El hasta ahora jefe policial reconoció que este nuevo golpe afecta no sólo la integridad de su persona, sino también a la institucionalidad de ese cuerpo.
Dos efectivos asignados a su seguridad personal , el inspector Wilson Tobar y el agente Sabino Ramos,
fueron capturados por su presunta participación en la ejecución extrajudicial de cinco jóvenes. Las víctimas, de entre de 17 y 22 años, fueron secuestradas hace una semana el viernes en el barrio capitalino de El Gallito y sus cadáveres fueron hallados el martes en un bosque de la periferia de la ciudad. Pero la PNC tiene ya en su haber otras salvajadas, como la que hace siete meses acabó con la vida de tres salvadoreños, diputados del Parlamento Centroamericano y de su chófer. 
El último caso ha mostrado la impunidad con la que actúan los agentes-delincuentes de la PNC: En pleno mediodía , efectivos a bordo de un vehículo del cuerpo, secuestraron a cinco personas que jugaban al fútbol en El Gallito, una de las áreas de máxima peligrosidad de la capital, donde operan varias bandas dedicadas al tráfico de armas y de drogas.Los cadáveres de los jóvenes, de entre 17 y 25 años de edad y con señales de estrangulamiento, fueron descubiertos el martes en un bosque cercano al bulevar El Naranjo, en la carretera al vecino municipio de Mixco.
Las denuncias de los familiares, que realizaron un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia, y una investigación posterior corroboraron que, efectivamente, una unidad estuvo en el lugar y a la hora donde se produjo la desaparición forzosa.
Las evidencias llevaron a las autoridades a ordenar la captura del inspector Wilson Tobar y del agente Sabino Ramos, ambos pertenecientes al denominado Grupo de Acción Rápida.
"Este hecho demuestra que los escuadrones de la muerte siguen operando dentro de la policía", denunció Alejandro Rodríguez, de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
El caso de los diputados salvadoreños
El nuevo escándalo tiene mucha similitud con el asesinato y la posterior incineración en febrero pasado de tres diputados salvadoreños y su chófer, perpetrado también por varios agentes de la PNC, entre ellos el jefe de la Dirección de Investigación Criminal.
La brutalidad de la masacre y la posterior ejecución en una cárcel de los cuatro de los policías detenidos como presuntos autores, ocasionaron una crisis que provocó la renuncia del m
inistro de Gobernación y de los directores de la PNC y el Sistema Penitenciario.
Ante la magnitud de los hechos el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Anders Kompas, llegó a calificar a Guatemala de estado fallido.
Siete meses después de aquellos sucesos, efectivos de la policía, esta vez pertenecientes al grupo de seguridad personal del director de la entidad, se ven involucrados en otra matanza.
Hasta ahora se manejan dos hipótesis: la posibilidad de que los autores intelectuales sean autoridades de la policía, o que los agentes hayan sido contratados como sicarios por alguno de los grupos distribuidores de drogas de El Gallito.
No se descarta tampoco que antiguos altos mandos policiales, en represalia por haber sido destituidos recientemente, busquen desestabilizar la institución. Pero la percepción generalizada, es que los agentes no actuaron solos y que detrás de ellos hay un gran entramado, ligado una vez más al narcotráfico.
Para atenuar la crisis, la ministra de Gobernación, Adela Camacho de Torrebiarte, se vio precisada a destituir al director de la PNC y anunció una nueva depuración de la institución.
En menos de siete meses ese cuerpo queda descabezado dos veces, lo que acrecienta la desconfianza hacia los uniformados, a quienes se les ve como ofensores y delincuentes, en vez de una estructura del Estado para garantizar la seguridad a todos los ciudadanos.(Fuentes: Agencia PÚLSAR y Prensa Latina)
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