinuó, sin pruebas, que los pobladores de las comunidades de Huanta, quienes afirman haber sido desplazados por la milicia, habrían huido del lugar porque estarían involucrados con el narcotráfico o con el grupo terrorista Sendero Luminoso.
Las acusaciones son negadas también por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Otto Guibovich.
"No hay detenciones arbitrarias, no hay secuestros, declaramos esto categóricamente. Lo que hay es un intento por los narcoterroristas de sacarnos de su territorio", afirma el alto militar.
Guibovich dice que existe una campaña para desprestigiar a las Fuerzas Armadas en la mente de la población local.
Aunque el Ejército peruano tiene una larga trayectoria en violaciones, incluso tan documentadas como su alta responsabilidad en las masacres y desapariciones durante la guerra interna con Sendero Luminoso en los 80 y los 90, que dejó más de 60.000 muertos, el general dice que ahora la institución sí respeta los derechos humanos.
Sin embargo, las acusaciones están siendo investigadas por el defensor del pueblo y por la oficina del fiscal regional.
Los operativos militares continúan en una valle selvático aislado que es un hervidero de narcotraficantes y uno de los últimos reductos de Sendero Luminoso.
Las acusaciones son negadas también por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Otto Guibovich.
"No hay detenciones arbitrarias, no hay secuestros, declaramos esto categóricamente. Lo que hay es un intento por los narcoterroristas de sacarnos de su territorio", afirma el alto militar.
Guibovich dice que existe una campaña para desprestigiar a las Fuerzas Armadas en la mente de la población local.
Aunque el Ejército peruano tiene una larga trayectoria en violaciones, incluso tan documentadas como su alta responsabilidad en las masacres y desapariciones durante la guerra interna con Sendero Luminoso en los 80 y los 90, que dejó más de 60.000 muertos, el general dice que ahora la institución sí respeta los derechos humanos.
Sin embargo, las acusaciones están siendo investigadas por el defensor del pueblo y por la oficina del fiscal regional.
Los operativos militares continúan en una valle selvático aislado que es un hervidero de narcotraficantes y uno de los últimos reductos de Sendero Luminoso.
Las FFAA deberían facilitar las investigaciones
El analista en temas de desarrollo alternativo y comunidades campesinas, Hugo Cabieses, considera que es indispensable, por la buena imagen de las Fuerzas Armadas que se investiguen las denuncias de las desapariciones en la zona del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE).
Cabieses considera que “las Fuerzas Armadas no están libres de sospecha, toda vez que tienen, en algunos casos, actitudes de rechazo al tema de derechos humanos, de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y hay una fuerte presencia militar en el VRAE”. Para el especialista, la solución a los problemas en el VRAE pasan por “un verdadero relanzamiento del plan VRAE que hasta la fecha, parece no existir”.
De otro lado, Cabieses, dice que no se puede dudar de la existencia de enfrentamientos entre los militares con remanentes de Sendero Luminoso, por lo cual la denuncia de los pobladores por desapariciones resultaría valedera. Sin embargo, considera que la Defensoría del Pueblo y otros organismos deberían hacer los esfuerzos respectivos para poder llegar a la zona de la denuncia y confirmar los datos de los hechos acontecidos.
Como se recuerda, el consejero regional por Huanta, Zacarías Morales ha reiterado las denuncias de los pobladores del caserío de Pichis Río Seco, compresión de Huarcatán en el distrito de Ayahuanco sobre la desaparición de un grupo de personas, tras la intervención del ejército en diversos caseríos del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), el pasado 14 de setiembre.
Al respecto, Morales ha manifestado que los hechos ocurridos en dicha zona y la denuncia de la única sobreviviente de la intervención militar, Lucy Pichardo, es verdadera, por lo cual ha presentado un Habeas Corpus ante la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. (PARA ESCUCHAR LA NOTICIA:Real Win MP )
Sancionado un mayor que violó a una recluta
La intregrante del programa de Derechos Humanos del Centro de la Mujer Peruana "Flora Tristán", Beatriz Ramírez saludó la decisión del ministro del Defensa, Antero Flores-Aráoz, de separar del Ejército Peruano al mayor Miguel Gómez Ormeño, por abusar sexualmente de una recluta de esa institución castrense. No obstante, aclaró que dicha decisión fue debido al incumplimiento de normas de la institución por parte de Gómez Ormeño, quien incurrió en actos de inconducta, y no por el acto de violación en sí, que aún es materia de un proceso judicial. “Es saludable que Ministerio de Defensa haya adoptado las medidas del caso como la separación por inconducta, porque ha sido por el consumo de licor y otros tipos de comportamientos inadecuados a la instancia militar, no por la violación en sí misma que se va a determinar en el proceso judicial que se sigue por este caso”, manifestó.
En declaraciones al programa “El Perú informa, San Borja y CNR Noticias”, Ramírez Huaroto lamentó la falta de interés del gobierno sobre los casos de violación, toda vez que éstos sólo son atendidos cuando son puestos en conocimiento público.“Es criticable que cuando existe la presión mediática y cuando hay actos públicos de protesta, el Ministerio de Defensa asuma esa posición. Parece que para las víctimas de violación sexual sólo cuando el hecho sale a la luz pública y genera una conmoción pública, hay resultados, entonces esa parte convendría no repetir”, refirió. En ese sentido, hizo un llamado al Ejecutivo y a las instituciones involucradas para que presten mayor interés a los casos de abuso sexual, a fin de hallar a los responsables de estos delitos.“Ante cualquier denuncia, el Ministerio de Defensa y todas las organizaciones deberían resolver estos caso haya o no haya mediación de los medios de comunicación porque lamentablemente no se brindan sanciones oportunas”, puntualizó.
Mi detención en Perú 
Por Hugo Blanco (*)
En primer lugar manifiesto mi profunda gratitud a todas las personas e instituciones que al enterarse de que me detuvieron exigieron mi liberación. Todas ellas fueron importantes, entre las que más me emocionaron menciono el pronunciamiento de los hermanos canadienses, gracias a cuyo apoyo continúa editándose Lucha Indígena; de Conacami, con quienes compartimos la ansiedad por un proyecto político emanado de las organizaciones indígenas, campesinas y populares; de Wilbert Rozas, el alcalde que instituyó el gobierno del municipio por las comunidades indígenas que al enterarse de la noticia inmediatamente viajó a Paruro. Gracias a esa solidaridad fui rápidamente liberado ….temporalmente.
Mi ligazón a este caso se remonta a mi niñez en Huanoquite, Paruro, Cusco, cuando recibí el impacto de la noticia de que el hacendado Bartolomé Paz hizo que se marcara con hierro candente en la nalga de un campesino indígena sus iniciales: BP. Naturalmente el señor Paz no fue detenido, eso no se podía hacer con una persona de respeto. Probablemente ese hecho marcó el sentido de mi vida.
Ahora su hijo, Rosendo Paz, heredero de la hacienda, arrebata las tierras del anexo Markhura de la comunidad indígena de Tantarcalla, habiendo inclusive instalado en ellas un corral que es utilizado para el depósito de ganado robado, lo que fue denunciado por el propietario.
La comunidad tiene documentos que acreditan su propiedad. En el año 2006 los comuneros acudieron a la Federación campesina del Cusco, de la que son miembros, llevando sus títulos de propiedad, a solicitar la presencia de un delegado de dicha Federación para la ceremonia de distribución de tierras para su usufructo entre los miembros. Fui designado para esta tarea por la Federación, cumplí el mandato, comunicando ello inmediatamente después de realizado al puesto policial, la policía no objetó mi actuación.
Posteriormente el hacendado ordenó a la policía de Huanoquite bajo su mando que fuera a agredir a los comuneros, orden que fue inmediatamente cumplida por los policías. Como los comuneros tuvieron la osadía de resistirse al ataque fueron conducidos a golpes al pueblo y luego a la ciudad del Cusco, incluyendo mujeres con niños que lloraban. No estuve presente en esos sucesos pero fui llamado a declarar. Naturalmente quienes fueron calificados como delincuentes no fueron los agresores, sino las víctimas de la agresión.
Posteriormente el hacendado ordenó a la policía de Huanoquite bajo su mando que fuera a agredir a los comuneros, orden que fue inmediatamente cumplida por los policías. Como los comuneros tuvieron la osadía de resistirse al ataque fueron conducidos a golpes al pueblo y luego a la ciudad del Cusco, incluyendo mujeres con niños que lloraban. No estuve presente en esos sucesos pero fui llamado a declarar. Naturalmente quienes fueron calificados como delincuentes no fueron los agresores, sino las víctimas de la agresión.
Cuando al detenerme me dijeron que el delito por el que fui acusado era de “Violencia y Resistencia a la Autoridad” pensé que era el relativo a este suceso en el que no había estado presente. Me equivoqué, el señor juez tuvo la bondad de aclararme. El delito de “Violencia y Resistencia a la Autoridad” fue el de haber presidido la ceremonia de distribución de parcelas, en donde no hubo violencia alguna ni estuvo presente ninguna autoridad del Estado.
Entiendo, estamos en el país en que el Parlamento, abdicando de su tarea, autorizó al gobierno para legislar en su lugar contra el “Crimen organizado”. Alan García usó esa autorización para legislar contra los reclamos de la población organizada, penalizando la protesta.
Víctimas de este mágico manejo del lenguaje están presos y procesados centenares de personas que reclaman por sus derechos en todo el Perú. Compañeras y compañeros que tienen la desgracia de no ser conocidos y por lo tanto nadie levanta la voz de protesta por ellos, como afortunadamente se hizo en mi caso y por eso estoy temporalmente libre. Convoco a las voces solidarias que con su rápida acción me arrancaron de la prisión, a que juntos defendamos a todas las víctimas de la penalización de la protesta. Al parecer Conacami ya inició una campaña, participemos de ella. Conservaré las direcciones de quienes me liberaron con sus voces solidarias para invitarlos a organizarnos en defensa de las otras víctimas de la represión.
En cuanto a mi caso, no está concluido, el sistema acostumbra dejar la espada de Damocles pendiente de las cabezas de los que protestan, con la tácita amenaza de que si no corrigen su actitud y cierran la boca, la espada caerá.
En cuanto a mi caso, no está concluido, el sistema acostumbra dejar la espada de Damocles pendiente de las cabezas de los que protestan, con la tácita amenaza de que si no corrigen su actitud y cierran la boca, la espada caerá.
El señor juez me hizo entrega de un documento ambiguo en el que se me cita para el 21 de noviembre “...que deberá concurrir indefectiblemente, quedando subsistente los oficios (sic) girados para su captura”. Es ambiguo, no dice que se me detendría en caso de no presentarme, dice simplemente “quedando subsistente los oficios (sic) girados para su captura”, así, queda a disposición de la represión la interpretación de la nota de acuerdo a las necesidades políticas del régimen.
Este es el tipo de papeles que acostumbran dar, que significan: “Si te callas no pasará nada, pero si continúas protestando entrarás preso”.
¿Cómo se explica que a más de dos años de los sucesos me hayan capturado sorpresivamente sin haberme notificado para que comparezca, si por un suceso posterior me citaron, comparecí y declaré?
¿Cómo se explica que a más de dos años de los sucesos me hayan capturado sorpresivamente sin haberme notificado para que comparezca, si por un suceso posterior me citaron, comparecí y declaré?
La explicación es que entonces les molestaba poco mi actuación local. En cambio ahora que todo el campo se pone en ebullición por el fuerte ataque a las comunidades indígenas, organizaciones de diversos lugares del país me invitan para debatir sobre el ataque y coordinar la defensa, ya el premier me califica como “trasnochado” y les es muy molesta mi actividad.
Me comprometo a seguir luchando hasta mi último aliento contra la opresión a nuestros pueblos instituida hace 5 siglos.
(*) Hugo Blanco, miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, que publica este artículo es un histórico dirigente del movimiento obrero y del movimiento campesino peruano.
(*) Hugo Blanco, miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, que publica este artículo es un histórico dirigente del movimiento obrero y del movimiento campesino peruano.
(Agencia Púlsar, CNR-Coordinadora Nacional de Radio-Radio Amauta(Perú), Adital, BBC-Mundo y Sin Permiso)
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