Una de las promesas del presidente Rafael Correa en su campaña electoral en 2006 fue no renovar este convenio. Además, la Asamblea Constituyente, que ha concluido recientemente sus trabajos, incluyó un artículo en la nueva Constitución, que prohíbe las instalaciones militares extranjeras en suelo ecuatoriano.
Dependiente del "Southcom", o Comando Sur del ejército de EE.UU., su nombre oficial -Forward Operating Location, FOL- establece la base como "avanzadilla" y punto de partida para las actividades en la región andina.
El actual gobierno ecuatoriano considera que la presencia estadounidense en Manta viola su soberanía. La Asamblea Constituyente dejó clara también su posición, al incluir en la Carta Magna que debe ser sometida a referendum, el siguiente artículo: "El Ecuador es un territorio de paz. No se permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. No se puede ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras".
Para Correa y los aliados de su gobierno, las operaciones estadounidenses en Manta comprometen la soberanía ecuatoriana. La sospecha del gobierno de Ecuador es que la información de inteligencia que utilizaron las fuerzas armadas colombianas que atacaron el campamento del dirigente de las FARC Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, llegó de los aviones de la base militar de Manta.
La Base, ampliada en 2001 para el Plan Colombia
En marzo de 2001, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos cerró el aeropuerto local de Manta para iniciar trabajos de renovación por un monto declarado de más de 65 millones de dólares. Oficialmente, el gobierno ecuatotiano del momento dijo que se trataba de adecuar la pista para que la pudieran usar, como una "estación de servicio" varios aviones espías del Pentágono para vigilar los vuelos clandestinos con drogas en los Andes. Pero la sospecha era que Manta se iba a convertir en un bastión de las operaciones encubiertas del Plan Colombia en la implicación de los Estados Unidos en el conflicto colombiano."La base representa una provocación y nos involucra en un problema que no es nuestro" decía entonces Antonio Posso, del partido izquierdista Pachakutik. "Estoy de acuerdo en que necesitamos hacer nuestra parte para controlar el tráfico de drogas, pero tememos que la base pueda ser usada contra las guerrillas" añadió.
Los Estados Unidos usaban el aeropuerto de Manta, antes de su remodelación en 2001, para reponer combustible y para el mantenimiento de sus aviones P3 y C130, dotados con sofisticados equipos de vigilancia. Tras ser mejorada y extendida pista comenzaron a usarla los AWACS, más pesados y potentes, y los KC-135, que pueden abastecerlos en vuelo. Además, se construyeron también cuarteles para unos 300 hombres.
“Este proyecto ya no es táctico, es estratégico … en la construcción de nuestra nueva y grande Patria latinoamericana y sudamericana”, dijo Chávez durante su intervención en la ceremonia celebrada muy cerca del puerto y de la pista del aeropuerto de Manta, donde fondean los buques y se estacionan los aviones de la US Air Force.
Las autoridades ecuatorianas han resaltado que la nueva refinería permitirá eliminar la importación de derivados que le cuesta al país unos 3,000 millones de dólares anuales. Ecuador cuenta con tres refinerías, la más grande tiene una capacidad de procesamiento de 110,000 barriles de crudo diarios..
Los gobiernos de Quito y Caracas mantienen otros acuerdos energéticos, entre los más importantes, el intercambio de crudo ecuatoriano por derivados venezolanos.

En una declaración conjunta los diputados del bloque califican la vuelta de la IV Flota de “innecesaria” e “inoportuna” por considerar que Suramérica es una región “pacífica y democrática”, capaz de resolver sus conflictos de forma “negociada" y bajo el principio de “no intervención”.
Señalan que la reactivación de la IV Flota implica “la militarización de conflictos y problemas regionales” y su presencia en mares de la región puede derivar en “una inseguridad hemisférica y comprometer la integración de América del Sur y del propio Mercosur”.
El Parlasur, está integrado por 18 legisladores por cada país miembro del tratado integracionista (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, más Venezuela, en fase de admisión y cuyos representantes tienen voz, pero no voto.)
Su reactivación es interpretada por varios gobiernos latinoamericanos como una amenaza al proceso de cambios que se operan en esta parte del mundo, así como un intento de Washington por aceitar su maquinaria bélica para en su momento apropiarse de los recursos de la región.
Brasil, vincula la decisión norteamericana al reciente hallazgo de grandes reservas de petróleo ante sus costas.
También se relaciona la reactivación de esa maquinaria naval con la política de amenazas de Estados Unidos hacia las revoluciones que tienen lugar en esas y otras naciones y con el proceso de segunda independencia que se opera en la región.

Es apenas natural, por ejemplo, que Venezuela asuma esta decisión como una clara amenaza a su soberanía, al igual que Nicaragua (más le vale no olvidar a William Walker) o Ecuador, cuyas autoridades han decidido retirar a los gringos el uso de la base de Manta. Es igualmente comprensible que el resto de los mandatarios manifiesten su preocupación ante las razones que se alegan desde Washington para justificar la medida. Para cualquiera resulta muy inquietante que la presencias de la IV Flota se presente como instrumento de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico cuando por su estructura y funciones resulta poco o nada apropiada para tales fines.

Cosa muy diferente es que tal dominio se vea ahora amenazado en mayor medida que antes por viejas y emergentes potencias mundiales y que los Estados Unidos tengan que admitir desafíos a su dominio en lo que otrora fue su “patio trasero”, además de soportar ciertas manifestaciones de independencia de algunos gobiernos del área. Resulta toda una paradoja que la alegada e incierta “amenaza comunista” de ayer, utilizada de forma sistemática para cometer los peores crímenes (dictaduras, invasiones, asesinatos selectivos, etc.) resurja no ya promoviendo la revolución bolchevique en tierras americanas sino mediante la dura competencia económica que representan Rusia y China, las dos potencias del antiguo campo socialista, ahora disputando exitosamente la influencia de Occidente en la región.
No ha sido diferente el caso de Colombia. Washington convierte a su gobernante en un demócrata impoluto y a las guerrillas en simples terroristas y narcotraficantes. No importa que -sin que ocurra cambio alguno- los insurgentes armados hayan sido hasta ayer mismo negociadores aceptables tanto para Bogotá como para Washington (reuniones no tan secretas en Costa Rica); antes eran insurgentes con status político, a la mañana siguiente (según ha convenido en el nuevo escenario) son demonios a destruir. Por añadidura las FARC no solo resultan terroristas y narcotraficantes, son además comunistas irredentos, tres delitos por los cuales merecen en su contra el mayor operativo militar jamás desplegado por el Pentágono en la región (el Plan Colombia) y hasta toda una IV Flota, que protegerá una democracia, la colombiana, que para no ser menos que la chilena (ese otro dechado de tradiciones liberales y republicanas) ya superó con creces a Pinochet en número de ejecutados fuera de combate, desparecidos, exilados, desplazados internos y presos (para no mencionar otras violaciones de derechos humanos).
Con una nueva administración en la Casa Blanca, sea ésta demócrata o republicana, nada cambiará sustancialmente. Tampoco cambiará la actitud de los pueblos del sur y del Caribe, en contadas ocasiones interpretados de forma adecuada por algún gobernante digno.
(*)USS George Washington (CVN 73), portaaviones de la clase Nimitz.







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