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24.9.07

Uruguay:Contra la Impunidad

CAMPAÑA PARA ANULAR LA LEY DE CADUCIDAD, QUE AUN IMPIDE PROCESAR A LOS IMPLICADOS EN EL GENOCIDIO

Organizaciones sociales uruguayas lanzarán una jornada de recolección de firmas a nivel nacional el 6 de octubre, cuando se celebrará el Día del Patrimonio, para anular la ley de "punto final" que protege a los militares que cometieron crímenes durante la Dictadura (1973-1985). El pasado 4 de septiembre, el escritor Mario Benedetti y Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, cuya madre desapareció en Uruguay, fueron de los primeros en sumarse a la campaña de recolección de firmas para anular la ley.

Organizaciones sociales y políticas lanzaron ese día en un teatro de Montevideo, una campaña de recolección de 250.000 firmas que anulen la llamada Ley de Caducidad. La campaña está organizada por la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, integrada por la central obrera PIT-CNT, el Servicio de Paz y Justicia y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.También forman parte de la entidad agrupaciones políticas aliadas del gobierno, Nuevo Espacio y los partidos Comunista y Por la Victoria del Pueblo. El secretario de Derechos Humanos de la central obrera PIT-CNT, Luis Puig, dice que el ritmo de reunir firmas es muy alentador y que "se superará largamente" el número de rúbricas exigidas por la Constitución para abrir el proceso que permita eliminar esa ley.

La ley de Caducidad fue aprobada en 1986 por el Parlamento uruguayo con los votos de legisladores de los partidos Blanco y Colorado, y con el rechazo del Frente Amplio, de izquierda y actualmente en el gobierno, y no pudo ser anulada por un referéndum popular convocado dos años después. La ley impide juzgar y condenar a militares y policías que durante el régimen de facto cometieron secuestros, torturas, asesinatos, ocultamiento de cadáveres, violaciones de prisioneras y apropiación de niños, entre otros crímenes.

Medio millón de firmas como objetivo inmediato

A comienzos de septiembre, organizaciones sociales y políticas de Uruguay emprendieron esta tarea para lograr anular esa ley de impunidad. Aunque basta con 250.000, los anunciaron que buscan recolectar entre 400.000 y 500.000 firmas.
La constitución uruguaya habilita la realización de un plebiscito mediante la iniciativa popular con el respaldo del 10 por ciento de los ciudadanos con derecho a voto, lo que equivale unas 250.000 personas. No obstante, la anulación de la ley también puede ser efectuada por el Parlamento, que cuenta con mayoría del gobernante Frente Amplio.

Luis Puig, dirigente de la central de trabajadores, PIT-CNT,explica que el objetivo principal de la iniciativa "no es que vayan más militares a la cárcel", sino que la sociedad uruguaya "no siga manteniendo una cultura de impunidad"."Queremos dar garantías de que las diferencias políticas no propicien dictaduras o prácticas sistemáticas aberrantes como la tortura; es marcar una profilaxis hacia el futuro" y añade que no se puede 'seguir dando el mensaje de que hay dos categorías de ciudadanos: unos son juzgados y otros no' .Organizaciones defensoras de los derechos humanos han destacado que la ley de punto final tiene vicios formales y viola varios acuerdos internacionales de los que Uruguay es firmante, por lo que debe ser anulada.
La ley de caducidad, permitió que los militares que violaron los derechos humanos durante la dictadura evitaran los estrados judiciales. El gobierno del presidente socialista Tabaré Vázquez cumplió con la ley de punto final pero aprovechó excepciones que permitieron el procesamiento con prisión de una decena de militares y del ex dictador Juan María Bordaberry. Además, las investigaciones del gobierno de Vázquez, que asumió en 2005, permitieron identificar por primera vez desde la recuperación de la democracia los cuerpos de dos desaparecidos enterrados en predios militares.
No obstante, el gobierno se comprometió a respetar la Ley de Caducidad. Pero hay muchos sectores políticos en la coalición oficialista Frente Amplio que apoyan s anulación.
La represión de la dictadura uruguaya dejó un saldo de unos 200 desaparecidos, en Uruguay y en países vecinos como Argentina, Chile y Paraguay, como consecuencia del Plan Cóndor, establecido por las dictaduras del Cono Sur para colaborar en la eliminación de la oposición política en sus territorios.
(Fuentes: ANSA-Latina, InfoBae.com Télam, Glocalia.com y Argenpress)

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