En marzo de este año, la multinacional admitió haberle pagado a las AUC unos 1,7 millones de dólares, para "proteger" a sus empleados. Tras la confesión, la Fiscalía y Chiquita llegaron a un acuerdo para que los gerentes de la empresa responsables por ordenar los pagos no fuesen llevados a juicio. El asesor y ejecutivo de Chiquita, James Thompson, dijo que la empresa se vio "obligada a pagar extorsiones" por parte de los paramilitares que amenazaron con tomar medidas violentas contra sus empleados en Colombia.
Si bien la Fiscalía estadounidense reconoció la colaboración prestada por la compañía durante la investigación, también recalcó que el dinero que pagó sirvió para "financiar armas con las que las AUC mataron a civiles inocentes".
La emp
resa también enfrenta una demanda civil por parte de familiares de más de 140 personas que fueron asesinadas por el grupo paramilitar. El juez Royce Lamberth aceptó ayer el arreglo al que llegó la empresa con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para pagar 25 millones de dólares en 5 años. Sin embargo, le formuló algunos reparos.
Cuando en marzo Chiquita reconoció haber pagado 1,7 millones de dólares a los 'paras' hasta febrero del 2004, además de la multa, fue forzada a establecer una comisión ética que se encargará de educar a sus directivos en un tema más bien obvio: que es un crimen pagar a grupos terroristas.
Por la 'colaboración' de Chiquita, el Departamento de Justicia decidió no imponer la multa máxima para estos casos, que llega a los 100 millones de dólares.
Sin embargo, en varias cortes federales hay procesos civiles con demandas millonarias, entablados por representantes de víctimas de los paramilitares en las regiones colombianas del Urabá y el Magdalena, los departamentos donde la empresa tenía plantaciones de banano y donde hizo pagos a las AUC
Pero Chiquita deja en Colombia un reguero de sangre que será difícil olvidar. Su nombre está directamente relacionado con una de las peores matanzas de la historia del país, conocida como La Masacre de las Bananeras y que se produjo en 1928, bajo la presidencia de Miguel Abadía Jiménez, considerado un títere a sueldo de la entonces llamada United Fruit Company, hoy Chuiquita Brands. En esa matanza fueron asesinados más de tres mil hombres y mujeres trabajadores del banano que habían inic iado una protesta por las condic ones inhumanas de trabajo a las que les sometía la bananera norteamna. Ese 6 de Diciembre de 1928, los huelguistas del banano engañados con la promesa de solución a sus reclamaciones, fueron concentrados en el municipio de Cienaga(Magdalena). Y allí, bajo las ordenes del general asesino Carlos Cortés Vargas, las tropas del glorioso ejercito de Colombia dispararon contra mas de diez mil trabajadores, reunidos allí con sus mujeres y niños en la plaza del municipio-. La sangre de los indefensos y desarmados obreros corrió en verdaderos ríos, luego los cuerpos fueron transportados en los trenes de la propia bananera y arrojados al mar. El episodio ha sido inmortalizado por Gabriel García Márquez en 100 años de soledad.
Hoy, 79 años después la historia continúa
Entre los años 1997 y 2004, la bananera de la muerte, hizo un centenar de pagos a los paramilitares, que sumaron más de 1,7 millones de dólares, lo que la convirtió en una de servicios de seguridadlas principales financiadoras de la guerra sucia en Colombia.
Tras una reunión con los cabecillas del grupo paramilitar, los hermanosCarlos y Vicente Castaño, Chiquita Brands hizo los pagos a los mercenarios bajo el rubro de "servicios de seguridad", a través de la cooperativa Convivir Papagayo, otro de los proyectos estrella del entonces gobernador de Antioquia y hoy Presidente de Colombia, el señor Álvaro Uribe Vélez. 
El día 5 de noviembre de 2001, en el puerto de Zungo, en el municipio de Carepa (región del llamado Urabá Antioqueño), Banadex-Chuiquita Brands fuee la responsable de descargar y almacenar por cuatro días 14 contenedores que transportaban tres mil fusiles AK 47 y cinco millones de cartuchos calibre 5,62 mm. Este material de guerra fue entregado después a paramilitares del grupo de los Castaño. El cargamento llegó desde Nicaragua en el barco de bandera panameña Otterlo y fue descargado en la zona aduanera especial que por años controló Banadex sy que obtuvo gracias al pago de un soborno a funcionarios de la DIAN. En los almacenes de Chuiquita Brands, se guardaron las armas con las que posteriormente se asesinaron a miles de colombianos.
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