Colombia: Masacres paramilitares

SE MULTIPLICAN LAS DENUNCIAS CONTRA EL PLAN PARAMILITAR IMPUESTO HACE DÉCADAS

-Demanda contra la bananera 'Chiquita Brands', por financiar escuadrones de la muerte.

-La Comisión Interamericana señala, de nuevo, a Colombia, por una masacre perpetrada con apoyo de aparatos del Estado.

La última demanda la hacen de forma anónima familiares de víctimas de paramilitares que reclaman indemnizaciones al consorcio bananero norteamericano, Chiquita Brands. La multinacional reconoció que desembolsó grandes sumas de dinero a las llamadas 'Autodefensas' (los paramilitares) a cambio de seguridad. Los abogados de 173 personas asesinadas por grupos paramilitares en Colombia hicieron la presentación judicial en un Tribunal Federal de Washington.
"Este es un caso emblemático, quizás el mayor caso terrorista de la historia", afirmó el abogado Terry Colllingsworth, al presentar la demanda.
Los familiares de las víctimas acusan a la compañía de "haber utilizado a los paramilitares para asesinar a sus maridos, esposas y niños, que estaban interfiriendo aparentemente en sus intereses financieros".
Los abogados aseguraron que como la compañía admitió los hechos “se abrió el camino para una demanda multimillonaria".
De hecho, en abril, Chiquita Brands fue multada con 25 millones de dólares por un tribunal estadounidense, tras reconocer que giró un millón setecientos mil dólares al grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Denuncia anónima para evitar represalias del ejército

La demanda dice que diez empleados de Chiquita y su subsidiaria colombiana, a los que no nombran, fueron “cómplices conscientes de las fuerzas paramilitares...al darles apoyo financiero, armas y ayuda sustancial de otro tipo”.Entre los acusados figuran cinco altos directivos de Chiquita y un miembro del directorio.Un abogado de los demandantes, Terry Collingsworth, del Fondo Internacional de Derechos Laborales, dijo que éstos se presentaron en forma anónima porque los paramilitares siguen dominando la región bananera de Urabá donde viven, y “cada una de estas personas” teme represalias si se difunden sus nombres.Collingsworth aseguró que cientos más fueron asesinados por paramilitares que recibieron respaldo financiero de Chiquita.“Nos gustaría ver que a la larga esto derivara en que Chiquita forme un fondo y asuma la responsabilidad completa por las comunidades que devastó”, señaló. El portavoz de Chiquita, Mike Mitchell, indicó que la compañía no desempeñó papel alguno en las actividades de los grupos terroristas, los cuales, aclaró, exigían dinero para garantizar la seguridad de los trabajadores.“Rechazamos categóricamente las denuncias y reiteramos que Chiquita y sus empleados fueron víctimas. Pero en un acuerdo con los fiscales, Chiquita acepta pagar 25 millones de dólares de multa y pide que no se identifique a los altos directivos que aprobaron los pagos a los paramilitares.

El abogado de las víctimas Collingsworth se opone al acuerdo judicial y dice que sus clientes están muy molestos de que los fiscales estadounidenses hayan estado dispuestos a ocultar los nombres de los ejecutivos de Chiquita que autorizaron los pagos, los cuales continuaron haciéndolos incluso después de enterarse que eran ilegales. También dice que el argumento de Chiquita de que los pagos fueron efectuados solamente para proteger a los trabajadores de la compañía es infundado. “Algunas compañías en la Alemania nazi hicieron argumentaciones similares y fueron declaradas culpables en los juicios de Nuremberg (por crímenes de guerra). Decían que se les pedía que hicieran negocios con los nazis, que se les ordenaba que aceptaran trabajadores provenientes de los campos de concentración, y así por el estilo”, concluye.

Más denuncias

La Comisión Interamericana, en su último informe presenta también denuncia de violaciones a los DDHH en Colombia Con respecto a Colombia, el titular de la CIDH señaló que la Comisión observó obstáculos en el proceso de desmovilización de los paramilitares, así como “la falta de esclarecimiento de la mayoría de las masacres, desapariciones y amenazas a defensores de derechos humanos y líderes sociales” La comisión señala, específicamente, la llamada Masacre de La Rochela, perpetrada en enero de 1989 por paramilitares contra una comisión judicial que investigaba la masacre de 19 comerciantes en Puerto Boyacá, ciudad bajo control de los escuadrones, financiados por las asociaciones de Ganaderos del Magdalena Medio, los narcos del Cartel de Medellín y denominada por esos grupos "Capital Anticomunista de Colombia", a la entrada del núcleo urbano. En la matanza contra la comisión judicial fueron eliminadas doce personas y tres escaparon con vida.
La Comisión Interamericana ordenó que el Estado tendrá que indemnizar a los familiares de 13 de las víctimas, en una cuantía establecida inicialmente en 100 mil dólares por cada víctima asesinada y un promedio de 70 mil para cada familiar de los muertos y para el único sobreviviente que no quiso conciliar.
Según el fallo, si bien el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en el hecho, también hay evidencias de la participación de agentes estatales en la masacre. Igualmente se queja por la falta de investigación de altos mandos militares del momento como los generales Farouk Yanine Díaz y Carlos Julio Gil Colorado, y el coronel Jaime Fajardo Cifuentes.
La Corte determinó que Colombia violó los derechos a la libertad personal, a la integridad y a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial, tanto de las víctimas como de sus familiares.
Ante esto, ordenó que el Estado debe retomar y completar la investigación de la masacre con el fin de juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales.
Igualmente le ordena proteger a los operadores de Justicia, pero además a los testigos, a las víctimas y a los familiares.(Agencia PÚLSAR, El Espectador y El Tiempo)