A 31 asciende la cifra de los sindicalistas asesinados en Colombia en lo corrido de año, una práctica que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) calificó de sistemática en contraste con los argumentos esgrimidos por el gobierno.
Según la denuncia de la CUT, el asesinato más reciente tuvo lugar este jueves cuando Nelson Camacho, trabajador de mantenimiento de la refinería ECOPETROL y afiliado a la Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo (USO), fue ultimado por sicarios.
El asesinato de Camacho ocurrió cuando éste esperaba el autobús para ir al trabajo y los sicarios, que se movilizaban en una moto, le acertaron varios impactos de bala, que acabaron con su vida. Este crimen, advirtió la CUT, es la continuidad sistemática de una serie de atentados y amenazas contra dirigentes y trabajadores afiliados al sindicato y que se da en un contexto de conflictos colectivos que adelanta el gremio con la multinacional British Petroleum, ECOPETROL y TGI en los departamentos de Boyacá y Casanare y la anormalidad laboral determinada en petrolera estatal colombiana.
La CUT solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes la investigación exhaustiva del asesinato de Camacho, a fin de determinar sus autores materiales e intelectuales.
A su vez, exigió al gobierno nacional y a ECOPETROL acatar a plenitud las medidas cautelares proferidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de esta organización y que en consecuencia se den las garantías plenas para el libre ejercicio de la actividad sindical.
Comunicado de la CUT
La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT, lamenta el asesinato del compañero Nelson Camacho Gonzalez, Trabajador de Mantenimiento de la Refinería Ecopetrol y afiliado a la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo – USO.
Los hechos ocurrieron el día de hoy, jueves 17 de junio de 2010, aproximadamente a las 5:30 a.m., mientras Nelson esperaba el bus que lo llevaría a su sitio de trabajo; sicarios que se movilizaban en una moto le propinaron varios impactos de bala, los cuales acabaron con su vida.
Este luctuoso hecho es la continuidad sistemática de una serie de atentados y amenazas contra dirigentes y trabajadores afiliados al sindicato que se dan en el marco de conflictos colectivos que adelanta el sindicato con la Multinacional British Petroleum en Casanare, Ecopetrol-UT poliducto Andino y TGI en los departamentos de Boyacá y Casanare y la anormalidad laboral determinada en Ecopetrol.
En lo corrido del año 2010 van 31 homicidios contra la población sindicalizada en Colombia, siete de ellos contra dirigentes sindicales, además han ocurrido cuatro atentados, y 56 amenazas provenientes principalmente de grupos paramilitares.
Esta realidad contrasta con los mentirosos argumentos del gobierno y de los empresarios de Colombia en el seno de la reciente conferencia de la OIT, que condujo a que este organismo excluyera a Colombia de la lista negra de los 25 países que violan las libertades sindicales en el mundo.
Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes la investigación exhaustiva de este execrable crimen que conduzca a determinar sus autores materiales e intelectuales.
Exigimos al gobierno nacional y a Ecopetrol S.A. el acatamiento a plenitud de las medidas cautelares proferidas por la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) a favor de esta organización y que en consecuencia se den las garantías plenas para el libre ejercicio de la actividad sindical.
Tarsicio Mora Godoy Domingo Tovar Arrieta (Presidente Secretario General )
Luis Alberto Vanegas Z. (Director Dpto. Derechos Humanos y Solidaridad)
Informe de Amnistía Internacional 2007 (Resumen)
Sindicalismo en Colombia. Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte
En los últimos dos decenios, en Colombia han muerto por homicidio más de 2.000 sindicalistas y han sido sometidos a desaparición forzada más de 138. En más del 90 por ciento de los casos, los responsables no han sido puestos a disposición judicial. Aunque en los últimos años se ha reducido el número de homicidios de sindicalistas, Amnistía Internacional considera que la crisis de derechos humanos a que se enfrentan las personas que desarrollan actividades sindicales sigue siendo grave. Las autoridades colombianas han tomado algunas medidas para mejorar su seguridad; no obstante, es preciso emprender acciones más decisivas para garantizar que se respeta el derecho a la libertad sindical en la legislación y en la práctica.
A pesar de la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares respaldados por el ejército, paramilitares aparentemente desmovilizados continúan matando y amenazando a sindicalistas. Las fuerzas de seguridad también han sido responsables directamente de homicidios de sindicalistas, así como de instigar procesos penales arbitrarios contra sindicalistas. Amnistía Internacional considera que sigue aplicándose una estrategia militar-paramilitar coordinada, que tiene por objeto menoscabar el trabajo de estas personas, tanto por medio de su eliminación física, como intentando desacreditar la legitimidad de las actividades sindicales. La guerrilla también ha sido responsable de homicidios de sindicalistas.
Amnistía Internacional considera que la comunidad internacional tiene una importante función que desempeñar en los esfuerzos por garantizar el derecho a la libertad sindical en Colombia. El hecho de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) decidiera en 2006 establecer una presencia permanente en Colombia a fin de mantener bajo observación el derecho a la libertad sindical constituye una excelente oportunidad para que la comunidad internacional vigile atentamente la crisis de derechos humanos a que se enfrentan las personas que desarrollan actividades sindicales y pida a las autoridades colombianas que tomen medidas decisivas para garantizar su seguridad.
Con Hambre no hay democracia
Alejandro Angulo Novoa, S. J.(*).
Los hechos ocurrieron el día de hoy, jueves 17 de junio de 2010, aproximadamente a las 5:30 a.m., mientras Nelson esperaba el bus que lo llevaría a su sitio de trabajo; sicarios que se movilizaban en una moto le propinaron varios impactos de bala, los cuales acabaron con su vida.
Este luctuoso hecho es la continuidad sistemática de una serie de atentados y amenazas contra dirigentes y trabajadores afiliados al sindicato que se dan en el marco de conflictos colectivos que adelanta el sindicato con la Multinacional British Petroleum en Casanare, Ecopetrol-UT poliducto Andino y TGI en los departamentos de Boyacá y Casanare y la anormalidad laboral determinada en Ecopetrol.
En lo corrido del año 2010 van 31 homicidios contra la población sindicalizada en Colombia, siete de ellos contra dirigentes sindicales, además han ocurrido cuatro atentados, y 56 amenazas provenientes principalmente de grupos paramilitares.
Esta realidad contrasta con los mentirosos argumentos del gobierno y de los empresarios de Colombia en el seno de la reciente conferencia de la OIT, que condujo a que este organismo excluyera a Colombia de la lista negra de los 25 países que violan las libertades sindicales en el mundo.
Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes la investigación exhaustiva de este execrable crimen que conduzca a determinar sus autores materiales e intelectuales.
Exigimos al gobierno nacional y a Ecopetrol S.A. el acatamiento a plenitud de las medidas cautelares proferidas por la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) a favor de esta organización y que en consecuencia se den las garantías plenas para el libre ejercicio de la actividad sindical.
Tarsicio Mora Godoy Domingo Tovar Arrieta (Presidente Secretario General )
Luis Alberto Vanegas Z. (Director Dpto. Derechos Humanos y Solidaridad)
Informe de Amnistía Internacional 2007 (Resumen)
Sindicalismo en Colombia. Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte
En los últimos dos decenios, en Colombia han muerto por homicidio más de 2.000 sindicalistas y han sido sometidos a desaparición forzada más de 138. En más del 90 por ciento de los casos, los responsables no han sido puestos a disposición judicial. Aunque en los últimos años se ha reducido el número de homicidios de sindicalistas, Amnistía Internacional considera que la crisis de derechos humanos a que se enfrentan las personas que desarrollan actividades sindicales sigue siendo grave. Las autoridades colombianas han tomado algunas medidas para mejorar su seguridad; no obstante, es preciso emprender acciones más decisivas para garantizar que se respeta el derecho a la libertad sindical en la legislación y en la práctica.
A pesar de la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares respaldados por el ejército, paramilitares aparentemente desmovilizados continúan matando y amenazando a sindicalistas. Las fuerzas de seguridad también han sido responsables directamente de homicidios de sindicalistas, así como de instigar procesos penales arbitrarios contra sindicalistas. Amnistía Internacional considera que sigue aplicándose una estrategia militar-paramilitar coordinada, que tiene por objeto menoscabar el trabajo de estas personas, tanto por medio de su eliminación física, como intentando desacreditar la legitimidad de las actividades sindicales. La guerrilla también ha sido responsable de homicidios de sindicalistas.
Amnistía Internacional considera que la comunidad internacional tiene una importante función que desempeñar en los esfuerzos por garantizar el derecho a la libertad sindical en Colombia. El hecho de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) decidiera en 2006 establecer una presencia permanente en Colombia a fin de mantener bajo observación el derecho a la libertad sindical constituye una excelente oportunidad para que la comunidad internacional vigile atentamente la crisis de derechos humanos a que se enfrentan las personas que desarrollan actividades sindicales y pida a las autoridades colombianas que tomen medidas decisivas para garantizar su seguridad.
Con Hambre no hay democracia
Alejandro Angulo Novoa, S. J.(*).
Me deja pensativo el escuchar a colegas que esperaban no sólo mayor votación verde, sino también menos votos del uribismo en las elecciones presidenciales del 30 de mayo de 2010.
Creyeron tal vez en las encuestas, en las que yo también creo, sin advertir acaso que en esta ocasión se trataba de una situación anómala. Parece que olvidaron los índices de popularidad del Presidente-candidato. Y olvidaron que del dicho al hecho hay mucho trecho y más con paramilitar en el techo. Ningún científico social que conozca algo de Colombia puede creer que las muestras nacionales de intención de voto puedan llegar a dar un resultado favorable a la ética de la legitimidad contra la costumbre secular del atajo moral y físico. Ahí hubo algo que todavía nos deben explicar los estadísticos y que vulgarmente podría llamarse “el problema de las muestras”, para no terminar pidiendo, como algunas gentes del “establecimiento”, mayor control a las firmas encuestadoras (reprime que algo queda).
Aunque me interesen las muestras, me interesa mucho más la realidad. Y esa está retratada a la perfección en las cifras. El país que votó, es decir, menos de la mitad de los que tenían derecho a votar, es 47% uribista, es decir, clientelista y ferviente partidario del atajo. Esto, desde luego, en todos los estratos sociales y en todos los campos del diario quehacer. Lo cual no quiere decir que la otra mitad no lo sea, sólo que no lo sabemos por estos datos. En cambio sí verificamos que la creencia en la legalidad es un fenómeno raro: tan sólo los poco más de 3 millones que votaron por Mockus, o, sea, menos de la quinta parte de los que votaron, creen que las palancas, el soborno, la extorsión, las amenazas, la indebida apropiación de lo ajeno, la evasión de impuestos, el falso testimonio, el fraude, la coacción y aun el homicidio, sean delitos. Si acaso son simples ‘pecadillos’ que acreditan a “los listos” y los diferencian de “los mensos”.
Creyeron tal vez en las encuestas, en las que yo también creo, sin advertir acaso que en esta ocasión se trataba de una situación anómala. Parece que olvidaron los índices de popularidad del Presidente-candidato. Y olvidaron que del dicho al hecho hay mucho trecho y más con paramilitar en el techo. Ningún científico social que conozca algo de Colombia puede creer que las muestras nacionales de intención de voto puedan llegar a dar un resultado favorable a la ética de la legitimidad contra la costumbre secular del atajo moral y físico. Ahí hubo algo que todavía nos deben explicar los estadísticos y que vulgarmente podría llamarse “el problema de las muestras”, para no terminar pidiendo, como algunas gentes del “establecimiento”, mayor control a las firmas encuestadoras (reprime que algo queda).
Aunque me interesen las muestras, me interesa mucho más la realidad. Y esa está retratada a la perfección en las cifras. El país que votó, es decir, menos de la mitad de los que tenían derecho a votar, es 47% uribista, es decir, clientelista y ferviente partidario del atajo. Esto, desde luego, en todos los estratos sociales y en todos los campos del diario quehacer. Lo cual no quiere decir que la otra mitad no lo sea, sólo que no lo sabemos por estos datos. En cambio sí verificamos que la creencia en la legalidad es un fenómeno raro: tan sólo los poco más de 3 millones que votaron por Mockus, o, sea, menos de la quinta parte de los que votaron, creen que las palancas, el soborno, la extorsión, las amenazas, la indebida apropiación de lo ajeno, la evasión de impuestos, el falso testimonio, el fraude, la coacción y aun el homicidio, sean delitos. Si acaso son simples ‘pecadillos’ que acreditan a “los listos” y los diferencian de “los mensos”.
Sin embargo, no todo es un problema cultural. Dado que estas elecciones eran un resultado no deseado por el Gobierno de turno, éste se había preparado durante los ocho largos años de su régimen para esta eventualidad. Un ejemplo: en un lugar de Cundinamarca de cuyo nombre no quiero acordarme, un hidalgo uribista de los que manejan Familias en Acción y Familias Guardabosques advirtió a sus inscritos que la votación del domingo se realizaría en forma unánime por J. M. Santos, si querían seguir usufructuando eso que un incisivo columnista llamó “la mendicidad institucionalizada”. Con un solo inscrito que desacatara la consigna santista bastaría para que todas las familias salieran de la acción y los guardabosques salieran de sus bosques.
Este tipo de ‘artilugios políticos’ ha sido el nervio de la política colombiana desde 1810. Y este artilugio se llama el control del hambre y fue descubierto desde la antigüedad, cuando se llamaba esclavitud, pero se sigue usando ahora y se llama asistencia humanitaria. En ambos casos era y es el sustituto de un salario digno y en ambos casos era y es el contentillo que se arroja a los despojados por la guerra para que no mueran de hambre, pero que tampoco tengan fuerzas para protestar.
La ética y la legalidad son bienes intangibles y deseables. La desnutrición, la falta de techo y la imposibilidad de conseguir un empleo son males tangibles e insoportables. Evitar ese mal insoportable es una necesidad que prima sobre el anhelo de rectitud. Aquí está el secreto del poder. Cualquier informe de las Naciones Unidas, o, sin ir más lejos, del DANE, muestra que los niveles en los que se mantienen dichos males en nuestra patria, afectan a porciones enormes de la población colombiana: 7 millones de trabajadores informales son toda la población del distrito capital, de los cuales la mayoría no tienen más que desempleo disfrazado. De forma análoga, 3 millones de desempleados, son casi toda la población de Medellín en la tremenda situación del rebusque, en el cual todo vale, porque se trata de situaciones desesperadas.
La ética y la legalidad son bienes intangibles y deseables. La desnutrición, la falta de techo y la imposibilidad de conseguir un empleo son males tangibles e insoportables. Evitar ese mal insoportable es una necesidad que prima sobre el anhelo de rectitud. Aquí está el secreto del poder. Cualquier informe de las Naciones Unidas, o, sin ir más lejos, del DANE, muestra que los niveles en los que se mantienen dichos males en nuestra patria, afectan a porciones enormes de la población colombiana: 7 millones de trabajadores informales son toda la población del distrito capital, de los cuales la mayoría no tienen más que desempleo disfrazado. De forma análoga, 3 millones de desempleados, son casi toda la población de Medellín en la tremenda situación del rebusque, en el cual todo vale, porque se trata de situaciones desesperadas.
Los analistas políticos deberían mirar más allá de los porcentajes electorales y de sus tinturas políticas, para poder comprender que la democracia es incompatible con el hambre. Las elecciones de los pueblos hambrientos, y Colombia es uno de ellos, no pueden ser un indicador de democracia (del pueblo, por el pueblo y para el pueblo). Por el contrario, esos ritos políticos entre nosotros sólo revelan las verdaderas dimensiones de la plutocracia (los que comen), de la aristocracia (los que mandan) y de la ‘indiosincracia’ (los que no cuentan). Esta última grada de la ciudadanía de papel es la explicación profunda del abstencionismo: si yo no cuento, tampoco voy a que me cuenten. Es una reacción natural, aunque sea miope. En el caso colombiano no sólo es miopía, también es desilusión, confirmada por el hecho de que cuando se atisba un modo distinto de enfocar la política, comprobado o no, los creyentes son tres millones entre cuarenta y cinco: siete de cada cien. Una catástrofe para los pesimistas y una esperanza para los optimistas. En cualquier caso, el camino verde tiene derecho a tantos años de ensayo y error para ganar unas elecciones, como los han tenido los clientelistas para montar su negocio.
(*)Alejandro Angulo Novoa S.J es director del Banco de Datos del CINEP/PPP
(Fuentes:Prensa Latina, CUT, Amnistia Internacional y CINEP)
(*)Alejandro Angulo Novoa S.J es director del Banco de Datos del CINEP/PPP
(Fuentes:Prensa Latina, CUT, Amnistia Internacional y CINEP)
