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12.3.09

Colombia:Derechos Humanos

AUMENTA DRAMÁTICAMENTE EL NÚMERO DE DESAPARECIDOS; MÁS DE 18.000 EN SIETE AÑOS. 'MADRES DE LA CANDELARIA' EXIGEN CONOCER TODA LA VERDAD


El movimiento Madres de la Candelaria Línea Fundadora cumplirá en Colombia 10 años de lucha por el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación. Se trata de una organización de madres, padres, hijos, hijas, hermanos, hermanas y amigos victimas del secuestro, asesinato y la desaparición forzada en Colombia.

Las madres renuevan cada día su esperanza de reencontrar a sus hijos. La organización cumplirá su décimo aniversario el próximo 17 de marzo y lo hace con el empuje de un movimiento que de la victimización ha pasado a la acción política para reclamar por sus familiares desaparecidos. Una de sus tareas es luchar contra las cifras oficiales, que no reconocen el número real de víctimas. “Desafortunadamente no es como dicen que son 3 mil desaparecidos en Medellín, nosotras hemos visto como sólo la Comuna 13 puede poner más de 7 mil desaparecidos”, afirma Amparo Mejía, Representante Legal Madres de la Candelaria.
Con motivo de la conmemoración de sus 10 años de fundación y en el marco del mes de los derechos de la mujer, el Movimiento Madres de la Candelaria está invitando a los habitantes de Medellín al acto simbólico “Las madres de la candelaria por la luz de la verdad”. (AUDIO-Amparo Mejía,
archivo mp3)


Las desapariciones han aumentado en forma dramática entre el 1º de enero de 2007 y el 21 de octubre de 2008, según un informe de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. 18.713 desapariciones fueron reportadas en los siete últimos años, 7.163 en los dos últimos años.



Se teme que muchos formen parte de los llamados 'falsos positivos', jóvenes engañados con el falso señuelo de un trabajo lejos de su región y asesinados allí por el ejército y presentados como guerrilleros caídos en combate. En Engativá, Departamento de Cundinamarca, 22 madres no tienen noticias de sus hijos desde hace más de seis meses. Se fueron de sus casas porque les habían ofrecido trabajo en el Meta y otras regiones. Desde entonces nadie ha vuelto a saber de ellos, pero sus madres han recibido llamadas amenazantes. Les dicen que si no denuncian en la Fiscalía seguirán vivas.
Los 22 jóvenes de Engativá forman parte de una extensa lista de desaparecidos, entre ellos los más recientes de Soacha, y sus madres rezan para que estén vivos. Pero según las estadísticas, de cada 1.000 desaparecidos solo 10 sobreviven. Además, pocos de los que tienen familiares desaparecidos logran establecer a dónde fueron a parar sus restos.
Rubiela Beltrán vio por última vez a su esposo Gilberto Arias, de 45 años, el 27 de mayo de 2007. Salió de su casa de El Tunal, en el sur de Bogotá, rumbo a Soacha, donde iba a hacer un negocio de finca raíz. “Después de varios días de búsqueda una persona me dijo que lo había visto con unos hombres que lo mataron y lo tiraron a una laguna cerca de Soacha -relata Rubiela-. Me fui a buscarlo y encontré la ropita con sangre, pero el cuerpo no aparece”.
Otras familias llevan hasta 20 años de espera. Por ejemplo, la de Jorge Soto Gallo, desaparecido el 15 de julio de 1985, y la de Jaime Enrique Quintero, cuyo rastro se perdió el 1º de marzo de 1995, cuando tras presentarse en las instalaciones de la IV Brigada de Medellín para definir su situación militar, fue trasladado y desde entonces no se supo más de él.
Las desapariciones han aumentado en forma dramática entre el 1º de enero de 2007 y el 21 de octubre de 2008, según un informe de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la cual hacen parte el programa de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia, la Fiscalía, la Defensoría, el Instituto de Medicina Legal, el Ministerio de Defensa, la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), Fondelibertad y la Comisión Colombiana de Juristas. En el período mencionado se registraron 7.763 desapariciones, de las cuales 3.090 ocurrieron este año. La Comisión estableció que del total, 1.686 fueron forzadas. Del resto nada se sabe.
Según el informe, en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres de Medicina Legal hay reportadas hasta la fecha 12.284 desapariciones, 95 de las cuales ocurrieron en octubre de este año. “No estamos hablando en todos los casos de desapariciones forzadas pero son cifras alarmantes”, sostiene Gloria Gómez, coordinadora de Asfaddes.
Agrega que en el país se registraban antes entre dos y cuatro desapariciones cada día pero hoy la cifra puede ascender a ocho casos diarios. Lo más alarmante es que 5.507 de las desapariciones reportadas ocurrieron en Bogotá, muy por encima de otras ciudades y de Cundinamarca, donde hay reportados 381 casos. “Se requiere una investigación a fondo para establecer por qué tantas desapariciones en estos dos últimos años”, advierte Gómez, quien señala que a pesar del miedo y la intimidación a las familias ha sido posible detectar el aumento.
Camilo González Posso, director de Indepaz, dice que de acuerdo con investigaciones hechas por su equipo, cinco factores inciden en el incremento de las desapariciones. El primero, positivo, tiene que ver con la creación de la Comisión, que adelanta una búsqueda activa y tiene un registro de desaparecidos que antes no existía. Los otros factores son negativos: las ejecuciones extrajudiciales, los falsos positivos, el reclutamiento forzado, la trata de personas y un desplazamiento invisible hacia las fronteras. “Visto en conjunto, significa que hay un deterioro de la seguridad y de una u otra manera un incremento de conflicto”, explica González
Por su parte, Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado(MOVICE), considera que las desapariciones han reemplazado a crímenes como las masacres y los homicidios selectivos y es urgente investigar cuáles de las reportadas son forzadas. “No esclarecer los móviles y causas de esas desapariciones es otro tipo de impunidad”, dice Cepeda.

Los sectores más vulnerables



Los miembros de grupos políticos, los líderes sindicales, comunitarios o indígenas, defensores de dd.hh, los integrantes o ex integrantes de grupos armados, y algunos comerciantes. Y según la Comisión de Búsqueda, la población más vulnerable son los hombres entre 20 y 30 años. “Antes, la desaparición forzada tenía mucha relación con la militancia política, de izquierda o de derecha, y con ser familiar de algún insurgente -afirma Yolima Quintero, representante de víctimas en Medellín-. Hoy desaparecen a cualquiera… jóvenes, mujeres, adultos”.
Un investigador de la Fiscalía afirma que cada día desaparecen entre 20 y 25 personas y que hallarlas “es difícil si no existe un perfil claro de por qué desaparecen, si no se sabe si se trata de un hecho criminal o de una ausencia común, es decir, si la persona decidió irse por su voluntad para no pagar una deuda, terminar una relación sentimental, huir de la casa”.
Según Medicina Legal, hay 20.000 cadáveres clasificados como N.N. que no han sido reclamados porque sus familiares no se atreven a identificarlos o los siguen buscando porque los presumen vivos.
La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y por tanto no prescribe. Constituye una violación de derechos humanos establecida en la ley colombiana y es también una violación de pactos y tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Desaparición Forzada, ratificadas por Colombia.
Investigar los 'falsos positivos'


Cientos de familiares de víctimas del conflicto y de los crímenes de estado volvieron a marchar el pasado día 6 de marzo por las calles de Bogotá, para exigir al Estado "justicia, verdad y reparación".
Los manifestantes, la mayoría madres de jóvenes asesinados que fueron presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate, marcharon con camisetas blancas y fotografías de sus familiares muertos o desaparecidos en el país.
"Estamos aquí para exigir justicia, verdad y reparación", dijo Iván Cepeda, del Movice. En la marcha, se pidió la creación de un grupo especial para que investigue las ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de miembros de las Fuerzas Militares, los llamados 'falsos positivos'.

De acuerdo con los datos de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, más de mil 500 miembros de la fuerza pública son investigados por la desaparición y ejecución de civiles fuera de combate. Esa entidad judicial ha emitido más de 300 medidas de aseguramiento (prisión) y 40 resoluciones de acusaciones, que involucran en su mayoría a miembros del Ejército.

Los defensores de dd.hh, en la diana


Y al grupo que detenta el poder del Estado colombiano no le gusta que se investiguen y señalen las violaciones a los derechos humanos y no deja de perseguir a quienes ejercen esa función. Y así el Coronel Néstor Iván Duque ha denunciado ' por falsa denuncia' al dos destacados defensores de los Derechos Humanos, como son el padre Javier Giraldo y el abogado Elkin Ramirez Jaramillo, Director de la Corporación Jurídica Libertad. El denunciane no es sino el mismo coronel que dirigió la Operación Fenix, en desarrollo de la cual se realizó la masacre de 8 personas entre ellos un niño de 19 meses en San José de Apartadó el 21 de febrero de 2005. Por esta masacre la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalia ordenó la captura, entre otros, del Teniente Coronel Espinosa. Javier Giraldo y Elkin Ramírez fueron ya denunciados 20 días después de ocurrida la masacre.

Según el último informe de la Oficina en Colombia de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el grupo de defensoras y defensores de derechos humanos y los sindicalistas es uno de los sectores que ha sido vulnerado de manera significativa durante el 2008. La Oficina señala que se cometieron asesinatos, amenazas de muerte, ataques y robos contra las sedes de ong y sindicatos. Según la Comisión Colombiana de Juristas en 2008 se presentaron 11 casos de violaciones contra el derecho a la vida de defensoras y defensores de derechos humanos: 3 ejecuciones extrajudiciales y 8 asesinatos.
En este contexto, el prestigioso CINEPCentro de Investigación y Educación Popular – de la Compañía de Jesús, manifiesta su preocupación por lo que interpreta como acciones de persecución judicial en contra del sacerdote jesuita Javier Giraldo , quien se ha destacado por su incansable lucha y compromiso con la defensa de los derechos humanos de las comunidades más vulnerables en el país.
El padre Giraldo trabaja en el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP y en este momento están abiertos en su contra tres procesos judiciales con la intención de vincularlo con grupos armados al margen de la ley, y por otra, silenciar sus denuncias acusándolo de cometer injuria, calumnia y falsa denuncia.

El Cinep recuerda que Javier Giraldo ha llevado ante instancias internacionales casos como el de la masacre de Trujillo (Valle), en la cual el Estado fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otros episodios como la masacre de los 19 comerciantes en Barrancabermeja, la masacre de Apartadó en febrero de 2005, denuncias contra el General Rito Alejo del Río, entre otros casos han sido materia de búsqueda de justicia por parte del Padre Giraldo ante instancias jurídicas nacionales y el sistema internacional.
El informe, “Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento: presos y señalados en Colombia”, presentado el 24 de febrero en Bogotá, documenta 32 casos particulares de procesos penales infundados en contra de defensores de derechos humanos.


Colombia: ¿de un país de secuestrados a un país de desaparecidos?(*)


Este viernes, centenares de víctimas de desaparecidos marcharon en Bogotá para protestar por los crímenes cometidos por agentes del Estado. Doña Emilia Rosa Mora fue una de ellas. Dice que su hijo Javier Peñuela, agricultor, apareció muerto el 30 de junio de 2007, en Ocaña, a manos de tropas de la Brigada Móvil 15 del Ejército. Junto a su cuerpo había una granada, un radio y un fusil. (Foto: León Darío Peláez- SEMANA)CONFLICTOMientras el secuestro en Colombia ha venido disminuyendo sustancialmente en los últimos años, las denuncias por desaparición que atiende la fundación País Libre han ido en aumento. ¿Por qué?

Desde hace siete años, el secuestro ha dejado de golpear a Colombia. Mientras en el 2.000 fueron denunciados 3.571 casos de secuestro extorsivo y simple, el año pasado se reportaron 242 casos en todo el país. Gran parte de esa disminución se debe a la ofensiva sin precedentes del gobierno de Alvaro Uribe contra las Farc, una guerrilla que por años convirtió el atroz delito del secuestro en una de sus principales fuentes de financiación, terror y chantaje político.
A diferencia de otros años, la guerrilla no es la principal responsable de los secuestros que ocurren en el país. Las bandas criminales, atomizadas y autónomas, son hoy las principales responsables (ver artículo ¿Quiénes secuestran en Colombia?). Sin embargo, pese al logro notable de haber reducido el secuestro en más del 70 por ciento, desde el año pasado hay una tendencia al aumento en los casos denunciados por desaparición. ¿Por qué? “La ley de Justicia y Paz ha facilitado que las víctimas denuncien a sus desaparecidos. Segundo, muchos secuestrados han aparecido en fosas comunes. Y tercero, hoy las víctimas son mucho más visibles que hace 10 años, a pesar del miedo profundo que todavía las retiene para denunciar”, dijo Olga Gómez, directora de la Fundación País Libre, la cual se creó hace más de diez años para atender a familiares y víctimas del secuestro. “Todo esto hace posible que las denuncias por este delito hayan aumentado” Según la organización País Libre, de los 217 casos que el año pasado se atendieron, 110 corresponden a secuestro, 95 a desaparición y ocho a extorsión, lo que muestra que la brecha entre el secuestro y la desaparición está disminuyendo. En 2007, País Libre atendió 73 casos de desaparición.



Los sorprendente, es que hace cinco años, el grueso de la atención que prestaba País Libre era para víctimas de secuestro y casi ninguno por desaparición. Sin embargo el aumento de estas denuncias no implica que los grupos armados ilegales estén desapareciendo más gente. Como señala Gómez muchos casos que ocurrieron en años anteriores han empezado a hacerse visibles.


La Ley de Justicia y Paz, la cual da beneficios a quien cuente la verdad sobre sus crímenes, también ha ayudado a saber más sobre estos casos. Dentro de Justicia y Paz, la Fiscalía ha investigado 210 casos por el delito de desaparición forzada y otros 147 casos que han sido denunciados en versiones libre de paramilitares aún están por investigar. “Hay secuestrados de los cuales hace mucho no tenemos noticias, no sabemos si están vivos o muertos. Prácticamente ellos pasan a ser en la práctica desaparecidos”, dice Olga Lucía Gómez. La dimensión del problema de los desaparecidos en Colombia aún no se conoce a fondo. El gran problema es que todavía no se ha logrado unificar los datos sobre este delito. Organismos como Medicina Legal, Policía Nacional, Ejército o Defensoría del Pueblo manejan cada uno sus cifras, y pocas veces coinciden. Lo mejor que se ha podido hacer intentar consolidar esos números en el Registro Único Nacional de Desaparecidos, donde varias entidades que manejan el tema comparten información y la cruzan. Fue precisamente gracias a esta coordinación que se puso en evidencia el caso de los falsos positivos de Soacha (ver artículo).

Colombia está aún está en mora de organizar su burocracia para responder con eficiencia ante este atroz crimen. Y si se deja pasar mucho tiempo, podrá ufanarse de que es un país que dejó de secuestrar, pero tendrá que avergonzarse de ser una nación que comenzó a desaparecer.

(*)Artículo de la revista colombiana Semana

(Fuentes: Agencia Púlsar, Notimex, PiensaChile-Grupo de tareas internacionales de DD.HH, dhColombia, CINEP, Movice y Semana )

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