Nueve de cada diez periodistas de Paraguay no tienen seguro del Instituto de Previsión Social (IPS). Y hasta un 30 por ciento de ellos cobra menos del ya reducido salario mínimo que es el equivalente a 259 dólares estadounidenses (1.341.000 guaraníes, la divisa nacional). Esos índices señalan el deterioro de sus condiciones de trabajo y son –en sí mismos- “un ataque a la libertad de expresión y de prensa”. Así lo señalan en una carta presentada ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) por Vicente Artemio Páez Chávez y Pedro Benítez Aldana, Secretario General y Secretario General Adjunto del Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPP).
Páez señaló también que “la libertad de expresión es un triunfo obtenido por el pueblo paraguayo, tras décadas de opresión impuesta por la dictadura stronista (del general Alfredo Stroesner), asociada a las demás dictaduras de América del Sur”, pero añade que esa libertad es cercenada a diario para evitar que la mayoría se vea reflejada en los medios.
El SPP recuerda que el modelo del espectro audiovisual y radioeléctrico es paralelo al del reparto de la propiedad agraria, un sector que sigue siendo decisivo para el país. El 80 por ciento de la tierra está en manos del uno por ciento de la población. Diversas comunidades siguen demandando un mejor reparto de las frecuencias. La información sobre las condiciones materiales de la población y la calidad informativa se resienten por el reparto desigual.
Y las condiciones materiales que pesan sobre los periodistas inciden en la autocensura. Casi una tercera parte señalan que se autocensuran por temor a perder su empleo. Hasta un 18 por ciento lo hacen para no desagradar a los que pagan la publicidad y a los patrocinadores de los medios. Una situación recurrente en otros países de América Latina, según datos manejados por la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), rama regional de la FIP (Federación Internacional de Periodistas).
En la carta se reclama a las autoridades la inspección de las 500 empresas de comunicación que existen en Paraguay que -en gran medida- infringen las leyes laborales. En especial, se señalan los quebrantos de salud que sufren los trabajadores de la comunicación y la inacción del IPS por la falta de cotización de las empresas, que afecta a los periodistas jubilados. El SPP pone ejemplos concretos como el siguiente: “A consecuencia de esta deficiencia, casi delictiva de la previsional, muchos trabajadores no se pueden jubilar, porque los patrones descuentan los aportes y no los transfieren al IPS. Como ejemplo tenemos el caso de los trabajadores del desaparecido diario Noticias, cuya patronal quedó adeudando más de 1.200 millones de guaraníes (unos 230.000 dólares al cambio actual), evadiendo cerca de cuatro años de aportes de los trabajadores. Hasta el momento, el Instituto de Previsión Social no inició demanda alguna contra el ex dueño de este malogrado diario, Eduardo “Bilo” Bo”.
Para el SPP, la persecución sindical, los ataques a los periodistas y el desprecio de las patronales, reflejan ese clima: “La impunidad sigue vigente. Los asesinatos de los periodistas Santiago Leguizamón, Salvador Medina, Calixto Mendoza, Yamila Cantero, Angela Acosta y Tito Palma, entre otros, siguen sin esclarecerse. El transcurrir de los años debilita la esperanza de que se pueda hallar la justicia y condenar a los culpables, sean materiales como intelectuales de estos homicidios, ocurridos en diversas regiones del país”.
Además, la información de interés y servicio público se ven distorsionados por la distribución de la tarta publicitaria, tanto estatal como privada. Para modificar eso, el SPP reclama pluralismo y calidad periodística, a través del reforzamiento de la televisión y de la enseñanza públicas.
Para abrir el espectro informativo, los periodistas paraguayos reclaman también “el respeto a las radios comunitarias que con esfuerzo se erigen en las comunidades”.
Para abrir el espectro informativo, los periodistas paraguayos reclaman también “el respeto a las radios comunitarias que con esfuerzo se erigen en las comunidades”.
Vicente Páez y Pedro Benítez Aldana, dirigentes del SPP, vinculan su análisis y sus peticiones a la defensa del “derecho al habla, el ñe´e, que –terminan- para nosotros los guaraníes, es supremo”.
(Fuente: Federación Internacional de Periodistas-FIP)
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