Saharauis, los ojos del desierto

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30.4.09

México:Epidemia de represión

EL EJÉRCITO, CON CARTA BLANCA EN LA LUCHA CONTRA EL NARCO, MATA CON TANTA IMPUNIDAD Y CAUSA MAYOR DOLOR QUE LA GRIPE PORCINA. LA POBREZA Y EL TRABAJO ESCLAVO AUMENTAN ENTRE LA POBLACIÓN INFANTIL


La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) acusa al ejército de México de torturar y asesinar a civiles y de violaciones a decenas de mujeres en los últimos dos años, mientras lleva a cabo su campaña contra el narcotráfico. Desde que asumió el poder en 2006, Calderón ha movilizado a decenas de miles de efectivos para luchar contra los poderosos carteles del narcotráfico que operan en México y que han generado una ola de violencia que ha provocado la muerte de miles de personas.

En el informe "Impunidad uniformada: Uso indebido de la justicia militar en México", la organización no gubernamental describe 17 casos de presuntos abusos militares graves con más de 70 víctimas. En el se asegura que la militarización de ciudades mexicanas para combatir el crimen organizado generado por el narcotráfico ha dado paso a numerosos abusos sobre la población civil.

El documento asegura que los presuntos responsables permanecen libres y en total impunidad. El único caso en que se condenó a cuatro soldados -según el informe- fue un proceso desarrollado por autoridades civiles. Aunque el ejército investigó varios casos bien documentados, nadie ha sido castigado con una condena judicial.
Una delegación de Human Rights Watch presidida por su Director Ejecutivo Kenneth Roth presentó las conclusiones del informe esta semana ante miembros del gabinete del Presidente Felipe Calderón, incluidos el Secretario de Gobernación, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia Militar.


El director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, destaca que la organización no está interesada en hacer una lista de las "violaciones" sino en "mostrar que no existe un régimen legal que sea adecuado y eficiente en contener sus acciones, especialmente cuando se trata de combatir a los traficantes de droga".

El documento asegura que en 12 casos de presuntos asesinatos, los soldados dispararon contra civiles desarmados, después de que estos no acataran la orden de detener sus vehículos.
En otro incidente, presuntamente un grupo de soldados -aparentemente bajo los efectos del alcohol u otras drogas- abrió fuego contra un camión, matando a dos mujeres y tres niños.
El informne también habla de personas que, estando detenidas en locales militares, fueron golpeadas y torturadas repetidamente con descargas eléctricas.

El organismo internacional indica que ninguna de las víctimas tenía vínculos con el tráfico de drogas o con los grupos armados que operan en varios estados mexicanos.

Human Rights Watch propone al gobierno de Calderón que todos los casos sean trasladados al sistema de justicia civil.

Los militares deben responder por sus abusos


Los militares mexicanos que cometen violaciones graves de derechos humanos no están siendo debidamente investigados y sancionados, lo cual atenta contra los esfuerzos de México para combatir la violencia producto del narcotráfico y para mejorar la seguridad pública, señala el informe de Human Rights Watch publicado este miércoles. (LEER EL INFORME)

"La necesidad de mejorar la seguridad pública en México es evidente", dice José Miguel Vivanco. "No obstante, para ser efectiva, cualquier estrategia que pretenda abordar el problema de la inseguridad debe también resolver la impunidad generalizada de los abusos militares cometidos durante los operativos".
Algunos de las deficiencias más serias del sistema de justicia militar son que el Secretario (ministro) de Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas; que los jueces militares no gozan de la garantía de permanencia en el cargo y podrían razonablemente temer que se les aparte de su cargo si emiten decisiones que el Secretario no comparte; que la revisión por autoridades civiles de las decisiones adoptadas por los tribunales militares es sumamente limitada, y que prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares.

Por lo tanto, concluye el informe, el sistema de justicia militar mexicano está muy lejos de cumplir con su obligación de impartir justicia en casos de abusos militares contra civiles.

En un caso de mayo de 2007, por ejemplo, varios soldados detuvieron a ocho personas luego de un enfrentamiento armado entre militares y supuestos narcotraficantes. Pese a que ninguno de los detenidos había participado en el enfrentamiento, fueron trasladados por los soldados hasta instalaciones militares, donde los soldados les propinaron golpes y patadas a cuatro de ellos, cubrieron sus cabezas con bolsas plásticas y los obligaron a permanecer en el piso con los ojos vendados. Un agente del ministerio público federal solicitó a las autoridades militares que investigaran a los soldados. Los militares cerraron la investigación penal un mes después, sosteniendo que no existían pruebas que acreditaran que los soldados habían cometido un delito.

En otro ejemplo de agosto de 2007, cinco soldados detuvieron a un hombre y lo mantuvieron incomunicado durante más de 24 horas en instalaciones militares, donde le propinaron golpes y patadas, colocaron una bolsa de tela sobre su cabeza, lo ataron de pies y manos, volcaron agua en su rostro mientras le asestaban golpes en el abdomen y le aplicaron descargas eléctricas en el estómago. Un agente del ministerio público federal solicitó al ministerio público militar que investigara el caso. A pesar de la existencia de exámenes médicos en los cuales se documentaban las torturas infringidas, las autoridades militares cerraron la investigación, y determinaron que no habían encontrado pruebas de que los soldados habían cometido algún delito.

El informe señala que, en enero de 2009, Human Rights Watch preguntó a funcionarios de alto rango de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por ejemplos de casos de violaciones graves de derechos humanos juzgados por la justicia militar que hayan concluido en la imposición de una condena penal a personal militar. Si bien los funcionarios respondieron que existían muchos ejemplos, sólo pudieron mencionar un único caso de 1998. A pesar de reiteradas solicitudes de Human Rights Watch, la SEDENA no ha proporcionado una lista de estos casos, ni una copia de la decisión adoptada en el caso de 1998.
"México no se ha tomado en serio el problema de los abusos militares", insiste Vivanco. "Mientras no lo haga, el compromiso que ha expresado para fortalecer el estado de derecho significa muy poco".


Calderón propone 'reformar' la Ley de Seguridad


Apenas una semana antes de la difusión por HRW de su informe, el presidente de México, Felipe Calderón, envió una propuesta al Senado para reformar la Ley de Seguridad Nacional con el objetivo de 'regular la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado'.

La iniciativa propone introducir una nueva figura legal definida como una "declaración de existencia de una afectación a la seguridad interior" . Criticado ya desde la izquierda y las organizaciones sociales, el senador del PAN -el partido del gobierno- Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, negó que se tratara de un intento por legalizar estados de excepción. "Lo que se busca es darle un marco legal a las Fuerzas Armadas para que puedan operar".

René Arce Islas, senador del PRD -oposición de centro-izquierda- piensa que el país está frente a una discusión muy delicada porque se trata de las garantías de los ciudadanos mexicanos. "Esta iniciativa busca proteger al Ejército y al poder Ejecutivo de algo que ya está ocurriendo, que es el despliegue de los militares en las calles, que en algunos casos, ha sido responsable de serias violaciones a los derechos humanos".

La discusión sobre la legalidad de la intervención del Ejército en la seguridad pública no es nueva. En 1996 algunos sectores políticos promovieron un recurso de inconstitucionalidad por el uso de agentes militares en las calles de México. En aquel entonces la Corte Suprema de Justicia estableció ciertos criterios bajo los cuales autoriza la actuación del Ejército en tareas de seguridad bajo la autoridad civil y para acciones específicas.

Pero según algunas organizaciones de derechos humanos no existe una base jurídica que avale el despliegue del Ejército en las calles. "Precisamente lo que está buscando Calderón es legalizar lo que en este momento está fuera de la ley", dice el abogado Santiago Aguirre, del Centro Agustín Pro. "Lo más preocupante, fuera de la discusión legal, es que en algunas regiones del país sí existen estados de excepción de facto, como cuando no se respeta la libertad de tránsito, cuando hay allanamientos ilegales, privación de la vida o violación del debido proceso", añade.

De acuerdo a cifras oficialeshay cerca de 45.000 efectivos militares desplegados en el combate a las organizaciones criminales en distintos puntos del país. Se estima que en México la violencia asociada a los carteles de la droga dejó más de 6.000 muertos en 2008 y que este año la situación de seguridad continúa deteriorándose, especialmente en algunas zonas.

Miles de niños en trabajos denigrantes

El periódico “El Universal” publicaba este miércoles una investigación en la que revela que miles de niños padecen hoy en día esclavitud de forma encubierta en todo el territorio mexicano.
Según el estudio del diario, los menores bajo ese régimen se desempeñan como jornaleros y vendedores entre otros trabajos. El informe revela que los menores de edad abandonan la escuela y sus hogares para trabajat y que reciben salarios de miseria. Además, viven expuestos a la violencia, el abandono, enfermedades, accidentes, drogadicción y abuso por parte de adultos, entre los cuales algunas veces se cuentan sus propios familiares.

En Tapachula, zona fronteriza con Guatemala, cientos de menores de ese país vecino trabajan en las calles después de haber sido llevados allí por redes de traficantes.

Unos 200.000 niños realizan diversas labores en el estado de Guerrero para contribuir al ingreso familiar. De ellos, 58.000 dejaron de asistir a la escuela. El Universal precisa que en lo que va de 2009, más de 5.000 niños y niñas indígenas guerrerenses abandonaron los estudios para irse a los campos de Sinaloa a cambio de 60 pesos, unos 4,28 dólares, por una jornada de 12 horas. Se trata de nahuas, mixtecos, amuzgos y tlapanecos, cuyos padres no encuentran otra forma de sobrevivir. Según Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de La Montañalas consecuencias de esta expulsión son devastadoras para la educación, pues hay municipios que tienen índices de analfabetismo de 78 por ciento.

La Ley Federal del Trabajo permite, mediante autorización de los padres, contratar a mayores de 14 años, siempre que el trabajo no interfiera en su educación.


Tapachula: 10 horas diarias y más

Varias decenas de niños y niñas, la mayoría indígenas guatemaltecos, invaden las esquinas de esta ciudad, a 30 kilómetros de la frontera con Guatemala. En jornadas de más de 10 horas trabajan de limpiaparabrisas, malabaristas, limpiadores de calzado, vendedores o simplemente de mendigos. Muchos, consumen pegamento.

Durante un operativo en una vivienda del centro, la policía encontró a ocho menores guatemaltecos que eran obligados a vender cigarros y dulces —les llaman “canguritos”—, de lunes a domingo, de ocho de la mañana a 10 de la noche. Al terminar, les daban agua y galletas. Dormían hacinados en un cuarto, sobre una lona.

Guerrero: niños indígenas

Asediados por las pobreza extrema, miles de niños y niñas indígenas abandonan la escuela para vender chicles y frutas, limpiar parabrisas, ofrecerse de “canasteros” en los mercados, jornaleros agrícolas o boleritos (limpia botas). De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hoy unos 200.000 mil menores de Guerrero trabajan para contribuir al ingreso familiar y de ellos, 58.000 desertaron de la escuela.

Sinaloa: desde los ocho años en adelante

Desde hace cuatro décadas, anualmente, miles de niños indígenas (mixtecos, zapotecos, tlapanecos, triques y purépechas) van con sus familias a trabajar en los fértiles valles sinaloenses. Tienen entre ocho a 14 años y se les contrata ilegalmente de “muleros” y “zorras” —realizan el desbrote, deshierbe y regado de surcos—, o como acarreadores de agua.

Tijuana: la “visa” de Salvador

En su marcha hacia Estados Unidos, los menores migrantes son los más vulnerables. A la vera de sus padres o de desconocidos, atraviesan desiertos y montañas. Sus edades fluctúan entre los días de nacidos y los 17 años. Los hay que se aventuran solos, afrontando hambre, sed y agotamiento que los pone al borde de morir.

Un caso es el de Salvador, de 11 años, quien se atrevió a cruzar a San Ysidro (California) con visa falsa. Iba a unirse con sus padres y sus tres hermanos en Santa Ana, donde éstos viven hace siete años. El miércoles pasado fue deportado por segunda ocasión en menos de 15 días. Este chico de Guerrero espera ahora la decisión de sus familiares para saber si reintenta o se regresa a su pueblo.

Félix, guerrerense de 17 años, estuvo a punto de morir de inanición en la montaña de Tecate, por donde intentó tres veces entrar en aquel país. Ahora dice que no insistirá en llegar adonde viven seis de sus hermanos. En una de las tres ocasiones caminó cuatro días sin beber ni comer, hasta que se dejó atrapar por la Patrulla Fronteriza.

María Guadalupe Ríos Fraijo, coordinadora de Protección a la Infancia de los Albergues Temporales del DIF estatal, refiere que 28 mil menores deportados no acompañados han sido atendidos desde 2004 y que no obstante los riesgos, sus padres siguen obligándolos a emigrar para reunirse con ellos. En lo que va de 2009, 1.250 niños de cero a 17 años fueron deportados por Estados Unidos. Es habitual que pretendan cruzar con visa falsa, ocultos en vehículos o andando por el desierto o las montañas, donde hay enorme riesgo de morir.

Mexicali: ronda la muerte

“La crisis económica incrementará la participación de menores en el campo laboral, porque serán obligados a apoyar económicamente a sus familias”, además de que su trabajo “es pagado a un costo menor que si fueran adultos”, alerta Gema López Limón, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California.

Algunos alteran sus actas de nacimiento para ponerse 17 o 18 años”, añade la académica, y de esta forma “poder trabajar; es evidente que son falsas, pero a los empleadores eso no les impide darles trabajo”. Esta es una violación a los derechos de los niños y niñas que repercute no sólo en el destino de la niñez trabajadora, al disminuir o anular sus posibilidades de desarrollo, sino en el destino de México. “Su casi inexorable expulsión de la escuela, es la continua descalificación de la fuerza de trabajo de las nuevas generaciones”.

Multitudes de menores acuden con sus padres a trabajar en los dos depósitos de basura municipal, en labores no registradas ni supervisadas por gobierno alguno. En el caso de los niños jornaleros, el procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana en Baja California, Francisco Javier Sánchez, afirma que la nula vigilancia o la complicidad de las autoridades ha permitido que los productores hagan uso de pesticidas y agroquímicos que provocan serias enfermedades de la piel y en vías respiratorias e, incluso, la muerte de los jornaleros. Asimismo, “la falta de controles higiénicos en el agua que consumen y utilizan en la preparación de alimentos provoca daños irreversibles en la salud”.


México - Epidemia de lucro

Por Silvia Ribeiro (*)

La nueva epidemia de influenza porcina que día a día amenaza con expandirse a más regiones del mundo, no es un fenómeno aislado. Es parte de la crisis generalizada, y tiene sus raíces en el sistema de cría industrial de animales, dominado por grandes empresas trasnacionales.

En México, las grandes empresas avícolas y porcícolas han proliferado ampliamente en las aguas (sucias) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un ejemplo es Granjas Carroll, en Veracruz, propiedad de Smithfield Foods, la mayor empresa de cría de cerdos y procesamiento de productos porcinos en el mundo, con filiales en Norteamérica, Europa y China. En su sede de Perote comenzó hace algunas semanas una virulenta epidemia de enfermedades respiratorias que afectó a 60 por ciento de la población de La Gloria, hecho informado por La Jornada en varias oportunidades, a partir de las denuncias de los habitantes del lugar. Desde hace años llevan una dura lucha contra la contaminación de la empresa y han sufrido incluso represión de las autoridades por sus denuncias. Granjas Carroll declaró que no está relacionada ni es el origen de la actual epidemia, alegando que la población tenía una gripe "común". Por las dudas, no hicieron análisis para saber exactamente de qué virus se trataba.

En contraste, las conclusiones del panel Pew Commission on Industrial Farm Animal Production (Comisión Pew sobre producción animal industrial), publicadas en 2008, afirman que las condiciones de cría y confinamiento de la producción industrial, sobre todo en cerdos, crean un ambiente perfecto para la recombinación de virus de distintas cepas. Incluso mencionan el peligro de recombinación de la gripe aviar y la porcina y cómo finalmente puede llegar a recombinar en virus que afecten y sean trasmitidos entre humanos. Mencionan también que por muchas vías, incluyendo la contaminación de aguas, puede llegar a localidades lejanas, sin aparente contacto directo. Un ejemplo del que debemos aprender es el surgimiento de la gripe aviar. Ver por ejemplo el informe de GRAIN que ilustra cómo la industria avícola creó la gripe aviar (http://www.grain.org/).

Pero las respuestas oficiales ante la crisis actual, además de ser tardías (esperaron que Estados Unidos anunciara primero el surgimiento del nuevo virus, perdiendo días valiosos para combatir la epidemia), parecen ignorar las causas reales y más contundentes. Más que enviar cepas del virus para su secuenciación genómica a científicos como Craig Venter, que se ha enriquecido con la privatización de la investigación y sus resultados (secuenciación que, por cierto, ya fue hecha por investigadores públicos del Centro de Prevención de Enfermedades en Atlanta, Estados Unidos), lo que se necesita es entender que este fenómeno se va a seguir repitiendo mientras prosigan los criaderos de estas enfermedades.

Ya en la epidemia, son también trasnacionales las que más lucran: las empresas biotecnológicas y farmacéuticas que monopolizan las vacunas y los antivirales. El gobierno anunció que tenía un millón de dosis de antígenos para atacar la nueva cepa de influenza porcina, pero nunca informó a qué costo.

Los únicos antivirales que aún tienen acción contra el nuevo virus están patentados en la mayor parte del mundo y son propiedad de dos grandes empresas farmacéuticas: zanamivir, con nombre comercial Relenza, comercializado por GlaxoSmithKline, y oseltamivir, cuya marca comercial es Tamiflu, patentado por Gilead Sciences, licenciado en forma exclusiva a Roche. Glaxo y Roche son la segunda y cuarta empresas farmacéuticas a escala mundial y, al igual que con el resto de sus fármacos, las epidemias son sus mejores oportunidades de negocio.

Con la gripe aviar, todas ellas obtuvieron cientos o miles de millones de dólares de ganancias. Con el anuncio de la nueva epidemia en México, las acciones de Gilead subieron 3 por ciento, las de Roche 4 y las de Glaxo 6 por ciento, y esto es sólo el comienzo.

Otra empresa que persigue este jugoso negocio es Baxter, que solicitó muestras del nuevo virus y anunció que podría tener la vacuna en 13 semanas. Baxter, otra farmacéutica global (en el lugar 22), tuvo un "accidente" en su fábrica en Austria en febrero de este año. Le envió un producto contra la gripe a Alemania, Eslovenia y la República Checa, contaminado con virus de gripe aviar. Según la empresa, "fueron errores humanos y problemas en el proceso", del cual no puede dar detalles, "porque tendría que revelar procesos patentados".
No sólo necesitamos enfrentar la epidemia de la influenza: también la del lucro.
(*) Artículo publicado en el diario La Jornada, México.

(Fuentes: BBC-Mundo,HRW, Adital/Cimac, Madrid Digital, El Universal-México y La Jornada-México)

28.4.09

México:Gripe porcina

EL GOBIERNO MEXICANO SE PLANTEA EL CIERRE DE LAS FRONTERAS. CENTROAMÉRICA ENTRA EN ALERTA TRAS LOS PRIMEROS CASOS. LA TARDANZA EN REACCIONAR Y LA DEBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO EXPLICARÍAN LA EXPANSIÓN DEL VIRUS Y EL ELEVADO NÚMERO DE MUERTOS


La peste porcina se expande a todo México y salta las fronteras. Con al menos 152 muertos y más de dos mil infectados en México, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decidido elevar la alerta sanitaria a la fase 4. El Secretario (ministro) de Salud de México, José A. Córdova, explicó que pasar de la fase tres a la cuatro implica la diferencia de que las medidas preventivas deben ser extendidas a todo el país. Córdova anunció la suspensión de las clases y las actividades académicas a todos los niveles de la enseñanza hasta el seis de mayo y reconoció que el sistema sanitario mexicano apenas permite realizar 15 exámenes diarios a sospechosos de padecer la enfermedad, por lo que se están montando nuevos laboratorios de emergencia para poder llegar a 200 exámenes al día.

También está retrasada la llegada al país del tratamiento denominado Aseltamivir, y cuando esté disponible se aplicará de manera controlada y con rigurosa prescripción médica.
Informó de que el país esta adquiriendo por distintas vías casi tres millones de dosis para la vacunación contra la gripe estacionaria, y dijo que se trata de un tipo de virus desconocido, para el cual no existen vacunas y éstas no podrán ser creadas hasta dentro de seis meses.
Reconoció también que el aumento espectacular de muertes en los últimos días, se debe a que "se esta aplicando un sistema de reportes desde los estados con mayor rigor y control".

Si no ceden los contagios, México cerraría sus fronteras al ingreso y salida de personas, advirtió el secretario (ministro) de Salud, José Córdova.
Entre los países afectados por el virus, pero sin casos mortales, están Estados Unidos, con 40 infectados, Canadá con cuatro y España con uno y otros sin confirmación en Guatemala, Brasil, Perú, Colombia, Francia, Gran Bretaña e Israel.

Origen y gravedad de la epidema


Para el médico infectólogo Mario Castellas, quien trabaja en un hospital privado de la capital mexicana "se requiere tiempo, unos cinco o seis días más, para saber si al menos en México la epidemia logró ser detenida".

En el documento "La respuesta en México ante una pandemia de influenza", publicado en 2008 por la Secretaría de Salud se advertía que las "condiciones están dadas para que ocurra una pandemia" en cualquier momento futuro. El texto fue elaborado para preparar al país ante ese hipotético escenario, pensando que la epidemia se produciría por la gripe aviar, no por la actual que corresponde a una cepa nueva. En el estudio se plantea que en un escenario moderado, 15 por ciento de la población enfermaría y la pandemia tendría un costo equivalente a 0,5 por ciento del producto interno bruto (PIB). En uno de gravedad media, 25 por ciento de los 104 millones de mexicanos serían contagiado y el impacto económico sería de uno por ciento de la producción. En el grado severo, el estudio proyecta que 35 por ciento de la población enfermaría y el costo llegaría a 3,7 por ciento del PIB.

Hay diversas versiones sobre el origen del nuevo virus. Portavoces de la empresa estadounidense Veratect Corporation, que se dedica a la biovigilancia, dijeron al diario mexicano Reforma que habrían emitido una alerta el 2 de de este mes por varios casos de supuesta gripe en una zona de granjas de cerdos del municipio rural de Perote, en el estado de Veracruz, en el golfo de México. Se trataría el origen estaría en la granja de la empresa Carroll. Jazmín Jiménez, portavoz de esa empresa, dice que esa versión es "totalmente falsa". "Tenemos aquí 970 empleados y ninguno de ellos ni sus familiares están enfermo de gripe o algo parecido", afirma Jiménez.

Casos de afecciones respiratorias, "pero no influenza", se dieron a fines de marzo en pobladores de La Gloria, un barrio a ocho kilómetros de las granjas, pero fue la falta de drenaje y agua en ese lugar, "según nos dijeron las autoridades de Salud", dice una vecina.

"Aquí no hay nada raro y tampoco sabemos de enfermos, no sé porque dicen que de aquí salió la enfermedad, estaríamos en emergencia si así fuera", declara desde el municipio de Perote, Irene Argüello, dependiente en una tienda de materiales de construcción. Perote es un municipio rural de 26.000 hectáreas y 62.000 habitantes dedicados especialmente a la agricultura y ganadería.


La gripe está ya en Centroamérica


Las autoridades sanitarias de Guatemala han dado a conocer el primer caso sospechoso de gripe porcina en la capital guatemalteca. Se trata de un hombre procedente de México que fue ingresado en el hospital general "San Juan de Dios" con síntomas de dicho virus. El paciente tiene 29 años, fue "aislado y está bajo observación" mientras se realizan los exámenes de laboratorio para confirmar o descartar si es gripe porcina.

Rafael Espada, vicepresidente de Guatemala, informó que el país se encuentra en alerta amarilla en la red hospitalaria, puestos de salud fronterizos con México, y los dos principales aeropuertos.
Las autoridades de salud siguen recomendando a la población no consumir alimentos de contrabando procedentes de México y que no cuenten con registros sanitarios, y utilizar las mascarillas protectoras principalmente en los departamentos fronterizos con México de Petén, Huehuetenango, San Marcos y Quezaltenango.

Los ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana se reunen este martes en Managua para "tomar las decisiones necesarias" y estar preparados ante la llegada de la gripe porcina a esta región. La reunión de un día, convocada a través del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que preside este semestre Nicaragua, servirá para que los ministros coordinen acciones conjuntas y coordinadas para atajar la potencial pandemia, según el ministro nicaragüense de Salud, Guillermo González.
Los países centroamericanos ya han decretado alertas sanitarias y medidas de prevención en todas las aduanas aéreas, terrestres y marítimas.
En Nicaragua, cerca de 35.000 brigadistas de salud mantendrán una vigilancia activa en los 153 municipios del país para detectar, de forma rápida, los casos sospechosos de la enfermedad.
El Ministerio de Educación, capacitará a 47.000 maestros para identificar los síntomas del brote y las medidas a tomar para "minimizar" sus consecuencias. Las autoridades nicaragüenses anunciaron, además, que están preparadas para utilizar escuelas públicas como "pequeños hospitales" para atender los casos sospechosos y evitar que se propague el virus, en caso de que aparezca . No descartaron la suspensión de las clases en colegios y universidades de todo el país.

El injusto y limitado sistema sanitario de México, en proceso de reforma


En los últimos años, México ha experimentado una revolución en su sistema de salud. El revulsivo fueron dos informes, el primero de la Organización Mundial de la Salud que, después de evaluar diferentes sistemas sanitarios, mostraba el de este país como uno de los más injustos. El segundo análisis fue interno, una encuesta nacional, que reveló que el mayor gasto sanitario se situaba entre las familias sin seguro médico y en los más pobres.

La reforma legislativa para establecer un sistema social de protección de la salud, que no existía, dio paso a los cambios que se iniciaron en enero de 2004. El seguro social mexicano establecido 1943 no incorporaba la cobertura universal, sino que se limitaba a las personas asalariadas en empresas privadas o instituciones públicas, los trabajadores autónomos o los desempleados no estaban incluidos. El resultado de este sistema sanitario es que en el año 2000 la mitad de las familias mexicanas, la mayoría de ellas pobres, no tenían protección social frente a los costes sanitarios que se generasen si caían enfermos.

Los más pobres tenían que pagar de su propio bolsillo los gastos derivados de su enfermedad. En sólo un trimestre, según mostró un análisis, un millón y medio de hogares cayeron por debajo del umbral de pobreza debido a una 'catástrofe económica', es decir, por tener que afrontar un gasto médico.

La reforma establecida pretendía corregir esa situación. Así, en enero de 2004 se implantó el Seguro Popular con el propósito de lograr a lo largo de siete años que el sistema proteja a unas 12 millones de familias, lo que viene a suponer unos 50 millones de personas y lograr la cobertura universal para 2010.


Roche y Glaxo se disputan el negocio de curar la gripe del cerdo

Dos empresas se disputan la venta del medicamento necesario para curar la gripe porcina. A un lado Roche, al otro Glaxo. La OMS está en contacto con las multinacionales de fármacos para buscar la fórmula adecuada a este brote

“Existen cuatro medicamentos antivirales diferentes que están autorizados en los Estados Unidos para el tratamiento de este tipo de gripe: amantadina, rimantadina, oseltamivir y zanamivir. Aunque la mayoría de los virus de la gripe porcina han sido sensibles a los cuatro tipos de medicamentos, los siete virus más recientes asilados de personas son resistentes a la amantadina y la rimantadina”, señala el Centro de Detección y Control de Enfermadedes (CDC), que recomienda el oseltamivir y el zanamivir como compuestos activos contra el virus porcino.

La suiza Roche fabrica oseltamivir bajo la marca Tamiflu, en tanto que la británica Glaxo SmithKline, el zanamivir, cuyo nombre comercial es Relenza. La farmacéutica comparte un 7% de los ingresos con la pequeña australiana Biota, descubridora del producto. Precisamente, los mercados se decantaron por las posibilidades del Relenza, un inhalador de nueva generación, que ha demostrado cierta eficacia como tratamiento. Las acciones de Roche subieron en la Bolsa de Zurich un 3,5%, las de Glaxo, un 6%, en tanto que Biota se disparó un 82% en el mercado bolsa australiano.

El Gobierno de México encargó a Glaxo cientos de miles de inhaladores durante este fin de semana. El menor precio del Relenza (6 euros por unidad) y su efectividad situaron a los inversores bajo su pista. Sin embargo, las dificultades para obtener reservas inmediatas a gran escala de este medicamento volvieron a colocar a Roche en el centro de atención. La suiza es una veterana en esta lides desde que fabricó masivamente dosis de Tamiflu durante la crisis de la gripe aviar en Asia.

“El proceso de producción de Tamiflu es complejo y consta de varias fases, siendo necesarios hasta 8 meses desde la obtención de las materias primas hasta el producto final. Roche ha puesto en marcha una red global de fabricación con capacidad de producir hasta 400 millones de tratamientos por año. En la actualidad se fabrica tanto en Estados Unidos como en Europa”, explicaban este lunes desde Roche.
La compañía, en permanente contacto con la OMS y con las autoridades sanitarias de cada país, utilizará inmediatamente las reservas que tiene acumuladas (3 millones de tratamientos) en el momento en que la OMS lo solicite. En 2006, tras la crisis de SARS o gripe aviar, cada caja de Tamiflu costaba alrededor de los 40 euros, de manera que la farmaceutica suiza podría generar unas ventas de 120 millones de euros si la epidemia degenera en pandemia y se necesitan todos sus recursos.


Epidemia de ineptitudes
Por Álvaro Delgado (*)

El lunes 13 de abril, tres días antes de la visita a México de Barak Obama, presidente de Estados Unidos, el gobierno de Felipe Calderón tuvo conocimiento del primer caso de influenza en el país y justo cuando el estadunidense desahogaba aquí una breve agenda, incluida una cena en la que saludó de mano a centenares de invitados, las autoridades de salud decretaron la alerta epidemiológica.

Así, pese a todo el poderoso aparato de seguridad de Estados Unidos y del país anfitrión --que incluyó tropas provistas de armas letales, vehículos de guerra, helicópteros y aviones--, la vida de Obama estuvo en riego ante el virus de influenza porcina.

"El equipo de la Unidad Médica de la Casa Blanca en el terreno preguntó a funcionarios mexicanos de salud y al equipo médico de la embajada de Estados Unidos sobre cualquier preocupación sobre enfermedades infecciosas, y fuimos informados que no había ninguna", declaró hoy Robert Gibbs, portavoz presidencial de ese país, luego de ser cuestionado en su rueda de prensa habitual.
Sin embargo, ante las especulaciones de que los estadunidenses –incluido Obama-- están furiosos porque el gobierno de Calderón ocultó información sensible de seguridad nacional de Estados Unidos, el vocero optó por la diplomacia: "No nos notificaron, pero no tenemos razón para creer que ocultaran información que tenían hasta ese momento."
Pero el dato es relevante no porque la vida de Obama sea más importante que la de cualquier mexicano –bajo ninguna circunstancia debe serlo--, sino porque revela que en esos días se sabía, al más alto nivel, que se cernía una amenaza sobre México y se escamoteó para, luego --ante la gravedad de hechos inocultables--, dar paso a una estrategia que tiene a la mayoría de la población en un estado de zozobra y terror.

No fue sólo la repentina decisión de la noche del jueves, cuando el gobierno de Calderón anunció una serie de medidas para afrontar la epidemia –entre ellas la suspensión de clases en el Distrito Federal y el estado de México, de la que millares de padres de familia se enteraron al llegar a los planteles--, sino los anuncios que le siguieron, entre ellos el cierre de centros de entretenimiento, que prácticamente paralizaron las actividades productivas de ambas entidades, particularmente en el Valle de México.

Pero más aún: La suspensión de clases hasta el 6 de mayo, primero en los estados mencionados y en San Luis Potosí, y luego en todo el territorio nacional, ha generado una sicosis que revela no una estrategia para capitalizar política y electoralmente el terror de la sociedad --a lo que son tan proclives las derechas, como Calderón, y que tampoco habría que descartar--, sino la ineptitud y la insensibilidad que demuestran los erráticos pasos que ha dado el gobierno.

La epidemia de la influencia porcina es un problema gravísimo, de tal magnitud que más vale que Calderón –y por supuesto las autoridades de todos los niveles involucrados en el cuidado de la población-- actúe y hable con la verdad, incluyendo las consecuencias de carácter económico que padecerá México, en lo inmediato por la inactividad en las diversas ramas productivas, entre ellas el desplome del turismo, y luego las exportaciones.

Salvo la muy superficial declaración de Agustín Carstens, secretario de Hacienda, de que habrá una afectación por la epidemia, Calderón no ha informado sobre la magnitud del impacto.

El gobierno capitalino que encabeza Marcelo Ebrard, y que tampoco es la representación de la eficacia, dio a conocer que las pérdidas son superiores a los 700 millones de pesos diarios por la contracción del 60% de la actividad productiva.

Y, sobre todo, es preciso que las autoridades atiendan el ánimo de la sociedad, expuesta a una avalancha de información que aturde y confunde. Que paraliza.

La crisis generada por la epidemia ha puesto de manifiesto, también, la enorme debilidad tecnológica de México en el ámbito de la ciencia y la tecnología y la dependencia de equipos para no depender de laboratorios de países extranjeros para identificar la cepa del virus y que, en este caso, se dejó en manos de Estados Unidos y Canadá.

El gobierno federal alega que no se dio información a Barak Obama de que ya se conocía al menos un caso del virus de influenza porcina, el que se detectó tres días antes de la visita, debido a que sólo se confirmó la tarde del miércoles 22, fecha que dio Calderón mismo, pero con ello exhibió justamente el desdén por la investigación científica, incluida por supuesto la clínica, que implica inclusive el desabasto de medicamentos y vacunas contra enfermedades como la que se abate en México.

Pero todavía peor: Tal como documenta el semanario Proceso en la edición de esta semana, se sabía que en México se tenía prevista una pandemia de la influenza desde 2001, y aun se creó, en 2006, un Plan Nacional de Preparación y Respuesta a una Pandemia de Influenza.

"El reloj de la pandemia está corriendo, sólo que no sabemos qué hora marca", sentencia un documento al respecto publicado en el reportaje principal de la revista, que además consigna la elaboración de un Manual para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza.
Sí, pero sobrevino la tragedia.
(*) Este artículo se publica en la revista mexicana Proceso

La gripe porcina y el monstruoso poder de la gran industria pecuaria
Por Mike Davis (*)


La gripe porcina mexicana, una quimera genética probablemente concebida en el cieno fecal de una gorrinera industrial, amenaza subitáneamente con una fiebre al mundo entero. Los brotes en la América del Norte revelan una infección que está viajando ya a mayor velocidad de la que viajó con la última cepa pandémica oficial, la gripe de Hong Kong en 1968.
Robándole protagonismo a nuestro último asesino oficial, el virus H5N1, este virus porcino representa una amenaza de ignota magnitud. Parece menos letal que el SARS [Síndrome Respiratorio Agudo, por sus siglas en inglés] en 2003, pero, como gripe, podría resultar más duradera que el SARS. Dado que las domesticadas gripes estacionales de tipo A matan nada menos que a un millón de personas al año, incluso un modesto incremento de virulencia, especialmente si va combinada con una elevada incidencia, podría producir una carnicería equivalente a una guerra importante.
Ello es que una de sus primeras víctimas ha sido la consoladora fe, inveteradamente predicada por la Organización Mundial de Salud (OMS), en la posibilidad de contener las pandemias con respuestas inmediatas de las burocracias sanitarias e independientemente de la calidad de la sanidad pública local. Desde las primeras muertes por H5N1 en 1997, en Hong Kong, la OMS, con el apoyo de la mayoría de administraciones nacionales de sanidad, ha promovido una estrategia centrada en la identificación y el aislamiento de una cepa pandémica en su radio local de brote, seguidos de una masiva administración de antivirales y –si disponibles— vacunas a la población.
Una legión de escépticos ha criticado ese enfoque de contrainsurgencia viral, señalando que los microbios pueden ahora volar alrededor del mundo –casi literalmente en el caso de la gripe aviar— mucho más rápidamente de lo que la OMS o los funcionarios locales puedan llegar a reaccionar al brote original. Esos expertos han observado también el carácter primitivo, y a menudo inexistente, de la vigilancia de la interfaz entre las enfermedades humanas y las animales. Pero el mito de una intervención audaz, preventiva (y barata) contra la gripe aviar ha resultado valiosísimo para la causa de los países ricos que, como los EEUU y el Reino Unido, prefieren invertir en sus propias líneas Maginot biológicas, antes que incrementar drásticamente la ayuda a los frentes epidémicos avanzados de ultramar. Tampoco ha tenido precio este mito para las grandes transnacionales farmacéuticas, enfrentadas en una guerra sin cuartel con las exigencias de los países en vía de desarrollo empeñados en exigir la producción pública de antivíricos genéricos clave como el Tamiflu patentado por Roche.


La versión de la OMS y de los centros de control de enfermedades, de acuerdo con a cual ya se está preparado para una pandemia, sin mayor necesidad de nuevas inversiones masivas en vigilancia, infraestructura científica y regulatoria, salud pública básica y acceso global a fármacos vitales, será ahora decisivamente puesta a prueba por la gripe porcina, y tal vez averigüemos que pertenece a la misma categoría de gestión "ponzificada" del riesgo que los títulos y obligaciones de Madoff. No es tan difícil que falle el sistema de alertas, habida cuenta de que, sencillamente, no existe. Ni siquiera en la América del Norte y en la Unión Europea.
Tal vez no sea sorprendente que México carezca tanto de capacidad como de voluntad política para gestionar enfermedades avícolas y ganaderas, pero ocurre que la situación apenas es mejor al norte de la frontera, en donde la vigilancia se deshace en un desdichado mosaico de jurisdicciones estatales y las grandes empresas pecuarias se enfrentan a las regulaciones sanitarias con el mismo desprecio con que suelen tratar a los trabajadores y a los animales.
Análogamente, una década entera de advertencias de los científicos fracasó en punto a garantizar transferencias de sofisticada tecnología viral experimental a los países situados en las rutas pandémicas más probables. México cuenta con expertos sanitarios de reputación mundial, pero tiene que enviar las muestras a un laboratorio de Winnipeg para descifrar el genoma de la cepa. Así se ha perdido toda una semana.
Pero nadie menos alerta que las autoridades de control de enfermedades en Atlanta. De acuerdo con el Washington Post, el CDC [siglas en inglés del Centro de Control de Enfermedades, radicado en Atlanta; T.] no se percató del brote hasta seis días después de que México hubiera empezado a imponer medidas de urgencia. No hay excusa que valga. Lo paradójico de esta gripe porcina es que, aun si totalmente inesperada, había sido ya pronosticada con gran precisión.
Hace seis años, la revista Science consagró un artículo importante a poner en evidencia que, "tras años de estabilidad, el virus de la gripe porcina de la América del Norte ha dado un salto evolutivo vertiginoso".
Desde su identificación durante la Gran Depresión, el virus H1N1 de la gripe porcina sólo había experimentado una ligera deriva desde su genoma original. Luego, en 1998, una cepa muy patógena comenzó a diezmar puercas en una granja de Carolina del Norte, y empezaron a surgir nuevas y más virulentas versiones año tras año, incluida una variante del H1N1 que contenía los genes internos del H3N2 (causante de la otra gripe de tipo A que se contagia entre humanos).
Los investigadores entrevistados por Science se mostraban preocupados por la posibilidad de que uno de esos híbridos pudiera llegar a convertirse en un virus de gripe humana –se cree que las pandemias de 1957 y de 1968 fueron causadas por una mezcla de genes aviares y humanos fraguada en el interior de organismos porcinos—, y urgían a la creación de un sistema oficial de vigilancia para la gripe porcina: admonición, huelga decirlo, a la que prestó oídos sordos un Washington dispuesto entonces a tirar miles de millones de dólares por el sumidero de las fantasías bioterroristas.
¿Qué provocó tal aceleración en la evolución de la gripe porcina? Hace mucho que los virólogos están convencidos de que el sistema de agricultura intensiva de la China meridional es el principal vector de la mutación gripal: tanto de la "deriva" estacional como del episódico "intercambio" genómico. Pero la industrialización granempresarial de la producción pecuaria ha roto el monopolio natural de China en la evolución de la gripe. El sector pecuario se ha visto transformado en estas últimas décadas en algo que se parece más a la industria petroquímica que a la feliz granja familiar que pintan los libros de texto en la escuela.
En 1965, por ejemplo, había en los EEUU 53 millones de cerdos repartidos entre más de un millón de granjas; hoy, 65 millones de cerdos se concentran en 65.000 instalaciones. Eso ha significado pasar de las anticuadas pocilgas a ciclópeos infiernos fecales en los que, entre estiércol y bajo un calor sofocante, prestos a intercambiar agentes patógenos a la velocidad del rayo, se hacinan decenas de millares de animales con más que debilitados sistemas inmunitarios.
El año pasado, una comisión convocada por el Pew Research Center publicó un informe sobre la "producción animal en granjas industriales", en donde se destacaba el agudo peligro de que "la continua circulación de virus (…) característica de enormes piaras, rebaños o hatos incremente las oportunidades de aparición de nuevos virus por episodios de mutación o de recombinación que podrían generar virus más eficientes en la transmisión entre humanos". La comisión alertó también de que el promiscuo uso de antibióticos en las factorías porcinas –más barato que en ambientes humanos— estaba propiciando el auge de infecciones estafílocóquicas resistentes, mientras que los vertidos residuales generaban brotes de escherichia coli y de pfiesteria (el protozoo que mató a mil millones de peces en los estuarios de Carolina y contagió a docenas de pescadores).

Cualquier mejora en la ecología de este nuevo agente patógeno tendría que enfrentarse con el monstruoso poder de los grandes conglomerados empresariales avícolas y ganaderos, como Smithfield Farms (porcino y vacuno) y Tyson (pollos). La comisión habló de una obstrucción sistemática de sus investigaciones por parte de las grandes empresas, incluidas unas nada recatadas amenazas de suprimir la financiación de los investigadores que cooperaran con la comisión.
Se trata de una industria muy globalizada y con influencias políticas. Así como el gigante avícola Charoen Pokphand, radicado en Bangkok, fue capaz de desbaratar las investigaciones sobre su papel en la propagación de la gripe aviar en el sureste asiático, es lo más probable que la epidemiología forense del brote de gripe porcina se dé de bruces contra la pétrea muralla de la industria del cerdo.
Eso no quiere decir que no vaya a encontrarse nunca una acusadora pistola humeante: ya corre el rumor en la prensa mexicana de un epicentro de la gripe situado en torno a una gigantesca filial de Smithfield en el estado de Veracruz. Pero lo más importante –sobre todo por la persistente amenaza del virus H5N1— es el bosque, no los árboles: la fracasada estrategia antipandémica de la OMS, el progresivo deterioro de la salud pública mundial, la mordaza aplicada por las grandes transnacionales farmacéuticas a medicamentos vitales y la catástrofe planetaria que es una producción pecuaria industrializada y ecológicamente desquiciada.
(*) Mike Davis es miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO. Traducidos recientemente al castellano: su libro sobre la amenaza de la gripe aviar (El monstruo llama a nuestra puerta, trad. María Julia Bertomeu, Ediciones El Viejo Topo, Barcelona, 2006), su libro sobre las Ciudades muertas (trad. Dina Khorasane, Marta Malo de Molina, Tatiana de la O y Mónica Cifuentes Zaro, Editorial Traficantes de sueños, Madrid, 2007) y su libro Los holocaustos de la era victoriana tardía (trad. Aitana Guia i Conca e Ivano Stocco, Ed. Universitat de València, Valencia, 2007). Sus libros más recientes son: In Praise of Barbarians: Essays against Empire (Haymarket Books, 2008) y Buda's Wagon: A Brief History of the Car Bomb (Verso, 2007; traducción castellana de Jordi Mundó en la editorial El Viejo Topo, Barcelona, 2009).
Traducción para www.sinpermiso.info: Marta Domènech y María Julia Bertomeu

(Fuentes: Prensa Latina, IPS, ANSA-Latina, EFE, El Mundo-Madrid, La informacion.com, Proceso-México y Sin Permiso)

23.4.09

Colombia:Derechos Humanos

EL JEFE PARAMILITAR Y CAPO DEL NARCOTRÁFICO 'DON BERNA' INCRIMINA AL PRESIDENTE ÁLVARO URIBE AL REVELAR ANTE LA JUSTICIA DE LOS EE.UU QUE SU ORGANIZACIÓN FINANCIÓ LA PRIMERA CAMPAÑA DEL ACTUAL MANDATARIO COLOMBIANO

El ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, 'Don Berna', condenado a 31 años y 3 meses años de prisión y a pagar una multa de cuatro millones de dólares por exportar cocaína a Estados Unidos, asegura que los grupos ultraderechistas aportaron dinero para la primera campaña a la presidencia de Álvaro Uribe, en 2002.

"Es muy importante que hoy Murillo Bejarano haya señalado que contribuyó con grandes cantidades de dinero a la campaña del presidente Alvaro Uribe Vélez, creemos que esta es una afirmación muy grave que tiene que merecer un debate político en Colombia, pero también una acción judicial", dice Iván Cepeda, hijo de asesinado y portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). Cepeda, quien se trasladó a Nueva York para estar presente en el juicio, anunció que la acusación del jefe paramilitar fue hecha por la abogada de 'Don Berna' en el marco de la declaración final de la defensa. Murillo Bejarano, fue extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo del año pasado, junto con una decena jefes de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), formalmente disueltas en 2007, tras negociar su desmovilización con el gobierno entre 2003 y 2006. La justicia estadounidense los reclamaba por narcotráfico.

El gerente de las campañas de Uribe lo niega


Como dio a conocer Cepeda, durante la audiencia del proceso a Murillo, celebrado en un tribunal de Nueva York, una de sus abogadas leyó un documento en el que presentó a su defendido como víctima de la violencia comunista, como un patriota que quedó lisiado y sin embargo siguió trabajando por la comunidad. La abogada pidió al juez federal Richard Berman que, antes de imponer la pena, valorara que Murillo y las AUC contribuyeron a la campaña de Uribe y apoyaron sus aspiraciones. Cuando la abogada terminó de leer la declaración, el juez le preguntó a Murillo si tenía alguna objeción a lo leído por su defensa, y él contestó que no y añadió que utilizar su dinero proveniente del narcotráfico fue "la única manera de contrarrestar el avance de las guerrillas comunistas". Sus abogados anunciaron que "Don Berna" está dispuesto a ampliar ante la justicia colombiana su declaración incriminando al presidente, que presentará pruebas, y que esperan que esto pueda hacerse lo más pronto posible.

En Bogotá, el gerente de las campañas de Uribe en 2002 y 2006, Fabio Echeverri Correa, dice que la declaración de Murillo "es falsa". Echeverri, durante 18 años portavoz de la Asociación Nacional de Industriales, sostiene que las campañas se financiaron a través de donaciones de empresas y de personas naturales, cuyos cheques ingresaron a una única cuenta bancaria. Los cheques pasaban por un proceso de entre 15 y 20 días antes de ser consignados, mientras se constataba la procedencia y el origen de los fondos, afirma.

En la oposición, el Partido Liberal, a través de su portavoz, la senadora y precandidata presidencial Cecilia López, expresa preocupación por la declaración de Murillo. "Uno no puede hacer en este momento ningún juicio, pero necesitamos la verdad".

Para Gloria Flórez, directora de la Asociación Minga, "si es cierto, él ("Don Berna") tiene que mostrar las pruebas. Si no es cierto, que se aclare ante la sociedad que la campaña presidencial fue limpia y que no tuvo ninguna injerencia del narcotráfico", dice. Por eso "hay que iniciar un proceso (judicial) que le permita a la sociedad conocer la verdad", estimó la defensora de derechos humanos.

Don Berna, de extremo a extrema


En la negociación de los paramilitares con el gobierno de Uribe, Murillo Bejarano se hacía llamar "Adolfo Paz" y se presentaba como inspector general de las AUC. Pero antes de ser comante paramilitar "Don Berna" fue guerrillero del Ejército Popular de Liberación (EPL).En los años 80 se vinculó al narcotraficante Cartel de Medellín de Pablo Escobar, pero luego se enfrentó a él. "Don Berna" actuó en Medellín y sus alrededores donde, según Verdad Abierta, el principal archivo colombiano en Internet sobre el paramilitarismo, "consiguió votos para candidatos de su preferencia". Sus hombres en la zona, reunidos en el Bloque Cacique Nutibara, fueron los primeros en desmovilizarse, en noviembre de 2003, cuando el gobierno aún dudaba de reconocer a "Don Berna" como paramilitar.

Un año antes, en octubre de 2002, en la Operación Orión, una toma militar de la Comuna 13 de Medellín para expulsar de allí a unidades urbanas de la guerrilla, el ejército habría actuado en forma coordinada con fuerzas de "Don Berna", según diversas denuncias, incluida la presentada ante el juez por el propio jefe paramilitar: “Las fuerzas de autodefensa del Bcn (bloque Cacique Nutibara) llegaron a la Comuna 13 como parte de la alianza con la Cuarta Brigada del Ejército, incluyendo a los generales Mario Montoya, del Ejército, y Leonardo Gallego, de la Policía”, afirma don Berna en su escrito al juez.
Tras la desmovilización, algunos de los integrantes del Bloque Nutibara consiguieron ser elegidos en las Juntas de Acción Comunal, organizaciones ciudadanas de interlocución con el Estado y reconocidas por la ley. Verdad Abierta cita el caso de William López, alias "Memín", quien fue elegido en octubre de 2007 como representante de la Comuna 8 de Medellín, pero "luego fue capturado por constreñimiento de los electores".

Margaret M. Shalley, la abogada que leyó este miércoles en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el alegato de Murillo Bejarano le presentó como un “patriota, un hombre que ha sido víctima de la violencia en Colombia. Es difícil saber aún, hasta donde el confeso narcotraficante, ex Inspector General de las Auc y sanguinario jefe de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, dijo la verdad o hasta donde fabricó esta versión con la pretensión de que el juez Berman atenuara su pena a último momento.

En un escrito enviado el pasado 8 de abril, desde su lugar de reclusión en la Metropolitan Correctional Center de Nueva York, donde está preso desde el 13 de mayo de 2008, cuando fue extraditado Murillo Bejarano dijo que había acordado con la Fiscalía General de la Nación participar con su versión de los hechos en los procesos por parapolítica que involucran a las varios ex congresistas. De acuerdo con lo consignado en esa misiva,
“las autoridades colombianas han solicitado que el señor Murillo Bejarano dé sus declaraciones lo más pronto posible a fin de facilitar la investigación”.

Shalley, coordinadora del equipo de abogados que defiende a Murillo Bejarano , notificó al juez Berman que su cliente iniciará desde Estados Unidos las versiones libres en el proceso de Justicia y Paz el próximo 19 de mayo y continuará durante los días 20 y 21 siguientes.

Se presume que uno de los primeros temas que aborde sea el de Comuna 13 de Medellín, y explique no solo los detalles de su presunta colaboración con oficiales militares y policía durante la Operación Orión, sino que aporte también pruebas acerca de la estrategia de guerra que dejó por lo menos 72 desaparecidos entre octubre de 2002 y diciembre de 2003 en ese sector de la ciudad. Además, se espera que precise los apoyos que recibieron los bloque paramilitares, en especial el Cacique Nutibara, que operó en Medellín y el área metropolitana, por parte de empresarios, comerciantes y políticos, y le responda a por lo menos 13.000 víctimas registradas en las bases de datos estatales y que alegan haber sido afectadas por hombres bajo su mando.

Para Iván Cepeda, portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas del Crímenes de Estado (Movice), lo importante es que la verdad comienza a aparecer como resultado del trabajo que han hecho en Estados Unidos las víctimas y sus abogados. “Lo dijimos desde el momento que fueron extraditados los jefes paramilitares a este país: vamos a seguir buscando la verdad, la justicia y la reparación en todos los escenarios posibles hasta que en Colombia pueda hacerse plena claridad sobre lo que ha significado la historia de sangre y de muerte de las Auc”.

ENTREVISTA CON JAVIER GIRALDO
(Jesuita, sociologo y activista de Derechos Humanos)

"GOBIERNO DE URIBE DIO ESTATUS POLÍTICO AL NARCOTRÁFICO Y AL PARAMILITARISMO"
POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

Su voz de denuncia y sus acciones categóricas en defensa de los derechos humanos y de los sectores marginados de la población le han valido la persecución de los sectores de derecha en Colombia. Sus afirmaciones son contundentes. En esta entrevista con WWW.CRONICÓN.NET, es enfático en señalar que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha sido condescendiente con el narcoparamilitarismo, hasta el punto que le dio "estatus político", habida cuenta que la gran mayoría de los congresistas que hacen parte de su bancada parlamentaria se encuentran en la cárcel o son procesados judicialmente por el fenómeno que se conoce como la "parapolítica".

Las represalias por atreverse a opinar abiertamente no se han hecho esperar. Los sectores militaristas y el propio gobierno de Uribe han desplegado una serie de acciones políticas y de persecución judicial en contra del sacerdote jesuita y sociólogo Javier Giraldo Moreno. En la actualidad cursan en su contra tres procesos judiciales que buscan, por una parte, vincularlo con grupos armados al margen de la ley, y por otra, silenciar sus denuncias acusándolo de cometer injuria, calumnia y falsa denuncia, y de esta manera, estigmatizarlo ante la opinión pública nacional e internacional.

En uno de los procesos judiciales se ha ordenado vincular a este sacerdote a la investigación penal mediante indagatoria por parte de la Fiscalía 216 seccional. Giraldo Moreno es vicepresidente de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, una organización con estatuto consultivo ante Naciones Unidas; además, es coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
Con una trayectoria como activista de derechos humanos de más de 30 años, acompaña varias comunidades víctimas del terrorismo de Estado y es reconocido a nivel nacional e internacional por sus denuncias, reflexiones e inquietudes.

INQUIETANTE DENUNCIA



Es inquietante y a la vez sorprendente que el proceso penal que se ha iniciado en su contra se sustente en una denuncia presentada por el teniente coronel del Ejército Néstor Iván Duque, oficial que ejercía el mando operacional de las tropas que ejecutaron el 21 de febrero de 2005, la masacre en contra de ocho personas de la Comunidad de Paz de en la población San José de Apartado, en el departamento de Antioquia.

Duque en múltiples oportunidades ha sido señalado por el padre Giraldo como uno de los responsables de ese atroz delito. Por eso es que las organizaciones de derechos humanos han señalado que es más que preocupante que la Fiscalía otorgue credibilidad al citado oficial, quien solicito permiso de los paramilitares, según relato de Hebert Veloza, alias "H.H.", uno de los líderes de las autodefensas, para asesinar a uno de los testigos de la masacre.

La denuncia del teniente coronel se presentó coincidentemente, 40 días después de ejecutado este crimen en contra de la comunidad.

MASACRE PLANIFICADA

El padre Giraldo en diálogo con este Observatorio Latinoamericano, señala en forma enfática que esta fue una masacre del Ejército perpetrada conjuntamente con paramilitares que estaban comandados por alias don Berna. Además, agrega, "fue planificada y obedecía a la Operación Táctica Feroz, dentro de un operativo más amplio que se denominaba Fénix, comandado por el coronel Néstor Iván Duque, acusado por torturas contra miembros de la comunidad".

"Dentro de esa masacre se descuartizó a un niño de 18 meses, y a sus dos hermanitos: de de cinco y diez años de edad", denuncia Giraldo, pero lo más grave es que "la línea de investigación estaba trazada por el Ejército" para tapar los móviles de tamaño delito y acusar de su autoría a la guerrilla de las Farc.

"Gracias a la Procuraduría y la presión internacional se logró esclarecer el caso. Esa presión llevó a la Fiscalía a actuar como debía actuar porque durante dos años no quiso hacerlo", afirma el sacerdote jesuita.

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PARAMILITARISMO

- ¿El paramilitarismo se ha acabado en Colombia como afirma el gobierno del presidente Álvaro Uribe?

- De ninguna manera. El paramilitarismo hay que analizarlo a lo largo de toda su trayectoria que tiene diversas fases y etapas, para resumir considero que la etapa en que nos encontramos ahora es la de su legalización e institucionalización porque todas las desmovilizaciones que ha habido de paramilitares son ficticias. Los paramilitares han regresado a su accionar, no han sido tocados por la justicia. La Ley de Justicia y Paz aún no da frutos y se ha quedado muy corta frente a las confesiones que muchos de ellos han hecho, pero lo peor es que la gente que fue indultada por la Ley 782, alrededor de 20 mil que nunca utilizaron su propio nombre porque ese era una de las condiciones, acudieron a nombres ficticios, por lo tanto nunca van a ser investigados por la justicia.

- Usted ha manifestado que en el gobierno de Uribe se le ha dado estatus político al narcotráfico. ¿En qué sustenta esta afirmación?

- Es muy conocido el hecho de que la inmensa mayoría de los líderes paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz están ligados con el narcotráfico. El mismo Carlos Castaño dice que esa fue su principal contradicción con el resto de los jefes paramilitares y por eso seguramente lo mataron. Es que la mayoría de los comandantes eran capos del narcotráfico y muchos de ellos compraron las comandancias por miles de millones de dólares para poder aprovechar los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Además, una de las fuentes de su financiación más importantes fue el narcotráfico y todos sabemos que Castaño y varios de sus compañeros lucharon mucho porque se le diera estatus político al paramilitarismo y Uribe se lo concedió, por eso yo afirmo eso.

- También ha señalado usted que Colombia vive un "proceso de neofascismo" ¿A qué atribuye ese fenómeno?

- El modelo que estamos viviendo actualmente en el de un excesivo gasto militar que ha permitido que el pie de fuerza se haya multiplicado como lo demuestran algunos estudios como el del rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, José Fernando Isaza. Más del 80% de los puestos públicos es para fuerza armada y si a eso le sumamos la fuerza del paramilitarismo y una fuerza que ha creado el gobierno del presidente Uribe que es un paramilitarismo 'más decente', por llamarlo de alguna manera, como las redes de informantes y de cooperantes, y el nuevo estatuto para las compañías de seguridad privada que agrupan centenares de miles de personas, podemos decir que todo este componente hoy día controla a la población civil en Colombia. Al mismo tiempo no se permite el accionar de los movimientos sociales sino que sutilmente se los está deslegitimando, estigmatizando y exterminando ya sea por la vía del asesinato o por otras vías. Yo he seguido muy de cerca la historia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó a la que le han asesinado cerca de 200 líderes y ahora el Estado quiere destruirla por otras vías: por la vía jurídica o la económica, sobornando a cantidad de campesinos con el propósito de que se salgan de la Comunidad para lo cual el Gobierno les da millones de pesos para que reactiven sus fincas; en fin, son muchas las maneras que tiene para el control de la población civil.

- ¿Y a qué atribuye el alto nivel de popularidad de Álvaro Uribe?

- El Presidente ha sabido manejar bien al hombre-masa, las masas y la sicología de las masas. Pero, además, ha tenido una buena relación con poderes mundiales, como por ejemplo haber logrado una importante interlocución con el anterior gobierno norteamericano; y uno de los factores más importante de su popularidad es el manejo que ha tenido de los medios masivos de comunicación. Realmente el problema tanto de la información como de la comunicación se ha vuelto neurálgico para una democracia y en el caso colombiano existe una democratización mínima de los medios, los cuales son muy controlados.

- ¿Usted se siente estigmatizado por la labor de defensa de los derechos humanos que realiza en Colombia?

- He sido tan estigmatizado que en más de una oportunidad me he visto obligado a salir del país.
www.cronicon.net, marzo de 2009.

(Fuentes: ANSA-Latina, IPS,Semana,Agencia IPC-Medellín y Cronicon.net)

21.4.09

Colombia:Uribe

UN ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN QUE IMPLICA A SUS HIJOS GOLPEA DE LLENO AL PROYECTO DE REELECCIÓN DEL PRESIDENTE COLOMBIANO, CUANDO ADEMÁS SU GOBIERNO SE VE OBLIGADO A PEDIR UN CRÉDITO URGENTE PARA EVITAR EL COLAPSO


Al periodista colombiano Daniel Coronell, cuyas investigaciones han destapado varios asuntos 'obscuros' del presidente Álvaro Uribe -sus relaciones con el narcotráfico y el paramilitarismno principalmente-, publicar los resultados de sus pesquisas le ha costado ya varios disgustos, incluído un exilio temporal y constantes amenazas de muerte de paramilitares y otros matones, tras ser señalado públicamente por el jefe del estado. Ahora revela la presunta implicación de los dos hijos de Uribe en un caso de corrupción. El escándalo salpica directamente al mandatario colombiano, cuando intenta, de nuevo, cambiar las leyes para optar a otra reelección.

Los hijos de Alvaro Uribe se enriquecieron por decisiones de funcionarios que les permitieron obtener una rentabilidad del 10.000 % en la negociación de unos terrenos, según la denuncia presentada primero en el teleinformativo Noticias Uno y, de forma más amplia en el semanario colombiano Semana. La operación habría comenzado en 2006 cuando los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe compraron dos parcelas en la periferia oeste de Bogotá, cuyo valor se multiplicó gracias a que la autoridad fiscal y aduanera (DIAN) los declaró "zona franca".
El visto bueno para la creación de la zona franca fue entregado por cinco altos funcionarios (entre ellos dos ministros de Estado), dependendientes directamente del presidente Uribe.

El terreno de 32 hectáreas, situado en el municipio de Mosquera fue adquirido por 8.600 millones de pesos (3,7 millones de dólares) por una fiducia que conformaron una empresa de la que los hijos del mandatario son accionistas mayoritarios, y un banco privado. Un día antes de la decisión de la DIAN, la compañía de los hermanos Uribe fue escindida en dos, transfiriéndose a una de las nuevas empresas los derechos fiduciarios de las tierras. Esos derechos estaban valorados en 33,9 millones de pesos (unos 14.500 dólares), pero cuando fueron cedidos pasaron a costar casi 3.093 millones de pesos (1,3 millones de dólares), según el informe periodístico.

"Los hijos del Presidente se enriquecieron por decisiones de subalternos de su padre", según el periodista Daniel Coronell, director de Noticias Uno, al explicar las denuncias relacionadas con la creación de una zona franca: "En unas horas el valor de esa inversión se multiplicó por 100. Una utilidad cercana al 10.000 por ciento".
Los hermanos Uribe niegan haber pedido la aprobación de la "zona franca" y descalifican la denuncia. "Es una investigación cargada de imprecisiones, de información mal intencionada y tendenciosa", dice Tomás Uribe.

Esta es la segunda vez que los hijos del presidente colombiano se ven implicados polémicas de este tipo. El primer escándalo surgió por las declaraciones del dueño de la captadora de dinero DMG, David Murcia, que los señaló como beneficiarios de los negocios de la empresa a la que el Gobierno intervino y declaró como ilegal. En ese momento, el presidente Uribe salió en defensa inmediata de sus vástagos. A finales de noviembre, en medio de una de las controversias, el presidente Uribe anunció que revelaría las declaraciones de renta de su familia, pero la senadora opositora Cecilia López, que pidió los documentos, dice el lunes que aún no los ha recibido.

Y Daniel Coronell insite en que las denuncias son reales y precisas. Se refiere a las afirmaciones del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, quien dijo que en las denuncias hay "imprecisiones y medias verdades". Coronell responde que el ministro "es el que debe dar las explicaciones, porque como miembro de la Comisión de interceptación de zonas francas dio concepto favorable para la creación de una zona franca tengo cómo probar es que se enriquecieron por cuenta de subalternos de su padre", anotó.

Considera que "es un tema que debe ser analizado a la luz de lo jurídico, de lo ético y de las consecuencias políticas. Estamos ante una realidad: Una empresa constituida con 10 millones de pesos en el año 2003, hoy hace negocios por sumas multimillonarias, tiene 4.200 millones en varias empresas como superávit de capital y, además, está inmersa en otro negocio, con otro lote, en Tocancipá, Cundinamarca, el cual es propiedad de una empresa de la que los hijos del Presidente son socios", subraya. en un terreno que había comprado dos años antes una empresa de los hijos del Presidente a través de una difucia mercantil".

Y añade que: "No he dicho ni diré que los hijos del Presidente, don Tomás y don Jerónimo Uribe, hicieron alguna diligencia por ellos mismos para obtener la aprobación. Lo que si digo, sostengo y


Los hijos se defienden...atacando


Los hijos de Uribe alegan que la información se presentó de “forma tendenciosa”. "Esta columna proviene de un señor (Daniel Coronell) que ha sido contradictor político de mi papá durante 10 años, que ha tildado a mi familia de narcotraficante, de paramilitar y de corrupta... Esto no es para causarle un daño a Tomás y a Jerónimo Uribe sino para causarle daño al presidente de la República'', aseguró el hijo mayor del mandatario. Además, dijo que estaba dispuesto a rendir las respectivas explicaciones ante cualquier instancia judicial o política.

El hijo del mandatario indicó que todos los negocios que tienen los han "hecho de conforme a la ley, de manera ética" y que el presidente tenía conocimiento de los negocios que estaban haciendo con el terreno de Mosquera. "Mi papá sabía de esto y a mi papá le preocupó mucho que nos involucráramos mucho en un trámite de estos y le dijimos que no nos podía negar nuestros derechos como ciudadanos en nuestros negocios y él entendió nuestros argumentos", precisó.

Los hermanos Uribe tendrán que acudir al Congreso a dar explicaciones. El senador del opositor Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo ha sido el promotor del debate en el Congreso un debate, en el que debe analizarse el caso. Robledo propone que además sean llamados a declarar varios miembros del gobierno, entre ellos los ministros de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga y de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata.
"El lote se sigue valorizando en metros y por meses al diez mil por ciento (...) ¿Sabía Uribe que sus hijos estaban en ese negocio de la zona de Mosquera? Que los ministros nos digan si eran los únicos que sabían de ese negocio o cómo fue que se tramitaron todos los documentos de manera tan diligente", dice Robledo,

Divergencias políticas sobre reelección de Uribe


Las divergencias políticas en el Partido Conservador, que apoya a Uribe avivan hoy la polémica en torno a una segunda reelección consecutiva del presidente colombiano, Álvaro Uribe, en la medida en que el debate para su aprobación avanza en el Congreso. Las críticas del ex presidente conservador Andrés Pastrana (1998-2002) a una supuesta pasividad del partido frente a la inconstitucionalidad de un tercer mandato de Uribe, generan reacciones encontradas no solo en su agrupación, sino en el diapasón político colombiano.

En opinión de Pastrana, en una reciente carta enviada al jefe del Partido Conservador, Efraín Cepeda, Uribe quiere hacerse elegir por tercera vez en contraviniendo la carta magna.
Una segunda reelección conllevaría un nuevo cambio en la Constitución, que ahora establece dos mandatos presidenciales para una misma persona.

El Partido Conservador debate si apoya el referendo para hacer posible esta segunda reelección de Uribe o si busca un candidato propio a la Presidencia para las elecciones de 2010.

La polémica se desarrolla, con el presiudente Uribe jugando a Don Tancredo ya que o hasta ahora no se ha pronunciado claramente sobre si está dispuesto a buscar o no un nuevo mandato

Pero el caso es que el pasado 15 de abril la Comisión Primera del Senado aprobó un proyecto de ley que convoca el referendo de la reelección . El proyecto aprobado en la Comisión con los votos de los partidos uribistas, incluído el Conservador, incluye el cambio del texto original, respaldado por más de cuatro millones de firmas, el que explicita que no puede haber reelección para un tercer mandato constitucional de cuatro años. Ahora el proyecto debe pasar para ser considerado por el plenario del Senado. La previsión es que el debate sobre el proyecto se produzca entre el 29 de abril y el 6 de mayo. Después de convertirse en ley, el referendo pasaría por una revisión de la Corte Constitucional a mediados de mayo.

En declaraciones al diario El Espectador, el jurista Alfredo Beltrán, magistrado de la Corte Constitucional, dijo que la discusión sobre el referendo está viciada. Según el magistrado, no fueron completados los requisitos legales para dar trámite al referendo, debido al límite excedido del financiación de la campaña del referendo. En 2006, el jurista votó en contra del cambio constitucional que permitió la reelección de
Uribe.

Beltrán reiteró que votará nuevamente en contra por considerar que esta reforma desarticula y destruye el aparato constitucional creado en 1991. Con la extensión de los años en ejercicio de la presidencia, según el magistrado, el presidente puede intervenir en la conformación del Consejo Superior del Poder Judicial completo, en la modificación de los miembros de la Junta del Banco de la República, quedando todos vinculados al Presidente en ejercicio.

Colombia en trance del colapso económico


A fin de evitar el colapso de la economía, el gobierno colombiano no halló otra solución que solicitar al Fondo Monetario Internacional (FMI) un crédito flexible por 10.400 millones de dólares.
De acuerdo con el gobierno, los recursos serían destinados a cubrir parte del déficit fiscal, además de la necesidad manifiesta de inversiones para paliar los efectos de la crisis financiera global.
Se trata de "una línea flexible" creada por el FMI para respaldar lo que considera "economías buenas" ante los impactos financieros de factores externos, según explicó José Dario Uribe, gerente del Banco de la República.

Este crédito costará a Colombia 27 millones de dólares, por concepto de costo de compromiso, lo cual significa que si en un año el préstamo no es utilizado el FMI cobrará esa cifra.

En caso que decida utilizar el empréstito el Fondo reembolsará esa suma, pero el país deberá correr con el costo del mismo, equivalente a una tasa anual de entre el 2,3 y 2,9 por ciento, más el 0,46 del monto de lo que se denomina tasa de depósito especial de giro.
La ocasión más reciente en que Colombia acudió al FMI para un crédito de este tipo -por tres mil 500 millones de dólares- fue durante la crisis de 1999 cuando la economía entró en recesión y cayó 4,5 por ciento.

La industria manufacturera colombiana experimentó en febrero último una caída de 12,8 por ciento con respecto a similar lapso del pasado año. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la caída -peor a la prevista - se explica por una menor producción en la industria automotriz, siderúrgica, refinerías de petróleo, confecciones, molinos y fabricantes de alimentos.

El DANE también informó de que el empleo en la industria descendió en el mes referido 6,7 por ciento, sin tener en cuenta el sector cafetero, lo cual aviva los temores de economistas y empresarios. Dependiendo del tipo de contrato, el personal vinculado en forma indefinida disminuyó 1,5 por ciento, en tanto los contratos a término fijo se contrajeron un 12,6 por ciento.

Que el presidente Uribe explique si "desconocía" los fabulosos negocios de su familia

Daniel Coronell,
Revista Semana,
Bogotá, abril 18 de 2009


Los hijos del Presidente se han enriquecido por decisiones tomadas por funcionarios, algunos de los cuales son subalternos directos de su padre. El asunto desborda el ámbito de las actividades privadas de los señores Tomás y Jerónimo Uribe y hace necesario que expliquen, por ejemplo, cuánto entrará a sus bolsillos por cuenta de la creación de la nueva Zona Franca de Occidente.
El 18 de diciembre del año pasado, el director de la Dian expidió una resolución declarando "Zona Franca Permanente" un terreno de 32 hectáreas en predios de dos fincas de Mosquera (Ver documento). Dos años antes -en diciembre de 2006- esas propiedades habían sido adquiridas por una fiducia constituida por Residuos Ecoeficiencia, sociedad controlada por los hermanos Uribe, dueños de más del 60 por ciento de la compañía.

La junta de Residuos Ecoeficiencia -entre cuyos miembros, además de los hermanos Uribe, figuran como suplentes el padre y el hermano de la Primera Dama- autorizó al representante legal, Tomás Uribe Moreno (Ver documento), para suscribir un contrato con Fiduciaria Colpatria "para la compra de los terrenos El Paraíso y San Laureano en Mosquera (Cundinamarca)".


En virtud de ese contrato nació el "Patrimonio Autónomo FC-Lotes Mosquera", que compró las dos propiedades por un valor que sobrepasa los 8.600 millones de pesos.


Allí funciona la planta de Residuos Ecoeficiencia, pero a los terrenos restantes no se les veía mayor utilización. Dos determinaciones tomadas meses después por el municipio de Mosquera, cuyo alcalde era el constructor Álvaro Rozo Castellanos, abrieron la perspectiva del negocio.

En Agosto de 2007, el alcalde emitió un decreto que -según documentos de la DIAN- expandió una zona industrial e incluyó los lotes en cuestión. Lo que antes se vendía por hectáreas se empezó a cotizar por metros cuadrados.

En octubre de 2007, otra vez la alcaldía de Álvaro Rozo, a través de la Secretaría de Planeación, autorizó la subdivisión de los lotes pedida por Tomás Uribe. La resolución tuvo que ser corregida porque arrancaba afirmando "los señores Residuos Ecoeficiencia en su condición de propietarios", cuando legalmente el dueño era el Patrimonio Autónomo FC-Lotes Mosquera.

Más allá de ese detalle, un tiempo después empezaron los cambios en la propiedad de esas tierras.

En marzo de 2008, el Patrimonio Autónomo le vendió a Inversiones ALC uno de los lotes producto de la subdivisión, por 702 millones de pesos, un precio de ganga si se tiene en cuenta la extensión y la ubicación del terreno.

Nada tendría esto de particular si no fuera porque los accionistas de ALC son tres hijos, dos hermanos y otro familiar del ahora ex alcalde de Mosquera Álvaro Rozo Castellanos, cuyas decisiones ayudaron tanto al proyecto.


En los documentos comerciales consta que el ex alcalde de Mosquera fue socio fundador de la compañía ALC.
En el terreno de la familia del ex alcalde Rozo, desde ya se anuncia la construcción del Parque Industrial Santo Domingo. Su mayor atractivo, según la página web de Inversiones ALC, consiste en que "quedará ubicado al frente de la futura Zona Franca de Occidente".

Residuos Ecoeficiencia, la compañía controlada por Tomás y Jerónimo, autorizó cambios en el contrato fiduciario FC-Lotes Mosquera. Gracias a esos cambios, los terrenos fueron entregados en comodato a una nueva sociedad llamada Zona Franca de Occidente (ZFO).


Con los papeles en regla, ZFO solicitó a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas su concepto para la aprobación del proyecto. Esa comisión está integrada por altos subalternos del Presidente. Son ellos el Ministro de Comercio, el Ministro de Hacienda, la Directora del Departamento Nacional de Planeación, el director de la Dian y el Ministro Consejero de la Presidencia de la República.

Según informe de la secretaría técnica, en sesión del 28 de julio de 2008: "La Comisión decidió aprobar por consenso el Plan Maestro de Desarrollo General y emitir concepto FAVORABLE para la declaratoria de existencia de la Zona Franca Permanente".

El expediente pasó a la DIAN, que tenía que autorizar, en últimas, la declaración del área como zona franca.

Todo esto sucedía en diciembre del año pasado. Mientras la Dian revisaba los requisitos, la junta de Residuos Ecoeficiencia se reunía para tomar importantes decisiones. Una de ellas fue la de escindir la sociedad para crear dos compañías nuevas.

Residuos Ecoeficiencia dio a luz a las empresas Ecoindustry S. A. y Yogur S. A. Los socios eran los mismos: Tomás Uribe, Jerónimo Uribe, Salvarte y Udo Johann Scheuten, un empresario de Medellín, de 30 años de edad. El único accionista que no fue convidado para hacer parte de las nuevas compañías fue una sociedad llamada Achlys Investment Corporation, conformada en Panamá con 10.000 dólares de capital, cuyos socios no aparecen en el registro mercantil panameño y cuyo representante se mantiene oculto en las actas.


En la escisión, Tomás y Jerónimo Uribe, junto con su socio Udo Scheuten, decidieron transferir algunos activos de Residuos Ecoeficiencia a Yogur S. A. Entre esos activos estaban los derechos fiduciarios de FC-Lotes Mosquera. Esos derechos en los libros de Ecoeficiencia estaban valorados en 33.926.553 pesos, pero cuando entraron a Yogur S. A. pasaron a costar 3.092.998.621 pesos. Es decir, de acuerdo con la contabilidad, en unas horas el valor de esa inversión se multiplicó por 100. Una utilidad cercana al 10.000 por ciento.

La compañía Yogur se constituyó el 17 de diciembre de 2008; un día después, la Dian emitió la resolución que convirtió los lotes del fideicomiso de la sociedad de los Uribe en la Zona Franca de Occidente.

El doctor Juan Pablo Rivera Cabal, gerente de la Zona Franca de Occidente, me dijo en una entrevista desde Estados Unidos que el negocio se había hecho a través de una fiducia y que "los dueños de la tierra son los hijos del Presidente; unos señores Duque de Medellín, muy prestantes; Francisco Díaz, de Corona, y dos hermanos de apellido Angarita, Guillermo y Alejandro".

Con excepción de Tomás y Jerónimo Uribe, todos los demás -a través de diversas empresas- poseen una tercera compañía llamada Tierras Mosquera S. A., que a su vez es dueña de la mitad de la Zona Franca de Occidente. En la telaraña societaria aparece otra compañía panameña -de las de 10.000 dólares y socios desconocidos- llamada Artlist Investment Corporation.

El doctor Rivera Cabal, quien tiene la esperanza de vender la totalidad de la zona en el curso de este año, señaló que, aun antes de iniciarse el proyecto, sabía que la empresa de Tomás y Jerónimo Uribe controlaba los predios clave: "Sí señor. Desde el comienzo lo supimos y dijimos que nos interesaría trabajar si se manejaba desde el punto de vista empresarial privado".

El presidente Uribe conoce al gerente de ZFO y fue orador en el aniversario de la Zona Franca de Bogotá, dirigida también por el doctor Rivera. Allí dijo: "Apreciados usuarios de esta Zona Franca: todo lo que ustedes inviertan en este año y en los años venideros tendrá una deducción del 40 por ciento. Eso equivale a que de cada 100 pesos que ustedes inviertan, el Estado les contribuye con 12,8"

El gerente de la nueva zona franca explicó cómo les pagará a los dueños de los terrenos. "Recibirán un porcentaje por la venta de cada lote. Tendrán ingresos por la tierra, pero no por los edificios que se construyan". También dijo que hay un "precio piso", cuyos montos y porcentajes no puede informar porque hacen parte de la confidencialidad del negocio.

Un negocio que no termina para la empresa de los Uribe, porque su fideicomiso se reservó varios terrenos vecinos de la Zona Franca.

Sin embargo, Tomás Uribe sostiene una cosa diferente. En conversación telefónica me aseguró que "el beneficio es muy relativo porque hace dos años habríamos podido vender los lotes a mejor precio". También afirmó que ellos nunca pidieron la aprobación de la Zona Franca. Pero resulta inocultable que se beneficiaron de la decisión, al punto de que recibirán un porcentaje por cada lote que allí se venda.
Residuos Ecoeficiencia fue constituida con 10 millones de pesos en el año 2003, cuando los hermanos Uribe aún eran estudiantes universitarios. Ahora el capital pagado de sus empresas sobrepasa los 1.000 millones de pesos, dos de ellas tienen superávit de capital que suman 4.200 millones, y son dueños del 12 por ciento de Promotora Gransabana, una empresa que -cómo no, a través de otro fideicomiso- compró otro lote, éste ubicado en Tocancipá y avaluado preliminarmente en 22.000 millones de pesos.

(Fuentes: DPA, AFP, El País-Cali, Confirmado.net/El Tiempo-Bogotá, Prensa Latina, Adital y Semana)

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