19.8.10

Latinoamérica:Feminicidio

NO DISMINUYEN SINO QUE AUMENTAN LOS CRÍMENES CONTRA LAS MUJERES EN LATINOAMÉRICA. CENTROAMÉRICA Y CARIBE SON LAS REGIONES CON UN MAYOR ÍNDICE DE ASESINATOS


América Central y el Caribe son las regiones donde ocurre el mayor índice de asesinatos de mujeres, también llamado "feminicidio", según señala el III Informe Internacional "Violencia contra la mujer en las relaciones de parejas", elaborado y divulgado por el Centro Reina Sofía desde Valencia (España). El estudio analiza los datos , en 135 países, entre 2000 y 2006.

El informe revela que en 2006 fueron asesinadas 42 mujeres por millón, en todo el continente latinoamericano. A pesar de que el femenicidio ha presentado una declinación en gran parte del mundo, la República Dominicana fue el país de la región latinoamericana y caribeña, que presentó el mayor aumento de este fenómeno.

De acuerdo con el informe, los países que se destacaron en la ocurrencia de femenicidios en forma general fueron El Salvador, con 129 asesinatos de mujeres, por millón de habitantes, Guatemala, con 93 casos de femenicidios por cada millón, Honduras, con 45 y, Colombia, con 50 registros. En el análisis específico del femenicidio en el ambiente doméstico, el informe destaca que la mayoría de los casos se produjeron en República Dominicana, Panamá y Puerto Rico.

México y Colombia encabezan la lista de los países de la región latinoamericana con un mayor número de mujeres asesinadas en el ambiente doméstico. Colombia también ocupa la segunda posición en los casos de femenicidio entre parejas o ex-parejas.

Puerto Rico, Honduras, Paraguay, Costa Rica, Panamá, Colombia y Nicaragua están entre los países que registran números, por encima de la media, de asesinatos de mujeres fruto de relaciones entre parejas o ex-parejas, según el Informe. A pesar de que el femenicidio ha declinado, en general, cerca del 45%, entre 2000 y 2006, los asesinatos cometidos entre parejas o ex-parejas aumentaron un 15%.

A pesar de estos números, el informe indica que los países latinoamericanos y caribeños han avanzado mucho en la elaboración de leyes contra el femenicidio. El problema es que no se aplican esas normas.

En general, los casos de femenicidios ocurren, la mayoría de las veces, con el uso de armas blancas, como cuchillos, por ejemplo. Estudios señalan que parte de los agresores sufrieron malos tratos durante la infancia y usan, en la edad adulta, la violencia para resolver sus conflictos.

Por primera vez el informe incluyó el parecer de 37 ONGs sobre la eficacia de las leyes de combate al femenicidio. De los 135 países analizados, sólo 72 desarrollaron leyes específicas o proyectos de leyes de protección de las mujeres. En Europa, se observó cierto dinamismo, ya que desde 2006, 28 nuevas leyes fueron implementadas.

Para leer el Informe:
En Chihuahua, en siete meses más asesinadas que en todo 2010

En el estado mexicano de Chihuahua, cuya capital es Ciudad Juárez el pasado 18 de agosto se rebasó la cifra total de asesinatos de mujeres de todo el año 2010
Con tres casos descubiertos ese día, el registro de feminicidios alcanzó los 169, mientras que durante todo el 2009 la cifra fue de 164 y en el 2008 se dieron 87.

Las estadísticas oficiales establecen que el 90 por ciento de los casos de crímenes de mujeres está relacionado a la delincuencia organizada y el resto, a la violencia de género o familiar.
El archivo periodístico precisa que en enero de 2010 ocurrieron 16 asesinatos contra mujeres; 9 en febrero; 28 en marzo; 15 en abril y 17 en mayo, mientras que junio cerró con 29 víctimas; julio con 25 casos y 29 en lo que va de agosto.

Los datos oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) precisan que han sido asesinadas 846 mujeres desde 1993 a la fecha, cuando empezó a documentarse el feminicidio.

El seguimiento periodístico que se lleva de los homicidios dolosos cometidos contra mujeres, indica que del 21 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2007 se tenían cuantificados 427 crímenes, mientras que el 2008 cerró con un total de 87 casos, el 2009 con 164 y hasta ayer se habían cometido 168 asesinatos contra el género femenino.
En el desglose de datos se establece que en 1993 se reportaron 19 eventos, 19 en 1994, 36 en 1995, 37 en 1996, 32 en 1997, 36 en 1998, 18 en 1999, 32 en 2000, 37 en 2001, 36 en 2002, 28 en 2003, 19 en 2004, 33 en 2005, 20 en 2006, 25 en 2007, 87 en 2008, 164 en 2009 y 168 en 2010.

En los más recientes asesinatos las víctimas no rebasaban los 25 años.


El feminicidio en Guatemala


Aún cuando para las autoridades en Guatemala los principales móviles de las muertes violentas de mujeres, son los vínculos con las maras, pandillas o grupos del crimen organizado, la violencia familiar y las venganzas personales, organizaciones feministas consideran que los asesinatos se derivan de las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres.

De acuerdo con una publicación del vespertino “La Hora”, la mayoría de los casos investigados por las instituciones judiciales, se han asociado a las acciones de los maras y de los grupos del crimen organizado.

Ellas son atacadas cuando intentan dejar a la pandilla o la traicionan y cuando cometen errores en alguna acción delincuencial, informa.

Destaca que en lo que va del 2010 se han registrado 410 muertes violentas de mujeres, lo que revela una leve tendencia al aumento, en comparación con estadísticas de años anteriores. La principal característica de los asesinos es que son extremadamente machistas, señala el diario.

En contraparte, para las organizaciones feministas la muerte violenta de mujeres se deriva en primer lugar, de las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres y, en segundo, de la forma como la sociedad considera a las mujeres: una propiedad sobre la cual se puede decidir, exponen.

Sandra Morán, del Sector de Mujeres, precisa que en las muertes violentas de guatemaltecas también hay estrecha relación con el papel que ellas desempeñan en la sociedad.

Las mujeres empoderadas y participativas provocan el descontento de sectores tradicionalistas que insisten en que la figura femenina es la encargada de realizar las labores domésticas, opina.

Para Morán es en esos espacios donde las ciudadanas están más vulnerables a ser violentadas por parte de sus parejas, situación que se agrava cuando las autoridades no ofrecen medidas de protección específicas, o no facilitan el acceso a la justicia.

Un informe elaborado por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) recomienda a las autoridades fortalecer la atención de denuncias, sobre todo sobre violencia familiar, sexual o patrimonial, ya que al no actuar oportunamente se generan las condiciones para que el agresor violente a las víctimas hasta causarles la muerte.

A propósito del incremento de las muertes violentas de mujeres en Guatemala, en 2009 Naciones Unidas presentó en este país la campaña ÚNETE con cinco objetivos que deben cumplirse en 2015 y que tienen como propósito poner fin a la violencia contra las mujeres.

Este año se lanzó la Campaña regional por el acceso a la Justicia para las Mujeres en Centroamérica y México, región en la que en 2009 se perpetraron más de 2.300 feminicidios en Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y México.

La campaña regional adoptó el primero de los cinco objetivos de ÚNETE, el cual afirma que la ausencia de leyes para poner fin a la violencia, y su no implementación donde ya existen, es generalizada en el mundo y la impunidad es, con frecuencia, el resultado de que los Estados no apliquen las normas internacionales en los niveles nacionales y locales.


¿Dónde están las jóvenes mexicanas?

Por Gladis Torres Ruiz (*)

Como resultado de una serie de omisiones del Estado, los derechos humanos de las jóvenes mexicanas, de entre 15 y 29 años de edad, son constantemente violados.

Todos los días, ellas enfrentan la falta de oportunidades y la negación de sus derechos básicos como el acceso a la educación, a los servicios de salud, y al empleo. En el colmo de esta falta de políticas públicas, se les incluye en la generación mal llamada de “ninis”, (que ni estudian ni trabajan).

Las jóvenes mexicanas ocupan gran parte de su tiempo en el cuidado del hogar y de los otros; hijas, hermanas, esposas o nueras asumen el rol de “cuidadoras”, porque la sociedad las considera “mejor preparadas” que los hombres para esta tarea, afirmó Perla Vázquez, coordinadora general de Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos.

Y aunque no es su libre elección, las jóvenes sin oportunidades, se encargan de hacer un trabajo no remunerado, alimentar, cuidar, y hacer quehaceres para terceros, mientras que otros salen a buscar empleo y otras opciones, es decir se reproduce y reafirma la construcción de una cultura machista, dijo la especialista a Cimacnoticias.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2005, de cada 100 mexicanas de 15 años y más, 10 no sabían leer ni escribir y, de cada 100 hombres 7 eran analfabetas.

Una quinta parte (21.7 por ciento) de las mujeres de 15 años y más que residen en localidades menores a 2 mil 500 habitantes no sabían leer ni escribir; frente al 16 por ciento de los hombres.

La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2009, indica que las mujeres destinan 29.2 horas semanales a las actividades domésticas, mientras que los hombres sólo 7.8 horas en el mismo periodo.

Las mexicanas dedican casi 20 horas a las labores del cuidado de otros, mientras que los hombres ocupan 8.8 horas a esta tarea.
Por cada hija o hijo menor de cinco años, el trabajo en el hogar aumenta un 5.92 por ciento, mientras que por cada niña o niño de 6 a 12 años de edad, la carga de trabajo crece 4.87 por ciento.

Además, las mujeres representan 70.49 por ciento de las personas que dan apoyo a otros hogares, mientras que los hombres sólo 29 por ciento.

Derechos femeninos

“En México las mujeres jóvenes, son el principal blanco de violaciones a derechos humanos en materia de salud sexual y reproductiva, de violencia y feminicidio”, subrayó Perla Vázquez.

Las políticas implementadas por el gobierno federal, violentan todos los derechos femeninos, “todas las asesinadas, las desparecidas, las víctimas de violencia en el hogar, y a quienes se les niega el acceso a la interrupción de un embarazo, son jóvenes”, sostuvo.

El informe “La juventud en Iberoamérica, tendencias y urgencias” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (Cepal) puntualiza que en México el embarazo de mujeres de entre 15 y 19 años de edad, ha ido en aumento.

Ese hecho, se relaciona directamente con el nivel educativo y la deserción escolar. Destaca que a esas edades los embarazos son de mayor riesgo, ya que la mayoría de las jóvenes pertenecen a los sectores más pobres de la población.

En estados como Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas y Guerrero mueren más de 6 mujeres, entre 15 y 24 años por cada 100 mil, a causa de complicaciones con el parto y puerperio, revelan cifras del Consejo Nacional de Población 2007.

Añaden que el 28.3 por ciento de las jóvenes sufre violencia económica: la pareja le reclama cómo gasta el dinero, no le da gasto, se gasta lo que se necesita para la casa o le prohíbe trabajar o estudiar. El 12.9 por ciento ha sido víctima en algún momento de su vida de algún tipo de violencia física.

Luego de que en abril de 2007 se despenalizó el aborto en el Distrito Federal, en 17 Estados del país se ejerció la violencia contra las jóvenes al negarles su derecho a decidir con el establecimiento en sus constituciones de la “protección de la vida desde la concepción”.

Asesinos por las calles

Imelda Marrufo, representante de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, recordó que mientras que en los años más críticos del feminicidio, (años 90), se registraron unos 60 asesinatos al año, en los primeros 4 meses de 2010 han sido asesinadas 126 mujeres y los responsables andan por las calles.

Las denuncias de mujeres desaparecidas, dijo, no han cesado y de 2008 a la fecha se calcula que existen 91 mujeres desaparecidas, 55 de ellas son menores de edad.

La agenda

En este, que es el Año Mundial de la Juventud, México será sede de la Conferencia Mundial temática y en ese foro, se tratarán temas como el papel de las jóvenes aspectos como la violencia, los procesos de consolidación de la paz, el VIH/Sida y el acceso a nuevas tecnologías.

Del 23 al 27 de agosto en León, Guanajuato, se buscarán las recomendaciones legislativas para impulsar la agenda de la juventud, además de posicionar el tema y reflexionar en la realidad global de la juventud para que se creen las políticas públicas focalizadas.

La Conferencia -divida en un foro parlamentario, de la sociedad civil y otro de gobierno- buscará ser un espacio de discusión y reflexión sobre los derechos de la juventud y la promoción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

(*)
Artículo publicado el 16 de agosto de 2010 en Cimac Noticias, página web mexicana partidaria del "periodismo con perspectiva de género"


(Fuentes:Adital, El Diario Local-Ciudad Juárez, CN-Cimac Noticias,

3.8.10

Colombia-Venezuela

LOS COLOMBIANOS VOTAN POR VENEZUELA CON LOS PIES Y MÁS DE 300 HUYEN CADA DÍA DEL 'PARA'-PARAÍSO HACIA EL 'INFIERNO' BOLIVARIANO



Un estudio que realizó durante 90 días la Asociación de Colombianos en Venezuela arrojó que diariamente un promedio de unos 352 colombianos cruzan la frontera para huir y refugiarse en Venezuela, informó el coordinador de dicha organización, Juan Carlos Tanus.

Durante una entrNegritaevista concedida al programa Contra Golpe, que transmite Venezolana de Televisión (VTV), Tanus indicó que de esa cantidad, el 62% se queda en Venezuela y tratan de hallar allí una nueva vida. Las razones de esta migración son fundamentalmente económicas y, según es estudio, la mayoría de los inmigrantes manifiestan su deseo de no regresar a Colombia hasta tanto no se resuelva el problema de la escasez de puestos de trabajo que existe.

“Hay escenarios como el de la costa norte colombiana donde el avance del paramilitarismo en el departamento de Córdoba ha provocado que 12% de su población actualmente viva en Venezuela, mientras que en el departamento de Sucre el 20% de la población también vive en Venezuela”, explicó.

Tanus indicó que la inmigración se ha incrementado durante el gobierno del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, prueba de ello es que en 2002, cuando éste asume la presidencia, alrededor de 23.000 ciudadanos se mudaron a Venezuela; en 2003 sobre los 66.000 y, en los últimos ocho años, se podría hablar de 480.000 colombianos que parten hacia Venezuela.

“Esto puede interpretarse como un fracaso de la política de seguridad del gobierno de Uribe. Sobre todo porque la mayoría de los desplazados huyen por motivo de la violencia paramilitar”, aseguró.

Detalló que son mayoría las mujeres , entre los colombianos que emigran a Venezuela. “Son el 58% de la migración, son mujeres que perdieron a su familia, a su pareja, mujeres que vienen con sus hijos a hacer nuevos proyectos de vida”.


La crisis colombo-venezolana y 'El otoño del padrino'
por Raúl Zibechi (*)

La crisis desatada por el gobierno saliente de Colombia, está siendo acotada por el resto de los gobiernos de la región, que dieron prioridad a la unasur en detrimento de una oea que siguen en caída libre por estar más aferrada al pasado que al futuro.

“Santos debe hacer su mejor esfuerzo para que Uribe acepte la embajada en Beijing”, escribió la revista británica The Economist como consejo sencillo para evitarle al nuevo presidente lo que puede convertirse en una pesadilla: la interferencia de Álvaro Uribe en todo lo que suceda en Colombia durante su ausencia en el Palacio de Nariño. A estas alturas son pocos los que dudan que detrás de la fuerte denuncia contra Venezuela exista otra cosa que no sea el temor a perder pie en la política interior, con riesgos graves para su propia persona.

Del lado bolivariano son también las cuestiones domésticas las que llevaron a Hugo Chávez a escenificar el drama de la agresión al país, con anuncio mediático que incluyó la presencia de Diego Armando Maradona, convirtiendo el asunto en un sainete diplomático. Si el colombiano teme por su futuro inmediato, el venezolano mira de reojo las elecciones legislativas del 26 de setiembre que, por primera en sus diez años de gobierno, pueden resultarle adversas llevando al régimen a una situación compleja y delicada.

Luiz Inazio Lula da Silva fue el más cáustico de los presidentes de la región: “Lo que me pareció extraño es que esto ocurre a pocos días de que el compañero Uribe deje la presidencia. El nuevo presidente dio señales claras de que quiere construir la paz. Marchaba todo bien hasta que Uribe hizo la denuncia” (Telam, 25 de julio). La pregunta que todos se hacen, es qué llevó al presidente de Colombia a desempolvar un tema archisabido, la presencia de miembros de las farc en suelo venezolano, apenas dos semanas antes de abandonar el cargo.

Colonia del imperio


La revista Semana pasa por ser un medio vinculado a la familia Santos, uno de los apellidos incrustados en la elite colombiana desde el período colonial. En la columna semanal de Antonio Caballero, uno de los más brillantes periodistas del país, el sábado 17 de julio, se develan algunos pormenores de la fuerte pugna entre Uribe y Santos. “Es una bofetada a Uribe nombrar canciller a la única funcionaria de su gobierno que tuvo la dignidad de renunciarle porque discrepaba de su clientelismo”, escribió en referencia a María Ángela Holguín, canciller designada por el presidente electo.

“Historia de romanos” se titula la formidable pieza periodística. Porque los emperadores de la decadencia romana solían asesinar a su antecesor, pero siempre fue imposible asesinar al sucesor. “Es precisamente eso lo que está intento hacer en los últimos días de su mandato: asesinar al presidente electo”. Caballero interpreta la denuncia de Uribe sobre la presencia de las farc en Venezuela como un intento de sabotear la normalización de las relaciones cuando Chávez ya había sido invitado a la asunción del mando el próximo 7 de agosto.

Más aún. La canciller designada había manifestado su deseo de “aclarar las diferencias” a raíz del bombardeo del campamento de Raúl Reyes en Ecuador, lo que supone el intento por despolarizar las relaciones bilaterales, algo que podría ser beneficioso para Colombia pero en modo alguno para el Comando Sur que ha diseñado una política anclada en escalar los conflictos como forma de ganar presencia en el patio trasero.

No quedan ahí las diferencias entre Uribe y Santos. El ministro de Agricultura designado, Juan Camilo Restrepo, se opuso durante años a las políticas agrarias del uribismo. Santos declaró su intención de propiciar la reconciliación entre los poderes Ejecutivo y Judicial, que tuvieron choques casi permanentes durante el uribismo, ya que el segundo denunció decenas de casos de parapolítica (parlamentarios financiados por los narcoparamilitares) en las filas del partido oficialista y finalmente impidió la segunda reelección de Uribe pese a que las encuestas lo daban como favorito.

“Sus últimos días de gobierno los está dedicando Uribe a raspar hasta la costra la olla de las finanzas públicas, dejando comprometidos para 20 años los gastos de la nación”, denuncia Caballero. Entregó minas de oro, firmó obras para el metro y un tren de cercanías, y llegó a nombrar embajadores. Ese es Uribe. El hombre venido de abajo que la oligarquía colombiana, a quien Santos encarna, nunca terminó de aceptar.

Pero las disputas no van a terminar con el emperador acuchillado. “Este país no es un imperio, sino una colonia del imperio. Así que es más probable que la cosa se resuelva con la extradición de Uribe a los Estados Unidos”, concluye Caballero. ¿Exagerado? Sin embargo, de eso se habla en voz baja en Bogotá, por lo menos desde hace cinco años. No es probable que algo así suceda, pero no son pocos los que le tienen ganas a Uribe. Y que se diga en voz alta, como se a hace ahora, es más que significativo.

Uribe integró el narcotráfico y fue aliado de los paramilitares, según figura en el Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos revelado por la revista Newsweek (8 de agosto de 2004). Allí se establece que Uribe formaba, en los años 90, parte del cartel de Medellín, comandado por el narcotraficante Pablo Escobar, de quien era amigo íntimo.

El informe de la inteligencia estadounidense fue emitido en 1991, incluye a más de cien traficantes, sicarios y abogados vinculado a Escobar y dice textualmente: “Álvaro Uribe Vélez, un político colombiano y senador dedicado a colaborar con el cartel del Medellín desde altos niveles del gobierno”. En el mismo párrafo asegura que “es un amigo personal cercano de Pablo Escobar”.

¿Quién dijo cambios?


Nadie debe esperar cambios de fondo con el gobierno de Santos. Como ministro de Defensa de Uribe, fue quien dio la orden de atacar el campamento de las farc en Ecuador y es responsable directo de los “falsos positivos”, los cientos de jóvenes asesinados por el ejército para hacerlos pasar por bajas de la guerrilla. Sin embargo va a promover algunos cambios. Hasta ahora mantuvo silencio en la disputa Uribe/Chávez, y en su gira regional anunció que va a renovar totalmente la cúpula militar, colocando por vez primera a un almirante e como comandante en jefe.

Mientras Uribe y el canciller saliente, Guillermo Bermúdez, lanzaban gruesos ataques a Venezuela, el futuro vicepresidente, Angelino Garzón, ex sindicalista y hombre de izquierdas en los ochenta, valoró positivamente las declaraciones de Chávez al pedirle a la guerrilla que reconsidere su estrategia “porque el mundo de hoy no es el de los años sesenta”.

Las relaciones internacionales serán la prioridad de Santos. Su estrecha alianza con Estados Unidos está fuera de discusión, pero se propone diversificar las relaciones, darle prioridad a la diplomacia, la integración y la cooperación, y proceder a institucionalizar los vínculos internacionales. De hecho, antes de asumir realizó una gira por Europa y luego por Sudamérica.

“Para avanzar hacia la prosperidad democrática, será necesaria una mayor diversificación de las relaciones internacionales de Colombia, tanto en el ámbito multilateral como también en la búsqueda de nuevos socios y alianzas estratégicas en el ámbito internacional”, dijo Santos al delinear lo que serán los próximos cuatro años. La “prosperidad democrática” sustituye como prioridad la “seguridad democrática”, lo que representa una nueva apuesta estratégica.

Derrotada la guerrilla luego de ocho años de cerco y aniquilamiento, reducida a su mínima expresión (menos de 10 mil combatientes aislados), fortalecido el Estado y sus aparatos armados, se trata de recuperar la economía como forma de pavimentar la estabilidad. En suma, la misma política que se inauguró en 2002 con Uribe, pero adaptada a las nuevas realidades, entre las que destaca un mundo multipolar y una superpotencia en declive gobernada por Barack Obama.

Mejorar las relaciones con los vecinos y pasar de la “diplomacia del micrófono” a una diplomacia más profesional. Por eso la opción de nombrar a Holguín como canciller: “Hasta ahora los nombramientos en esa cartera se han manejado como forma de pago por compromisos políticos”, dice un experto en política exterior a Semana, que llevó a que “en las embajadas el personal de carrera es tan sólo del 12 por ciento”. El objetivo sería pasar de las reacciones en caliente a una planificación a largo plazo.

Recomponer las relaciones con Venezuela tiene una lectura estrictamente económica. El ex vice caniller Diego Cardona opina que el modelo económico de Santos es similar al de los tigres asiáticos, “pero para poder hacerlo realidad necesita un mercado como el de Venezuela, que es un mercado natural”. En efecto, el país vecino fue siempre el segundo mercado de las exportaciones colombianas hasta que las sucesivas crisis diplomáticas lo hundieron.

En 2008 Venezuela importó de Colombia por 7.000 millones de dólares, cifra que caerá a menos de 1.500 millones este año. La industria manufacturera es la más afectada (papel, cartón, plásticos, material eléctrico, vestimenta y alimentación) que ahora busca otros destinos. En las zonas fronterizas la crisis es total y el contrabando creció hasta un 70 por ciento. La caída de sus exportaciones hacia el vecino explica por lo menos la caída de un punto del producto bruto que este año apenas crecerá un 2,5 por ciento, frente a un promedio de 4 por ciento de la región.

Por otro lado, Colombia ostenta el mayor nivel de desempleo y la mayor tasa de informalidad de Sudamérica. La pobreza llega al 46 por ciento y la indigencia al 16, tasas que se vienen reduciendo de forma demasiado lenta. Este conjunto de problemas estructurales convenció a Santos de la necesidad de priorizar la economía para poder sustentar los éxitos militares, ya que un crecimiento acelerado sería la mejor forma de evitar un renacimiento de la guerrilla y la protesta social.

La UNASUR, otra vez

El gobierno bolivariano aprovechó la crisis para cohesionar a su electorado con un discurso centrado en la dignidad nacional y disparando la sensación de país agredido por su vecino y, sobre todo, por Estados Unidos. Hasta que Uribe disparó las denuncias sobre la presencia de guerrilleros en Venezuela, los temas dominantes eran la pérdida de 120 mil toneladas de alimentos por mala gestión, equivalentes a 7.000 millones de dólares en un país jaqueado por la escasez, la caída del producto bruto de casi un seis por ciento en lo que va de 2010 y una inflación del 30 por ciento en el primer semestre.

Por eso muchos observadores estiman que la crisis no resolverá hasta el 27 de setiembre, el día después de las legislativas. En la coyuntura internacional actual, a todos los países conviene una rápida solución del diferendo y un restablecimiento del buen clima regional, que no sólo lubrica las relaciones comerciales sino la integración.

Uno de los aspectos más destacados es el papel que está jugando la unasur como eje de resolución de conflictos. Si Uribe prefirió la oea como escenario para sus denuncias contra Venezuela, el resto de los países optaron por la alianza sudamericana que ya jugó un papel relevante en 2008 cuando tomó cartas en el conflicto interno boliviano respaldando a Evo Morales ante los intentos desestabilizadores de los autonomistas de Santa Cruz.

En la siguiente crisis, en 2009 ante la cesión de instalaciones militares a Estados Unidos por el gobierno de Uribe, la unasur sirvió como espacio para que Colombia defendiera el acuerdo que había firmado con Washington. Ahora muestra su consolidación como la institución en la que los países decisivos de la región confían para vehiculizar sus relaciones y resolver conflictos. La creciente marginación de la oea es uno de los resultados más esperanzadores de la crisis actual.

(*) Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios colectivos sociales. Artículo distribuido por http://alainet.org



Colombia y las bases de datos basura
por Laurent Jones (*)
01/08/10

La reciente decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de negar la solicitud de visado a uno de los periodistas más reconocidos por la denuncia de la vulneración de los DDHH en Colombia, Hollan Morris, le da la razón a los activistas que en múltiples oportunidades han manifestado el intolerable nivel de persecución al que el actual gobierno ha sometido a todo lo que huela a oposición.

Quizá lo primero que haya que decir es que Colombia se ha convertido en un patético país-prisión en el que sus ciudadanos no pueden trasladarse prácticamente a ningún lugar del mundo, salvo importantes excepciones como Brasil, sin haber sido previamente sometidos a un humillante cacheo en su vida financiera, profesional y familiar en aras de satisfacer las exigencias que a cada país se le antoje imponer, lo que en ningún caso garantiza la obtención del visado. La amplia potestad de los estados de negar el visado sin que medie ni la más minina justificación, permite que la discrecionalidad encubra vulgares criterios discriminatorios. Esta lamentable situación ha establecido una cómplice vulneración global de los DD.HH. a sus nacionales.

El origen de esta realidad ha sido producto de una combinación de dos aspectos, primero, la actuación del gobierno de Estados Unidos que en los 90, en el marco de su lucha antidrogas, incluyó a Colombia en la lista de los parias del mundo; y segundo, la gran debilidad de sus gobiernos, que, pese a ser excluidos de los grandes réditos del turismo y comercio internacional; y verse aislados social y políticamente, no han sido capaces de controvertir en forma seria dicho estatus.

De hecho si bien el origen del veto a los nacionales colombianos fue la lucha antidrogas, la misma no tenía ningún sustento cuando con los cambios políticos estadounidenses hacia el polo del antiterrorismo, se propició una profunda alianza entre el gobierno de Bush y Álvaro Uribe. Al parecer las dos veces que Uribe vino al rancho tejano de Bush no fueron suficientes para que este tema se ventilara.

En este contexto, el ascenso del presidente Obama fue recibido por la izquierda democrática como una esperanza de cambio en Colombia y en especial, de mayor control al gobierno de extrema derecha de Uribe inflado por el discurso antiterrorista tras los ataques del 11-S.

De hecho la apuesta de Uribe con el partido republicano llegó a tal nivel que recibió en Cartagena de Indias, y con honores de estado, al apenas candidato republicano John McCaine, cuando éste se encontraba en plena contienda política. Por lo que en sus inicios, el triunfo de Obama parecía una verdadera cachetada al mandatario del sur.

No obstante, las cosas no necesariamente se enrumbaron por el camino más evidente. Durante el gobierno de Obama las relaciones con USA han permanecido en una zona de turbulencia y constante ambigüedad, por una parte la distancia marcada por el mandatario estadounidense frente a la potencial reelección de Uribe con la célebre frase de que “dos periodos de gobierno son suficientes” fue leída como un gesto de rechazo a la gestión del presidente colombiano y de alguna manera un veto a las múltiples denuncias de 8 años de escándalos por extralimitaciones y abusos en las actividades de los organismos de inteligencia y de seguridad, dentro de los cuales se encuentran los conocidos como los “falsos positivos”, el desplazamiento masivo y forzado de la población campesina e indígena hacia las ciudades, y las allí denominadas “chuzadas” telefónicas: un plan de espionaje organizado por el mismo gobierno en contra de altos funcionarios de la rama judicial, congresistas de la oposición, periodistas críticos y prácticamente toda persona que se le interpusiese al entorno de unanimismo que pretendió crear el saliente gobernante.

Por otra, el aplazamiento de la discusión del Tratado de Libre Comercio –TLC- con Colombia, que definitivamente ha quedado de último en la lista de espera de los países en vías de desarrollo que buscan el supuesto beneficio (lo que por lo demás no está nada claro), quedando detrás de los recién llegados. Esto mostró otro gesto de rechazo, aunque el mismo no resultaba obvio con la actitud del ex embajador de Estados Unidos en Colombia, muy cercano a Uribe y prácticamente indiferente a los escándalos, lo que pareció evidenciar que su gobierno no tenía directrices claras.

Quizá lo único que pueda afirmarse con relativa solidez es que para Obama, el país preferido de Bush en A.L., es realmente irrelevante y tal relajamiento ha permitido que se lleve a cabo el refrán de que “cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta”. Así, pese a no contar con su apoyo, Uribe ha hecho fiesta con la ausencia de un mayor seguimiento a sus movimientos por parte del gobierno del norte.

Ahora bien, es posible suponer que ante la inicial presión con el TLC, Uribe se haya visto obligado a ofrecer ciertos beneficios al gobierno estadounidense, el primero de ellos pudo ser la aceptación de las bases militares teniendo a todos sus vecinos en contra, el segundo pudo ser la entrega de la bases de datos de los organismos de inteligencia y contrainteligencia creada con chuzadas realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, claro, totalmente contaminada. Con lo que Uribe mataba dos pájaros de un tiro: quedaba bien con Obama y, de paso, le daba un escarmiento a sus contrincantes.

Así el gobierno demócrata de Obama le presta, sabiéndolo o no, un invaluable servicio al gobierno de derechas colombiano. El problema ahora es que hará el Presidente estadounidense con el titular del Nuevo Herald en Miami que dice “Polémica por visa de periodista colombiano” y en sus páginas interiores “niegan visa a fuerte crítico de Uribe”. En palabras del Director de la división para las Américas de Human Rights Watch, José Manuel Vivanco, quien justamente había premiado a Morris en el 2007 por su destacado trabajo a favor de los DD.HH. “Aquí hay que asegurarse que la administración de Obama no se deje usar o manipular por el gobierno y los servicios de inteligencia de Colombia”. (Nuevo Herald, 13 de julio 2010).
Para terminar vale la pena anotar que la ley de inteligencia y contrainteligencia (1288 de 2009) que permite el espionaje a cualquier persona por los cifrados conceptos de seguridad nacional, terrorismo, orden democrático, por parte de los organismos de inteligencia colombianos, prácticamente sin ningún control institucional, ha sido recientemente demandada por la organización de defensa de DDHH -Asociación Colombiana de Juristas- y la Fundación Reiniciar, conformada por los sobrevivientes del genocidio al partido político de izquierda, la Unión Patriótica. En el Concepto que en dicho trámite debe rendir el Procurador General de la Nación se solicitó a la Corte Constitucional declarar inconstitucional la integridad de la ley por vicios de fondo al no haber sido tramitada como ley estatutaria pese a comprometer el pleno ejercicio de los derechos fundamentales a la intimidad, el buen nombre, al habeas data, la honra, entre otros. Así, la Corte Constitucional tiene la palabra en Colombia, pero lo que no queda claro es quién parará esa rueda suelta de las bases de datos basura, creadas con datos falsos y con el único propósito de estigmatizar y perseguir a los defensores de derechos humanos en países con graves vulneraciones de estos derechos. Lo que está sucediendo en la embajada de Estados Unidos en Colombia nos alerta sobre esta nueva arma de la información creada con espionaje, mentirosa y secreta, recopilada, guardada e irresponsablemente negociada entre países en detrimento de los ciudadanos.

(*)
Laurent Jones es una joven jurista francesa actualmente radicada en Bogotá y colaboradora en Colombia de la Revista Sinpermiso, donde se publica este artículo.


(Fuentes: LibreRed-RNV, Alai.org y Sinpermiso.info)

6.7.10

Colombia:Terrorismo de Estado

LAS VÍCTIMAS PREPARAN UNA MOVILIZACIÓN INTERNACIONAL EN 'LA MACARENA', ANTE LA MAYOR FOSA COMÚN DE LATINOAMÉRICA, CON MÁS DE 2.000 CADÁVERES DEPOSITADOS POR EL EJÉRCITO BAJO EL MANDO DEL PRESIDENTE URIBE Y SU MINISTRO DE DEFENSA J.M.SANTOS


A comienzos de 2010 fue dado a conocer. La mayor fosa común de toda Larinoamérica había sido hallada en La Macarena, una pequeña población del departamento colombiano del Meta. En abril, la Procuraduría General de Colombia certificó la existencia de la fosa común con cerca de dos mil cuerpos humanos sin identificar, situada en un área del cementerio católico del remoto municipio y advirtió la necesidad de buscar ayuda internacional para estudiarla. El 22 de julio va a celebrarse allí una movilización internacional que busca contribuir a lo que familiares de las víctimas y comunidades requieren: Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Porque allí, sigue la impunidad y los crímenes de Estado.

Las comunidades y la Comisión de Seguimiento a los Derechos Humanos del sector del Bajo Ariari y el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, organizaciones defensoras de Derechos Humanos que trabajan en los municipios de Vista Hermosa, Puerto Rico, Puerto Lleras, Macarena, San José del Guaviare y Uribe, convocan para este 22 de julio a una audiencia pública contra la crisis humanitaria en la región de Los Llanos Orientales de Colombia.

El Colectivo Sociojurídico ORLANDO FALS BORDA ha podido constatar , que en el cementerio de la Macarena se encuentran aproximadamente 2.000 cadáveres , según lo informado por la Unidad de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General, que han sido reportados como “Guerrilleros dados de baja en combate” desde el 2002 hasta el 2009. El Colectivo sospecha que esta fosa daría respuesta a las múltiples denuncias de desaparición forzosa presentadas por los Comités Regionales de Derechos Humanos.

Comparable al holocausto nazi

La Macarena está 200 kilómetros al sur de Bogotá, una de las zonas más calientes del conflicto colombiano. Los cadáveres "NN", han sido enterrados sin identificar, por el Ejército, cuyas fuerzas de élite están desplegadas en los alrededores. Depositados detrás del cementerio local cunos 2.000 cadáveres con la orden de que fueran inhumados sin nombre.

Se trata del mayor enterramiento de víctimas de un conflicto de que se tenga noticia en el continente. Habría que trasladarse al Holocausto nazi o a la barbarie de Pol Pot en Camboya, para encontrar algo de esta dimensión.

El jurista Jairo Ramírez es el secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia y acompañó a una delegación de parlamentarios ingleses al lugar , cuando empezó a descubrirse la magnitud de la fosa de La Macarena. "Lo que vimos fue escalofriante", declaró a Público. "Infinidad de cuerpos, y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la inscripción NN y con fechas desde 2005 hasta hoy".

Ramírez agrega: "El comandante del Ejército nos dijo que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la región nos habla de multitud de líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro".

Preparación de la audiencia


Con la audiencia pública convocada para el 22 de julio se pretende dar a conocer el agudo conflicto social, político y armado que persiste en esta región, que las comunidades del Bajo Ariari han tenido que padecer los más horrorosos crímenes de las últimas décadas en esta región. Desde la aplicación del llamado Plan Colombia hace ya 9 años, se ha venido evidenciando una masiva, sistemática y persistente persecución contra estas comunidades y sus líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos. El Colectivo denuncia "ejecuciones extrajudiciales, continuos atropellos por parte de miembros de la fuerza publica, la reorganización de las estructuras paramilitares y el abandono estatal, expresado en la baja inversión social hacia estas comunidades, como se ha podido constatar en las distintas Misiones Humanitarias y de acompañamiento, a la región del Bajo Ariari"

La audiencia pública busca visibilizar a nivel nacional e internacional la grave situación humanitaria que viven los campesinos y campesinas, a partir de la ejecución de los distintos planes de recuperación del territorio por parte del gobierno, tales como Plan Colombia, Plan Patriota, Plan Victoria y en la actualidad Plan de Consolidación Integral de la Macarena –PCIM- todos dentro del marco de la llamada “
política de seguridad democrática”.

A su vez busca denunciar la responsabilidad del Estado frente a los cuerpos que están ubicados en la fosa común de La Macarena, enterrados como guerrilleros dados de baja en combate y donde posiblemente se encuentren víctimas de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales. También busca dotar de medidas de protección a los defensores de derechos humanos de la zona.

Para ello van a solicitar a las Naciones Unidas el seguimiento a todo el proceso de denuncia que las organizaciones de la región están realizando.

A la Audiencia Pública se invitará a los campesinos y campesinas y a las victimas de la región, las instituciones civiles del Estado, organizaciones sociales colombianas, Naciones Unidas, Unión Europea, agencias de cooperación, embajadas y plataformas colombianas.

La propuesta es desarrollar la audiencia en el formato de las audiencias que ha desarrollado la senadora Gloria Inés Ramírez, impulsada desde la Comisión de Paz del Senado de la Republica y la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, la cual tendría varias ventajas: Se transmitirá por el canal de TV. del congreso, la audiencia esta acompañada por el sistema de Naciones UnNegritaidas, generando una cadena de protección a todos los asistentes a la misma. Se le hará seguimiento a todas las denuncias presentadas en la audiencia, desde la Comisión de Paz del Senado bajo la responsabilidad de la Senadora de Gloria Inés Ramírez.

Más de mil fosas en el país


El horror de La Macarena ha puesto de actualidad la existencia de más de mil fosas comunes con cadáveres sin identificar en Colombia. Hasta finales del pasado año, los forenses habían censado unos 2.500 cadáveres, de los que habían logrado identificar a cerca de 600 y entregar los cuerpos a sus familiares.

La localización de estos cementerios clandestinos ha sido posible gracias a las declaraciones en versión libre de los mandos medios presuntamente desmovilizados del paramilitarismo y acogidos a la controvertida Ley de Justicia y Paz que les garantiza una pena simbólica a cambio de la confesión de sus crímenes.

Entre estas declaraciones, la de John Jairo Rentería, alias Betún, quien reveló ante el fiscal y los familiares de las víctimas que él y sus secuaces enterraron "al menos a 800 personas" en la finca Villa Sandra, en Puerto Asís, región del Putumayo. "Había que desmembrar a la gente. Todos en las Autodefensas tenían que aprender eso y muchas veces se hizo con gente viva", ha confesado el jefe paramilitar a la fiscal.


"El Gobierno no quiere investigar"
Alfredo Molano. Sociólogo y escritor

Alfredo Molano, uno de los columnistás influyentes de Colombia, ha recorrido el país como cronista de la violencia, lo que le valió el exilio para escapar de las amenazas de militares y paramilitares.

-¿Cuál es la situación de las fosas en Colombia?
La propia Fiscalía General de la Nación habla de 25.000 “desaparecidos”, que en algún sitio tienen que estar. Hay cementerios clandestinos enormes en Colombia. Hay gente borrada. También es posible que hayan hecho desaparecer muchos restos como en los hornos crematorios del nazismo.

-¿Estas fosas tienen que ver con los llamados ‘“falsos positivos”?
Sí, todo esto puede estar relacionado con los “falsos positivos” [colombianos civiles asesinados a la que se presentaba como “muertos en combate”]. El ejército los enterraba clandestinamente. Buena parte de ellos van a encontrarse en estas fosas comunes.

-¿Cuál puede ser la magnitud de estos hallazgos de fosas?
Terrible. Ni en los años cincuenta hubo en Colombia tanta brutalidad como la que muestran estas acciones de los paramilitares, pero el Gobierno no tiene voluntad de investigar a fondo, y sólo dejará


Gigantesca fosa común en La Macarena
Por: Carlos A. Lozano Guillén(*)


Record Guiness de la “seguridad democrática”

*Una macabra historia en La Macarena (Meta), en tiempos de la guerra uribista y de la creciente violación de los derechos humanos en Colombia

La delegación de sindicalistas y parlamentarios británicos que visitó a Colombia en diciembre del año pasado, organizada por Justicia por Colombia de Londres, quedó perpleja cuando en La Macarena, acompañada de Jairo Ramírez, Secretario Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, fue llevada por campesinos y familiares de víctimas a un cementerio de “ene enes” en el que están sepultados algo más de 2.000 personas, desaparecidas y asesinadas, desde 2004, según reza en las placas de madera de color blanco. “Es la fosa común más grande de que se tenga noticia en el último tiempo”, dijo uno de los británicos, asombrado y consternado. En Europa, un miembro de la delegación, sin olvidar el horrible espectáculo, dijo que desde la Segunda Guerra Mundial, durante el holocausto perpetrado por los nazis, no se tenía noticia de algo igual o parecido.

En Londres, al regreso de Colombia, donde confirmaron la violación de los derechos humanos y la enorme responsabilidad gubernamental en ella, la delegación británica en una enérgica declaración advirtió del horrible holocausto. Las fosas comunes están detrás del cementerio de La Macarena, casi que clandestinas y ninguna autoridad nacional, departamental o municipal, reconoció a lo largo de los últimos cinco años, su macabra existencia y el drama de miles de familiares que en silencio, exigen que les respondan sobre sus parientes desaparecidos.

La denuncia de los británicos fue replicada por varias ONG en el mundo, aunque en Colombia, como es costumbre, no trascendió, salvo por la publicación de la declaración expedida por la delegación en portales de internet y en este semanario. Las fuentes gubernamentales y militares respondieron desafiantes, como suelen hacerlo, descalificando el informe de la delegación británica, porque “es ideologizado y tendencioso” y de estar manipulada por Justicia por Colombia, organización que ha sido señalada de “hacerle el juego a los terroristas”, espiada y asediada en sus frecuentes viajes al país por el DAS y otros organismos de inteligencia del Estado.

Las absurdas explicaciones oficiales

Pero con toda tranquilidad, el Ministerio de Defensa dijo que en las fosas comunes están los restos de las víctimas de la guerrilla, durante la zona de distensión del Caguán. Explicación desmentida con facilidad, porque en las tumbas, como ya se anotó, hay letreros en madera en donde aparecen las fechas desde 2004, cuando ya no había zona de despeje y la región estaba ocupada por la Fuerza Omega, que adelanta el Plan Patriota y la lucha contrainsurgente. Aunque el comandante de la base militar en La Macarena dijo, cuando fue preguntado por los británicos, que “son guerrilleros dados de baja en combate por el Ejército”, versión poco creíble, porque “la gente de la región nos habló de multitud de líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro”, dijo Jairo Ramírez.

Según la declaración de uno de los sepultureros de La Macarena, “los cadáveres son traídos en helicópteros del Ejército y dejados en el cementerio; no tenemos más remedio que sepultarlos en las fosas como N.N.”.

Se pierde toda capacidad de asombro con este cuadro estremecedor, cuando se creía que en Colombia se había llegado al límite del horror con la confesión de los paramilitares en las audiencias de Justicia y Paz, en las que reconocen la existencia de fosas comunes con varios cientos de cadáveres de sus víctimas. “Esto ya es la tapa, es una especie de record guinnes macabro” le dijo a este semanario el vocero de una ONG humanitaria colombiana.

La existencia de la enorme fosa común en La Macarena, de los cual no se han ocupado los medios de comunicación, dedicados a cultivar la expectativa y en el juego de las adivinanzas sobre lo que va a pasar con el referendo reeleccionista, así como a la estúpida campaña contra Chávez y la Revolución Bolivariana, vuelve a cuento a raíz del informe de Human Rights Watch, divulgado la semana pasada y que levantó espinas en el gobierno colombiano como siempre. También por la visita de una delegación parlamentaria del Estado español, que estuvo en los últimos días en Colombia y reconoció la gravedad de la situación en derechos humanos.

Según lo han dicho fuentes judiciales y de los organismos de control, después de marzo se iniciará la investigación sobre estas fosas comunes de La Macarena. Aunque en realidad todo el territorio colombiano está lleno de fosas comunes de la barbarie de los paramilitares, dedicados a desaparecer y asesinar campesinos y dirigentes populares, acusados de colaborar con la guerrilla. Es parte del holocausto colombiano, aún sin aclarar y sin final, perpetrado por una fuerza irregular promovida por el Estado y auspiciada por dirigentes políticos y empresariales “parapolíticos”, que aún todavía defienden el accionar de estos grupos, porque “fue la reacción a los crímenes de la guerrilla”, según la versión oficial en los tiempos de la “seguridad democrática”. En las palabras del coronel Plazas Vega ante la masacre del Palacio de Justicia, ¡están defendiendo la democracia, maestro!

(*) Carlos Lozano
es un abogado, periodista y politólogo, director del semanario 'Voz', órgano del PCColombiano.

(Fuentes:Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, AFP, Público.es, Página12 y carloslozanoguillen1.blogspot.com)

1.7.10

México:

LA RAÍZ DEL CRIMEN ORGANIZADO
Por Marco Rascón (*)


El crimen no se organizó por él mismo, ya venía organizado. Su estructura se origina en las policías y fuerzas de seguridad del Estado mexicano. Por eso la guerra es cruenta y se extiende a todos los niveles del Estado y la sociedad.

A lo largo de los últimos 30 años, bajo el manto de la corrupción, la impunidad, la aplicación política y discrecional de la justicia, convirtió a cada policía y cada organismo de seguridad pública en un delincuente en ejercicio. A voluntad o no, cada policía mexicano, cada funcionario ministerial, para sobrevivir como tal, tiene que violar la ley y sujetarse a los códigos del fuero especial otorgado por el poder.

Segregar a las policías de la sociedad y utilizarlas bajo una filosofía de represión política y social condujo a la corrupción. La clase política durante décadas, y claramente después de 1968 y 1971, encontró en la corrupción el filón de oro y se abasteció de ella. Se usaron la ley, los reglamentos, las regulaciones, para la extorsión y ésta se hizo estructural.

De los sótanos y separos del Servicio Secreto, de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), de la Brigada Blanca, de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), del Batallón de Radio Patrullas del Estado de México (Barapem), de las policías judiciales y rurales en los estados, de sus secretarías de seguridad pública, procuradurías, Gobernación, ministerios públicos, direcciones de reclusorios, nacieron el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Agencia Federal de Investigación (AFI), la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO), y posteriormente SIEDO, las fiscalías especializadas como la FEADS y la Policía Federal Preventiva (PFP), hasta llegar a la estructura del Ejército Mexicano utilizado como policía.



Los últimos 30 años del régimen priísta incubaron el huevo de la serpiente y los participantes en la guerra sucia, utilizando sistemáticamente la tortura, el secuestro y la desaparición, formaron y prepararon a cientos de policías en el crimen y los enriquecieron. La forma de cobrar al régimen sus servicios es la impunidad, que los transforma en socios y protectores de narcotraficantes, robadores de coches y secuestradores. Desde Arturo Durazo, hasta Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, cientos de policías son parte de ambos lados. Al paso del tiempo, los policías, se dan cuenta de que la represión a opositores, activistas sindicales, estudiantiles, de movimientos urbanos o comunistas, le da estabilidad al régimen, pero no es negocio.

Gracias a la impunidad y a falta de subversiones fabricadas que reprimir, la maquinaria se aceitó con el secuestro y la extorsión de pequeños y grandes empresarios. La inseguridad creada por bandas de policías y ex policías, se hizo negocio.

Ya para los 1990 la industria del secuestro contaminó todo el aparato judicial desde lo federal, en estados y municipios. La compra de patrullas, armamentos, equipos de comunicación son ganancias de su propio terror; ministerios públicos, procuradores y gobernadores funcionan como parte del crimen organizado. Las reformas de los años 90 sólo dieron más poder e impunidad a las policías corrompidas y sin control. La legalización de intervenciones telefónicas, el permiso para catear y los llamados testigos protegidos, al poco tiempo, fueron instrumento en la disputa por la rentabilidad del crimen. Los nuevos policías cazaban a los anteriores; la espiral de las venganzas se hizo infinita y por eso en esa guerra no hay frente, retaguardia ni confianza: en esa guerra las policías no son un ejército contra otro, sino una lucha entre ellas mismas y sus criaturas adultas.

Cuando los secuestros se acercaron a los círculos del poder y hubo presión de victimas con influencia, había ya más de 2 mil bandas de secuestradores en el país conectados o surgidos de las policías. Una primera reacción, para limpiar fue poner en el mando a militares y marinos como jefes policiales. Al poco tiempo, todos estaban contaminados.

La llegada de la alternancia generó desarticulación y en cada estado la impunidad policial abonó en el crecimiento del crimen. Para complementar, ya desde mediados de los 90, Estados Unidos dejó de pagar en dólares y empezó a pagar con droga, y México pasó de ser un país de tránsito a uno de consumidores. Surgió el gran negocio del narcomenudeo y las tienditas en los barrios, los bares, escuelas, llega a todos los sectores sociales. El nuevo negocio, fomentó la guerra por los presupuestos, las bandas y los territorios.

La negativa desde el viejo régimen priísta a independizar el Poder Judicial y la desarticulación durante el panismo acrecentó la guerra dentro y fuera de las policías, creando el paramilitarismo y las ejecuciones masivas. Hoy al aplicar fuerza sin estrategia contra el fenómeno se revela la descomposición del Estado mexicano en todos sus niveles e instituciones. De ahí surge la percepción pública que ve igualmente peligrosos a fuerzas de seguridad y criminales, pues tienen la misma raíz.
(*)Marco Rascón es un analista político mexicano que escribe regularmente en el diario La Jornada, donde fue publicado este artículo el pasado 15 de junio.

18.6.10

Colombia:Genocidio sindical

ASESINADOS 31 SINDICALISTAS EN LO QUE VA DE AÑO. EL GOBIERNO DE URIBE, A PUNTO DE PERPETUARSE A TRAVÉS DE SU DELFÍN SANTOS, TRATA DE REBAJAR EL NIVEL DEL HOLOCAUSTO


A 31 asciende la cifra de los sindicalistas asesinados en Colombia en lo corrido de año, una práctica que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) calificó de sistemática en contraste con los argumentos esgrimidos por el gobierno.

Según la denuncia de la CUT, el asesinato más reciente tuvo lugar este jueves cuando Nelson Camacho, trabajador de mantenimiento de la refinería ECOPETROL y afiliado a la Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo (USO), fue ultimado por sicarios.

El asesinato de Camacho ocurrió cuando éste esperaba el autobús para ir al trabajo y los sicarios, que se movilizaban en una moto, le acertaron varios impactos de bala, que acabaron con su vida. Este crimen, advirtió la CUT, es la continuidad sistemática de una serie de atentados y amenazas contra dirigentes y trabajadores afiliados al sindicato y que se da en un contexto de conflictos colectivos que adelanta el gremio con la multinacional British Petroleum, ECOPETROL y TGI en los departamentos de Boyacá y Casanare y la anormalidad laboral determinada en petrolera estatal colombiana.

La CUT solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes la investigación exhaustiva del asesinato de Camacho, a fin de determinar sus autores materiales e intelectuales.

A su vez, exigió al gobierno nacional y a ECOPETROL acatar a plenitud las medidas cautelares proferidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de esta organización y que en consecuencia se den las garantías plenas para el libre ejercicio de la actividad sindical.

Comunicado de la CUT


La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT, lamenta el asesinato del compañero Nelson Camacho Gonzalez, Trabajador de Mantenimiento de la Refinería Ecopetrol y afiliado a la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo – USO.

Los hechos ocurrieron el día de hoy, jueves 17 de junio de 2010, aproximadamente a las 5:30 a.m., mientras Nelson esperaba el bus que lo llevaría a su sitio de trabajo; sicarios que se movilizaban en una moto le propinaron varios impactos de bala, los cuales acabaron con su vida.

Este luctuoso hecho es la continuidad sistemática de una serie de atentados y amenazas contra dirigentes y trabajadores afiliados al sindicato que se dan en el marco de conflictos colectivos que adelanta el sindicato con la Multinacional British Petroleum en Casanare, Ecopetrol-UT poliducto Andino y TGI en los departamentos de Boyacá y Casanare y la anormalidad laboral determinada en Ecopetrol.

En lo corrido del año 2010 van 31 homicidios contra la población sindicalizada en Colombia, siete de ellos contra dirigentes sindicales, además han ocurrido cuatro atentados, y 56 amenazas provenientes principalmente de grupos paramilitares.

Esta realidad contrasta con los mentirosos argumentos del gobierno y de los empresarios de Colombia en el seno de la reciente conferencia de la OIT, que condujo a que este organismo excluyera a Colombia de la lista negra de los 25 países que violan las libertades sindicales en el mundo.

Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes la investigación exhaustiva de este execrable crimen que conduzca a determinar sus autores materiales e intelectuales.

Exigimos al gobierno nacional y a Ecopetrol S.A. el acatamiento a plenitud de las medidas cautelares proferidas por la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) a favor de esta organización y que en consecuencia se den las garantías plenas para el libre ejercicio de la actividad sindical.

Tarsicio Mora Godoy Domingo Tovar Arrieta (Presidente Secretario General )
Luis Alberto Vanegas Z. (Director Dpto. Derechos Humanos y Solidaridad)


Informe de Amnistía Internacional 2007 (Resumen)
Sindicalismo en Colombia. Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte
En los últimos dos decenios, en Colombia han muerto por homicidio más de 2.000 sindicalistas y han sido sometidos a desaparición forzada más de 138. En más del 90 por ciento de los casos, los responsables no han sido puestos a disposición judicial. Aunque en los últimos años se ha reducido el número de homicidios de sindicalistas, Amnistía Internacional considera que la crisis de derechos humanos a que se enfrentan las personas que desarrollan actividades sindicales sigue siendo grave. Las autoridades colombianas han tomado algunas medidas para mejorar su seguridad; no obstante, es preciso emprender acciones más decisivas para garantizar que se respeta el derecho a la libertad sindical en la legislación y en la práctica.

A pesar de la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares respaldados por el ejército, paramilitares aparentemente desmovilizados continúan matando y amenazando a sindicalistas. Las fuerzas de seguridad también han sido responsables directamente de homicidios de sindicalistas, así como de instigar procesos penales arbitrarios contra sindicalistas. Amnistía Internacional considera que sigue aplicándose una estrategia militar-paramilitar coordinada, que tiene por objeto menoscabar el trabajo de estas personas, tanto por medio de su eliminación física, como intentando desacreditar la legitimidad de las actividades sindicales. La guerrilla también ha sido responsable de homicidios de sindicalistas.

Amnistía Internacional considera que la comunidad internacional tiene una importante función que desempeñar en los esfuerzos por garantizar el derecho a la libertad sindical en Colombia. El hecho de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) decidiera en 2006 establecer una presencia permanente en Colombia a fin de mantener bajo observación el derecho a la libertad sindical constituye una excelente oportunidad para que la comunidad internacional vigile atentamente la crisis de derechos humanos a que se enfrentan las personas que desarrollan actividades sindicales y pida a las autoridades colombianas que tomen medidas decisivas para garantizar su seguridad.


Con Hambre no hay democracia
Alejandro Angulo Novoa, S. J.(*).


Me deja pensativo el escuchar a colegas que esperaban no sólo mayor votación verde, sino también menos votos del uribismo en las elecciones presidenciales del 30 de mayo de 2010.

Creyeron tal vez en las encuestas, en las que yo también creo, sin advertir acaso que en esta ocasión se trataba de una situación anómala. Parece que olvidaron los índices de popularidad del Presidente-candidato. Y olvidaron que del dicho al hecho hay mucho trecho y más con paramilitar en el techo. Ningún científico social que conozca algo de Colombia puede creer que las muestras nacionales de intención de voto puedan llegar a dar un resultado favorable a la ética de la legitimidad contra la costumbre secular del atajo moral y físico. Ahí hubo algo que todavía nos deben explicar los estadísticos y que vulgarmente podría llamarse “el problema de las muestras”, para no terminar pidiendo, como algunas gentes del “establecimiento”, mayor control a las firmas encuestadoras (reprime que algo queda).

Aunque me interesen las muestras, me interesa mucho más la realidad. Y esa está retratada a la perfección en las cifras. El país que votó, es decir, menos de la mitad de los que tenían derecho a votar, es 47% uribista, es decir, clientelista y ferviente partidario del atajo. Esto, desde luego, en todos los estratos sociales y en todos los campos del diario quehacer. Lo cual no quiere decir que la otra mitad no lo sea, sólo que no lo sabemos por estos datos. En cambio sí verificamos que la creencia en la legalidad es un fenómeno raro: tan sólo los poco más de 3 millones que votaron por Mockus, o, sea, menos de la quinta parte de los que votaron, creen que las palancas, el soborno, la extorsión, las amenazas, la indebida apropiación de lo ajeno, la evasión de impuestos, el falso testimonio, el fraude, la coacción y aun el homicidio, sean delitos. Si acaso son simples ‘pecadillos’ que acreditan a “los listos” y los diferencian de “los mensos”.

Sin embargo, no todo es un problema cultural. Dado que estas elecciones eran un resultado no deseado por el Gobierno de turno, éste se había preparado durante los ocho largos años de su régimen para esta eventualidad. Un ejemplo: en un lugar de Cundinamarca de cuyo nombre no quiero acordarme, un hidalgo uribista de los que manejan Familias en Acción y Familias Guardabosques advirtió a sus inscritos que la votación del domingo se realizaría en forma unánime por J. M. Santos, si querían seguir usufructuando eso que un incisivo columnista llamó “la mendicidad institucionalizada”. Con un solo inscrito que desacatara la consigna santista bastaría para que todas las familias salieran de la acción y los guardabosques salieran de sus bosques.
Este tipo de ‘artilugios políticos’ ha sido el nervio de la política colombiana desde 1810. Y este artilugio se llama el control del hambre y fue descubierto desde la antigüedad, cuando se llamaba esclavitud, pero se sigue usando ahora y se llama asistencia humanitaria. En ambos casos era y es el sustituto de un salario digno y en ambos casos era y es el contentillo que se arroja a los despojados por la guerra para que no mueran de hambre, pero que tampoco tengan fuerzas para protestar.

La ética y la legalidad son bienes intangibles y deseables. La desnutrición, la falta de techo y la imposibilidad de conseguir un empleo son males tangibles e insoportables. Evitar ese mal insoportable es una necesidad que prima sobre el anhelo de rectitud. Aquí está el secreto del poder. Cualquier informe de las Naciones Unidas, o, sin ir más lejos, del DANE, muestra que los niveles en los que se mantienen dichos males en nuestra patria, afectan a porciones enormes de la población colombiana: 7 millones de trabajadores informales son toda la población del distrito capital, de los cuales la mayoría no tienen más que desempleo disfrazado. De forma análoga, 3 millones de desempleados, son casi toda la población de Medellín en la tremenda situación del rebusque, en el cual todo vale, porque se trata de situaciones desesperadas.

Los analistas políticos deberían mirar más allá de los porcentajes electorales y de sus tinturas políticas, para poder comprender que la democracia es incompatible con el hambre. Las elecciones de los pueblos hambrientos, y Colombia es uno de ellos, no pueden ser un indicador de democracia (del pueblo, por el pueblo y para el pueblo). Por el contrario, esos ritos políticos entre nosotros sólo revelan las verdaderas dimensiones de la plutocracia (los que comen), de la aristocracia (los que mandan) y de la ‘indiosincracia’ (los que no cuentan). Esta última grada de la ciudadanía de papel es la explicación profunda del abstencionismo: si yo no cuento, tampoco voy a que me cuenten. Es una reacción natural, aunque sea miope. En el caso colombiano no sólo es miopía, también es desilusión, confirmada por el hecho de que cuando se atisba un modo distinto de enfocar la política, comprobado o no, los creyentes son tres millones entre cuarenta y cinco: siete de cada cien. Una catástrofe para los pesimistas y una esperanza para los optimistas. En cualquier caso, el camino verde tiene derecho a tantos años de ensayo y error para ganar unas elecciones, como los han tenido los clientelistas para montar su negocio.

(*)Alejandro Angulo Novoa S.J
es director del Banco de Datos del CINEP/PPP

(Fuentes:Prensa Latina, CUT, Amnistia Internacional y CINEP)

16.6.10

Honduras:Los golpes de la 'democracia'

ASESINAN UN EX ALTO CARGO DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE ZELAYA Y A OTRO PERIODISTA, EL NOVENO EN LO QUE VA DE AÑO

El político liberal hondureño Roland Valenzuela, ex funcionario del Gobierno del derrocado Manuel Zelaya, ha sido asesinado en el bar de un hotel de la localidad de San Pedro Sula en medio de una fuerte discusión con un supuesto empresario, según la informado la Policía Nacional.


Valenzuela, quien fue gerente del Programa Nacional de Desarrollo Sostenible (Pronaders), murió de un disparo en la cabeza propinado por un hombre que ha sido identificado por la Fiscalía como Carlos Yacamán, con quien tuvo una «acalorada» discusión en los aseos. Tras la agresión el ex ministro fue trasladado a un hospital donde llegó sin signos vitales. El fiscal de turno, Marco Cartagena, no ha querido desvelar más detalles a la prensa a la espera de analizar las imágenes de las cámaras de seguridad del bar. El informe de Medicina Forense indica que la bala entró por la parte posterior del cuello y salió por la nariz, provocando al ex funcionario una muerte casi inmediata.


Valenzuela era considerado una persona cercana a Zelaya. Después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, pasó a formar parte del Frente Nacional de Resistencia que exige el retorno a Honduras del mandatario derrocado y se opone al Gobierno «de facto» de Roberto Micheletti, así como a las elecciones generales de noviembre en las que resultó electo Porfirio Lobo como nuevo presidente de Honduras


Nueve periodistas asesinados este año


Un periodista hondureño, el noveno en lo que va de 2010, fue asesinado la noche del lunes por desconocidos que le dispararon desde un vehículo en marcha en la ciudad de El Paraíso, según informaron familiares y autoridades a medios locales.

Luis Arturo Mondragón, que trabajaba como director de noticias del Canal 19 del cable local, fue abatido hacia las diez de la noche, cuando estaba sentado con uno de sus hijos en la acera de su casa minutos después de salir de su programa, según los informes.

Mondragón había sido amenazado por criticar a funcionarios locales y diputados por actos de corrupción.

Las autoridades forenses no habían llegado a practicar el reconocimiento del cuerpo que estaba aún en la acerca hacia la medianoche del lunes.

El asesinato de periodistas en Honduras es un fenómeno en alza desde que las Fuerzas Armadas y la oligarquía del país llevaron a cabo un Golpe de Estado el pasado 29 de junio de 2009, para sacar de la presidencia al Presidente democráticamente electo, Manuel Zelaya Rosales.

Tras ese suceso, se inició el cierre de medios de comunicación y la persecución de periodistas que se posicionaron abiertamente contra los golpistas.

En el mes de noviembre pasado, en un contexto dictatorial y sin garantías democráticas, se celebraron unas elecciones generales en las que salió electo Porfirio Lobo, quien preside actualmente el país.

El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado denunció que los comicios fueron un intento de lavado de cara de la Dictadura para legitimarse en el poder.

En lo que va de 2010 ya son nueve los periodistas asesinados en Honduras., un hecho alarmante y denunciado por distintas organizaciones pro-derechos humanos.

Los otros periodistas hondureños asesinados durante al año son Georgino Orellana (el 20 de abril), Luís Chévez Hernández (11 de abril), Bayardo Mairena y Manuel Juárez (26 de marzo), Nahum Palacios (14 de marzo), David Meza (11 de marzo), Joseph Ochoa (1 de marzo) y Nicolás Asfura (18 de febrero).

(Fuentes:Europa Press, LibreRed.net y AFP )

3.6.10

Colombia:Segunda vuelta presidenciales 2010

MÁS ALLÁ DE LOS NOMBRES.OPCIONES VERDADERAS Y FALSAS EN LAS ELECCIONES COLOMBIANAS(*)


Las elecciones presidenciales del próximo domingo en Colombia son visualizadas como una nueva “consulta uribista”, como un ejercicio de democracia retórica donde no está en juego entre los candidatos “favoritos” según las encuestas ni la continuidad del modelo económico ni la represión de los movimientos de oposición.

Dos décadas atrás, desde el estado colombiano se diezmó algunos intentos de oposición política como lo fueron la Unión Patriótica y posteriormente el M-19 abriendo cauce a la implantación del sistema neoliberal.

Y es así que con el quiebre que significó a nivel global el 11 de septiembre de 2001, aparece en Colombia un político “muy de la línea Bush, muy de la línea Pentágono” como es Álvaro Uribe Vélez, presidente saliente tras fracasar su intento de segunda reelección, reflexiona desde Colombia César Vargas, corresponsal en ese país de Radio Mundo Real.

Uribe acuñó el término de “Seguridad Democrática” como sucedáneo solo terminológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Ésto, sumado a la “confianza inversionista” y a la “cohesión social” representan el trípode donde se sustentó el poder omnímodo del antioqueño.

“Desde el lado de nosotros, seguridad democrática significó y sigue significando persecución a cualquier tipo de disidencia, persecución a cualquier tipo de pensamiento opuesto a ese modelo de gobierno”, explica Vargas.

Y cita como ejemplo el caso de los “falsos positivos” que han recibido condena internacional, así como el asesinato de líderes sindicales, de comunidades campesinas y de desplazados internos como moneda corriente en el país.

En el actual contexto político la oposición se encuentra reunida en torno al denominado Polo Democrático Alternativo, un frente de organizaciones y de partidos políticos de izquierda con importante participación parlamentaria donde se han ventilado graves denuncia de abusos de poder desde el oficialismo.

Su candidato, Gustavo Petro, es el único que se plantea un quiebre con la herencia uribista en el plano represivo y económico.

Sobre el clima que se vive en Colombia en las jornadas previas a las elecciones, César Vargas señala que han sido asesinados tres o cuatro coordinadores de campaña en Barranquilla, al norte, y en Buga, en Valle del Cauca, lo cual aparece como “una notificación de que está definido desde la derecha que el ascenso de una opción de izquierda no la van a permitir”.

El propio Petro ha declarado que su familia no está posibilitada de permanecer en una residencia fija debido a las amenazas de muerte que penden sobre ellos.

“Desde su nacimiento, el Polo Democrático ha sido asociado a la guerrilla de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y por lo tanto es considerado “objetivo militar”.

Finalmente Vargas analiza el posicionamiento de quien fuera dos veces alcalde de la capital colombiana, Antanas Mockus, quien podría competir en segunda vuelta con el oficialista Juan Manuel Santos. “Hoy no se puede decir que Mockus sea oposición a Uribe ni en lo económico ni en su carácter autoritario”.

Como Alcalde, Mockus formó el ESMAD, Escuadrón Móvil Anti Disturbios de la policía, que cuenta con un pesado prontuario en violencia hacia los movimientos sociales.

Mockus también siendo Rector de la Universidad Nacional de Bogotá alteró el sistema tarifario con el sistema de matrículas dejando a vastos sectores populares al margen de acceder a la formación universitaria.

“Existe la creencia que votar por Mockus es votar contra Uribe pero no hay un trabajo de lectura política un poco más en profundidad que demuestre que no es así”, culminó diciendo el corresponsal de Radio Mundo Real desde Cali Colombia.

(*) Artículo distribuido por Radio Mundo Real antes de la primera vuelta. La segunda la disputarán el 20 de junio Enrique Santos y Antanas Mockus

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