
La muerte de Liberaldo Granados se sumó a la de otros dos dirigentes departamentales del partido 'Encuentro por Guatemala' que fueron acribillados desde mediados del año pasado.
Liberaldo Granados, secretario departamental y candidato a alcalde por la ciudad de Zacapa, fue asesinado por un grupo de desconocidos la noche del sábado en la puerta de su casa.Granados, de 54 años de edad, recibió varios disparos en el pecho y según fuentes del partido que postula a la dirigente indígena Rigoberta Menchú, había sido amenazado y se le exigía que renunciara a su participación en esa agrupación política.La muerte de Granados se sumó así a la de otros dos dirigentes departamentales de este partido de centro-izquierda que fueron acribillados desde mediados del año pasado.
.El Tribunal Supremo Electoral convocó a elecciones generales para el próximo 9 de septiembre en donde se deberá elegir a presidente y vicepresidente, diputados y alcaldes, por lo que todos los partidos se encuentran realizando actividades políticas.
El 29 de diciembre de 1996, el Gobierno de Guatemala y los grupos guerrilleros unificados en la Urng (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca) pusieron fin a 36 años de conflicto armado interno con la firma de los acuerdos de paz. En noviembre de ese año, el Gobierno disolvió las llamadas Patrullas de Autodefensa Civil, la estrategia paramilitar usada contra la insurgencia en los últimos quince años de la guerra.Las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) fueron creadas por el Ejército de Guatemala a finales de 1981, en el gobierno del dictador Romeo Lucas García, como parte de la política contrainsurgente.
La estrategia consistió en involucrar a las comunidades en la guerra contra los rebeldes.
Si bien no hay datos oficiales, se estima que entre 1982 y 1983, el punto más cruento de la guerra, se involucraron 1 millón de campesinos, de 15 a 60 años, en su mayoría indígenas, generalmente reclutados de forma forzosa, bajo acusaciones y amenazas de muerte, que incluían a los familiares.Se constituyó un ejército de civiles que acabó con el sistema de autoridad indígena y se convirtió en una forma de control total de las comunidades mayas.Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos cuestionan estas estructuras paramilitares, empleadas por el Estado para aplicar su política de tierra arrasada en los años 80, a través de la cual destruyeron 400 aldeas, bajo la acusación de que formaban la base social de la guerrilla, desplazaron a más de un millón de personas y fueron asesinadas y desaparecidas a 250.000 personas. “Los Acuerdos de Paz las habían explicitado como victimarios y represores, pero ahora resultaron siendo héroes de la patria. El gobierno acabó pactando con ellos una indemnización millonaria que ha causado un daño profundo a la reconciliación”, explica Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala (CEG).
Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), es uno de los activistas que más ha cuestionado el pago a los paramilitares y desde la organización que dirige han interpuesto tres recursos de inconstitucionalidad para frenar la compensación económica a los PAC y los han ganado, pero reconoce, en parte, la victimización de los patrulleros.
“A los campesinos los obligaron a pertenecer a las PAC. Ni un solo labriego puede decir que no fue PAC. O se metía a patrullar o tenía que justificar por qué no había patrullado, explicando exactamente dónde estaba y pagando por el día de patrulla a otro campesino. Si no había claridad lo mataban”, narra Polanco.
Varios informes, entre ellos el de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) y el Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), señalan a las PAC como responsables en una de cada cinco masacres; estuvieron involucradas en asesinatos, torturas, violaciones sexuales y otros tratos crueles, así como en desapariciones forzadas, detenciones irregulares y amenazas.
Pero estos delitos fueron cobijados por la Ley de Reconciliación Nacional, firmada el 27 de diciembre de 1996, que declaró “la extinción total de la responsabilidad pena¡ por los delitos que hasta la entrada en vigencia de esta ley, hubieran cometido en el enfrentamiento armado interno, como autores, cómplices o encubridores, las autoridades del Estado, miembros de sus instituciones o cualquiera otra fuerza establecida por ley”.(Fuente: Semana)





Lula militarizó ayer planta hidroeléctrica tomada por campesinos. Trescientos efectivos de seguridad custodian la planta generadora Tucuruí, en el estado amazónico de Pará, tomada por campesinos que reclaman el pago de indemnizaciones a las familias desalojadas hace 23 años, para su construcción. La hidroeléctrica se mantiene funcionando pese a que los campesinos también pudieron ocupar la sala de comando.


























