Saharauis, los ojos del desierto

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20.8.08

Perú: Indígenas

PESE AL ESTADO DE EMERGENCIA, SE EXTIENDEN LAS PROTESTAS CONTRA LA LEY QUE PERMITE LA ENAJENACIÓN DE LAS TIERRAS COMUNALES Y LA VENTA DE LA AMAZONÍA A EMPRESAS EXTRANJERAS. EL PARLAMENTO DA LA RAZÓN A LOS INDÍGENAS PERO EL GOBIERNO HABLA DE 'COMPLOT'

Los indígenas del Amazonas dan 48 horas al gobierno de Alan García


Los dirigentes de 65 etnias amazónicas acordaron otorgar una tregua de 48 horas al gobierno peruano y 'congelar' la huelga iniciada hace 12 días, hasta que el Congreso revise este viernes una ley sobre tenencia de tierra, cuya derogación exigen.

El acuerdo fue alcanzado en Lima en una reunión entre el presidente del Congreso Javier Velásquez y Alberto Pizango, líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). Momentos antes, un choque entre policías e indígenas en la ciudad amazónica de Bagua (noreste) dejó 11 heridos, la mayoría de ellos nativos."Hay 11 heridos entre nativos y policías tras los disturbios presentados en esa provincia amazónica",informaba el médico Alejandro Falcón, director de Salud de Bagua. Los enfrentamientos ocurrieron por la tarde cuando decenas de manifestantes armados de lanzas y piedras intentaron tomar por asalto la comisaría de la localidad. Más de medio millar de policías repelieron el ataque.
El pleno del Congreso definirá mañana, en sesión extraordinaria, si se deroga o no el decreto legislativo 1015 y su modificatoria 1073, rechazados por las comunidades indígenas de la selva, porque, entre otras cosas, facilita la venta de sus tierras comunales al mejor postor. La convocatoria a la sesión extraordinaria fue aprobada también en la reunión entre el presidente del Congreso y el de Aidesep. Ambos acordaron también que el parlamento gestione ante el Ejecutivo la anulación del Estado de Emergencia impuesto por el gobierno en las regiones selváticas donde ha prendido la protesta de los nativos.También se pactó la formación de una comisión multipartidista para estudiar y recomendar soluciones a los problemas de los pueblos indígenas y amazónicos.
Días atrás, la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso ya votó a favor de la derogación de los decretos que han provocado la protesta indígena.

Decretos de privatización de la selva y las tierras indígenas


El movimiento indígena amazónico de Perú cumplió ayer 12 días de protestas, con nuevos respaldos a su demanda de anulación de al menos dos decretos que afectan sus derechos a la tierra y el entorno.
Tras el dictamen favorable a la derogación aprobado en una comisión del Congreso, los pueblos originarios recibieron el reiterado apoyo de la
Defensora del Pueblo, Beatriz Merino.
La magistrada, quien presentó meses atrás una demanda de nulidad de uno de esos decretos ante el Tribunal Constitucional, demandó que dicte su fallo con celeridad.
Esa norma facilita la venta o parcelación de las tierras comunales ancestrales de las comunidades andinas y selváticas y es la principal de las leyes rechazadas por el movimiento iniciado el 9 de agosto con la toma de instalaciones petroleras y carreteras.
El otro decreto cuya anulación aprobó la comisión legislativa posibilita la venta de áreas amazónicas a inversionistas extranjeros, lo cual, según sus críticos, permitirá la ocupación de la floresta por grandes transnacionales, proceso que, afirman, ya ha avanzado.
La legalidad de ambas directivas fue cuestionada también por el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, el cual recuerda que esas y otras normas impugnadas por los indígenas responden a exigencias del tratado de libre comercio con Estados Unidos.
El Centro difundió un análisis en el que advierte que "la política económica del gobierno genera un marco de desprotección para los pueblos indígenas” por no proteger sus derechos colectivos.

Se extienden las protestas

Las comunidades de la Cuenca del Río Urubamba (integrada por pueblos Machiguengas, Ashaninkas, Yine-Yami, Kakintes, Awajun y otros) respaldaron el paro pacífico de los pueblos indigenas amazónicos del Perú contra el paquete de medidas legislativas del gobierno peruano que atentan contra los derechos de las poblaciones amazónicas.
En Quillabamba se concentraron de forma pacífica indígenas que se encuentraban de paso en esa ciudad realizando trámites y gestiones, junto a los que son residentes allí por diversas razones; son estudiantes, profesores y trabajadores. La protesta contó con el apoyo de las organizaciones de base de la provincia de la Convención (Federación de Campesinos, Federación de Trabajadores, Municipalidad Provincial de La Convención y otros), que se sumaron a la movilización.
En La Convención, región de Cusco, las comunidades nativas decidieron radicalizar las medida de lucha en los territorios en los que se desarrollan actividades hidrocarburíferas, si el gobierno no acude debidamente representado a las negocioaciones.

En la Región Pasco, los pueblos Ashaninkas y Yaneshas del Valle Pichis paralizaron Puerto Bermúdez. Allí, las organizaciones indígenas convocaron a las protestas 'pidiendo permiso y fuerzas a sus ancestros' para resistir en la lucha . Luego se movilizaron por las principales calles, y en grupos organizaron piquetes para tomar parte de la Carretera Marginal que comunica con La Merced y Pucallpa; y los puertos de la ciudad.


Los indígenas se movilizaron por las principales arterias de la ciudad hasta lograr que ningún establecimiento comercial, ni institución abrieran sus puertas. Bajo la consigna '¡El territorio no se vende, el territorio se defiende!, ¡Están cansados no, combativos si, con la lucha del Pueblo Indígena nadie se cansa! Y ¡Tierras no, Territorios Si!', entregaron los movilizados entregaron un escrito al Teniente gobernador, quien es el representante del Estado en la zona.
Los indígenas paralizan las regiones amazónicas y el gobierno habla de 'complot'

Mientras el gobierno del presidente Alan García exige que se levanten las protestas para acceder a dialogar, 65 etnias indígenas amazónicas aceptan un acercamiento, pero sin dejar la lucha, ahora en un receso hasta que el Congreso vote este vierne la derogación de los decretos.

El transporte de personas y mercancías en las regiones amazónicas está afectado. En las poblaciones de las provincias de Bagua y Utcubamba (departamento Amazonas), Datem del Marañón (Loreto) y el distrito Echerate (Cusco) no se puede transitar con normalidad.
Unos 200 indígenas awajun y wapis, de la comunidad de El Muyo, siguen apostados en el puente Corral Quemado. Este paso es el principal acceso hacia los departamentos de Amazonas y de San Martín. La medida afecta a otras vías ubicadas en esta zona. Según la Presidencia del Consejo de Ministros, existe un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía para vigilar el oleoducto ubicado en el norte de Perú y la central de gas de Camisea. Esto impedirá posibles problemas con el suministro de gas, principalmente en Lima.

Cuando ya hasta el Congreso de dispone a derogar los decretos, el Gobierno dice que 'elementos ajenos a las comunidades indígenas influyen en el paro'. Según Jorge del Castillo, presidente del Consejo de MInistros, algunas ONG's y el movimiento Patria Roja (Partido Comunista del Perú) están detrás de las protestas:“Ellos desinforman a las comunidades para hacerles creer que el Gobierno les arrebatará sus tierras. Esta es una posición que significa estar contra el Perú y contra todos los peruanos”. En declaraciones anteriores Del Castillo señaló al congresista Víctor Isla, del Partido Nacionalista del ex candidato Ollanta Humala. El parlamentario lo emplazó para que demuestre esa acusación.

Los indígenas, por su parte, no declinan. Alberto Pizango, dirigente de la AIDESEP insiste en que los decretos, que conforman la llamada ‘Ley de la Selva’, presentados como la forma de regula y permitir la inversión privada para el uso agroforestal de las tierras amazónicas, lo que hace es flexibilizar la venta de tierras sin tener en cuenta los derechos ancestrales de sus habitantes originarios. Por ello, dice PizangoLos compañeros irán hasta las últimas consecuencias”.
El Estado de Emergencia, 'una provocación'

Las posiciones en pugna elevaron el clima de tensión a lo largo de la selva peruana, donde entre 10.000 y 12.000 indígenas amazónicos de distintas etnias, tanto al norte como al sur del país, se mantienen en huelga desde el 9 de agosto.
Las ocupaciones de instalaciones petroleras e hidroeléctricas llevaron el lunes al gobierno a declarar el estado de emergencia, con despliegue de militares y policías en tres provincias del noreste y un distrito en la selva sur.
Los nativos "no tienen miedo al estado de emergencia" y consideran esa medida como una "provocación", según declaró Alberto Pizango, líder de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), que canaliza las demandas de los indígenas amazónicos.
El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo justifica la medida en la protección de enclaves estratégicos como el yacimiento de Camisea, al sur, y el oleoducto Norperuano. De producirse la toma del campamento principal de Camisea, que surte de gas a la costa, "la mitad del Perú se quedaría a oscuras", dijo Del Castillo. El primer ministro considera un 'complot' que, como parte de la protesta, los nativos tomaran un estratégico puente en el nororiente que conecta la selva con la costa, tres subestaciones del oleoducto -ya liberadas- y el campamento de la argentina Pluspetrol. "Esto evidentemente responde a un complot contra el país, va más allá de un reclamo indígena y no lo podemos permitir", precisó.

Los indígenas se han declarado en abierta protesta contra un conjunto de leyes que, a juicio de sus líderes, violan sus derechos de propiedad y que favorecen concesiones mineras, forestales y de hidrocarburos que los obligarán a migrar.
"Decimos al gobierno que tenga mucho cuidado porque ésta no es una movilización común y corriente; los pueblos indígenas han decidido defender sus territorios, pues están amenazados porque el gobierno les ha declarado una guerra abierta y ellos van a estar ahí
", dice Pizango.
"Lo único que están haciendo los pueblos indígenas es defendiéndose frente a la agresión del gobierno porque sus vidas están en peligro", añade.
El dirigente nativo subrayó que la declaración de la emergencia, lejos de solucionar el problema, exacerba los ánimos y no contribuye a crear un ambiente de diálogo para tratar las demandas de las etnias amazónicas.
Alan dice ahora que no venderá la selva


El año pasado el presidente Alan García anunció su intención de explotar la Amazonía mediante concesiones privadas.
"Plantear esa descabellada idea de dar en propiedad los bosques de la Amazonía es privar a los peruanos de sus pulmones verdes y recursos naturales. Es entregárselos a las transnacionales y olvidarnos de nuestra Amazonía", criticó en su momento la propuesta el congresista opositor Isaac Meckler.

Ahora, tras el estallido de la protesta el presidente García, asegura que el Gobierno central no venderá las tierras de las comunidades nativas “Se trata de una versión completamente falsa producto de temores políticos o la mala intención”, dijo. García Pérez aseveró que de ahora en adelante la comunidad nativa que lo desee podrá asociarse, comprar tierras y desarrollarse, y no está esclavizada a requerir el 66 por ciento de la votación positiva de sus integrantes.“Este sistema era parte del paternalismo virreynal que detuvo el progreso de las comunidades. Restituimos ahora con estos decretos legislativos el derecho a la libertad”, dijo durante la ceremonia de inauguración del programa edil Ecoeficientes. Incluso, el mandatario destacó la labor del ministro del Ambiente, Antonio Brack, pese al paro amazónico. “Ha prestado su buen talante, su buen gestión para un diálogo difícil, audaz y valoroso para explicar algunos temas que son de difícil comprensión”, remarcó horas después de imponer el Estado de Emergencia y desplegar miles de soldados y policías para hacer frente a los indígenas.

El apoyo a Alan García, en el mínimo histórico


El presidente Alan García, se encuentra en el momento de menor popularidad de su mandato, con sólo un 22 por ciento de apoyo, según la última encuesta (realizada antes del levantamiento indígena) de Ipsos Apoyo para el diario 'El Comercio'. Los peruanos dan una cierta ventaja al opositor Luis Castañeda (20%) frente a sus rivales, la fujimorista Keiko Fujimori (18%) y el nacionalista Ollanta Humala (18%) de cara a las elecciones de 2011.
La caída en la aprobación de García con respecto al último sondeo es de cuatro puntos, pero los motivos siguen siendo los mismos: el alza de los precios (63%) y el rechazo por el incumplimiento de las promesas (48%).
En el sur del país, la zona más afectada por el grave terremoto de hace un año, la aprobación del presidente solo llega al 4%. Los entrevistados que consideran que no se ha avanzado nada son el 41%, mientras que el 44% cree que se ha avanzado menos de lo esperado y el 9% considera que se ha avanzado más de lo esperado.
También es significativa la caída en el norte, donde el García pierde 16 puntos (de 32% a 16%).



Entendiendo la sublevación indígena



Por Wilfredo Ardito Vega (*)

Hace menos de un año, la delegación peruana ante las Naciones Unidas promovió activamente una Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas donde se consagraba el respeto a los territorios tradicionales de los indígenas y a la participación de sus autoridades en las decisiones que les afecten, entre otros derechos políticos, sociales y culturales.

Estos derechos ya habían sido reconocidos por el Estado peruano en 1993, cuando ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas. Sin embargo, las protestas que millares de nativos amazónicos llevan a cabo desde el 9 de agosto reflejan su descontento porque los compromisos internacionales del gobierno están muy alejados de su verdadero comportamiento.
Desde la violenta expedición de Francisco de Orellana, quien hacía capturar y torturar a los indígenas que hallaba a su paso para que confesaran donde se encontraba El Dorado, en sucesivos períodos históricos, la mayor desgracia para los indígenas amazónicos ha sido la codicia que despiertan las riquezas existentes en sus tierras, sean reales o supuestas.
Sin embargo, en el siglo XVIII, los españoles habían perdido el control sobre la Amazonía debido a dos acontecimientos. En 1742, Juan Santos Atahualpa dirigió una masiva sublevación de asháninkas, yáneshas y nomatsiguengas en la Selva Central, expulsando a las misiones franciscanas y a los soldados que les apoyaban. Un cuarto de siglo después, en 1767, fue la propia Corona española la que dispuso la expulsión de los misioneros jesuitas que laboraban en los actuales departamentos de Loreto y Amazonas.

De esta forma, cuando San Martín proclamó la Independencia, los indígenas amazónicos vivían libres e independientes desde hacía varias décadas. Sin embargo, los nuevos gobernantes criollos no los percibían como ciudadanos ni como peruanos y consideraban al suelo amazónico res nullius, es decir sin ningún propietario reconocido. Por lo tanto, el Estado se consideraba facultado para adjudicarlo a quien quisiera, menos a los propios indígenas.


Con este respaldo legal, se produjo la ocupación de la Selva Central por los colonos europeos y, con el auge del caucho, miles de indígenas fueron capturados violentamente para trabajar como esclavos en las plantaciones de Arana, Fitzcarrald y otros individuos inescrupulosos. Los reclamos internacionales por los abusos cometidos eran considerados por las autoridades como una inaceptable interferencia en los asuntos internos.
Luego que las plantaciones de caucho decayeron, continuó promoviéndose la colonización indiscriminada de la Amazonía, lo cual no solamente afectaba la propiedad de los indígenas, sino su propia vida. Uno de los episodios más crueles es relativamente reciente: los indígenas matsés o mayorunas fueron bombardeados por la Fuerza Aérea Peruana durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde.
Recién en 1974, durante el gobierno de Velasco, se dictó la Ley de Comunidades Nativas y la Constitución de 1979 estableció que sus tierras sólo podían ser vendidas si dos tercios de sus integrantes estaban de acuerdo. Sin embargo, la relación que los indígenas tienen con la tierra va más allá del derecho occidental de propiedad: muchas veces son los nativos quienes sienten que pertenecen a ella. Por eso, les parece absurda la posibilidad de vender las tierras comunales.
En la actualidad, los títulos de propiedad parecen tener poco valor para las autoridades peruanas, porque el Estado otorga concesiones a empresas petroleras o de gas sin ninguna consulta o información previa a los indígenas. Aún las actividades extractivas que se realizan fuera de los territorios comunales pueden tener consecuencias negativas para el medio ambiente y a la salud de los nativos. La ausencia o la complicidad de las autoridades hacen muy difícil que estos hechos sean sancionados. El canon o las regalías que pagan las empresas tiene el mismo destino que las donaciones por el terremoto: la población no percibe ningún beneficio concreto.

El gobierno de Alan García parece empeñado en otorgar toda la Amazonía en concesión y, para que no queden dudas de sus intenciones, hace unas semanas, mediante el Decreto Legislativo 1064, dispuso que pueden realizarse actividades extractivas en las comunidades aunque lo rechacen los nativos, mediante la imposición de una servidumbre.
De hecho, para el actual gobierno los indígenas amazónicos parecen ser, en el mejor de los casos, un atractivo turístico. Para mí, siempre ha sido conmovedor ver a los nativos izar la bandera y cantar el Himno Nacional en sus comunidades, porque demuestran lealtad hacia un Estado que no se preocupa por respaldar sus derechos.

Cuando, en lugar de bailar y para los turistas, los indígenas exigen respeto, se vuelven sumamente incómodos y, entonces, el Estado sí se hace presente, pero para reprimir de manera violenta e indiscriminada, como sucedió en marzo en Andoas y en julio en Puerto Maldonado.
El gobierno ha anunciado que no derogará las normas cuestionadas por los nativos. ¿Pretenderá nuevamente resolver esta crisis en base a la violencia o comenzará a cumplir con sus compromisos internacionales?


(*) Abogado peruano. Master en Derecho Internacional de los DD.HH. Catedrático universitario. Miembro de la Mesa para la No Discriminación de la Coordinadora Nacional de DD.HH. Responsable del Programa de Jueces de Paz del Instituto de Defensa Legal

(Fuentes: La Primera-Lima, TeleSur,Prensa Latina, El Comercio-Lima, AFP, AIDESEP, CNR, y Adital)

15.8.08

Paraguay: Fernando Lugo, Presidente

LUGO PROMETE SER "IMPLACABLE CON LOS LADRONES DEL PUEBLO" Y RENUNCIA A SU SALARIO "PORQUE LOS POBRES NECESITAN MÁS QUE YO"



Fernando Lugo Méndes juró este viernes como presidente de Paraguay por un período de cinco años ante unas 15.000 personas, nueve jefes de Estado y 97 delegaciones extranjeras en un acto llevado a cabo en la plaza del Congreso de Asunción.
Este es el texto íntegro de su discurso:



Paraguayos y Paraguayas


Compatriotas de América y ciudadanos del Mundo.


La digna estirpe Paraguaya despierta nuevamente.


Muchas gracias hermanos y hermanas de mi tierra; muchas gracias a la generosidad de Presidentes de Naciones amigas, el Príncipe, los Vice Presidentes y dignatarios todos que hoy vienen a cultivar con nosotros la semilla de un nuevo proyecto de Paraguay.


En cada milímetro de nuestro ser hoy bulle una convocatoria: reconstruir el sueño de José Gaspar Rodríguez de Francia, desde el mérito de la solidaridad, la equidad social y la identidad que nos abraza.


Pese a que los tiempos que corren se obstinan en demostrarnos que el pasado es una construcción sin implicancias para el devenir; nosotros queremos encontrar sus valores y sus signos para que en la semiótica del futuro se encuentren nítidas las motivaciones que claman por un mañana que reitere los logros y no repita sus errores.


En Paraguay queremos retomar ese nítido mensaje de los López para sumar a nuestra nación al desarrollo de sus potencialidades humanas, productivas y estratégicas.
Queremos recobrar ese valor de los gobiernos que conjugaron honestidad y austeridad como ecuación del supremo sacrificio por la patria.


El 20 de Abril cuando juntos produjimos el cambio en Paraguay asumimos un compromiso con los hombres y las mujeres de nuestra historia que nos interpelan hoy a no desperdiciar el esfuerzo, a no fallar en el rumbo, a no bajar los sueños del supremo altar de la esperanza.


Ahora es tiempo de mirar hacia delante y trabajar denodadamente la INGENIERIA colectiva del futuro del Paraguay. No será tarea fácil. El sendero estará empedrado de obstáculos que permanentemente pretenderán cegarnos con los espejismos del reciente pasado dictatorial que ha infiltrado nuestra cultura neutralizando actitudes que, sin embargo, recobramos y marcaron la Victoria de ABRIL como la capacidad asociativa, la conciencia critica, la innegociable dignidad
Es importante que vuestro Presidente deje en claro un dato: el cambio no es una cuestión electoral; el cambio en Paraguay es una apuesta cultural, quizás la más importante en su historia.
Por lo tanto no se trata de un proceso que tiene vencedores ni vencidos ni propietarios exclusivos. Este cambio es la oportunidad que tenemos unos y otros en nuestra querida nación para asumir la copropiedad del proceso que no requiere otra cosa que intención de producir aportes desde la gestión que ejerciéramos para sostenerlo, lo cual es la propia cancelación de la interminable transición y nuestra incorporación plena al universo de democracias consolidadas del mundo.


Hoy termina un Paraguay exclusivo, un Paraguay secretista, un Paraguay con fama de corrupción, hoy se inicia la historia de un Paraguay cuyas autoridades y pobladores serán implacables con los ladrones de su pueblo, con acciones que nublen la transparencia y con aquellos pocos dueños feudales de un raro país del ayer enclavado en el presente.


Quisiéramos que Rafael Barret con su "dolor Paraguayo" y Augusto Roa Bastos con su "isla Rodeada de tierra" descansen ya en la certeza de una herencia redimida; queremos que sepan Barret y Roa Bastos que Juan, Maria, Felipe, Roberto, decidieron un día cerrar las paginas de un Paraguay irreal y farsante y despertar al Paraguay real, histórico e incontenible en su rumbo hacia la alborada de felicidad tan postergada.


Quisiera que otras plumas que cantaron al mundo nuestra historia de dignidad secuestrada, como ELVIO ROMERO, sepan que estoy aquí, fiel a su impronta "con los de mi camino; con el justo, el pobre, el perseguido y el rebelde". Y que "de parte alguna vino mi voz sino de ellos".
Heme aquí – querido ELVIO – con los de mi camino.


La vida de este humilde paraguayo de un bello rincón del Sur tiene en la fe una contribución muy importante.


En este instante me parece importante rescatar el paisaje social que me inspiró un día al sacerdocio en los albores de una Iglesia nueva que se comprometía a calzar esas sandalias que caminan con las tribulaciones y alegrías de la gente.


Al mismo tiempo de optar por el ejercicio pastoral opté preferentemente por aquellos que la historia había arrojado en los marginales escenarios de la exclusión y la miseria.
Cuando encontré la palabra de Boff y de Gutiérrez, entre otros, percibí claramente que era esa la Iglesia destinada a nutrir de esperanza activa a seres hermanos y humanos sumidos en el discurso opresor de tantas dictaduras que marcaron la historia de nuestra Patria Americana.
Por eso estuve allí, por ellos estoy aquí y por esto mismo este laico eternamente agradecido con su Madre Iglesia permanecerá aferrado a su fe solidaria hasta el fin de su humilde historia.


Compatriotas:


Empezamos hoy la intensidad de nuestra tarea. Liderazgo colectivo. Nuestra bandera de campaña. Liderazgo colectivo supone derrotar el caudillismo que perforó los cimientos de la mismísima cohesión social en ParaguayLa conquista de un proceso de desarrollo, una economía sustentable con equidad social pretende bajar sus más nobles cimientos en este quinquenio que nos ocupa como Presidente.


Alto pensamiento estratégico, altísima competitividad, lectura puntual de los fenómenos mundiales que regulan el mercado, incorporación tecnológica de punta, inversiones, no serán suficientes si no insertamos como transversal y concreto una educación para el cambio social.
Paraguay debe inaugurar una ACTITUD ante los desafíos de su tiempo.


La economía sustentable encuentra el aire de coherencia que respira, en la equidad socio-económica.


Soñamos con un Paraguay socialmente justo. Donde nunca más exista tanta inequidad que convierte a los unos en adversarios de los otros.
Tanta inequidad que genera saciedad y hambre al mismo tiempo.


Y recurro a una frase de Josué de Souza para anunciar que Yo renuncio a vivir en un País "donde unos no duermen porque tienen miedo y otros no duermen porque tienen hambre"
Nuestra respuesta será la acción reductora de los factores que provocan la pobreza estructural, la instalación de condiciones adecuadas para que el Estado sume a la asistencia a sectores de mayor vulnerabilidad estrategias de solución estructural; y por sobre todo, por sobre todo, pretendemos que la responsabilidad social no sea solo un discurso cosmético de pequeños emprendimientos para constituirse en el gran escenario donde el Estado dialogue con los actores sociales y empresariales un Pacto Social que implique acciones, actitudes y lo más importante – que los que hoy son unos y otros – recuperen la visión de un futuro compartido.


Los nuevos modelos de desarrollo agrícola por su intensidad, capacidades tecnológicas y alto rendimiento suponen una expectativa interesante de generación de ventas internacionales; lo cual a su vez va fortaleciendo cada vez más el desarrollo de estos emprendimientos.
Al mismo tiempo se ha visto como constante que los aportes macroeconómicos sustanciosos e importantes no transferían réditos sociales; lo cual se observa en varios escenarios: una visible miseria de algunos sectores inmediatamente próximos a estas explotaciones y un agresivo desplazamiento que suma al dato económico y social una deuda con la dignidad, la fraternidad y la solidaridad que nosotros pretendemos saldar.


Nosotros queremos un Paraguay en el que crezcan TODOS.


Nos importa resaltar la línea de la seguridad alimentaria caracterizada no solo desde el reaseguro de un espacio y oportunidades de producción autogestionaria sino también en su dimensión CULTURAL, SOBERANA E IDENTITARIA.


Dentro de este mismo concepto asumimos el compromiso del proyecto político denominado ALIANZA PATRIOTICA PARA EL CAMBIO, temerario grupo de hombres y mujeres de diversos orígenes partidarios y sociales que en menos de un año de existencia cambió una historia de 60 años...


Esta ALIANZA ha dialogado con la comunidad y desde tal espacio compartido ha surgido siempre como una inquietud la necesidad de un mayor impacto socioeconómico de los emprendimientos energéticos compartidos en la actualidad con los pueblos hermanos de Brasil y Argentina.


Obedientes al mandado acudiremos ante nuestros pares en el afán de encontrar que estas "causas nacionales" se transformen en "Causas Binacionales "de objetividad, solidaridad y conciencia de un futuro compartido.


A propósito, nuestro proyecto cree en la integración, cree en la poesía de la patria sin murallas, cree obstinadamente en la ecuación de fronteras fértiles antes que oclusivas Por esto mismo convocamos a la búsqueda de soluciones concretas a problemas menos vinculados a los marcos jurídicos y declamatorios de nuestras legítimas intenciones, enfocando el rumbo a la atención de cuestiones cotidianas que motivan cierta desconfianza en muchos mercosurianos, que pese a sus fortines e hitos, se abrazan y se quieren ; y la mejor demostración la ofrecen los pueblos fronterizos vecinos que supieron escribir sus microhistorias de integración por el camino de los hechos culturales, sociales, solidarios y humanistas.


Damos la bienvenida y el respaldo a diversos esfuerzos de integración ya vigentes o en proceso que tengan a la persona humana como sujeto directo de su beneficio. Nunca olvidemos a SALVADOR ALLENDE y sus jóvenes cien años clamando como el primer día que "mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas, por donde pasará el hombre libre para construir una sociedad mejor";
¡Esas grandes alamedas estas hoy abiertas y firmes porque no se cubren del indolente asfalto sino de la materia que constituye los sueños de próceres de la Patria Grande…!


Paraguay tiene a sus hijos en el mundo. Hoy al tiempo de agradecer la hospitalidad de los países del mundo que los alojan nos comprometemos a empezar a generar acciones que restituyan a Paraguay esa oportunidad de alojar todos los sueños prosperidad de hermanos y hermanas que un día fueron a buscarlo en otros lares.


Como ese otro Paraguay lindo, instalado, laborioso, que empezó a construir los edificios de la Reina del Plata, Buenos Aires, en la década de los 30 y hoy son generaciones y generaciones de connacionales siempre gratos – como nosotros- a este país que los alojó y les permitió contribuir con su esfuerzo.


¡Cuánto habrán cantado con Carlitos Gardel el VOLVER de la nostalgia y cuantas veces no pudieron y tantas como no pudieron se arroparon de nuevo en el abrigo solidario de vuestro país, Presidenta Cristina y sea esta la histórica oportunidad de un MUCHAS GRACIAS


Saludamos desde aquí a las migraciones más nuevas con destino a Europa y Estados Unidos, englobando aquí a los connacionales que viven en diferentes estados de la tierra, que día a día hacen lo que mejor saben: trabajar.
Nuestro Abrazo a ese otro Paraguay que vive allende nuestras fronteras.
Al tiempo de trabajar por un nido más acogedor para el vuelo del retorno nos comprometemos a dialogar, dialogar y volver a dialogar para se siga viendo en el migrante – donde fuera que estuviera – un hermano que llega, desde una actitud humanitaria y hospitalaria, cuya carencia nos haría dudar de la vigencia de factores fundacionales de nuestra convivencia civilizada


El estado que nos comprometemos a edificar tiene relación con las particularidades de la demanda cívica expresada en las urnas el pasado 20 de Abril.


Una primera acción: mejorar los niveles de institucionalidad de nuestras oficinas del Estado Paraguayo. Desde sus valores. Su Misión. Su eficiencia. El patriotismo del servidor público. Su absoluta transparencia. Su responsabilidad como funcionario del Estado. Y esto es importante porque no existen instituciones corruptas sino funcionarios que se corrompen.


Derrotar el secretismo estatal. Hacer que nuestras instituciones rindan cuentas y mejorar las capacidades de sus operarios son otras miradas ejecutivas que pondremos en vigencia.


Un signo de este tiempo nuevo será la austeridad. Pondremos especial énfasis en el control de los bienes públicos evitando la eternización del despilfarro que unos ostentan mientras la gran mayoría, el gran país, sufre diversas carencias.
Los ajustes, la racionalización de los recursos acompañaran este proceso y serán parte del plan de austeridad que proponemos.


Queremos que en este tiempo las Fuerzas Militares se dignifiquen y sean amigas y compañeras de la comunidad.
Desde las políticas diseñadas en el Ministerio respectivo, se encara una sustancial mejora en las capacidades de la Policía Nacional, incluyendo una especial atención a las condiciones de vida de los cuadros policiales.Igualmente deberán reducirse dramáticamente las estadísticas de corrupción en esta fuerza a partir de una mayor conciencia, un mejor control y una más enfática respuesta en las faltas y delitos.
Creemos que las Fuerzas Policiales tienen un rol histórico que necesariamente lo asumirá con ética y eficiencia profesional para demostrar que con la confianza y el estimulo de la comunidad y sus instituciones son vitales coparticipes del cambio.


Las Fuerzas Armadas de la Nación deben estar preparadas para la mejor experiencia en tiempo de paz que le tocará vivir hasta el presente. Lejos quedan las operaciones tenebrosas de estas fuerzas para sostener un régimen oprobioso. Nuestro gobierno pretende que las Fuerzas Armadas caminen aliadas con la comunidad por los rumbos de sus aspiraciones de desarrollo.
Ya no queremos un soldado que infunda temor, queremos un soldado que genere confianza. ¡¡Un soldado hermano está naciendo en Paraguay!!


El enfoque de la seguridad tendrá las líneas necesarias que garanticen su integralidad. La mejora financiera, tecnológica, logística es una parte de la estrategia que deberá conjugarse con acciones convergentes en el campo social que al disminuir las causas de la pobreza descomprima la inseguridad cotidiana. Obviamente son procesos que llevará algún tiempo establecer totalmente.
Pondremos un máximo esfuerzo por quitar el estereotipo de "zonas liberadas o peligrosas" a regiones como San Pedro, o los bañados de Asunción, cuyos pobladores en su absoluta mayoría y en la misma proporción que en diversas regiones son honestos y laboriosos.
Nuestro gobierno no perseguirá a nadie por la portación de pobreza…!


Será una pasión la conservación del remanente de bosques naturales y el medio ambiente en General. Factores claves como el Acuífero Guaraní, los humedales y particularmente el AGUA DULCE pasarán a resguardarse aplicando conceptos de recursos estratégicos.
Acciones regionales que apunten hacia este objetivo deberán ser apoyadas indudablemente.


Las Naciones originarias, los Paraguayos y Paraguayas son los primeros propietarios del futuro de sus recursos naturales; de su goce e incluso de su explotación productiva racional.
Las naciones indígenas esperan a la orilla del camino que alguien los convoque a reapropiarse de sus tierras. Estas tierras de ahora en más no solo serán sagradas para su cultura sino – valga la figura- sagradas para la aplicación de la ley.
Ningún blanco que negocie tierras indígenas, que los humille o los persiga tendrá la misma impunidad que tuvo siempre.
El delito contra un indígena debe dejar de navegar en las aguas de la impunidad.
Trabajaremos denodadamente por lograr mejores condiciones de vida para los campesinos, con o sin tierra.


Desterrar ese viejo mal humor social instalado por la inequidad forma parte de nuestra acción desde los organismos respectivos del gobierno que hoy asume.
Necesariamente tenemos que apuntar a mejoras que otorguen mayor valor a la producción encontrando una alternativa a la exportación de materia prima.


Los empresarios tendrán nuestro más pleno respaldo. Pondremos el mejor ambiente de trabajo. El que – a su vez - irá mejorando paulatinamente en el marco de la habilitación de puestos de trabajo.
Una industria, una explotación agrícola concebida con parámetros de incidencia social y resguardo del ambiente, emprendimientos empresariales en otros campos como la comunicación, la banca, los servicios, tendrán un decidido acompañamiento del gobierno.
¡Necesitamos que la empresa funcione en Paraguay!


Estamos trabajando planes en SALUD Y EDUCACION que derroten por fin la exclusión. Debemos decirlo: La mayor inversión social y política de este gobierno se refleja en una figura muy sencilla: UN NIÑO SANO Y BIEN EDUCADO.
¡¿Qué otro punto de partida puede ser mas auspicioso que la siembra de futuro?


El Gabinete social de nuestro gobierno integrado por Ministerios y Secretarias del ramo acompañará muy de cerca este propósito simultáneo de asistir y cambiar estructuras.
No dejaremos que nadie muera de hambre a consecuencia de nuestro abordaje estructural ni eternizaremos la miseria con nuestras acciones asistencialistas.


Quiero decir algo a los jóvenes. Esta autentica mayoría nacional.Ya estamos asumiendo nuestro gobierno y recordarás que el jueves 17 de Abril en este mismo lugar yo te pedí un favor. Vos me diste.
Yo te dije, Chera-a, que tu única obligación, tu único compromiso, tu único gran esfuerzo debería ser que fueras AUTENTICAMENTE FELIZ.
Vos, con una sonrisa fuiste a las urnas el 20 y borraste de un boletazo toda la mala onda de varias generaciones.
Ahora te pido casi lo mismo. Si vos llegas a conquistar tu felicidad, con estudio, con acciones solidarias, con valores, TU FELICIDAD hará grande este país…
Yo renuncio a un Paraguay con jóvenes tristes, yo Anuncio, con la colaboración de todos, un Paraguay con jóvenes protagonistas de su destino!!


Hoy cuando este hombre de fe y este laico comprometido con su tiempo atravesaba la ciudad ha visto una vez más lo que nos llena de pena y de vergüenza. Los niños de la calle.
Pensaba en aquellos rostros de puebla que claman visibilidad social, comprensión, mínima solidaridad.
Y me interpelé. ¡Cuánto nos demoraremos en dar respuestas a esta situación?. No es prudente ni serio anunciar tiempos para esa forma de inequidad que se vale de la luz roja, de peligro, para encontrar las dos monedas del día.


No se en cuanto tiempo. No se si lograremos tumbar definitivamente al monstruo de la miseria que los condena, pero sepan, eso sí: que al igual que con la causa de los indígenas, los niños en situación de Miseria tendrán a más de las instituciones asignadas, la ocupación PERSONAL de vuestro presidente.


Compatriotas_


El Paraguay no cambiará el 16 de Agosto. Empezará a cambiar paulatinamente el día y la hora en que te sumes a los que acudirán desde los primeros cien días a ganar las calles diagnosticando, actuando, evaluando.
El edificio de nuestro nuevo Paraguay tiene un ladrillo en tus manos. Acercate, no importa a que sector político respondas, en el Paraguay se acabaron las afiliaciones para lograr un puesto…
Gracias a todos los protagonistas del Cambio…gracias a los patriotas del 20 de Abril… Gracias a los que no dejan de creer!!!


Paraguay despierta….


¡¡¡Despierta Paraguay!!!!


(Fuente: Agencia Púlsar)

14.8.08

Ecuador: Constituyente

CORREA SE PONE AL FRENTE DE LA CAMPAÑA POR EL SÍ EN EL REFERENDUM DEL 28 DE SEPTIEMBRE. MÁS DEL 62 % APOYA LA NUEVA CARTA QUE DEFINE UN PAÍS PLURICULTURAL Y SOBERANO, SIN PRESENCIA MILITAR EXTRANJERA



Comenzó la campaña por el referendo del 28 de septiembre sobre la nueva Constitución de Ecuador, con la que el presidente Rafael Correa busca instaurar el "socialismo del siglo XXI", y en ella están inscriptos 128 partidos y agrupaciones. El Tribunal Supremo Electoral convocó oficialmente al referendo en la noche del miércoles a través de un mensaje en cadena de radio y televisión. La prensa local publicó este jueves 14 la convocatoria oficial con la única pregunta que llevará la papeleta de votación: "¿Aprueba usted el texto de la nueva Constitución Política de la República elaborado por la Asamblea Constituyente?" .
La campaña durará 44 días, hasta el 25 de septiembre, 72 horas antes de la elección, y están convocados 9,7 millones de ecuatorianos, de un total de 13,8 millones de habitantes. Para la aprobación, el sí deberá reunir 50 por ciento más un voto. El ejecutivo asegura que cuenta con 65% de las intenciones a favor. Aunque las encuestadoras privadas hablan de un apoyo de apenas el 47% y de que la suma de votos en contra, nulos y blancos da un 51% la encuesta que mantiene 'on line' el diario El Comercio de Quito, le concede al SÍ más del 62 %.

Los obispos, al frente de la Contra

Aunque la campaña comienza formalmente ahora, en realidad ya está en marcha desde hace semanas, al menos para la jerarquía de la Iglesia Católica, que no cesa de atacar el proyecto constitucional, especialmente por el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los obispos también dicen que la nueva constitución 'concentra' todos los poderes en el Presidente

El Presidente Rafael Correa llamó "mentirosos" a los obispos y texto en mano ha tratado de desmentirles. El artículo más cuestionado por la Iglesia Católica reza de manera textual: "El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción", según el proyecto difundido por la Asamblea.
Pero para el presidente de la Conferencia Episcopal , el arzobispo Antonio Arregui, , el párrafo es ambiguo y contradictorio con otro artículo que "reconoce a toda persona el poder de decidir cuándo y cuántos hijos tener, asumiendo así la aceptación del aborto".
En comandita con los jerarcas católicos, la derecha y los empresarios de oposición respaldan esos cuestionamientos y acusan a Correa de hacer una Constitución a su medida para extender su mandato, concentrar el poder y 'estatizar' la economía. Algunas figuras políticas de peso como el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y los asambleístas de oposición también lideran el discurso en contra del actual texto constitucional

Además del gobierno, grupos como la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas que reúne a 190 alcaldías del Ecuador, así como 23 prefecturas han manifestado su apoyo al Sí.
Acuerdo País inicia la campaña por el SÍ


El partido del presidente Correa no ha perdido ni un segundo en iniciar la campaña por el SÍ. Acuerdo País comenzaba a desplegar su maquinaria electoral este mismo miércoles 13, a las 17:00, en su sede principal de Quito, aunque sin la presencia del presidente Correa, de gira por el Cono Sur. Al lanzamiento asistieron miembros de la Asamblea Constituyente, que acabó a finales de julio de redactar el texto que será sometido a referendum el 28 de septiembre. El movimiento Alianza País planea realizar una campaña de puerta a puerta, para promocionar el texto constitucional. En el lanzamiento de la campaña se insistió en que la figura del presidente Correa será su eje.
El Gobierno deberá tener cuidado con su participación en la campaña. El artículo 21 de la Ley de Control del Gasto Electoral prohíbe “a todo organismo o entidad pública, funcionario, empleado o servidor público, la utilización de los recursos y bienes públicos, al igual que promocionar sus nombres o partidos en la obra o proyectos a su cargo”. La sanción para el incumplimiento es la destitución del cargo. Y la oposición cree que Correa utilizará el aparato estatal para hacer campaña por el Sí.

Orlando Pérez, secretario de prensa de la Asamblea Constituyente y uno de los coordinadores del buró de campaña del movimiento oficialista Alianza País, cree que es "legítimo" que el presidente haga campaña por el Sí, siempre y cuando no se usen recursos públicos. "Me parece que legítimamente los actores políticos deben actuar, pero también encontramos a alcaldes utilizando recursos públicos que siguen haciendo campaña por el No" dice Pérez.
Por su parte Jorge Acosta presidente del Tribunal Supremo Electoral opina que "es normal" que el presidente realice campaña: "
Él pidió la consulta, él patrocinó todo el tema de la Asamblea... he estado en muchos, muchos países como observador internacional (en procesos electorales), y jamás he visto que el presidente de la república se abstenga de participar por lo que él considera apoyo a su voto".

El apoyo a la nueva Carta Magna, en aumento



La nueva Constitución tenía a finales de Julio un apoyo de sólo el 41 por ciento de los votantes, según la encuesta de Cedatos-Gallup Internacionacional. Pero dos semanas antes, el "Sí" contaba con apenas un 32 por ciento. A día de hoy, según el Gobierno, el apoyo es ya del 65 por ciento, lo que parece algo exagerado y más bien el objetivo a lograr en el referendum de septiembre. El diario de Quito 'El Comercio' le da´al SÍ el 62 por ciento, en una encuesta abierta en su edición digital.
La propuesta constitucional, que se someterá a la aprobación de los ecuatorianos el 28 de septiembre fue aprobada el 23 de Julio por 94 votos a favor sobre 126 asambleístas presentes.
La Asamblea, que sesionó desde noviembre en el pueblo costero de Montecristi aprobó finalmente un texto que incluye cambios como la reelección presidencial inmediata por una sola vez, además de plantear cambios en las estructuras estatales y aumentar el poder del presidente y la presencia del Estado en áreas estratégicas. Igualmente, prohíbe la presencia militar extanjera en el territorio ecuatoriano, como son las instalaciones que Estados Unidos tiene en la base aeronaval de Manta, en el Pacífico. Como el gobierno del presidente Rafael Correa ya ha informado a Washington que no renovará el acuerdo militar que concluye en 2009, aun en el hipotético caso de que la nueva Constitución no fuera refrendada en septiembre, el Pentágono Estados Unidos tendría que sacar , igualmente, sus hombres y pertrechos de Manta.


¿Constitución de Correa?


Por Guido Proaño (*)

No. La Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente no es de Rafael Correa, pertenece al pueblo. Ha sido escrita en el transcurso de varios años de resistencia y lucha de los pueblos del Ecuador en contra de gobiernos neoliberales, fue concebida al tiempo que el anhelo de cambio se fortalecía en la conciencia de miles de ecuatorianos.
La propuesta de nueva Constitución, la instauración de la Asamblea Constituyente y el mismo gobierno de Rafael Correa no pueden ser explicados y comprendidos por sí mismos; es necesario mirar hacia atrás para entender que son el resultado de un proceso incubado durante años, en el que las organizaciones populares y las fuerzas de izquierda tienen responsabilidad directa.
El incansable bregar de los pueblos del Ecuador produjo un cambio en la correlación de fuerzas sociales y políticas en el país: la derecha y el populismo perdieron espacios, la socialdemocracia ha mediatizado su acción, la oligarquía (pelucones como ahora son identificados) está en la mira de millones de ecuatorianos reconocida como corrupta y responsable de la crisis del país; en contraparte, se consolida una franja político-social -que se eleva a la condición de mayoritaria- animada por ideales progresistas, democráticos y de izquierda, que mantiene la iniciativa política y prefigura el cambio en tres palabras: la patria nueva.
Esa circunstancia explica lo que ahora ocurre en el país. El movimiento de masas arrinconó a las clases dominantes y abrió el camino para que Montecristi alumbre la nueva Constitución. Los asambleístas cumplieron el mandato popular: desbaratar el andamiaje neoliberal y elaborar una Constitución que genere condiciones para un cambio positivo, progresista. Las dificultades fueron diversas, se debió sobrepasar los obstáculos puestos por la derecha, y aún las inconsecuencias de algunos asambleístas de PAIS que, por error o 'convicción' pretendieron, por ejemplo, introducir la municipalización de la educación y la salud, separar el Seguro Social Campesino de la estructura general del IESS, desconocer el carácter plurinacional del país o impedir la gratuidad de la educación a nivel universitario.
Ahora tenemos una Constitución que, en esencia, responde al anhelo del pueblo; las limitaciones políticas que esa puede tener reflejan los límites organizativos y políticos del movimiento popular para avanzar más. En todo caso, esta nueva Carta expresa, justamente, ese cambio en la correlación de fuerzas políticas y sociales del país.
Finalizado el trabajo de la Asamblea empieza una nueva y no menos dura batalla, el referéndum del 28 de septiembre. Ganar en el referéndum con el SÍ es obligatorio para el movimiento popular en su propósito de afirmar el proyecto político en curso y para cerrar otros espacios a la burguesía. ç
Pero aún ganando en esa lid, el cambio no vendrá fácil. Habrá que pelear para que los elementos progresistas de la Constitución se cumplan; las fuerzas del viejo país que manejan hilos incluso desde altas esferas harán todo lo posible para impedir que las cosas cambien. De manera que no hay espacio para bajar la guardia. Así de agitada es la lucha de clases.
(*)Articulista del periódico Opción

(Fuentes: ANSA-Latina, AFP,El Comercio-Quito, BBC-Mundo, Reuters, La Jornada y Adital)

12.8.08

Paraguay: Asunción presidencial

FERNANDO LUGO, QUE RECIBE UN PAÍS DEVASTADO, PROMETE DAR PRIORIDAD A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

El presidente electo paraguayo, Fernando Lugo, ha dicho a tres días de su toma de posesión , que su gobierno dará prioridad a la lucha contra la pobreza. Paraguay tiene el 20 por ciento de su población en pobreza y una pobreza extrema del 35 por ciento. Estas cifras "son realidades obscenas que ofenden a cualquier hombre de bien", afirmó Lugo.

Con su victoria en las elecciones del 20 de abril pasado, el ex-obispo Fernando Lugo puso fin a 61 años de hegemonía en el poder del Partido Colorado, que, no obstante, mantiene la primera mayoría en el Congreso.
La Alianza Patriótica para el Cambio (APC) de Lugo, está integrada principalmente por el Partido Liberal Radical Auténtico (centroderecha),junto a una coalición de fuerzas de centroizquierda y de izquierda.
Lugo precisó que la lucha contra la exclusión social incluye acciones destinadas a 'disminuir la pobreza por vía del empleo, mejorar significativamente los indicadores sociales, especialmente los relativos a los objetivos del desarrollo del milenio, y disminuir las peores formas de trabajo infantil'.También dijo que pondrá énfasis en el gasto público 'para mejorar su ejecución' y terminar 'con la práctica nefasta de aprobar gastos basados en incrementos artificiales de ingresos'.
El futuro mandatario se mostró realista sobre la escasa capacidad financiera del Estado paraguayo, al señalar que buscarán alternativas pues no se puede "resolver estos desafíos con una presión tributaria del 11,6 por ciento". También insistió en que su país se esforzará por lograr las reivindicaciones en las centrales hidroeléctricas binacionales, principalmente en Itaipú, en co-propiedad con Brasil. El objetivo es "lograr justicia en el reclamo de mejores precios" en los recursos hidroeléctricos, dijo. Analistas y políticos consideran que si el Paraguay recibe precio "justo" por la energía de las represas binacionales que el país cede a Argentina (Yacyretá) y Brasil (Itaipú), habrá recursos suficientes para luchar contra la pobreza en el país.
Un país con enormes rezagos y desigualdades sociales


Fernando Lugo, recibirá este viernes un país con enormes rezagos y desigualdades sociales, donde el 20.5 por ciento de la población vive en la pobreza y 32.1 por ciento en la indigencia.

La pobreza en Paraguay se refleja en las calles de sus principales ciudades, incluyendo el centro de la capital, donde la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo conviven a escasos metros con villas miseria.
En un fuerte contraste, junto a los grandes y modernos edificios y la elegancia del palacio de gobierno y sus jardines se levantan modestas viviendas de madera, en cuyos patios es frecuente ver a sus habitantes lavando ropa o simplemente pasando las horas.
Este país sudamericano cuenta con sectores sociales víctimas de atropellos y arbitrariedades, miles de familias campesinas sin tierras para trabajar y cientos de miles de trabajadores asalariados con sus derechos pisoteados por prácticas arbitrarias.
La realidad social está marcada por las reivindicaciones de las mujeres por un trato más equitativo con los varones, además de los 100 mil indígenas despojados de sus tierras, miles de familias sin techo y el permanente éxodo de los jóvenes hacia España y Argentina.
Este cúmulo de problemas sociales exigirá el máximo esfuerzo, dedicación y mucha sensibilidad del próximo gobierno paraguayo para cumplir con la expectativa que han despertado y la confianza depositada por más de 500 mil electores el 20 de abril pasado.
Conforme a datos de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) paraguayas, el 60 por ciento de los habitantes de este país no accede a la salud básica, mientras que 400 mil campesinos luchan por tierras, muchos de ellos mediante invasiones ilegales.
Entre 100 mil y 150 mil paraguayos, en tanto, abandonaron el país en los últimos cinco años en busca de trabajo, lo cual trae aparejados problemas como el desarraigo y la ruptura familiar.
El Estado paraguayo apareció además en los últimos años en varios informes de organismos internacionales como uno de los más ineficientes y corruptos del mundo, con el 95 por ciento de los 200 mil funcionarios públicos como militantes del Partido Colorado.

Itaipú: causa nacional paraguaya

Uno de los grandes desafíos a enfrentar por el mandatario electo paraguayo, Fernando Lugo, después de su investidura el próximo viernes, será renegociar con Brasil el Tratado de Itaipú, firmado por el ex dictador Alfredo Stroessner.
Los reclamos paraguayos constan de seis puntos y fueron entregados a principios de mes por Lugo a Marco Aurelio García, asesor presidencial brasileño para asuntos internacionales, quien viajó a esta capital para tratar el tema.
El memorando establece comercializar en terceros mercados la energía excedente; mejor compensación por la energía paraguaya cedida a Brasil; revisar la deuda de Itaipú y la terminación de obras ingenieras inconclusas.
Otros dos puntos son la fiscalización a través de entes de control binacionales y la alternancia en la administración de las direcciones técnicas y financieras.
El presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, planteó en abril pasado a Lugo la posibilidad de conformar después de su ascensión una amplia mesa de diálogo serio, racional y respetuoso para analizar en profundidad el tema.
Paraguay tiene ahora aun más argumentos que avalan su demanda por la autoridad moral del nuevo gobierno encabezado por Lugo y los cambios en el contexto internacional
En 1966 Paraguay y Brasil rubricaron el Acta de Foz de Yguazú, en la cual se estableció el aprovechamiento mutuo de las potencialidades hídricas sobre dos principios básicos: la preferencia a los brasileños de adquirir el excedente energético y pagar por éste un precio razonable.
Stroessner renegoció el acuerdo en 1973 y firmó con su par brasileño Emilio Garrastazu Médici el Tratado de Itaipú por un período de 50 años, el cual establece la distribución a partes iguales.
Si una de ellas no consume toda la cuota -reza el documento-, vende a la otra el resto a precio de costo.
Paraguay sólo consume el 17 por ciento de la energía generada por esa represa, la mayor de su tipo en el mundo, y la restante es consumida por el vecino, cuyo monto asciende al 20 por ciento de su demanda.
El 83 por ciento restante (37 millones 500 mil megawatt/hora) es cedido a Brasil a un precio de 35 dólares por MW/H, de los cuales solo los paraguayos reciben a modo de compensación 2,7 dólares por cada MW/H.
Esa misma cantidad de energía es comercializada en el mercado mayorista brasileño a 80 dólares el MW/H y en el minorista a 150, mercado controlado en sus dos terceras partes por transnacionales y a la postre sus mayores beneficiarios.
Los aires de integración que soplan en América Latina, la necesidad de consensos y de búsqueda de soluciones a los problemas acumulados en el continente son una buena razón para que paraguayos y brasileños lleguen a acuerdos de beneficio mutuo.

"Recibimos un país devastado" :Fernando Lugo
(Entrevista concedida a BBC-Mundo)

El presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo, quien toma posesión de su cargo el próximo 15 de agosto, ha denunciado en los últimos días un plan para desestabilizar su gobierno.
En entrevista telefónica con BBC Mundo, Lugo dio detalles de su denuncia, habló de petróleo, Venezuela y explicó las prioridades que tendrá su gestión.
-Usted ha denunciado un plan para desestabilizar a su gobierno. ¿Quiénes están detrás de esto?

-Las informaciones y los indicios que tenemos es que son personas que han detentado el poder por mucho tiempo, un poder fáctico dentro del país. No desean que el cambio por el que la ciudadanía ha votado el 20 de abril se realice de forma tranquila, en forma progresiva.
Hay gentes que están en conversaciones, en reuniones donde se incita a desestabilizar, a crear un clima de protestas, de sabotaje. Inclusive aquí tenemos la información de que Petropar, que es el importador de petróleo, puede estar desabastecido, lo mismo con los insumos de salud.
Esos son ingredientes que pueden hacer reaccionar a la ciudadanía. En esos términos es que hemos denunciado que hay toda una orquestación para que el nuevo gobierno no tenga la capacidad de hacer los cambios con tranquilidad y transparencia
.
-¿Qué pruebas tiene?
-Las tenemos. Aquí ya habido regulaciones en la distribución de petróleo. Hace dos semanas no está llegando el combustible como debiera, no se están haciendo las licitaciones para los implementos y los insumos que están faltando en los hospitales. Esto no es una simple especulación.
-En este momento se está tratando de diseñar un acuerdo con PDVSA de Venezuela para que este fluido energético importante no pueda faltar en nuestro país ¿Qué haría su gobierno de materializarse el plan que Ud denuncia?
-En primer lugar, estamos haciendo que esta información sea conocida, llamando a la solidaridad internacional, sobre todo de los países proveedores de petróleo.
En este momento se está tratando de diseñar un acuerdo con PDVSA de Venezuela para que este fluido energético importante no pueda faltar en nuestro país. Lo mismo con los medicamentos.
Estamos viendo las posibilidades con algunas agencias porque aquí todo pasa por una licitación y el proceso burocrático es lento. Pasan dos o tres meses para que se puedan implementar. Estamos viendo la manera de agilizar todo esto y de que la comunidad internacional nos pueda dar una mano en ese sentido.

-¿Cuáles serán las prioridades de su gobierno por las cuales, según dice, exigirá resultados a sus ministros a los cien días de tomar posesión?
-En primer lugar la lucha frontal contra la corrupción que es como un cáncer que corroe toda la sociedad.
Vamos a exigir transparencia en todos los órganos del Estado, los ministros, el presidente de la República y un gran control ciudadano Los cien días serán días de prueba donde se pueda informar a la ciudadanía de todos los programas, de reducción de la pobreza, de asistencia médica, programas de emergencia médica en diferentes regiones, sobre todo para los grupos indígenas que están viviendo en la extrema miseria, sin comunicación, sin medicamentos, sin educación, sin vestido, sin trabajo, sin alimentación.
Estamos encontrando un país devastado, sin instituciones. Lo primero que vamos a exigir es que se normalice la funcionalidad y la institucionalidad de la república.
-Usted habla de corrupción. Paraguay tiene el dudoso honor de encabezar la lista de los países más corruptos del mundo. ¿Cómo piensa enfrentar un problema que parece endémico en su país?
-La primera forma de luchar es con el testimonio y que la cabeza (del Estado) no esté involucrada en temas de corrupción. Vamos a exigir transparencia en todos los órganos del Estado, los ministros, el presidente de la República y un gran control ciudadano.
-Una encuesta de Transparencia Internacional indica que para los paraguayos los principales retos que deberá atender su gobierno serán, además de la corrupción, el desempleo y la inseguridad. ¿Cómo enfrentará el desempleo?
-Aquí hay la posibilidad de crear y apoyar la pequeña y la mediana empresa, con créditos blandos, asistencia técnica, posibilidades de mercado y también la construcción de infraestructura.
-Usted ha prometido una "reforma agraria integral", que, según afirma, no es un mero reparto de tierras. ¿Cómo y cuándo se pondrá en marcha esta reforma?
-Hay una gran cantidad de campesinos que han adquirido las tierras pero no han tenido los créditos y asistencia técnica.
Ya hemos tenido las primeras reuniones con los diferentes estamentos de la sociedad. El sistema de catastros nacionales es un desastre. Hay terrenos con dos o tres títulos y otros que no tienen ninguno.
Hay una gran cantidad de campesinos que han adquirido las tierras pero no han tenido los créditos y asistencia técnica.
La reforma agraria integral se va a dar mediante un diálogo abierto de los diferentes estamentos de la sociedad que estén interesados en dicha reforma: los campesinos sin tierra, las instituciones estatales, los técnicos, los dueños de las grandes extensiones de tierra para hacer un modelo consensuado que convenga a la mayoría de ellos.

-¿Será entonces un proceso a largo plazo?

-Sin duda, nosotros siempre hemos prometido que vamos a iniciar un proceso de reforma agraria. Tenemos la experiencia de otros países, en los que ha tomado (hasta) 15 años.
No es una fórmula milagrosa de hacer cambios estructurales. Los cambios estructurales son procesuales. Hemos dicho en la campaña que vamos a iniciar con ayuda de la ciudadanía una democracia participativa de todos los estamentos de la sociedad. Eso dará garantía al proceso y a la realización de esta reforma agraria integral.
-Usted ha dicho que exigirá a Brasil un precio más justo por la energía hidroeléctrica que exporta Paraguay. ¿Cuál es un precio justo para usted?
-Hay un precio comparativo de los principales productos energéticos. Yo creo que los mismos técnicos no coinciden en los números.
Hemos tenido el primer acercamiento el viernes pasado. Fue la primera reunión de técnicos y asesores de política internacional del presidente Lula con el equipo (paraguayo) de la renegociación del Tratado de Itaipú y Yacyretá, aquí en Asunción. Hemos presentado seis ejes de reclamo de la comunidad paraguaya que han aceptado serenamente. Ese es el primer paso.
Si Brasil no paga el precio que usted considera justo, ¿qué pasos seguiría su gobierno?
Nosotros agotaríamos todas las instancias de diálogo con el hermano y vecino país de Brasil. En el Mercosur, el tema de integración energética nos interesa a todos. Aquí en casa, serenamente, maduramente, con racionalidad, lo podemos subsanar y recibir el mejor precio de Brasil.

-La coalición de gobierno, la Alianza Patriótica para el Cambio, está formada por partidos de distinta orientación política. Ya se han dado desacuerdos por nombramientos. ¿Es esta una señal de que tendrá usted un problema de gobernabilidad?
-Yo creo que hay un consenso, una matriz común. Hay seis ejes programáticos de nuestra política de los que nadie puede salir (reforma agraria, reactivación económica, recuperación de la institucionalidad de la República, justicia independiente, plan de emergencia nacional y recuperación de la soberanía). Son la prenda de unidad de la Alianza Patriótica para el Cambio.
Yo creo que la ejecución de esos seis ejes programáticos va a ser la garantía de la unidad y de la gobernabilidad al interno del gobierno.

(Fuentes: ANSA-Latina, EFE, El Financiero-México, Prensa Latina y BBC-Mundo)

Colombia: Paramilitares

HEBERT VELOZA, ALIAS 'HH', ADMITE SER EL RESPONSABLE DE TRES MIL ASESINATOS 'O MÁS'



El ex-jefe paramilitar colombiano Hebert Veloza admitió haber sido responsable junto con su grupo armado del asesinato de más de tres mil personas entre los años 1994 y 2003. "Calculo que mis dos grupos asesinaron a 3 mil personas o más. Muchos de ellos eran tirados al [río] Cauca", respondió al ser preguntado sobre cuántas personas había matado.
HH, como fue conocido Veloza, también reconoció que murieron más inocentes que culpables. "Pero así es la guerra", afirmó en entrevista con el periódico colombiano El Espectador, publicada este domingo. "Matamos mucha gente sólo por el hecho de que eran señaladas", en referencia a las personas que eran identificadas como colaboradores o simpatizantes de las guerrillas colombianas.
HH, que fue considerado uno de los más temidos jefes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dijo haber utilizado la "decapitación" para aterrorizar a las comunidades. "Cuando llegamos a Urabá decapitamos a mucha gente, era una estrategia para promover el terror, para que tuvieran más miedo de nosotros que de la guerrilla".


El paramilitar ingresó en el controvertido programa de desmovilización promovido por el gobierno de Álvaro Uribe, pero perdió su condición de "desmovilizado" cuando huyó para reingresar en otros grupos armados. Ahora, está detenido y espera la marcha de su proceso de extradición a Estados Unidos para ser juzgado allí por el delito de narcotráfico.
El ex-jefe paramilitar reveló también que el grupo actuaba en complicidad con las autoridades locales para promover los asesinatos." En Urabá, cuando comenzamos, dejábamos los cuerpos en el mismo lugar donde las personas eran muertas", relata. "Después de un tiempo el poder público comenzó a presionar y (dijeron) que nos dejarían continuar trabajando, pero teníamos que desaparecer con las personas. Así comenzaron a surgir las fosas comunes", afirmó.
"Asesinábamos a personas todos los días, en todos los municipios de Urabá", agregó. Fue en estos mismos departamentos de Córdoba y Urabá donde se constituyeron en 1998, bajo el auspicio del Estado colombiano, las AUC con el objetivo de combatir a las guerrillas de las FARC y el ELN.


(Publicado en Adital)

México: Corrupción policial

EL REINO DE LA IMPUNIDAD CRIMINAL




Por Joaquim Ibarz (*)

El brutal secuestro y asesinato por una banda de policías de un joven de 14 años ha provocado la rabia e indignación de los mexicanos. "¡Basta ya!", proclaman los ciudadanos que se sienten indefensos ante la impunidad de los criminales.

Aunque en México se producen cada año centenares de asesinatos y secuestros, la muerte de Fernando Martí puso en pie a una sociedad civil que pide justicia ante tanta impunidad. Decenas de agrupaciones e instituciones hacen oír su voz para que se ponga fin a las mafias organizadas o amparadas por los cuerpos de seguridad. Al conocer que los jefes de la policía que debían investigar el crimen de Fernando eran los capos de la banda de secuestradores, la desprotegida población no sabe a quién acudir.

Fernando Martí era un joven deportista de 14 años, aplicado en los estudios. Como hijo de un acaudalado empresario dueño de una cadena de gimnasios y tiendas de artículos deportivos, el muchacho vivía con todos los peligros que implica pertenecer a una familia acaudalada en un país que está a merced de la delincuencia. Sus padres, conscientes de la inseguridad que reina en el país, pusieron a disposición de Fernando un coche blindado, un chofer y un guardaespaldas. No fue suficiente. El pasado 6 de junio fue secuestrado en un falso retén policial.

Durante casi dos meses, los padres del chico padecieron la angustia de tratar de negociar el rescate con los secuestradores. No dieron parte a la policía porque no se fiaban de las complicidades de agentes y maleantes. Como suele hacerse en este país, contrataron a un negociador privado. Desesperados por la falta de resultados, finalmente acudieron a las autoridades. Tras pagar un cuantioso rescate, pasaron semanas sin saber de la banda de secuestradores. Hasta el pasado 1 de agosto, cuando el cadáver de Fernando apareció en el portaequipajes de un vehículo abandonado. Fue el olor del cuerpo en descomposición lo que llamó la atención de los vecinos e hizo que se abriera el maletero del automóvil. Hacía más de un mes que el joven había sido secuestrado.


Doce muertos en una redada a la discoteca News Divine



Los asesinos de Fernando pertenecen a la misma policía de la capital que en una redada provocó doce muertes (nueve jóvenes y tres uniformados) en la discoteca News Divine, frecuentada por chicos de familias humildes. Con el brutal operativo tan sólo se buscaba robar a los chicos y extorsionar a sus padres para que pusieran en libertad a los hijos sin cargos inventados. La tragedia del News Divine destapó una cloaca de corrupción, impunidad, insensibilidad y brutalidad policial, y puso en evidencia la baja calidad humana y profesional de los funcionarios políticos y policiales. Fueron 24 horas de horrores para los muchachos detenidos. Hubo vejaciones a las chicas, golpes a menores, malos tratos.

El dramático desenlace del secuestro de Fernando indignó a México y volvió a poner los reflectores sobre el enemigo número uno que enfrenta el gobierno para combatir al crimen: la corrupción dentro de la policía, aunada a su ineficiencia. En el secuestro de Fernando estuvieron implicados varios policías; la falta de comunicación entre los cuerpos de seguridad capitalinos y federales complicó la investigación.
La red de corrupción de la policía de la capital provoca pavor. El analista Pablo Hiriart escribe en el diario "Excelsior" que los hechos muestran que Marcelo Ebrard, alcalde del Distrito Federal (DF), "está rodeado de criminales, no se puede creer que el edil no sabía nada de que los mandos de la policía judicial son los cabecillas de los secuestros y de la delincuencia".

José Luis Romero Ángel, comandante de la Policía Judicial de la capital, está acusado por su presunta participación en el secuestro de Fernando Martí. Hace menos de dos meses fue ascendido como comandante en jefe de la policía judicial. El alcalde Marcelo Ebrard y el en aquel entonces fiscal general de la capital, Rodolfo Félix, felicitaron a Romero como agente ejemplar cuando el adolescente ya había sido secuestrado por su banda.

El secuestrado está condenado a muerte


No sólo la policía está corroída por la corrupción, ya que el sistema judicial también está penetrado por los criminales. La sociedad está conmocionada por la muerte del joven Martí. Este crimen ha provocado un clamor de peticiones para que se castigue a jueces, fiscales y policías que están al servicio del hampa. María Elena Morera, presidenta de México Unido contra la Delincuencia, asociación civil formada por la madre de un secuestrado asesinado, exige un "compromiso de Estado" para que las autoridades se pongan de acuerdo para atender el incremento de los secuestros y el salvajismo con que ahora operan los secuestradores. "Ya no es tan sólo la mutilación, quien es secuestrado está de antemano condenado a la pena de muerte", señala Morera.


La condena de la sociedad civil a la policía, que se sirve de la información interna para planear sus desmanes, es unánime. Los políticos intentan aparentar que hacen algo para combatir a la delincuencia. Alguno incluso pidió que se reinstaure la pena de muerte. La propuesta es un auténtico disparate en un país con un sistema judicial tan corrupto y politizado, que obliga a purgar condena a muchos inocentes, encarcelados por la misma policía que protege a los grandes delincuentes y que en algún momento necesitaron un chivo expiatorio.

La industria del secuestro florece no porque sean pocos los años de prisión para un secuestrador (a los de Fernando Martí les corresponderían, en caso de ser sentenciados, por lo menos 50 años), sino porque los criminales saben que es muy baja la probabilidad de que sean atrapados y sentenciados. La cadena perpetua no cambiaría esta ecuación. Como no lo ha alterado el aumentar las penas para este crimen. El secuestro y asesinato del joven Martí tuvo que convertirse en escándalo mediático para que se destapara la cloaca de la policía judicial.

Muchas veces se ha dicho que hay que profesionalizar a la policía, pero nada cambia. No se ha podido construir ni un cuerpo de élite para atender los crímenes más odiosos. Tienden a corromperse muy rápido.

Sólo se denuncia un secuestro de cada cinco



En 2007 se denunciaron en México 751 secuestros, un 60 % más que en 2006. En 2008 el incremento es aún mayor. Y con el miedo llegan las cifras de la vergüenza: de cinco secuestros, solamente uno es comunicado a las autoridades. La familia no los denuncia por el temor a las complicidades entre malhechores y policías. En lo que va del año se ha tenido conocimiento, oficialmente, de 438 secuestros; es decir, realmente han ocurrido, en promedio, alrededor de dos mil en todo el país. Y aún más: únicamente 0.7% de estos casos son sentenciados.
El flagelo afecta ya a todos los niveles sociales. Según un informe oficial de la fiscalía general de la República, dos mexicanos son secuestrados en promedio cada día. El delito se ha incrementado a nivel nacional 9.1 por ciento entre enero y mayo de este año respecto al mismo periodo de 2007. El Distrito Federal, el estado de México, Oaxaca, Veracruz, Baja California y Michoacán son los puntos del país donde se registran más crímenes de este tipo.


Marcelo de Fuentes, director de la encuestadora Merc GfK, afirma que un mexicano de cada tres ha sufrido en carne propia los embates de los delincuentes. También asegura que las cifras oficiales de secuestros están muy por debajo de la realidad; según él, en el último año se habrían cometido cerca de siete mil secuestros en todo México.

Un Estado impotente frente a la delincuencia


Las autoridades federales, las de los estados y las de los municipios, son las principales responsables del crecimiento de la delincuencia, con su secuela de crueldad y terror. La complicidad de la policía con narcotraficantes y secuestradores afecta a muchas ciudades mexicanas. El resultado de esta suma de ineptitudes y complicidades es un Estado impotente frente a la delincuencia organizada, y ante la desorganizada también. Las críticas a los policías -no sólo ineficientes, sino criminales y desleales, al servirse de los datos internos para planear sus desmanes- es unánime, sin distinción de partidos. En Jalisco hubo otro caso terrible en el que un jefe policial fue parte activa del delito. Toda la familia Bautista Campos fue asesinada por orden del policía que negociaba el pago de un secuestro. No se salvaron ni los tres niños. Al darse cuenta de que había más dinero del ya abonado, el comisario decidió buscar un mecanismo atroz para obtenerlo.
Carlos Elizondo Mayer-Serra, comentarista del diario "Reforma", señala que una posible razón de la incapacidad para mejorar la policía "es la falsa confianza, sobre todo en los grupos más influyentes, de que a nosotros no nos va a pasar lo que a otros". El analista recalca que una policía corrupta tiene sus ventajas: "Cuando un hijo de alguien influyente mata por exceso de velocidad y alcohol a un peatón inocente, es muy poco probable que pase algunos años en la cárcel, como sucedería en un país donde las policías sí funcionan".

El presidente Felipe Calderón se subió al carro del populismo al pedir cadena perpetua a los secuestradores de menores y a los criminales que son policías o ex policías. Pero ni la pena de muerte ni el endurecimiento de sanciones para determinados delitos van a resolver el problema del aumento de la criminalidad, que tiene su principal origen en la impunidad de la que gozan los delincuentes. El problema en México es de impunidad, no de contar con leyes más rígidas. La criminalidad aumenta por la corrupción de jueces, magistrados y policías. Aunque hay funcionarios honestos, resultan horripilantes los grados de vileza que se acumulan en juzgados, fiscalías y comisarías.

"Investigan a mi familia, incluso a un hijo con síndrome de Down, por denunciar a funcionarios secuestradores"



José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, señala con dedo acusador: "Cuando yo denuncié a funcionarios por estar involucrados con secuestradores, el investigado fui yo junto con mis hijos, entre ellos Juan José, que tenía 16 años y síndrome de Down. Persiguen a mi familia en lugar de investigar las denuncias, formuladas incluso por secuestradores detenidos que declararon haber sido extorsionados por funcionarios". Ortega Sánchez dice que desconoce cuántos secuestradores operan en la Ciudad de México, pero sabe bien que muchos actúan con protección policial. "Ya habíamos presentado una denuncia contra la banda que, haciendo pasar a sus miembros como policías judiciales, secuestraba sin correr ningún riesgo. No descarto que este grupo sea el mismo que privó de la libertad y de su vida a Fernando Martí", dice Ortega.

Los mexicanos se preguntan cómo es posible que, en el caso del secuestro y asesinato del joven Martí, hayan podido confabularse policías para montar un retén en plena capital, justo en el tiempo y el lugar por el que iba a pasar su víctima. Existe la certeza de que una extensa red de uniformados está colaborando para delinquir. ¡Desde los propios despachos de los comisarios preparan los delitos!

El articulista Martín Moreno se muestra indignado en el diario "Excelsior" al denunciar sin tapujos: "Tenemos una policía preventiva del DF corrompida y desprestigiada. Tenemos a judiciales del DF secuestrando, asesinando y protegiendo a criminales profesionales". El comentarista aún se muestra más duro al señalar la negligencia del alcalde capitalino: "Esta criminalidad sin control es la consecuencia de tener un alcalde, Marcelo Ebrard, empeñado en instalar pistas de hielo, playas artificiales o apadrinar a quinceañeras, en lugar de dedicar recursos e inteligencia a construir policías más eficaces y confiables".

Los interrogantes sin respuesta son muchos. ¿Por qué México, como hacen la gran mayoría de países, no prohíbe la compra de bienes inmuebles o de automóviles en efectivo? ¿Por qué en México se siguen vendiendo celulares de prepago sin una identificación confiable del comprador? ¿Por qué no se limita el uso de efectivo en ciertas transacciones? Todo contribuye a la impunidad, sin que el presidente, el Congreso, los gobernadores y las autoridades locales hagan algo.


En México no existe una policía nacional


Los delincuentes tienen una gran ventaja inicial al no existir en México una policía nacional. Cada municipio tiene su propio cuerpo de seguridad, sin que se haya creado una base confiable de datos para identificar a los agentes con antecedentes penales y, cotejando antecedentes, evitar que sean contratados por otra corporación en el estado vecino o en la ciudad más cercana. Tampoco existe una eficaz coordinación entre entidades. Simplemente basta con cruzar una frontera estatal o trabajar en otra población para que se pierda la pista de los criminales. Por otro lado, el secuestro no está considerado como delito federal, por lo que sólo la policía local puede investigar este tipo de fechoría. La Agencia Federal de Investigación (AFI) puede intervenir en el caso de que los familiares requieran su ayuda sin que hayan metido mano los agentes municipales.

Todo este desbarajuste policial contribuye a que la probabilidad de impunidad sea de 98.7%. Al tener la certeza los criminales de que no hay riesgo de ser detenidos y juzgados, los criminales no dejarán de delinquir por la simple amenaza de que se aumentan las penas de cárcel. Ni piensan en que pueden acabar entre rejas ya que sólo una ínfima parte recibe una condena. En México se denuncia sólo uno de cada ocho delitos, y de los casos conocidos sólo el 10% culmina en sentencia.


Decepciona el presidente Felipe Calderón

El presidente Felipe Calderón decepcionó cuando al proponer cadena perpetua a los secuestradores no hizo ninguna referencia a la red de complicidades de jueces y policías. Buscó el aplauso fácil, sin combatir las causas de tanta delincuencia.
Los políticos no toman medidas efectivas para crear un cuerpo policial honesto porque hacen lo que les resulta más rentable y visible. Es más sencillo impulsar una reforma legal para ampliar las penas de los malhechores, que la construcción de cuerpos policiales efectivos.
"La propuesta del Presidente de pedir cárcel a perpetuidad es simple populismo punitivo. Entre la demagogia y el oportunismo de Calderón, y las propuestas autoritarias de los exasperados, la medicina contra la inseguridad podría salir tan mala como la enfermedad. La condena perpetua no sirve, pero se oye bien", escribió el comentarista Jorge Zepeda Patterson en el diario "El Universal".

Según Zepeda Patterson, dar más poder a los cuerpos de seguridad sobre la sociedad "es una respuesta que terminará volviéndose en contra nuestra. Tendría que decirnos algo el hecho de que casi siempre en estos crímenes de horror está involucrado un judicial o su equivalente. Necesitamos mecanismos que aseguren rendición de cuentas, mayor transparencia, una policía sujeta al escrutinio y a las leyes".
(*) Joaquim Ibarz es corresponsal de La Vanguardia en México. Este artículo fue publicado en ese diario catalán este 11 de agosto.

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