Saharauis, los ojos del desierto

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24.1.08

Ecuador: Base de Manta

UN INFORME SEÑALA EL PAPEL DE ESTA INSTALACIÓN MILITAR EN EL RECRUDECIMIENTO DEL CONFLICTO COLOMBIANO, SU RELACIÓN CON IRAQ Y LA PRESENCIA DE DYNCORP
Y OTRAS EMPRESAS DE MERCENARIOS


La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y Coalición NO BASES - Ecuador, presentará el próximo miércoles 30 de enero en Montecristi, sede de la Asamblea Constituyente, el libro titulado "¿Operaciones de Avanzada o base militar operativa?: un análisis de la Base de Manta".La investigación fue desarrollada durante los ocho años de presencia militar estadounidense en Manta y abarca temas relacionados a la geopolítica regional, la militarización de la Región Andina, las consecuencias económicas, sociales y culturales en la ciudad de Manta y la injerencia en la soberanía nacional.

El trabajo de investigación se basa en testimonios de decenas de personas, recogidos a lo largos de estos 8 años; así como en encuestas realizadas a la población local, y la presentación de una serie de datos técnicos sobre la capacidad operativa de la Base de Manta. Este trabajo se inscribe en la campaña por la no renovación del Convenio de la Base de Manta y por la salida de los militares estadounidenses una vez cumplido el contrato que caduca en noviembre de 2009.
El informe considera, además, que es ilegal la presencia militar de los Estados Unidos en Manta y así fundamenta la demana que la Coalición NO BASES – Ecuador ha realizado a la Asamblea Nacional Constituyente, para que se incorpore en la Nueva Constitución una definición del Estado ecuatoriano como territorio de paz, en base al siguiente texto: “El Ecuador es territorio de paz y en ejercicio de su soberanía, no albergará bases militares extranjeras ni tropas extranjeras y se abstendrá de realizar cualquier tipo de convenio que implique otras formas de presencia militar extranjera. No se involucrará militarmente en conflictos de otros países unilateralmente o en coordinación con otros Estados. No realizará prácticas ni ejercicios militares con otros Estados”.
Una base al servicio del Plan Colombia, entre otros

En la Conferencia Internacional contra las bases militares, celebrada hace casi un año en Ecuador, el investigador y miembro de la Ong FOR (Fellowship of Reconciliation) John Lindsay recordaba que “Cada día, catorce personas colombianas se mueren por causa del conflicto armado interno. Cada día más de 700 personas son desplazadas forzadamente por razones de violencia política". Y añadía que el gobierno de “Estados Unidos continúa con la ayuda militar de 600 millones de dólares para capacitar a militares colombianos para enfrentar al propio pueblo colombiano”. “Nosotros tenemos otra idea y esa idea es apoyar a la población desplazada que hoy mismo supera más de 3.7 millones de personas”. Una 'inversión' que, a juicio de Lindsay va en la dirección opuesta a los deseos de paz de la sociedad colombiana que busca una solución negociada al conflicto armado:" Ahí están los grupos de mujeres, de jóvenes, de indígenas, de afro-colombianos, de campesinos y pobladores para no apoyar ni la guerrilla, ni el ejército, ni los paramilitares".
Nieves Solórzano de INREDH señaló que la Base de Manta sirve geopolíticamente para continuar con el Plan Colombia y contrarrestar a la guerrilla colombiana, que se mantiene por más de cuarenta años. La abogada de INREDH recordó que el Convenio de la Base de Manta que se termina en el año 2009 es ilegal porque no fue aprobado por el Congreso Nacional en pleno e ilegítimo porque no fue consultado al pueblo ecuatoriano. La Base de Manta que reemplaza a la Base de Panamá, por su posición estratégica, ejerce un mayor control de Latinoamérica y El Caribe. Como añade eñl informe de INREDH, toda base militar extranjera sirve para el control de los recursos naturales como el petróleo, la minería, el agua; pero, también para controlar a los movimientos sociales.
El propio comandante De Luca dijo: “la base de Manta esta ahí para apoyar el Plan Colombia”. Lo que equivale a reconocer que esas instalaciones son una violación absoluta a la soberanía del pueblo ecuatoriano, porque impone la intervención desde territorio ecuatorian en una guerra y eso involucra al Ecuador en un conflicto que no le pertenece.

Informe para el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Mercenarios
En agosto de 2006 un equipo de expertos elaboró ya un informe para la ONU, que pone de manifiesto la presencia de las llamadas 'Empresas de contratistas', es decir de mercenarios en la Base Aérea Eloy Alfaro de la ciudad de Manta. La principal la ya trístemente y mundialmente famosa compañía DYNCORP. En Manta, además, uno de sus representantes, montó un sistema de contratación-reclutamiento de mercenarios.

El informe añade que la empresa EPI Security & Investigators, realiza desde Manta contrataciones de colombianos para que presten servicios en la ocupación norteamericana de Iraq. ambién se refiere a la implicación del Ejército ecuatoriano, en especial a las actividades de seguridad privada que le vincula con los intereses de grandes transnacionales y que, con el tiempo podrían generar una oferta laboral para el mercado del mercenarismo. También se refiere a la participación de compañías de seguridad privada y a grupos de autodefensas organizados por los terratenientes locales.
A este respecto, se recoge un informe realizado por el Servicio Paz y Justicia del Ecuador (SERPAJ) en el que se analiza la conformación de los cuerpos privados de seguridad, como posible fuente de oferta laboral para el mercado de mercenarios.

La base, una fuente constante de problemas para la población

El complejo militar al que pueden acceder las fuerzas militares estadounidenses comprenden 24.000 hectáreas y afectan a cinco cantones de la provincia de Manabí: Manta, Jaramijó, Montecristi, Rocafuerte y Portoviejo de los que fueron expulsados los campesinos locales. Inicialmente más de 10.000 hectáreas de tierras en los alrededores de la Base Naval de Jaramijó fueron expropiadas a campesinos en los últimos 30 años para adjudicarlas a la Armada del Ecuador, pero sin establecer los linderos. Nunca se les pagó indemnización alguna ni se los reubicó. Y hace ya 10 años.
La práctica diaria demuestra que las principales actividades de los militares estadounidenses en Manta están encaminadas al control migratorio y apoyo logístico a la guerra contrainsurgente de Colombia, proporcionado información en tiempo real, sobre los desplazamientos de las fuerzas guerrilleras que operan en ese país.
Los programas de seguridad implementados a raíz del acantonamiento de militares estadounidenses han generado conflictos con la sociedad civil, pues éstas medidas afectan las formas tradicionales de sobrevivencia de la población de los alrededores basadas fundamentalmente en la pesca y la agricultura. De igual forma, la militarización del puerto de Manta impide el ingreso a los botes de pescadores artesanales, aduciendo que pueden ser parte de un ataque terrorista a la infraestructura del puerto; en tanto que las alambradas colocadas alrededor del complejo militar han modificado las actividades cotidianas de Jaramijó -localidad que ha quedado enclavada entre la base naval y la base aérea- por lo que se ha producido una migración masiva que amenaza con dejar desolada a esta población.
Desde la firma del Convenio, el día 12 de Noviembre de 1999, comenzó la interdicción marítima tanto en aguas territoriales del Ecuador como en aguas internacionales, prueba de ello es que de acuerdo al reporte de la propia pagina web de la Guardia Costera de los Estados Unidos se informa que, en las interdicciones marítimas entre 1999 y 2004, han sido detenidos más de una veintena de embarcaciones que transportaban emigrantes ilegales, en la mayoría de estos casos, dichas embarcaciones jamás regresaron a Ecuador para ser recibidas por las autoridades del país, éstas fueron hundidas. ALDHU denuncio el hundimiento y destrucción de 8 embarcaciones de pabellón ecuatoriano, entre ellas algunas que transportaban emigrantes y otras se encontraban en plenas faenas de pesca en aguas territoriales. Un ejemplo de esto fue el buque pesquero "Santa Maria" hundido el día 3 de marzo del 2004 en faenas de pesca en aguas territoriales del Ecuador.

Con posterioridad a la denuncia efectuada por ALDHU han ocurrido hechos adicionales, como con el buque pesquero "Ochos Sí" interceptado para inspección por supuesto narcotráfico, ésta embarcación se encontraba en faenas de pesca al momento de ser abordada por la fragata 'USS Rentz', la tripulación fue detenida durante cerca de 20 horas y la embarcación sufrió cuantiosos daños por la destrucción provocada durante la inspección, entre éstos la perdida de sus líneas de pesca que no les permitieron recoger; por suerte no se siguió la ilegal y habitual practica de proceder al hundimiento. A cambio se recibió un "disculpe nos equivocamos", dejando en abandono a la tripulación y al buque semidestruido sin prestarles la menor asistencia para retornar a puerto.

Inmunidad de los soldados estadounidenses y de la Dyncorp

Los Estados Unidos han pedido y presionado al Ecuador en reiteradas ocasiones para obtener inmunidad para sus soldados. El entonces Presidente Palacio rechazó esa demanda y Estados Unidos decidió reducir la ayuda militar al Ecuador.
Pero, dentro del Acuerdo de la Base de Manta de 1999 queda establecida la inmunidad para el personal norteamericano, en el Articulo VII numeral 1 del Acuerdo dice: "El Gobierno de la República del Ecuador concederá al personal estadounidense, y a sus dependientes en el país, una condición jurídica equivalente a la que proporciona al personal administrativo y técnico de la Embajada de los Estados Unidos, conforme a la Convención de Viena de 18 de Abril de 1961.

Esta inmunidad fue la que utilizó Estados Unidos para liberar y sacar del país a Peter Karmilowicz, miembro de seguridad de la Embajada, que asesinó a tiros a Pablo Vicente Jaramillo en Quito. El asesino trabaja hoy para el Departamento de Estado.
Esta misma inmunidad es la que ha permitido que Damon Plyler, funcionario norteamericano de la Base, haya evadido la justicia del Ecuador por la muerte de Víctor Manuel Mieles, comerciante de Portoviejo. El Juez ecuatoriano de la causa, ante la imposibilidad de detención por inmunidad, se vio obligado a inhibirse.
La base no ha beneficiado a la economía local. Casi los únicos beneficiados han sido bares y cantinas, algunos de ellos de propietarios norteamericanos ex miembros de Dyncorp, y unos cuantos trabajadores ecuatorianos que realizan tareas de jardinería, mantenimiento y cocina.
(Fuente: INREDH-Ecuador-Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos)

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