Por Guillermo Almeyra (*)
En efecto, el gobierno de Hugo Chávez volvió a ganar otra elección de importancia nacional y lo hizo por mayoría de un millón y medio de votos. Además, logró 17 estados, sobre 22, y una cantidad impresionante de alcaldías; e incluso donde perdió lo hizo por escaso margen, lo que torna irreversibles los resultados, de modo tal que se puede y debe hablar de un triunfo que fue logrado a pesar de la profunda crisis mundial que golpea la economía venezolana.
Sin embargo, no se trató de un partido de futbol cuyo resultado, irreversible, queda para la historia del equipo ganador; por el contrario, fue un episodio más en una lucha enconada y larga contra la derecha venezolana y mundial para reconstruir el país sobre otra base y, por tanto, las elecciones colocaron a Venezuela en un nivel más alto de un conflicto aún no resuelto.
Es importante, por consiguiente, dejar el triunfalismo de lado y empezar a ver dónde el sector popular favorable al cambio social debería reforzarse ulteriormente y cuáles son los planes del capital internacional y de sus agentes nacionales para derrotar al gobierno, pese a las mayorías electorales que éste obtiene reiteradamente, y dónde se está afirmando esa derecha.
La oposición todavía está fragmentada y carece de una figura representativa a escala nacional. Pero empieza a agruparse, y Rosales, apoyándose en Zulia, el estado más rico, tiende a asumir el papel de candidato antichavista y de líder de la oposición (que, sin embargo, sufre el pesado lastre del desprestigio de los partidos tradicionales).
Esa oposición, antinacional, cuenta como principal fuerza propia con los daños que la crisis mundial está causando a la economía venezolana (caída del precio del barril de crudo y, por ende, con el margen que daba la renta petrolera) y le apuesta al “cuanto peor, mejor”, esperando pescar en las aguas turbias del descontento popular y de la descomposición del aparato burocrático estatal, el cual ve con pavor cómo se acaba el tiempo de los privilegios fáciles. Espera también que la alianza venezolana-rusa provoque una reacción antivenezolana del Pentágono que, con el complejo militar industrial, mantienen en el gabinete de Obama el poder que tenían en el de Bush (así como sus intereses y planes).
Calcula igualmente que la conquista de varios estados en la frontera con Colombia le permitirá recibir de Uribe ayuda clandestina, mercenarios, dineros de la derecha colombiana y de Estados Unidos porque, con toda evidencia, sólo un milagro le permitiría vencer a Hugo Chávez en las elecciones donde estará en juego la permanencia del presidente en el poder y, por tanto, debe estudiar con atención la posibilidad del asesinato de Chávez y también la de una revuelta militar apoyada desde el exterior.
En el frente popular, por otra parte, hay debilidades. El Partido Socialista Unificado no es un partido, y aunque actuó con mayor cohesión que en diciembre de 2007, no movilizó aún a la totalidad de sus inscritos (aunque recuperó más de la mitad de los que se habían abstenido hace casi un año), no pudo conquistar sectores importantes de las clases medias urbanas (que siguen siendo coto de caza de la derecha), perdió el control políticoadministrativo de la capital, Caracas, y la derecha logró incluso capitalizar votos de castigo al gobierno en algunos sectores obreros y populares muy golpeados por la reducción de los salarios reales y descontentos debido a la insensibilidad, corrupción y arrogancia de parte importante del aparato burocrático del Estado.
Incluso si el PSUV se organizase mejor, se corre el riesgo de que empiece a identificarse con el aparato estatal y a burocratizarse: no hay que olvidar que la burocracia no es, como en Cuba, la excrecencia degenerada de un aparato estatal revolucionario provocada, a la vez, por la imitación a los soviéticos y por el aislamiento y el bloqueo, sino que es una parte de la corrupción de un Estado burgués cuyo gobierno ha sido ocupado por un puñado pragmático y heterogéneo de revolucionarios antimperialistas que, sobre la marcha, están tratando de producir cambios en ese aparato heredado del pasado “saudita” de Acción Democrática y Copei.
Chávez perdió la capital por falta de movilización popular. Por ejemplo, Raúl Pont, ex alcalde de Porto Alegre, fue a explicar a las autoridades cómo era el presupuesto participativo. Pero éstas no hicieron nada para aplicarlo, aunque les habría dado una herramienta para movilizar y politizar sectores de las clases medias pobres.
El poder popular es asfixiado por el burocrático poder estatal. La autonomía y autogestión y la propia libertad de organización sindical sufren trabas de todo tipo. Las decisiones vienen desde arriba, muchas veces sin siquiera una consulta a los de abajo. Y las Misiones dependen del presupuesto estatal que, a su vez, es un derivado de la renta petrolera.
Chávez, por ejemplo, declara ya muerto el proyecto del Bansur, porque varios países sudamericanos en la crisis redescubren el neoliberalismo neodesarrollista (Brasil, Argentina, Uruguay), pero también porque no puede financiarlo, y Telesur se transformó en un esmirriado proyecto burocrático con escasa audiencia…
No basta pues con ganar las elecciones. Un plebiscito refuerza el prestigio del presidente, pero no la organización popular, de la cual depende el futuro. Más que nunca, hay que tener una base social firme y organizada, consciente y preparada para lo que vendrá en terrenos mucho más duros que los de las urnas.
(*)Guillermo Almeyra es miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO .Este artículo ha sido publicado en el diario mexicano La Jornada, el pasado 30 de noviembre
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