El presidente de Ecuador, Rafael Correa, cumple este martes un año en el poder, con una popularidad alta y tras haber alcanzado su oferta de campaña de instalar una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución. Correa asumió el 15 de enero de 2007 tras imponerse en la segunda vuelta al millonario derechista Alvaro Noboa.
"El primer año de la revolución ciudadana ha sido sumamente exitoso", dijo el sábado Correa en su cadena programa semanal de radio. Aunque añadió que "ha sido un año durísimo" debido a una "oposición feroz" contra la instalación de la Asamblea Constituyente y la concreción de sus proyectos políticos. "Sin un solo diputado, en tres meses logramos la consulta popular para la Asamblea y le ganamos 7 a 1 al No. En ocho meses ya teníamos las elecciones para asambleístas y ganamos 80 de 130 puestos", dijo Correa.
En un hecho inédito en la historia del Ecuador, Rafael Correa sumó tres victorias electorales en menos de un año: ganó en el balotaje presidencial, luego con el SI en el referendum para la Asamblea Constituyente, y triunfó en las elecciones para esa Asamblea, al lograr 80 de los 130 escaños. Después de todos esos procesos, Correa mantiene una popularidad que llega al 55 por ciento, según los últimos sondeos, debido a que concentró su discurso político en contra del congreso unicameral y los partidos políticos tradicionales. También criticó a varios medios locales y presentadores de televisión, a quienes llamó "mediocres y corruptos".
La oposición quedó casi anulada al caer derrotada en las elecciones a la Asamblea y tras la decisión de la Constituyente de asumir plenos poderes , de suspender la labor del Congreso.
El mandatario comenzó a implementar su programa con acciones de claro contenido social como la duplicación de los bonos de pobreza y de vivienda, la creación de subsidios para agricultores, las tarifas
eléctricas y al mantener la subvención para los combustibles.
eléctricas y al mantener la subvención para los combustibles. Correa ahora tiene una amplia mayorìa en la Asamblea, con la que aprobar las reformas legales que requiere, para consolidar su proyecto político y económico. Y el primer paso lo dió antes de terminar 2007, cuando los asambleístas aprobaron la nueva Ley de Justicia Tributaria que intenta redistribuir la riqueza e impedir la evasión.
La oposición, asoma la cabeza
Sin embargo, la oposición no se ha quedado callada: algunos jefes políticos, como el alcalde de la ciudad costera de Guayaquil, Jaime Nebot, gremios como las cámaras de la producción, medios locales y analistas critican las acciones de Correa y su estilo que califican de "intolerante" y "grosero". La oposición empezó a organizarse y atacar al gobierno desde la instalación de la Asamblea Constituyente y la suspensión del Congreso, pero tomó fuerza tras la aprobación de la nueva ley tributaria, a la que calificó de "paquetazo económico".
Jaime Nebot, ya ha convocado para el 24 de enero a la primera movilización contra Correa, cinco días después de la marcha oficialista. Nebot se ha puesto al frente de un movimiento opositor en ascenso que acusa a Correa de recortar las autonomías municipales, atacar a los gremios empresariales e ir tras una Constitución que concentre todo el poder en sus manos."Cuando las visiones de desarrollo regional, que son la unidad en la diversidad ecuatoriana, no se respetan, entonces allí sí se divide Ecuador, sí se dividen los países", afirmó Nebot en un encendido discurso.
Jaime Nebot, ya ha convocado para el 24 de enero a la primera movilización contra Correa, cinco días después de la marcha oficialista. Nebot se ha puesto al frente de un movimiento opositor en ascenso que acusa a Correa de recortar las autonomías municipales, atacar a los gremios empresariales e ir tras una Constitución que concentre todo el poder en sus manos."Cuando las visiones de desarrollo regional, que son la unidad en la diversidad ecuatoriana, no se respetan, entonces allí sí se divide Ecuador, sí se dividen los países", afirmó Nebot en un encendido discurso.
El millonario Noboa, se queda sin escaño
El empresario bananero Álvaro Noboa, candidato a la Presidencia por el derechista PRIAN y perdedor en la segunda vuelta frente a Correa, miembro después de la Asamblea Constituyente , perdió su escaño en ese cuerpo, por no presentar a tiempo la declaración de bienes. Los asambleístas tenían plazo para entregar la declaración juramentada de bienes hasta la medianoche del viernes pasado, como estipula el reglamento de funcionamiento de la Constituyente. El vicepresidente de la Asamblea, Fernando Cordero, del partido oficialista Acuerdo País, dijo que la "situación es automática" y anunció que Noboa "perdió su cargo". Al llegar la medianoche del viernes, el secretario de la Asamblea Constituyente, Francisco Vergara, cerró la puerta de la secretaría y no esperó más a Noboa ni a su contador privado para que presentaran la declaración juramentada de bienes. Según la esposa de Noboa, Anabella Acín, no presentó su declaración jurada de bienes, ni levantó el secreto bancario, por temor a que le 'inventen un delito'. La esposa de Noboa dijo que 'si hubiese presentado su declaración de bienes jurada, habrían buscado una forma para inventarse un delito para perseguirlo y meterlo preso'.De los 130 asambleístas, Noboa fue el único que no presentó la documentación, pues incluso su esposa, que también tiene un escaño en la Asamblea, entregó un certificado patrimonial y autorizó el levantamiento del secreto bancario.Pese a que el reglamento indica que si algún asambleísta no presenta la declaración de los bienes automáticamente tiene que dejar el cargo para que asuma su suplente, aún se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de la Asamblea. Álvaro Noboa está pendiente de un juicio ante el Tribunal Supremo Electoral , que le exige el pago de una multa de 6,3 millones de dólares que le impuso, por el exceso de gasto en la campaña electoral para las presidenciales.
Los desafíos en Ecuador de la nueva Asamblea Constituyente y de la deuda
por Eric Toussaint-Rebelión
Entre noviembre de 2006 y septiembre de 2007, Rafael Correa ha ganado en cuatro citas electorales (elecciones presidenciales de finales de 2006 a dos vueltas, referéndum a favor de la convocatoria de una asamblea constituyente en abril de 2007 y elección de los miembros de dicha asamblea el 30 de septiembre de 2007). Mientras tanto, realizó varios cambios importante: acercamiento a Venezuela y Bolivia; rechazo de la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y anuncio de la evacuación de la base militar estadounidense en Manta, en el 2009; afirmación de la necesidad del socialismo del siglo XXI; medidas económicas contra las empresas petroleras privadas extranjeras; medidas sociales tendientes a mejorar las condiciones de vida de los más pobres.
A pesar de que toda la derecha hizo campaña para frenar a los partidarios de Rafael Correa, agitando la amenaza comunista, su movimiento «Alianza País» logró 80 de los 130 escaños, lo que dio una cómoda mayoría para la redacción y la aprobación de la nueva Constitución. Por otra parte, el MPD y Pachakutik, movimientos políticos de izquierda, tendrían que llegar a establecer una alianza con el movimiento de Correa, a fin de poder reformar profundamente y de un modo democrático la estructura política del país. El resultado de las elecciones de la Asamblea Constituyente es netamente más favorable al cambio que en Bolivia, donde el movimiento político del presidente Evo Morales y sus alia
dos, aunque con mayoría en la Asamblea, no reúnen los dos tercios de votos necesarios para aprobar una nueva Constitución. Esto explica la lentitud de los trabajos de la Asamblea Constituyente boliviana, continuamente saboteada por la derecha. Felizmente, la situación se desbloqueó en diciembre de 2007. La nueva Constitución boliviana fue aprobada finalmente por dos tercios de los constituyentes presentes, gracias a la política de la silla vacía adoptada por la derecha más dura. Por lo demás, la situación de Venezuela es diferente: el dos de diciembre de 2007, la nueva constitución promovida por Hugo Chávez fue rechazada por el 51 % del No (contra el 49 % del Sí). Una de las causas de la victoria de No fue la precipitación del presidente venezolano, que no convocó una nueva asamblea constituyente que elaborara el nuevo proyecto, como había hecho con éxito en 1999. Aquel año, la Constitución apoyada por Chávez logró el 81,7 % de votos favorables. Por lo tanto, ésta sigue vigente, y constituye, junto con la nueva Constitución boliviana, un modelo democrático frente a las constituciones de los demás países del planeta.
A pesar de que toda la derecha hizo campaña para frenar a los partidarios de Rafael Correa, agitando la amenaza comunista, su movimiento «Alianza País» logró 80 de los 130 escaños, lo que dio una cómoda mayoría para la redacción y la aprobación de la nueva Constitución. Por otra parte, el MPD y Pachakutik, movimientos políticos de izquierda, tendrían que llegar a establecer una alianza con el movimiento de Correa, a fin de poder reformar profundamente y de un modo democrático la estructura política del país. El resultado de las elecciones de la Asamblea Constituyente es netamente más favorable al cambio que en Bolivia, donde el movimiento político del presidente Evo Morales y sus alia
dos, aunque con mayoría en la Asamblea, no reúnen los dos tercios de votos necesarios para aprobar una nueva Constitución. Esto explica la lentitud de los trabajos de la Asamblea Constituyente boliviana, continuamente saboteada por la derecha. Felizmente, la situación se desbloqueó en diciembre de 2007. La nueva Constitución boliviana fue aprobada finalmente por dos tercios de los constituyentes presentes, gracias a la política de la silla vacía adoptada por la derecha más dura. Por lo demás, la situación de Venezuela es diferente: el dos de diciembre de 2007, la nueva constitución promovida por Hugo Chávez fue rechazada por el 51 % del No (contra el 49 % del Sí). Una de las causas de la victoria de No fue la precipitación del presidente venezolano, que no convocó una nueva asamblea constituyente que elaborara el nuevo proyecto, como había hecho con éxito en 1999. Aquel año, la Constitución apoyada por Chávez logró el 81,7 % de votos favorables. Por lo tanto, ésta sigue vigente, y constituye, junto con la nueva Constitución boliviana, un modelo democrático frente a las constituciones de los demás países del planeta.
Los grandes medios tomaron partido, decididamente, contra Rafael Correa durante la campaña electoral de septiembre de 2007. A pesar de ello, los partidos de derecha, así como los de centro-derecha (democratacristianos de ID) fueron arrasados. El PRIAN, partido del magnate de la banana Álvaro Noboa, derrotado el año anterior en la segunda vuelta de las presidenciales por Rafael Correa, no consiguió más que el 5 % de los escaños de la Constituyente. El Partido Social Cristiano, puntal de la derecha, está en declive. El ex presidente Lucio Gutiérrez, apenas logró salvar los muebles (su partido obtuvo 18 escaños). Fueron tomados desprevenidos dado que los sondeos arrojaban modestos resultados a los candidatos que apoyaban a Correa.
El calendario de la Constituyente es apretado.
Inaugurada el 30de noviembre de 2007, debe elaborar una propuesta de nueva Constitución en seis meses (plazo que puede prolongarse otros dos meses si fuese necesario). A continuación, el proyecto se someterá a referéndum 45 días más tarde. El año 2008 será rico en nuevas instancias electorales: referéndum sobre la Constitución, elección de un nuevo parlamento y nueva elección presidencial. En efecto, antes del término de su mandato, que normalmente sería a finales del 2010, Rafael Correa pondrá en juego su cargo después de la aprobación de la nueva Constitución a fin de reforzar su base popular. Si este calendario se confirma, si la democracia ecuatoriana no es terrada por un golpe militar, a finales del año 2008 Ecuador debe haberse dotado de una nueva Constitución democrática, de un nuevo parlamento (en el cual, a diferencia del actual, Rafael Correa dispondrá de la mayoría) y un presidente elegido para un nuevo mandato. Esto abrirá la vía a unas reformas económicas y sociales que podrían ser profundas.
El economista Alberto Acosta, uno de los veteranos dirigentes de la campaña por la anulación de la deuda, preside la nueva Asamblea Constituyente. Propone que ésta trabaje en comisiones temáticas y en asamblea plenaria. En materia de deuda pública, su intención es asociar la Comisión de Auditoría Integral del Crédito (CAIC), creada en julio de 2007, a los trabajos de la comisión económica de la Constituyente. La nueva Constitución podría contener una definición clara de las condiciones en las que el Estado y los poderes públicos locales contraigan deuda pública, proscribiendo las deudas odiosas y fijando un límite máximo al pago de la deuda. Por ejemplo, la Constitución podría prever que jamás la parte del presupuesto del Estado destinada a dicho pago pueda ser superior a los gastos acumulados en materia de educación y sanidad pública.
Unos días después de la victoria electoral del 30 de septiembre de 2007, el gobierno de Rafael Correa anunció que en adelante las empresas petroleras que operan en el país deberán aportar al Estado una parte más elevada de sus beneficios. Esto significaría un ingreso de un poco más de mil millones de dólares suplementarios a las arcas del Estado, que éste podría invertir en el aumento de los gastos sociales.
Esta medida es muy bien recibida por la población. Además, el gobierno de Rafael Correa quiere que los bancos bajen los tipos de interés, que son muy altos. Hace unos meses, el parlamento, con mayoría de derecha, rechazó un proyecto de ley que bajaba los tipos de interés. Este cuerpo colegiado se ha vuelto absolutamente impopular. La gran mayoría de la población aprueba a la Asamblea Constituyente, que, reunida el 30 de noviembre de 2007, suspendió sin límite el parlamento.(Leer artículo completo)
El economista Alberto Acosta, uno de los veteranos dirigentes de la campaña por la anulación de la deuda, preside la nueva Asamblea Constituyente. Propone que ésta trabaje en comisiones temáticas y en asamblea plenaria. En materia de deuda pública, su intención es asociar la Comisión de Auditoría Integral del Crédito (CAIC), creada en julio de 2007, a los trabajos de la comisión económica de la Constituyente. La nueva Constitución podría contener una definición clara de las condiciones en las que el Estado y los poderes públicos locales contraigan deuda pública, proscribiendo las deudas odiosas y fijando un límite máximo al pago de la deuda. Por ejemplo, la Constitución podría prever que jamás la parte del presupuesto del Estado destinada a dicho pago pueda ser superior a los gastos acumulados en materia de educación y sanidad pública.
Unos días después de la victoria electoral del 30 de septiembre de 2007, el gobierno de Rafael Correa anunció que en adelante las empresas petroleras que operan en el país deberán aportar al Estado una parte más elevada de sus beneficios. Esto significaría un ingreso de un poco más de mil millones de dólares suplementarios a las arcas del Estado, que éste podría invertir en el aumento de los gastos sociales.
Esta medida es muy bien recibida por la población. Además, el gobierno de Rafael Correa quiere que los bancos bajen los tipos de interés, que son muy altos. Hace unos meses, el parlamento, con mayoría de derecha, rechazó un proyecto de ley que bajaba los tipos de interés. Este cuerpo colegiado se ha vuelto absolutamente impopular. La gran mayoría de la población aprueba a la Asamblea Constituyente, que, reunida el 30 de noviembre de 2007, suspendió sin límite el parlamento.(Leer artículo completo)
(Fuentes:ANSA-Latina, AFP, EFE y Rebelión)
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