6.7.10

Colombia:Terrorismo de Estado

LAS VÍCTIMAS PREPARAN UNA MOVILIZACIÓN INTERNACIONAL EN 'LA MACARENA', ANTE LA MAYOR FOSA COMÚN DE LATINOAMÉRICA, CON MÁS DE 2.000 CADÁVERES DEPOSITADOS POR EL EJÉRCITO BAJO EL MANDO DEL PRESIDENTE URIBE Y SU MINISTRO DE DEFENSA J.M.SANTOS


A comienzos de 2010 fue dado a conocer. La mayor fosa común de toda Larinoamérica había sido hallada en La Macarena, una pequeña población del departamento colombiano del Meta. En abril, la Procuraduría General de Colombia certificó la existencia de la fosa común con cerca de dos mil cuerpos humanos sin identificar, situada en un área del cementerio católico del remoto municipio y advirtió la necesidad de buscar ayuda internacional para estudiarla. El 22 de julio va a celebrarse allí una movilización internacional que busca contribuir a lo que familiares de las víctimas y comunidades requieren: Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Porque allí, sigue la impunidad y los crímenes de Estado.

Las comunidades y la Comisión de Seguimiento a los Derechos Humanos del sector del Bajo Ariari y el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, organizaciones defensoras de Derechos Humanos que trabajan en los municipios de Vista Hermosa, Puerto Rico, Puerto Lleras, Macarena, San José del Guaviare y Uribe, convocan para este 22 de julio a una audiencia pública contra la crisis humanitaria en la región de Los Llanos Orientales de Colombia.

El Colectivo Sociojurídico ORLANDO FALS BORDA ha podido constatar , que en el cementerio de la Macarena se encuentran aproximadamente 2.000 cadáveres , según lo informado por la Unidad de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General, que han sido reportados como “Guerrilleros dados de baja en combate” desde el 2002 hasta el 2009. El Colectivo sospecha que esta fosa daría respuesta a las múltiples denuncias de desaparición forzosa presentadas por los Comités Regionales de Derechos Humanos.

Comparable al holocausto nazi

La Macarena está 200 kilómetros al sur de Bogotá, una de las zonas más calientes del conflicto colombiano. Los cadáveres "NN", han sido enterrados sin identificar, por el Ejército, cuyas fuerzas de élite están desplegadas en los alrededores. Depositados detrás del cementerio local cunos 2.000 cadáveres con la orden de que fueran inhumados sin nombre.

Se trata del mayor enterramiento de víctimas de un conflicto de que se tenga noticia en el continente. Habría que trasladarse al Holocausto nazi o a la barbarie de Pol Pot en Camboya, para encontrar algo de esta dimensión.

El jurista Jairo Ramírez es el secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia y acompañó a una delegación de parlamentarios ingleses al lugar , cuando empezó a descubrirse la magnitud de la fosa de La Macarena. "Lo que vimos fue escalofriante", declaró a Público. "Infinidad de cuerpos, y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la inscripción NN y con fechas desde 2005 hasta hoy".

Ramírez agrega: "El comandante del Ejército nos dijo que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la región nos habla de multitud de líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro".

Preparación de la audiencia


Con la audiencia pública convocada para el 22 de julio se pretende dar a conocer el agudo conflicto social, político y armado que persiste en esta región, que las comunidades del Bajo Ariari han tenido que padecer los más horrorosos crímenes de las últimas décadas en esta región. Desde la aplicación del llamado Plan Colombia hace ya 9 años, se ha venido evidenciando una masiva, sistemática y persistente persecución contra estas comunidades y sus líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos. El Colectivo denuncia "ejecuciones extrajudiciales, continuos atropellos por parte de miembros de la fuerza publica, la reorganización de las estructuras paramilitares y el abandono estatal, expresado en la baja inversión social hacia estas comunidades, como se ha podido constatar en las distintas Misiones Humanitarias y de acompañamiento, a la región del Bajo Ariari"

La audiencia pública busca visibilizar a nivel nacional e internacional la grave situación humanitaria que viven los campesinos y campesinas, a partir de la ejecución de los distintos planes de recuperación del territorio por parte del gobierno, tales como Plan Colombia, Plan Patriota, Plan Victoria y en la actualidad Plan de Consolidación Integral de la Macarena –PCIM- todos dentro del marco de la llamada “
política de seguridad democrática”.

A su vez busca denunciar la responsabilidad del Estado frente a los cuerpos que están ubicados en la fosa común de La Macarena, enterrados como guerrilleros dados de baja en combate y donde posiblemente se encuentren víctimas de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales. También busca dotar de medidas de protección a los defensores de derechos humanos de la zona.

Para ello van a solicitar a las Naciones Unidas el seguimiento a todo el proceso de denuncia que las organizaciones de la región están realizando.

A la Audiencia Pública se invitará a los campesinos y campesinas y a las victimas de la región, las instituciones civiles del Estado, organizaciones sociales colombianas, Naciones Unidas, Unión Europea, agencias de cooperación, embajadas y plataformas colombianas.

La propuesta es desarrollar la audiencia en el formato de las audiencias que ha desarrollado la senadora Gloria Inés Ramírez, impulsada desde la Comisión de Paz del Senado de la Republica y la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, la cual tendría varias ventajas: Se transmitirá por el canal de TV. del congreso, la audiencia esta acompañada por el sistema de Naciones UnNegritaidas, generando una cadena de protección a todos los asistentes a la misma. Se le hará seguimiento a todas las denuncias presentadas en la audiencia, desde la Comisión de Paz del Senado bajo la responsabilidad de la Senadora de Gloria Inés Ramírez.

Más de mil fosas en el país


El horror de La Macarena ha puesto de actualidad la existencia de más de mil fosas comunes con cadáveres sin identificar en Colombia. Hasta finales del pasado año, los forenses habían censado unos 2.500 cadáveres, de los que habían logrado identificar a cerca de 600 y entregar los cuerpos a sus familiares.

La localización de estos cementerios clandestinos ha sido posible gracias a las declaraciones en versión libre de los mandos medios presuntamente desmovilizados del paramilitarismo y acogidos a la controvertida Ley de Justicia y Paz que les garantiza una pena simbólica a cambio de la confesión de sus crímenes.

Entre estas declaraciones, la de John Jairo Rentería, alias Betún, quien reveló ante el fiscal y los familiares de las víctimas que él y sus secuaces enterraron "al menos a 800 personas" en la finca Villa Sandra, en Puerto Asís, región del Putumayo. "Había que desmembrar a la gente. Todos en las Autodefensas tenían que aprender eso y muchas veces se hizo con gente viva", ha confesado el jefe paramilitar a la fiscal.


"El Gobierno no quiere investigar"
Alfredo Molano. Sociólogo y escritor

Alfredo Molano, uno de los columnistás influyentes de Colombia, ha recorrido el país como cronista de la violencia, lo que le valió el exilio para escapar de las amenazas de militares y paramilitares.

-¿Cuál es la situación de las fosas en Colombia?
La propia Fiscalía General de la Nación habla de 25.000 “desaparecidos”, que en algún sitio tienen que estar. Hay cementerios clandestinos enormes en Colombia. Hay gente borrada. También es posible que hayan hecho desaparecer muchos restos como en los hornos crematorios del nazismo.

-¿Estas fosas tienen que ver con los llamados ‘“falsos positivos”?
Sí, todo esto puede estar relacionado con los “falsos positivos” [colombianos civiles asesinados a la que se presentaba como “muertos en combate”]. El ejército los enterraba clandestinamente. Buena parte de ellos van a encontrarse en estas fosas comunes.

-¿Cuál puede ser la magnitud de estos hallazgos de fosas?
Terrible. Ni en los años cincuenta hubo en Colombia tanta brutalidad como la que muestran estas acciones de los paramilitares, pero el Gobierno no tiene voluntad de investigar a fondo, y sólo dejará


Gigantesca fosa común en La Macarena
Por: Carlos A. Lozano Guillén(*)


Record Guiness de la “seguridad democrática”

*Una macabra historia en La Macarena (Meta), en tiempos de la guerra uribista y de la creciente violación de los derechos humanos en Colombia

La delegación de sindicalistas y parlamentarios británicos que visitó a Colombia en diciembre del año pasado, organizada por Justicia por Colombia de Londres, quedó perpleja cuando en La Macarena, acompañada de Jairo Ramírez, Secretario Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, fue llevada por campesinos y familiares de víctimas a un cementerio de “ene enes” en el que están sepultados algo más de 2.000 personas, desaparecidas y asesinadas, desde 2004, según reza en las placas de madera de color blanco. “Es la fosa común más grande de que se tenga noticia en el último tiempo”, dijo uno de los británicos, asombrado y consternado. En Europa, un miembro de la delegación, sin olvidar el horrible espectáculo, dijo que desde la Segunda Guerra Mundial, durante el holocausto perpetrado por los nazis, no se tenía noticia de algo igual o parecido.

En Londres, al regreso de Colombia, donde confirmaron la violación de los derechos humanos y la enorme responsabilidad gubernamental en ella, la delegación británica en una enérgica declaración advirtió del horrible holocausto. Las fosas comunes están detrás del cementerio de La Macarena, casi que clandestinas y ninguna autoridad nacional, departamental o municipal, reconoció a lo largo de los últimos cinco años, su macabra existencia y el drama de miles de familiares que en silencio, exigen que les respondan sobre sus parientes desaparecidos.

La denuncia de los británicos fue replicada por varias ONG en el mundo, aunque en Colombia, como es costumbre, no trascendió, salvo por la publicación de la declaración expedida por la delegación en portales de internet y en este semanario. Las fuentes gubernamentales y militares respondieron desafiantes, como suelen hacerlo, descalificando el informe de la delegación británica, porque “es ideologizado y tendencioso” y de estar manipulada por Justicia por Colombia, organización que ha sido señalada de “hacerle el juego a los terroristas”, espiada y asediada en sus frecuentes viajes al país por el DAS y otros organismos de inteligencia del Estado.

Las absurdas explicaciones oficiales

Pero con toda tranquilidad, el Ministerio de Defensa dijo que en las fosas comunes están los restos de las víctimas de la guerrilla, durante la zona de distensión del Caguán. Explicación desmentida con facilidad, porque en las tumbas, como ya se anotó, hay letreros en madera en donde aparecen las fechas desde 2004, cuando ya no había zona de despeje y la región estaba ocupada por la Fuerza Omega, que adelanta el Plan Patriota y la lucha contrainsurgente. Aunque el comandante de la base militar en La Macarena dijo, cuando fue preguntado por los británicos, que “son guerrilleros dados de baja en combate por el Ejército”, versión poco creíble, porque “la gente de la región nos habló de multitud de líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro”, dijo Jairo Ramírez.

Según la declaración de uno de los sepultureros de La Macarena, “los cadáveres son traídos en helicópteros del Ejército y dejados en el cementerio; no tenemos más remedio que sepultarlos en las fosas como N.N.”.

Se pierde toda capacidad de asombro con este cuadro estremecedor, cuando se creía que en Colombia se había llegado al límite del horror con la confesión de los paramilitares en las audiencias de Justicia y Paz, en las que reconocen la existencia de fosas comunes con varios cientos de cadáveres de sus víctimas. “Esto ya es la tapa, es una especie de record guinnes macabro” le dijo a este semanario el vocero de una ONG humanitaria colombiana.

La existencia de la enorme fosa común en La Macarena, de los cual no se han ocupado los medios de comunicación, dedicados a cultivar la expectativa y en el juego de las adivinanzas sobre lo que va a pasar con el referendo reeleccionista, así como a la estúpida campaña contra Chávez y la Revolución Bolivariana, vuelve a cuento a raíz del informe de Human Rights Watch, divulgado la semana pasada y que levantó espinas en el gobierno colombiano como siempre. También por la visita de una delegación parlamentaria del Estado español, que estuvo en los últimos días en Colombia y reconoció la gravedad de la situación en derechos humanos.

Según lo han dicho fuentes judiciales y de los organismos de control, después de marzo se iniciará la investigación sobre estas fosas comunes de La Macarena. Aunque en realidad todo el territorio colombiano está lleno de fosas comunes de la barbarie de los paramilitares, dedicados a desaparecer y asesinar campesinos y dirigentes populares, acusados de colaborar con la guerrilla. Es parte del holocausto colombiano, aún sin aclarar y sin final, perpetrado por una fuerza irregular promovida por el Estado y auspiciada por dirigentes políticos y empresariales “parapolíticos”, que aún todavía defienden el accionar de estos grupos, porque “fue la reacción a los crímenes de la guerrilla”, según la versión oficial en los tiempos de la “seguridad democrática”. En las palabras del coronel Plazas Vega ante la masacre del Palacio de Justicia, ¡están defendiendo la democracia, maestro!

(*) Carlos Lozano
es un abogado, periodista y politólogo, director del semanario 'Voz', órgano del PCColombiano.

(Fuentes:Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, AFP, Público.es, Página12 y carloslozanoguillen1.blogspot.com)

1.7.10

México:

LA RAÍZ DEL CRIMEN ORGANIZADO
Por Marco Rascón (*)


El crimen no se organizó por él mismo, ya venía organizado. Su estructura se origina en las policías y fuerzas de seguridad del Estado mexicano. Por eso la guerra es cruenta y se extiende a todos los niveles del Estado y la sociedad.

A lo largo de los últimos 30 años, bajo el manto de la corrupción, la impunidad, la aplicación política y discrecional de la justicia, convirtió a cada policía y cada organismo de seguridad pública en un delincuente en ejercicio. A voluntad o no, cada policía mexicano, cada funcionario ministerial, para sobrevivir como tal, tiene que violar la ley y sujetarse a los códigos del fuero especial otorgado por el poder.

Segregar a las policías de la sociedad y utilizarlas bajo una filosofía de represión política y social condujo a la corrupción. La clase política durante décadas, y claramente después de 1968 y 1971, encontró en la corrupción el filón de oro y se abasteció de ella. Se usaron la ley, los reglamentos, las regulaciones, para la extorsión y ésta se hizo estructural.

De los sótanos y separos del Servicio Secreto, de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), de la Brigada Blanca, de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), del Batallón de Radio Patrullas del Estado de México (Barapem), de las policías judiciales y rurales en los estados, de sus secretarías de seguridad pública, procuradurías, Gobernación, ministerios públicos, direcciones de reclusorios, nacieron el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Agencia Federal de Investigación (AFI), la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO), y posteriormente SIEDO, las fiscalías especializadas como la FEADS y la Policía Federal Preventiva (PFP), hasta llegar a la estructura del Ejército Mexicano utilizado como policía.



Los últimos 30 años del régimen priísta incubaron el huevo de la serpiente y los participantes en la guerra sucia, utilizando sistemáticamente la tortura, el secuestro y la desaparición, formaron y prepararon a cientos de policías en el crimen y los enriquecieron. La forma de cobrar al régimen sus servicios es la impunidad, que los transforma en socios y protectores de narcotraficantes, robadores de coches y secuestradores. Desde Arturo Durazo, hasta Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, cientos de policías son parte de ambos lados. Al paso del tiempo, los policías, se dan cuenta de que la represión a opositores, activistas sindicales, estudiantiles, de movimientos urbanos o comunistas, le da estabilidad al régimen, pero no es negocio.

Gracias a la impunidad y a falta de subversiones fabricadas que reprimir, la maquinaria se aceitó con el secuestro y la extorsión de pequeños y grandes empresarios. La inseguridad creada por bandas de policías y ex policías, se hizo negocio.

Ya para los 1990 la industria del secuestro contaminó todo el aparato judicial desde lo federal, en estados y municipios. La compra de patrullas, armamentos, equipos de comunicación son ganancias de su propio terror; ministerios públicos, procuradores y gobernadores funcionan como parte del crimen organizado. Las reformas de los años 90 sólo dieron más poder e impunidad a las policías corrompidas y sin control. La legalización de intervenciones telefónicas, el permiso para catear y los llamados testigos protegidos, al poco tiempo, fueron instrumento en la disputa por la rentabilidad del crimen. Los nuevos policías cazaban a los anteriores; la espiral de las venganzas se hizo infinita y por eso en esa guerra no hay frente, retaguardia ni confianza: en esa guerra las policías no son un ejército contra otro, sino una lucha entre ellas mismas y sus criaturas adultas.

Cuando los secuestros se acercaron a los círculos del poder y hubo presión de victimas con influencia, había ya más de 2 mil bandas de secuestradores en el país conectados o surgidos de las policías. Una primera reacción, para limpiar fue poner en el mando a militares y marinos como jefes policiales. Al poco tiempo, todos estaban contaminados.

La llegada de la alternancia generó desarticulación y en cada estado la impunidad policial abonó en el crecimiento del crimen. Para complementar, ya desde mediados de los 90, Estados Unidos dejó de pagar en dólares y empezó a pagar con droga, y México pasó de ser un país de tránsito a uno de consumidores. Surgió el gran negocio del narcomenudeo y las tienditas en los barrios, los bares, escuelas, llega a todos los sectores sociales. El nuevo negocio, fomentó la guerra por los presupuestos, las bandas y los territorios.

La negativa desde el viejo régimen priísta a independizar el Poder Judicial y la desarticulación durante el panismo acrecentó la guerra dentro y fuera de las policías, creando el paramilitarismo y las ejecuciones masivas. Hoy al aplicar fuerza sin estrategia contra el fenómeno se revela la descomposición del Estado mexicano en todos sus niveles e instituciones. De ahí surge la percepción pública que ve igualmente peligrosos a fuerzas de seguridad y criminales, pues tienen la misma raíz.
(*)Marco Rascón es un analista político mexicano que escribe regularmente en el diario La Jornada, donde fue publicado este artículo el pasado 15 de junio.

18.6.10

Colombia:Genocidio sindical

ASESINADOS 31 SINDICALISTAS EN LO QUE VA DE AÑO. EL GOBIERNO DE URIBE, A PUNTO DE PERPETUARSE A TRAVÉS DE SU DELFÍN SANTOS, TRATA DE REBAJAR EL NIVEL DEL HOLOCAUSTO


A 31 asciende la cifra de los sindicalistas asesinados en Colombia en lo corrido de año, una práctica que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) calificó de sistemática en contraste con los argumentos esgrimidos por el gobierno.

Según la denuncia de la CUT, el asesinato más reciente tuvo lugar este jueves cuando Nelson Camacho, trabajador de mantenimiento de la refinería ECOPETROL y afiliado a la Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo (USO), fue ultimado por sicarios.

El asesinato de Camacho ocurrió cuando éste esperaba el autobús para ir al trabajo y los sicarios, que se movilizaban en una moto, le acertaron varios impactos de bala, que acabaron con su vida. Este crimen, advirtió la CUT, es la continuidad sistemática de una serie de atentados y amenazas contra dirigentes y trabajadores afiliados al sindicato y que se da en un contexto de conflictos colectivos que adelanta el gremio con la multinacional British Petroleum, ECOPETROL y TGI en los departamentos de Boyacá y Casanare y la anormalidad laboral determinada en petrolera estatal colombiana.

La CUT solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes la investigación exhaustiva del asesinato de Camacho, a fin de determinar sus autores materiales e intelectuales.

A su vez, exigió al gobierno nacional y a ECOPETROL acatar a plenitud las medidas cautelares proferidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de esta organización y que en consecuencia se den las garantías plenas para el libre ejercicio de la actividad sindical.

Comunicado de la CUT


La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT, lamenta el asesinato del compañero Nelson Camacho Gonzalez, Trabajador de Mantenimiento de la Refinería Ecopetrol y afiliado a la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo – USO.

Los hechos ocurrieron el día de hoy, jueves 17 de junio de 2010, aproximadamente a las 5:30 a.m., mientras Nelson esperaba el bus que lo llevaría a su sitio de trabajo; sicarios que se movilizaban en una moto le propinaron varios impactos de bala, los cuales acabaron con su vida.

Este luctuoso hecho es la continuidad sistemática de una serie de atentados y amenazas contra dirigentes y trabajadores afiliados al sindicato que se dan en el marco de conflictos colectivos que adelanta el sindicato con la Multinacional British Petroleum en Casanare, Ecopetrol-UT poliducto Andino y TGI en los departamentos de Boyacá y Casanare y la anormalidad laboral determinada en Ecopetrol.

En lo corrido del año 2010 van 31 homicidios contra la población sindicalizada en Colombia, siete de ellos contra dirigentes sindicales, además han ocurrido cuatro atentados, y 56 amenazas provenientes principalmente de grupos paramilitares.

Esta realidad contrasta con los mentirosos argumentos del gobierno y de los empresarios de Colombia en el seno de la reciente conferencia de la OIT, que condujo a que este organismo excluyera a Colombia de la lista negra de los 25 países que violan las libertades sindicales en el mundo.

Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes la investigación exhaustiva de este execrable crimen que conduzca a determinar sus autores materiales e intelectuales.

Exigimos al gobierno nacional y a Ecopetrol S.A. el acatamiento a plenitud de las medidas cautelares proferidas por la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) a favor de esta organización y que en consecuencia se den las garantías plenas para el libre ejercicio de la actividad sindical.

Tarsicio Mora Godoy Domingo Tovar Arrieta (Presidente Secretario General )
Luis Alberto Vanegas Z. (Director Dpto. Derechos Humanos y Solidaridad)


Informe de Amnistía Internacional 2007 (Resumen)
Sindicalismo en Colombia. Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte
En los últimos dos decenios, en Colombia han muerto por homicidio más de 2.000 sindicalistas y han sido sometidos a desaparición forzada más de 138. En más del 90 por ciento de los casos, los responsables no han sido puestos a disposición judicial. Aunque en los últimos años se ha reducido el número de homicidios de sindicalistas, Amnistía Internacional considera que la crisis de derechos humanos a que se enfrentan las personas que desarrollan actividades sindicales sigue siendo grave. Las autoridades colombianas han tomado algunas medidas para mejorar su seguridad; no obstante, es preciso emprender acciones más decisivas para garantizar que se respeta el derecho a la libertad sindical en la legislación y en la práctica.

A pesar de la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares respaldados por el ejército, paramilitares aparentemente desmovilizados continúan matando y amenazando a sindicalistas. Las fuerzas de seguridad también han sido responsables directamente de homicidios de sindicalistas, así como de instigar procesos penales arbitrarios contra sindicalistas. Amnistía Internacional considera que sigue aplicándose una estrategia militar-paramilitar coordinada, que tiene por objeto menoscabar el trabajo de estas personas, tanto por medio de su eliminación física, como intentando desacreditar la legitimidad de las actividades sindicales. La guerrilla también ha sido responsable de homicidios de sindicalistas.

Amnistía Internacional considera que la comunidad internacional tiene una importante función que desempeñar en los esfuerzos por garantizar el derecho a la libertad sindical en Colombia. El hecho de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) decidiera en 2006 establecer una presencia permanente en Colombia a fin de mantener bajo observación el derecho a la libertad sindical constituye una excelente oportunidad para que la comunidad internacional vigile atentamente la crisis de derechos humanos a que se enfrentan las personas que desarrollan actividades sindicales y pida a las autoridades colombianas que tomen medidas decisivas para garantizar su seguridad.


Con Hambre no hay democracia
Alejandro Angulo Novoa, S. J.(*).


Me deja pensativo el escuchar a colegas que esperaban no sólo mayor votación verde, sino también menos votos del uribismo en las elecciones presidenciales del 30 de mayo de 2010.

Creyeron tal vez en las encuestas, en las que yo también creo, sin advertir acaso que en esta ocasión se trataba de una situación anómala. Parece que olvidaron los índices de popularidad del Presidente-candidato. Y olvidaron que del dicho al hecho hay mucho trecho y más con paramilitar en el techo. Ningún científico social que conozca algo de Colombia puede creer que las muestras nacionales de intención de voto puedan llegar a dar un resultado favorable a la ética de la legitimidad contra la costumbre secular del atajo moral y físico. Ahí hubo algo que todavía nos deben explicar los estadísticos y que vulgarmente podría llamarse “el problema de las muestras”, para no terminar pidiendo, como algunas gentes del “establecimiento”, mayor control a las firmas encuestadoras (reprime que algo queda).

Aunque me interesen las muestras, me interesa mucho más la realidad. Y esa está retratada a la perfección en las cifras. El país que votó, es decir, menos de la mitad de los que tenían derecho a votar, es 47% uribista, es decir, clientelista y ferviente partidario del atajo. Esto, desde luego, en todos los estratos sociales y en todos los campos del diario quehacer. Lo cual no quiere decir que la otra mitad no lo sea, sólo que no lo sabemos por estos datos. En cambio sí verificamos que la creencia en la legalidad es un fenómeno raro: tan sólo los poco más de 3 millones que votaron por Mockus, o, sea, menos de la quinta parte de los que votaron, creen que las palancas, el soborno, la extorsión, las amenazas, la indebida apropiación de lo ajeno, la evasión de impuestos, el falso testimonio, el fraude, la coacción y aun el homicidio, sean delitos. Si acaso son simples ‘pecadillos’ que acreditan a “los listos” y los diferencian de “los mensos”.

Sin embargo, no todo es un problema cultural. Dado que estas elecciones eran un resultado no deseado por el Gobierno de turno, éste se había preparado durante los ocho largos años de su régimen para esta eventualidad. Un ejemplo: en un lugar de Cundinamarca de cuyo nombre no quiero acordarme, un hidalgo uribista de los que manejan Familias en Acción y Familias Guardabosques advirtió a sus inscritos que la votación del domingo se realizaría en forma unánime por J. M. Santos, si querían seguir usufructuando eso que un incisivo columnista llamó “la mendicidad institucionalizada”. Con un solo inscrito que desacatara la consigna santista bastaría para que todas las familias salieran de la acción y los guardabosques salieran de sus bosques.
Este tipo de ‘artilugios políticos’ ha sido el nervio de la política colombiana desde 1810. Y este artilugio se llama el control del hambre y fue descubierto desde la antigüedad, cuando se llamaba esclavitud, pero se sigue usando ahora y se llama asistencia humanitaria. En ambos casos era y es el sustituto de un salario digno y en ambos casos era y es el contentillo que se arroja a los despojados por la guerra para que no mueran de hambre, pero que tampoco tengan fuerzas para protestar.

La ética y la legalidad son bienes intangibles y deseables. La desnutrición, la falta de techo y la imposibilidad de conseguir un empleo son males tangibles e insoportables. Evitar ese mal insoportable es una necesidad que prima sobre el anhelo de rectitud. Aquí está el secreto del poder. Cualquier informe de las Naciones Unidas, o, sin ir más lejos, del DANE, muestra que los niveles en los que se mantienen dichos males en nuestra patria, afectan a porciones enormes de la población colombiana: 7 millones de trabajadores informales son toda la población del distrito capital, de los cuales la mayoría no tienen más que desempleo disfrazado. De forma análoga, 3 millones de desempleados, son casi toda la población de Medellín en la tremenda situación del rebusque, en el cual todo vale, porque se trata de situaciones desesperadas.

Los analistas políticos deberían mirar más allá de los porcentajes electorales y de sus tinturas políticas, para poder comprender que la democracia es incompatible con el hambre. Las elecciones de los pueblos hambrientos, y Colombia es uno de ellos, no pueden ser un indicador de democracia (del pueblo, por el pueblo y para el pueblo). Por el contrario, esos ritos políticos entre nosotros sólo revelan las verdaderas dimensiones de la plutocracia (los que comen), de la aristocracia (los que mandan) y de la ‘indiosincracia’ (los que no cuentan). Esta última grada de la ciudadanía de papel es la explicación profunda del abstencionismo: si yo no cuento, tampoco voy a que me cuenten. Es una reacción natural, aunque sea miope. En el caso colombiano no sólo es miopía, también es desilusión, confirmada por el hecho de que cuando se atisba un modo distinto de enfocar la política, comprobado o no, los creyentes son tres millones entre cuarenta y cinco: siete de cada cien. Una catástrofe para los pesimistas y una esperanza para los optimistas. En cualquier caso, el camino verde tiene derecho a tantos años de ensayo y error para ganar unas elecciones, como los han tenido los clientelistas para montar su negocio.

(*)Alejandro Angulo Novoa S.J
es director del Banco de Datos del CINEP/PPP

(Fuentes:Prensa Latina, CUT, Amnistia Internacional y CINEP)

16.6.10

Honduras:Los golpes de la 'democracia'

ASESINAN UN EX ALTO CARGO DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE ZELAYA Y A OTRO PERIODISTA, EL NOVENO EN LO QUE VA DE AÑO

El político liberal hondureño Roland Valenzuela, ex funcionario del Gobierno del derrocado Manuel Zelaya, ha sido asesinado en el bar de un hotel de la localidad de San Pedro Sula en medio de una fuerte discusión con un supuesto empresario, según la informado la Policía Nacional.


Valenzuela, quien fue gerente del Programa Nacional de Desarrollo Sostenible (Pronaders), murió de un disparo en la cabeza propinado por un hombre que ha sido identificado por la Fiscalía como Carlos Yacamán, con quien tuvo una «acalorada» discusión en los aseos. Tras la agresión el ex ministro fue trasladado a un hospital donde llegó sin signos vitales. El fiscal de turno, Marco Cartagena, no ha querido desvelar más detalles a la prensa a la espera de analizar las imágenes de las cámaras de seguridad del bar. El informe de Medicina Forense indica que la bala entró por la parte posterior del cuello y salió por la nariz, provocando al ex funcionario una muerte casi inmediata.


Valenzuela era considerado una persona cercana a Zelaya. Después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, pasó a formar parte del Frente Nacional de Resistencia que exige el retorno a Honduras del mandatario derrocado y se opone al Gobierno «de facto» de Roberto Micheletti, así como a las elecciones generales de noviembre en las que resultó electo Porfirio Lobo como nuevo presidente de Honduras


Nueve periodistas asesinados este año


Un periodista hondureño, el noveno en lo que va de 2010, fue asesinado la noche del lunes por desconocidos que le dispararon desde un vehículo en marcha en la ciudad de El Paraíso, según informaron familiares y autoridades a medios locales.

Luis Arturo Mondragón, que trabajaba como director de noticias del Canal 19 del cable local, fue abatido hacia las diez de la noche, cuando estaba sentado con uno de sus hijos en la acera de su casa minutos después de salir de su programa, según los informes.

Mondragón había sido amenazado por criticar a funcionarios locales y diputados por actos de corrupción.

Las autoridades forenses no habían llegado a practicar el reconocimiento del cuerpo que estaba aún en la acerca hacia la medianoche del lunes.

El asesinato de periodistas en Honduras es un fenómeno en alza desde que las Fuerzas Armadas y la oligarquía del país llevaron a cabo un Golpe de Estado el pasado 29 de junio de 2009, para sacar de la presidencia al Presidente democráticamente electo, Manuel Zelaya Rosales.

Tras ese suceso, se inició el cierre de medios de comunicación y la persecución de periodistas que se posicionaron abiertamente contra los golpistas.

En el mes de noviembre pasado, en un contexto dictatorial y sin garantías democráticas, se celebraron unas elecciones generales en las que salió electo Porfirio Lobo, quien preside actualmente el país.

El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado denunció que los comicios fueron un intento de lavado de cara de la Dictadura para legitimarse en el poder.

En lo que va de 2010 ya son nueve los periodistas asesinados en Honduras., un hecho alarmante y denunciado por distintas organizaciones pro-derechos humanos.

Los otros periodistas hondureños asesinados durante al año son Georgino Orellana (el 20 de abril), Luís Chévez Hernández (11 de abril), Bayardo Mairena y Manuel Juárez (26 de marzo), Nahum Palacios (14 de marzo), David Meza (11 de marzo), Joseph Ochoa (1 de marzo) y Nicolás Asfura (18 de febrero).

(Fuentes:Europa Press, LibreRed.net y AFP )

3.6.10

Colombia:Segunda vuelta presidenciales 2010

MÁS ALLÁ DE LOS NOMBRES.OPCIONES VERDADERAS Y FALSAS EN LAS ELECCIONES COLOMBIANAS(*)


Las elecciones presidenciales del próximo domingo en Colombia son visualizadas como una nueva “consulta uribista”, como un ejercicio de democracia retórica donde no está en juego entre los candidatos “favoritos” según las encuestas ni la continuidad del modelo económico ni la represión de los movimientos de oposición.

Dos décadas atrás, desde el estado colombiano se diezmó algunos intentos de oposición política como lo fueron la Unión Patriótica y posteriormente el M-19 abriendo cauce a la implantación del sistema neoliberal.

Y es así que con el quiebre que significó a nivel global el 11 de septiembre de 2001, aparece en Colombia un político “muy de la línea Bush, muy de la línea Pentágono” como es Álvaro Uribe Vélez, presidente saliente tras fracasar su intento de segunda reelección, reflexiona desde Colombia César Vargas, corresponsal en ese país de Radio Mundo Real.

Uribe acuñó el término de “Seguridad Democrática” como sucedáneo solo terminológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Ésto, sumado a la “confianza inversionista” y a la “cohesión social” representan el trípode donde se sustentó el poder omnímodo del antioqueño.

“Desde el lado de nosotros, seguridad democrática significó y sigue significando persecución a cualquier tipo de disidencia, persecución a cualquier tipo de pensamiento opuesto a ese modelo de gobierno”, explica Vargas.

Y cita como ejemplo el caso de los “falsos positivos” que han recibido condena internacional, así como el asesinato de líderes sindicales, de comunidades campesinas y de desplazados internos como moneda corriente en el país.

En el actual contexto político la oposición se encuentra reunida en torno al denominado Polo Democrático Alternativo, un frente de organizaciones y de partidos políticos de izquierda con importante participación parlamentaria donde se han ventilado graves denuncia de abusos de poder desde el oficialismo.

Su candidato, Gustavo Petro, es el único que se plantea un quiebre con la herencia uribista en el plano represivo y económico.

Sobre el clima que se vive en Colombia en las jornadas previas a las elecciones, César Vargas señala que han sido asesinados tres o cuatro coordinadores de campaña en Barranquilla, al norte, y en Buga, en Valle del Cauca, lo cual aparece como “una notificación de que está definido desde la derecha que el ascenso de una opción de izquierda no la van a permitir”.

El propio Petro ha declarado que su familia no está posibilitada de permanecer en una residencia fija debido a las amenazas de muerte que penden sobre ellos.

“Desde su nacimiento, el Polo Democrático ha sido asociado a la guerrilla de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y por lo tanto es considerado “objetivo militar”.

Finalmente Vargas analiza el posicionamiento de quien fuera dos veces alcalde de la capital colombiana, Antanas Mockus, quien podría competir en segunda vuelta con el oficialista Juan Manuel Santos. “Hoy no se puede decir que Mockus sea oposición a Uribe ni en lo económico ni en su carácter autoritario”.

Como Alcalde, Mockus formó el ESMAD, Escuadrón Móvil Anti Disturbios de la policía, que cuenta con un pesado prontuario en violencia hacia los movimientos sociales.

Mockus también siendo Rector de la Universidad Nacional de Bogotá alteró el sistema tarifario con el sistema de matrículas dejando a vastos sectores populares al margen de acceder a la formación universitaria.

“Existe la creencia que votar por Mockus es votar contra Uribe pero no hay un trabajo de lectura política un poco más en profundidad que demuestre que no es así”, culminó diciendo el corresponsal de Radio Mundo Real desde Cali Colombia.

(*) Artículo distribuido por Radio Mundo Real antes de la primera vuelta. La segunda la disputarán el 20 de junio Enrique Santos y Antanas Mockus

28.5.10

Colombia:Presidenciales 2010

LA ONU DENUNCIA QUE EL 98,5 % DE LOS CRÍMENES DE ESTADO QUEDAN IMPUNES. LOS "FALSOS POSITIVOS" PESAN COMO UNA LOSA EN LA CAMPAÑA ELECTORAL. LAS VÍCTIMAS PIDEN AL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL LA INTERVENCIÓN DEL JUEZ GARZÓN


El relator especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias, Philip Alston, denunció que alrededor del 98.5% de los casos de ejecuciones extrajudiciales quedan impunes en Colombia.
Alston elaboró un informe tras visitar Colombia en junio de 2009. Allí aseguró que "la actual tasa de impunidad en relación con presuntas ejecuciones por parte de las Fuerzas de Seguridad es demasiado alta". Al mismo tiempo, indicó que "a menos que el Gobierno asegure la efectiva investigación y juicio de las ejecuciones cometidas por las fuerzas militares, no podrá superar el escándalo de los falsos positivos".
El funcionario de la ONU afirmó que los "miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país".

El peso de los "Falsos positivos" en la elección presidencial
El candidato presidencial colombiano Antanas Mockus expresó su horror por los llamados "falsos positivos", modalidad de ejecución extrajudicial cometida por miembros de la fuerza pública para obtener premios y días libres en la guerra contrainsurgente de este país sudamericano. Militares de más de 30 batallones atraían a jóvenes mediante engaños, los fusilaban y los disfrazaban de guerrilleros o paramilitares para presentarlos oficialmente como caídos en combate.
Se trata de una "manifestación extrema de la cultura del atajo, de la cultura del todo vale", sentenció Mockus en un encuentro con la prensa extranjera este miércoles.

La práctica se disparó en el gobierno de Álvaro Uribe, en el poder desde 2002, y tuvo su pico mientras el Ministerio de Defensa estuvo en manos del ahora candidato presidencial oficialista Juan Manuel Santos, desde julio de 2006 hasta mayo de 2009.

La Fiscalía General investiga 2.077 homicidios agravados presuntamente cometidos por la fuerza pública. De ellos, identificó 274 falsos positivos en 2006 y 505 en 2007. En 2008, comenzó el descenso, con 156, y en 2009 hubo al menos siete casos con 16 víctimas.

El Banco de Datos del prestigioso Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) tiene documentados 501 casos de ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de falsos positivos, con 1.113 víctimas entre 2001 y 2009, pero advierte que sus investigaciones no cubren todo el país.

Santos es el principal rival de Mockus, según las encuestas, cuyos pronósticos indican que habrá segunda vuelta entre ambos el 20 de junio, pues ninguno alcanzará más de la mitad de los votos necesarios para consagrarse presidente en los comicios de este domingo 30.

"Estoy seguro de que ni el presidente (Uribe), ni el ministro (Santos) son determinadores de los falsos positivos", dijo Mockus. En la calle no tienen una opinión tan diplomática.

El antecesor de Santos en la cartera de Defensa y luego embajador en la Organización de los Estados Americanos, Camilo Ospina, fue quien expidió, en noviembre de 2005, una directiva secreta que ofrecía incentivos para los éxitos militares, recordó Mockus.

El candidato comparó esa directiva con otra, vigente para el ejército de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam, que terminó produciendo la matanza de My Lai, en marzo de 1968, cuando tropas estadounidenses asesinaron al menos a 350 habitantes de esa aldea del sur vietnamita. El candidato, matemático y filósofo, consideró que "lo trágico" es que "sistemas de incentivos enloquecen a los actores".

"¿Se cura la tragedia juzgando a estas dos personas?", inquirió Mockus en referencia a Uribe y Santos. Lo que se puede juzgar es "el eventual nivel de negligencia en detectar y corregir", agregó. "No les veo responsabilidad penal, les veo responsabilidad moral, si se quiere política", puntualizó.

Santos sostiene firmemente que, siendo ministro y junto con el presidente Uribe, "denunciamos el problema; tomamos la decisión que había que tomar, con transparencia frente al país" y definieron en total 15 medidas que "fueron efectivas" para contrarrestarlo.

En noviembre de 2007, Santos expidió una nueva directiva que premiaba las capturas y la desmovilización de combatientes. Si la norma había sido condecorar a los oficiales que menos bajas propias tuvieran, y más del "enemigo", desde entonces pesaron más la disminución del secuestro y del homicidio en la jurisdicción respectiva.

"Las denuncias sobre falsos positivos se redujeron drásticamente desde noviembre de 2008", remarca el candidato Santos en cada ocasión que se le ha planteado el asunto en esta campaña, "más de 100 veces", dice.

Pero fue apenas en octubre de 2008 cuando el gobierno destituyó a 27 oficiales, durante una visita sorpresa a Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay.

Las destituciones "¿fueron una respuesta cuando se dieron cuenta? ¿O cuando se dieron cuenta de que el mundo se había dado cuenta?", planteó Mockus.

La justicia colombiana tendría que fracasar en su intento de esclarecer esos hechos, "para que hubiera competencia del sistema internacional", advirtió.

La impunidad es lo que temen 16 familias de víctimas de falsos positivos en la ciudad de Soacha, pegada al sur de Bogotá. En la última semana fueron excarcelados 39 militares implicados en esos crímenes. Aún están presos 25, incluyendo coroneles y mayores.

La estrategia de la defensa de los militares es dilatar los juicios y obtener la libertad de los implicados por vencimiento de plazos, al tiempo que la justicia militar forcejea por hacerse cargo de los procesos.

Madres y viudas están amenazadas. El hermano de una víctima fue asesinado, igual que un suboficial que denunció una ejecución. Por eso, las Madres de Soacha, como ya se las conoce, dirigieron el lunes 24 una carta a Luis Moreno Ocampo, el fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI).

"En estos dos años han operado una serie de mecanismos de impunidad de hecho, jurídicos, políticos y otros, que han socavado las posibilidades de conocer una verdad real, de que haya justicia y de una reparación integral", señala la carta y pide la intervención de la TPI.

El abogado y periodista Felipe Zuleta, autor del documental "La pobreza, un crimen que se paga con la muerte", pidió en enero a la Fiscalía que investigara a Uribe y a Santos por connivencia, es decir "la negligencia de los funcionarios del Estado cuando se trata de delitos de lesa humanidad". Frente a la defensa del ex ministro, Zuleta consideró que ésta "es la plena prueba". El hecho de que los falsos positivos hayan disminuido hasta casi desaparecer a partir de que "el gobierno se enteró", según la tesis de Zuleta, "quiere decir que era un delito controlado".

"Delito controlado es aquel en el que usted da la orden y se detiene. Delito no controlado es aquel en el que el Estado, a pesar de sus esfuerzos, no puede hacer nada para detenerlo", puntualizó.

A las Madres de Soacha las indigna que Santos sea candidato presidencial. "No porque él apretó el gatillo", aclaran, "porque él era el jefe de las Fuerzas Armadas" y "tiene que asumir responsabilidad".

Colombia reclama la intervención de Garzón

El mismo día en que el juez Baltasar Garzón llegaba a La Haya, en Bogotá ya se reclamaba su presencia para que, como asesor del Tribunal Penal Internacional (TPI), se haga cargo de las investigaciones de 2.270 asesinatos de jóvenes colombianos por militares, a los que hicieron pasar por guerrilleros muertos en combate para así lograr ascensos y cobrar recompensas.

Los familiares de los chicos asesinados enviaron este lunes a Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe del TPI el informe Soacha: la punta del iceberg: crímenes e impunidad, que los expertos creen "documento riguroso, detallado, aterrador".

"Hemos acudido al TPI por no encontrar justicia en Colombia. Queremos que Garzón investigue los crímenes de Estado porque tenemos plena confianza en él", comentó a La Vanguardia María Sanabria, madre de un adolescente de 16 años que fue asesinado por militares cuando Santos era ministro de Defensa. "Quiero ver cómo Garzón conduce a Santos ante el TPI, es responsable de asesinatos sistemáticos al respaldar una política que incentivó estos crímenes", dijo Blanca Nubia Monroy, otra madre con un hijo asesinado.

El diputado Iván Cepeda, portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, comenta a La Vanguardia que la llegada de Garzón a Colombia para investigar los crímenes del ejército "daría gran confianza de que terminaría la impunidad; conoce bien el tema de los jóvenes asesinados por militares y ha dicho que estos crímenes se tienen que investigar". Cepeda recalca que los colombianos tienen la esperanza de que el primer trabajo de Garzón como asesor del TPI sea investigar la ley de justicia y paz que dio impunidad a los paramilitares y los crímenes de los militares. "Garzón vino a Colombia como juez varias veces, se reunió con ONG y familiares de víctimas", dice Cepeda.

El analista Felipe Zuleta destaca que Garzón conoce bien la realidad de Colombia, país que ha visitado con frecuencia. "Es muy importante –recalca– que como asesor esté vinculado al TPI, así tiene jurisdicción sobre estos crímenes, porque entre las víctimas no hay ningún español".

La ONU critica situación social de Colombia

Un organismo especializado de la ONU transmitió al gobierno de Colombia juicios de desaprobación por las malas condiciones sociales del país sudamericano y le encargó adoptar correcciones para mejorarlas.

En sus observaciones sobre el caso colombiano, el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas se manifestó "hondamente alarmado" por episodios de violencia, injusticia y desigualdad que afectan a poblaciones marginadas y vulnerables de Colombia.

Ese país de unos 44 millones de habitantes, tiene 27,7 por ciento de su población con necesidades básicas insatisfechas. Más de 40 por ciento de los hogares sufren inseguridad alimentaria y más de 20 por ciento de los menores de cinco años soportan desnutrición, afirma el informe alternativo de la sociedad civil, citando datos oficiales. El desempleo es de casi 12 por ciento, bastante superior al promedio sudamericano, de ocho por ciento.

Las recomendaciones del Comité de la ONU hacen referencia a puntos muy interesantes, como las formas de tratar a las víctimas del conflicto armado que Colombia vive desde 1964 y del desplazamiento interno, pero esos temas no aparecen en el debate electoral, dijo el especialista. "Los candidatos tendrán que responder sobre esos puntos", subrayó.

El Comité abre una extensa lista de reconvenciones al gobierno colombiano con una declaración de "alarma profunda" ante las consecuencias del prolongado conflicto interno y de sus efectos en las poblaciones afectadas. .

Desde la primera observación el Comité muestra inquietud particular por las consecuencias de las violaciones de los derechos en las poblaciones más vulnerables: pueblos indígenas, afrocolombianos, mujeres, niños, unos cuatro millones de desplazados internos y los campesinos pobres.

Los expertos de la ONU se mostraron también preocupados por los grandes proyectos de infraestructura, desarrollo y minería que promueve el Estado colombiano sin contar con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas, indígenas y afrocolombianas.

El Comité objetó igualmente las políticas estatales de fomento de producción exportable, como los agrocombustibles, pues pueden privar a los campesinos de sus tierras de cultivo.

Sobre este punto, el Comité declaró alarma por los asesinatos de dirigentes sindicales en Colombia y por otras formas de amenazas y de violencia contra líderes obreros.
Uno de los expertos del Comité se preguntó, al escuchar las descripciones acerca de la pobreza, el desempleo y la desnutrición de los sectores marginados colombianos, si en ese país sudamericano "hay un Estado nacional que defiende a la población o hay un Estado que defiende a una clase determinada".
(Fuentes:Agencia IPS,La Vanguardia-Barcelona y Agencia PÚLSAR)

25.4.10

Bolivia:Conferencia Mundial

UN NUEVO MOVIMIENTO CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Por Naomi Klein (*)


Cochabamba, Bolivia. Eran las 11 de la mañana y Evo Morales había transformado el estadio de futbol en un gigantesco salón de clases, y había reunido una variedad de objetos de utilería: platos de cartón, vasos de plástico, impermeables desechables, jícaras hechas a mano, platos de madera y coloridos ponchos. Todos jugaron un papel para demostrar un punto principal: para luchar contra el cambio climático necesitamos recuperar los valores de los indígenas.

Sin embargo, los países ricos tienen poco interés en aprender estas lecciones y, al contrario, promueven un plan que, en el mejor de los casos, incrementaría la temperatura global promedio en dos centígrados. Eso implicaría que se derritieran los glaciares de los Andes y los Himalaya, le dijo Morales a las miles de personas reunidas en el estadio, como parte de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Lo que no necesitaba decir es que no importa cuán sustentablemente elija vivir el pueblo boliviano, pues no tiene el poder para salvar sus glaciares.

La cumbre climática en Bolivia ha tenido sus momentos de alegría, levedad y absurdos. Sin embargo, en el fondo, se siente la emoción que provocó este encuentro: rabia contra la impotencia.

No hay por qué sorprenderse. Bolivia está en medio de una dramática transformación política, una que nacionalizó las industrias clave y elevó como nunca antes las voces de los indígenas. Pero en lo que se refiere a su crisis existencial más apremiante –el hecho de que sus glaciares se derriten a un ritmo alarmante, lo cual amenaza el suministro de agua en dos de las principales ciudades–, los bolivianos no pueden cambiar su destino por sí solos.


Eso se debe a que las acciones que provocan el derretimiento no se realizan en Bolivia, sino en las autopistas y las zonas industriales de los países fuertemente industrializados. En Copenhague, los dirigentes de las naciones en peligro, como Bolivia y Tuvalu, argumentaron apasionadamente en favor del tipo de reducciones a las emisiones de gases que podrían evitar una catástrofe.

Amablemente les dijeron que la voluntad política en el Norte simplemente no existía. Y más: Estados Unidos dejó claro que no necesitaba que países pequeños como Bolivia fueran parte de una solución climática. Negociaría un acuerdo con otros emisores pesados a puerta cerrada y el resto del mundo sería informado de los resultados e invitado a firmar, lo cual es precisamente lo que ocurrió con el Acuerdo de Copenhague. Cuando Bolivia y Ecuador rehusaron aprobarlo en automático, el gobierno estadunidense recortó su ayuda climática en 3 millones y 2.5 millones de dólares, respectivamente. No es un proceso de a gratis, explicó Jonathan Pershing, negociador climático estadunidense. (Aquí está la respuesta para cualquiera que se pregunte por qué los activistas del Sur rechazan la idea del apoyo climático y, en cambio, demandan el pago de deudas climáticas.) El mensaje de Pershing era escalofriante: si eres pobre, no tienes derecho a priorizar tu propio supervivencia.
Cuando Morales invitó a los movimientos sociales y los defensores de la madre tierra, científicos, académicos, abogados y gobiernos, a venir a Cochabamba a un nuevo tipo de cumbre climática, fue una revuelta contra esta sensación de impotencia, fue un intento por construir una base de poder en torno al derecho a sobrevivir.


El gobierno boliviano arrancó las discusiones proponiendo cuatro grandes ideas: que se debería otorgar derechos a la naturaleza, que protejan de la aniquilación a los ecosistemas (una declaración universal de los derechos de la madre tierra); que aquellos que violen esos derechos y otros acuerdos ambientales internacionales deberían enfrentar consecuencias legales (un tribunal de justicia climática); que los países pobres deberían recibir varios tipos de compensación por una crisis que ellos enfrentan pero tuvieron poco que ver en crear (deuda climática), y que debería haber un mecanismo para que la gente en el mundo exprese sus puntos de vista sobre estos temas (un referéndum mundial de los pueblos sobre cambio climático).

La siguiente etapa fue invitar a la sociedad civil global a ir discutiendo los detalles. Se instalaron 17 grupos de trabajo y después de semanas de discusión en línea se reunieron durante una semana en Cochabamba, con el fin de presentar sus recomendaciones finales al término de la cumbre. El proceso es fascinante pero lejos de ser perfecto (por ejemplo, como señaló Jim Shultz de Democracy Center, al parecer, el grupo de trabajo sobre el referendo invirtió más tiempo discutiendo si añadir una pregunta sobre abolir el capitalismo que discutiendo cómo se le hace para llevar a cabo una consulta global). Sin embargo, el entusiasta compromiso de Bolivia con la democracia participativa podría ser la contribución más importante de la cumbre.

Esto porque luego de la debacle de Copenhague un tema de discusión tremendamente peligroso se volvió viral: la verdadera culpable del fracaso era la democracia en sí. El proceso de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que da votos con el mismo peso a 192 países, simplemente era demasiado difícil de manejar. Era mejor encontrar soluciones en grupos pequeños. Hasta las voces ambientales de confianza, como James Lovelock, cayeron en la trampa: Tengo la sensación de que el cambio climático puede ser un tema tan severo como la guerra, le dijo a The Guardian recientemente. Quizá sea necesario poner a la democracia en pausa durante un tiempo. Pero en realidad son estos pequeños grupos, como el club privado que forzó el Acuerdo de Copenhague, los que han ocasionado que perdamos terreno y debilitado los acuerdos existentes, que de por sí son inadecuados. En cambio, la política de cambio climático llevada a Copenhague por Bolivia fue redactada por los movimientos sociales mediante un proceso participativo y el resultado final fue, hasta el momento, la visión más transformadora y radical.


Con la cumbre de Cochabamba, Bolivia intenta globalizar lo que logró a escala nacional e invitar al mundo a participar en redactar una agenda climática conjunta, antes del próximo encuentro sobre cambio climático de la ONU, en Cancún. En palabras del embajador de Bolivia ante Naciones Unidas, Pablo Solón, la única cosa que puede salvar a la humanidad de una tragedia es el ejercicio de la democracia global.

Si está en lo correcto, el proceso boliviano podría no sólo salvar a nuestro planeta que está calentándose, sino también a nuestras democracias en vías del fracaso. No está mal el trato
.

(*)Artículo publicado en el diario La Jornada de México el 24 de abril.

(Fuente:http://www.sinpermiso.info/)

2.4.10

Honduras:Represión postgolpe

LOS CINCO PERIODISTAS ASESINADOS, SÓLO EN MARZO, ELEVAN A 150 LOS CRÍMENES GOLPISTAS. BAJO EL GOBIERNO DE PROFIRIO LOBO, CONTINÚA LA GUERRA SUCIA PARA EXTERMINAR A LA RESISTENCIA


Durante el pasado mes de marzo 5 periodistas fueron asesinados en Honduras. Desde el Golpe de Estado ocurrido el 28 de junio pasado son 150 las muertes por estos actos de violencia.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) repudia los crímenes contra los comunicadores sociales. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, sentenció que "estos despreciables crímenes contra profesionales de los medios vulneran el derechos fundamental a la libertad de información, piedra angular de una sociedad democrática". La titular de la UNESCO exigió a las autoridades hondureñas que se "arreste a los responsables y se ponga fin a la ola de violencia".

El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), el colectivo de Artistas en Resistencia, junto a otras organizaciones, emitieron condenas a la escalada de violencia desencadenada bajo el gobierno de Porfirio Lobo.

La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, afirmó que en el país hay en marcha un "plan de exterminio".

Según datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, Honduras tiene el actualmente el índice de homicidios más alto de Centroamérica. Y explicó que la situación más grave se registra en los departamentos hondureños de Colón, Francisco Morazán, en el centro del país, Yoro en el norte y Copán en el oeste.


Cinco periodistas asesinados en un mes


La aplicación de leyes mordaza, las amenazas, el exilio, los atentados y los primeros asesinatos marcaron en los últimos años el ejercicio del periodismo en Honduras. Pero nunca había pasado que cinco reporteros fueran abatidos en un mes:cuatro en el interior del país y uno en Tegucigalpa. Los últimos, el viernes 26 de Marzo, hansido José Bayardo Mairena y Manuel Juárez . El asesinato se produjo en Tulín, en el departamento de Olancho, cuando ambos salían de las instalaciones de Radio Diez, después de transmitir el programa que dirigían.

La Plataforma de Derechos Humanos expresó su más enérgica condena los crímenes y advirtió que "si los organismos encargados de la investigación y enjuiciamiento de los responsables como la Secretaría de Seguridad y Ministerio Público, no actúan con la responsabilidad y eficacia que se espera de éstas instituciones para esclarecer estos crímenes, continuarán los asesinatos y las violaciones a la libertad de prensa y expresión en Honduras.

Frente al actual estado de indefensión en que se encuentra la población hondureña y ante lo que parece ser una estrategia de terror, inmovilización y persecución contra opositores al golpe de estado y gobierno de facto, la Plataforma pide la intervención de la comunidad internacional y de los organismos internacionales de derechos humanos para que el régimen actual detenga esta ola de criminalidad e investigue las muertes de los periodistas José Bayardo, Manuel Juarez, Joseph Ochoa, David Meza y Nahún Palacios.

Todo empezó con el golpe contra el Presidente Zelaya


El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 alteró el escenario. Organizaciones nacionales e internacionales denuncian que no se ha detenido la ola de represión al movimiento contrario al golpe y que se extiende a la prensa, pese a las elecciones de noviembre y la investidura en enero del derechista Porfirio Lobo. Tampoco ha desaparecido el clima de polarización entre partidarios y críticos del golpe.

“Pareciera que grupos interesados quieren hacer ver como algo común la muerte de periodistas para que no exista investigación y las cosas queden en la impunidad”, dice el catedrático universitario y periodista Juan Ramón Durán.

El gobierno de Lobo tiene obligación “de identificar a los responsables y las causas que llevaron a cometer a sus autores estos crímenes”, pues “entre más silencio guarde, más se daña la libertad de expresión y el derecho ciudadano a estar informado”, subraya.

La directora del medio Proceso Digital, Marlen Zelaya, considera que “ha llegado el momento de una mayor unión gremial para no dejar pasar estos crímenes como cosa aislada”.

El 1 de marzo, una emboscada tendida a la periodista Carol Cabrera resultó en la muerte del periodista de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Joseph Andoni Hernández Ochoa. Éste trasladaba en su automóvil a Cabrera, que informaba para la emisora Radio Cadena Voces, cuando una ráfaga de disparos llegó a ellos desde una motocicleta.

En diciembre de 2009 fue asesinada una hija de Cabrera, de 16 años. Por entonces la periodista trabajaba en el estatal Canal 8 de televisión controlado por el régimen del golpista Roberto Micheletti, que había derrocado en junio al presidente constitucional Manuel Zelaya (2006-2009). Al principio se creyó que la muerte de la joven tenía que ver con acciones de pandillas juveniles. Cabrera se encuentra “autoexiliada” en un hospital militar desde donde dijo hace una semana que “no me moveré hasta que tenga garantías de que seguiré viviendo porque sigo amenazada”.

El 11 de marzo se conoció otro homicidio. El comunicador rural David Meza murió a balazos en la norteña ciudad de La Ceiba. Meza informaba para la emisora Radio América y para el informativo de televisión Abriendo Brecha, ambos de cobertura nacional. Una semana antes de su muerte, Meza había denunciado amenazas del narcotráfico por informar sobre el asesinato de un desconocido de nacionalidad mexicana en esa zona.

El comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, dice que un día después del asesinato de Meza marchó al exilio el periodista Carlos Geovany Alfonso Streber, director del Canal 36 de La Ceiba, donde el reportero muerto tenía un programa informativo. “Streber me llamó cuando estaba abordando un avión para salir del país, por miedo a correr la suerte de su compañero”, dice Custodio.

El 14 de marzo, el reportero Nahum Palacios fue asesinado en la comunidad de Tocoa, en el norteño departamento de Colón. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había solicitado siete meses antes al régimen golpista medidas cautelares para proteger su vida. Palacios había denunciado amenazas y hostigamiento por parte de los cuerpos de seguridad del Estado por su postura crítica al golpe. El 16 de marzo, el comisionado Custodio solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que extendiera medidas cautelares de protección a todos los periodistas hondureños.

Cinco días después del asesinato de Palacios, otros dos periodistas rurales, José Bayardo Mairena y Manuel Juárez, fueron abatidos a tiros en el nororiental departamento de Olancho, cuando investigaban un caso de narcotráfico. Las autoridades no han aclarado ninguna de estas muertes.

El ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, dijo que “si bien tenemos ya algunas pistas claras sobre los móviles de al menos dos casos, esperamos unas averiguaciones finales para capturar a los responsables antes de que finalice el mes de abril”. Álvarez añadió que se ofrecen recompensas “a quienes nos den datos sobre las muertes de los periodistas u otras amenazas que se ciernen sobre el periodismo”.
Condenas internacionales


El lunes 29 en un comunicado, el gobierno de Francia condenó “estos hechos y pide al gobierno hondureño garantizar el respeto de los derechos humanos, en particular la seguridad de los periodistas”. Reacciones similares tuvieron Reporteros Sin Fronteras, el Instituto Internacional de Prensa y Human Rights Watch (HRW), entre otras organizaciones internacionales. HRW dirigió el 3 marzo una carta al fiscal general de Honduras, Luis Alberto Rubí solicitándole investigar asesinatos, violaciones sexuales, torturas, secuestros y agresiones contra miembros del opositor Frente Nacional de Resistencia Popular contra el Golpe de Estado
La Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, instó a las autoridades de Honduras a hacer todo lo que esté a su alcance para arrestar a los asesinos de periodistas en ese país y pidió que se ponga fin "a esta intolerable ola de violencia sin precedentes".

Reporteros sin Fronteras denunció este viernes la grave situación en Honduras y anunció sumarse a la campaña contra la presencia en Europa del presidente de este país. "El país cayó en un mes en el peor nivel mundial en cuanto a la seguridad de los periodistas", afirma RSF. Agrega enseguida que tampoco se ha hecho justicia por los ataques, intimidaciones, censuras y asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos desde el 28 junio de 2009, fecha del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya. "El golpe de Estado perdura en los hechos", afirma RSF, antes de denunciar como una "verdadera prima a la impunidad el nombramiento del general golpista Romeo Vásquez como jefe de la empresa pública de telecomunicaciones".

Finalmente, Reporteros sin Fronteras señala que adhiere a una petición internacional al presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, en tanto presidente de la Unión Europea, para que se retire la invitación al presidente hondureño Porfirio Lobo a la Cumbre de jefes de Estado y de gobierno de América Latina y el Caribe del mes de mayo próximo

Cárcel para sindicalistas de la Resistencia


El Juez hondureño, Melvin Bonilla, resolvió enviar a la cárcel a 11 directivos del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH). Los sindicalistas forman parte del Frente Nacional de Resistencia Popular.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía, acusó a 16 sindicalistas por los delitos de sedición, usurpación y coacción en contra del Estado de Honduras. Y ello porque el sindicato realiza desde el 28 de febrero una toma de la pública Universidad Nacional de Honduras para demandar la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo.
Los sindicalistas se presentaron a declarar voluntariamente a la Justicia este jueves. Allí, el Juez decretó la detención de 11 de ellos y otorgó medidas cautelares a los otros 5, por contar con más de 60 años. El abogado de los acusados, Jorge Lagos, denunció que Melvin Bonilla ordenó la medida porque los sindicalistas son integrantes de la Resistencia Nacional.

Por su parte, el Frente se solidarizó con los detenidos y acusó al Gobierno de Porfirio Lobo, al cual cataloga de dictadura, de pretender cerrar la universidad "negando a la población el derecho a la educación pública".

Miles de integrantes de la Resistencia se movilizaron a los alrededores de los Tribunales para expresar su apoyo a los sindicalistas. Manifestaron que este accionar es una "persecución política".

Los 11 sindicalistas encarcelados se encuentran en la Penitenciaría Nacional, con sede en Támara, 25 km al norte de la capital, Tegucigalpa.

Comunicado Nº 53 del FNRP

El Frente Nacional de Resistencia Popular comunica a la población hondureña y la comunidad internacional:
La oligarquía hondureña a través de su representante, el régimen de facto de Porfirio Lobo Sosa, ejecuta aceleradamente un plan para seguir enriqueciéndose a costa del robo y la explotación de pueblo. Aprovechándose del control absoluto de los poderes del Estado, que garantizan por la fuerza de las armas, están relanzando el modelo neoliberal que ha generado tanta pobreza y dependencia a nuestro país, y se aprestan a la privatización de los bienes públicos, la derogación de las conquistas sociales y la entrega de los recursos naturales.

En fechas recientes, la dictadura ha hecho manifiesta su intención de cerrar la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), negando a la población el derecho a la educación pública, con el objetivo de beneficiar a grandes empresas privadas que convierten todo en mercancía.

Asimismo, han iniciado la persecución política de líderes sindicales a quienes se amenaza con la cárcel por defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. La dictadura amenaza con desconocer el fuero sindical y anular la contratación colectiva del sindicato de trabajadores de la UNAH, lo que aumentaría la ya grave violación de derechos humanos, señalada y condenada internacionalmente, y representaría un precedente para el desmontaje de conquistas sociales que costaron enormes sacrificios a las clases oprimidas.

La estrategia de represión por vía jurídica complementa la campaña de terror que desarrollan desde el día mismo del golpe de Estado de manera continua y que en los últimos días se ha potenciado con el asesinato de los compañeros José Manuel Flores, Francisco Castillo, José Antonio Cardoza, José Carías y Nahun Palacios. Todos ellos víctimas de los cuerpos de seguridad del Estado y los organismos paramilitares conformados por la oligarquía a instancias de personas como Óscar Álvarez, ministro de seguridad de facto, o Miguel Facussé, emblemático representante de la oligarquía.

Ante este panorama afirmamos que la única forma de regresar a un orden institucional que garantice la participación democrática y haga posible un cambio estructural del sistema social de manera pacífica, es la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente con mayoría popular.

En ese sentido volvemos a anunciar el la realización de una Consulta Nacional para recoger la voluntad de las mayorías a favor del proceso de Refundación del país, fortaleciéndose esta manera la organización popular que hará inevitable que se escuche la voz soberana del pueblo.

¡Resistimos y Venceremos!
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de marzo 2010

(Fuentes:Agencia PÚLSAR, IPS, Argenpress,Prensa Latina, AFP y Minga Informativa de Movimientos Sociales)

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