25.9.07

Ecuador: Elecciones Constituyente

'ALIANZA PAÍS', EL PARTIDO DE CORREA, GANARÁ CON AMPLITUD LOS COMICIOS PARA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL PRÓXIMO DOMINGO

Las encuestas da el triunfo al presidente Rafael Correa en las votaciones para Constituyente del próximo domingo 30 de septiembre. Los ecuatorianos elegirán los 130 representantes que conformarán la Asamblea Constituyente. En medio de un alto índice de indecisos el oficialismo espera controlar el foro.La convocatoria a la asamblea fue el pilar de la campaña electoral del presidente Rafael Correa y fue aprobada por el 81 por ciento de los votantes en una consulta popular realizada el pasado 15 de abril.
Según las últimas encuestas, que pueden ser difundidas hasta el inicio de esta semana, el oficialismo logrará entre 42 y 71 escaños de los 130 que componen la asamblea. Estos serán repartidos de la siguiente manera: 24 representantes a nivel nacional, 100 miembros provinciales y 6 delegados de los ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior
No obstante, los sondeos calculan que existe un nivel de indefinición que supera el 70 por ciento. La campaña electoral, que se inició el 14 de agosto, concluirá el 27 de septiembre

La oposición, débil y desarticulada

La débil y desarticulada oposición, no logrará, según los sondeos, hacerle ninguna mella al triunfo oficialista este domingo.Asi la izquierda ecuatoriana agrupada, en parte, en la coalición Alianza País, tendrá si se confirman los pronósticos, el camino expedito para concretar en la Constituyente el programa que el Presidente Rafael Correa bautizó como Socialismo del Siglo XXI.

El próximo domingo, más de nueve millones de ecuatorianos podrán acudir a las urnas para elegir a 130 asambleístas constitucionales con plenos poderes para reformar el marco jurídico del país y redactar una nueva Constitución. Deberán decidir ante una panoplia de 3.229 candidatos, con sus respectivos suplentes, inscritos en 497 listas de partidos y movimientos políticos.
Un sondeo financiado por un sector de la banca local pronostica un arrollador triunfo de Alianza País con 71 de los 130 asambleístas que serán elegidos. Según el estudio, Correa lograría 9 de los 14 asambleístas en la provincia de Pichincha y por lo menos 8 de los 18 que se eligen en la provincia del Guayas, la de mayor población del país.
El analista Jorge Vivanco considera en declaraciones al diario colombiano El Tiempo que "el Gobierno tendrá una cómoda mayoría que determinará una derrota histórica y contundente de los partidos de derecha, repudiados por el pueblo por ser los propiciadores del reparto de poder en los bloques legislativos y de una corrupción alarmante".


Los observadores califican de limpio el proceso
La misión de observadores de la Unión Europea , expresó su preocupación por la "gran complejidad" del proceso electoral del próximo domingo 30 de septiembre, pero negó la posibilidad de un fraude. "Seguimos con la preocupación, que es compartida con muchos otros actores del proceso, autoridades, prensa, que es la gran complejidad de este acto electoral", expresó el jefe de la misión, el portugués, José Ribeiro e Castro y descartó la posibilidad de un fraude electoral, aunque dijo que durante casi un mes de presencia de la misión en Ecuador, se recibieron "varias observaciones de actores políticos y funcionarios" que serán analizados antes de emitir el informe final sobre la transparencia de las elecciones. "No tenemos ningún indicio de fraude", dijo.

Ecuador vota para acabar con el fracasado proyecto neoliberal

Esta elección representa el tercer desafío electoral al que se enfrentará el presidente Rafael Correa en lo que va del 2007, tras ganar la segunda vuelta de las presidenciales y lograr el Sí a su propuesta de reforma de la Constitución en el referéndum de abril.
Además de la reforma a la Constitución, la disputa electoral del domingo también supone un fuerte examen para el Congreso de ese país. Este último concentra mayoría de oposición al poder ejecutivo y en sus filas se pueden encontrar los resabios del pasado neoliberal, signados por la vieja “partidocracia”.
Se presume que la victoria de los candidatos propuestos por Correa para la Asamblea, permitirá que el presidente disuelva el parlamento y convoque eleciones legislativas. Esta medida lleva a la oposición a acusar al Presidente de autócrata poque, dice que provocará la concentración de los poderes en manos del mandatario. "En Ecuador no hay ni habrá ninguna ruptura constitucional ni democrática", manifestó Correa ante las críticas de la oposición. .
En una entrevista difundida por la CNN, Rafael Correa acusó a los miembros del Congreso de ser los únicos culpables de la inestabilidad en el país, “con su mediocridad, con su falta de transparencia, con su ilegitimidad”. Además, recordó que en los pasados comicios para diputados, el voto nulo ganó en 15 de las 22 provincias. Este rechazo masivo no tuvo ningún efecto debido al sistema electoral del Ecuador, concluyó el presidente ecuatoriano.
De cara a los comicios constituyentes, la oposición llega dividida y agitando, como en las pasadas contiendas, el miedo frente a un gobierno que, según sus principales líderes, quiere quedarse con todos los poderes para instalar un régimen como el venezolano y sacar de circulación el dólar.
Son los que en el pasado, impulsaron la imposición de la moneda estadounidense, el Tratado de Libre Comercio con Washington y la instalación de una base militar de Estados Unidos en Manta.
Los dos principales partidos de la añeja derecha -el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian) y el Partido Social Cristiano (PSC)- insisten con una estrategia que en el pasado reciente no les trajo más que fracasos electorales: la deslegitimación. Renuevan su estrategia de agresión verbal a las propuestas de Correa con el objeto de impedir un triunfo del oficialismo denunciando un presunto modelo autoritario y alertando sobre los supuestos males que encerraría una Constitución hecha a la medida del actual gobierno.
Para el sociólogo Hernán Reyes de la Universidad Andina Simón Bolivar , al propagar temores más que propuestas, la derecha limita sus posibilidades de atraer a los sectores que no representa. Además de que la estrategia de la derecha sólo puede atraer a los sectores medios y altos de la sociedad y no a los sectores populares, mayoritarios en Ecuador. Este estrato representa el principal apoyo del actual presidente.


Una Constitución de corte socialista

La Constitución que propone Alianza País, sería la vigésima en la historia de Ecuador. Si el oficialismo consigue la mayoría de asambleístas, la nueva Carta Magna, a diferencia de la anterior, contendría un corte socialista que reforzaría el papel estatal en la economía tras una década de políticas liberales que, a juicio de Correa, intentaron “privatizar hasta el agua".
En este mismo sentido, la nueva Ley Fundamental plantearía regular los poderes del Congreso, despolitizar tribunales y democratizar los medios de comunicación, varios de ellos en manos de grandes empresarios. Por eso la propuesta de la reforma constitucional ha tenido y tiene un amplio rechazó en la mayoría de los grandes multimedios del país.
Muchos de los hombres que manejan las empresas en Ecuador ven con malos ojos las políticas que implementa el gobierno de Correa, quien en esa entrevista con CNN ironizaba respecto al nerviosismo que producen las medidas gubernamentales en estos sectores, “si representantes de empresas, que por años se han creído los dueños del país están nerviosos, que se tomen una valium”.
En conclusión, el modelo que propone el actual gobierno ecuatoriano, supone una ruptura con el pasado reciente del país,en el que los anteriores presidentes privilegiaron las políticas económicas propuestas por el neoliberalismo. Es decir, de sumisión al capital extranjero y a las grandes empresas. En palabras de Correa, los ecuatorianos están "ante la encrucijada de votar para continuar con los gobiernos anteriores o por un nuevo Ecuador".
(Fuentes: Agencia PÚLSAR, El Tiempo, ANSA-Latina, APM-Agencia Periodística del Mercosur y Radio Mundo Real)

24.9.07

Bolivia: Asamblea Constituyente

EL MAS PROPONE UN TEXTO CONSTITUCIONAL QUE DECLARA EL ESTADO PLURINACIONAL

El Movimiento al Socialismo(MAS) de Evo Morales, va a presentar hoy ante la Asamblea Constituyente un poryecto de texto de la nueva Carta Magna. El integrante de la bancada del MAS en la Asamblea, René Navarro, adelantó que uno de los ejes centrales del borrador será el planteamiento de un Estado Plurinacional.
Esta es una reivindicación política tradicional del MAS, que ahora considera que tiene el respaldo de la ONU. La Organización de Naciones Unidas aprobó la semana pasada una declaración no vinculante que reconoce el derecho de los pueblos originarios de todo el mundo a la autodeterminación y al control de sus tierras y sus recursos naturales.
Navarro aclaró que la propuesta será presentada a modo de sugerencia para ser debatida en el pleno de la Asamblea Constituyente y que ha sido consensuada con las organizaciones sociales bolivianas. Representantes de 14 de las 16 fuerzas políticas con representación en el foro acordaron el jueves reiniciar las sesiones y presentar una propuesta de carta magna antes del 14 de diciembre.


El acuerdo político, un paréntesis en la crisis

Las principales fuerzas políticas de Bolivia lograron un acuerdo que permitirá el reinicio de las sesiones de la Asamblea Constituyente en Sucre, después de un mes de interrupcones. .

El compromiso político fue asumido por 14 de las 16 partidos y agrupaciones ciudadanas representadas en la Asamblea y por delegados de alto nivel, con capacidad de decisión, de los partidos políticos con presencia en el Congreso. "Fueron 26 horas de debate intenso y difícil, pero que valió la pena para viabilizar el trabajo de la Asamblea Constituyente y garantizar que pueda culminar su trabajo en el tiempo previsto en base a consensos que nos permitan tener una nueva Constitución", afirmó el vicepresidente Alvaro García Linera. El compromiso se tradujo en la formación de un Comité Especial de Diálogo y Consenso. En él participan seis delegados del gobernante Movimiento al Socialismo(MAS), tres de la opositora Poder Democrático Social (PODEMOS) y un representante por cada una de las fuerzas políticas restantes.

Además, para buscar una salida al conflicto por la capitalidad, se crea otra comisión gubernamental, al frente de la cual está el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, quien ya inició contactos con autoridades de los departamentos enfrentados: Chuquisaca y La Paz. De esta forma, se logra que esta disputa sea excluida
de los debates de la Constituyente, como ya fue aprobado por la Asamblea el pasado 15 de agosto.Esta fue una de las razones para que la oposición, que no aceptó el resultado de la votació, obstaculizara los trabajos de la Asamblea, con el apoyo a los paros y movilizaciones en las calles de Sucre, sede de la Constituyente. En las últimas algaradas, miembros del grupo ultraderechista Unión Juvenil Cruceñista
atacaron la sede de la Asambela y obligaron a su presidenta a suspender las sesiones.

En formación una fuerza conjunta de uniformados para atender los problemas de la tierra

El Gobierno boliviano prepara una fuerza conjunta uniformada, para hacer frente a los grupos paramilitares que, según las autoridades, actúan en varios departamentos de país. Se trata, según el gobierno central de "fuerzas civiles armadas de carácter irregular financiadas por terratenientes" que han llegado a causar incluso muertes. Las autoridades acusan a la Unión Juvenil Cruceñista de organizar brigadas con estudiantes de secundaria.
En respuesta, el gobierno prepara una fuerza combinada de militares y policías con la misión de proteger la propiedad de la tierra legal y de repeler a los grupos irregulares.
En el área rural de Bolivia se organizan grupos particulares de carácter violento como lo demuestra el enfrentamiento por tierras en San Julián, en el departamento Santa Cruz. Estos grupos son articulados por propietarios o supuestos dueños de tierras con la finalidad de hacer justicia por mano propia, dijo el ministro de Gobierno Alfredo Rada.
Ya es una especie de germen de sicariato, que el gobierno, de manera muy responsable, no va a permitir, no admitirá el surgimiento de grupos que ejerzan violencia y que sean organizados por supuestos propietarios de tierras, eso es una figura absolutamente ilegal”, declaró Rada .
La unidad especial que se prepara funcionará con las mismas bases con las que operan la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, el Control Operativo Aduanero (COA) y la Unidad Policial de Apoyo al Control Migratorio (UPACOM). Su función será dar seguridad jurídica a las propiedades legalmente adquiridas y con función productiva, y pacificar los conflictos que se prevé que continuarán estallando en el futuro.La unidad tendrá como base a la Policía, pero eventualmente será integrará también por miembros de las Fuerzas Armadas.
(Fuentes: Agencia PÚLSAR, ANSA-Latina, Prensa Latina y Bolpress)

Uruguay:Contra la Impunidad

CAMPAÑA PARA ANULAR LA LEY DE CADUCIDAD, QUE AUN IMPIDE PROCESAR A LOS IMPLICADOS EN EL GENOCIDIO

Organizaciones sociales uruguayas lanzarán una jornada de recolección de firmas a nivel nacional el 6 de octubre, cuando se celebrará el Día del Patrimonio, para anular la ley de "punto final" que protege a los militares que cometieron crímenes durante la Dictadura (1973-1985). El pasado 4 de septiembre, el escritor Mario Benedetti y Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, cuya madre desapareció en Uruguay, fueron de los primeros en sumarse a la campaña de recolección de firmas para anular la ley.

Organizaciones sociales y políticas lanzaron ese día en un teatro de Montevideo, una campaña de recolección de 250.000 firmas que anulen la llamada Ley de Caducidad. La campaña está organizada por la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, integrada por la central obrera PIT-CNT, el Servicio de Paz y Justicia y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.También forman parte de la entidad agrupaciones políticas aliadas del gobierno, Nuevo Espacio y los partidos Comunista y Por la Victoria del Pueblo. El secretario de Derechos Humanos de la central obrera PIT-CNT, Luis Puig, dice que el ritmo de reunir firmas es muy alentador y que "se superará largamente" el número de rúbricas exigidas por la Constitución para abrir el proceso que permita eliminar esa ley.

La ley de Caducidad fue aprobada en 1986 por el Parlamento uruguayo con los votos de legisladores de los partidos Blanco y Colorado, y con el rechazo del Frente Amplio, de izquierda y actualmente en el gobierno, y no pudo ser anulada por un referéndum popular convocado dos años después. La ley impide juzgar y condenar a militares y policías que durante el régimen de facto cometieron secuestros, torturas, asesinatos, ocultamiento de cadáveres, violaciones de prisioneras y apropiación de niños, entre otros crímenes.

Medio millón de firmas como objetivo inmediato

A comienzos de septiembre, organizaciones sociales y políticas de Uruguay emprendieron esta tarea para lograr anular esa ley de impunidad. Aunque basta con 250.000, los anunciaron que buscan recolectar entre 400.000 y 500.000 firmas.
La constitución uruguaya habilita la realización de un plebiscito mediante la iniciativa popular con el respaldo del 10 por ciento de los ciudadanos con derecho a voto, lo que equivale unas 250.000 personas. No obstante, la anulación de la ley también puede ser efectuada por el Parlamento, que cuenta con mayoría del gobernante Frente Amplio.

Luis Puig, dirigente de la central de trabajadores, PIT-CNT,explica que el objetivo principal de la iniciativa "no es que vayan más militares a la cárcel", sino que la sociedad uruguaya "no siga manteniendo una cultura de impunidad"."Queremos dar garantías de que las diferencias políticas no propicien dictaduras o prácticas sistemáticas aberrantes como la tortura; es marcar una profilaxis hacia el futuro" y añade que no se puede 'seguir dando el mensaje de que hay dos categorías de ciudadanos: unos son juzgados y otros no' .Organizaciones defensoras de los derechos humanos han destacado que la ley de punto final tiene vicios formales y viola varios acuerdos internacionales de los que Uruguay es firmante, por lo que debe ser anulada.
La ley de caducidad, permitió que los militares que violaron los derechos humanos durante la dictadura evitaran los estrados judiciales. El gobierno del presidente socialista Tabaré Vázquez cumplió con la ley de punto final pero aprovechó excepciones que permitieron el procesamiento con prisión de una decena de militares y del ex dictador Juan María Bordaberry. Además, las investigaciones del gobierno de Vázquez, que asumió en 2005, permitieron identificar por primera vez desde la recuperación de la democracia los cuerpos de dos desaparecidos enterrados en predios militares.
No obstante, el gobierno se comprometió a respetar la Ley de Caducidad. Pero hay muchos sectores políticos en la coalición oficialista Frente Amplio que apoyan s anulación.
La represión de la dictadura uruguaya dejó un saldo de unos 200 desaparecidos, en Uruguay y en países vecinos como Argentina, Chile y Paraguay, como consecuencia del Plan Cóndor, establecido por las dictaduras del Cono Sur para colaborar en la eliminación de la oposición política en sus territorios.
(Fuentes: ANSA-Latina, InfoBae.com Télam, Glocalia.com y Argenpress)

21.9.07

Brasil-Venezuela

LULA Y CHÁVEZ APUESTAN POR AFIANZAR LA INTEGRACIÓN CON EL BANCO DEL SUR Y DECLARAN 'INAMOVIBLE' EL ACUERDO HUMANITARIO EN COLOMBIA

El Banco del Sur, un proyecto de Hugo Chávez, nacerá antes de fin de año. El Presidente venezolano ha logrado que su colega Lula de Silva se sume al proyecto. Este quizás es uno de los titulares de la cumbre celebrada ayer en Manaos, Brasil, entre los dos presidentes que rivalizan por el liderazgo en la región y a los que se sumó, al final del día, el ecuatoriano Rafael Correa. Además, en Manaos se ha confirmado que Lula también trabaja en la mediación que encabeza Chávez para lograr un acuerdo humanitario en Colombia. Chávez se reunirá con una delegación de las FARC en Venezuela, pero Lula da Silva ofrece también Brasil, como sede de posteriores encuentros.

En la cumbre de Manaos, los presidentes de Brasil y Venezuela ratificaron su decisión de realizar inversiones conjuntas en la faja del Orinoco y en la refinería de Pernambuco.
Y confirmaron el interés que existe para que Venezuela sea miembro pleno del Mercosur. Pero las negociaciones para esa integración aun no avanzan lo suficiente .De acuerdo con la cancillería de Brasil, las reuniones de seguimiento marcharon bien hasta el pasado mes de junio, cuando las negociaciones se estancaron. "Es importante decir que Brasil está trabajando. El proceso está en el Senado y esperamos que pronto sea votado para que Venezuela pueda ingresar como miembro pleno", aseguró el mandatario brasileño.
Chávez acusó a Estados Unidos de estar detrás del retraso de su ingreso a ese mercado regional. "Si Venezuela no ingresa al Mercosur será una victoria del imperio. Pero será una victoria pírrica, porque la integración de América del Sur no será detenida por nadie", aseguró el presidente venezolano.
Brasil se mostró 'entusiasmado' en participar en la creación del Banco del Sur y por la construcción del llamado Gasoducto del Sur, que busca llevar gas desde Venezuela hasta Brasil, Argentina y Bolivia. "Para dentro de algunos meses, ya tendremos un proyecto y podremos anunciar que no somos tan ricos como otros (países) pero que somos osados y queremos ser tan ricos como ellos", dijo Lula.
Lula y Chávez también acordaron reunirse cada tres meses para discutir temas bilaterales, especialmente los que tienen que ver con la integración energética. El próximo encuentro quedó programado para el 12 de diciembre en Venezuela, cuando ambos mandatarios deben constituir formalmente las empresas mixtas encargadas de los proyectos en el área petrolera.

El Banco del Sur arranca en Noviembre
En esta cumbre llamó la atención la declaración en referencia al Banco del Sur de Chávez. El visitante anunció que está todo preparado y listo para que inicie su operatoria en noviembre, con los países que estén. "Los presidentes de Argentina, Néstor Kirchner, (Ecuador, Rafael) Correa, (Bolivia), Evo (Morales), y yo estamos listos para arrancar, no podemos esperar más, incluso tenemos una fecha para noviembre, y la sede del banco es Caracas", anunció en forma tajante al llegar a Manaos. "No hacen falta más reuniones. Todo está listo. Se han hecho todas las reuniones que se tenían que hacer. Ya no podemos esperar más, hemos esperado bastante". Asimismo, Chávez manifestó que "Venezuela ya tiene listos los recursos para aportarlos, de los excedentes de las reservas de este año, pudiera ser hasta mil millones de dólares para comenzar".
Según el jefe de Estado venezolano, el banco tendrá como función la financiación de proyectos de desarrollo, aunque también servirá para "protegernos", dijo, de la "tormenta financiera en Estados Unidos".

Chávez: Acuerdo humanitario en Colombia es inamovible
El Presidente de Venezuela habló de su mediación entre las FARC y el Gobierno de Colombia, para la obtención de un acuerdo humanitario, que permita el canje de secuestrados en manos de los rebeldes por guerrilleros presos. Lo hizo al término de la reunión bilateral que sostuvo con su par de Ecuador, Rafael Correa, quien se sumó al apoyo a esa mediación. Chávez y Lula da Silva también hablaron de ello. El Presidente de Brasil, además e apoyar la i niciativa e Chávez, ofrece el territorio brasileno, como posible sede de encuentros.
Hugo Chávez dijoque es "inamovible" su intención y la de las partes en lograr el acuerdo humanitario. "Yo estoy a la espera del enviado de Marulanda", indicó el jefe de Estado y confirmó que el encuentro está concertado para el ocho de octubre, fecha propuesta por el portavoz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes. Esta reunión se efectuará en Venezuela, aunque aún no se ha establecido un lugar específico ni con quienes se llevará a cabo. "No sé si es Raúl Reyes, no sé si vendrá uno o varios del Secretariado de las FARC", añadió.
Aseguró que este encuentro será fructífero porque surgirán varias opciones para el acuerdo humanitario. Aunque Chávez pretende que su mediación vaya más allá, y que abra "el camino que conduzca hacia la paz en la nación neogranadina, lo que significaría la luz de la verdadera unión suramericana".

Expresó tener gran fe en que el objetivo trazado se cumplirá, porque ha recibido varias cartas del jefe de grupo rebelde, Manuel Marulanda 'Tirofijo' y del Secretariado de las FARC, además del video enviado por Raúl Reyes, con 'muestras de gran optimismo' para un resultado exitoso. No obstante, añadió Chávez que es necesario evaluar las posiciones inamovibles porque "ya basta de fracasos en esta materia".
Informó que la senadora colombiana Piedad Córdoba, nombrada facilitadora del acuerdo humanitario, se encuentra en Washington para reunirse con los familiares de estadounidenses retenidos por las FARC, con algunos congresistas demócratas y posiblemente con candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Puntualizó que tanto el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, como el jefe de las FARC tienen las decisiones importantes en sus manos, que en su opinión deben ser tomadas en cuenta, "escuchando el clamor de las mayorías del pueblo colombiano y más allá". Los presidentes de Ecuador y Brasil, Rafael Correa y Luiz Inácio Lula da Silva, manifestaron su apoyo a esas gestiones. Francia, la Unión Africana y hasta el propio Gobierno de Estados Unidos, según lo ha manifestado a través del embajador de ese país en Colombia, William Brownfield, ven con buenos ojos la mediación venezolana. (Fuentes:APM-Agencia Periodística del Mercosur, BBC-Mundo)

20.9.07

Perú-Chile:Fujimori

EXPECTACIÓN Y SOSPECHAS ANTE EL POSIBLE RETRASO DEL DICTAMEN DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE. EL 75 POR CIENTO DE LOS PERUANOS A FAVOR DE LA EXTRADICIÓN

Entre este jueves y el lunes, la Corte Suprema de Chile debe pronunciarse sobre la extradición de Alberto Fujimori a Perú. Pero los rumores, en los últimos días, sobre un posible retraso de la decisión, han alertado a la población peruana, que no termina de creerse que el genocida vaya a comparecer, finalmente, ante los tribunales del Pérú.

La noche pasada, decenas de personas convocadas por organizaciones de derechos humanos han participado en Lima en una vigilia frente a la embajada de Chile, para pedir la extradición del ex presidente. Entre los presentes en la vigilia se encontraban familiares de víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta, dos de las matanzas atribuidas al escuadrón paramilitar Grupo Colina, con un total de 25 personas asesinadas.
La Corte Suprema de Chile anunció que dará a conocer su fallo el 20 de septiembre, después de los festejos por las fiestas patrias chilenas, pero parece que los magistrados votaron ya la resolución el 10 de septiembre pasado, aunque la mantienen aun en secreto. Esta circusntancia ha desatado toda clase de rumores
"Tengo entendido que el jueves sale, y si no es el jueves es el viernes", declaró el miércoles a los periodistas el presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia.

Fujimori, quien tiene ahora 69 años, llegó al poder en el año 1990, huyó del Perú en 2000 al verse cada vez más impliado en el escándalo de corrupción encabezado por su asesor Vladimiro Montesinos, y vivió en Japón hasta 2005, año en que llegó a Santiago, donde fue detenido. Perú solicitó a Chile la extradición de Fujimori por cargos que van desde abusos contra los derechos humanos hasta corrupción, además de easas dos matanzas.

Los familiares sólo aceptan una decisión: Extradición
La portavoz de los familiares de las víctimas de La Cantuta, Gisella Ortiz, dijo a Radio Programas del Perú que confía en que la justicia chilena falle a favor de la extradición. En caso contrario, indicó Ortiz, los deudos de las víctimas interpondrían una demanda penal contra el ex mandatario en Chile.
Y agregó que también denunciarían el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por incumplimiento de sentencia.
Mientras que el canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, dijo el martes a medios chilenos que "sólo trabajamos sobre la hipótesis de que Fujimori será extraditado".
Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional de Perú, César Landa, afirma que el Estado peruano, a través de un sistema judicial autónomo, le garantizará un "proceso justo" al ex presidente Alberto Fujimori en caso de ser extraditado al país. "Considero que el Estado peruano como tal, encargado de impartir justicia, establece las garantías de un proceso justo en el caso de producirse la extradición", declaró el magistrado. Landa dice que en su país "están los elementos para que se dé un proceso adecuado" al ex gobernante

La inmensa mayoría de los peruanos, contra Fujimori

El 75 por ciento de los peruanos considera que la Corte Suprema de Chile debería aprobar la extradición solicitado por Perú, según un sondeo elaborado por la encuestadora peruana Apoyo y publicado en el diario limeño El Comercio.
El estudio revela además que el 73 por ciento de peruanos cree que "sí hay presiones" para que los jueces de la Corte Suprema de Chile nieguen la extradición. En la encuesta también se hizo alusión a las declaraciones del procurador Omar Chehade, quien hace dos semanas indicó que había "una mano negra" en Chile que buscaba evitar la extradición del ex presidente. Al respecto, el 30 por ciento de los encuestados respondió que de existir esta mano negra, ésta sería el gobierno de Japón, mientras un 29 por ciento opinó que sería "el gobierno chileno que presiona a sus jueces para no tener problemas con el gobierno japonés".
De otro lado, el sondeo señaló que el 73 por ciento de peruanos no desea que Fujimori vuelva a tener protagonismo en la política nacional, en contraposición a un 23 por ciento que sí lo desea. Finalmente, el 25% cree que el ex mandatario pasará sus últimos días en el Japón pero reclamado por la justicia peruana, mientras un 24% considera que estará detenido en Perú.
Esta encuesta fue realizada a 1.005 personas a nivel nacional entre el 12 y 14 de septiembre, y tiene un margen de error de 3,1 puntos porcentuales.

Informaciones contradictorias sobre el retraso de la decisión de la Corte
El fallo de la Corte Suprema de Chile sobre la extradición del ex presidente peruano Alberto Fujimori se conocería el lunes próximo y no este jueves. La cadena de radio más escuchada del país, Radio Programas Perú (RPP) repite desde el miércoles una información de la chilena Radio Biobio. Según esa emisora dos integrantes de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch y Nibaldo Segura, se encuentran con permiso administrativo y no acudirán este jueves al tribunal máximo para firmar la resolución. El informe de Biobio indica que de acuerdo a fuentes judiciales, unas 120 páginas del fallo ya están redactadas y que se especula con que el fallo será favorable a la extradición.
Pero la semana pasada, saltaron los rumores sobre un alargamiento del proceso que provocaría un retraso del fallo del tribunal. Según el diario chileno "El Mercurio", el alargamiento vendría causado por la decisión del gobierno peruano de amplia la demanda de extradición con una nueva acusación: la matanza de los presos de Sendero Luminoso, recluidos en el penal Miguel Castro Castro en 1992.
La nueva petició obligaría a nombar a otro ministro(juez) encargado de abrir un nuevo proceso en contra de Fujimori por este delito.
(Fuentes:ANSA-Latina, BBC-Mundo, El Comercio-Lima, La República, RPP, Univision-AP)

Argentina:Hambre en el Chaco

LA CORTE SUPREMA ORDENA ASISTIR A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CHACO, PARA EVITAR MÁS MUERTES POR HAMBRE

La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha ordenado al gobierno del Presidente Néstor Kirchner y al de la provincia del Chaco a asistir con agua potable y alimentos a las comunidades toba, tras la muerte por desnutrición de 11 personas desde julio. La Corte respondió a una medida cautelar presentada por el Defensor el Pueblo, cuya oficina comprobó que las comunidades "se encuentran en una situación de exterminio silencioso, progresivo, sistemático e inexorable".
El fallo de la Corte Suprema también ordena a las autoridades que faciliten medios de transporte y comunicación adecuados, para que las unidades sanitarias de la región puedan atender a los indígenas. La sentencia dice que "está en juego el derecho a la vida y la integridad física de las personas" y exige a los dos gobiernos 'que informen en 20 días qué medidas adoptaron'
La investigación de la Defensoría del Pueblo constató que la población toba en la provincia del Chaco sufre enfermedades como el mal de Chagas y tuberculosis.

El Gobierno no se ocupaba de los ciudadanos toba, pese a las muertes

En Agosto, el Defensor del Pueblo de la Nación en Argentina, Eduardo Mondino presentó la "demanda por exterminio de comunidades aborígenes toba", contra el estado nacional y lel gobierno de la provincia del Chaco. Fue así como demandó ante la Corte Suprema que se ordenaran con urgencia "las medidas que fueren necesarias para modificar las actuales condiciones de vida de las poblaciones", trans constatar la "omisión de los estados provincial y nacional en prestar la mínima asistencia humanitaria y social" a estas comunidades.
La investigación realizada por la Defensoría del Pueblo verificó la "vulneración permanente y sistemática de los derechos humanos básicos de los pobladores".
Además, las entrevistas realizadas por la Defensoría constataron que los pobladores de las comunidades carecen de alimentación adecuada y de agua potable.

El Chaco, hambre y miseria lejos de Buenos Aires
Las medidas ordenadas por la CSJ fueron solicitadas por el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, después de tomar conocimiento a través de la prensa de que 'más de 30 comunidades (tobas) se encuentran al borde de la muerte'.Los afectados por la comentada situación de carencia habitan en su mayoría en una zona selvática tropical chaqueña a la que, por sus características particulares, se la conoce como 'El Impenetrable'.En la provincia del Chaco, norte de Argentina, los ciudadanos pertenecientes a pueblos originarios de América superan los 60.000, lo que representa casi el 10 por ciento del total poblacional. En ese segmento social se encuentran integradas las etnías tobas o qom, wichís y mocovíes, aunque los más numerosos son los tobas.

Más de dos meses sin hacer nada, y los muertos fueron en Julio

La alarma saltó al conocerse, que al menos 11 miembros de la comunidad toba habían muerto por hambre.El centro de investigación Nelson Mandela informaba en Agosto entonces que dos integrantes de las comunidades toba de la provincia de Chaco habían fallecido por desnutrición. Días después se supo que eran 11 los indígenas murietos por la misma causa desde julio.Además, el mismo organismo señaló que al menos 80 miembros de la comunidad toba estaban en estad grave de desnutrición.
Rolando Núñez, titular del centro de investigación, calificaba la situación como un “verdadero desastre humanitario”.
Nuñez responsabilizo al gobierno provincial por las muertes y a los intendentes de las localidades donde deben atenderse los enfermos por "la desastrosa situación en la que se encuentran los hospitales".
La Comisión de Derechos Humanos del Chaco trasladó por esos días a una mujer de la comunidad toba, en grave estado, hasta la Catedral de la capital provincial Resistencia, para que la situación fuera conocida y alguien pusiera remedio. La orden de la Corte Suprema al Gobierno para que alimente a los desnutridos del Chaco, llega casi dos meses después de que saltara la alarma y cerca de tres meses desde las primeras muertes.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR y Argenpress)

19.9.07

Costa Rica: TLC

CRECE LA OPOSICIÓN POPULAR AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO, EN EL ÚNICO PAÍS CENTROAMERICANO QUE AUN NO LO HA RATIFICADO

El próximo 7 de Octubre se celebra en Costa Rica un referendum sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que el Gobierno del Presidente Óscar Arias pretende ratificar. Como parte de la campaña por el NO al TLC miles de personas han participado en la grabación del anuncio "Un Corazón por la Patria".
En lo que fue considerado un éxito de convocatoria por los organizadores, la multitud que acudió al Parque de la Paz, en San José, para participar de la filmación del anuncio formó un corazón humano, mientras vestía camisetas blancas, azules y rojas, los colores nacionales.El dinero recaudado servirá para financiar espacios pagados en la televisión, en los que se expondrán los argumentos de rechazo al TLC.

Escándalo por el proyecto de campaña sucia por el SÍ
El próximo 7 de octubre se celebrará la consulta y a medida que se acerca la fecha de la consulta la campaña se va poniendo cada vez más álgida. La semana pasada la prensa sacó a la luz un memorándum redactado por el Vicepresidente Casas y el diputado oficialista Fernando Sánchez, en el que los citados funcionarios realizaban una serie de recomendaciones ilícitas al presidente Arias para intentar remontar la campaña a favor del Tratado
Las sugerencias van desde el chantaje a alcaldes y regidores, hasta estimular el miedo a la pérdida de empleo entre la población. Tras el escándalo, el presidente Arias intenta minimizar los daños con el argumento de que se trata de un “simple error de muchachos”.
Pero los partidarios del No al TLC denuncian que las recomendaciones del llamado Memorándum Casas-Sanchez ya están en práctica desde hace tiempo.

El "No" continúa avanzando
El lunes, el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica comenzó la distribución de los materiales para el referéndum, en el que podrán votar más de dos millones 600 mil personas. Y aunque la campaña del “Sí” -conducida por el presidente Oscar Arias- cuenta con medios financieros e institucionales poderosos y está presente de forma masiva en los medios, el “No” sigue avanzando y sumando apoyos desde diferentes sectores de la población.

En Estados Unidos, la administración Bush, apuesta por el triunfo del SÍ. Este mismo lunes, la jefa de la oficina comercial de los EE.UU. en Costa Rica, Susan Schwab declaró en Washington -en una reunión de delegados de cámaras de comercio estadounidenses en América Latina- que esperaba que Costa Rica siguiera a su presidente y se pronunciara a favor del TLC:"Cuando el pueblo de Costa Rica vote en el referéndum, espero que siga la guía del presidente Arias y tome la decisión correcta", afirmó Schwab y añadió : “Costa Rica tiene que tomar ahora una decisión; sospecho que muchos del mundo empresarial costarricense se sienten por ahora aislados de sus vecinos", en referencia al hecho de que que Costa Rica es el único país centroamericano que no ha firmado el Tratado.
Desde la campaña por el NO, aumentan las denuncias contra el gobierno de Arias. Según un documento presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el ex candidato presidencial opositor José Miguel Corrales, el Estado costarricense ha violado los derechos fundamentales de los ciudadanos en este proceso, por lo que la demanda podría ser elevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hemos presentado una demanda contra el Estado, representado por el presidente Oscar Arias y los máximos jerarcas del tribunal electoral y el Congreso, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogió para su estudio”, explicó Corrales ."Si el ‘No’ gana el referéndum, como estoy convencido de que será, pues no habría mayor problema, pero si gana el ‘Sí’ y la Comisión eleva el caso denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos -con sede en San José- entonces sí que el asunto se complicaría para el Estado costarricense”, agregó.
(Fuentes: Agencia PÚLSAR,
ANEP, Radio Mundo Real)




18.9.07

Colombia: Chiquita-Paramilitares

LA BANANERA NORTEAMERICANA PACTA UN PAGO DE 25 MILLONES DE DÓLARES PARA COMPENSAR A LOS FAMILIARES POR LAS DECENAS DE ASESINATOS QUE FINANCIÓ

Un tribunal federal de Washington ordenó a la compañía Chiquita Brands, una de las mayores productoras de banano del mundo, el pago de 25 millones de dólares en multas, por los acuerdos que la empresa hizo con el grupo paramilitar colombiano Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En marzo de este año, la multinacional admitió haberle pagado a las AUC unos 1,7 millones de dólares, para "proteger" a sus empleados. Tras la confesión, la Fiscalía y Chiquita llegaron a un acuerdo para que los gerentes de la empresa responsables por ordenar los pagos no fuesen llevados a juicio. El asesor y ejecutivo de Chiquita, James Thompson, dijo que la empresa se vio "obligada a pagar extorsiones" por parte de los paramilitares que amenazaron con tomar medidas violentas contra sus empleados en Colombia.


El Departamento de Justicia calificó los pagos de Chiquita de "repugnantes"
Si bien la Fiscalía estadounidense reconoció la colaboración prestada por la compañía durante la investigación, también recalcó que el dinero que pagó sirvió para "financiar armas con las que las AUC mataron a civiles inocentes".
La empresa también enfrenta una demanda civil por parte de familiares de más de 140 personas que fueron asesinadas por el grupo paramilitar.
En Marzo, Chiquita admitió que pagó a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) unos 1,7 millones "Lo que hizo Chiquita fue moralmente repugnante. Mes tras mes, año tras año, pagaron a terroristas que, con estos fondos, pagaron las balas que mataron a colombianos inocentes", dijo Jonathan Malis, del Departamento de Justicia. El funcionario equiparó casi con una mentira el argumento usado por la bananera para justificar los pagos: "Esto no fue extorsión, como sostiene (Chiquita). Siempre tuvo la opción de retirarse del país, de suspender los pagos, pero tomó la decisión empresarial de continuar"

Chiquita Brands paga para acallar a las víctimas y ahorrar millones
El juez Royce Lamberth aceptó ayer el arreglo al que llegó la empresa con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para pagar 25 millones de dólares en 5 años. Sin embargo, le formuló algunos reparos.
Según el juez, 10 directivos de la empresa que fueron vinculados al caso sin que se mencionaran sus nombres debieron haber sido procesados y sus identidades reveladas."El acuerdo me genera dudas. Especialmente porque en otro caso similar el propio Departamento de Justicia ha pedido que las identidades sean públicas", dijo Lamberth. Pero aceptó tras invocar el derecho del Gobierno a decidir contra quién eleva cargos.
Cuando en marzo Chiquita reconoció haber pagado 1,7 millones de dólares a los 'paras' hasta febrero del 2004, además de la multa, fue forzada a establecer una comisión ética que se encargará de educar a sus directivos en un tema más bien obvio: que es un crimen pagar a grupos terroristas.

Por la 'colaboración' de Chiquita, el Departamento de Justicia decidió no imponer la multa máxima para estos casos, que llega a los 100 millones de dólares.
Sin embargo, en varias cortes federales hay procesos civiles con demandas millonarias, entablados por representantes de víctimas de los paramilitares en las regiones colombianas del Urabá y el Magdalena, los departamentos donde la empresa tenía plantaciones de banano y donde hizo pagos a las AUC

Chiquita-United Fruits y la Masacre de las Bananeras

En el 2004, tras las denuncias de las víctimas colombianas y después de admitir su colaboración con los 'paras' ante el Gobierno de su país, Chiquita salió de Colombia, donde hacía negocios desde hace casi un siglo.

Pero Chiquita deja en Colombia un reguero de sangre que será difícil olvidar. Su nombre está directamente relacionado con una de las peores matanzas de la historia del país, conocida como La Masacre de las Bananeras y que se produjo en 1928, bajo la presidencia de Miguel Abadía Jiménez, considerado un títere a sueldo de la entonces llamada United Fruit Company, hoy Chuiquita Brands. En esa matanza fueron asesinados más de tres mil hombres y mujeres trabajadores del banano que habían inic iado una protesta por las condic ones inhumanas de trabajo a las que les sometía la bananera norteamna. Ese 6 de Diciembre de 1928, los huelguistas del banano engañados con la promesa de solución a sus reclamaciones, fueron concentrados en el municipio de Cienaga(Magdalena). Y allí, bajo las ordenes del general asesino Carlos Cortés Vargas, las tropas del glorioso ejercito de Colombia dispararon contra mas de diez mil trabajadores, reunidos allí con sus mujeres y niños en la plaza del municipio-. La sangre de los indefensos y desarmados obreros corrió en verdaderos ríos, luego los cuerpos fueron transportados en los trenes de la propia bananera y arrojados al mar. El episodio ha sido inmortalizado por Gabriel García Márquez en 100 años de soledad.


Hoy, 79 años después la historia continúa

Entre los años 1997 y 2004, la bananera de la muerte, hizo un centenar de pagos a los paramilitares, que sumaron más de 1,7 millones de dólares, lo que la convirtió en una de servicios de seguridadlas principales financiadoras de la guerra sucia en Colombia.

Tras una reunión con los cabecillas del grupo paramilitar, los hermanosCarlos y Vicente Castaño, Chiquita Brands hizo los pagos a los mercenarios bajo el rubro de "servicios de seguridad", a través de la cooperativa Convivir Papagayo, otro de los proyectos estrella del entonces gobernador de Antioquia y hoy Presidente de Colombia, el señor Álvaro Uribe Vélez.
El día 5 de noviembre de 2001, en el puerto de Zungo, en el municipio de Carepa (región del llamado Urabá Antioqueño), Banadex-Chuiquita Brands fuee la responsable de descargar y almacenar por cuatro días 14 contenedores que transportaban tres mil fusiles AK 47 y cinco millones de cartuchos calibre 5,62 mm. Este material de guerra fue entregado después a paramilitares del grupo de los Castaño. El cargamento llegó desde Nicaragua en el barco de bandera panameña Otterlo y fue descargado en la zona aduanera especial que por años controló Banadex sy que obtuvo gracias al pago de un soborno a funcionarios de la DIAN. En los almacenes de Chuiquita Brands, se guardaron las armas con las que posteriormente se asesinaron a miles de colombianos.

Según los informes de los organismos defensores de derechos humanos, entre 1995 y 2004, en los municipios del Urabá antioqueño, donde se desarrollo la actividad de la bananera Chiquita, se concentraron las más altas tasas de homicidios de la región. Allí se cometieron 62 masacres en las que fueron asesinadas 432 personas, en su mayoría campesinos pobres, muchos de ellos jornaleros de las bananeras, específicamente en los municipios de Chigorodó, Apartado, Mutatà, Turbo y Carepa, entre otros muchos, en operaciones combinadas de las AUC y el Ejército de Colombia.
(Fuentes:BBC-Español, El Tiempo y Nueva Colombia)

17.9.07

Argentina: Caso Julio López

EL GOBIERNO ACEPTA LA EXISTENCIA DEL PRIMER DESAPARECIDO DE LA DEMOCRACIA Y, CON ELLO, LA ACTIVIDAD DE LAS TRAMAS MILITARES

Julio Lóez desapareció hace un año. Era un trestigo clave en el proceso del expolicía y genocida Miguel Etchecolatz, ex-jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura y responsable, entre otros, de la operación denominada 'Noche de los lápices'. Ayer, el secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, sugirió que Julio López estaría muerto, porque "si estuviera vivo, a esta altura alguien lo hubiera visto". Sin embargo, no quiso referirse a los autores del hipotético crimen.

Julio López, un albañil del barrio platense de Los Hornos y ex preso político, desapareció el 18 de setiembre de 2006, cuando debía concurrir a la audiencia de alegatos del juicio por el que se condenó a reclusión perpetua al ex Director de Investigaciones de la policía bonaerense durante la dictadura, Miguel Etchecolatz. El testimonio de López fue considerado clave en las audiencias contra el represor, ya que fue el único que identificó a Etchecolatz como uno de los torturadores que lo sometió a picana mientras estuvo detenido ilegalmente en la comisaría quinta de La Plata.
Los Milicos y los servicios de información, de nuevo en la mira
A finales de Agosto, fueron allanados los domicilios particulares de al menos seis ex policías de la Provincia de Buenos Aires y de militares retirados. La medida fue ordenada por el juez Federal de La Plata, Arnaldo Corazza. Y los agentes se llevaron consigo armas, computadoras y elementos que consideraron importantes . Pero, días antes, ya se dennciaba que las investigaciones no eran llevadas con el rigor preciso y que lamentaba la pérdida de una prueba que pudo ser fundamental para buscar a Julio López, como denunciaba el diario Página 12.
El fiscal Sergio Franco habá pedido que se investigara al Servicio Penitenciario Federal(SPF) por haber obstaculizado las investigaciones sobre la desaparición de Julio López y denunció irregularidades en el Penal de Marcos Paz, donde está detenido Etchecolatz. Y, añadía la denuncia, la investigación había sido desviada hacia "lugares inconducentes".
El fiscal le pidió al juez federal Arnaldo Corazza que investigara las "irregularidades con las líneas telefónicas a disposición de los internos detenidos por violaciones a los derechos humanos en la cárcel de Marcos Paz, y las irregularidades en la inscripción en el libro en donde se asientan las visitas a los detenidos". El fiscal acusó concretamente a catorce miembros del SPF y describió con detalle las graves anomalías en que incurrió el SPF para eludir los requerimientos judiciales: Ubicación de líneas telefónicas en lugares distintos de los indicados para boicotear lo dictaminado por el juez Corazza, que había ordenado la escucha de los teléfonos asignados a sus pabellones. Así, quedó establecido que la línea que debió instalarse en el pabellón 7 módulo 1, donde está Etchecolatz, en realidad estaba en el módulo Enfermería, donde también hay represores. Y así, una tras otra. El proceso culmina, como ya se adivinaba, con el anuncio, por las autoridades, de que el testigo Julio López, podría estar muerto. ¿Y ahora, qué?
Denuncias, al cumplirse un año de la desaparición

El pasado día 9, en víspera de que se cumpliera un año de la desaparición de Julio López, las organizaciones que, reunidas en la plataforma Justicia Ya! han estado exigiendo su aparición en este tiempo, denuncian las " irregularidades y maniobras de encubrimiento" . Este es su comunicado.

"Las organizaciones firmantes, que formamos parte del colectivo Justicia Ya!, afirmamos que en la causa judicial donde se investiga el secuestro y desaparición de Jorge Julio López se refleja la falta de voluntad política para esclarecer el caso por parte de todos los organismos del estado y las fuerzas de seguridad intervinientes.
Claro ejemplo son los allanamientos realizados la semana pasada en diversos domicilios de la ciudad y el conurbano. Se realizaron sin que las querellas fueran notificadas (aun tratándose de una línea de investigación aportada por los organismos de derechos humanos), sin participación del juez ni del fiscal ni de ningún otro funcionario judicial. Pero al igual que en el procedimiento efectuado en el Penal de Marcos Paz –el 23 de marzo de este año- la prensa fue avisada de su realizacióne incluso se le informaron los nombres de algunos de los implicados.
En esta línea, que involucra a policías y militares retirados y en actividad, estas irregularidades avalan nuestro reiterado pedido de apartamiento de las fuerzas de seguridad que intervienen en la investigación, ya que a estas filtraciones se suma la reticencia y demora para producir pruebas solicitadas por esta parte y el ocultamiento de otras, que no se condicen con la supuesta voluntad expresada por funcionarios del gobierno nacional y provincial de "encontrar al amigo López".
Esta afirmación se sustenta también en que a cinco mesesdel allanamiento al Penal de Marcos Paz, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, responsable de analizar los efectos secuestrados, ni siquiera ha incorporado al sistema de cruce de llamadas telefónicas (VAIC) los números obtenidos de la agenda de Miguel Osvaldo Etchecolatz. Nos preguntamos entonces de dónde proviene el reiterado optimismo de Aníbal Fernández o de León Arslanián, y el por qué de la pasividad del Juez Corazza ante estas anormalidades.

Por otra parte, ante los rumores periodísticos que dan cuenta de posibles medidas resonantes durante la semana que se inicia, tememos que sean producto de la necesidad de realizar un golpe de efecto ante la proximidad del año de desaparición de Julio, y que el único fin sea engañar a nuestro pueblo, tal como sucede en cada aniversario del atentado a la AMIA.
Denunciamos esta maniobra, denunciamos la inoperancia, la complicidad y el encubrimiento del Poder judicial y de los Poderes Ejecutivos provincial y nacional, convocamos a marchar el 18 de setiembre en Buenos Aires a las 17 hs. de Congreso a Plaza de Mayo y simultáneamente en La Plata, a Plaza San Martín y como siempre:
Exigimos al Gobierno la Aparición con Vida Ya! de Julio López!
La Plata, 9 de Septiembre de 2007
Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional La Plata; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Unión por los Derechos Humanos, La Plata.
Integrantes de Justicia YA! - La Plata
(Fuentes:ANSA-Latina, APF.Digital,Vientos del Sur-Página 12)

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Argentina:
PERIODISTA HERIDA CUANDO CUBRÍA UNA PROTESTA, DENUNCIA QUE MILITANTES KIRCHNERISTAS, "APLAUDÍAN Y SACABAN FOTOS MIENTRAS ERA BALEADA"
La periodista Adela Gómez, quien resultó herida durante la represión de la Gendarmería a un grupo de obreros en Caleta Olivia, aseguró hoy que puede identificar al autor del disparo y advirtió que militantes kirchneristas "aplaudían y sacaban fotos" mientras era baleada. Los efectivos de la Gendarmería Nacional dispararan balas de goma para desalojar a los trabajadores que cortaban la ruta en la provincia sureña de Santa Cruz, ante la espera de los vehículos que transportaban a los militantes kirchneristas a un acto de campaña en Río Gallegos, capital de la provincia.
Gómez recibió dos balazos de goma en un pie y fue trasladada a un hospital cercano para tratar las heridas. La periodista alegó que el ataque fue intencionado ya que estaba claramente identificada como periodista. Agregó que le dispararon luego de afirmar que era reportera y se quejó porque cuando fue herida los simpatizantes del gobierno se burlaron de ella.Más tarde ese día, el comandante de Gendarmería Nacional informó que el jefe de la operación de Caleta Olivia y el efectivo que disparó contra la periodista fueron separados de sus funciones. Santa Cruz, la provincia de donde es nativo el presidente Néstor Kirchner, ha sido centro de una serie de protestas sociales este año, antes de los comicios presidenciales del 28 de octubre. La senadora Cristina Fernández, esposa de Kirchner, es candidata a la presidencia por el oficialista Frente para la Victoria y es favorita en las encuestas para sucederlo.
(Fuente:Periodistas-es)

14.9.07

ONU: Derechos de los Pueblos Indígenas

LA DECLARACIÓN DE NACIONES UNIDAS FAVORECE LAS RECLAMACIONES CENTENARIAS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS FRENTE A GOBIERNOS Y TRANSNACIONALES

.Se abre ahora la lucha por su aplicación al tratarse de una declaración no vinculante.

.Votaron en contra Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
La Asamblea General de la ONU aprobó este jueves en Nueva York- tras dos décadas de negociaciones - la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas que debe servir para proteger a los más de 370 millones de personas que integran estas comunidades vulnerables en todo el mundo. No obstante, se trata de una declaración no vinculante que pretende resguardar los derechos humanos, el derecho a la tierra y los recursos de los pueblos originarios en todo el mundo. La declaración otorga a los indígenas de todo el mundo el derecho a la autodeterminación, al control de sus tierras y sus recursos naturales, y a la preservación de su cultura y tradiciones.
Además, establece que las comunidades indígenas no pueden ser desplazadas de sus territorios y su relocalización no se puede realizar sin consentimiento previo, tomado de forma libre.
El documento afirma que los territorios de comunidades originarias no pueden ser empleados con fines militares ni para depositar residuos tóxicos.
La mayoría de los 46 artículos que integran la declaración fueron extraídos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de tratados sobre las libertades políticas y civiles.
Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda no suscribieron el documento que será vinculante en el caso de aquellos gobiernos que decidan promulgar leyes nacionales para desarrollar esta Declaración.

Comienza la batalla por su aplicación

El documento aprobado constituye un hito histórico para el movimiento indígena, que durante años vio cómo sus intentos por lograr que se respetaran sus derechos se deshacían en los pasillos del organismo internacional. Y así, en Latinoamérica, el primer Jefe de Estado Indígena, el boliviano Evo Morales ha sido uno de los primeros mandatarios en aplaudir: "Estas normas permitirán hacer respetar nuestros derechos y de todos los pueblos", señaló Morales al resaltar que el texto tuvo el apoyo de 143 votos, cuatro en contra y 11 abstenciones. El gobernante de Bolivia aseguró que a partir de la declaración, de 46 artículos, se establece los estándares mínimos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas del mundo.
Antecedentes de la Declaración
El 29 de junio de 2006, el recién creado Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este nuevo instrumento internacional de derechos humanos es uno de los compromisos de la Asamblea General de la ONU desde el primer decenio. La Declaración establece una nueva relación entre los Estados y los Pueblos Indígenas basada en el respeto de nuestros derechos humanos colectivos, y la convivencia pacifica.
La tarea, ahora, es exigir que se cumpla. En las negociaciones desarrolladas en el último año en Nueva York han jugado un papel importante los pueblos indígenas y diversas organizaciones como, por Latinoamérica, el Consejo Internacional de los Tratados Indios (CITI), que recientemente exponía su posición en estos térmnos:
"La realidad de nuestra región Latinoamérica, es que día a día estamos cambiando legislaciones, constituciones y las estructuras políticas de los Estados y no hemos necesitado de una declaración para exigir nuestros derechos ancestrales. Los que participamos en el proceso de la ONU, no venimos a negociar los derechos de los Pueblos Indígenas, porque los derechos indígenas no son negociables, porque son inalienables e indestructibles, solo se participa a fin de establecer un marco internacional sobre los derechos de los Pueblos Indígenas que deben cumplir los Estados".

Y añadía: "Hacemos un llamado a los Pueblos Indígenas de Latinoamérica y el mundo a que con una sola voz, exijan, no sólo a la adopción de la declaración por parte de los Estados el día 13 de septiembre, sino también a su implementación, porque conocemos de muchas declaraciones, hermosas inventadas por los hombres, pero que son letra muertas en la practica, pero nuestros ancianos y ancianas, nos enseñan que las leyes que inspiran nuestra lucha de Pueblos Indígenas provienen de la madre tierra, de nuestros cantos y espiritualidad."

Indígenas en Latinoamérica: Una realidad lamentable
Es el mismo Banco Mundial el que en su informa anual de 2005 decía textualmente que en , "los pueblos indígenas representan 10 por ciento de la población de la región y el grupo más desfavorecido de América Latina. A pesar de que la incidencia de pobreza en América Latina es alta, la misma es particularmente severa y profunda entre la población indígena". Para añadir que en Bolivia y Guatemala, donde más de la mitad del total de la población es pobre, "pero casi tres cuartos de la población indígena lo es". En Ecuador los indígenas pobres son cerca del 87 por ciento y llegan al 96 por ciento en las 'sierras rurales'. En México, la incidencia de la pobreza extrema es 4,5 veces mayor en las municipalidades predominantemente indígenas. Y de todos los hogares pobres en Perú, 43 por ciento son indígenas.
El informe señalaba también que los indígenas se recuperan más lentamente de las crisis económicas."La brecha de pobreza de los indígenas es más profunda y disminuyó más lentamente durante los años noventa.
Ser indígena aumenta la probabilidad de un individuo de ser pobre y esta relación se mantuvo más o menos igual al comienzo y al cierre de la década.".
Los indígenas titntn un promedio mucho menor de años de educación que el resto de la población y además, especialmente las mujeres y los niños, continúan teniendo menor acceso a los servicios básicos de salud.“Los índices de pobreza entre la población indígena son más altos y disminuyen más lentamente, lo cual es particularmente una mala noticia para un continente que quiere cumplir con el objetivo de desarrollo del milenio de reducir a la mitad los índices de pobreza para el año 2015”, afirmaba en el informe Harry Patrinos, economista del Banco Mundial y coautor del estudio. Informes recientes añaden, que los indígenas son mucho más vulnerables a los cambios climáticos y, como viene ocurriendo desde siglos atrás, más vulnerables también, como el resto de los pobres, a los desastres naturales.
(Fuentes: Agencia Púlsar, Adital-ABI, Xinhua, Adital-AIPIN y Banco Mundial)

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