14.10.08

Latinoamérica-España: 12 de Octubre

EL GOBIERNO PROHIBIÓ EN MADRID LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD NEGRA EN LOS FASTOS CONMEMORATIVOS DE LA LLEGADA A AMÉRICA DE LOS ESPAÑOLES, INICIADORES DEL TRÁFICO DE ESCLAVOS AFRICANOS

Así relata Kevin Vázquez, en el blog 'Mear fuera del tiesto' la polémica prohibición del pasado 12 de octubre en Madrid, que pasó sin pena ni gloria en los medios masivos de (?)comunicación(?), que hicieron como que no se enteraron de la desfachatez, aunque llenaron páginas y minutados de los fesfiles patrióticos del día,incluído el subvencionado festival folclórico neohispanófilo 'VivAmérica'

JORNADA PANAFRICANISTA EN MADRID

La noticia de este pasado fin de semana que no salió en los medios de comunicación fue la de la prohibición de una marcha de la comunidad negra en Madrid para el mismísimo día 12, fiesta nacional española. Al parecer, las instancias oficialistas dijeron que la fiesta del 12 celebra el “encuentro de dos mundos, no de tres”. O sea, los negros sobran. No interesa recordar que la trata de esclavos hacia América la inició y legalizó España en el siglo XVI, ni que tal trafico humano, que duró u

nos 350 años, supuso la práctica desestructuración y arrasamiento de las poblaciones y las culturas del continente africano: 15 millones de muertos y entre 25 y 35 millones de despl azados a la fuerza, a punta de látigo y fusil, camino de las plantacione s de América. Tampoco resulta de buen gusto recordar que el desarrollo capitalista europeo y americano se debe, desde los inicios del XVI, al tráfico de esclavos negros y al sistema esclavista de producción.

En España, cabe recordar, entre otras muchas cosas, que los reyes de la Casa de Austria y de sus sucesores, los Borbones (todavía hoy vigentes) se beneficiaron enormemente de la trata en términos económicos; Isabel II, inclusive, fue dueña de 800 esclavos negros en Cuba.

La esclavitud fue la base de la acumulación primitiva de capital en nuestro continente. Y la envergadura sangrienta del sistema, al que cabría añadir, como prolongación natural, el sistema colonial moderno, a partir del XVIII y hasta mediados del XX, empequeñece cualquier desmán anterior o posterior, de la clase o signo po lítico que fuere.
Fue, junto al genocidio indio del Sur, el Centro y, sobre todo el Norte de América, el auténtico holocausto histórico del occidente cristiano, jamás superad

o en brutalidad y continuidad, ni antes, ni después en la historia de la humanidad.


POR LA REPARACIÓN



El pasado 11 de octubre y para recordar todo esto, s e celebró, cas ualmente sin la presencia de un solo periodista, ni de una sola cámara de T. V., en los locales de la
UNED (Universidad Nacional a Distancia), en la calle Tribulete de Madrid, barrio de Lavapiés, la V Conferencia Internacional Panafricana Tcham Bissa, que reivindicó y exigió la reparación de los afrodescendientes de la esclavitud, y el reconocimiento del daño causado por las naciones occidentales y su petición de perdón…
La reparación es una reivindicación que parece molestar enormemente a los gobiernos de los países que fueron esclavistas y se dedicaron al tráfico human o en masa. Tony Blair, por ejemplo, cuando fue primer ministro, se negó a una petición de perdón y a una declaración de reparación, ya que “lo que hoy sería un crimen contra la humanidad, enton ces era legal”.

Bueno, señores, los judíos fueron exterminados en la Alemania nazi con las leyes nazis en la mano, todo fue legal. Franco fusiló con sus leyes y con los hábitos jurídicos de sus jueces, siempre con sus leyes correspondientes en la mano. Ser legal no es patente de corso para el asesinato. Una mayoría parlamentaria puede decidir abrir la puerta al crimen, mediante leyes que lo propicien, pero eso no hace legal el crimen, sino que hace per der legitimidad a esa mayoría parlamentaria. Cla ro que tal apreciación puede ser una sutileza sin valo r para Blair y otros muchos capitostes de su calaña.

Sin embargo, los judíos del Holocausto nazi fueron indemnizados con muchos miles de millones de dólares.
Con los negros no ha pas ado lo mismo. Aun más, cuando se abolió la esclavitud a lo largo del siglo XIX, los estados indemnizaron a los propietarios de los esclavos, a tanto por esclavo, pues se entendió que tales personas perdían una propiedad por culpa de una ley del Estado. Desde luego, a los negros libertos no se les dió nada, ni la mas mínima indemnización, ni trabajo, ni un trozo de tierra…

LA PROFESORA VERENE A. SHEPHERD

Entre las personalidades expertas en el tema que participaron en la jornada panafricana, queremos destacar la de la profesora jamaicana Verene A. Shepherd . Shepherd es catedrática de la University of the West Indies, Mona, de Jamaica y habló del movimiento por la Reparación y de la historia de la esclavitud en su país.
La esclavitud fue establecida en Jamaica por los españoles, en las plantaciones de caña de azúcar, producto que se había llevado desde la península. Pero fueron los ingleses quienes mayor número de esclavos llevaron a la isla. Entre 1660 y 1808 los británicos realizaron 3.429 viajes dedicados al comercio humano. Embarcaron en África 1.082.263 negros y desembarcaron en Jamaica 915.015. El resto, 167 .248, murieron durante las travesías. Como caso específico, nos da una idea, bien que somera, de lo que aquello fue en toda América.

También se presentó en la jornada un documental sobre la presencia de los negros africanos y los afrodescendientes en España, realizado y presentado por Antumi Tousijé, del movimiento por la reparación; también pudimos escuchar al profesor Luis Beltrán, de la Universidad de Alcalá de Henares y uno de los africanistas más import antes de España; a la profesora cubana Gema Valle y a otros

conferenciantes, incluidos los jóvenes de la Asociación Juvenil Panteras Negras, de Madrid y el saludo de un representante de la embajada boliviana.

Al día siguiente, 12 de octubre, fiesta nacional, no fuimos al desfile. Como dijo Rajoy, eso en “un coñazo”. O la apología del nacionalismo, la prepotencia y la tergiversación histórica, como dice uno de mi barrio que ha leído mucho.



Para conmemorar como se debe el 12 de Octubre con Bartolomé de Las Casas

Y para conmemorar el 12 de octubre, nada mejor que leer antes esta cita del defensor de los pueblos originarios y develador de la “destrucción de las Yndias”.

"Verlos por una parte causaban gozo, por venir a poblar sus casas, que era lo que entonces deseaba, y por otra, lástima, y compasión grande, considerando su mansedumbre, humildad, su pobreza, su trabajo, su escándalo, su destierro, su cansancio que tan sin razón alguna se les había causado, dejando ya aparte, como olvidado, el estrago y mortandad que en sus padres y hijos y hermanos y parientes y vecinos, tan cruelmente se habían perpetrado"

(Fuentes: Mear fuera del tiesto y Sin Permiso)

13.10.08

Sáhara Occidental-España

GRAVES ACUSACIONES DE UN CORONEL DEL EJÉRCITO ESPAÑOL CONTRA EL REY JUAN CARLOS, EN RELACIÓN, ENTRE OTROS, CON SU PRESUNTA RESPONSABILIDAD EN LA ENTREGA DEL SÁHARA


El Coronel Amadeo Martínez Inglés (*) se ha dirigido al Presidente del Congreso de los Diputados y de las Cortes en una carta que ya ha sido publicada por varias páginas web y que reproducimos a continuación.


"AL EXCMO SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LAS CORTES ESPAÑOLAS

Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e historiador militar, se dirige por segunda vez a VE y a la Cámara que preside con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española manifestándole lo siguiente:

Con fecha 4 de abril del presente año, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 77.1 de la Carta Magna española, elevé a su autoridad un escrito en el que le solicitaba la creación de una Comisión de Investigación parlamentaria que, conforme a lo señalado en el artículo 76.1 de ese mismo texto legal, procediera de inmediato a estudiar e investigar los presuntos delitos cometidos por el rey Juan Carlos, tanto en su juventud como en su ya largo reinado, y de los que existen abundantes indicios racionales en las exhaustivas y complejas investigaciones que como historiador militar me he permitido realizar a lo largo de los últimos veinticinco años. Presuntos delitos que le especificaba con todo detalle en el mencionado documento: homicidio imprudente, asesinato, golpismo, malversación de fondos públicos, corrupción generalizada, terrorismo de Estado…

Han pasado seis largos meses desde que le remití el escrito y VE, obviamente, no se ha molestado siquiera en acusar recibo del mismo. Puesto a analizar tamaña falta de profesionalidad, dejación de sus responsabilidades como máximo representante del pueblo soberano y auténtica falta de respeto hacia un ciudadano español que cree desenvolverse en un Estado de derecho y paga religiosamente sus impuestos (una parte alícuota de los cuales va directamente al bolsillo de su excelencia), sólo llego a atisbar tres posibles causas del desafuero institucional cometido por VE contra mi persona. Son las siguientes:


1ª.- Quizá esté equivocado y mis denuncias contra el rey Juan Carlos: asesinato, golpismo, malversación de fondos reservados, terrorismo de Estado, corrupción…no tengan la suficiente enjundia (política, jurídica, social…) como para que el Congreso de los Diputados, máximo órgano representativo del pueblo español, se vea impelido a investigarlos y, en consecuencia, su excelentísima persona urgida a mover de una vez su estúpido trasero.

2ª.- Pudiera ser también que el estado anímico de su honorable persona, señor Bono, no sea el mejor de los posibles después de su heroica decisión de congelar los emolumentos de todas las señorías que en esa Cámara calientan banco tres días a la semana. Con lo que el sueldo mensual de su presidente, el de su excelencia (mensual, no anual como es muy frecuente entre los ciudadanos españoles) deberá seguir siendo durante todo el año de crisis de 2009 de unos 15.000 euros. Desde luego, con esos ingresos puede resultar hasta comprensible su absentismo laboral...
3ª.- O tal vez la razón suprema de su falta de educación, señor Bono, tenga algo que ver con el miedo de su señoría excelentísima a que, si se crea la Comisión de Investigación solicitada, se le caigan definitivamente los palos del sombrajo a este Régimen benefactor y singular levantado con tanto esfuerzo por el franquismo para que nada cambiara de verdad en este país tras la muerte del dictador y VE se quede a la intemperie y sin ese modesto sueldo a que me refería en el apartado anterior.

De todas formas, señor Bono, por una u otras razones, usted no ha cumplido con sus deberes como presidente del Congreso de los Diputados. Yo le remití mi solicitud sobre la base de un derecho constitucional (artículo 77.1) y de ese derecho como ciudadano español se desprende una obligación por su parte: la de acusar recibo de la misma y tramitarla con arreglo a las normas pertinentes de actuación parlamentaria. Porque si usted no cumple con su obligación como presidente de esa Cámara, alegando cortedad en el sueldo o alguna otra razón que se me escapa, yo me quedo sin derecho, sin Comisión de Investigación y sin Constitución que valga. Y lo que es todavía peor: los españoles (empezando por usted) se van a quedar en la inopia para siempre en relación con las perrerías cometidas durante su ya largo reinado por el último de los Borbones.
Y ahora paso al meollo del presente escrito, es decir, a contarle algunas cosas muy graves, muy graves, muy graves… gravísimas ¡como no! del actual rey de España, Juan Carlos I de Borbón. Más que nada para que tome buena nota de ellas, añadiéndolas en lugar preferente al inventario de presuntos delitos que ya le he remitido y que deberá ser estudiado, cuando a usted le venga bien, por la todavía nonata Comisión de Investigación Borbónica Española (CIBE)

Me estoy refiriendo en concreto, señor Bono, a tres nuevos, espeluznantes, bochornosos, repugnantes… delitos, que ni la historia ni los ciudadanos españoles conocen todavía en toda su profunda dimensión (algunos historiadores, obviamente, estamos en ello) cometidos en los últimos meses del año 1975 por el entonces príncipe de España, justo cuando desempeñaba la Jefatura del Estado de una forma interina pero con todos los poderes del dictador en la mano.



Presuntos delitos que de entrada podríamos catalogar, hasta que la citada Comisión parlamentaria pueda pronunciarse, como de alta traición, cobardía ante el enemigo y genocidio. Sí, sí, no se me ponga nervioso, señor Bono, que enseguida paso a informarle largo y tendido sobre el asqueroso hecho político que acoge estas figuras delictivas de Juan Carlos I, que para eso soy historiador militar y, modestia aparte, creo que de todo esto sé un poquito, lo justo quizá para despertar su mente y la de algunos miles de ciudadanos españoles.

Y le voy a exponer el asunto, en principio, señor presidente, de una forma extractada y casi telegráfica (aunque creo que muy comprensible para usted, que me imagino tiene cierta culturilla histórica, y para el lector medio) pues no querría bajo ninguna circunstancia que este escrito se convirtiera, por mor de mi incontinencia profesional, en una larga y tediosa lección magistral de historia de España. Eso lo dejo, si a vuecencia le parece bien, para deleite de las señorías a las que les corresponda un día poner en su sitio, de una vez por todas, a este Borbón de medio pelo salido de las cloacas del franquismo que ha tomado la jefatura del Estado español como su finca particular y su saneado negocio.

El hecho histórico a que me refiero, señor Bono, no es otro que el de la vergonzosa entrega a Marruecos, en noviembre de 1975, de nada menos que 200.000 kms cuadrados del llamado Sahara español (provincia africana según Franco, territorio bajo administración española según la ONU) por miedo a tener que enfrentar una guerra con ese país (que había organizado una marcha “pacífica” de 300.000 ciudadanos marroquíes y nos amenazaba con la invasión pura y dura) y tras un pacto secreto entre el jefe de Estado español en funciones en aquellos dramáticos momentos (el príncipe Juan Carlos de Borbón), la CIA y el Departamento de Estado norteamericano (Kissinger). Pacto por el cual el heredero de Franco se quitaba de en medio una muy probable guerra colonial con nuestro vecino del sur (que podía poner en grave peligro su ansiada corona) y recibía además el inmenso apoyo político yanqui para estabilizar su tambaleante Régimen.

A cambio, claro está, de traicionar con nocturnidad y alevosía, como ha sido práctica habitual en él, al pueblo español (ajeno a todo como siempre), a sus Fuerzas Armadas (que a pesar de su abandono operativo y escasez de medios estaban dispuestas a sacrificarse por defender el honor de España y la legalidad internacional), al pueblo saharaui (que sería entregado desarmado al invasor y bárbaramente masacrado en una desigual guerra y en un oscuro genocidio que se saldarían con más de cuatro mil víctimas, y del que cualquier juez imparcial pediría responsabilidades al jefe del Estado español por cómplice y colaborador necesario) y a la ONU (que había decretado a través de su Tribunal Internacional de Justicia y de
su resolución 380 la ilegalidad de la acción unilateral de Marruecos y el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación).

Empecemos, pues, presidente, y que nadie desdeñe el asunto como lejano en el tiempo o meramente historicista pues estamos hablando de hechos gravísimos cometidos en su día por el actual jefe del Estado español, como son los presuntos delitos de “alta traición a la nación española” tras la acción consumada y no debatida en sus órganos institucionales de la entrega a una potencia invasora de una parte importantísima del territorio nacional sin intentar defenderlo siquiera y tras un pacto secreto con el propio enemigo y su socio geoestratégico; de “cobardía ante el enemigo” por parte del jefe del Estado español en funciones de comandante en jefe del Ejército que entrega sin combatir una parte substancial del territorio nacional tras un pacto secreto con el enemigo; y de “genocidio” contra el pueblo saharaui, en grado de colaboración necesaria con el ejecutor directo del mismo (el sátrapa marroquí), al haber puesto bajo la bota de su Ejército, totalmente desarmados, a los 30.000 habitantes de la antigua provincia española, a los que debería haber defendido con arreglo al Derecho Internacional y a los derechos humanos más fundamentales.
Repasemos, pues, esos lamentables hechos, próximo a cumplirse su 33 aniversario:

21 de agosto de 1975

El departamento de Estado norteamericano da luz verde a un proyecto estratégico secreto de la CIA, financiado por Arabia Saudí, para arrebatar la antigua provincia del Sahara (270.000 Kms cuadrados) a España. Un territorio vital desde el punto geoestratégico, rico en fosfatos, hierro, petróleo y gas, que EE.UU no está dispuesto a dejar en manos de España dada la situación en que se encuentra el régimen franquista. El plan consiste en invadir la zona mediante una marcha “pacífica” de unos 300.000 ciudadanos marroquíes (Marcha Verde), que se harían pasar por antiguos habitantes de la zona.
6 de octubre de 1975
El servicio de Inteligencia del Ejército español informa a Franco, ya muy enfermo, de los planes de EE.UU en relación con el Sahara.
16 de octubre de 1975
La Marcha Verde es anunciada por Hasan II, al mismo tiempo que el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU rechaza las pretensiones de Maruecos sobre ese territorio.
20 de octubre de 1975

Franco empeora ostensiblemente. Sufre un nuevo ataque al corazón.
21 de octubre de 1975
El príncipe Juan Carlos de Borbón, heredero del dictador, se niega a aceptar la jefatura del Estado con carácter interino. Quiere plenos poderes para poder actuar en el Sahara.
22 de octubre de 1975
El presidente del Gobierno español, Arias Navarro, con conocimiento de Franco, manda a Solís a Rabat para tratar de parar el órdago marroquí prometiendo negociaciones sobre el tema en cuanto la situación del dictador mejore.
26 de octubre de 1975
Comienza la Marcha Verde en territorio marroquí. Toda la planificación operativa y la organización logística han corrido a cargo de técnicos norteamericanos.
30 de octubre de 1975

Juan Carlos de Borbón se hace cargo de la jefatura del Estado español (artículo 11 de la ley Orgánica del Estado). Está muy preocupado por la situación en el Sahara pues tiene muy presente el caso portugués. No quiere que la situación le desborde.
31 de octubre de 1975

El príncipe preside un Consejo de Ministros en La Zarzuela. Cuestión prioritaria: el Sahara. Asiste invitado el jefe del Estado Mayor del Ejército, Carlos Fernández Vallespín. Juan Carlos manifiesta su férrea determinación de ponerse al frente de la situación. Sin embargo, no les dice a los reunidos que él ya ha enviado a su hombre de confianza, Manuel Prado y Colón de Carvajal, a Washington, para solicitar la ayuda de Henry Kissinger. Es consciente de que una guerra colonial con Marruecos en aquellos momentos podría precipitar los acontecimientos al estilo de lo acaecido en Portugal y que podría perder su corona antes de ceñirla.

El secretario de Estado norteamericano acepta la mediación solicitada por el nuevo jefe del Estado español, intercede ante Hassan II y en las siguientes horas se pergeña un pacto secreto por el que Juan Carlos se compromete a entregar el Sahara español a Marruecos (vistiendo el muñeco de la rendición con unas amañadas conversaciones políticas en Madrid), a cambio del total apoyo político americano en su próxima andadura como rey de España.
2 de noviembre de 1975

Juan Carlos de Borbón visita las tropas destacadas en El Aaiun en un viaje sorpresa. Está en tratos secretos con los americanos para la entrega del territorio, pero no tiene ningún reparo en escenificar un “teatrillo castrense” con los militares (a los que traicionará en las siguientes horas igual que al pueblo español, a los saharauis y a la propia ONU) echando mano de la extensa parafernalia castrense propia de estos actos: formación solemne, desfile, honor a los muertos, recepción en el Casino Militar… En este centro, en el curso de una bien regada copa de vino español, hasta se permite el lujo de representar el papel de un moderno “Escipión El Africano a la española”, diciéndoles a los oficiales de las tropas allí destacadas: “España no dará un paso atrás, cumplirá todos sus compromisos, respetará el derecho de los saharauis a ser libres” y también, hinchando el pecho y subiendo la barbilla: “No dudéis que vuestro comandante en jefe estará aquí, con todos vosotros, en cuanto suene el primer disparo”
¡La cara de este hombre es de cemento! (Nota del autor)
6 de noviembre de 1975

La Marcha Verde invade la antigua provincia africana española. En virtud del pacto secreto (alta traición) entre Kissinger, Hassan II y el flamante nuevo jefe del Estado español (el viejo se está muriendo en el hospital hecho un guiñapo entre monitores y sondas) los campos de minas de la frontera han sido levantados y los legionarios españoles prudentemente retirados. España hasta se permite la desvergüenza de enviar al ministro de la Presidencia para que gire una visita de cortesía a los campamentos marroquíes. La ONU, incómoda y sin saber de qué va la cosa, urge a Hassan II a retirarse y a respetar la legalidad internacional. España mira para otro lado ¡bastante tiene el principito con asegurar su corona! y el tirano alauí no hace el menor caso.
9 de noviembre de 1975
Hassan II da por alcanzados todos sus objetivos en el Sahara y en espera de las conversaciones de Madrid (ya tiene asegurada su presa) retira los campamentos de la Marcha Verde a Tarfaya. Argelia protesta y retira su embajador en Rabat. Los polisarios, traicionados por España, se aprestan a la lucha.
12 de noviembre de 1975
Comienza la Conferencia de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania, con EE.UU de mandamás en la sombra.

14 de noviembre de 1975

Declaración de Madrid sobre el Sahara. Se entrega a Marruecos toda la parte norte de la antigua provincia española: 200.000 Kms cuadrados de gran importancia geoestratégica, muy ricos en toda clase de minerales, gas y petróleo (descubierto por petrolíferas yanquis y en reserva estratégica). A Mauritania (que los abandonará enseguida en beneficio de su poderoso vecino del norte) se le transfieren 70.000 Kms cuadrados del sur, los más pobres e improductivos. Las Cortes y el pueblo español no saben nada del asunto. Todo se ha tejido entre bastidores, con la CIA, el departamento de Estado norteamericano y los servicios secretos marroquíes como maestros de una ceremonia bochornosa en la que el príncipe Juan Carlos ha movido sus hilos a través de sus validos y hombres de confianza: Armada, Mondéjar, Torcuato Fernández Miranda… mientras el Gobierno del anonadado Arias Navarro, con Franco moribundo y su porvenir político en el alero, se ha limitado a ejercer de convidado de piedra en la mayor vergüenza política y militar de España en toda su historia. Porque sí, efectivamente, este país, después de su flash imperial, ha padecido en diferentes épocas derrotas sin cuento, descalabros memorables y renuncios espectaculares, pero nunca jamás había traicionado de una forma tan perversa a sus propios ciudadanos (los saharauis lo eran en 1975), se había humillado de tal manera ante un pueblo más débil que él pactando en secreto su rendición, y abandonado cobardemente el campo de batalla sin pegar un solo tiro y después de entregar a su envalentonado enemigo acuartelamientos, armas y bagajes.
Una vergüenza histórica sin paliativos, a cargar ¡como no! en el “debe” de un príncipe sin principios morales de ninguna clase, cargado de ambición, bufón de un dictador sin escrúpulos, ansioso de poner sobre su cabeza los ridículos oropeles de una corona trasnochada y profanada hasta la saciedad en el pasado por reyes despreciables de su propia dinastía, y que se permitió el lujo de vender a su propio país, a su pueblo, a la sacrificada minoría étnica que, bajo nuestras leyes y nuestra protección, creyó en la promesas de España y en ser libres algún día.
De todo esto que le cuento, señor Bono, poca información han recibido durante nuestra sacrosanta transición tanto el pueblo español como su clase política. Había que preservar, así lo estipula la Constitución franquista del 78, la imagen del rey que iba a salvarnos a todos y a traernos los derechos y libertades conculcados durante décadas por su amo y señor.
Termino, señor presidente del Congreso de los Diputados, y recuerde: alta traición, cobardía ante el enemigo y genocidio. ¡Casi nada! ¿No le parece a su excelencia que quizá esa Comisión de Investigación que tanto pavor le produce debería comenzar su trabajo analizando tan escalofriantes delitos?
Reciba, señor presidente del Congreso de los Diputados, un afectuoso saludo.
Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares a 8 de octubre de 2008

Vídeo: La Historia de los Borbones,
según Martínez Inglés
(*) Quién es Amadeo Martínez Inglés


Este militar es relativamente conocido por expresar opiniones que siempre han resultado extremadamente incómodas para el establishment español. Su carrera, antes de "meterse en líos", se puede decir que era prometedora: veterano de la Guerra de Ifni (1957-58), profesor de Historia Militar y Estrategia en la Escuela de Oficiales de Estado Mayor, Jefe de Movilización en el Estado Mayor durante la Transición, jefe de una brigada de infantería en Zaragoza...

Hasta que en 1989 publicó un libro, titulado España indefensa, en el que abogaba por la profesionalización de las FFAA y la abolición del Servicio Militar Obligatorio. A causa de esto pasó cinco meses en la cárcel de Alcalá de Henares, donde coincidiría con el teniente general Milans del Bosch, uno de los cabecillas (o cabezas de turco) del 23-F; fué en este momento (1990) cuando se le apartó del servicio, poco antes de que fuese ascendido a general (me imagino que por antigüedad en el escalafón).
-En 1995 encabezó en Alcalá de Henares (Madrid) una lista bautizada "Acción Local" para las elecciones municipales. En esos días era asesor de IU en cuestiones militares, participaba en las tertulias de la COPE y escribía regularmente en El Mundo.
-En 1994 publicó otro libro llamado La Transición vigilada: del sábado Santo "Rojo" al 23-F, que fué retirado de las librerías a los 15 días de ser publicado.

-El 2001 publicó su obra más famosa, 23-F. El golpe que nunca existió, basado en las notas que tomó mientras conversaba con el general Milans del Bosch en el tiempo que pasó en la cárcel. En esta obra sostuvo que el 23-F fué orquestado por Juan Carlos de Borbón con la colaboración de los generales Armada (antiguo Jefe de la Casa Militar del Rey e íntimo amigo suyo), quién andaba planeando dar un golpe de estado para encauzar en veredas más "moderadas" la política española, y el antes citado general Milans del Bosch, que planeaba por su lado un golpe para "salvar a la Monarquía", aunque significase liquidar la recién nacida democracia española. El objetivo del Borbón, según sostiene Martínez Inglés, era atajar así un "golpe peligroso" que debía tener lugar el 2 de mayo de ese mismo año (1981), organizado este por generales ultraderechistas que se proponían liquidar la propia Monarquía (y al Borbón) y reinstaurar un régimen "ortodoxo". Al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina, considerado un verdadero cafre, se le encomendó la misión de ocupar el Congreso de los Diputados al mando de un destacamento de guardias civiles. La cosa acabaría torciéndose, convirtiéndose así en un vodevil. Tejero entró con un grupo de hombres que llevaban un gorro similar al de los toreros (el tricornio, para más señas) dando tiros en el Congreso, empleando un lenguaje soez ("¡Se sienten, coño!") y zaradeando de muy mala manera al general Gutiérrez Mellado, ya anciano y a la sazón Ministro de Defensa, demostrando así ante el extranjero, una vez más, que "Spain is different". Esto, evidentemente, resultó inasumible para Juan Carlos de Borbón, que decidió abandonar a los conspiradores: Armada y Milans del Bosch fueron encarcelados, pero posteriormente indultados (cinco y nueve años pasaron en la cárcel, respectivamente); Tejero (ese personajillo torpe e incompetente) pasó muchos años más en la prisión de Figueres.También tuvo lugar esa misma noche el esperpéntico episodio de la salida de los tanques por las calles de Valencia. Resulta muy ilustrativo saber que los tanques salieron a la manera de un desfile, sin munición y respetando los semáforos. A la vez, llama poderosamente la atención el hecho que el coronel no fuese llevado a los tribunales por publicar todas estas acusaciones.
Aparte del libro anteriormente citado, publicó algunos artículos relacionados con esta cuestión en el diario vasco Gara.
-En 1998 también reveló en una entrevista a una radio argentina que algunos militares y policías españoles, que posteriormente formarían parte de los Grupos Armados de Liberación (los famosos GAL), habían recibido "instrucción" entre 1976 y 1983 en la tristemente famosa Escuela Mecánica de la Armada, donde se practicaron torturas y asesinatos contra los opositores de la dictadura de Videla.
-En una manifestación contraria a la guerra de Irak que tuvo lugar el 15 de marzo del 2003 en Madrid se destacó al participar en el acto llevando su uniforme reglamentario. Eso tuvo consecuencias: el 12 de abril del 2004 fué juzgado por esos hechos, pidiendo el fiscal que le fuese impuesta una multa de 30 €. Finalmente, la causa sería sobreseída un mes más tarde. También se mostró muy crítico por la participación del Gobierno de Aznar en la invasión y posterior ocupación.La última acción "sonada" de nuestro personaje tuvo lugar durante la ceremonia que tuvo lugar en la catedral de la Almudena (Madrid) por la boda del Príncipe de Asturias Felipe de Borbón y Letizia Ortiz. Martínez Inglés se propuso demostrar la incompetencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado colándose en la boda. Asombrosamente, atravesó seis controles de seguridad y logró entrar en la catedral armado con una pistola que llevaba debajo del uniforme que utilizó.
Por último, publicó el 2004 El Ejército español: de poder fáctico a "ONG humanitaria" (1981-2003).

10.10.08

Colombia: Estado de Excepción

URIBE APROVECHA LA HUELGA DE LA JUSTICIA PARA IMPONER UN ESTADO DE CONMOCIÓN INTERIOR DE DUDOSA CONSTITUCIONALIDAD, PARA ALGUNOS UNA MANIOBRA PARA HACERSE UNA JUSTICIA A LA MEDIDA Y SEGUIR EN EL PODER


El Gobierno de Colombia decretó el estado de conmoción interior (excepción) por 90 días podría ser prorrogada hasta por 180, con la intención declarada de atajar la crisis causada por la huelga de empleados judiciales, que cumple 37 días y ha bloqueado los fallos sobre 160.000 procesos, según anunció el presidente Álvaro Uribe.
El mandatario, en viejas disputas con la justicia colombiana, explicó en una alocución que se decidió declarar el régimen de excepción tras fracasar las negociaciones con los empleados judiciales, que se declararon en huelga el pasado 3 de septiembre y que no aceptaron las alzas salariales decretadas, lo que mantiene paralizada la administración de justicia.
Uribe dijo que durante la huelga más de 2.700 personas detenidas por homicidio, narcotráfico y tenencia de armas han quedado libres por vencimiento de términos legales, más de 120.000 procesos están sin fallos y no se realizaron más de 25.000 audiencias."Esto le causa al país una tragedia", justificó Uribe. Las fuentes oficiales apuntan además que ,después de 36 días de huelga judicial, las pérdidas superan los 60 millones de dólares.


La Constitución colombiana establece que , "en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional", el presidente de la República podrá declarar el Estado de Conmoción Interior por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos periodos iguales. A juicio de muchos expertos y de la oposición, no se da tal conmoción.

Ese estado excepcional permite al Ejecutivo dictar medidas con fuerza legislativa para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos y suprimir algunas libertades, pero no permite censurar a la prensa.

El ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia, explicó que el primer decreto busca restablecer el servicio público de la justicia y otorgar al Consejo Superior de la Judicatura facultades extraordinarias para ello.
En ese sentido podrá, entre otras disposiciones, nombrar funcionarios que impartan justicia, dictar medidas para descongestionar los procesos en marcha, suspender funcionarios que no vayan a trabajar.
Añadió que el gobierno expedirá todos los decretos que estime pertinentes durante los próximos 90 días para desbloquear el funcionamiento de las instancias judiciales
A propuesta de los banqueros


Los funcionarios en paro demandan al gobierno la nivelación salarial establecida por una ley aprobada en 1992 pero que nunca ha sido aplicada.
Para ello reclaman fondos mínimos por 300 mil millones de pesos (unos 160 millones de dólares) pero la oferta del gobierno solo llega a 131 mil millones de pesos (70 millones de dólares) repartidos en los próximos dos años.
La huelga ha sido apoyada por las principales centrales obreras así como por otros sindicatos del sector estatal.
El martes, durante la asamblea de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), Luis Carlos Sarmiento, el banquero más importante del país, recomendó adoptar ese régimen de excepción y Uribe prometió analizarla "con urgencia, pero sin desespero".

Uribe aplicó por primera vez el estado de conmoción interior tres días después de tomar posesión para su primer mandato de cuatro años, el 7 de agosto del 2002, ante una oleada de atentados de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que dejaron una veintena de muertos.

Uribe mantiene desde hace unos meses su particular guerra contra algunas ramas del poder judicial. Así son constantes sus ataques y descalificaciones a la Corte Suprema de Justicia y a la independencia judicial en Colombia. Coinciden con el hecho de que la Corte investigó la legalidad de la reforma constitucional que Uribe fomentó para hacer posible su reelección y con que la Justicia tiene en procesados o en la cárcel a mas de 30 congresistas de su bancada, por vínculos con el narcotráfico o con los paramilitares.
Una decisión muy discutida


El Polo Democrático Alternativo, uno de los principales partidos de la oposición, rechazó "vehementemente" la medida, sugirió que el gobierno tiene intenciones ocultas y dijo que el gobierno habría podido decretar una emergencia judicial. Para el Polo, hubiese sido "más propio acudir a otra figura como lo es la emergencia judicial", asegura el primer grupo de la oposición en un comunicado.
"Esto nos hace sospechar sobre las verdaderas intenciones del gobierno y el eventual abuso en el ejercicio de tales facultades", advierte la Declaración.
El Polo anuncia que acudirá ante la Corte Constitucional para "impugnar la constitucionalidad de los decretos anunciados".
Por su parte, el columnista Ramiro Bejarano, profesor de derecho de la Universidad Externado de Colombia, considera que el estado de excepción no se justifica. "La conmoción interior es para contrarrestar problemas severos de orden público. Y el paro judicial no ha producido ni siquiera la ruptura de un vidrio", afirma Bejarano, quien es también columnista del diario El Espectador.

Bejarano advierte de que ahora el Gobierno puede otorgar facultades al Consejo de la Judicatura para crear, suprimir, trasladar, nombrar y posesionar a funcionarios "que garanticen la prestación del servicio". "Ese es un zarpazo mortal a la justicia y será aprovechado por el gobierno para sacar a los jueces que no le gusten, de la mano del Consejo de la Judicatura, que está bajo su control", concluye.
Fabio Hernández, presidente de Asonal Judicial , el sindicato de empleados de la rama judicial, dice que "es completamente equivocada" la medida.
Los decretos que expida el gobierno con base en las facultades de excepción tendrán que ser revisados y avalados por la Corte Constitucional. En caso de que el tribunal derogue parcial o totalmente alguna de las medidas, los efectos de la decisión no serán retroactivos.
Comunicado del PDA

"El Polo Democrático Alternativo informa a la opinión pública:
Que rechaza vehementemente la declaratoria de conmoción interior y los decretos legislativos que ha anunciado el gobierno nacional en ejercicio de tal declaración, por considerarla inconstitucional e inoportuna en atención a las siguientes razones:
1.- No se presenta la hipótesis de la grave perturbación del orden público a que hace referencia el artículo 213 de la Carta Política como requisito indispensable para la declaración de tal estado, pues no es aceptable considerar que la legítima protesta que actualmente adelantan los servidores judiciales constituya una alteración del orden público, menos aún cuando el primer mandatario ha reconocido la justeza de las reclamaciones.
2.- De aceptarse - en gracia de discusión - que esta protesta ha producido una alteración del orden público, la misma podría ser conjurada mediante atribuciones que además de ser ordinarias constituyen una obligación legal. En efecto, la ley 4 de 1.992 ordenó la nivelación salarial en beneficio de los funcionarios y empleados de la rama judicial con base en criterios de equidad, disposición que ha sido incumplida lo que ha generado la legítima reacción de los afectados, por lo que su cumplimiento haría parte de los mecanismos ordinarios al alcance del gobierno, que de utilizarse correctamente pondrían fin a la supuesta perturbación del orden público.
3.-El Gobierno nacional no puede aducir como fundamento para declarar el Estado de conmoción interior su propia culpa, pues como se ha señalado es evidente que la causa real de esta problemática la constituye el incumplimiento de obligaciones para con estos servidores.

4.- No puede aceptarse que por esta vía se pretenda atentar contra el ejercicio del derecho fundamental de asociación y sus diferentes manifestaciones, como lo pretende el presidente mediante esta declaración. Los decretos legislativos anunciados tienden más a afectar este derecho que a conjurar las causas del conflicto pues ninguno de ellos pretende dar solución a la inequitativa situación de los servidores de esta rama del poder público. Además de aceptar que se trata de un cese ilegal de actividades como lo pretende dar a entender el gobierno, nuestra legislación consagra medidas ordinarias para enfrentar las consecuencias que generan dichos actos.
5.- En circunstancias como la presente, sería más propio acudir a otra figura como lo es la emergencia judicial. Esto nos hace sospechar sobre las verdaderas intenciones del gobierno y el eventual abuso en el ejercicio de tales facultades.
Por estas razones acudiremos oportunamente ante la Corte Constitucional para impugnar la constitucionalidad de los decretos anunciados.
Carlos Gaviria Díaz. Presidente
Carlos Bula Camacho. Secretario General
Polo Democrático Alternativo"

(Fuentes: EFE, Prensa Latina, BBC-Mundo, Polo Democrático Alternativo)

8.10.08

Argentina: Desaparecidos

LA ABUELA DE PLAZA DE MAYO CHICHA MARIANI HACE UN ÚLTIMO INTENTO POR ENCONTRAR Y ABRAZAR A SU NIETA ANTES DE MORIR


Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo ya está muy viejita. Quiere alcanzar a reencontrase con su nieta. Ayudémosla a que esta carta recorra el mundo, y en una de esas, genere dudas en alguien....
¡Que llegue a todos cuantos quieran leerla, que su llamado pueda recorrer nuevos circuitos, que no quede vinculado a personas u organizaciones de derechos humanos, que pueda llegar hasta Clara Anahí!
Gracias anticipadas,

El texto de la carta de Chicha Mariani a su nieta Clara Anahí, dice:
"Querida nieta:
Soy tu abuela 'Chicha' Chorobik de Mariani, te busco desde el momento en que Etchecolatz, Camps y su tropa mataron a tu madre y te secuestraron de tu hogar en la calle 30 nº 1134 de La Plata, República Argentina. Era el 24 de noviembre de 1976 y tenías 3 meses de edad. Desde ese momento con tu padre te buscamos hasta que también a él lo asesinaron.
A pesar de que trataron de convencerme de que habías muerto en la balacera, yo sabía que estabas viva. Hoy está comprobado que sobreviviste y estás en poder de alguien. Ya tienes 31 años y tu número de documento probablemente sea cercano al 25. 476. 305 con el que te anotamos. Yo quisiera pedirte que busques fotos de cuando eras bebé y las compares con las que acompañan este texto.
Quiero contarte que tu abuelo paterno se dedicó a la música y yo a las artes plásticas; que tus abuelos maternos se dedicaron a las ciencias, que tu mamá amaba la literatura y tu papá era licenciado en economía. Ambos tenían un gran sentido de la solidaridad y compromiso con la sociedad. Algo de eso tendrás en tus inclinaciones de vida porque, a pesar de que hayas sido criada en un hogar distinto, uno guarda internamente los genes de sus antepasados. Seguramente hay muchas preguntas sin respuesta que aletean en tu interior.
A mis más de 80 años mi aspiración es a abrazarte y reconocerte en tu mirada, me gustaría que vinieras hacia mí para que esta larga búsqueda se concretara en el mayor anhelo que me mantiene en pie, el que nos encontremos.
Clara Anahí, mientras te espero seguiré buscándote.
Te abraza, tu abuela, "Chicha Mariani".

6.10.08

Perú: Derechos Humanos

EL GOBIERNO DE ALAN GARCÍA ACUSADO DE VARIAS DESAPARICIONES FORZADAS DE CAMPESINOS EN OPERACIONES ANTITERRORISTAS DEL EJÉRCITO EN LA REGIÓN DE AYACUCHO



El presidente, Alan García, el ministro de Defensa, Antero Flores-Aráoz y las Fuerzas Armadas del Perú han sido denunciados como responsables de la desaparición de unas 11 personas, entre las que habría al menos 2 niños.

Habitantes de la comunidad de Pichis Río Seco, en la provincia de Huanta, brindaron su testimonio a Radio Amauta sobre el secuestro y desaparición de personas el pasado 14 de septiembre.
Según informó la peruana Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Lucy Pichardo, una de los familiares de las personas desaparecidas explicó que fuerzas militares ingresaron en horas de la noche a la comunidad, con disparos al aire, presumiblemente en el marco de una operación antidrogas.

Después del ingreso militar, llegaron dos helicópteros que procedieron a bombardear la zona, y muchos de los habitantes debieron huir de la comunidad, sostuvo la testigo. Las Fuerzas Armadas y el ministerio de Defensa de Perú negaron la información y aseguraron que se trató de un enfrentamiento entre el ejército peruano y remanentes de la organización guerrillera Sendero Luminoso.
Mientras tanto, en declaraciones a Radio Nederland, Yúber Alarcón, abogado representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Ayacucho, explicó que en la región hay 11 personas desaparecidas, y se ignora si alguna de ellas sigue viva.
Además, anunció que abogados de los familiares de asesinados y desaparecidos el pasado 14 de septiembre, han interpuesto un hábeas corpus contra el Presidente de la República, Alan García y el ministro de Defensa de Perú, Antero Flores-Aráoz.

Reiteran denuncia por desapariciones tras la incursión militar


El consejero regional por Huanta, Zacarías Morales reiteró las denuncias de los pobladores del caserío de Pichis Río Seco, compresión de Huarcatán en el distrito de Ayahuanco sobre la desaparición de un grupo de personas, luego de la intervención del ejército en diversos caseríos del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), el pasado 14 de setiembre.

Al respecto, Morales ha manifestado que los hechos ocurridos en dicha zona y la denuncia de la única sobreviviente de la intervención militar, Lucy Pichardo, es verdadera, por lo cual ha presentado un Habeas Corpus ante la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, solicitando al presidente de la República, al Comandante General del Ejército, Edwin Donayre y al ministro de Defensa que expliquen lo sucedido. Así mismo, Zacarías Morales presentó una denuncia ante la segunda Suprafiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho, pidiendo que se envíe personal que investigue el caso.
El representante de la Defensoría del Pueblo de Ayacucho, Jorge Fernández Dávila, ha enviado representantes a la zona para investigar los sucesos denunciados por la señora Pichardo. Y el gobernador del distrito de Llochegua, Edgar Ricra ha elaborado un informe dando cuenta a la gobernación regional de los hechos.
Los pobladores de la comunidad de Pichis Río Seco, compresión de Huarcatán en el distrito de Ayahuanco de la provincia de Huanta, denunciaron a través de Radio Amauta, la desaparición de cuatro personas y dos niños el pasado 14 de septiembre, tras una incursión militar a la zona. Lucy Pichardo, una de los familiares de las personas desaparecidas acompañada por el teniente gobernador de la zona, llegaron hasta la provincia de Huanta para poner en conocimiento que el pasado 14 de septiembre fuerzas militares ingresaron en horas de la noche a la comunidad, con disparos al aire, presumiblemente en el marco de una operación antidrogas.L uego del ingreso militar, llegaron dos helicópteros que procedieron a bombardear la zona, generando confusión y temor entre la población, donde muchos de ellos optaron por salir de la comunidad. Las personas que fueron declaradas como desaparecidas, producto de esta operación fueron identificados como: Los hermanos Máximo y Jesús Pichardo Fernández, Félix Canchanya Limache y Rosa Chávez, quien estuvo acompañada de sus dos menores hijos Moisés y Fresalinda.
(PARA ESCUCHAR LA CRÓNICA RADIAL: Real Win MP Saúl Montero - Radio Cultural Amauta)

El Gobierno y los generales, lo niegan todo y tratan de criminalizar a los pobladores



El Ministro de Defensa Antero Flores Araoz negó que hayan existido detenidos o desaparecidos durante las últimas operaciones militares en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE). Flores Araoz insinuó, sin pruebas, que los pobladores de las comunidades de Huanta, quienes afirman haber sido desplazados por la milicia, habrían huido del lugar porque estarían involucrados con el narcotráfico o con el grupo terrorista Sendero Luminoso.

Las acusaciones son negadas también por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Otto Guibovich.
"No hay detenciones arbitrarias, no hay secuestros, declaramos esto categóricamente. Lo que hay es un intento por los narcoterroristas de sacarnos de su territorio
", afirma el alto militar.
Guibovich dice que existe una campaña para desprestigiar a las Fuerzas Armadas en la mente de la población local.
Aunque el Ejército peruano tiene una larga trayectoria en violaciones, incluso tan documentadas como su alta responsabilidad en las masacres y desapariciones durante la guerra interna con Sendero Luminoso en los 80 y los 90, que dejó más de 60.000 muertos, el general dice que ahora la institución sí respeta los derechos humanos.
Sin embargo, las acusaciones están siendo investigadas por el defensor del pueblo y por la oficina del fiscal regional.
Los operativos militares continúan en una valle selvático aislado que es un hervidero de narcotraficantes y uno de los últimos reductos de Sendero Luminoso.

Las FFAA deberían facilitar las investigaciones


El analista en temas de desarrollo alternativo y comunidades campesinas, Hugo Cabieses, considera que es indispensable, por la buena imagen de las Fuerzas Armadas que se investiguen las denuncias de las desapariciones en la zona del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE).

Cabieses considera que “las Fuerzas Armadas no están libres de sospecha, toda vez que tienen, en algunos casos, actitudes de rechazo al tema de derechos humanos, de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y hay una fuerte presencia militar en el VRAE”. Para el especialista, la solución a los problemas en el VRAE pasan por “un verdadero relanzamiento del plan VRAE que hasta la fecha, parece no existir”.
De otro lado, Cabieses, dice que no se puede dudar de la existencia de enfrentamientos entre los militares con remanentes de Sendero Luminoso, por lo cual la denuncia de los pobladores por desapariciones resultaría valedera. Sin embargo, considera que la Defensoría del Pueblo y otros organismos deberían hacer los esfuerzos respectivos para poder llegar a la zona de la denuncia y confirmar los datos de los hechos acontecidos.

Como se recuerda, el consejero regional por Huanta, Zacarías Morales ha reiterado las denuncias de los pobladores del caserío de Pichis Río Seco, compresión de Huarcatán en el distrito de Ayahuanco sobre la desaparición de un grupo de personas, tras la intervención del ejército en diversos caseríos del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), el pasado 14 de setiembre.

Al respecto, Morales ha manifestado que los hechos ocurridos en dicha zona y la denuncia de la única sobreviviente de la intervención militar, Lucy Pichardo, es verdadera, por lo cual ha presentado un Habeas Corpus ante la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. (PARA ESCUCHAR LA NOTICIA:Real Win MP )

Sancionado un mayor que violó a una recluta


La intregrante del programa de Derechos Humanos del Centro de la Mujer Peruana "Flora Tristán", Beatriz Ramírez saludó la decisión del ministro del Defensa, Antero Flores-Aráoz, de separar del Ejército Peruano al mayor Miguel Gómez Ormeño, por abusar sexualmente de una recluta de esa institución castrense. No obstante, aclaró que dicha decisión fue debido al incumplimiento de normas de la institución por parte de Gómez Ormeño, quien incurrió en actos de inconducta, y no por el acto de violación en sí, que aún es materia de un proceso judicial. “Es saludable que Ministerio de Defensa haya adoptado las medidas del caso como la separación por inconducta, porque ha sido por el consumo de licor y otros tipos de comportamientos inadecuados a la instancia militar, no por la violación en sí misma que se va a determinar en el proceso judicial que se sigue por este caso”, manifestó.
En declaraciones al programa “El Perú informa, San Borja y CNR Noticias”, Ramírez Huaroto lamentó la falta de interés del gobierno sobre los casos de violación, toda vez que éstos sólo son atendidos cuando son puestos en conocimiento público.“Es criticable que cuando existe la presión mediática y cuando hay actos públicos de protesta, el Ministerio de Defensa asuma esa posición. Parece que para las víctimas de violación sexual sólo cuando el hecho sale a la luz pública y genera una conmoción pública, hay resultados, entonces esa parte convendría no repetir”, refirió. En ese sentido, hizo un llamado al Ejecutivo y a las instituciones involucradas para que presten mayor interés a los casos de abuso sexual, a fin de hallar a los responsables de estos delitos.“Ante cualquier denuncia, el Ministerio de Defensa y todas las organizaciones deberían resolver estos caso haya o no haya mediación de los medios de comunicación porque lamentablemente no se brindan sanciones oportunas”, puntualizó.


Mi detención en Perú
Por Hugo Blanco (*)

En primer lugar manifiesto mi profunda gratitud a todas las personas e instituciones que al enterarse de que me detuvieron exigieron mi liberación. Todas ellas fueron importantes, entre las que más me emocionaron menciono el pronunciamiento de los hermanos canadienses, gracias a cuyo apoyo continúa editándose Lucha Indígena; de Conacami, con quienes compartimos la ansiedad por un proyecto político emanado de las organizaciones indígenas, campesinas y populares; de Wilbert Rozas, el alcalde que instituyó el gobierno del municipio por las comunidades indígenas que al enterarse de la noticia inmediatamente viajó a Paruro. Gracias a esa solidaridad fui rápidamente liberado ….temporalmente.


Mi ligazón a este caso se remonta a mi niñez en Huanoquite, Paruro, Cusco, cuando recibí el impacto de la noticia de que el hacendado Bartolomé Paz hizo que se marcara con hierro candente en la nalga de un campesino indígena sus iniciales: BP. Naturalmente el señor Paz no fue detenido, eso no se podía hacer con una persona de respeto. Probablemente ese hecho marcó el sentido de mi vida.
Ahora su hijo, Rosendo Paz, heredero de la hacienda, arrebata las tierras del anexo Markhura de la comunidad indígena de Tantarcalla, habiendo inclusive instalado en ellas un corral que es utilizado para el depósito de ganado robado, lo que fue denunciado por el propietario.
La comunidad tiene documentos que acreditan su propiedad. En el año 2006 los comuneros acudieron a la Federación campesina del Cusco, de la que son miembros, llevando sus títulos de propiedad, a solicitar la presencia de un delegado de dicha Federación para la ceremonia de distribución de tierras para su usufructo entre los miembros. Fui designado para esta tarea por la Federación, cumplí el mandato, comunicando ello inmediatamente después de realizado al puesto policial, la policía no objetó mi actuación.


Posteriormente el hacendado ordenó a la policía de Huanoquite bajo su mando que fuera a agredir a los comuneros, orden que fue inmediatamente cumplida por los policías. Como los comuneros tuvieron la osadía de resistirse al ataque fueron conducidos a golpes al pueblo y luego a la ciudad del Cusco, incluyendo mujeres con niños que lloraban. No estuve presente en esos sucesos pero fui llamado a declarar. Naturalmente quienes fueron calificados como delincuentes no fueron los agresores, sino las víctimas de la agresión.
Cuando al detenerme me dijeron que el delito por el que fui acusado era de “Violencia y Resistencia a la Autoridad” pensé que era el relativo a este suceso en el que no había estado presente. Me equivoqué, el señor juez tuvo la bondad de aclararme. El delito de “Violencia y Resistencia a la Autoridad” fue el de haber presidido la ceremonia de distribución de parcelas, en donde no hubo violencia alguna ni estuvo presente ninguna autoridad del Estado.
Entiendo, estamos en el país en que el Parlamento, abdicando de su tarea, autorizó al gobierno para legislar en su lugar contra el “Crimen organizado”. Alan García usó esa autorización para legislar contra los reclamos de la población organizada, penalizando la protesta.
Víctimas de este mágico manejo del lenguaje están presos y procesados centenares de personas que reclaman por sus derechos en todo el Perú. Compañeras y compañeros que tienen la desgracia de no ser conocidos y por lo tanto nadie levanta la voz de protesta por ellos, como afortunadamente se hizo en mi caso y por eso estoy temporalmente libre. Convoco a las voces solidarias que con su rápida acción me arrancaron de la prisión, a que juntos defendamos a todas las víctimas de la penalización de la protesta. Al parecer Conacami ya inició una campaña, participemos de ella. Conservaré las direcciones de quienes me liberaron con sus voces solidarias para invitarlos a organizarnos en defensa de las otras víctimas de la represión.
En cuanto a mi caso, no está concluido, el sistema acostumbra dejar la espada de Damocles pendiente de las cabezas de los que protestan, con la tácita amenaza de que si no corrigen su actitud y cierran la boca, la espada caerá.
El señor juez me hizo entrega de un documento ambiguo en el que se me cita para el 21 de noviembre “...que deberá concurrir indefectiblemente, quedando subsistente los oficios (sic) girados para su captura”. Es ambiguo, no dice que se me detendría en caso de no presentarme, dice simplemente “quedando subsistente los oficios (sic) girados para su captura”, así, queda a disposición de la represión la interpretación de la nota de acuerdo a las necesidades políticas del régimen.
Este es el tipo de papeles que acostumbran dar, que significan: “Si te callas no pasará nada, pero si continúas protestando entrarás preso”.
¿Cómo se explica que a más de dos años de los sucesos me hayan capturado sorpresivamente sin haberme notificado para que comparezca, si por un suceso posterior me citaron, comparecí y declaré?
La explicación es que entonces les molestaba poco mi actuación local. En cambio ahora que todo el campo se pone en ebullición por el fuerte ataque a las comunidades indígenas, organizaciones de diversos lugares del país me invitan para debatir sobre el ataque y coordinar la defensa, ya el premier me califica como “trasnochado” y les es muy molesta mi actividad.
Me comprometo a seguir luchando hasta mi último aliento contra la opresión a nuestros pueblos instituida hace 5 siglos.
(*) Hugo Blanco, miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, que publica este artículo es un histórico dirigente del movimiento obrero y del movimiento campesino peruano.
(Agencia Púlsar, CNR-Coordinadora Nacional de Radio-Radio Amauta(Perú), Adital, BBC-Mundo y Sin Permiso)

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