EL SENADO DESTITUYE POR PRIMERA VEZ A UN MIEMBRO DEL GOBIERNO, LA DEMOCRISTIANA YASNA PROVOSTE TITULAR DE EDUCACIÓN. UN DURO GOLPE A LA PRESIDENTA BACHELET QUE MARCA EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA MAYORÍA 
La destitución parlamentaria de la ministra de Educación, Yasna Provoste, por primera vez desde la vuelta a la democracia, más allá de inhabilitarla para ocupar cargos públicos durante cinco años, marca una nueva polarización política entre el Gobierno y la oposición.
La Presidenta Michelle Bachelet, tras rendir homenaje anoche a la destituida ministra en el palacio de La Moneda, dijo: “lamento que haya prevalecido en este caso el afán de hacer una demostración de fuerza política por encima de cualquier consideración”. Y, agregó: “la ciudadanía juzgará”.
La decisión acordada después de dos días de intervenciones de acusadores y defensores de la ministra, que milita en el Partido Demócrata Cristiano (PDC), miembro de la Concertaciòn -la coalición de Gobierno-, subrayó la existencia de una nueva correlación de fuerzas tanto en la Cámara Baja (donde se aprobó 59-55, con dos abstenciones) como en el Senado.
Los 38 senadores debieron fundamentar su voto públicamente, lo cual evidenció, con matices más, matices menos, las posiciones del Senado, que destituyó a Provoste, aunque lo hizo sólo en uno de los cinco capítulos de la acusación.
En ese capítulo, la votación fue 20 votos contra la ministra y 18 a favor, lo que desató especulaciones sobre los votos definitorios de los cuatro parlamentarios “independientes”.
Acusada de ser la responsable de un presunto desorden financiero en su cartera, Provoste -quien contó con el apoyo pleno del Gobierno- insistió en su inocencia, logrando un empate 19-19 en el segundo capítulo y victorias en los tres restantes: 4-34; 14-24; y 3-34, una abstención.
Según las normas de procedimiento, basta con que la acusación sea ratificada en uno sólo de los capítulos para que la ministra quede destituida.
La Presidenta Michelle Bachelet, tras rendir homenaje anoche a la destituida ministra en el palacio de La Moneda, dijo: “lamento que haya prevalecido en este caso el afán de hacer una demostración de fuerza política por encima de cualquier consideración”. Y, agregó: “la ciudadanía juzgará”.
La decisión acordada después de dos días de intervenciones de acusadores y defensores de la ministra, que milita en el Partido Demócrata Cristiano (PDC), miembro de la Concertaciòn -la coalición de Gobierno-, subrayó la existencia de una nueva correlación de fuerzas tanto en la Cámara Baja (donde se aprobó 59-55, con dos abstenciones) como en el Senado.
Los 38 senadores debieron fundamentar su voto públicamente, lo cual evidenció, con matices más, matices menos, las posiciones del Senado, que destituyó a Provoste, aunque lo hizo sólo en uno de los cinco capítulos de la acusación.
En ese capítulo, la votación fue 20 votos contra la ministra y 18 a favor, lo que desató especulaciones sobre los votos definitorios de los cuatro parlamentarios “independientes”.
Acusada de ser la responsable de un presunto desorden financiero en su cartera, Provoste -quien contó con el apoyo pleno del Gobierno- insistió en su inocencia, logrando un empate 19-19 en el segundo capítulo y victorias en los tres restantes: 4-34; 14-24; y 3-34, una abstención.
Según las normas de procedimiento, basta con que la acusación sea ratificada en uno sólo de los capítulos para que la ministra quede destituida.
Este es el primer caso de acusación constitucional desde 1991. En la historia republicana de Chile, el período en que hubo más acusaciones constitucionales fue durante el gobierno popular del Presidente Salvador Allende (1970-1973).
La votación demostró -además de una nueva correlación de fuerzas- la compleja pérdida de la mayoría parlamentaria del Gobierno en un año electoral.
La votación demostró -además de una nueva correlación de fuerzas- la compleja pérdida de la mayoría parlamentaria del Gobierno en un año electoral.
La primera destitución parlamentaria
El Senado de Chile destituyó a Yasna Provoste, por considerarla responsable de irregularidades en el Ministerio de Educación. Es la primera destitución ministerial por parlamentarios desde 1990, la primera vez que un ministro del gobierno es despedido desde el regreso de la democracia en 1990.
El apoyo unánime de los 18 senadores de la oficialista Concertación no alcanzó para hacer frente a los votos de los 16 parlamentarios de la opositora Alianza, a quienes se les sumaron los 4 legisladores independientes, que resultaron determinantes en la decisión.
La funcionaria, que estará inhabilitada para ejercer cargos públicos durante cinco años, fue destituida al ser declarada culpable de no corregir infracciones ocurridas al interior de la Seremi (Secretaría Regional Ministerial) metropolitana, por el pago irregular de subvenciones escolares.
La presidenta Michelle Bachelet señaló desde el Palacio de La Moneda que hará todo lo posible para que la destitución no siente "un mal precedente" para el futuro del país. Bachelet hizo hincapié en que los ministros del Estado responden políticamente sólo ante la Presidenta de la República. "Haré lo que sea necesario para que se respete este fundamento de nuestro régimen presidencial".
Antes de la votación, el ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, había acusado a la opositora coalición Alianza por Chile de instigar la destitución de la ministra por motivos políticos. "Hacen esto porque están dispuestos a avanzar sin transar para ganar a toda costa la próxima elección presidencial", señaló a medios locales.
Por su parte, el diputado opositor José Kast, de la Unión Demócrata Independiente (que pertenece a la Alianza), dijo:"La ministra tuvo conocimiento de los desórdenes administrativos y en 18 meses en que ejerció su cargo, no cumplió con la ley
Antes de la votación, el ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, había acusado a la opositora coalición Alianza por Chile de instigar la destitución de la ministra por motivos políticos. "Hacen esto porque están dispuestos a avanzar sin transar para ganar a toda costa la próxima elección presidencial", señaló a medios locales.
Por su parte, el diputado opositor José Kast, de la Unión Demócrata Independiente (que pertenece a la Alianza), dijo:"La ministra tuvo conocimiento de los desórdenes administrativos y en 18 meses en que ejerció su cargo, no cumplió con la ley
La penúltima crisis del gobierno Bachelet
La decisión del Senado es un duro revés para la presidenta chilena, quien siempre defendió a su ministra y rechazó las acusaciones de corrupción en su gobierno. Un nuevo revés en su mandato marcado por varias controversias desde que tomó posesión en 2006.A pocas semanas de asumir comenzaron una serie de movilizaciones en las que cientos de miles de estudiantes de secundaria salieron a la calle para reclamar cambios en el sistema educativo, regido aun por las leyes dictadas por Pinochet.
A comienzos de 2007 estalló una crisis aún más grave con la puesta en marcha del Transantiago, un nuevo sistema de transporte público que generó enorme malestar en la capital chilena, debido a una serie de fallos en su funcionamiento.
Pocodespués, y tras haber sufrido una fuerte caída en su popularidad, Bachelet realizó una profunda reforma de su gabinete que incluyó el cambio de cuatro ministros, entre ellos el de Transporte.
En los últimos meses, la presidenta parecía haber superado los tiempos más conflictivos, lo que se vio reflejado en un aumento de su popularidad, que había llegado a su punto más bajo en septiembre de 2007, con 35,3% de aprobación. Según un sondeo publicado recientemente, el 46,4% de los chilenos tenían una opinión favorable de Bachelet.
Sin embargo, este respiro podría durar poco: además de la histórica destitución de su ministra de educación, está creciendo la polémica por la posible prohibición de la distribución de la "píldora del día después" a través de la salud pública.
El Tribunal Constitucional tiene previsto emitir un fallo inapelable este mes, que decidirá si la píldora -considerada abortiva por algunos sectores- puede ser entregada a adolescentes a partir de los 14 años.
El Tribunal Constitucional tiene previsto emitir un fallo inapelable este mes, que decidirá si la píldora -considerada abortiva por algunos sectores- puede ser entregada a adolescentes a partir de los 14 años.
La revuelta de los estudiantes
La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) puso fin en junio de 2006 a una larga revuelta con manifestaciones callejeras, paros y ocupaciones de colegios, que conmocionaron a Chile y dejaron en evidencia la crisis de un sistema educacional inspirado en criterios de mercado. Concluido el conflicto, la presidenta Michelle Bachelet expresó su satisfacción por el acuerdo con la ACES, una organización estudiantil que literalmente mantuvo en jaque a su gobierno. "Estoy muy contenta (por el fin de la huelga) porque ahora vamos a continuar trabajando por lo que es importante en el país, que es mejorar la calidad de la educación". Pero María Jesús Sanhueza, una de las portavoces de la ACES, precisó que si bien unos 700.000 estudiantes secundarios volverían a clases, se mantendrán en estado de movilización para exigir el cumplimiento de sus demandas.
Los "pingüinos", como se apoda a los adolescentes de la enseñanza media en alusión a sus uniformes, se mantuvieron alerta frente al trabajo de un Consejo Asesor de la Presidencia encargado de proponer medidas de mejoramiento de la educación. En este cuerpo, de 73 miembros, los estudiantes secundarios y universitarios contaron con 12 representantes. Los restantes pertenecían a diversas organizaciones académicas, confesionales, profesionales y sociales, entre las que priman tendencias afines al liberalismo económico.
Se mantenía así latente un posible rebrote del conflicto en la medida en que este consejo asesor no apostara por reformas profundas de la LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Educación), y cuya derogación fue la principal bandera de lucha de los estudiantes.
Esta ley, que rige para el sistema educacional que cubre a 3,5 millones de alumnos de enseñanza básica y secundaria y a otros 800.000 de la enseñanza superior, fue promulgada por el entonces dictador Augusto Pinochet el 10 de marzo de 1990, un día antes de la entrega del gobierno al presidente democrático Patricio Aylwin (1990-1994).
Bajo la premisa de la libertad de enseñanza, la LOCE consagró los criterios de mercado que aplicó la dictadura al sistema educacional, con la creación de colegios particulares con subvención estatal y el traspaso a los municipios de los colegios del Estado nacional en una política de descentralización.. La LOCE posibilitó igualmente una multiplicación de las universidades privadas, cuyo número supera actualmente al de los planteles de dependencia estatal.
El movimiento de los estudiantes secundarios generó una corriente mayoritaria de simpatía entre los 15,6 millones de chilenos y contó con el decidido respaldo de las principales federaciones de universitarios, del Colegio de Profesores y del vasto mundo de las organizaciones sociales. Los estudiantes están ahora a la expectativa, en tanto esa adhesión tendría que traducirse en un amplio acuerdo político para derogar o reformar profundamente la LOCE, que por su carácter de ley constitucional solo puede ser enmendada o anulada con el voto de los dos tercios del parlamento.
"Tanto la génesis como el desarrollo del conflicto, más allá de los problemas de la educación, han sido objeto de un tráfico político y mediático propio de los fenómenos sociales de alta visibilidad", según el sociólogo y académico de la Universidad de Chile Juan Francisco Coloane. En torno al conflicto hubo dos movimientos políticos simultáneos, según Coloane. "Primero, una intensa movilización política de los partidos que apoyan al gobierno para detener el crecimiento del movimiento y al mismo tiempo blindar a la presidenta. Segundo, el uso, a veces desmedido y desleal con los intereses de los estudiantes y del país, de la coyuntura para atacar al gobierno por parte de la oposición de derecha".
(Fuentes: Prensa Latina, BBC-Mundo, ElMostrador.cl, e IPS)
1 comentario:
Queremos que conozcas nuestra posición y no te quedes en caricaturas.
No hay autoridad sin responsabilidad - La defensa de un principio
Quiero por un momento aislarme del ruido y el cacareo parafernálico de ciertos personajes que no le agregan valor a la política, y que
smplificados por los medios de prensa privilegian el sensacionalismo y la cuña como “la noticia”.
También quiero reinvindicar la política como actividad fundamental de una sociedad civilizada, señalando que naturalmente y enhorabuena la decisión tomada por el Senador Fernando Flores en el parlamento es la que corresponde frente a los hechos presentados
Yo creo que muchos políticos no tienen idea de lo que configura un hecho político, lo cual es muy preocupante, particularmente para los que no demonizamos esta actividad, sino que por el contrario tenemos la convicción de que hay que prestigiarla.
Un hecho político se configura cuando existe una comunidad, poderes, temas de interés que afectan a la comunidad y una toma de decisiones que terminará obligando a todos los miembros de ese grupo, respecto de los temas de interés.
La decisión asumida por el Senador Fernando Flores en el Senado, explicita ante la ciudadanía que no es, ni será permisible la dilución de la responsabilidad de las autoridades políticas en los hechos producto de su gestión, sin distinción de rango.
ChilePrimero ha planteado al país, a través del Senador Flores que no existe autoridad política si no existe la responsabilidad asociada a ella, cualquiera sea la autoridad política, de cualquier signo o color.
Esta es la buena noticia. Enbuenahora.
¿Algún medio ha destacado la buena noticia?
Ya sabemos que no. Los medios de prensa han destacado las malas noticias, las sensacionalistas, las que se refieren al dime y al direte, a la patada y el combo, al garabato y la descalificación, la odiosa bajeza, en la entrevista al más gritón.
Con esos ingredientes van formando opinión pública día a día.
Afortunadamente hoy existe Internet, los blogs y las redes sociales, donde podemos dar a conocer y repetir la buena noticia:
• NO ES PERMISIBLE NI ACEPTABLE LA ANULACION DE RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES POLITICAS EN EL EJERCICIO DE SU GESTION.
Puro y simple. Fuerte y Claro.
Con esto reivindicamos lo mismo que votamos Fuerte y Claro en el plebiscito de 1988, que la impunidad y la irresponsabilidad en el ejercicio del poder político no eran permisibles ni ética ni políticamente.
Nuestra posición es de coherencia y de consecuencia con principios y valores.
Quienes traicionan son aquellos que dando la espalda a esos principios y valores, acomodan convenientemente la realidad a las coyunturas favorables que hoy les otorga estar en el ejercicio del poder, los que amparan y toleran la corrupción, los que rinden facturas falsas y responsabilizan a terceros, los que mediante un montaje inauguran servicios de salud, los que cobran honorarios por trabajos no realizados, en definitiva los que no se atreven por sus "pactos de gobernabilidad" a terminar con las redes de corrupción en el ejercicio del poder.
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