Una acción de la Policía Militar de Río de Janeiro el pasado 10 de enero en la favela Jacarezinho terminó con siete personas muertas y varias acusaciones de tortura y otras violaciones. Aún no ha sido esclarecido el objetivo de la operación, aunque algunos medios sugieren que la policía cumplía ordenes judiciales en busca de vehículos robados y para combatir el narcotráfico.
La Red de Comunidades y Movimientos contra la Violencia informó que la operación fue muy violenta y destacó la muerte de Wesley Damião da Silva, quien tenía apenas tres años. La Red denuncia también que la policia obligó a un joven a beber cloro antes de ser ejecutado y que se produjeron irrupciones violentas de los agentes en muchos domicilios, sin mandato judicial alguno y con agresiones contra los moradores.
Los departamentos de la Policía de Rio de Janeiro responsables por este nuevo caso de violación de derechos humanos son el llamado "Bope" y dos batallones regulares.
La Red de Comunidades y Movimientos contra la Violencia informó que la operación fue muy violenta y destacó la muerte de Wesley Damião da Silva, quien tenía apenas tres años. La Red denuncia también que la policia obligó a un joven a beber cloro antes de ser ejecutado y que se produjeron irrupciones violentas de los agentes en muchos domicilios, sin mandato judicial alguno y con agresiones contra los moradores.
Los departamentos de la Policía de Rio de Janeiro responsables por este nuevo caso de violación de derechos humanos son el llamado "Bope" y dos batallones regulares.
Aumentan las matanzas policiales durante el gobierno de Cabral
El primer año del gobierno de Sergio Cabral (PMDB) al frente al estado de Río de Janeiro, registra el mayor número de muertos por la policía federal desde 1998. Fueron contabilizadas aproximadamente mil trescientas muertes en supuestos enfrentamientos con la policía , los llamados "actos de resistencia". Sin embargo, este dato podría ser au mayor ya que las jefaturas policiales no informatizadas, que representan cerca de 30% del total, aún no han contabilizado los últimos cuatro meses de 2007.
El primer año del gobierno de Sergio Cabral (PMDB) al frente al estado de Río de Janeiro, registra el mayor número de muertos por la policía federal desde 1998. Fueron contabilizadas aproximadamente mil trescientas muertes en supuestos enfrentamientos con la policía , los llamados "actos de resistencia". Sin embargo, este dato podría ser au mayor ya que las jefaturas policiales no informatizadas, que representan cerca de 30% del total, aún no han contabilizado los últimos cuatro meses de 2007. El número parcial de este año ya supera el antiguo récord – casi 1,2 mil muertos – registrado en 2003, primer año de gobierno de Rosinha Matheus (PMDB). Si se compara con las cifras de 2006 de todas las jefaturas de Río, los datos parciales de 2007 son un 18% mayores.
Estos datos fueron divulgados el último martes, día 08, por el Instituto de Seguridad Pública del estado. Y reflejan, junto a un aumento de las bajas causadas por la policía, una caída del 26% en la captura de armas y drogas.
En el año de 2007 el gobierno de Cabral puso en marcha la llamada “policía de enfrentamiento”, conocida por sus grandes y violentas operaciones, como l
as ocupaciones de la favela de Coréia y del Complejo del Alemán. El día 27 de junio de 2007, la policía mató a 19 personas en el Complejo en una supuesta operación contra narcotraficantes. Un laudo realizado por la Secretaría Especial de los Derechos Humanos concluyó que “fueron encontradas evidencias de muerte por ejecución sumaria y arbitraria” en al menos dos de esas 19 muertes.
as ocupaciones de la favela de Coréia y del Complejo del Alemán. El día 27 de junio de 2007, la policía mató a 19 personas en el Complejo en una supuesta operación contra narcotraficantes. Un laudo realizado por la Secretaría Especial de los Derechos Humanos concluyó que “fueron encontradas evidencias de muerte por ejecución sumaria y arbitraria” en al menos dos de esas 19 muertes. La reacción del gobernador Sergio Cabral, quien asumió el año pasado, ha sido decir que los medios están más preocupados por los criminales que por sus víctimas.
"¿Cuantas personas murieron a manos de criminales el año pasado?", le preguntó al sitio de internet del diario O Globo, de Río de Janeiro. "Consideremos los derechos de las víctimas, que están sufriendo".
Por su parte el jefe de la policía de Río de Janeiro, Gilberto Ribeiro, le dijo a la radiodifusora CBN que las muertes eran reflejo de las nuevas acciones de la policía en contra de los narcotraficantes que controlan los más de 600 barrios marginales de la ciudad. "El 2007 fue el año en que la policía empezó a recuperar las comunidades históricamente ocupadas por los traficantes", dijo Ribeiro. "Estas cifras reflejan el mayor número de operaciones. No es que la policía sea más violenta, pero no podemos perder ante los narcotraficantes".
También aumenta la violencia contra los indígenas
"¿Cuantas personas murieron a manos de criminales el año pasado?", le preguntó al sitio de internet del diario O Globo, de Río de Janeiro. "Consideremos los derechos de las víctimas, que están sufriendo".
Por su parte el jefe de la policía de Río de Janeiro, Gilberto Ribeiro, le dijo a la radiodifusora CBN que las muertes eran reflejo de las nuevas acciones de la policía en contra de los narcotraficantes que controlan los más de 600 barrios marginales de la ciudad. "El 2007 fue el año en que la policía empezó a recuperar las comunidades históricamente ocupadas por los traficantes", dijo Ribeiro. "Estas cifras reflejan el mayor número de operaciones. No es que la policía sea más violenta, pero no podemos perder ante los narcotraficantes".
También aumenta la violencia contra los indígenas
Según el informe elaborado por el Consejo Indigenista Misionero (Cimi) sobre Violencia contra Pueblos Indígenas en Brasil en 2006 y 2007, que será divulgado en abril, la violencia contra esos pueblos aumentó casi un 40%. En ese periodo fueron asesinados 124 indígenas, 76 en 2007 y 48 en 2006 . El número de asesinatos en 2007 fue el mayor que haya registrado el Cimi. Solamente en Mato Grosso do Sul fueron 48 los asesinatos. El número de asesinatos en el estado creció casi un 150% si se compara con los dados registrados en 2006, cuando tuvieron lugar allí 20 asesinatos. El estado con el segundo mayor número de registros es Pernambuco, con 8 asesinatos.
El vicepresidente del Cimi, Roberto Liebgott, evalúa que el endurecimiento de la violencia contra los indígenas y el aumento de los asesinatos se dio, fundamentalmente, por dos razones: negligencia del Gobierno Federal frente a la realidad indígena, que no se estructura para demarcar, proteger las tierras de esos pueblos, ni para retirar a los invasores.
Además, según el vicepresidente del Cimi, en el estado de Mato Grosso do Sul -en el cual ocurrieron más de la mitad de las muertes- existe una realidad de gran densidad poblacional en dos reservas: Dourado y Guaraní Kaiowá.
En la primera, más de 12 mil indígenas comparten un área de cerca de tres mil hectáreas. El poco espacio, provoca una situación de confinamiento que potencializa los conflictos internos. De los 48 asesinatos en el estado, 14 ocurrieron en Dourado. Para Liebgott, el gobierno tiene que demarcar nuevas áreas, que ya son tradicionalmente del pueblo de Dourado, para disminuir la densidad poblacional.
El vicepresidente del Cimi, Roberto Liebgott, evalúa que el endurecimiento de la violencia contra los indígenas y el aumento de los asesinatos se dio, fundamentalmente, por dos razones: negligencia del Gobierno Federal frente a la realidad indígena, que no se estructura para demarcar, proteger las tierras de esos pueblos, ni para retirar a los invasores.
Además, según el vicepresidente del Cimi, en el estado de Mato Grosso do Sul -en el cual ocurrieron más de la mitad de las muertes- existe una realidad de gran densidad poblacional en dos reservas: Dourado y Guaraní Kaiowá.
En la primera, más de 12 mil indígenas comparten un área de cerca de tres mil hectáreas. El poco espacio, provoca una situación de confinamiento que potencializa los conflictos internos. De los 48 asesinatos en el estado, 14 ocurrieron en Dourado. Para Liebgott, el gobierno tiene que demarcar nuevas áreas, que ya son tradicionalmente del pueblo de Dourado, para disminuir la densidad poblacional.
En relación con el pueblo Guaraní Kaiowá, el vicepresidente del Cimi reclama que la Fundación Nacional del Indio (Funai) demarque las 32 áreas, de acuerdo con lo que se comprometió a realizar a través de un 'Término de Ajuste de Conducta'. Sin embargo, los grupos de trabajo responsables para realizar el estudio de las demarcaciones, que deberían haber sido formados antes de diciembre de 2007, todavía no existen.
De acuerdo con el Cimi, se mantienen los asesinatos en situaciones de conflicto con grandes hacendados.
De acuerdo con el Cimi, se mantienen los asesinatos en situaciones de conflicto con grandes hacendados.
En 2007, dos líderes de un mismo grupo Guaraní fueron asesinados por luchar para reocupar sus tierras (Kurussu Ambá). En enero, la rezadora-adivinadora Xurete Lopes, de 70 años, fue asesinada por guardias de seguridad particular durante una reocupación de tierra. En julio Ortiz Lopes, del mismo grupo, fue asesinado en la puerta de su carpa, según testigos, por un grupo al mando de un hacendado.
Según Liebgott, el Cimi está preocupado también por los grandes impactos que el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que está siendo implementado por el Gobierno Federal, va a tener sobre las tierras indígenas. La construcción de las hidroeléctricas del Río Madeira (Rondonia) y de Belo Monte (Pará) y los financiamientos al agronegocio y a la agroindustria para la siembra de soja y eucalipto van a afectar territorios de pueblos indígenas.
Según Liebgott, el Cimi está preocupado también por los grandes impactos que el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que está siendo implementado por el Gobierno Federal, va a tener sobre las tierras indígenas. La construcción de las hidroeléctricas del Río Madeira (Rondonia) y de Belo Monte (Pará) y los financiamientos al agronegocio y a la agroindustria para la siembra de soja y eucalipto van a afectar territorios de pueblos indígenas.
Además, en la región Amazónica existen más de 40 pueblos indígenas que todavía viven aislados, sin ningún contacto con la sociedad brasilera, y van a ser desterrados a las fronteras por esos proyectos; sin embargo, el gobierno no demuestra ninguna preocupación por ellos.
El informe que el Cimi difundirá en abril traerá números sobre amenazas, intentos de asesinato, muertes por falta de asistencia (suicidio, falta de atención médica...), invasiones de tierras indígenas, entre otros. El informe también analizará el crecimiento de la violencia contra los pueblos indígenas. El estudio está basado en informaciones reseñadas en las comunidades indígenas y en el seguimiento de periódicos de todo el país.
El informe que el Cimi difundirá en abril traerá números sobre amenazas, intentos de asesinato, muertes por falta de asistencia (suicidio, falta de atención médica...), invasiones de tierras indígenas, entre otros. El informe también analizará el crecimiento de la violencia contra los pueblos indígenas. El estudio está basado en informaciones reseñadas en las comunidades indígenas y en el seguimiento de periódicos de todo el país.
(Fuentes: Agencia PÚLSAR, AP, Radioagência Notícias do Planalto y Adital)
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