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7.1.08

Perú: Operación Cóndor

LOS GENERALES MORALES BERMÚDEZ Y RICHTER PRADA SE DECLARAN INOCENTES, ALAN GARCÍA LES DEFIENDE Y LAS ASOCIACIONES PRO DERECHOS HUMANOS APOYAN LA EXTRADICIÓN A ITALIA

"La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) expresó su respaldo al pedido de la justicia italiana que solicitó la extradición del ex presidente Francisco Morales Bermúdez, por su responsabilidad en la desaparición de 25 ciudadanos italianos en el marco de la “Operación Cóndor”. Consideramos que este pedido constituye un hito importante dentro del desarrollo de la justicia global y, a su vez, representa una oportunidad para que el Estado peruano demuestre claramente su compromiso en materia de derechos humanos. Es importante además considerar que, en el marco de las negociaciones para un acuerdo comercial con la Unión Europea, el Perú deberá manifestar su disposición a colaborar no solo en este ámbito sino también en materia de justicia y respeto a las normas internacionales que protegen los derechos humanos. En ese sentido, a un mundo globalizado en lo económico y en lo social, corresponde también una justicia global. Desde APRODEH y el movimiento de derechos humanos alentamos estos procesos que representan un paso alentador en la lucha contra la impunidad y en la búsqueda de justicia a nivel mundial. Invocamos a las autoridades correspondientes a atender el requerimiento de la justicia italiana y facilitar la extradición de los funcionarios requeridos, considerando los tratados existentes entre Perú e Italia. Con ello se logrará encaminar el caso hacia un debido proceso que permita acceder a la verdad, a la justicia y a la sanción de todo hecho que atente contra los derechos humanos. Datos:La jueza de Roma, Luisianna Figliolia, solicitó la extradición del ex presidente Morales Bermúdez, entre otros funcionarios de su gobierno, a fin de que respondan por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno a fines de la década del setenta. Según el Equipo Nizkor, la Operación Cóndor fue una conspiración entre los servicios de inteligencia de los distintos países del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y hasta cierto punto Perú) cuyo objeto fue el intercambio de información sobre supuestos subversivos residentes en los distintos países partes a la Operación, y la colaboración en la persecución de estas personas. La operación le permitió a operativos de inteligencia o de las fuerzas armadas de los distintos países participantes a desplazarse libremente en el territorio de los otros, para así secuestrar, desaparecer o asesinar a sus conciudadanos. Se estima que los resultados de este plan ocasionaron la muerte de aproximadamente 50 mil personas, la desaparición de otras 30 mil y el encarcelamiento de más de 400 mil.

(Información de: Peru.punto.com)

La justicia tarda, pero llega
Por Javier Diez Canseco (*)

Dicen que la justicia tarda, pero llega; que se puede ocultar la verdad un tiempo, pero no todo el tiempo. Parece ser cierto, si nos guiamos por la denuncia de la jueza italiana Luisianna Figliola, que ha reabierto la investigación de la detención–desaparición, tortura y asesinato de 25 ciudadanos italianos en aplicación del Plan Cóndor, pactado entre FFAA sudamericanas en las décadas del 70 y 80. Ha abierto proceso a Jefes de Estado, ministros y jefes militares de la región, incluyendo a los generales Francisco Morales Bermúdez y Pedro Richter Prada del Perú por el secuestro hace casi 28 años y posterior asesinato en manos de militares argentinos, de 4 personas.
La Operación Cóndor ha sido motivo de libros de periodistas e investigadores, evidenciada en informes secretos desclasificados del gobierno estadounidense y de las FFAA argentinas, denunciada en artículos de prensa en España, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay, Ecuador y Perú hace décadas, denunciada por organismos de DDHH y fue parte del proceso que enfrentó el dictador chileno Pinochet en Londres por denuncia del juez Baltasar Garzón de España. Nadie duda que el Perú y Ecuador se integraron al Plan unos años después de su inicio, bajo el gobierno de Morales Bermúdez, pues Velasco no formaba parte de la red de dictaduras militares sanguinarias que imperaban entonces en esta parte del continente.
Cuando menos tres hechos ocurridos con Morales Bermúdez están vinculados al Plan Cóndor: el secuestro y desaparición del argentino Juan Carlos Maguid en abril de 1977, la entrega –en un avión militar peruano– a manos del ejercito argentino de 13 peruanos (sin documentos, sin dinero y ni información a sus familiares) que, en su mayoría impulsamos el Paro Nacional de mayo del 78 y estábamos presos en Seguridad de Estado; y, finalmente, el secuestro de Noemí Esther Gianotti de Molfino y otros dos argentinos (además del que trajeron desde Argentina para identificarlos y capturarlos) en junio del 80. Su detención fue parte de un operativo en el que intervino una unidad militar argentina, los retuvieron en un local militar en la Playa Hondable y los llevaron hasta la frontera con Bolivia para "expulsarlos" a manos de los argentinos en complicidad con militares bolivianos. Todos murieron, incluyendo la Sra. Gianotti, cuyo cadáver apareció envuelto en una frazada –en pleno verano– en Madrid, en julio, aparentando que no había sido detenida sino que viajaba por España y murió libre allá.
Los capitostes de la alianza en el poder han reaccionado rápidamente, cubriéndole las espaldas a Morales Bermúdez. Alan García, desbocado y sin que siquiera la Corte Suprema haya recibido la solicitud de extradición italiana y evaluado el caso, ya dijo que no entregaría militares encausados por DDHH y presentó a Morales Bermúdez como el militar de la transición democrática. ¿Ya se olvidó que fue el Paro Nacional del 19 de Julio de 1977 el que cambió el rumbo del país, obligando a la convocatoria de una Constituyente y que Morales mantenía la tesis del "no partido" sin ningún compromiso con una transición democrática? ¿Olvidó que ese mismo general quiso imponer una modificación de la Carta del 79 a la Asamblea Constituyente cuando esta clausuraba sus funciones?
Lo que pasa es que García quiere establecer una política de Estado respecto a estos casos de DDHH, blindando a los acusados frente a procesos internacionales. Sabe que le esperan –al acabar su mandato– los juicios por las matanzas durante su primer gobierno: las del Grupo Scorpio, el Batallón Patriota y el Comando Rodrigo Franco (que le recordó el propio Fujimori), la de Cayara –donde se asesinó hasta a los testigos que declararon al fiscal sobre la masacre- o la masacre de Penales (casi 250 muertos ejecutados a sangre fría y desarmados, operaciones bajo el mando de su vicepresidente Giampietri y su viceministro Mantilla). Hoy por ti, mañana por mi, ¿no?
El arzobispo Cipriani, que estando en Ayacucho –cuando las desapariciones y crímenes masivos– declaró que los DDHH eran una cojudez, ahora considera que estos son "abusos en nombre de la justicia" que "no tienen nada que ver con la verdad". El flamante ministro de Defensa y abogado de grandes empresas considera "un exceso" –"no atendible"– la demanda de la jueza italiana, sobre la que no le compete pronunciarse pues sería materia de la Corte Su-prema y no de su portafolio. El gallinero del poder está alterado, cuando a Fujimori se le juzga por cosas parecidas ocurridas en el Perú.
Pero los hechos son macizos y las evidencias contundentes. Desde fines de la década del 70, las FFAA latinoamericanas –con asesoría norteamericana y bajo la sombra del TIAR– aplicaron estrategias antisubversivas y de inteligencia que incluyeron los secuestros, la detención–desaparición de personas, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales– utilizando equipos y destacamentos militares para el efecto. Es cierto, la justicia y la verdad tardan, pero llegan aunque los gobernantes prefieren la amnesia y la impunidad.
(*)Javier Diez Canseco es secretario general del Partido Socialista peruano. Este artículo fue publicado por el diario limeño La República el pasado 31 de diciembre.


¡Sí! El Perú fue parte del criminal "Plan Cóndor" Por Hugo Blanco(*)

Una jueza italiana, Luisiana Figlioli, ha ordenado la captura de Francisco Morales Bermúdez por haber contribuido como miembro del «Plan Cóndor» (Alianza entre dictaduras sudamericanas para la represión) al asesinato de personas argentino-italianas. Según dicha jueza y el fiscal Giancarlo Capaldo, el secuestro de los montoneros argentinos en Lima es el ejemplo más claro sobre cómo funcionaba el Plan Cóndor. Por esta razón considera pertinente el testimonio de los generales peruanos.
La CIA, agencia de espionaje de Estados Unidos, muestra:
1.- En el documento «Una breve mirada a la Operación Cóndor» del 22 de agosto de 1978 señala: que los miembros originales fueron Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia y añade «Perú y Ecuador recientemente se convirtieron en miembros».
2.- La Central Nacional de Información de Chile, organismo promotor del «Plan Cóndor», informa en abril de 1978: «La información llegó a Chile a través del consejero peruano de la embajada peruana en Chile, señor Montagne, quien atiende los asuntos de ‘Cóndor’, el cual comunicó la conformidad sobre la designación de nuestro representante en Lima».
La participación del Perú en el «Plan Cóndor» también fue constatado por mí, por Javier Diez Canseco, Ricardo Letts, Genaro Ledesma y otras 9 personas, la mayor parte candidatos a la Asamblea Constituyente, quienes fuimos secuestrados y enviados esposados en un avión militar a un cuartel en Argentina donde un oficial nos gritó: «¡Ustedes son prisioneros de guerra!»
Este favor que la dictadura argentina hizo a Morales Bermúdez fue pagado por él con el secuestro y entrega de montoneros argentinos para que fueran asesinados por dicha dictadura.
Ahora hay voces que en el Perú se levantan para protestar contra la jueza italiana y en favor de Morales Bermúdez.
Veamos su calidad moral para hablar sobre Derechos Humanos:
- Alan García que ordenó la masacre de El Frontón, es culpable de las masacres de Accomarca, Cayara, Erusco, Mayopampa y es el presidente durante cuyo mandato fue asesinada la mayor cantidad de peruanos (especialmente indígenas).
- El mayor jerarca de la Iglesia Católica en el Perú, monseñor Cipriani, para quien «Los Derechos Humanos son una cojudez» (1).
- Las Fuerzas Armadas, en cuyas filas hay una serie de criminales denunciados por la Comisión de la Verdad que están libres y en funciones.
- En esta lista sólo faltan los pronunciamiento de Fujimori, Montesinos, los integrantes de los escuadrones de la muerte de los grupos Rodrigo Franco y Colina.
NOTA: (1) Cojudez.- Palabra que en jerga significa “nimio”, “sin importancia”. Deriva de “cojón” (testículo).
(*)Hugo Blanco es un escritor, político de izquierdas y miembro del Consejo Editorial de Sinpermiso (www.sinpermiso.info), que publica este artículo fechado el 6 enero de 2008

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