25.9.10

Guatemala:Hambre e inundaciones

LA POBREZA AGRAVA LA CRISIS ALIMENTARIA Y SON YA CERCA DE MEDIO MILLÓN LAS FAMILIAS AFECTADAS Y CENTENARES LOS MUERTOS. PÉRDIDAS DE MÁS DE 1.500 MILLONES DE DÓLARES POR LAS INUNDACIONES



La pobreza que afecta a más de la mitad de los 13 millones de guatemaltecos, sumada a los daños a los cultivos causados por un invierno intenso, agravó la crisis alimentaria de Guatemala, que ostenta más de 11.000 casos de desnutrición aguda y la muerte de al menos 54 menores de edad.
Lily Caraventes, Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional, estimó que unas 54.000 familias estan directamente afectadas por la crisis alimentaria y otras 400.000 están en alto riesgo, específicamente en los departamentos de Sololá, Huehuetenango, Quiché, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Santa Rosa. La funcionaria dijo que esa área del pais, a la que se denomina "corredor seco", ya ha sufrido en el pasado el mismo problema de la falta de alimentos, que se provocó en el primer semestre del año la muerte de 462 personas por desnutrición o causas asociadas a este problema, incluidos 54 menores de edad.
El presidente, Alvaro Colom, renovó la semana pasada la declaratoria de emergencia nacional para atender la crisis alimentaria, que inicialmente se había declarado en enero del 2010. La medida fue adoptada ante la sequía que afectaba la parte central del país y que se extendió a todo el territorio. Desde mayo, la situación en los cultivos se agravó ante las intensas lluvias caídas en el interior del país. Colom reconoció ante la comunidad internacional que en la zonas rurales se vive una situación dificil por la falta de alimentos, propiciada en gran parte por la pobreza estructural. La declaración permitirá al gobierno guatemalteco acceder a la ayuda internacional prevista para estos casos y movilizar recursos del presupuesto nacional con más agilidad, según precisó el mandatario en su mensaje oficial a la nación.

"He decidido hacer uso de la ley de orden público y declarar un estado de calamidad pública en todo el territorio nacional, ya que las consecuencias de la insuficiencia alimentaria y nutricional no afectará solamente a los departamentos del Corredor Seco, sino al conjunto del país", dijo Colom.

Según un estudio de la Secretaría de Salud Alimentaria (Sesan), presentado el 16 de agosto el número de comunidades en peligro de hambruna se elevó en un 113% en los últimos tres meses debido a la sequía. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) empezó el martes a distribuir 20 toneladas de galletas nutritivas en 164 comunidades de las áreas más castigadas.

Tragedia histórica

El presidente definió la situación como una tragedia de dimensión "histórica" por la extensión de la población a la que afecta. Alvaro Colom dijo en su mensaje que, además de los efectos de la sequía y la crisis económica, una larga historia de desigualdad ha hecho que los altos y vergonzosos índices de pobreza, extrema pobreza y desnutrición se instalen en Guatemala desde hace mucho tiempo. "La insuficiencia alimentaria y nutricional, la desnutrición en sus distintas manifestaciones, son un problema histórico y estructural del país".

"Por ello, hago un vehemente llamado al conjunto de sectores de la vida nacional para que todos contribuyamos a enfrentar este grave problema y sus distintas manifestaciones, tanto en lo que respecta a las acciones de emergencia como a aquellas más profundas que tenemos que solucionar”
, dijo el presidente.

En abril de 2009, Unicef publicó un informe en el que advertía que uno de cada dos niños guatemaltecos sufría de desnutrición crónica y que 80% de los niños y niñas indígenas menores de 5 años tiene serios problemas alimenticios.

A pesar de estar lejos de la situación económica de Haití (el país más pobre de América Latina), Guatemala duplica los casos de desnutrición que tiene el país caribeño. De los 13,3 millones de guatemaltecos, más de la mitad vive en condiciones de pobreza y su principal sustento es la agricultura, afectada cada año por las sequías o las inundaciones que provocan la pérdida de cosechas de maíz y frijol, su principal sustento.

El gobierno ha destinado hasta ahora 7,5 millones de dólares para brindar asistencia a las familias en peor estado. Pero el presupuesto del Estado para combatir la desnutrición tuvo que reducirse como consecuencia de la crisis financiera internacional, pues el país recibió menos remesas y tuvo menor recaudación fiscal.


Una pesadilla alimentaria permanente


Guatemala vive en una constante pesadilla alimentaria .Fruto tanto de una inequidad socioeconómica endémica como de los embates de la naturaleza, estos males golpean sin clemencia y cada año a este pequeño país centroamericano, de poco más de 13 millones de habitantes.

El drama guatemalteco no pasa por una incapacidad para producir alimentos. El país es, en sí mismo, un granero al cual la mala distribución y administración de los recursos naturales le han jugado una mala pasada. Y por si el hambre no fuera un problema, en el escalafón mundial de las naciones más vulnerables al cambio climático, Guatemala ocupa el cuarto lugar y, a nivel latinoamericano, el primero.

A ello se suma que su superficie de 108.889 kilómetros cuadrados es atravesada por tres placas tectónicas y 44 volcanes que se alzan amenazantes hacia las nubes en terrenos montañosos emplazados entre la Sierra de los Cuchumatanes y la Sierra Madre.

En los últimos doce años, esta vulnerabilidad ha sido puesta a prueba una y otra vez con los azotes del huracán Mitch (1998), las tormentas tropicales Stan y Agatha (2005 y 2010, respectivamente), la tempestad 16 (2008), sequías (2001, 2009 y 2010) y la erupción del volcán Pacaya (2010).

Hoy las incesantes lluvias nuevamente amenazan la vida de los guatemaltecos. Centenares de personas han muerto en las últimas semanas producto de las inundaciones y aludes. El país -encajonado entre México por el norte y El Salvador y Honduras por el sur- vivió el año pasado una sequía sin parangón, fenómeno que hasta septiembre -cuando el gobierno declaró estado de calamidad pública- había dejado alrededor de 462 muertos, entre ellos, 54 niños.

Los verdes cultivos desaparecieron abrasados por el calor y la falta de agua y, con ellos, los alimentos de pequeños y empobrecidos campesinos; quienes pudieron almacenar algún tipo de productos, vieron cómo éstos comenzaban a desaparecer con el correr de las semanas sumándose al hambre generalizada.

Y es que el 52% de los guatemaltecos vive en áreas rurales, porcentaje del cual poco más del 80% depende de la agricultura para subsistir, según datos de Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Llegadas las lluvias en abril, lo que parecía una salvación ante la persistente sequía se convirtió un nuevo tormento con Agatha.

Las inundaciones y los deslaves no tardaron en hacer lo suyo en un terreno que se vio saturado con miles y miles de litros de agua que cayeron en poco tiempo.

Comenzaba el calvario para las autoridades y la población, una vez más, dado que sectores que no se habían visto afectados por la sequedad que se presentó principalmente en el llamado corredor seco, se vieron expuestas al paso de la tormenta, como las costas y las montañas.

“Cerca de 62 mil familias se vieron afectadas por la pérdida de las cosechas, ya no sólo del maíz y del frijol (productos básicos de la dieta guatemalteca), sino que también de verduras y productos de exportación, como son el camarón, las flores, lo que significó una pérdida de ingresos y de seguridad alimentaria nutricional”, comenta Lily Caravantes, de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala (Sesan).
La desigualdad, la que más mata



La desnutrición crónica afecta principalmente a más del 50% de la población guatemalteca menor de cinco años y se concentra en “sectores rurales, donde predominan los pueblos indígenas, siendo pobres siete de cada diez”, indica la FAO.

Adicionalmente, “tenemos un amplio sector de la sociedad que vive en condiciones de subsistencia y en condiciones de mucha pobreza”, explica Lily Caravantes.

Es por eso, aclara, que es imperativo que “se entienda que la desnutrición no debe verse como un problema humanitario ni como un problema exclusivamente de las áreas sociales, sino que como un problema económico, estructural y endémico”.

“La alta vulnerabilidad en que viven miles de comunidades se ha creado históricamente por los modelos económico-políticos que han regido el país. La acumulación de riquezas en un porcentaje pequeño de la población ha resultado no sólo de la distribución desigual de la tierra, sino del acceso a mano de obra barata que las fincas grandes han tenido”, postulan los investigadores Edwin Castellanos y Alex Guerra, en el documento “El cambio climático y sus efectos sobre el desarrollo humano en Guatemala”, publicado por Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En términos numéricos, el representante de la FAO en Guatemala, Iván Angulo, especifica que “el 80% de la tierraestá en manos de un 10% de la población. Esto implica que grandes sectores, el 54% de las personas que están en situación de pobreza, no tengan siquiera posibilidades de tener un predio en el cual intentar desarrollar una actividad productiva”.

La enorme brecha económica para acceder a los alimentos tampoco ayuda a que mejore la situación. El sueldo mínimo rural para cinco personas, según cálculos de la FAO, es menor al ingreso imprescindible para adquirir una canasta básica, cuyo costo la Sesan calcula en 250 dólares.

Las dificultades para diversificar los cultivos y el casi inactivo comercio interno también se han convertido en un dolor de cabeza para las autoridades que dirigen un país “donde cambiar (el sistema en su conjunto) no es nada fácil, porque se necesitan reformas estructurales que, claramente, muchas veces no toda la población está de acuerdo”, comenta Reinhard Jung-Hecker, representante para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (DG ECHO).

A la luz de los datos, el drama “tiene una trayectoria histórica de más de cuarenta años, donde la pobreza y la inequidad fueron dando paso al panorama que vivimos hoy en día”, agrega Iván Angulo.

1.553 millones dólares de pérdidas


Las pérdidas económicas causadas por las lluvias en lo que va de 2010 alcanzaron los 1.553 millones de dólares, informó el representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Ricardo Zapata.

El funcionario explicó en una rueda de prensa que las pérdidas representan el 4,1 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo cual repercutirá en un menor crecimiento económico de 2010, que se estima en poco más del 2 por ciento.

Zapata, quien coordina una comisión de la CEPAL que evalúa los daños provocados por las lluvias, precisó que, en términos absolutos, las pérdidas, hasta el pasado 20 de septiembre, asciende a 1.553 millones de dólares.

Sólo la tormenta tropical "Agatha" y la violenta erupción del volcán Pacaya, a finales de mayo pasado, causaron pérdidas económicas por 1.000 millones de dólares.

"Hay desastres que siguen afectando al país. La saturación de lluvia en el suelo ya era grave en mayo y ahora las lluvias en rangos normales pueden causar más inundaciones y deslizamientos", dijo Zapata.

Según el informe de la CEPAL, un total de 559.923 personas han sido afectadas durante este año por las lluvias, de las cuales 207.845 fueron evacuadas, y de ellas 142.775 terminaron en albergues temporales.

Por su parte, el coordinadordel Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, Mauricio Valdéz, dijo que los esfuerzos de la ONU, además de colaborar con la elaboración de un plan de reconstrucción, se han centrado en la ayuda humanitaria.

Desde mayo pasado a la fecha, dijo, se ha otorgado una asistencia humanitaria por 6 millones de dólares.

Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), las lluvias han dejado este año 274 muertos.

Guatemala ha sido declarada hoy en alerta anaranjada por las autoridades de protección civil por la tormenta tropical "Matthew".

(Fuentes: ANSA-Latina,BBC-Mundo,Prensa Libre y EFE)

17.9.10

Colombia:Violaciones de los derechos humanos

AUMENTAN LAS MATANZAS DE SINDICALISTAS,36 EN LO QUE VA DE AÑO, EL ACOSO A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA EXPANSIÓN DE LOS NARCOPARAMILITARES

MONTAJE JUDICIAL CONTRA UN DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AMENAZADO

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia (Movice) denuncia que un prominente defensor de derechos humanos fue detenido en virtud de un montaje judicial por parte de paramilitares.

El arresto del activista David Ravelo Crespo se derivó de acusaciones infundadas de un antiguo paramilitar que busca beneficios jurídicos, según el Movice, organización no gubernamental (ONG) a la que también pertenece el detenido.







Ravelo,secretario general de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), fue detenido el martes en el puerto fluvial y petrolero de Barrancabermeja (nordeste).

Un fiscal de la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía General en Bogotá ordenó la detención del defensor para que comparezca en un proceso por "concierto para delinquir y homicidio agravado".

El Movice denuncia en un comunicado que esta causa partió de las declaraciones de Mario Jaimes Mejía ("El Panadero"), paramilitar detenido en marzo de 1999 y condenado a cuarenta años de prisión como responsable de una matanza de siete personas y la desaparición forzada de otras 25.

Los crímenes fueron cometidos en Barrancabermeja, en mayo de 1998, por "El Panadero" y otros miembros de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Santander y Cesar (Ausac).

Para obtener una rebaja en la pena por colaboración con la justicia, Jaimes aseguró durante una diligencia judicial celebrada en abril de 2008 que Ravelo fue el instigador del asesinato, en abril de 1991, del entonces secretario de Obras Públicas de Barrancabermeja, David Núñez Cala, según el Movice.

"Durante el proceso, sus abogados (los de Ravelo) demostraron que esos señalamientos eran mentiras y que las declaraciones obedecían a un montaje judicial en contra del defensor de derechos humanos", añade el Movice.
La ONG recuerda que Ravelo es uno de los supervivientes del llamado "Genocidio de la UP (Unión Patriótica)", formación política creada hace un cuarto de siglo al amparo del después fracasado acuerdo de paz del gobierno con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Más de 3.500 miembros de este partido, entre ellos varios candidatos presidenciales y legisladores, fueron asesinados y el caso está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

36 líderes sindicales han sido asesinados en 2010

Unos 36 líderes sindicales han sido asesinados en Colombia en lo que va de este año, 10 más que en el mismo periodo de 2009, según los datos facilitados por el director de derechos humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Luis Alberto Vanegas.

El sindicato de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) ha sido el más golpeado con cinco de sus afiliados muertos de forma violenta. Abril fue el mes más violento con once sindicalistas asesinados, seguido por enero y marzo con cinco.

Vanegas añade que los panfletos amenazantes contra los dirigentes sindicales son permanentes, en especial de parte de paramilitares dedicados al narcotráfico como "Las águilas negras" y "Los urabeños".

"Un alto porcentaje de quienes amenazan y persiguen a los sindicalistas son los ejércitos privados de paramilitares financiados por empresarios latifundistas", dice el dirigente de la CUT.

Colombia fue de nuevo en 2009 el país más peligroso del mundo para el movimiento sindical, con 40 dirigentes o activistas asesinados, nueve menos que en 2008.

Desde 1986, cuando se fundó la CUT, la mayor central obrera de Colombia, en este país han sido asesinados 2.721 sindicalistas, de ellos 573 desde agosto de 2002, cuando se inició el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe.

Uribe niega vínculos con los paramilitares


El ex presidente colombiano Alvaro Uribe negó haber recibido mensajes de paramilitares a través de su primo, Mario Uribe, quien se enfrenta a un proceso judicial por presuntos nexos con los escuadrones ultraderechistas.
"Reitero que nunca se recibieron mensajes o sugerencias de los grupos paramilitares a través del doctor Mario Uribe Escobar. Igualmente, éste nunca adelantó gestiones de ninguna índole, ante el presidente o ante el Gobierno a favor de esos grupos", afirmó Uribe.

El ex presidente presentó su declaración escrita ante la Corte Suprema de Justicia por el caso de Mario Uribe. Como varias decenas de ex congresistas, Mario Uribe es investigado bajo sospecha de haberse aprovechado de la presión armada de los paramilitares para salir electo en la legislatura 2002-2006.

El ex presidente Álvaro Uribe, quien entregó el poder el 7 de agosto a Juan Manuel Santos, gobernó entre 2002-2008, con más de un tercio de sus aliados en el Congreso investigada por nexos con los paramilitares.

Uribe negoció con los grupos paramilitares lo que fue llamado oficialmente regreso a la vida civil y entrega de armas. Los jefes principales debían cumplir condenas de cárcel de 8 o menos años, pero a la larga la mayoría fue extraditada a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. ACZ

Miles de narco-paramilitares se reagrupan de nuevo

Un estudio reciente asegura que ya han surgido más de diez nuevas organizaciones . A pesar de que en 2006 las organizaciones paramilitares colombianas se desmovilizaron, de acuerdo a un estudio elaborado por un centro de investigación de ese país, una nueva generación de grupos armados y narcotraficantes ha surgido para ocupar su lugar.

El informe, realizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), señala que estos grupos al margen de la ley, que la ONG denomina como "narcoparamilitares", están presentes en 314 municipios de 29 de los 32 departamentos del país, involucrando a unas seis mil personas, número que aumentaría si se considera su red de apoyo, que se calcula podría llegar a tener hasta doce mil integrantes.

El reporte de Indepaz fue realizado en base a su propia investigación de campo y a datos obtenidos de agencias del gobierno y de medios de comunicación locales.

Durante el gobierno del ex Presidente colombiano, Alvaro Uribe, se desmovilizaron más de 30.000 integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar de derecha conformado por terratenientes y capos de la droga que enfrentaban a grupos rebeldes de izquierda como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las AUC estaban también involucradas en el narcotráfico y en violaciones a los derechos humanos contra la población civil, incluyendo masacres y desplazamientos forzados.

Las Aguilas Negras

Con nombres como Los Rastrojos, Los Paisas o las Aguilas Negras, las bandas de narcoparamilitares que menciona la investigación combinarían la producción y exportación de cocaína con actos de violencia extrema, siendo una diferencia importante con sus antecesores la falta de una agenda política clara.

De todas formas, el director del centro de investigación, Camilo González, destacó que además del narcotráfico estos grupos también tendrían negocios de apropiación de rentas y regalías de los municipios. "La situación de violencia en el país no se supera", señala González frente a los datos obtenidos por Indepaz, agregando que la reagrupación de este tipo de asociaciones es una fuente de preocupación para el país, donde se estima que el 45% de los municipios tiene presencia de actores armados como guerrilleros o narcoparamilitares.

Los departamentos más afectados llegarían a tener hasta un 70% de sus municipios bajo la influencia narcoparamilitar, según el estudio.

(Fuentes: EFE, ANSA-Latina, La Tercera y Agencia PÚLSAR)

13.9.10

Chile:Pueblo Mapuche

AUMENTA EL APOYO POPULAR A LOS 34 PRESOS POLÍTICOS MAPUCHES, 65 DÍAS EN HUELGA DE HAMBRE CONTRA LA LEY ANTITERRORISTA DE PINOCHET.

Un 53 por ciento de los chilenos apoya la huelga de hambre que mantienen 34 comuneros mapuches en distintos penales del país, mientras un 41 por ciento lo rechaza y un 6 por ciento no sabe o no responde, según una encuesta realizada por el diario La Tercera. El sondeo mostró también que un 37 por ciento aprueba la actuación de los cuatro diputados opositores que se sumaron al movimiento el jueves de la semana pasada. Más del 30 por ciento evalúa positivamente el papel jugado por las iglesias católica y evangélicas que se han ofrecido como facilitadores de un diálogo.

Los presos mapuches, en huelga de hambre desde hace ya 65 días, han amenazado con radicalizar su ayuno. Si el gobierno no permite que se instale una mesa de diálogo, dejarán de consumir líquidos, lo que agravará aún más su estado de salud. Los huelguistas ya han perdido un promedio de 20 kilos y presentan complicaciones en su estado físico y mental. Este fin de semana, 2 de ellos, Jonathan Huillical y José Huenuche, tuvieron que ser trasladados al hospital de Concepción por la gravedad de su estado.

Los mapuches exigen el fin de la aplicación de la Ley Antiterrorista sancionada durante la dictadura de Augusto Pinochet y rechazan la propuesta del Gobierno para reformarla. Además, reclaman el fin del doble procesamiento civil y militar que se les aplica y la desmilitarización de su territorio.

El presidente, Sebastián Piñera, se ha limitado hasta ahora a manifestar su preocupación por el estado de los huelguistas y a pedirles que depongan su actitud, ha asegurado que su gobierno está abierto al diálogo, pero no ha aceptado, explícitamente, la posibilidad de instalar una mesa con los mapuches.
El Consejero Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Santos Millao, ha expresado su apoyo a los mapuches en huelga de hambre y al respecto ha añadido que no existen motivos para celebrar el Bicentenario en el país.


La policía detiene a 13 mapuches, entre ellos la madre de un huelguista


Trece personas fueron detenidas frente al hospital de Concepción (500 km al sur de Santiago), donde fueron trasladados Jonathan Huillical y José Huenuche, dos de los presos en huelga de hambre, con grave estado de salud. Durante el traslado, Emilia Pilquimán, de 52 años, madre del mapuche Ramón Llanquileo, fue agredida por un carabinero. La agresión provocó disturbios. La policía agredió a 30 mapuches que se encontraban en las afueras del hospital en apoyo a su causa, y detuvo a trece personas, que fueron acusadas de desórdenes y daños al hospital.

Natividad Llanquileo, portavoz de los presos e hija de Emilia Pilquimán, dijo a radio Bío Bío que también fueron detenidos “representantes de la prensa alternativa” y denunció “la nula intención del Gobierno” de buscar una solución a la huelga de hambre.
Carabineros actuó con racismo y en el caso de mi mamá le gritaban ‘india’ y la golpearon. Pretendemos buscar una acción judicial, y veremos qué acciones vamos a seguir. Lo que nosotros queremos señalar es que ellos se sintieron presionados y queremos decirle al gobierno que de esta manera, si quiere debilitar al movimiento no lo va a conseguir, porque lo único que se está consiguiendo con esto, es radicalizarlo mucho más”, agregó.

Los presos mapuche que se encuentran en huelga de hambre desde el pasado 12 de julio en rechazo a Ley antiterrorista, condenaron el pasado martes, las reformas propuestas por el presidente chileno Sebastián Piñera al instrumento legal y consideraron las modificaciones planteadas como “absolutamente insuficientes”.

El pasado 9 de septiembre, cuatro diputados chilenos miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja decidieron solidarizarse con los presos mapuche y sumarse a la huelga de hambre que mantienen los nativos en reclamo de sus derechos fundamentales.

Mientras el Gobierno acusa a los mapuche por su presunta implicación en ocupaciones ilegales de terrenos e incendios de instalaciones agrícolas, en Chile se conoce como una lucha histórica la de esa etnia, por recuperar la tierra que por derecho ancestral les pertenece.

Durante años los mapuche han emprendido movilizaciones por la recuperación de los espacios territoriales, que demandan como propios frente a la ocupación de éstos por parte de empresas forestales y propietarios particulares.

La comunidad mapuche es el pueblo indígena más numeroso de Chile y representa el 6,6 por ciento de la población del país,con un total posee 16 millones de miembros.


La huelga mapuche marca la conmemoración del golpe


La situación de los comuneros mapuchesen huelga de hambre marcó los actos de conmemoración del 37 aniversario del golpe de estado de Augusto Pinochet contra el gobierno socialista de Salvador Allende.

La principal actividad de este 11 de septiembre estuvo en la tradicional romería que organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas realizan hasta el Cementerio General de Santiago, a la que asistieron unas 6.000 personas.

"Se salió a la calle a rendir tributo y a decir que no se olvida lo que ocurrió en la dictadura, pero también a exigir y demandar el respeto a los derechos humanos en nuestro país", dijo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro.

La dirigente destacó que en esta conmemoración de los 37 años del golpe de estado hubo una preocupación especial por el presente de los mapuches en huelga, con críticas hacia el gobierno de derecha de Sebastián Piñera. "Estuvo muy presente la situación del pueblo mapuche, es muy delicado lo que están viviendo los comuneros que ya llevan 62 días en huelga de hambre y no se ve ninguna voluntad política de este gobierno para enfrentar esto y crear una mesa de diálogo".

Presos menores de edad mapuches se suman a la huelga

El miércoles 1º de septiembre, tres menores de edad mapuches, encarcelados en el centro especial de Chol Chol, decidieron fortalecer la batalla contra la ‘ley antiterrorista’ y unirse a la huelga de hambre iniciada por los presos políticos mapuches de Temuco, Concepción, Angol, Valdivia y Lebu. En un comunicado, los prisioneros políticos menores de edad también denunciaron maltratos físicos, restricción de visitas y falta de atención de alimentación y salud de los menores presos.

Luís Marileo Cariqueo, Cristian Cayupan y Jose Ñiripil Pérez hicieron público que se sumaban a la huelga porque las demandas del pueblo mapuche continúan sin respuesta concreta del gobierno. En un comunicado enviado desde el centro especial de Chol Chol, los menores presos denuncian haber sufrido torturas y maltratos. Señalan que las visitas les han sido restringidas, así como la alimentación. Además, delatan que está prohibida la entrada de alimentos saludables como pan, frutas y carne, y que sólo permiten el ingreso de golosinas que debilitan aún más la salud de los menores presos. (Comunicado completo)
"Hemos sufrido, así como una gran cantidad de niños de las comunidades mapuche movilizadas, persecución y discriminación por parte de distintas instituciones y centros públicos y privados, tales como consultorios y escuelas rurales, específicamente en Ercilla, que son cómplices de la persecución policial constante", relatan en el comunicado.

Denuncian que las madres, abuelas, compañeras y amigas que visitan a los menores en el centro, son tratadas como "verdaderas delincuentes".

La Fundación Anide y la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile piden una respuesta rápida sobre los hechos denunciados y sobre los que desencadenaron la huelga de hambre de los presos políticos mapuches y se suman a la demanda de la derogación de la ley antiterrorista.

Estas entidades piden que ,se detengan las prácticas policiales de tortura y amenaza a niños y adolescentes para que delaten a familiares y miembros de la comunidad, así como el fin de las prácticas de "amenaza y amedrentamiento que las fuerzas policiales realizan contra la comunidad y las familias de los niños mapuche, que afectan su integridad física, psicológica y moral, resultando en graves violaciones de sus derechos a la vida, a la supervivencia y al desarrollo".


(Fuentes: ANSA-Latina, Agencia PÚLSAR-Radio Bío Bío, Libre Red, BBC-Mundo, Migrante Latino y Adital )

1.9.10

México:Asesinatos de inmigrantes

CADA AÑO SON SECUESTRADOS IMPUNEMENTE 20.000 INMIGRANTES. SE TEME LA APARICIÓN DE FOSAS CON CIENTOS DE CADÁVERES Y MÁS TRAGEDIAS COMO LA DE TAMAULIPAS, ATRIBUIDA A LOS ZETAS POR EL GOBIERNO EN UNA VERSIÓN MUY CUESTIONADA

El número de homicidios en México llegó a 8.786 en los primeros ocho meses del año, cifra superior a las muertes contabilizadas durante todo 2009, según el diario mexicano Milenio.

En su habitual registro de la criminalidad en el país, el rotativo recuerda que durante el año anterior la cifra de ejecuciones fue de 8.281, por el incremento de la delincuencia organizada.

De acuerdo con el recuento de Milenio, agosto resultó el mes más violento durante la actual Administración, tras registrarse 1.322 asesinatos relacionados con el narcotráfico y superar al mes anterior (julio), cuando sumaron 1.234 casos.

Chihuahua, con 518 ejecuciones en el mes recién concluido, llegó a otro lamentable récord para ese territorio, para acumular en lo que va de año 3.145 muertes, equivalentes al 35 por ciento del total nacional.

Sinaloa también rebasó su propio saldo histórico de asesinatos mensuales; esos dos estados concentraron casi 60 por ciento de las narcoejecuciones ocurridas en agosto. Según la publicación, la violencia en el norte del país, se concentra en cinco territorios, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora, Nuevo León y Baja California.

El crimen organizado ejecutó en agosto a 91 mujeres, 11 menores de edad y seis funcionarios, entre los que destacan el edil del municipio de Santiago, Nuevo León, Edelmiro Cavazos Leal, y Marco Antonio Leal, presidente municipal de Hidalgo, Tamaulipas.

Durante los 31 días de agosto hubo 49 bajas policíacas: 27 de agentes municipales, 11 estatales y nueve federales, además fallecieron dos militares en el enfrentamiento al hampa, según el matutino.

20.000 secuestros de inmigrantes cada año


Varias organizaciones civiles mexicanas denunciaron que cada año unos 20.000 inmigrantes son secuestrados en México por "grupos criminales que actúan con total impunidad", como ocurrió con la masacre que se cobró la vida de 72 'sin papeles' en el estado de Tamaulipas.

Esa cifra "no es una especulación" y se deriva de informes elaborados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, afirmó en conferencia de prensa el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (Ccspjp ), José Antonio Ortega.

Un comunicado leído por Ortega y representantes del Movimiento Blanco y de la Red Social por un México Libre de Adicciones asegura que "podría haber más casos como el de Tamaulipas, podría haber decenas de fosas comunes clandestinas y cientos de cadáveres, tanto de migrantes extranjeros como nacionales".

El documento advierte de "una verdadera crisis humanitaria" en el país, que afecta a los mexicanos y centroamericanos que "sufren los más diversos abusos" en su tránsito hacia la frontera estadounidense.

Según Ortega, es el llamado "tren de la muerte" -un inmenso ferrocarril de carga que atraviesa México de sur a norte- el que traza esta estela de vejaciones por las que exigen que sean investigados los gobernadores de todos los estados que abarca tal ruta, así como las autoridades del Instituto Nacional de Migración.

Ortega rechazó que la matanza de Tamaulipas se produjera después de que las víctimas se negaran a ser reclutadas por Los Zetas, como sostiene, según las autoridades, el testimonio del único superviviente.

Luis Freddy Lala, un ecuatoriano que regresó hoy a su país, logró avisar a la Marina tras escapar del rancho de San Fernando donde fueron masacrados 72 ciudadanos ecuatorianos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y brasileños, de los que cuarenta ya han sido identificados.

El suceso se inscribe, aseguraron hoy estas organizaciones en el comunicado conjunto, en la espiral de secuestros que amenaza a quienes atraviesan México hacia el norte, y es una especie de advertencia de las bandas criminales a los que pretendan emprender ese viaje.

"Que si se internan en México más les vale que tengan a alguien que pueda pagar sus rescates", sentenciaron, a lo que añadieron que "si los gobiernos no son capaces de proteger a los migrantes, tampoco son capaces de hacerlo con los nacionales".

Dichas asociaciones describieron un panorama en el que "México se desliza velozmente a la condición de estado fallido", donde la cifra de secuestrados asesinados de este año podría duplicar la del anterior.

Según los datos que manejan, extraídos de fuentes oficiales como la Procuraduría (Fiscalía) General de la República, 163 víctimas de secuestros han sido asesinadas en lo que va de año, mientras que 2009 finalizó con 99 personas fallecidas en esas circunstancias.

Atribuyeron este aumento a que cada vez hay más grupos criminales que secuestran y afirmaron que, de las 1.203 víctimas de secuestro asesinadas desde 1971, el 37,41 por ciento murieron durante el actual mandato del presidente Felipe Calderón.

Algo similar ocurre con los secuestros denunciados, que, al concluir 2010 -predijeron- rondarán los 1.800, una cantidad un 193 por ciento mayor a la registrada hace cuatro años.

Todo ello sin contar con los datos de los secuestros no denunciados, que, como explicaron, superan a los sí notificados en estados como Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz.


El Desastre humanitario de los "sin papeles"



En los últimos años, miles de inmigrantes centroamericanos han desaparecido al cruzar por México con rumbo a Estados Unidos, según denuncian organizaciones civiles.

La situación se agravó en los últimos tres años, cuando aumentaron los secuestros de indocumentados por bandas criminales mexicanas, asegura Edith Zavala, secretaria del Foro Nacional para las Migraciones en Honduras. "Muchos pagaron la extorsión y no supieron de su familiar. Es un desastre humanitario lo que sucede en México", dice.
La cantidad de inmigrantes que perdieron contacto con sus familiares se desconoce. Por ejemplo, un informe de la Cámara de Diputados de México afirma que 60.000 personas desaparecieron entre 1998 y 2008.

Organizaciones de derechos humanos de Centroamérica han logrado documentar varios cientos de casos, pero afirman que la cifra real es mayor.

En El Salvador, por ejemplo, un promedio de 300 personas al día emprenden viaje a Estados Unidos sin documentos, la mayoría por vía terrestre y cruzando territorio mexicano.

No existe un registro de cuántos inmigrantes se pierden en el camino, dice Gilma Pérez, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. "Muchas familias no registran los casos. Tienen muchas dudas de que la denuncia les haga aparecer de nuevo", reconoce. Así, los casos que llegan a las autoridades de Centroamérica son pocos en comparación con los que pudieran existir. En El Salvador, por ejemplo, la Policía Internacional tiene 50 denuncias de desaparición de inmigrantes. Y en Honduras, uno de los países con mayor salida de personas en la región, hay 600 casos documentados.

Edith Zavala, de Honduras, considera que ya "es hora que los gobiernos de Centroamérica asuman su responsabilidad… En México hay una cacería humana contra los indocumentados".

Tamaulipas, el agujero negro de México
Por Daniela Pastrana-IPS

Tamaulipas se ha convertido en el hoyo negro del crimen organizado en México. Hay poco registro de la acelerada desintegración social que vive ese estado fronterizo desde hace seis meses, pues la prensa local está totalmente silenciada.

"No tenemos opción, simplemente no tenemos opción", dijo a IPS, vía telefónica, el corresponsal de un periódico nacional que pidió reservar su identidad. Como otros, este periodista se negó a enviar a su diario información sobre el asesinato del alcalde de Hidalgo, un pequeño municipio vecino de Ciudad Victoria, capital del estado situado en el extremo nororiental de México.

El alcalde, Marco Antonio Leal García, fue emboscado y asesinado el domingo 29 en la tarde, cuando viajaba en automóvil con su hija de 10 años, que resultó herida en las piernas. Apenas el 13 de agosto había sido muerto su antecesor en la alcaldía, Cesáreo Rocha Villanueva.

El lunes 30, los diarios de Ciudad Victoria publicaron esquelas del alcalde asesinado, pero no la noticia de su muerte, debido a que todas las redacciones fueron amenazadas, supuestamente por grupos del crimen organizado.

Tamaulipas es un estado fronterizo de algo más de tres millones de habitantes, con una superficie equivalente a los territorios sumados de El Salvador y Costa Rica. Comparte una extensa frontera con Texas y tiene uno de los principales puertos sobre el Golfo de México, Tampico.

En esa zona del noreste operan el narcotraficante Cartel del Golfo --que controla las ciudades fronterizas-- y una violenta organización conocida como Los Zetas, formada por militares desertores que habían sido entrenados en técnicas de combate y contrainsurgencia por la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA).

"Los Zetas originales comenzaron ejecutando blancos selectos con eficiencia militar y economía de balas", dijo a IPS Jorge Luis Sierra, periodista especializado en seguridad y militarización.

"Pero después comenzaron los excesos, y ahora Los Zetas ya no son los viejos soldados desertores, sino unidades que mezclan civiles, policías, ex militares y sicarios de otras bandas, que practican tres estrategias juntas: actúan como narcos, como terroristas y como guerrilleros al mismo tiempo", agregó.

Al asesinato del alcalde Leal García lo precedió un fin de semana muy violento, con explosiones en las ciudades de Reynosa y Tampico y el estallido de un coche bomba frente a las instalaciones del canal Televisa Victoria, que el viernes 27 amaneció con su señal apagada.

El domingo se produjo un enfrentamiento de más de nueve horas entre militares y delincuentes en la región del río Pánuco, límite sur de Tamaulipas, que fue registrado por usuarios de la red social Twitter.

Pero no son los únicos casos, ni los peores. Seis días antes de las elecciones de julio, fue asesinado del candidato favorito a gobernador del estado, Rodolfo Torre Cantú, del Partido Revolucionario Institucional. Y apenas la semana pasada, efectivos de la marina de guerra encontraron en un rancho del municipio de San Fernando los cuerpos de 72 inmigrantes masacrados, presumiblemente, por haberse negado a trabajar para Los Zetas.

Del asesinato de los inmigrantes "hay varias lecturas: una es que Los Zetas son el grupo más brutal y violento que hemos conocido; dos, que es posible que hayan sido detectados, y mataron a todos antes de irse del lugar, y tres, que otro grupo haya cometido la acción y se la haya atribuido a Los Zetas para exterminarlos de la zona", conjeturó Sierra.

Los Zetas, explicó, nunca reivindican sus acciones. Su "política comunicacional" es el acto mismo. En cambio, sus enemigos están empleando tácticas de guerra psicológica, como los coches bomba. En este sentido, "matar a 72 inmigrantes y atribuirlo a Los Zetas puede ser un acto de propaganda y formar parte de una estrategia de guerra psicológica", dijo.

Como sea, Los Zetas encontraron años atrás una mina de oro en el secuestro de indocumentados.

Según cifras oficiales, unas 22.000 personas de América Central y del Sur cruzan por año este país sin permiso y, al menos la mitad, son extorsionadas y puestas en el dilema de incorporarse a las filas de Los Zetas o pagar por su liberación y continuar su camino a Estados Unidos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos asegura que cada mes son secuestrados unos 1.600 inmigrantes.

En la inauguración de un foro sobre trata de personas en Ciudad de México, la diputada federal Rosi Orozco aseguró que el mercado de este delito representa una de las tres principales fuentes de ingresos para el crimen organizado y "ha crecido en la mayor parte de los estados, convirtiéndose en un tema de seguridad nacional".

Aunque esto ocurre en todo el país, se recrudece en la "frontera chica" de Tamaulipas, una faja de municipios en el noroeste del estado que es clave para el tráfico de drogas y donde disputan el Cartel del Golfo y Los Zetas, a los que se sumó recientemente --según testimonios de habitantes-- el Cartel de Sinaloa, que lidera "El Chapo" Joaquín Guzmán Loera.

"Hay una deficiencia asombrosa de inteligencia" en todo el aparato de seguridad, "sobre todo si consideramos que éste no fue el primer caso de secuestro masivo de indocumentados", cuestionó Sierra. "¿Cómo es posible que el crimen organizado haya secuestrado y asesinado a 72 inmigrantes sin que lo haya detectado inteligencia militar?".

El peor de los escenarios es que esos territorios de ingobernabilidad se amplíen más y alcancen "puntos estratégicos: instalaciones petroleras, áreas financieras, oficinas de gobierno, grandes concentraciones de personas", dijo. Nada de eso está descartado.


Qué cinismo ante la tragedia

Por Ana María Aragonés (*)

El asesinato de 72 migrantes provenientes de Centro y Sudamérica supuestamente ultimados por integrantes de Los Zetas, y que fueron encontrados gracias a otro migrante que pudo escapar de la masacre porque creyeron que estaba muerto, y no porque las autoridades hubieran estado atentas a su responsabilidad, nos llena de enorme rabia cuando Felipe Calderón afirma que esto se debe a que "el cártel de Los Zetas están recurriendo a la extorsión y al secuestro de migrantes como mecanismo de financiamiento y reclutamiento". Y peor todavía cuando el nuevo vocero del gabinete de seguridad, Alejandro Poiré, declara que esto ocurre en el marco de "una lucha encarnizada y sumamente violenta entre los cárteles del Golfo y Los Zetas, lo que ha traído un incremento sustancial de la violencia en el noreste del país". Es decir, que el gobierno lo está haciendo tan bien que estas organizaciones están enfrentando una situación muy adversa para abastecerse de recursos y para reclutar voluntarios.

Qué tipo de explicaciones son esas que, a pesar de todas las evidencias, sigue neciamente sosteniendo que su guerra contra el narcotráfico está menguando a los cárteles. Y si así fuera, ¿entonces por qué no los pone entre rejas pues ya no tienen recursos, más que el secuestro y la violación de mujeres? Quién se puede creer que estos cárteles están mermados económicamente, cuando la realidad es que la falta de autoridad y la absoluta ingobernabilidad en la que el país se encuentra permiten a la delincuencia organizada ya no sólo el trasiego de la droga, sino ampliar su cadena delictiva ante la absoluta impunidad y corrupción.
Esta situación que lacera a toda la población mexicana es todavía peor para los migrantes, pues se trata del grupo más vulnerable, como hemos denunciado en este medio incansablemente, por ser trabajadores indocumentados. ¿Por qué México le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos convirtiendo a la frontera sur en la frontera maldita como muchos la han nombrado? ¿Por qué para México los connacionales en Estados Unidos son trabajadores y no delincuentes y que además deben ser amnistiados, regularizados? ¿Cuál es la diferencia con los migrantes indocumentados latinoamericanos, si también ellos buscan lo mismo que los mexicanos? ¿Por qué no se les trata como uno quisiera que fueran tratados los mexicanos? ¿Cómo puede afirmar el gobierno que mantiene una política activa de promoción y respeto de los derechos humanos de este grupo vulnerable en territorio nacional cuando se violan permanentemente los tratados internacionales? ¿Cómo se va a justificar lo sucedido a estos migrantes ante los gobiernos de sus países? No es suficiente las palabras vacías como las de Poiré cuando pide la condena unánime de la sociedad y de las autoridades ante lo sucedido. Puro cinismo.

Lamentablemente lo sucedido a los migrantes en nuestro país no es nuevo, como lo señaló en un importante estudio la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2006, y como lo han denunciado personas ejemplares que están al frente de diversas casas para el migrante, y que sólo han encontrado, en el mejor de los casos, indiferencia de las autoridades, cuando no ataques frontales.

No sólo los migrantes indocumentados sino la población mexicana está expuesta a todos los horrores conocidos como resultado de una guerra que bajo un argumento totalmente perverso sostiene el gobierno al señalar que algunos quisieran que no hiciéramos nada. No, señor Calderón, este es un argumento falso para no aceptar que lo que se pretende es que cambie una estrategia que está llevando al país a las páginas rojas de todo el mundo.

Los foros realizados en los últimos días para discutir las cuestiones sobre seguridad nacional no sirvieron de nada, porque usted no escucha a los especialistas que se han cansado de ofrecer propuestas que han tenido éxito en el mundo entero y que usted se niega a poner en marcha. Usted, señor Calderón, sigue en su insensata guerra, poniendo a los militares en la calle, cuyas funciones son otras y por ello las constantes violaciones a los derechos humanos que han sido documentadas, sosteniendo la posibilidad de una policía única sin antes haber creado cuerpos blindados ante la corrupción que de momento campea entre ellos.

No podemos caer nosotros también en el cinismo y la indiferencia. Es necesario presionar para que el gobierno acepte su responsabilidad y actúe en consecuencia, y así evitar que se sigan cometiendo flagrantes violaciones a los derechos humanos que colocan a México como una vergüenza ante la opinión internacional y promueven sufrimientos sin fin.
(*)Publicado en el diario mexicano La Jornada

(Fuentes:Milenio,EFE, BBC-Mundo, IPS, Prensa Latina y Adital-La Jornada)

(Fotografías enviadas al Premio Nuevo Periodismo CEMEX+FNPI )

23.8.10

Honduras:Represión postgolpista

HALLAN LA PRIMERA FOSA COMÚN CON CADÁVERES DE ASESINADOS BAJO EL ACTUAL RÉGIMEN POSTGOLPISTA . EL GOBIERNO AMENAZA CON ACABAR, POR LA FUERZA CON LA HUELGA DE RESISTENCIA DE LOS MAESTROS


La presidenta del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, Bertha Oliva, confirmó el hallazgo en San Pedro Sula, al norte del país, de uns fosa común con más de cien cuerpos de desaparecidos en los últimos tres meses.

Según relató Oliva por Radio Sur, este hecho demuestra la magnitud de los crímenes de lesa humanidad que se comenten en el país. La presidenta del organismo de derechos humanos denuncia que "la represión estatal trabaja en conjunto con el crímen organizado".

Oliva explicó que cada día se reciben "10 denuncias de violaciones que van desde asesinatos selectivos, hasta acoso y amenazas de muerte a los miembros del Frente de la Resistencia y otros movimientos sociales". Así, en los últimos días fueron asesinadas cuatro personas, de las que dos son menores.

La dirigente campesina, Teresa de Jesús Flores Elvir, fue encontrada asesinada y con signos de tortura. En tanto, un grupo armado ultimó a Víctor Manuel Mata Oliva junto con Sergio Magdiel Amaya, de 18 años, y Rodving Omar Villegas, de 15. Ambos se dirigían a la comunidad del Paso Aguán, en el norteño departamento de Colón. Las tres personas acribilladas pertenecían al Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA).

Sobre este conflicto, Oliva explicó que "el Gobierno dice que está avanzando en la solución del conflicto por la tierra, pero el avance que se vive en el país es el asesinato permanente de miembros del MUCA".

Los campesinos acusan de estos los asesinatos al terrateniente Miguel Facussé, uno de los implicados en la trama civil del golpe de estado contra el Presidente Zelaya.


El asesinato de Teresa de Jesús Flores


La Red Feministas en Resistencia, y otras organizaciones hondureñas, denunciaron la tortura y asesinato de Teresa de Jesús Flores Elvir, dirigente y coordinadora de varias organizaciones campesinas, pertenecientes al Frente Nacional de Resistencia Popular.

En un comunicado, las feministas de Honduras, repudiaron el asesinato de la activista de 52 años de edad, quien dedicó gran parte de ellos a la lucha por el movimiento campesino hondureño.

Teresita, como cariñosamente le llamaban era madre de 14 hijos, originaria del departamento de Comayagua y coordinaba varias organizaciones entre los que se encuentran: la Unión de Trabajadores del Campo (UTC) y la Organización Campesina de Honduras (OCH). Recientemente, formó parte del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (Cococh).


De acuerdo con sus familiares, Teresita desapareció el 7 de agosto a medio día, mientras se dirigía de Tegucigalpa hacia su casa en Comayagua. La última vez que la vieron se disponía a tomar el autobús.

La Red Morazánica de Información (RMI), informó ayer martes que el 14 de agosto fue encontrado el cuerpo sin vida de la activista a 35 kilómetros de la ciudad de Siguatepeque, con un disparo y señales de haber sufrido tortura. Cuando ingresó a la morgue, el cuerpo de Flores fue etiquetado como desconocido y luego fue identificado por su ex esposo.

Organizaciones campesinas y feministas en resistencia, señalaron que este asesinato, es una muestra más de la represión que se vive en Honduras desde el golpe de Estado, el 28 de junio de 2009, cuando fue derrocado el presidente electo democráticamente, Manuel Zelaya.

Las feministas acusaron al actual Gobierno de Porfirio Lobo Sosa de ser el responsable directo de la escalada de violaciones de los derechos humanos de las mujeres.


Las tramas golpistas acusan a Manuel Zelaya


El ex presidente de Honduras y actual coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular, Manuel Zelaya Rosales, fue acusado por el Ministerio Público hondureño de un supuesto desvío de fondos donados por el Estado venezolano al Gobierno que él presidió. El Frente de Resistencia denunció que la causa busca complicar el posible retorno de Zelaya, quién se encuentra exiliado en Santo Domingo, República Dominicana .Además, afirmó que el Gobierno de Lobo mantiene intacta la estructura golpista en el país.

Esta nueva acción del Gobierno de Porfirio Lobo es opuesta a las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), que planteó la necesidad de anular los juicios contra Zelaya por tener motivaciones políticas.

Por otro lado, el Frente anunció que ya juntaron más de 940.000 firmas para convocar a una Asamblea Constituyente. Asimismo, los firmantes exigen el retorno incondicional del Presidente Manuel Zelaya Rosales, el Padre Andrés Tamayo y todos los hondureños en el exilio.

Amenazas contra los maestros, en huelga por tercera semana

El paro magisterial que afecta a la educación primaria y secundaria a nivel estatal entró en su tercera semana en todo el país, mientras los padres de familia, que se oponen a la huelga, amenazan con abrir a la fuerza las escuelas.

Los padres de familia en Tegucigalpa, aglutinados en la organización "Volvamos a Clases", advirtieron que este lunes abrirán con martillos los portones de las escuelas e institutos que los maestros mantienen con candados.

Los educadores en huelga demandan al gobierno que reintegre al Instituto de Previsión del Magisterio (IMPREMA) unos cuatro mil millones de lempiras (210 millones de dólares) sacados de esa institución.

Además, se oponen a la privatización de la educación, a través de la "Ley General de Educación" que está lista para entrar en debate en el Congreso Nacional, dijeron los educadores a la prensa local.

El presidente Porfirio Lobo Sosa, se ha comprometido a dar seguridad en los centros educativos para que los niños y jóvenes puedan retornar a las clases y la Policía Nacional advirtió que no permitirán que obstruyan el tráfico vehicular, por lo que si deciden realizar esa acción serán desalojados. El viernes pasado varios maestros resultaron lesionados por un desalojo que hizo la Policía Nacional en Tegucigalpa, para lograr normalizar el tráfico de vehículos en las vías capitalinas.

Los maestros exigen la destitución del ministro de Educación, Alejandro Ventura, y que el Gobierno no les deduzca de su sueldo los días que no han trabajado, a lo que el Presidente Lobo ha reiterado que eso no es negociable y que el día que los educadores no asistan a impartir clases, no se les pagará.

El viernes pasado la Policía desalojó con bombas lacrimógenas a centenares de maestros que se habían tomado durante unas cuatro horas dos importantes bulevares de la capital hondureña y detuvo a unos cuatro dirigentes que fueron golpeados durante la operación.

Los detenidos fueron remitidos ayer al Ministerio Público, acusados de haber agredido a la autoridad.

En la protesta del viernes los manifestantes quemaron llantas, pintaron consignas en edificios y lanzaron piedras y palos a los policías, que intervinieron unas cuatro horas después de haber iniciado la protesta.

Los maestros acusan a la Policía de "represiva" y de haber "masacrado" a los cuatro dirigentes detenidos, "pero no actúa contra los que tomaron los dineros del Instituto de Previsión del Magisterio", según dijo un dirigente gremial.

Carta de José Manuel Zelaya a la clase trabajadora hondureña


Del escritorio del ex presidente José Manuel Zelaya Rosales
Coordinador General del FNRP

Compañeros(as) Trabajadores de Honduras:

Me dirijo a ustedes para darles fuerza y aliento en este momento, que los niveles de brutalidad del régimen, solo se pueden comparar con la carrera desesperada que tienen por entregar todos los bienes de los Hondureños al capital transnacional y sus representantes locales.

En la historia nunca antes vivió nuestra patria una situación más difícil, ni nos tocó enfrentar a la insaciable ambición de unos pocos, que hoy se revelan sin reservas ante nuestros ojos y de los extraños.

El estado de indefensión de nuestra población ante las fuerzas represivas es palpable tememos que unirnos para vencerlos.

Las víctimas de la represión en el golpe de estado, igual que el que recibe las palizas y las torturas, hoy son sometidos a bochornosos juicios, que no tienen ninguna razón jurídica, pero si expresan la arbitrariedad, y la barbarie que hoy prevalecen en las instituciones Hondureñas.

Deseo expresar mi reconocimiento a los compañeros comprometidos con los DDHH por su condición de verdaderos representantes de justicia en Honduras.
Por ahora, el gobierno de Porfirio Lobo, por orden de la oligarquía, solo busca conjurar la unidad del movimiento magisterial y el obrero, que luce ante sus ojos como la fuerza que tienen que desarticular a toda costa.

La situación actual, si bien permanece aún incierta, debe derivar en la UNIDAD de todas las fuerzas sociales, debemos tener la seguridad de cada día más los trabajadores, del campo y la ciudad encaminen sus esfuerzos a la unidad y la organización, a conjuntar paso a paso las posiciones de todos los sectores frente a esta lucha y las luchas por venir.

Las demandas, para crear la unidad y el respaldo popular no deben ser tímidas, deben ser enérgicas y claras frente a la impostergable necesidad de mejorar las condiciones de vida del pueblo.

Considerando el pobre nivel de compromiso, que tiene este gobierno con los sectores sociales, se debe ser vital, contundente y categórico en lo que demandan las clases populares y no ceder espacios que corresponden en la lucha a la clase trabajadora.
Los maestros en lucha, deben tener todo el apoyo, hasta vencer el menosprecio con que se les trata y sus reclamos priorizados, deben ser parte integral de las demandas.

El salario mínimo para los obreros, es merecido y debe ser correspondiente al costo de la canasta básica de alimentos que oscila en promedio entre L 6600.00 y L 6 900. 00 mensuales

No es una dádiva, lo que necesitamos. Exigimos lo que por derecho le corresponde a la clase trabajadora.
Este año debe estar incluida la maquila por deuda y compromiso con ellos.

Se debe hacer un llamado general a la centrales obreras a los campesinos, de todo el país, especialmente
del bajo aguan en lucha intensa y desigual.
Llamar a integrarse a los sectores con derechos postergados por siglos indígenas, garífunas, misquitos, mujeres, LGTB y todos los sectores marginados que puedan escapar a mi memoria en este duro momento.
Todos los acontecimientos nos muestran a las claras un esquema en que se trata de imponer por todas las vías el temor y la división de todas las fuerzas de oposición tanto políticas como sociales con el fin de doblegar la resistencia.

Hoy revierten todas las leyes, decretos, regulaciones y medidas que tomamos en beneficio del pueblo. Medidas que muchas veces significaron choques con la oligarquía que siempre se empeña en cobrar a la gente sin importarle los niveles de Neo esclavitud y de pobreza.
El acceso a los servicios básicos, hoy casi todos privatizados, al crédito del sistema bancario con bajos intereses para los campesinos bajar el costo de la vida medicinas, salud, educación deben ser considerados en los planteamientos.

La salida violenta y la aplicación del puño fuerte para los trabajadores y guante de seda para los golpistas y la oligarquía, es el peor de los caminos que ha escogido el régimen actual, cada día tienen mayor rechazo del pueblo.

Compañeros, compañeras, el momento requiere de un gran nivel de esfuerzo y avance para la organización; El camino es la unidad inquebrantable de los trabajadores y las trabajadoras fundamentalmente, alrededor de Frente Nacional de Resistencia Popular.

Muchas veces la elite cree equivocadamente, que trabajadores son solo los que nos manifestamos en marchas ; trabajadores somos todos aquellos que debemos entregar nuestra fuerza de trabajo por salarios y otras compensaciones que en la mayor parte de las veces ni en las labores domésticas se nos reconocen .

Por esta razón, es importante entender que el movimiento popular es un todo, que la clase trabajadora, empleada, des empleada, sub empleada, en el campo y la ciudad debe sentirse, unificada, identificada en esta lucha.

Les invito a participar, asociarse con firmeza y convicción, estoy seguro convencido, que la victoria está en nuestras manos, es nuestra pero no dejemos que el futuro incierto, dominado por la arbitrariedad con que nos gobiernan, se apodera de nuestro ánimo.

A la clase gobernante le decimos: Uds. se equivocan porque quieren, No perderemos nunca el derecho al agua, al trabajo y a la vida y los derechos que nos pertenecen.
No permitiremos la aunque nos quieran imponer la tercerización y las jornadas horarias o que nos administren los sectores que han demostrado traicionar al pueblo.

Somos miles y miles que no tenemos trabajo, que vendemos productos bajo préstamos a intereses leoninos, que somos víctimas de la violencia, de la injusticia, de la corrupción y de la impunidad, los que sufrimos la persecución vil del sistema judicial abyecto y pusilánime, los que permanecemos en el exilio por la fuerza de los fusiles asesinos, todos somos un pueblo, y todos estamos marchando hoy con los obreros y especialmente con los trabajadores de la educación con el magisterio, hasta parafrasear a MORAZAN cuando hablaba a los conservadores.

“A Uds. hablo enemigos de la libertad…..Este pueblo que has tratado de envilecer con tus mentiras pronto será vuestro juez."

TRABAJADORES DE MI TIERRA.
UNIDAD, LUCHA O MUERTE
POR LA CLASE TRABAJADORA DE HONDURAS!

MEL ZELAYA.
Ex Presidente de Honduras
Coordinador G. FNRP.
22 de agosto de 2010
República Dominicana.


(Fuentes: Agencia PÚLSAR, Adital, Notimex ,EFE y Minga Informativa)

19.8.10

Latinoamérica:Feminicidio

NO DISMINUYEN SINO QUE AUMENTAN LOS CRÍMENES CONTRA LAS MUJERES EN LATINOAMÉRICA. CENTROAMÉRICA Y CARIBE SON LAS REGIONES CON UN MAYOR ÍNDICE DE ASESINATOS


América Central y el Caribe son las regiones donde ocurre el mayor índice de asesinatos de mujeres, también llamado "feminicidio", según señala el III Informe Internacional "Violencia contra la mujer en las relaciones de parejas", elaborado y divulgado por el Centro Reina Sofía desde Valencia (España). El estudio analiza los datos , en 135 países, entre 2000 y 2006.

El informe revela que en 2006 fueron asesinadas 42 mujeres por millón, en todo el continente latinoamericano. A pesar de que el femenicidio ha presentado una declinación en gran parte del mundo, la República Dominicana fue el país de la región latinoamericana y caribeña, que presentó el mayor aumento de este fenómeno.

De acuerdo con el informe, los países que se destacaron en la ocurrencia de femenicidios en forma general fueron El Salvador, con 129 asesinatos de mujeres, por millón de habitantes, Guatemala, con 93 casos de femenicidios por cada millón, Honduras, con 45 y, Colombia, con 50 registros. En el análisis específico del femenicidio en el ambiente doméstico, el informe destaca que la mayoría de los casos se produjeron en República Dominicana, Panamá y Puerto Rico.

México y Colombia encabezan la lista de los países de la región latinoamericana con un mayor número de mujeres asesinadas en el ambiente doméstico. Colombia también ocupa la segunda posición en los casos de femenicidio entre parejas o ex-parejas.

Puerto Rico, Honduras, Paraguay, Costa Rica, Panamá, Colombia y Nicaragua están entre los países que registran números, por encima de la media, de asesinatos de mujeres fruto de relaciones entre parejas o ex-parejas, según el Informe. A pesar de que el femenicidio ha declinado, en general, cerca del 45%, entre 2000 y 2006, los asesinatos cometidos entre parejas o ex-parejas aumentaron un 15%.

A pesar de estos números, el informe indica que los países latinoamericanos y caribeños han avanzado mucho en la elaboración de leyes contra el femenicidio. El problema es que no se aplican esas normas.

En general, los casos de femenicidios ocurren, la mayoría de las veces, con el uso de armas blancas, como cuchillos, por ejemplo. Estudios señalan que parte de los agresores sufrieron malos tratos durante la infancia y usan, en la edad adulta, la violencia para resolver sus conflictos.

Por primera vez el informe incluyó el parecer de 37 ONGs sobre la eficacia de las leyes de combate al femenicidio. De los 135 países analizados, sólo 72 desarrollaron leyes específicas o proyectos de leyes de protección de las mujeres. En Europa, se observó cierto dinamismo, ya que desde 2006, 28 nuevas leyes fueron implementadas.

Para leer el Informe:
En Chihuahua, en siete meses más asesinadas que en todo 2010

En el estado mexicano de Chihuahua, cuya capital es Ciudad Juárez el pasado 18 de agosto se rebasó la cifra total de asesinatos de mujeres de todo el año 2010
Con tres casos descubiertos ese día, el registro de feminicidios alcanzó los 169, mientras que durante todo el 2009 la cifra fue de 164 y en el 2008 se dieron 87.

Las estadísticas oficiales establecen que el 90 por ciento de los casos de crímenes de mujeres está relacionado a la delincuencia organizada y el resto, a la violencia de género o familiar.
El archivo periodístico precisa que en enero de 2010 ocurrieron 16 asesinatos contra mujeres; 9 en febrero; 28 en marzo; 15 en abril y 17 en mayo, mientras que junio cerró con 29 víctimas; julio con 25 casos y 29 en lo que va de agosto.

Los datos oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) precisan que han sido asesinadas 846 mujeres desde 1993 a la fecha, cuando empezó a documentarse el feminicidio.

El seguimiento periodístico que se lleva de los homicidios dolosos cometidos contra mujeres, indica que del 21 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2007 se tenían cuantificados 427 crímenes, mientras que el 2008 cerró con un total de 87 casos, el 2009 con 164 y hasta ayer se habían cometido 168 asesinatos contra el género femenino.
En el desglose de datos se establece que en 1993 se reportaron 19 eventos, 19 en 1994, 36 en 1995, 37 en 1996, 32 en 1997, 36 en 1998, 18 en 1999, 32 en 2000, 37 en 2001, 36 en 2002, 28 en 2003, 19 en 2004, 33 en 2005, 20 en 2006, 25 en 2007, 87 en 2008, 164 en 2009 y 168 en 2010.

En los más recientes asesinatos las víctimas no rebasaban los 25 años.


El feminicidio en Guatemala


Aún cuando para las autoridades en Guatemala los principales móviles de las muertes violentas de mujeres, son los vínculos con las maras, pandillas o grupos del crimen organizado, la violencia familiar y las venganzas personales, organizaciones feministas consideran que los asesinatos se derivan de las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres.

De acuerdo con una publicación del vespertino “La Hora”, la mayoría de los casos investigados por las instituciones judiciales, se han asociado a las acciones de los maras y de los grupos del crimen organizado.

Ellas son atacadas cuando intentan dejar a la pandilla o la traicionan y cuando cometen errores en alguna acción delincuencial, informa.

Destaca que en lo que va del 2010 se han registrado 410 muertes violentas de mujeres, lo que revela una leve tendencia al aumento, en comparación con estadísticas de años anteriores. La principal característica de los asesinos es que son extremadamente machistas, señala el diario.

En contraparte, para las organizaciones feministas la muerte violenta de mujeres se deriva en primer lugar, de las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres y, en segundo, de la forma como la sociedad considera a las mujeres: una propiedad sobre la cual se puede decidir, exponen.

Sandra Morán, del Sector de Mujeres, precisa que en las muertes violentas de guatemaltecas también hay estrecha relación con el papel que ellas desempeñan en la sociedad.

Las mujeres empoderadas y participativas provocan el descontento de sectores tradicionalistas que insisten en que la figura femenina es la encargada de realizar las labores domésticas, opina.

Para Morán es en esos espacios donde las ciudadanas están más vulnerables a ser violentadas por parte de sus parejas, situación que se agrava cuando las autoridades no ofrecen medidas de protección específicas, o no facilitan el acceso a la justicia.

Un informe elaborado por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) recomienda a las autoridades fortalecer la atención de denuncias, sobre todo sobre violencia familiar, sexual o patrimonial, ya que al no actuar oportunamente se generan las condiciones para que el agresor violente a las víctimas hasta causarles la muerte.

A propósito del incremento de las muertes violentas de mujeres en Guatemala, en 2009 Naciones Unidas presentó en este país la campaña ÚNETE con cinco objetivos que deben cumplirse en 2015 y que tienen como propósito poner fin a la violencia contra las mujeres.

Este año se lanzó la Campaña regional por el acceso a la Justicia para las Mujeres en Centroamérica y México, región en la que en 2009 se perpetraron más de 2.300 feminicidios en Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y México.

La campaña regional adoptó el primero de los cinco objetivos de ÚNETE, el cual afirma que la ausencia de leyes para poner fin a la violencia, y su no implementación donde ya existen, es generalizada en el mundo y la impunidad es, con frecuencia, el resultado de que los Estados no apliquen las normas internacionales en los niveles nacionales y locales.


¿Dónde están las jóvenes mexicanas?

Por Gladis Torres Ruiz (*)

Como resultado de una serie de omisiones del Estado, los derechos humanos de las jóvenes mexicanas, de entre 15 y 29 años de edad, son constantemente violados.

Todos los días, ellas enfrentan la falta de oportunidades y la negación de sus derechos básicos como el acceso a la educación, a los servicios de salud, y al empleo. En el colmo de esta falta de políticas públicas, se les incluye en la generación mal llamada de “ninis”, (que ni estudian ni trabajan).

Las jóvenes mexicanas ocupan gran parte de su tiempo en el cuidado del hogar y de los otros; hijas, hermanas, esposas o nueras asumen el rol de “cuidadoras”, porque la sociedad las considera “mejor preparadas” que los hombres para esta tarea, afirmó Perla Vázquez, coordinadora general de Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos.

Y aunque no es su libre elección, las jóvenes sin oportunidades, se encargan de hacer un trabajo no remunerado, alimentar, cuidar, y hacer quehaceres para terceros, mientras que otros salen a buscar empleo y otras opciones, es decir se reproduce y reafirma la construcción de una cultura machista, dijo la especialista a Cimacnoticias.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2005, de cada 100 mexicanas de 15 años y más, 10 no sabían leer ni escribir y, de cada 100 hombres 7 eran analfabetas.

Una quinta parte (21.7 por ciento) de las mujeres de 15 años y más que residen en localidades menores a 2 mil 500 habitantes no sabían leer ni escribir; frente al 16 por ciento de los hombres.

La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2009, indica que las mujeres destinan 29.2 horas semanales a las actividades domésticas, mientras que los hombres sólo 7.8 horas en el mismo periodo.

Las mexicanas dedican casi 20 horas a las labores del cuidado de otros, mientras que los hombres ocupan 8.8 horas a esta tarea.
Por cada hija o hijo menor de cinco años, el trabajo en el hogar aumenta un 5.92 por ciento, mientras que por cada niña o niño de 6 a 12 años de edad, la carga de trabajo crece 4.87 por ciento.

Además, las mujeres representan 70.49 por ciento de las personas que dan apoyo a otros hogares, mientras que los hombres sólo 29 por ciento.

Derechos femeninos

“En México las mujeres jóvenes, son el principal blanco de violaciones a derechos humanos en materia de salud sexual y reproductiva, de violencia y feminicidio”, subrayó Perla Vázquez.

Las políticas implementadas por el gobierno federal, violentan todos los derechos femeninos, “todas las asesinadas, las desparecidas, las víctimas de violencia en el hogar, y a quienes se les niega el acceso a la interrupción de un embarazo, son jóvenes”, sostuvo.

El informe “La juventud en Iberoamérica, tendencias y urgencias” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (Cepal) puntualiza que en México el embarazo de mujeres de entre 15 y 19 años de edad, ha ido en aumento.

Ese hecho, se relaciona directamente con el nivel educativo y la deserción escolar. Destaca que a esas edades los embarazos son de mayor riesgo, ya que la mayoría de las jóvenes pertenecen a los sectores más pobres de la población.

En estados como Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas y Guerrero mueren más de 6 mujeres, entre 15 y 24 años por cada 100 mil, a causa de complicaciones con el parto y puerperio, revelan cifras del Consejo Nacional de Población 2007.

Añaden que el 28.3 por ciento de las jóvenes sufre violencia económica: la pareja le reclama cómo gasta el dinero, no le da gasto, se gasta lo que se necesita para la casa o le prohíbe trabajar o estudiar. El 12.9 por ciento ha sido víctima en algún momento de su vida de algún tipo de violencia física.

Luego de que en abril de 2007 se despenalizó el aborto en el Distrito Federal, en 17 Estados del país se ejerció la violencia contra las jóvenes al negarles su derecho a decidir con el establecimiento en sus constituciones de la “protección de la vida desde la concepción”.

Asesinos por las calles

Imelda Marrufo, representante de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, recordó que mientras que en los años más críticos del feminicidio, (años 90), se registraron unos 60 asesinatos al año, en los primeros 4 meses de 2010 han sido asesinadas 126 mujeres y los responsables andan por las calles.

Las denuncias de mujeres desaparecidas, dijo, no han cesado y de 2008 a la fecha se calcula que existen 91 mujeres desaparecidas, 55 de ellas son menores de edad.

La agenda

En este, que es el Año Mundial de la Juventud, México será sede de la Conferencia Mundial temática y en ese foro, se tratarán temas como el papel de las jóvenes aspectos como la violencia, los procesos de consolidación de la paz, el VIH/Sida y el acceso a nuevas tecnologías.

Del 23 al 27 de agosto en León, Guanajuato, se buscarán las recomendaciones legislativas para impulsar la agenda de la juventud, además de posicionar el tema y reflexionar en la realidad global de la juventud para que se creen las políticas públicas focalizadas.

La Conferencia -divida en un foro parlamentario, de la sociedad civil y otro de gobierno- buscará ser un espacio de discusión y reflexión sobre los derechos de la juventud y la promoción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

(*)
Artículo publicado el 16 de agosto de 2010 en Cimac Noticias, página web mexicana partidaria del "periodismo con perspectiva de género"


(Fuentes:Adital, El Diario Local-Ciudad Juárez, CN-Cimac Noticias,

Datos personales

Mi foto
Periodista, especializado en Latinoamérica

Pepitorias está en:

BlogESfera Directorio de Blogs Hispanos - Agrega tu Blog TOP 100 WEBLOGS  Bitacoras.com Unión de Bloggers Hispanos Comunidad Blog Hispano Directorio de blogs Blogosfera de Red Progresista Technorati Profile Add to Technorati Favorites
Monitorizar servidor

visitantes


Contador gratis Free counter and web stats