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8.6.07

Chile: Fujimori a punto de ser entregado al Perú

EL CRIMINAL DE LA CANTUTA Y BARRIOS ALTOS SE ENFRENTA A 25 AÑOS DE CÁRCEL
-Los familiares de las víctimas de Fujimori dicen que 'confían' en la Justicia de Chile y esperan ansiosos la extradición.
La fiscal de la Corte Suprema de Chile, Mónica Maldonado, recomendó al juez Orlando Álvarez extraditar al prófugo Alberto Fujimori, quien es reclamado por la justicia peruana por diversos delitos de corrupción y violación de derechos humanos."Esta fiscal es del parecer que se acoja el requerimiento de extradición del ciudadano peruano Alberto Fujimori, formulada por el Gobierno de la República del Perú", señala Mónica Maldonado en el documento de 51 páginas presentado por la Corte.
Maldonado analizó los doce tomos del expediente acusatorio y los argumentos de la defensa, para decidir la legalidad de la extradición del ex presidente quien, con la intención de participar o influir en la campaña electoral que se abría en ese momento en su país, el Perú, llegó inesperadamente a Chile procedente de Japón el 6 de noviembre del 2005. A requerimiento de la justicia peruana, que solicitó a Chile la extradición de Fujimori el 3 de enero del 2006, por diez casos de corrupción y dos delitos de violación a los derechos humanos, fue detenido y, desde el 18 de mayo de 2006, se encuentra el libertad condicional y vive en una lujosa residencia que paga cada mes, religiosamente, su novia, una millonaria japonesa.
Hoy la fiscal chilena entregó su informe al secretario de la Corte Suprema, quien le enviará una copia al juez Álvarez. Sin embargo, el fallo definitivo tardará aún un par de semanas debido a una prórroga de diez días en la licencia médica que tiene el magistrado. Si bien la recomendación no es vinculante, este documento servirá para que el juez Álvarez analice los antecedentes recopilados y emita su sentencia. Después, las partes tendrán 20 días para decir si apelan o no.

Los crímenes de Fujimori le pueden acarrear 25 años de prisión
La fiscal Mónica Maldonado considera que Alberto Fujimori debe regresar al Perú para responder, entre otros delitos, por los asesinatos de La Cantuta y Barrios Altos y la desaparición de dos estudiantes y un docente jubilado en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), en anos del siniestro Vladimiro Montesinos.
Fujimori puede ser condenado por estos casos hasta a 25 años de prisión. La justicia peruana los calificó de homicidio, lesiones graves y secuestro. No los señaló como delitos de lesa humanidad, porque en la época en que ocurrieron estos crímenes no estaba prevista dicha sanción en su legislación. Maldonado anota que en el Código Penal de Chile esos crímenes implican la comisión del delito reiterado de homicidio calificado, concurriendo las circunstancias agravantes de alevosía y premeditación, castigados hasta cadena perpetua.
Respecto a los casos de La Cantuta y Barrios Altos, la fiscal señala que estos crímenes "han sido reconocidos como hechos históricos por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Sala Penal Especial de Lima."

La Fiscal dice que Chile no puede denegar la extradición de este caso e indica que existen múltiples, graves y concordantes declaraciones que permiten acreditar con certeza que diversas personas desaparecidas, como Kenneth Anzualdo, Javier Roca y Justiniano Naranjo, fueron detenidas por agentes del Estado y mantenidas ilegalmente privadas de libertad en calabozos ubicados en los sótanos del SIE. La fiscal Maldonado añade que Fujimori ha tenido el dominio del hecho, "es decir, por sí o por otros que dependen de él ha estado en situación de determinar el curso de los hechos que condujeron a la comisión" de los asesinatos.
"Fujimori ha intervenido como autor mediato, al encontrarse en una jerarquía superior, o como inductor o instigador intelectual de los crímenes contra la humanidad que se le atribuye", enfatiza.
Maldonado concluye que desde la 2ª Guerra Mundial, la jurisprudencia y la doctrina internacional indican que los homicidios masivos, las desapariciones forzadas, las torturas y los tratos crueles son delitos sancionables por todos los Estados, lo que obliga a Chile a conceder la extradición.

Los familiares de La Cantuta confían en la Corte Suprema de Chile pero recelan de la Justicia peruana
Con una inmensa alegría y con la esperanza de que la recomendación de la fiscal de Chile, Mónica Maldonado, de extraditar a Alberto Fujimori sea acogida por la Corte Suprema, los familiares y amigos de las víctimas de La Cantuta se reunieron ante la embajada de Chile en Lima para celebrar el dictamen.
Con silbatos y matracas, y portando carteles sobre la extradición de Fujimori, los manifestantes expresaron sentirse alentados y satisfechos con la decisión de la fiscal que les permite continuar en su lucha contra la impunidad que ya lleva 15 años.
Gisela Ortiz Perea, hermana del estudiante Luis Enrique Ortiz, dijo tener fe en que la Corte Suprema de Chile emita una sentencia admitiendo la recomendación de la fiscal Maldonado.
Sin embargo, Ortiz señaló que el regocijo de los familiares ha sido empañado por la decisión del Consejo Supremo de Justicia Militar del Perú de desacatar el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que resolvió anular la sentencia del fuero castrense que absolvió a Montesinos por la matanza de La Cantuta.
"Ese acto deja al descubierto que la justicia militar defiende la impunidad y demuestra que aún los militares siguen obedeciendo a Fujimori y Montesinos y responden a sus intereses", dijo Ortiz.

Además, el presidente de Aprodeh, Francisco Soberón, recomendó a la defensa del Estado peruano que pida el arresto domiciliario de Alberto Fujimori, teniendo en cuenta el dictamen de la fiscal Mónica Maldonado.
Soberón indicó que, ante la inminencia de la extradición, Fujimori podría estar preparando una fuga a Japón o eventualmente buscaría refugio en la embajada del país asiático. El gobierno nipón ha reconocido la doble nacionalidad de Fujimori.
Gisela Ortiz dijo que los familiares de las víctimas de La Cantuta evalúan viajar a Chile para apoyar a la defensa del Estado peruano en el proceso de extradición. Dijeron que su presencia es más que nunca importante en Santiago.(Agencia PÚLSAR y Diario La República)

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