Colombia: Amenazas a Periodistas

EL AÑO COMIENZA CON MÁS PRESIONES A LOS MEDIOS Y NUEVOS INFORMADORES QUE TIENEN QUE HUIR O BUSCAR PROTECCIÓN. LAS REDES DE CORRUPCIÓN Y LOS PARAMILITARES SON LAS PRINCIPALES AMENAZAS

Reporteros sin Fronteras expresa preocupación al saber que, el 15 de enero de 2008, Alexander Guerrero, del diario local 'Magangué Hoy' en Magangué (Bolívar), en el norte de Colombia, tuvo que huir tras ser avisado de que existe un plan para eliminarle.

La organización lamenta también las repetidas amenazas de muerte recibidas, en el mismo período, por Humberto Bedoya Henao, de la radio 'Ondas del Meta' en Villavicencio, y Clodomiro Castilla Ospino, director de la revista 'Pulso del Tiempo' y presentador de la emisora 'Voz de Montería', en la ciudad del mismo nombre (Noroeste). Los tres periodistas denunciaron recientemente casos de corrupción o abuso de poder, en los que están implicados funcionaros municipales.

"Siete periodistas colombianos tuvieron que abandonar la región, o el país, en 2006; seis más hicieron lo mismo en 2007. La corrupción y la, supuesta o confirmada, cercanía de un determinado número de funcionarios regionales con el paramilitarismo, hacen casi imposible el ejercicio de la profesión. Es cierto que a los periodistas amenazados se les proporciona vigilancia del Ministerio del Interior. Sin embargo, el hecho de que hagan esfuerzos para protegerles no debe servir de pantalla, y aun menos de excusa, para dejar que los asuntos sensibles se queden donde los dejaron los periodistas. La protección no sirve de nada sin la lucha contra la impunidad y la restauración del Estado de derecho", afirma en un comunicado RsF.

Alexander Guerrero venía recibiendo repetidas intimidaciones desde que, el 31 de diciembre de 2007, dio cuenta de que unos algunos partidarios del ex alcalde Jorge Luis Alfonso López acusado, y después absuelto, de malversación y blanqueo de dinero, y cuya familia al parecer mantiene relaciones con algunos paramilitares, habían robado en la oficina central de la alcaldía. El 1 de enero, cuando el periodista ya había enviado imágenes del saqueo de la alcaldía a sus interlocutores de los canales nacionales Caracol y RCN, uno de los guardaespaldas de Jorge Luis Alfonso López le aprehendió en la calle, y le amenazó de muerte. Cuatro días más tarde, Alexander Guerrero notó que le estaban vigilando unos individuos, subidos en una moto, aparcados delante de su residencia. Más tarde, el actual alcalde de Magangué, Anuar Arana Gechem, que pensaba nombrar a Alexander Guerrero director de su servicio de prensa, le advirtió que se había hecho un contrato por su cabeza, y que iban a asesinarle el 18 de enero. Escoltado por la policía, el periodista decidió marcharse de la ciudad el día 15.

Corruptos y paramilitares

Por otra parte, Humberto Bedoya Henao, director del programa informativo "Hechos y Opiniones" en la emisora 'Ondas del Meta' en Villavicencio (Meta), en el centro del país, fue amenazado por teléfono el 22 de enero de 2008. El anónimo interlocutor invitó al periodista a asistir a su propio entierro. La intimidación se produjo pocas después de que el periodista revelara un fraudulento traspaso de un mercado público, llevado a cabo entre la alcaldía y el empresario Leonado Pérez. Al periodista ya le habían amenazado en octubre de 2007, después de que hiciera público el expediente judicial de un candidato a la alcaldía de Villavicencio. Según la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER), la situación de Humberto Bedoya Henao se ha puesto en conocimiento del Ministerio de Interior y Justicia.

Finalmente, el 17 de enero de 2008, Clodomiro Castilla Ospino, colaborador del programa "Bloque Radial" en la radio 'Voz de Montería' y director de la revista 'Pulso del Tiempo', denunció en las ondas de 'W Radio' haber recibido amenazas de muerte, la última de las cuales la atribuye el coronel Francisco Miranda, un oficial de la policía local. El periodista relacionó esas amenazas con sus recientes investigaciones sobre algunos casos de desvío de fondos públicos por parte de funcionarios, sospechosos de connivencia con los paramilitares. El Ministerio de Interior y Justicia ha puesto protección a Clodomiro Castilla Ospino.

Aumenta la violencia contra el periodismo

Colombia es el segundo país más peligroso para el periodismo en Latinoamérica, después de México, por el número de informadores asesinados. La situación ha empeorado durante 2007, entre otra razones porque algunos periodistas han sido colocados en la diana de los asesinos por las propias autoridades. Así, las organizaciones nacionales e internacionales de prensa han expresaron su enérgica repulsa por las declaraciones del propio presidente Álvaro Uribe, quien ha legado a acusar públicamente a dos periodistas de relevante trayectoria. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), dijo que sus comentarios estridentes y personales dieron como resultado múltiples amenazas de muerte en contra de ambos, provocando además el exilio de uno de ellos. El CPJ denunció la intolerancia de Uribe hacia la crítica en los medios de comunicación. Los afectados fueron los periodistas Daniel Coronell, director de noticias del Canal 1 y columnista de la prestigiosa revista “Semana”, al que el presidente en un diálogo radial calificó de "cobarde, mentiroso, canalla y difamador profesional"; y Gonzalo Guillén, corresponsal de diario “El Nuevo Herald” de Miami, que se vio obligado a abandonar Colombia tras recibir más de veinte amenazas de muerte. Uribe le había llamado "difamador de baja calidad".

La Federación Colombiana de Periodistas (FELCOLPER), también llamó la atención al presidente Uribe, para que atemperase su lenguaje . La FELCOPER denunció la costumbre de Uribe de desacreditar a los periodistas y de sindicarlos como autores de hechos falsos o inexactos.

Curiosamente los señalamientos del Presidente Uribe han sido, siempre, seguidos de amenazas de los paramilitares, los más activos contra la prensa crítica.

Así, destacan los sucesos ocurridos en el municipio de Chinú (Córdoba), zona norte del país y uno de los departamentos de mayor actividad paramilitar. Allí una turba de simpatizantes de Colombia Democrática, la organización política que mayor número de dirigentes detenidos tiene por la llamada “parapolítica”, golpeó a los periodistas Milton Otero y Julio Daniel Otero, reportero gráfico y director del quincenario “El Observador”.Milton Otero denunció que el intento de linchamiento podría estar relacionado con las denuncias publicadas en “El Observador” sobre casos de corrupción que alcanzan al ex alcalde y a los posibles vínculos de políticos de esa coalición con los grupos paramilitares de la región.

Medios contra la violencia

La situación de grave inseguridad que viven los y las periodistas colombianas desde hace muchos años ha llevado a multitud de denuncias tanto nacionales como internacionales, que tuvieron su cenit en las acciones que se realizaron en la ciudad de Arauca, donde se produjo el lanzamiento del “Código de Protección para el Cubrimiento de los Actos Electorales” y se distribuyó la segunda edición en español del “Manuel de Protección para Periodistas: Noticias en vivo” de la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

El programa de capacitación se realiza merced al trabajo conjunto del Centro de Solidaridad de la FIP en Colombia, la Corporación de Medios para la Paz y la Agencia Sueca de Cooperación.

En los últimos 16 años, solo en Colombia, 39 periodistas han sido asesinados en cumplimiento de su trabajo profesional.

(Fuentes: Periodistas-es y Revista Pueblos)

Latinoamérica: Mujeres

CINCO MILLONES DE LATINOAMERICANAS SON VÍCTIMAS DEL TRÁFICO DE PERSONAS.

aUnas 800.000 personas caen en redes de trata para su explotación sexual, laboral o la extracción de órganos.

aLos traficantes actúan al amparo de la corrupción de las autoridades en México, Colombia o Argentina.

Latinoamérica es una de las regiones del mundo más afectadas por esta lacra. Un drama colectivo, una verdadera explotación de género que no tiene reflejo, habitualmente, en los grandes medios de comunicación, que mantienen un silencio que los hace cómplices de esta situación.

Según un informe realizado por la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas, más de cinco millones de mujeres y niñas son víctimas de tráfico de personas en América Latina y el Caribe. Así lo declaró Teresa Ulloa Ziaurriz, directora de la organización, quién, además, agregó, en el marco del foro Experiencias exitosas de atención a víctimas, celebrado recientemente, que más de 500 mil de todos esos casos tienen lugar en México. El tráfico de personas es algo muy poco aireado dentro de la sociedad latinoamericana, pero en todo un drama que azota sobre todo en las zonas más pobres de la región y que afecta entre 600.000 y 800.000 personas víctimas de trata.

De acuerdo a lo establecido durante el foro, en el país azteca las protagonistas de estos secuestros son utilizadas con fines de explotación sexual y laboral, pornografía y tráfico de órganos humanos.
A pesar de que en muchos casos el tráfico de órganos sea considerado una fantasía que se halla en el imaginario de la sociedad, existen hechos comprobados de desapariciones repentinas de hombres y mujeres que luego son convertidos en donantes de órganos ilegales.
No obstante, este entramado mafioso que conjuga prostitución, drogas, venta de órganos y demás tiene como común denominador, según se expuso en el foro organizado por el Instituto Coahuilense de las Mujeres, al poder político y policial, convirtiendo a la trata de personas en la tercera industria ilícita más poderosa del mundo.

Colombia, punto de distribución de la red

Colombia, está considerada por los expertos como el país latinoamericano más utilizado como puerto de tránsito de mujeres secuestradas con fines sexuales de los países vecinos, como Ecuador, Perú y Bolivia.

Durante la "Conferencia Regional Trata de Personas: Teoría y Práctica en la Cooperación Regional e Internacional", realizada en Bogotá y organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito (UNODC) y la Embajada de Suecia en Colombia, se llegó a la conclusión de que el conflicto interno colombiano contribuye al crecimiento del tráfico de personas.
Sandra Valle, representante regional de la UNODC, destacó que el delito de tráfico de personas es "el negocio de más rápido crecimiento del crimen organizado, con ingresos de entre 7.000 millones y 12.000 millones de dólares al año".
Si bien las cifras de las que se habla llaman la atención, se debería entender a la cuestión de la “trata de blancas” y del tráfico de personas no sólo desde el punto de vista monetario sino , sobre todo, porque se trata de una clara violación de los derechos humanos. Para entenderlo, basta con escuchar alguno de los crudos testimonios de las personas que son recuperadas luego de años de cautiverio.
Estos delitos transnacionales -ya que en la mayoría de los casos las personas sometidas a los traficantes son llevadas por fuera de las fronteras de sus países de origen- son considerados como crímenes de lesa humanidad por el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de niños y mujeres.
Muchos de las individuos obligados a abandonar sus países y llevados a regiones lejanas para ser vendidos como mercancías, son devueltos por los proxenetas en la medida en que dejan de serles útiles. Es así la lógica capitalista la que se impone y que hace que se use a las personas como mera mercancía, en una práctia en la que entra en juego la dignidad y la propia vida de seres humanos.

México, centro de explotación sexual de centroamericanas

La asociación End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) ha cuantificado en más de 2.000 las centroamericanas, en su gran parte menores de edad, que son obligadas a prostituirse en 1.552 bares y burdeles de Tapachula, México.
La coordinadora subregional sobre Tráfico y Trata de personas de Save the Children-Suecia, Ana Salvadó, asegura que la pobreza, la falta de trabajo o la búsqueda de una vida mejor, son algunas de las causas que exponen a miles de personas a la posibilidad de caer en redes de traficantes.
Éstas jóvenes son vendidas por unos pocos dólares y, tal como lo mostró la revista mexicana Contralínea, las redes mafiosas actúan al amparo de la corrupción de autoridades locales y federales del país azteca.

El Noroeste argentino y el caso de Marita Verón

Algo similar ocurre en Argentina, dónde, sobre todo, el noroeste del país se encuentra repleto de prostíbulos que explotan a las jóvenes recluidas allí en contra de su voluntad y sometidas no sólo a la humillación sexual, sino también a la violencia extrema y al consumo de sustancias tóxicas, para que sean más “serviciales” con el cliente.

Este parece ser el caso conocido públicamente de Marita Verón, una joven tucumana que con sólo 23 años fue raptada y ya lleva 5 años desaparecida. Desde el primer día de su desaparición, sus padres comenzaron una búsqueda incansable hasta llegar a la hipótesis -ya confirmada- de que a su hija se la llevó una red encargada de secuestrar jóvenes para prostituirlas en el noroeste argentino o venderlas a países como España.
Este entramado mafioso fue denunciado por la madre de la chica, Susana Trimarco, quién se infiltró en ese mundo, simulando ser una prostituta, para llegar a la verdad sobre la desaparición forzada de Marita. Desde ese lugar, pudo recuperar a 19 adolescentes que eran obligadas a trabajar vendiendo su cuerpo, luego de haber sido extraídas de sus hogares y de sus vidas cotidianas.
Tal como lo denuncia la página web oficial del Caso Verón, a pesar de que la trata de blancas en el norte argentino es de “conocimiento público, ningún fiscal ha promovido investigación alguna y se guarda riguroso silencio oficial sobre el tema”.
Además, agrega que “cuando un funcionario puso crudamente el tema a la consideración pública, fue echado del Gobierno mientras los regentes de los lupanares eran recibidos en los despachos oficiales para buscar una solución al ´grave problema social´ que implicaba la clausura de los prostíbulos, por dejar a mucha gente sin su fuente de trabajo”.
En este sitio, la familia Verón recibe a diario miles de mensajes de apoyo, de denuncia y de aporte de datos sobre la situación de Marita. Susana Trimarco desde el primer día de la desaparición de su hija no cesó en su esfuerzo por rastrearla y no dudó en poner en peligro su propia vida y sufrió varias amenazas de muerte por parte de los regentes de los prostíbulos denunciados y de los traficantes.
Una de las jóvenes rescatadas por Trimarco de la casa de la regente, Fátima Mansilla, de 16 años, denunció: "Yo dormí a la par de Marita". Otra de las chicas devueltas a su hogar, Andrea Romero (15), declaró que mataron a una de sus compañeras y como castigo pusieron el cadáver acostado a su lado. A su vez, otras jóvenes en la misma situación afirmaron que las obligaban a tomar cocaína y vodka puro antes de estar con los clientes.

Y también en Centroamérica

También en Honduras, existe un caso muy resonante, al igual que el de Verón: el de Jacqueline Jirón, una joven que fue secuestrada y aún no ha sido rescatada. Sin embargo, su familia ha podido rastrear la ruta usada por sus captores para prostituirla en varios países.
Tal como sucedió con Marita, Jacqueline fue llevada al extranjero para ser explotada sexualmente y, continuando con las similitudes entre ambos casos, tanto a Marita como a Jacqueline y a miles de jóvenes que son raptadas le cortaron el cabello y lo tiñeron.
Las mujeres son sometidas a estos cambios físicos para cambiar su fisonomía y no ser reconocidas. A su vez, son obligadas a consumir drogas y alcohol y, en los casos en lo que quedan embarazadas se les practican métodos muy violentos y sumamente peligrosos para hacerlas abortar.

Tanto la madre de Jacqueline como la de Marita pasaron por los lugares dónde fueron llevadas sus hijas para prostituirse. A partir de esa experiencia, la mamá de Jacqueline relató: “Vi cosas que no pensé que existieran. Lo peor, hice cosas que no pensé que haría. Los prostíbulos están llenos de niñas, vendidas por traficantes y abandonadas por sus padres”.
(Fuente: APM-Agencia de pensa del Mercosur)

Brasil: Operación Cóndor

EL GOBIERNO BRASILEÑO ADMITE COMO VÁLIDO EL TESTIMONIO DEL AGENTE URUGUAYO QUE CULPA A LA DICTADURA DE GEISEL Y A LA C.I.A. DEL ASESINATO DEL EX-PRESIDENTE JOAO GOULART

Los documentos desclasificados en los últimos años permitieron demostrar la implicación de Estados Unidos y del entonces Presidente Lindon B. Johnson en el golpe militar contra el presidente constitucional brasileño Joao Goulart en 1964. Lo que ahora se revela, tras la declaraciones de un ex-agente uruguayo es que su asesinato en Argentina por agentes del Uruguay formaba parte de esos mismo planes y de la Operación Cóndor. Ayer el ministro de Justicia brasileño Tarso Genro amitió que el contenido de esas declaraciones sea cierto.

Geisel y la CIA dieron la orden

El ex miembro de los servicios de inteligencia uruguayo Mario Neira Barreiro afirmó que el ex presidente brasileño Joao Goulart fue asesinado por un comando uruguayo siguiendo instrucciones del entonces dictador brasileño Ernesto Geisel y la Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA). Neira Barreiro declaró, en entrevista al diario Folha de Sao Paulo , que el ex presidente de facto Geisel (1974-1979) fue el responsable político de la ejecución, mediante envenenamiento, de Goulart, quien según la versión oficial falleció de un paro cardíaco el 6 de diciembre de 1976 en la localidad argentina de Mercedes, provincia de Corrientes, próxima a la frontera con Brasil. La orden de ejecutar a Goulart fue impartida al grupo de tareas represivas uruguayo "Centauro", por Sergio Paranhos Fleury, ex jefe de la policía política, la DOPS (Dirección de Orden Político y Social) de Sao Paulo.

Fleury "dijo en una reunión en Uruguay (en que yo no estuve) que había conversado con Geisel" y que éste le dio la orden de asesinar a Goulart. "La CIA pagó fortunas para saber lo que Jango (Goulart) hablaba (en el exilio) y fue responsable por muchas cosas, pero no quiero hablar sobre eso porque tengo miedo" declaró Barreiro durante el diálogo con el diario Folha en el presidio Charqueadas, del estado de Rio Grande do Sul. El hijo del ex presidente Goulart (1961-1964), Joao Vicente, que el año pasado entrevistó a ex agente, dijo que su vida corre peligro.

El ministro de Justicia admite que podría ser válida la declaración

El ministro brasileño de Justicia, Tarso Genro, admitió la "posibilidad" de que el ex presidente Joao Goulart hubiese sido asesinado, como afirma el ex agente secreto uruguayo Mario Neira Barreiro, preso en Brasil y quien asegura haber participado del crimen.

Genro, en declaraciones también a la edición digital del diario Folha de Sao Paulo, reconoce que un eventual ataque contra la vida de Goulart, depuesto en un golpe militar en 1964, "era posible", pues el ex mandatario vivió durante su exilio en Argentina y Uruguay sin ninguna protección. El responsable de la cartera ministerial de Justicia recordó que estuvo durante treinta días en una de las haciendas de Goulart en Uruguay, aprovechando la amistad entre el ex presidente y el padre del ministro. "En ese período me di cuenta que él (Goulart) vivía de modo muy simple y sin la presencia de guardaespaldas. Él recibía visitas de amigos, políticos uruguayos y brasileiros en la hacienda. Es posible que haya ocurrido un atentado, no lo dudo. Pero no se tienen informaciones correctas, algún dato técnico", apuntó.

Tarso Genro agregó que "si se presenta algún dato de que el gobierno brasileño (de la dictadura militar entre 1964-1985) haya articulado eso , el Ministerio de Justicia va a investigar". Genro, sin embargo, señaló que la declaración de Neira Barreiro, quien asegura haber espiado a Goulart entre 1973 y 1976 y participado del supuesto envenenamiento en una de sus haciendas en Argentina y ordenado por los gobiernos de Brasil y Uruguay, "no es confiable".

Neira Barreiro, quien afirmó que Goulart murió por ingerir medicamentos envenenados y no por infarto como informaron las autoridades forenses argentinas, cumple pena en la cárcel de máxima seguridad de Charqueadas, en las afueras de Porto Alegre, por narcotráfico, falsificación de documentos, robo y agavillamiento.

El domingo en una entrevista con el diario Folha de Sao Paulo el ex agente uruguayo dio detalles de esa historia, que ya había adelantado a Joao Vicente Goulart durante la grabación de un documental para la TV del Senado brasileño en la que el hijo del ex presidente se hizo pasar por periodista. Después de la declaración, la familia de Goulart denunció el caso ante el Ministerio Público brasileño, que hasta ahora no se ha pronunciado argumentando que está estudiando todavía la demanda y las pruebas presentadas.

El hijo del ex mandatario, expresó su temor por la vida de Neira Barreira, principal testigo en un eventual juicio por el supuesto asesinato de su padre, y en declaraciones a la TV Globo manifestó que si la Justicia brasileña no se pronuncia llevará el caso a los tribunales internacionales.

El ex policial uruguayo, en tanto, reafirmó al mismo canal que participó del complot para envenenar a Goulart y reiteró que el médico uruguayo Carlos Milles, asesinado después, fue el encargado de cambiar las píldoras que el ex presidente tomaba para sus problemas cardíacos por otras envenenadas.

El asesinato de Goulart forma parte de la Operación Cóndor

En la entrevista diario Folha de Sao Paulo, el agente uruguayo Mario Neira Barreiro da detalles de lo que aparece como una suerte de “tercerización” del Cóndor, en la que la policía política brasileña encomendó a un grupo de tareas uruguayo, el autodenominado Grupo de Acciones Militares Antisubversivas (Gamma) vigilar y, posteriormente, ejecutar a Joao Goulart, derrocado por el golpe militar de 1964, que implantó una de las dictaduras más largas de la región. Los militaresentregaron el poder en 1985, pero a condición de que ninguno de sus hombres fuera investigado, y menos aún, procesado o condenado. Imposición respetada a rajatabla por los seis gobiernos civiles que se sucedieron hasta ahora.

Neira Barreiro, confiesa haber seguido a Goulart a sol y sombra durante tres años (1973-1976). Fue en el Hotel Liberty, de Buenos Aires, donde solía hospedarse Goulart, donde un miembro de la banda Gamma logró acceder a los frascos de medicinas de Goulart, un enfermo cardíaco que había sufrido un infarto en 1974, y allí introdujo las píldoras que lo habrían matado el 6 de diciembre de 1976, en su estancia correntina de La Villa.

Quien elaboró el presunto preparado mortal fue el médico uruguayo Carlos Milles, jefe del grupo Gamma y a quien también se le imputa haber envenenado, en 1978, a Cecilia Fontana de Heber, madre de un ex senador del Partido Blanco de Uruguay.

“Operación Escorpión” fue el nombre de la conspiración que tenía como objetivo la muerte de Goulart, amigo y heredero político del ex presidente Getulio Vargas.

Goulart, el también ex presidente Juscelino Kubitscheck y otros dirigentes democráticos inclinados por una salida negociada de los militares eran vistos como una amenaza por los estrategas de éstos, que por esa razón habrían decidido eliminarlo.

El ex agente uruguayo comparte esa teoría según la cual la dictadura brasileña estaba más preocupada con los líderes moderados que con los grupos armados, totalmente aniquilados en 1976. Neira Barreiro explicó que la “Operación Escorpión” no es hija directa del Plan Cóndor, sacramentado en 1975 en Chile por las dictaduras regionales, sino de las operaciones Jacarta y Bandeirantes, que persiguieron opositores brasileños en la región antes de 1975.Es una afirmación que se empata con informaciones publicadas el año pasado según las cuales los militares y diplomáticos brasileños montaron una red internacional represiva antes de que el Plan Cóndor comenzara a tomar vuelo.

Sin embargo, para muchos las revelaciones del agente uruguayo demostrarían que el crimen formó parte de la Operación Cóndor y el testimonio podría incluirse en un próximo juicio oral que se realizará aquí para juzgar a los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad de las dictaduras.

Los familiares del ex presidente Goulart han presentado ante la Fiscalía General de Brasil una denuncia sobre su posible asesinato. El ex mandatario habría sido envenenado por agentes de inteligencia de Brasil, Uruguay y Argentina, ya que en la provincia de Corrientes, donde ocurrió el presunto asesinato, operaban las fuerzas conjuntas de las dictaduras de estos países. En las investigaciones sobre la Operación Cóndor se descubrió que Goulart pudo haber sido envenenado con “gas sarín”, elaborado en los laboratorios químicos de la policía política del ex dictador chileno Augusto Pinochet por el químico Eugenio Berríos, asesinado en Uruguay en 1992. En mayo de 2000, la Cámara de Diputados de Brasil nombró una comisión para investigar el posible asesinato de Goulart.

EE.UU. instigó la dictadura en Brasil de 1964 a 1986.

La intervención de Washington en el golpe al presidente brasileño Joao Goulart ya había sido denunciada, pero en noviembre de 2006 fue confirmada por un documento. El historiador de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Carlos Fico descubrió en un archivo en Washington los documentos que confirman la participación de la embajada estadounidense y el Departamento de Estado en el golpe militar. Entre ellos, el informe redactado por el entonces embajador estadounidense, Lincoln Gordon, titulado "Un plan de contingencia para Brasil". Escrito a finales de 1963, en él se planteaban posibles escenarios políticos. Por un lado, Gordon describía el riesgo de una revuelta "de extrema izquierda" e, inclusive, de una "intervención comunista" en el país con el apoyo de la Unión Soviética y Cuba. Por el otro lado, el diplomático planteaba la posibilidad de que Goulart fuera "convencido" de dejar el poder por fuerzas "constructivas".
Tres meses y medio después de que Gordon enviara este informe al entonces consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, estalló un golpe de estado en Brasil.
La historia es conocida. Después de dos días de sublevaciones, miles de soldados tomaron Río de Janeiro en la madrugada del 2 de abril, mientras el presidente del Congreso se preparaba a anunciar que Goulart había dejado la Presidencia. El mandatario, un seguidor del ex presidente Getulio Vargas, no ofreció resistencia a las Fuerzas Armadas y se exilió en Argentina, donde permaneció hasta su muerte, en 1976.
. Dos semanas después del golpe de 1964, asumió la presidencia el jefe del Estado Mayor del Ejército, Castello Branco, marcando el inicio de veinte años de dictadura.
De la ayuda de Washington en los días posteriores al golpe de Estado tam`poco hay dudas. El historiador también encontró un telegrama enviado desde el Departamento de Estado al embajador Gordon el mismo día en que los militares se levantaron contra el gobierno de Goulart. En él se detallaba la ayuda que enviarían a las fuerzas golpistas : cuatro barcos petroleros, un portaaviones, seis barcos de guerra, 110 toneladas de municiones y gases lacrimógenos para controlar a las multitudes, diez aviones de carga, seis de guerra y seis de reabastecimiento.
Washington negó siempre su participación en el golpe militar. En 2003 la prensa brasileña volvió a preguntarle al ex embajador Gordon si habían estado involucrados en algún aspecto del derrocamiento de Goulart. "La participación activa fue absolutamente nula", reiteró una vez más el diplomático.

Con la caída de Goulart comenzó una dictadura que se prolongó en el poder hasta 1985. Fue uno de los períodos más nefastos de la historia brasileña y también uno de los menos discutidos. Recién en los últimos años y con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se comenzaron a abrir algunos de los archivos secretos del Estado.
(Fuentes: Agencia PÚLSAR, ANSA-Latina, EFE, Página 12 y La Jornada)

Colombia: Masacres paramilitares

FOSAS Y MÁS FOSAS. LOS 'NUEVOS' ESCUADRONES SIGUEN SEMBRANDO LOS RESTOS DE SUS MASACRES EN CAMPOS Y CIUDADES. EL CONFLICTO ALCANZA YA LOS 4 MILLONES DE MUERTOS

La laguna y las montañas de tres barrios de Cazucá, junto a Soacha, una ciudad-dormitorio del Sur de Bogotá, son los lugares donde la desarticulada banda de 'Tomasito', un capo paramilitar, escondía los cuerpos de sus víctimas, no menos de 100 asesinatos.

Según los habitantes del sector, hay cuerpos enterrados por toda la zona. La gente estaba callada, pero tras la captura de los 'paracos', familias de Casaloma primer sector, La Capilla y El Oasis han comenzado a hablar sobre sus parientes desaparecidos, enterrados en el monte o lanzados a una laguna llamada 'El lago'.
Un mujer que debió abandonar su casa el año pasado, después del asesinato de su esposo, contó: "Él tenía 35 años. El 16 de octubre del 2006, a las 10 de la noche, llegaron dos hombres y una mujer enviados por 'Tomasito' para asesinarlo". Después de golpearlos, incluso a su hija de 13 años, sacaron al hombre de la casa y le recriminaron que no estaba pagando la 'vacuna'."Nos pedían una cuota alta y no la podíamos pagar y por eso nos buscaron. Cuando lo sacaron escuché los tiros y sus lamentos. No podía salir porque me tenían adentro amenazada. Escuché que lo botaron al lago y cuando se iban a ir alcancé a ver las linternas allá cerca..., él está ahí en la laguna", asegura la mujer. Dice que nunca denunció los hechos porque le dijeron que si lo hacía le pasaba lo mismo o a su hija. Dos días después se fue del barrio y dejó abandonada su casa.

Hace dos años y medio, Fredy Tovar Rodríguez, alias 'Tomasito', sacó de su casa a una joven de 16 años que estaba haciendo el bachillerato y después de matarla la lanzó al lago. Su caso tampoco fue denunciado por miedo a las represalias.
Un hombre que pide la reserva de su nombre, cuenta que dos de sus primos podrían estar enterrados. Otra persona habla de la desaparición de su hermano de 37 años, un vigilante que trabajaba en Bogotá. "El 9 de febrero del 2006 llegaron tres tipos al mando de 'Tomasito' y esperaron a que saliera de la casa a las 4 de la mañana, cuando él se iba a cumplir el turno. Cuando lo vieron le dijeron que los acompañara, que le tenían una mejor oferta de trabajo. Lo único que sé es que lo llevaron hasta la parte de abajo en el lago. Hasta ahora no he tenido conocimiento de si está con vida o no", afirma.

Uno de los antiguos integrantes de la banda y quien fue detenido por la Sijín (policía judicial) de Soacha, contó que sí enterraron a varias de sus víctimas en el sector: "Yo digo que donde vayan a hacer una búsqueda en esa loma los encuentran. También unos fusiles que tenían. Ellos me decían de eso, pero nunca supe en qué parte".

El Comandante de la Policía de Soacha anunció que seguirán con las investigaciones porque desaparecieron muchas personas y se cree que sí hay fosas comunes. La búsqueda será difícil, pues hay versiones que indican que algunas víctimas fueron lanzadas a las alcantarillas.

Años de terror por 'Tomasito'

Fredy Tovar Rodríguez, alias 'Tomasito', sembró el terror en el sur de Bogotá. Desde el 2004, cuando llegó a los altos de Cazucá, dijo que era líder de las autodefensas.
Cometió asesinatos, extorsiones, desplazó a familias enteras y tenía amenazados a los habitantes de Casaloma primer sector, La Capilla y El Oasis, entre otros barrios de la localidad de Soacha. Este hombre fue capturado el pasado 5 de octubre y actualmente está en una cárcel de Boyacá.
Su detención provocó la división entre los hombres a su mando y eso ayudó a que la Sijín de Soacha y la Policía de Cundinamarca los fuera capturando.
El pasado 15 de enero terminó un operativo masivo, con el que fue desarticulada la banda .

Huye la banda de ex-militares de 'Don Diego'

Diego Montoya cayó el 10 de septiembre pasado y desde entonces sus hombres pasaron a la clandestinidad. 'Don Diego' es un alto capo del narcotráfico relacionado con el paramilitarismo y a quien se trata también de involucrar en la masacre de Jamundí, en mayo de 2006, perpetrada por el ejército que atacó una patrulla policial que actuaba contra el narcotráfico.

Así tras la caída, hace unos días de 'Cazador 6', se produjo la desbandada del grupo. En una semana se han entregado 56 integrantes, la mayoría de origen antioqueño y ex soldados.
'Cazador 6', cuya verdadera identidad es Gilberto Carmona, conocido también como 'Míster', tenía mando sobre 160 hombres de seis 'compañías' que cuidaban cultivos de coca o palma y repelían a otros 'narcos', 'paras' o guerrilleros.
Las autoridades investigan versiones según las cuales castigaba con muerte y descuartizamiento a quienes querían desertar o no cumplían tareas. Carmona, de 29 años, de Bello (Antioquia), quien le decía 'Federico' a su revólver y 'Rintín' a su cuchillo, quedó detenido por concierto para delinquir y porte ilegal de armas. El día de su captura en la finca La Zulia de Versalles (Valle) se entregaron nueve hombres. Dos días después hicieron lo mismo cinco más.
El sábado fueron otros 42 y tenían todo u arsenal. Llevaban 156 granadas, 69 fusiles, 2 ametralladoras, 3 morteros y 28.115 proyectiles. Los que desertaron y se acogieron a las medidas de gracia del gobierno dicen que los contrataron para cuidar fincas. Muchos jóvenes del departamento del Norte del Valle murieron en el pasado en esas filas.
En la región continúan activos otros grupos como 'Los Machos' y 'Los Rastrojos' .

Masacre de Jamundi: Se investiga, por orden de Washington

El 22 de mayo de 2006, seis días antes de la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez, la prensa colombiana informaba de la masacre de Jamundí: “Doce personas muertas, entre ellos, 11 agentes de la Dijin y un civil, dejó como saldo un presunto error militar cuando tropas del Ejército se enfrentaron con una la misión de hombres de la Policía en la vereda Potreritos, de Jamundí en el Valle del Cauca”
Los once policías fueron masacrados por 28 soldados cuando se dirigían a realizar un allanamiento a la Hacienda La Margarita. La masacre fue cometida por el Batallón de Alta Montaña que opera en Los Farallones de la cordillera occidental, al sur occidente de Colombia.
La creación de esos batallones de alta montaña fue una de las primeras medidas que tomó Uribe como presidente cuando comenzó su primer periodo y que fueron anunciados como grupos altamente entrenados, seleccionados y especializados que derrotarían a la guerrilla.
‘Son cinco torcidos de la Sijín y otros cinco hampones’, fue la versión inicial que los militares del Batallón de Alta Montaña dieron después de aniquilar a 10 miembros de la policía judicial conocida como Dijín.
Alvaro Uribe, como ya se ha vuelto costumbre, salió a ofrecer una millonaria recompensa para quien diera información que ayudara a esclarecer el caso. El máximo comandante de la fuerzas militares, general Carlos Alberto Ospina, aseguró que fue un error y Alvaro Uribe condenó el hecho como una masacre.

Los policías asesinados formaban parte de una la unidad que había sido especialmente financiada y entrenada por los Estados Unidos para labores antinarcóticos, y ésta parece ser la razón para que el caso no halla pasado al olvido completamente, como sucedió con el Caso Guaitarilla, en el que siete policías y cuatro paramilitares fueron asesinados por unidades del Ejército, o en los casos de los 16 agentes del DAS, que fueron asesinados presuntamente por militares en abril de 2006 entre los municipios de Hacarí y Playa de Belén, una matanza que fue endilgada a las FARC.

En el Caso Jamundí, el asesinato de toda una escuadra antimafia dependiente directamente de la DEA, causo la ira imperial y su embajador en Bogotá le hizo conocer su malestar al presidente Uribe. En las investigaciones abiertas, los implicados señalan hacia diferentes culpables, tratando de ocultar los verdaderos responsables intelectuales, pero casi todos coinciden en que los narcotraficantes estuvieron de por medio.

Pero hay sospechosos que nunca han sido señalados y que debido a sus antecedentes y relaciones, muchos creen que hacia ellos deberían dirigirse las miradas de los investigadores. Uno de ellos, es el propio jefe de los policías masacrados, el general Oscar Naranjo Trujillo, director de la Policía Judicial, (Dijin), hermano del capo del narcotráfico, Juan David Naranjo, capturado en Alemania en mayo de 2006. Al general Naranjo se le vincula con el narco-paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’ y con el narcotraficante Wílber Varela, alias ‘Jabón’. Los fiscales que luego fueron despedidos de sus puestos, aseguraron que el general Naranjo brindaba protección a Wílber Varela. Y precisamente en las muchas hipótesis que se manejan sobre la causa de la masacre de los policías de la Dijin, es una guerra abierta entre Wílber Varela, el protegido del general Oscar Naranjo y Diego Montoya"Don Diego", por el que el gobierno de Estados Unidos ofrecía cinco millones de dólares.

Y el otro hombre a investigar sería nada menos que Álvaro Uribe Vélez.

En el caso de la masacre de Jamundi, la comisión de la policía de Oscar Naranjo al parecer tenia como objetivo la incautación de un cargamento de droga y se dirigían precisamente a la finca “La Margarita” de propiedad del “Clan de los Ochoa”, con el que Uribe ha tenido mucha relación, el menos de tipo familiar.
Alvaro Uribe Vélez es hijo del narcotraficante Alberto Uribe Sierra y de Doña Laura Vélez, prima hermana del patriarca del narcotráfico, el antioqueño, Fabio Ochoa.
El parentesco del “Clan Ochoa” y la familia del actual presidente es bien conocido y la relación de amistad mantenida entre Uribe y Fabio Ochoa también son suficientemente conocidos.

Al conocer de la masacre de Jamundí, el Fiscal Mario Iguarán, habló ante los medios de comunicación y no dudo en calificar la masacre de “un mandado al narcotráfico”.
En contraste con la actitud del Fiscal General de la Nación, Uribe, con voz vacilante en una ceremonia militar dijo que “mi afán no es el afectar carreras militares”, lo cual se tradujo en que no sólo el comandante del Ejército conservó su cargo, sino que no se atrevió a tocar a los supuestos autores del ‘acierto criminal’, a quienes el país estremecido vio entrar a una guarnición militar con paso desafiante, en calidad de supuestos detenidos.

El conflicto se ha cobrado ya la vida de cuatro millones de personas

En el Día de Movilización y Acción Global celebrado este sábado en todo el mundo, en Bogotá, varios expertos que participaron en esta jornada organiada por el Foro Social Mundial (FSM), alertaron con esa cifra.A su juicio, el conflicto colombiano ya ha cobrado la vida a cuatro millones de personas.
En la progresiva internacionalización del conflicto armado interno colombiano y sus secuelas de crisis humanitaria el FSM está llamado a acentuar la movilización social y a ejercer presión sobre las partes en contienda para buscar una salida negociada, según coinciden diversos analistas.
Con matices, pero concordantes en valorar la incidencia que podría tener del FSM en la actual coyuntura, se pronunciaron Pedro Santana, director de Viva la Ciudadanía, organización que ejerce la secretaría técnica del capitulo colombiano del Foro, Luís Fernando Arias, secretario de la Organización Nacional Indígena ONIC, y Marco Romero, director de la Consultoría de Derechos Humanos y desplazamiento, Codhes.
La reciente liberación unilateral de Clara Rojas y Consuelo González, rehenes de las FARC, resultado de la mediación del presidente venezolano Hugo Chávez, y las pruebas de vida de ocho de los 43 rehenes "canjeables" -políticos, policías, soldados y tres ciudadanos estadounidenses- que permanecen en la selva, parecen marcar un punto de inflexión en la guerra larvada de medio siglo.
Los relatos desgarradores sobre las condiciones de cautiverio enviadas por algunos de los rehenes y las fotografías que los muestran encadenados, enfermos y tristes, marcaron el comienzo de 2008, superponiéndose a la galería del horror que a lo largo de 2007 constituyeron las primeras confesiones de los jefes paramilitares desmovilizados, con más de 30 mil crímenes, 973 fosas comunes descubiertas, 1.153 restos humanos exhumados y 901 procesos abiertos.
"El FSM puede contribuir de manera eficaz, desde la sociedad civil continental, en la presión a sus gobiernos y a instancias multilaterales como la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos para buscar que tanto las FARC como el Gobierno lleguen a un acuerdo humanitario", opinó Pedro Santana.
Para quien "urge una presión muy grande" sobre el gobierno del presidente Álvaro Uribe y las FARC para que cedan en cuanto a los llamados "inamovibles" a fin de que se produzca en canje de los 43 rehenes por unos 500 guerrilleros presos.

Las FARC exigen desmilitarizar, por 45 días, los municipios de Pradera y Florida, en el occidental departamento del Valle del Cauca, a lo que el gobierno contrapropone una ‘zona de encuentro’ por 30 días, en una región despoblada, sin despeje militar y con la iglesia católica como intermediaria.
La insurgencia, como referente histórico constante desde mediados del siglo XX es apenas uno de múltiples factores de la actual crisis de violencia en este país de 40 millones de habitantes, concentrados en centros urbanos (70 por ciento), cuya población campesina soporta los rigores del conflicto con el desplazamiento forzado como su expresión más notable.
En la última década, unos cuatro millones de campesinos pobres han sido sacados de sus parcelas a causa de la confrontación por el control territorial que enfrenta a guerrilla, bandas armadas del narcotráfico y grupos paramilitares –actualmente desmovilizados mediante acuerdos con el Gobierno-, y sus sucedáneos Águilas Negras y otros emergentes que los relevan.
El pueblo colombiano, y en particular los indígenas, necesitan solidaridad y acompañamiento para explorar salidas políticas humanitarias a los retenidos por las FARC y a las secuelas del conflicto en nuestros territorios, afirmó Luís Fernando Arias, de la ONIC. "Nuestras comunidades sufren estigmatización, efectos sicológicos y organizativos severos y queremos generar en la comunidad internacional conciencia de la situación que padecen los pueblos indígenas, cuyo deseo es que perviva su historia y cultura milenarias", agregó.
Este miembro de la comunidad kankuamo, de la noreste Sierra Nevada de Santa Marta, asolada por frentes paramilitares y presencia de guerrilla, opina que por Colombia pasan las tensiones regionales, derivadas de los modelos que proponen Chávez y Uribe y sus respectivos entornos ideológicos.
"La vida de los pueblos debe estar por encima. Ese debe ser un derrotero que ojala el FSM le plantee a la sociedad. "Somos los ciudadanos quienes debemos trazar cuál es ese ‘otro mundo posible’, que queremos y que lleva como lema el FSM": para la ONIC es un mundo diverso, incluyente, pacifico, participativo, puntualiza, Arias.
Dado que no es tiempo de dictaduras en América Latina, ni de conflictos armados y que Colombia es una excepción, "éste país no ha estado en el centro de la discusión del Foro que se ha preocupado más por los temas sociales que por los humanitarios", afirma Marco Romero, de Codhes.
Romero define la actual etapa del conflicto como "de pulso militar" en la que el Estado aumenta su presencia militar en el territorio y la guerrilla es cada vez más una fuerza irregular, con menos capacidad de golpear grandes objetivos militares y de concentrar fuerza en territorios, pero con alta capacidad de resistencia.
En ese escenario, es que el desplazamiento forzado, que siempre va de la mano de las lógicas de la guerra, se exacerbó en los últimos años, aún bajo la política de Seguridad Democrática del presidente Uribe, con un promedio anual de 200 mil nuevos desplazados, sin contar que la Procuraduría advierte un subregistro cercano al 40 por ciento.
El director de Codhes cree a manera de espejo para Colombia, el FSM debería propiciar que se reediten las luchas que dieron organizaciones del Cono Sur con sus movimientos antiautoritarios, semilla de partidos políticos. Además, ofrecer canales para reflexionar sobre experiencias centroamericanas como las de las patrullas campesinas de Guatemala, similares a las redes de informantes que implanto el Gobierno en Colombia, y evaluar los alcances y correctivos.
"Así como el FSM cumplió un rol decisivo en la movilización de la protesta mundial frente a la invasión estadounidense a Irak, el caso de Colombia debe ocupar un lugar".
"El mundo no puede pasar por alto un conflicto de 40 o más años y cuatro millones de víctimas y debe contribuir a que no sólo se reconozcan los derechos de estas personas sino a garantizar el principio de no repetición de las masacres y de la dimensión de la tragedia humanitaria que tenemos", pero con una salvedad:
"La sociedad colombiana no puede delegar en otras su propia responsabilidad; si no podemos resolver el problema de los desplazados y otros derivados de la guerra, es que hemos perdido la posibilidad de tener una sociedad democrática donde valen los derechos humanos y está en cuestión si somos o no estructuralmente una nación", precisa Romero.
O como dijo el Nobel de Literatura José Saramago, a su paso por Bogotá en 2007: "El día en que la tierra colombiana comience a parir sus muertos, quizá ese día, se sensibilice a la sociedad del mundo".

(Fuentes: El Tiempo-Bogotá, APIA-Radio Café Estereo y Agencia IPS)

México-España: Sucesos de San Salvador Atenco

EL GOBIERNO MEXICANO DENUNCIADO POR TORTURA ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL DE MADRID, POR LA REPRESIÓN DE UNA PROTESTA POPULAR QUE CAUSÓ DOS MUERTOS, MUJERES VIOLADAS Y DECENAS DE DETENIDOS

a26 personas siguen en prisión y hay más de 200 procesos aun abiertos.

Este viernes (25), se presentaba en la Audiencia Nacional española una denuncia por los hechos ocurridos en San Salvador Atenco (Mexico) en mayo de 2006.

En mayo de 2006, más de 200 personas fueron detenidas, entre los días 3 y 4, en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, como resultado de un operativo policial en respuesta a las protestas sucedidas tras el desalojo de unos vendedores de flores.
En la intervención policial, de la que participaron más de 3.000 agentes, murieron dos personas: Javier Cortés, de 14 años, por herida de bala de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y Alexis Benhumea, al que le fue negada la atención médica imprescindible tras el impacto en la cabeza de un cartucho de gas lacrimógeno.

En Atenco hubo detenciones ilegales y registros irregulares de domicilios. Los policías ejercieron contra toda la población, no solo contra las personas detenidas, tratos crueles y degradantes, tortura psicológica y física, incluyendo la tortura sexual y la violación a la mayoría de las mujeres. Cinco personas extranjeras fueron deportadas de manera irregular del país.
A día de hoy sigue manteniéndose la impunidad de los responsables de dichos sucesos. Mientras tanto, de las personas detenidas dichos días, 26 siguen en prisión, 3 de ellas en un penal de máxima seguridad, con una sentencia de 67 años, y más de 200 procesos judiciales continúan abiertos, plagados de anomalías y carentes de las mínimas garantías jurídicas.
Hace más de un año el equipo jurídico Women´s Link Worldwide ha estado construyendo la denuncia jurídica de este hecho. Este último año se ha creado el grupo 'Atenco somos Todas' con el deseo de que la denuncia vaya más allá de lo jurídico y sea una denuncia colectiva, política y social, de la represión sobre los movimientos y luchadores sociales.
"Sin embargo, nos parecía importante estar allí ese día para expresar lo que queremos, para que se vea que este tema está en la cabeza y los corazones de mucha gente, y reafirmar que no nos van a callar. Sentimos esto como parte de un proceso de reflexión y acción a largo plazo, que queremos construir con otras, apoyándonos y reforzando las redes de movimientos sociales existente", dijeron los organizadores del acto convocado ante la Audiencia Nacional en Madrid (España).

Amnistía Internacional denunció la impunidad

En Mayo pasado, al cumplirse un año de los hechos, Amnistía Internacional emitió un imforme que tituló: "El primer aniversario de San Salvador Atenco. ¿Impunidad intocable?", aun, desgraciadamente, de validez plena. Este es el texto:

"A un año del operativo policial en San Salvador Atenco, Estado de México, en el que se cometieron graves violaciones de derechos humanos, tales como el uso excesivo de la fuerza, homicidios ilegítimos, torturas, detenciones arbitrarias, agresiones sexuales y violaciones al derecho a un juicio justo, la impunidad sigue rampante.

Amnistía Internacional expresa su honda preocupación por la falta de avances en la investigación y sanción de los responsables de estas violaciones de derechos humanos. Estas violaciones, que han sido incluso reconocidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aún no han sido debidamente investigadas.Amnistía Internacional reconoce la responsabilidad del Estado de garantizar el orden público y la necesidad de procesar a las personas responsables por los actos de violencia que ocurrieron en los disturbios en Texcoco y San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo 2006.

Sin embargo, Amnistía Internacional ve con preocupación las serias irregularidades en los procesos penales que se adelantan en contra de decenas de personas acusadas de haber participado en estos hechos de violencia. En este sentido, el caso de la indígena Mazahua Magdalena García Durán es emblemático. A pesar de la falta de evidencia en su contra y con base en una serie de violaciones al debido proceso y al derecho a un juicio justo Magdalena García Durán sigue encarcelada injustamente.

La actuación del Ministerio Público y el poder judicial del Estado de México en este caso, así como en otros, indica una alarmante tendencia a instrumentalizar la justicia sin sustento legal. Según la información constada por Amnistía Internacional, Magdalena García Duran no ha promovido ni participado en actos de violencia, por lo tanto la organización la considera un preso de consciencia.La conducta del Estado y sus funcionarios siempre debería ser acorde a las normas internacionales de derechos humanos adscritas por México. El gobierno federal debería demostrar su liderazgo y cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos, garantizando la investigación de funcionarios federales, estatales y municipales de manera pronta, imparcial y exhaustiva.

Los pocos avances en las investigaciones para esclarecer las muertes de los jóvenes Javier Cortés Santiago y Alexis Benhumea son motivo de preocupación para Amnistía Internacional.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres debería ejercer la acción penal en los casos de las varias mujeres que, como Bárbara Italia Méndez, con gran valor denunciaron haber sido objeto de tortura, incluyendo violencia sexual, por parte de policías. Estas mujeres aún no han recibido contestación adecuada.

Amnistía Internacional ve con preocupación que a pesar de la evidencia de las violaciones de derechos humanos cometidas contra detenidos/as, las autoridades estatales sólo han acusado a un policía de actos libidinoso y a otros 20 de abuso de autoridad, todos estos delitos menores. Tales acusaciones no reflejan ni la magnitud ni gravedad de las violaciones sufridas por mujeres y hombres detenidos.

La impunidad por violaciones de derechos humanos es uno de los factores más arraigados en México que obstaculiza la mejora en la protección de estos derechos. Los hechos de San Salvador Atenco no deberían ser otro caso más en esta larga historia de impunidad.

Informacion general

El 3 y 4 de mayo 2006 cerca de 3000 policías federales, estatales y municipales participaron en un operativo para terminar con protestas lideradas por la organización campesina Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. El operativo policial resultó en la detención de 207 personas, la muerte de dos civiles, decenas de manifestantes y policías lesionados y varios policías retenidos como rehenes. Amnistía Internacional publicó el informe Violencia contra las Mujeres y Justicia Negada en el Estado de México, AMR 41/02/2006 documentado la violencia sexual sufrida por varias de las detenidas. Al menos 165 de las personas detenidas siguen enfrentando procesos por el delito agravado de ataques a las vías de comunicación, 24 de los cuales siguen detenidas con el cargo adicional de secuestro equiparado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en este momento está llevando acabo una investigación no jurisdiccional acerca de lo ocurrido."

Para obtener más información de éste u otros casos, se puede visitar el Centro de Documentación de AI
(Fuentes: Adital, Amnistía Internacional)

Ecuador: Base de Manta

UN INFORME SEÑALA EL PAPEL DE ESTA INSTALACIÓN MILITAR EN EL RECRUDECIMIENTO DEL CONFLICTO COLOMBIANO, SU RELACIÓN CON IRAQ Y LA PRESENCIA DE DYNCORP
Y OTRAS EMPRESAS DE MERCENARIOS

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y Coalición NO BASES - Ecuador, presentará el próximo miércoles 30 de enero en Montecristi, sede de la Asamblea Constituyente, el libro titulado "¿Operaciones de Avanzada o base militar operativa?: un análisis de la Base de Manta".La investigación fue desarrollada durante los ocho años de presencia militar estadounidense en Manta y abarca temas relacionados a la geopolítica regional, la militarización de la Región Andina, las consecuencias económicas, sociales y culturales en la ciudad de Manta y la injerencia en la soberanía nacional.

El trabajo de investigación se basa en testimonios de decenas de personas, recogidos a lo largos de estos 8 años; así como en encuestas realizadas a la población local, y la presentación de una serie de datos técnicos sobre la capacidad operativa de la Base de Manta. Este trabajo se inscribe en la campaña por la no renovación del Convenio de la Base de Manta y por la salida de los militares estadounidenses una vez cumplido el contrato que caduca en noviembre de 2009.

El informe considera, además, que es ilegal la presencia militar de los Estados Unidos en Manta y así fundamenta la demana que la Coalición NO BASES – Ecuador ha realizado a la Asamblea Nacional Constituyente, para que se incorpore en la Nueva Constitución una definición del Estado ecuatoriano como territorio de paz, en base al siguiente texto: “El Ecuador es territorio de paz y en ejercicio de su soberanía, no albergará bases militares extranjeras ni tropas extranjeras y se abstendrá de realizar cualquier tipo de convenio que implique otras formas de presencia militar extranjera. No se involucrará militarmente en conflictos de otros países unilateralmente o en coordinación con otros Estados. No realizará prácticas ni ejercicios militares con otros Estados”.

Una base al servicio del Plan Colombia, entre otros

En la Conferencia Internacional contra las bases militares, celebrada hace casi un año en Ecuador, el investigador y miembro de la Ong FOR (Fellowship of Reconciliation) John Lindsay recordaba que “Cada día, catorce personas colombianas se mueren por causa del conflicto armado interno. Cada día más de 700 personas son desplazadas forzadamente por razones de violencia política". Y añadía que el gobierno de “Estados Unidos continúa con la ayuda militar de 600 millones de dólares para capacitar a militares colombianos para enfrentar al propio pueblo colombiano”. “Nosotros tenemos otra idea y esa idea es apoyar a la población desplazada que hoy mismo supera más de 3.7 millones de personas”. Una 'inversión' que, a juicio de Lindsay va en la dirección opuesta a los deseos de paz de la sociedad colombiana que busca una solución negociada al conflicto armado:" Ahí están los grupos de mujeres, de jóvenes, de indígenas, de afro-colombianos, de campesinos y pobladores para no apoyar ni la guerrilla, ni el ejército, ni los paramilitares".

Nieves Solórzano de INREDH señaló que la Base de Manta sirve geopolíticamente para continuar con el Plan Colombia y contrarrestar a la guerrilla colombiana, que se mantiene por más de cuarenta años. La abogada de INREDH recordó que el Convenio de la Base de Manta que se termina en el año 2009 es ilegal porque no fue aprobado por el Congreso Nacional en pleno e ilegítimo porque no fue consultado al pueblo ecuatoriano. La Base de Manta que reemplaza a la Base de Panamá, por su posición estratégica, ejerce un mayor control de Latinoamérica y El Caribe. Como añade eñl informe de INREDH, toda base militar extranjera sirve para el control de los recursos naturales como el petróleo, la minería, el agua; pero, también para controlar a los movimientos sociales.

El propio comandante De Luca dijo: “la base de Manta esta ahí para apoyar el Plan Colombia”. Lo que equivale a reconocer que esas instalaciones son una violación absoluta a la soberanía del pueblo ecuatoriano, porque impone la intervención desde territorio ecuatorian en una guerra y eso involucra al Ecuador en un conflicto que no le pertenece.

Informe para el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Mercenarios

En agosto de 2006 un equipo de expertos elaboró ya un informe para la ONU, que pone de manifiesto la presencia de las llamadas 'Empresas de contratistas', es decir de mercenarios en la Base Aérea Eloy Alfaro de la ciudad de Manta. La principal la ya trístemente y mundialmente famosa compañía DYNCORP. En Manta, además, uno de sus representantes, montó un sistema de contratación-reclutamiento de mercenarios.

El informe añade que la empresa EPI Security & Investigators, realiza desde Manta contrataciones de colombianos para que presten servicios en la ocupación norteamericana de Iraq. ambién se refiere a la implicación del Ejército ecuatoriano, en especial a las actividades de seguridad privada que le vincula con los intereses de grandes transnacionales y que, con el tiempo podrían generar una oferta laboral para el mercado del mercenarismo. También se refiere a la participación de compañías de seguridad privada y a grupos de autodefensas organizados por los terratenientes locales.
A este respecto, se recoge un informe realizado por el Servicio Paz y Justicia del Ecuador (SERPAJ) en el que se analiza la conformación de los cuerpos privados de seguridad, como posible fuente de oferta laboral para el mercado de mercenarios.

La base, una fuente constante de problemas para la población

El complejo militar al que pueden acceder las fuerzas militares estadounidenses comprenden 24.000 hectáreas y afectan a cinco cantones de la provincia de Manabí: Manta, Jaramijó, Montecristi, Rocafuerte y Portoviejo de los que fueron expulsados los campesinos locales. Inicialmente más de 10.000 hectáreas de tierras en los alrededores de la Base Naval de Jaramijó fueron expropiadas a campesinos en los últimos 30 años para adjudicarlas a la Armada del Ecuador, pero sin establecer los linderos. Nunca se les pagó indemnización alguna ni se los reubicó. Y hace ya 10 años.

La práctica diaria demuestra que las principales actividades de los militares estadounidenses en Manta están encaminadas al control migratorio y apoyo logístico a la guerra contrainsurgente de Colombia, proporcionado información en tiempo real, sobre los desplazamientos de las fuerzas guerrilleras que operan en ese país.

Los programas de seguridad implementados a raíz del acantonamiento de militares estadounidenses han generado conflictos con la sociedad civil, pues éstas medidas afectan las formas tradicionales de sobrevivencia de la población de los alrededores basadas fundamentalmente en la pesca y la agricultura. De igual forma, la militarización del puerto de Manta impide el ingreso a los botes de pescadores artesanales, aduciendo que pueden ser parte de un ataque terrorista a la infraestructura del puerto; en tanto que las alambradas colocadas alrededor del complejo militar han modificado las actividades cotidianas de Jaramijó -localidad que ha quedado enclavada entre la base naval y la base aérea- por lo que se ha producido una migración masiva que amenaza con dejar desolada a esta población.

Desde la firma del Convenio, el día 12 de Noviembre de 1999, comenzó la interdicción marítima tanto en aguas territoriales del Ecuador como en aguas internacionales, prueba de ello es que de acuerdo al reporte de la propia pagina web de la Guardia Costera de los Estados Unidos se informa que, en las interdicciones marítimas entre 1999 y 2004, han sido detenidos más de una veintena de embarcaciones que transportaban emigrantes ilegales, en la mayoría de estos casos, dichas embarcaciones jamás regresaron a Ecuador para ser recibidas por las autoridades del país, éstas fueron hundidas. ALDHU denuncio el hundimiento y destrucción de 8 embarcaciones de pabellón ecuatoriano, entre ellas algunas que transportaban emigrantes y otras se encontraban en plenas faenas de pesca en aguas territoriales. Un ejemplo de esto fue el buque pesquero "Santa Maria" hundido el día 3 de marzo del 2004 en faenas de pesca en aguas territoriales del Ecuador.

Con posterioridad a la denuncia efectuada por ALDHU han ocurrido hechos adicionales, como con el buque pesquero "Ochos Sí" interceptado para inspección por supuesto narcotráfico, ésta embarcación se encontraba en faenas de pesca al momento de ser abordada por la fragata 'USS Rentz', la tripulación fue detenida durante cerca de 20 horas y la embarcación sufrió cuantiosos daños por la destrucción provocada durante la inspección, entre éstos la perdida de sus líneas de pesca que no les permitieron recoger; por suerte no se siguió la ilegal y habitual practica de proceder al hundimiento. A cambio se recibió un "disculpe nos equivocamos", dejando en abandono a la tripulación y al buque semidestruido sin prestarles la menor asistencia para retornar a puerto.

Inmunidad de los soldados estadounidenses y de la Dyncorp

Los Estados Unidos han pedido y presionado al Ecuador en reiteradas ocasiones para obtener inmunidad para sus soldados. El entonces Presidente Palacio rechazó esa demanda y Estados Unidos decidió reducir la ayuda militar al Ecuador.

Pero, dentro del Acuerdo de la Base de Manta de 1999 queda establecida la inmunidad para el personal norteamericano, en el Articulo VII numeral 1 del Acuerdo dice: "El Gobierno de la República del Ecuador concederá al personal estadounidense, y a sus dependientes en el país, una condición jurídica equivalente a la que proporciona al personal administrativo y técnico de la Embajada de los Estados Unidos, conforme a la Convención de Viena de 18 de Abril de 1961.

Esta inmunidad fue la que utilizó Estados Unidos para liberar y sacar del país a Peter Karmilowicz, miembro de seguridad de la Embajada, que asesinó a tiros a Pablo Vicente Jaramillo en Quito. El asesino trabaja hoy para el Departamento de Estado.
Esta misma inmunidad es la que ha permitido que Damon Plyler, funcionario norteamericano de la Base, haya evadido la justicia del Ecuador por la muerte de Víctor Manuel Mieles, comerciante de Portoviejo. El Juez ecuatoriano de la causa, ante la imposibilidad de detención por inmunidad, se vio obligado a inhibirse.

La base no ha beneficiado a la economía local. Casi los únicos beneficiados han sido bares y cantinas, algunos de ellos de propietarios norteamericanos ex miembros de Dyncorp, y unos cuantos trabajadores ecuatorianos que realizan tareas de jardinería, mantenimiento y cocina.
(Fuente: INREDH-Ecuador-Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos)