La laguna y las montañas de tres barrios de Cazucá, junto a Soacha, una ciudad-dormitorio del Sur de Bogotá, son los lugares donde la desarticulada banda de 'Tomasito', un capo paramilitar, escondía los cuerpos de sus víctimas, no menos de 100 asesinatos.
Según los habitantes del sector, hay cuerpos enterrados por toda la zona. La gente estaba callada, pero tras la captura de los 'paracos', familias de Casaloma primer sector, La Capilla y El Oasis han comenzado a hablar sobre sus parientes desaparecidos, enterrados en el monte o lanzados a una laguna llamada 'El lago'.
Un mujer que debió abandonar su casa el año pasado, después del asesinato de su esposo, contó: "Él tenía 35 años. El 16 de octubre del 2006, a las 10 de la noche, llegaron dos hombres y una mujer enviados por 'Tomasito' para asesinarlo". Después de golpearlos, incluso a su hija de 13 años, sacaron al hombre de la casa y le recriminaron que no estaba pagando la 'vacuna'."Nos pedían una cuota alta y no la podíamos pagar y por eso nos buscaron. Cuando lo sacaron escuché los tiros y sus lamentos. No podía salir porque me tenían adentro amenazada. Escuché que lo botaron al lago y cuando se iban a ir alcancé a ver las linternas allá cerca..., él está ahí en la laguna", asegura la mujer. Dice que nunca denunció los hechos porque le dijeron que si lo hacía le pasaba lo mismo o a su hija. Dos días después se fue del barrio y dejó abandonada su casa.
Hace dos años y medio, Fredy Tovar Rodríguez, alias 'Tomasito', sacó de su casa a una joven de 16 años que estaba haciendo el bachillerato y después de matarla la lanzó al lago. Su caso tampoco fue denunciado por miedo a las represalias.
Un hombre que pide la reserva de su nombre, cuenta que dos de sus primos podrían estar enterrados. Otra persona habla de la desaparición de su hermano de 37 años, un vigilante que trabajaba en Bogotá. "El 9 de febrero del 2006 llegaron tres tipos al mando de 'Tomasito' y esperaron a que saliera de la casa a las 4 de la mañana, cuando él se iba a cumplir el turno. Cuando lo vieron le dijeron que los acompañara, que le tenían una mejor oferta de trabajo. Lo único que sé es que lo llevaron hasta la parte de abajo en el lago. Hasta ahora no he tenido conocimiento de si está con vida o no", afirma.
Un mujer que debió abandonar su casa el año pasado, después del asesinato de su esposo, contó: "Él tenía 35 años. El 16 de octubre del 2006, a las 10 de la noche, llegaron dos hombres y una mujer enviados por 'Tomasito' para asesinarlo". Después de golpearlos, incluso a su hija de 13 años, sacaron al hombre de la casa y le recriminaron que no estaba pagando la 'vacuna'."Nos pedían una cuota alta y no la podíamos pagar y por eso nos buscaron. Cuando lo sacaron escuché los tiros y sus lamentos. No podía salir porque me tenían adentro amenazada. Escuché que lo botaron al lago y cuando se iban a ir alcancé a ver las linternas allá cerca..., él está ahí en la laguna", asegura la mujer. Dice que nunca denunció los hechos porque le dijeron que si lo hacía le pasaba lo mismo o a su hija. Dos días después se fue del barrio y dejó abandonada su casa.
Hace dos años y medio, Fredy Tovar Rodríguez, alias 'Tomasito', sacó de su casa a una joven de 16 años que estaba haciendo el bachillerato y después de matarla la lanzó al lago. Su caso tampoco fue denunciado por miedo a las represalias.
Un hombre que pide la reserva de su nombre, cuenta que dos de sus primos podrían estar enterrados. Otra persona habla de la desaparición de su hermano de 37 años, un vigilante que trabajaba en Bogotá. "El 9 de febrero del 2006 llegaron tres tipos al mando de 'Tomasito' y esperaron a que saliera de la casa a las 4 de la mañana, cuando él se iba a cumplir el turno. Cuando lo vieron le dijeron que los acompañara, que le tenían una mejor oferta de trabajo. Lo único que sé es que lo llevaron hasta la parte de abajo en el lago. Hasta ahora no he tenido conocimiento de si está con vida o no", afirma.
Uno de los antiguos integrantes de la banda y quien fue detenido por la Sijín (policía judicial) de Soacha, contó que sí enterraron a varias de sus víctimas en el sector: "Yo digo que donde vayan a hacer una búsqueda en esa loma los encuentran. También unos fusiles que tenían. Ellos me decían de eso, pero nunca supe en qué parte".
El Comandante de la Policía de Soacha anunció que seguirán con las investigaciones porque desaparecieron muchas personas y se cree que sí hay fosas comunes. La búsqueda será difícil, pues hay versiones que indican que algunas víctimas fueron lanzadas a las alcantarillas.
Años de terror por 'Tomasito'
Fredy Tovar Rodríguez, alias 'Tomasito', sembró el terror en el sur de Bogotá. Desde el 2004
, cuando llegó a los altos de Cazucá, dijo que era líder de las autodefensas.
Cometió asesinatos, extorsiones, desplazó a familias enteras y tenía amenazados a los habitantes de Casaloma primer sector, La Capilla y El Oasis, entre otros barrios de la localidad de Soacha. Este hombre fue capturado el pasado 5 de octubre y actualmente está en una cárcel de Boyacá.
Su detención provocó la división entre los hombres a su mando y eso ayudó a que la Sijín de Soacha y la Policía de Cundinamarca los fuera capturando.
El pasado 15 de enero terminó un operativo masivo, con el que fue desarticulada la banda .
, cuando llegó a los altos de Cazucá, dijo que era líder de las autodefensas.Cometió asesinatos, extorsiones, desplazó a familias enteras y tenía amenazados a los habitantes de Casaloma primer sector, La Capilla y El Oasis, entre otros barrios de la localidad de Soacha. Este hombre fue capturado el pasado 5 de octubre y actualmente está en una cárcel de Boyacá.
Su detención provocó la división entre los hombres a su mando y eso ayudó a que la Sijín de Soacha y la Policía de Cundinamarca los fuera capturando.
El pasado 15 de enero terminó un operativo masivo, con el que fue desarticulada la banda .
Huye la banda de ex-militares de 'Don Diego'
Diego Montoya cayó el 10 de septiembre pasado y desde entonces sus hombres pasaron a la clandestinidad. 'Don Diego' es un alto capo del narcotráfico relacionado con el paramilitarismo y a quien se trata también de involucrar en la masacre de Jamundí, en mayo de 2006, perpetrada por el ejército que atacó una patrulla policial que actuaba contra el narcotráfico.
Así tras la caída, hace unos días de 'Cazador 6', se produjo la desbandada del grupo. En una semana se han entregado 56 integrantes, la mayoría de origen antioqueño y ex soldados.'Cazador 6', cuya verdadera identidad es Gilberto Carmona, conocido también como 'Míster', tenía mando sobre 160 hombres de seis 'compañías' que cuidaban cultivos de coca o palma y repelían a otros 'narcos', 'paras' o guerrilleros.
Las autoridades investigan versiones según las cuales castigaba con muerte y descuartizamiento a quienes querían desertar o no cumplían tareas. Carmona, de 29 años, de Bello (Antioquia), quien le decía 'Federico' a su revólver y 'Rintín' a su cuchillo, quedó detenido por concierto para delinquir y porte ilegal de armas. El día de su captura en la finca La Zulia de Versalles (Valle) se entregaron nueve hombres. Dos días después hicieron lo mismo cinco más.
El sábado fueron otros 42 y tenían todo u arsenal. Llevaban 156 granadas, 69 fusiles, 2 ametralladoras, 3 morteros y 28.115 proyectiles. Los que desertaron y se acogieron a las medidas de gracia del gobierno dicen que los contrataron para cuidar fincas. Muchos jóvenes del departamento del Norte del Valle murieron en el pasado en esas filas.
En la región continúan activos otros grupos como 'Los Machos' y 'Los Rastrojos' .
Masacre de Jamundi: Se investiga, por orden de Washington
El 22 de mayo de 2006, seis días antes de la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez, la prensa colombiana informaba de la masacre de Jamundí: “Doce personas muertas, entre ellos, 11 agentes de la Dijin y un civil, dejó como saldo un presunto error militar cuando tropas del Ejército se enfrentaron con una la misión de hombres de la Policía en la vereda Potreritos, de Jamundí en el Valle del Cauca”Los once policías fueron masacrados por 28 soldados cuando se dirigían a realizar un allanamiento a la Hacienda La Margarita. La masacre fue cometida por el Batallón de Alta Montaña que opera en Los Farallones de la cordillera occidental, al sur occidente de Colombia.
La creación de esos batallones de alta montaña fue una de las primeras medidas que tomó Uribe como presidente cuando comenzó su primer periodo y que fueron anunciados como grupos altamente entrenados, seleccionados y especializados que derrotarían a la guerrilla.
‘Son cinco torcidos de la Sijín y otros cinco hampones’, fue la versión inicial que los militares del Batallón de Alta Montaña dieron después de aniquilar a 10 miembros de la policía judicial conocida como Dijín.
Alvaro Uribe, como ya se ha vuelto costumbre, salió a ofrecer una millonaria recompensa para quien diera información que ayudara a esclarecer el caso. El máximo comandante de la fuerzas militares, general Carlos Alberto Ospina, aseguró que fue un error y Alvaro Uribe condenó el hecho como una masacre.
Los policías asesinados formaban parte de una la unidad que había sido especialmente financiada y entrenada por los Estados Unidos para labores antinarcóticos, y ésta parece ser la razón para que el caso no halla pasado al olvido completamente, como sucedió con el Caso Guaitarilla, en el que siete policías y cuatro paramilitares fueron asesinados por unidades del Ejército, o en los casos de los 16 agentes del DAS, que fueron asesinados presuntamente por militares en abril de 2006 entre los municipios de Hacarí y Playa de Belén, una matanza que fue endilgada a las FARC.
En el Caso Jamundí, el asesinato de toda una escuadra antimafia dependiente directamente de la DEA, causo la ira imperial y su embajador en Bogotá le hizo conocer su malestar al presidente Uribe. En las investigaciones abiertas, los implicados señalan hacia diferentes culpables, tratando de ocultar los verdaderos responsables intelectuales, pero casi todos coinciden en que los narcotraficantes estuvieron de por medio.
Pero hay sospechosos que nunca han sido señalados y que debido a sus antecedentes y relaciones, muchos creen que hacia ellos deberían dirigirse las miradas de los investigadores. Uno de ellos, es el propio jefe de los policías masacrados, el general Oscar Naranjo Trujillo, director de la Policía Judicial, (Dijin), hermano del capo del narcotráfico, Juan David Naranjo, capturado en Alemania en mayo de 2006. Al general Naranjo se le vincula con el narco-paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’ y con el narcotraficante Wílber Varela, alias ‘Jabón’. Los fiscales que luego fueron despedidos de sus puestos, aseguraron que el general Naranjo brindaba protección a Wílber Varela. Y precisamente en las muchas hipótesis que se manejan sobre la causa de la masacre de los policías de la Dijin, es una guerra abierta entre Wílber Varela, el protegido del general Oscar Naranjo y Diego Montoya"Don Diego", por el que el gobierno de Estados Unidos ofrecía cinco millones de dólares.
Y el otro hombre a investigar sería nada menos que Álvaro Uribe Vélez.
Y el otro hombre a investigar sería nada menos que Álvaro Uribe Vélez.
En el caso de la masacre de Jamundi, la comisión de la policía de Oscar Naranjo al parecer tenia como objetivo la incautación de un cargamento de droga y se dirigían precisamente a la finca “La Margarita” de propiedad del “Clan de los Ochoa”, con el que Uribe ha tenido mucha relación, el menos de tipo familiar.
Alvaro Uribe Vélez es hijo del narcotraficante Alberto Uribe Sierra y de Doña Laura Vélez, prima hermana del patriarca del narcotráfico, el antioqueño, Fabio Ochoa.
El parentesco del “Clan Ochoa” y la familia del actual presidente es bien conocido y la relación de amistad mantenida entre Uribe y Fabio Ochoa también son suficientemente conocidos.
Al conocer de la masacre de Jamundí, el Fiscal Mario Iguarán, habló ante los medios de comunicación y no dudo en calificar la masacre de “un mandado al narcotráfico”.
En contraste con la actitud del Fiscal General de la Nación, Uribe, con voz vacilante en una ceremonia militar dijo que “mi afán no es el afectar carreras militares”, lo cual se tradujo en que no sólo el comandante del Ejército conservó su cargo, sino que no se atrevió a tocar a los supuestos autores del ‘acierto criminal’, a quienes el país estremecido vio entrar a una guarnición militar con paso desafiante, en calidad de supuestos detenidos.
Alvaro Uribe Vélez es hijo del narcotraficante Alberto Uribe Sierra y de Doña Laura Vélez, prima hermana del patriarca del narcotráfico, el antioqueño, Fabio Ochoa.
El parentesco del “Clan Ochoa” y la familia del actual presidente es bien conocido y la relación de amistad mantenida entre Uribe y Fabio Ochoa también son suficientemente conocidos.
Al conocer de la masacre de Jamundí, el Fiscal Mario Iguarán, habló ante los medios de comunicación y no dudo en calificar la masacre de “un mandado al narcotráfico”.
En contraste con la actitud del Fiscal General de la Nación, Uribe, con voz vacilante en una ceremonia militar dijo que “mi afán no es el afectar carreras militares”, lo cual se tradujo en que no sólo el comandante del Ejército conservó su cargo, sino que no se atrevió a tocar a los supuestos autores del ‘acierto criminal’, a quienes el país estremecido vio entrar a una guarnición militar con paso desafiante, en calidad de supuestos detenidos.
El conflicto se ha cobrado ya la vida de cuatro millones de personas
En el Día de Movilización y Acción Global celebrado este sábado en todo el mundo, en Bogotá, varios expertos que participaron en esta jornada organiada por el Foro Social Mundial (FSM), alertaron con esa cifra.A su juicio, el conflicto colombiano ya ha cobrado la vida a cuatro millones de personas.
En la progresiva internacionalización del conflicto armado interno colombiano y sus secuelas de crisis humanitaria el FSM está llamado a acentuar la movilización social y a ejercer presión sobre las partes en contienda para buscar una salida negociada, según coinciden diversos analistas.
Con matices, pero concordantes en valorar la incidencia que podría tener del FSM en la actual coyuntura, se pronunciaron Pedro Santana, director de Viva la Ciudadanía, organización que ejerce la secretaría técnica del capitulo colombiano del Foro, Luís Fernando Arias, secretario de la Organización Nacional Indígena ONIC, y Marco Romero, director de la Consultoría de Derechos Humanos y desplazamiento, Codhes.
La reciente liberación unilateral de Clara Rojas y Consuelo González, rehenes de las FARC, resultado de la mediación del presidente venezolano Hugo Chávez, y las pruebas de vida de ocho de los 43 rehenes "canjeables" -políticos, policías, soldados y tres ciudadanos estadounidenses- que permanecen en la selva, parecen marcar un punto de inflexión en la guerra larvada de medio siglo.
Los relatos desgarradores sobre las condiciones de cautiverio enviadas por algunos de los rehenes y las fotografías que los muestran encadenados, enfermos y tristes, marcaron el comienzo de 2008, superponiéndose a la galería del horror que a lo largo de 2007 constituyeron las primeras confesiones de los jefes paramilitares desmovilizados, con más de 30 mil crímenes, 973 fosas comunes descubiertas, 1.153 restos humanos exhumados y 901 procesos abiertos.
"El FSM puede contribuir de manera eficaz, desde la sociedad civil continental, en la presión a sus gobiernos y a instancias multilaterales como la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos para buscar que tanto las FARC como el Gobierno lleguen a un acuerdo humanit
ario", opinó Pedro Santana.
Para quien "urge una presión muy grande" sobre el gobierno del presidente Álvaro Uribe y las FARC para que cedan en cuanto a los llamados "inamovibles" a fin de que se produzca en canje de los 43 rehenes por unos 500 guerrilleros presos.
En la progresiva internacionalización del conflicto armado interno colombiano y sus secuelas de crisis humanitaria el FSM está llamado a acentuar la movilización social y a ejercer presión sobre las partes en contienda para buscar una salida negociada, según coinciden diversos analistas.
Con matices, pero concordantes en valorar la incidencia que podría tener del FSM en la actual coyuntura, se pronunciaron Pedro Santana, director de Viva la Ciudadanía, organización que ejerce la secretaría técnica del capitulo colombiano del Foro, Luís Fernando Arias, secretario de la Organización Nacional Indígena ONIC, y Marco Romero, director de la Consultoría de Derechos Humanos y desplazamiento, Codhes.
La reciente liberación unilateral de Clara Rojas y Consuelo González, rehenes de las FARC, resultado de la mediación del presidente venezolano Hugo Chávez, y las pruebas de vida de ocho de los 43 rehenes "canjeables" -políticos, policías, soldados y tres ciudadanos estadounidenses- que permanecen en la selva, parecen marcar un punto de inflexión en la guerra larvada de medio siglo.
Los relatos desgarradores sobre las condiciones de cautiverio enviadas por algunos de los rehenes y las fotografías que los muestran encadenados, enfermos y tristes, marcaron el comienzo de 2008, superponiéndose a la galería del horror que a lo largo de 2007 constituyeron las primeras confesiones de los jefes paramilitares desmovilizados, con más de 30 mil crímenes, 973 fosas comunes descubiertas, 1.153 restos humanos exhumados y 901 procesos abiertos.
"El FSM puede contribuir de manera eficaz, desde la sociedad civil continental, en la presión a sus gobiernos y a instancias multilaterales como la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos para buscar que tanto las FARC como el Gobierno lleguen a un acuerdo humanit
ario", opinó Pedro Santana.Para quien "urge una presión muy grande" sobre el gobierno del presidente Álvaro Uribe y las FARC para que cedan en cuanto a los llamados "inamovibles" a fin de que se produzca en canje de los 43 rehenes por unos 500 guerrilleros presos.
Las FARC exigen desmilitarizar, por 45 días, los municipios de Pradera y Florida, en el occidental departamento del Valle del Cauca, a lo que el gobierno contrapropone una ‘zona de encuentro’ por 30 días, en una región despoblada, sin despeje militar y con la iglesia católica como intermediaria.
La insurgencia, como referente histórico constante desde mediados del siglo XX es apenas uno de múltiples factores de la actual crisis de violencia en este país de 40 millones de habitantes, concentrados en centros urbanos (70 por ciento), cuya población campesina soporta los rigores del conflicto con el desplazamiento forzado como su expresión más notable.
En la última década, unos cuatro millones de campesinos pobres han sido sacados de sus parcelas a causa de la confrontación por el control territorial que enfrenta a guerrilla, bandas armadas del narcotráfico y grupos paramilitares –actualmente desmovilizados mediante acuerdos con el Gobierno-, y sus sucedáneos Águilas Negras y otros emergentes que los relevan.
El pueblo colombiano, y en particular los indígenas, necesitan solidaridad y acompañamiento para explorar salidas políticas humanitarias a los retenidos por las FARC y a las secuelas del conflicto en nuestros territorios, afirmó Luís Fernando Arias, de la ONIC. "Nuestras comunidades sufren estigmatización, efectos sicológicos y organizativos severos y queremos generar en la comunidad internacional conciencia de la situación que padecen los pueblos indígenas, cuyo deseo es que perviva su historia y cultura milenarias", agregó.
Este miembro de la comunidad kankuamo, de la noreste Sierra Nevada de Santa Marta, asolada por frentes paramilitares y presencia de guerrilla, opina que por Colombia pasan las tensiones regionales, derivadas de los modelos que proponen Chávez y Uribe y sus respectivos entornos ideológicos.
"La vida de los pueblos debe estar por encima. Ese debe ser un derrotero que ojala el FSM le plantee a la sociedad. "Somos los ciudadanos quienes debemos trazar cuál es ese ‘otro mundo posible’, que queremos y que lleva como lema el FSM": para la ONIC es un mundo diverso, incluyente, pacifico, participativo, puntualiza, Arias.
Dado que no es tiempo de dictaduras en América Latina, ni de conflictos armados y que Colombia es una excepción, "éste país no ha estado en el centro de la discusión del Foro que se ha preocupado más por los temas sociales que por los humanitarios", afirma Marco Romero, de Codhes.
Romero define la actual etapa del conflicto como "de pulso militar" en la que el Estado aumenta su presencia militar en el territorio y la guerrilla es cada vez más una fuerza irregular, con menos capacidad de golpear grandes objetivos militares y de concentrar fuerza en territorios, pero con alta capacidad de resistencia.
En ese escenario, es que el desplazamiento forzado, que siempre va de la mano de las lógicas de la guerra, se exacerbó en los últimos años, aún bajo la política de Seguridad Democrática del presidente Uribe, con un promedio anual de 200 mil nuevos desplazados, sin contar que la Procuraduría advierte un subregistro cercano al 40 por ciento.
El director de Codhes cree a manera de espejo para Colombia, el FSM debería propiciar que se reediten las luchas que dieron organizaciones del Cono Sur con sus movimientos antiautoritarios, semilla de partidos políticos. Además, ofrecer canales para reflexionar sobre experiencias centroamericanas como las de las patrullas campesinas de Guatemala, similares a las redes de informantes que implanto el Gobierno en Colombia, y evaluar los alcances y correctivos.
"Así como el FSM cumplió un rol decisivo en la movilización de la protesta mundial frente a la invasión estadounidense a Irak, el caso de Colombia debe ocupar un lugar".
"El mundo no puede pasar por alto un conflicto de 40 o más años y cuatro millones de víctimas y debe contribuir a que no sólo se reconozcan los derechos de estas personas sino a garantizar el principio de no repetición de las masacres y de la dimensión de la tragedia humanitaria que tenemos", pero con una salvedad:
"La sociedad colombiana no puede delegar en otras su propia responsabilidad; si no podemos resolver el problema de los desplazados y otros derivados de la guerra, es que hemos perdido la posibilidad de tener una sociedad democrática donde valen los derechos humanos y está en cuestión si somos o no estructuralmente una nación", precisa Romero.
O como dijo el Nobel de Literatura José Saramago, a su paso por Bogotá en 2007: "El día en que la tierra colombiana comience a parir sus muertos, quizá ese día, se sensibilice a la sociedad del mundo".
La insurgencia, como referente histórico constante desde mediados del siglo XX es apenas uno de múltiples factores de la actual crisis de violencia en este país de 40 millones de habitantes, concentrados en centros urbanos (70 por ciento), cuya población campesina soporta los rigores del conflicto con el desplazamiento forzado como su expresión más notable.
En la última década, unos cuatro millones de campesinos pobres han sido sacados de sus parcelas a causa de la confrontación por el control territorial que enfrenta a guerrilla, bandas armadas del narcotráfico y grupos paramilitares –actualmente desmovilizados mediante acuerdos con el Gobierno-, y sus sucedáneos Águilas Negras y otros emergentes que los relevan.
El pueblo colombiano, y en particular los indígenas, necesitan solidaridad y acompañamiento para explorar salidas políticas humanitarias a los retenidos por las FARC y a las secuelas del conflicto en nuestros territorios, afirmó Luís Fernando Arias, de la ONIC. "Nuestras comunidades sufren estigmatización, efectos sicológicos y organizativos severos y queremos generar en la comunidad internacional conciencia de la situación que padecen los pueblos indígenas, cuyo deseo es que perviva su historia y cultura milenarias", agregó.
Este miembro de la comunidad kankuamo, de la noreste Sierra Nevada de Santa Marta, asolada por frentes paramilitares y presencia de guerrilla, opina que por Colombia pasan las tensiones regionales, derivadas de los modelos que proponen Chávez y Uribe y sus respectivos entornos ideológicos.
"La vida de los pueblos debe estar por encima. Ese debe ser un derrotero que ojala el FSM le plantee a la sociedad. "Somos los ciudadanos quienes debemos trazar cuál es ese ‘otro mundo posible’, que queremos y que lleva como lema el FSM": para la ONIC es un mundo diverso, incluyente, pacifico, participativo, puntualiza, Arias.
Dado que no es tiempo de dictaduras en América Latina, ni de conflictos armados y que Colombia es una excepción, "éste país no ha estado en el centro de la discusión del Foro que se ha preocupado más por los temas sociales que por los humanitarios", afirma Marco Romero, de Codhes.
Romero define la actual etapa del conflicto como "de pulso militar" en la que el Estado aumenta su presencia militar en el territorio y la guerrilla es cada vez más una fuerza irregular, con menos capacidad de golpear grandes objetivos militares y de concentrar fuerza en territorios, pero con alta capacidad de resistencia.
En ese escenario, es que el desplazamiento forzado, que siempre va de la mano de las lógicas de la guerra, se exacerbó en los últimos años, aún bajo la política de Seguridad Democrática del presidente Uribe, con un promedio anual de 200 mil nuevos desplazados, sin contar que la Procuraduría advierte un subregistro cercano al 40 por ciento.
El director de Codhes cree a manera de espejo para Colombia, el FSM debería propiciar que se reediten las luchas que dieron organizaciones del Cono Sur con sus movimientos antiautoritarios, semilla de partidos políticos. Además, ofrecer canales para reflexionar sobre experiencias centroamericanas como las de las patrullas campesinas de Guatemala, similares a las redes de informantes que implanto el Gobierno en Colombia, y evaluar los alcances y correctivos.
"Así como el FSM cumplió un rol decisivo en la movilización de la protesta mundial frente a la invasión estadounidense a Irak, el caso de Colombia debe ocupar un lugar".
"El mundo no puede pasar por alto un conflicto de 40 o más años y cuatro millones de víctimas y debe contribuir a que no sólo se reconozcan los derechos de estas personas sino a garantizar el principio de no repetición de las masacres y de la dimensión de la tragedia humanitaria que tenemos", pero con una salvedad:
"La sociedad colombiana no puede delegar en otras su propia responsabilidad; si no podemos resolver el problema de los desplazados y otros derivados de la guerra, es que hemos perdido la posibilidad de tener una sociedad democrática donde valen los derechos humanos y está en cuestión si somos o no estructuralmente una nación", precisa Romero.
O como dijo el Nobel de Literatura José Saramago, a su paso por Bogotá en 2007: "El día en que la tierra colombiana comience a parir sus muertos, quizá ese día, se sensibilice a la sociedad del mundo".
(Fuentes: El Tiempo-Bogotá, APIA-Radio Café Estereo y Agencia IPS)
No hay comentarios:
Publicar un comentario