La Consejería en Derechos Humanos y Desplazamientos (Codhes), una prestigiosa ONG colombiana, acaba de hacer público un estudio analizando las estadísticas del gobierno con respecto a los éxitos recientes de las Fuerzas Armadas en el conflicto. El estudio establece que si bien hubo avances al aplicar la dura política oficial, los datos anunciados oficialmente por gobierno del presidente Álvaro Uribe son muy exagerados. Codhes cuestionó que las estadísticas difundidas por el gobierno respecto a las bajas producidas a las guerrillas“son simplemente no creíbles”.
Álvaro Uribe aún cuenta con un 70% de aprobación popular, y esto se debe a su éxito en alejar a las guerrillas de las ciudades y por asestarles golpes significativos.
Sin embargo, el estudio de Codhes ataca esa base misma, al sugerir que las estadísticas de los enemigos asesinados, capturados o que se han entregado son simplemente no creíbles.
El documento titulado “Los números no suman” recuerda que las cifras gubernamentales aseguran que más de 114.000 miembros de los ejércitos irregulares fueron asesinados, capturados o que se rindieron en los últimos seis años. Pero esas guerrillas, de acuerdo a estimaciones gubernamentales previas, no excedían los 30.000 miembros.
Aún permitiendo el reclutamiento para compensar las bajas en las filas, las cifras de la administración Uribe sugieren que cada día caen muertos ocho miembros de las facciones guerrilleras , algo que no está corroborado por ninguna otra fuente.
Un nuevo escándalo, que se une al reciente de los llamados 'falsos positivos',con pruebas sobradas de que miembros de las fuerzas de seguridad han matado a cientos de civiles anónimos y los han presentado como miembros de los ejércitos ilegales muertos en combate. LOs 'falsos positivos' causaron gran debate y consternación en Colombia.
Evaluación de los derechos humanos
El informe de Codhes coincide con la autoevaluación presentada en Ginebra, Suiza ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por el vicepresidente colombiano, Francisco Santos
En su presentación, Santos dibujó un panorama idílico: sustancial reducción de los homicidios y los secuestros, gracias a la política de seguridad democrática implantada por el gobierno desde mediados de 2002, reducción de la tasa de homicidios en un 45%, que las masacres han bajado un 77%, que los atentados "terroristas" cayeron un 76% y los secuestros, un 87%. Según este balance, el gobierno también quebró la tendencia ascendente de fenómenos como el desplazamiento forzado de personas; cuando la propia ONU señala a Colombia, con más de tres millones de desplazados internos, entre los países que encabezan esta siniestra estadística.
"El gobierno manipula"
Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias y desplazamientos forzados son algunas de las violaciones enumeradas por las ONGs, que también acusan al Gobierno de obstaculizar a la justicia y no exigir responsabilidades a los grupos paramilitares."La seguridad es una condición necesaria para la plena vigencia de los derechos humanos", afirma el texto del Gobierno colombiano en referencia a los logros de su plan de "seguridad democrática" contra las guerrillas de izquierda y los paramilitares de extrema derecha.
El Gobierno habla de "tolerancia cero" con las violaciones de los derechos humanos, pero el millar de ONGs, entre éstas Human Right Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) -con las que Uribe mantiene frecuentes roces-, señalan que éstas "continúan siendo graves, masivas y sistemáticas", según el informe que enviaron al Alto Comisionado.
El presidente del opositor Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria, señala que "una de las 'virtudes' del gobierno es la destreza manipuladora. Manipula la imagen, manipula la opinión, manipula las cifras. Por tanto no es sorprendente que presente las cosas de esa manera".
Según Gaviria, el auge del paramilitarismo ha sido la mayor fuente de violación de los derechos humanos. Gaviria, quien fue magistrado de la Corte Constitucional y candidato presidencial en 2006, es muy crítico con la actitud del gobierno frente a los paramilitares.
Según Gaviria, el auge del paramilitarismo ha sido la mayor fuente de violación de los derechos humanos. Gaviria, quien fue magistrado de la Corte Constitucional y candidato presidencial en 2006, es muy crítico con la actitud del gobierno frente a los paramilitares.
Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado considera que el desplazamiento forzado "ha crecido exponencialmente en Colombia bajo la administración del presidente Uribe, durante la cual se han desplazado 1,5 millones de personas". También se queja por la "cadena de ejecuciones extrajudiciales que comienzan por desapariciones forzadas, perpetradas por redes del ejército nacional en lo que se ha llamado el escándalo de los falsos positivos".
El investigador toma distancia de las cifras oficiales y añade que "75 defensores de derechos humanos han sido asesinados (en estos seis años) y los sindicalistas siguen siendo perseguidos".
Por su parte, Jorge Rojas, director de la Consejería en Derechos Humanos y Desplazamiento (Codhes), dice que "la tarea no está siendo bien hecha por parte del gobierno".
"En algunos campos se está retrocediendo y estamos llegando a unos niveles más críticos de violación de los derechos humanos, como en desplazamiento, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.
El investigador toma distancia de las cifras oficiales y añade que "75 defensores de derechos humanos han sido asesinados (en estos seis años) y los sindicalistas siguen siendo perseguidos".
Por su parte, Jorge Rojas, director de la Consejería en Derechos Humanos y Desplazamiento (Codhes), dice que "la tarea no está siendo bien hecha por parte del gobierno".
"En algunos campos se está retrocediendo y estamos llegando a unos niveles más críticos de violación de los derechos humanos, como en desplazamiento, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.
Los datos no coinciden con los hechos
El Gobierno afirma que los paramilitares desaparecieron después de que unos 32.000 miembros de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entregaran las armas tras una negociación que les concedió una amplia rebaja de penas a cambio de confesar sus crímenes, incluidos los de lesa humanidad."El paramilitarismo no ha sido desmantelado", replican las ONGs, que enfatizan los "nexos" entre paramilitares y políticos. Hasta julio de 2008, más de 60 congresistas, la mayoría partidarios de Uribe, eran investigados por la justicia, en el marco del proceso de la "parapolítica".
Las ONGs también subrayan el aumento desde 2002 de las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la fuerza pública.
En ese período "13.634 personas perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica" en Colombia, de los cuales el 75,4% (8.049 casos) son "responsabilidad de Estado", subrayan.
Se trata principalmente de campesinos, líderes comunitarios, indígenas, trabajadores y dirigentes sindicales.
"El Gobierno habla de homicidios y secuestros y no de violaciones a los derechos humanos", lamenta Isabelle Heyer, portavoz de la Comisión Colombiana de Juristas , para quien el "punto débil" del informe gubernamental es "no dar cifras" sobre ejecuciones extrajudiciales.
En Colombia persisten "problemas estructurales como la impunidad y las limitaciones para el acceso a la justicia, la desigualdad y la discriminación", señala la oficina de la Alta Comisionada de la ONU, Navi Pillay, la jueza sudafricana que asumió en septiembre y cuyo primer viaje fue a Colombia.
Burkina Faso, Bahrein e Italia serán los países de la 'troika' encargados de elaborar un informe tras la autoevaluación del Vicepresidente Santos y los informes de las Ong's. Se conocerá el 15 de diciembre.
Burkina Faso, Bahrein e Italia serán los países de la 'troika' encargados de elaborar un informe tras la autoevaluación del Vicepresidente Santos y los informes de las Ong's. Se conocerá el 15 de diciembre.
(Fuentes: BBC-Mundo, ABN-Venezuela y AFP)
No hay comentarios:
Publicar un comentario