Ecuador-Colombia-EE.UU.

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE ECUATORIANA ORDENA AUDITAR LA BASE DE MANTA PARA SABER SI LAS TROPAS U.S.A. PARTICIPAN EN OPERACIONES ENCUBIERTAS, COMO EL ATAQUE EN EL QUE MURIÓ EL DIRIGENTE DE LAS FARC RAÚL REYES

La Asamblea Constituyente de Ecuador ordenó una investigación sobre las operaciones de la base militar de Estados Unidos en la zona costera de Manta y la posible injerencia de la CIA en el país, tras el ataque colombiano del 1 de marzo. Con 87 votos a favor, de un total de 130 asambleístas, la resolución apoya, además, la conformación de una comisión cívico y militar. El objetivo de la comisión será "investigar la posible injerencia de los Servicios de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) en los asuntos internos del país".

Existen sospechas de que el Pentágono facilitó información a Colombia extraída de los propios servicios de inteligencia ecuatorianos para el bombardeo del 1 de marzo pasado.
En esa operación, realizada en la zona fronteriza ecuatoriana de Angostura, murieron al menos 25 personas, entre ellas cuatro estudiantes mexicanos, un ecuatoriano y el portavoz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Raúl Reyes.

La Comisión de Soberanía de la Asamblea Constituyente tras analizar documentos relacionados con ese ataque a territorio ecuatoriano, aseguró que "los informes coinciden en la necesidad de que se investiguen a fondo las actividades realizadas en el FOL (base militar) de Manta, así como las posibles vinculaciones del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos en nuestro país". Los asambleístas decidieron convocar al ministro de Defensa Javier Ponce para que informe "sobre las acciones que el gobierno tomará en el ámbito militar para garantizar la estabilidad democrática y la paz" en Ecuador.

La base de Manta, se acaba en 2009

Un acuerdo de cooperación militar entre Washington y Quito permite que tropas norteamericanas utilicen desde 1999 la base de Manta para operaciones antidrogas. Este acuerdo finaliza el año que viene y el Presidente Rafael Correa ya advirtió desde la campaña para las elecciones que le llevaron al poder, que no renovaría el acuerdo. Además, la Asamblea Constituyente ya aprobó un artículo de la nueva carta magna, que prohíbe las instalaciones militares extranjeras en Ecuador.

El artículo dice que "el Ecuador es un territorio de Paz y que no se permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares". Fue aprobado con 89 votos de un total de 105 asambleístas.

Según encuestas de la Fundación Regional de Derechos Humanos INREDH, más del 55% de la población de la ciudad de Manta está en contra de la permanencia de las tropas norteamericanas. La economista e investigadora mexicana Ana Esther Ceceña, que integra la Campaña por la Desmilitarización de las Américas (CADA), considera que Manta es de una gran imporancia para Washington. Asegura que las bases instaladas en El Salvador, en Aruba y Curaçao, y en Ecuador, le permitieron a Estados Unidos establecer un control ampliado sobre la región después de tener que abandonar sus posiciones en el Canal de Panamá. El Comando Sur ya ha comenzado a explorar territorios de la amazonía peruana, cerca de la ciudad de Iquitos, para trasladar allí parte de las instalaciones ahora en Ecuador.

La OEA desmiente las 'exageraciones' de Colombia sobre el PC de Raúl Reyes

En un comunicado publicado el viernes pasado, un plantel integrado por expertos de universidades de los Estados Unidos, se advierte que "no existe evidencia que indique que los documentos disponibles para el público pudieran servir de base para ninguna de las afirmaciones extremistas hechas por el gobierno colombiano en cuanto a que Ecuador y Venezuela tuvieran algún tipo de relación financiera con los rebeldes" Lo que sigue son extractos del cocumento:

"Hacia finales de este mes la Organización Internacional de Policía Criminalística (Interpol) determinará públicamente la autenticidad de los computadores portátiles recuperados en el campamento de las FARC atacado en Ecuador. Considerando la cobertura previa por parte de la prensa de la incursión y de los documentos, es para nosotros de suma importancia que los medios de comunicación interpreten de manera muy cuidadosa los hallazgos hechos por la Interpol. Durante la primera ronda de la cobertura del evento por los medios de comunicación, surgieron considerables problemas de inconsistencia precisamente como resultado de la brecha existente entre las exageraciones de Colombia y lo que realmente dicen los documentos. Incluso si llegara a corroborarse que los computadores personales en efecto pertenecían a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), no existe evidencia que indique que los documentos disponibles para el público pudieran servir de base para ninguna de las afirmaciones extremistas hechas por el gobierno colombiano en cuanto a que Ecuador y Venezuela tuvieran algún tipo de relación financiera con los rebeldes. De hecho, análisis independientes de los documentos indican que el gobierno colombiano ha exagerado de manera sustancial el contenido de estos documentos, quizás con fines políticos....

...La interpretación colombiana ha probado ser tan débil que la semana pasada el señor José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, al rendir testimonio ante el Subcomité de la Cámara encargado de Asuntos del Hemisferio Occidental, indicó de manera inequívoca que "no existe evidencia" que vincule a Venezuela con los rebeldes colombianos. No obstante, esta afirmación de Insulza ha pasado virtualmente desapercibida para la prensa de habla inglesa.

Los analistas citan tres fallas primarias en las imputaciones hechas por el gobierno colombiano sobre los nexos entre Venezuela y las FARC: El "Dossier": La idea de que el gobierno venezolano le proporcionó – o intentó proporcionarle – 300 millones de dólares a las FARC se basa exclusivamente en este extracto de una carta enviada por Raúl Reyes a la secretaría de las FARC: "En cuanto a los 300, los cuales en adelante denominaremos "dossier", actualmente se están adelantando esfuerzos en atención a las órdenes del jefe al lisiado, las cuales explicaré en una nota aparte". No hay una descripción clara de qué representan los "300". Mientras los colombianos aseguran que se trata de una referencia a los 300 millones de dólares, igualmente podría tratarse de trescientos dólares o incluso trescientos rehenes. Nótese que esta carta tiene fecha del 23 de diciembre de 2007, dos semanas antes de la primera ola de liberación de rehenes por parte de las FARC....

...Para poder creer que Hugo Chávez le estaba dando apoyo material a las FARC – más allá de su rol como negociador de rehenes – hay que aceptar que la persona a la cual los documentos de las FARC denominan bajo el nombre código "Ángel" es en efecto Hugo Chávez. Sin embargo, los documentos hacen referencia tanto a "Ángel" como a "Chávez", a veces en el mismo párrafo. Da la impresión de que los documentos se refieren a dos personas distintas....

...Adam Isacson, del Centro para la Política Internacional , ha hecho la evaluación más amplia de los documentos disponibles. Además de los puntos anteriores, Isacson concluyó que la comunicación entre el gobierno de Venezuela y las FARC coincidió casi exclusivamente con el período de tiempo durante el cual Chávez fue invitado a hacer las veces de mediador en las negociaciones por los rehenes. Según palabras del propio Isacson, "Al ser consideradas en orden cronológico, las comunicaciones de la guerrilla que hacen referencia a Hugo Chávez y a Venezuela parecen revelar una relación cordial pero distante hasta el otoño de 2007" , exactamente el tiempo en que se iniciaron las negociaciones.

Nótese también que ya se ha probado la falsedad o lo sospechoso de otras acusaciones colombianas relacionadas con los computadores portátiles. Cabe destacar que las afirmaciones que indicaban que las FARC estaban conspirando para construir una "bomba sucia" fueron desechadas públicamente por el gobierno de Estados Unidos y por expertos en terrorismo de toda la región. Además se probó la falsedad de las acusaciones de Colombia sobre el hallazgo de una fotografía en los computadores portátiles y que mostraba una reunión entre líderes de las FARC y un funcionario del gabinete ecuatoriano....

... Dada la sensibilidad y las potenciales implicaciones para la paz en el hemisferio, es de vital importancia que los medios de comunicación sean más críticos que lo que han sido hasta la fecha con su propia cobertura.Cualquier cobertura imparcial del próximo pronunciamiento de la Interpol dejará en claro que la autenticación de los computadores portátiles no implica la validación de las interpretaciones colombianas de su contenido, y debería tomar nota tanto del análisis independiente de los documentos como de la declaración del Secretario General de la OEA.

Firman el informe: Charles Bergquist, University of Washington Seattle, Larry Birns, Council on Hemispheric Affairs, Amy Chazkel, Queens College, City Univerity of New York, Avi Chomsky, Salem State College Luis, Duno Gottberg , Florida Atlantic University, James Early, TransAfrica Forum Board of Directors and Institute for Policy Studies Board of Directors, Samuel Farber, Brooklyn College, City University of New York, Sujatha Fernandes, Queens College, City University of New York, Lesley Gill, American University, Greg Grandin, New York University Daniel Hellinger, Webster University, Forrest Hylton, New York University, Diane Nelson, Duke University, Jocelyn Olcott, Duke University, Diana Paton, University of Newcastle, UK, Fred Rosen, North American Congress on Latin America ,T.M Scruggs, University of Iowa, Sinclair Thomson, New York University, Miguel Tinker Salas, Pomona College Mark Weisbrot, Center for Economic and Policy Research, John Womack, Harvard University

(Fuentes: ANSA-Latina, Agencia PÚLSAR, Prensa Latina, Inredh.org-Ecuador, Alai-Amlatina-Argentina)

Bolivia:Crisis política

EL GOBIERNO DE EVO MORALES TRATA DE EVITAR EL REFERENDUM DE SANTA CRUZ MEDIANTE EL DIÁLOGO. LOS AUTONOMISTAS RADICALES LLAMAN A LUCHAR PARA QUE NO GOBIERNE 'UN INDIO IGNORANTE'

El secretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA), Dante Caputo, visita hoy Bolivia y, en La Paz, va a recibir una propuesta de diálogo del presidente Evo Morales, informaron fuentes del Palacio de Gobierno. Caputo regresa a Bolivia de nuevo, después de que el canciller boliviano, David Choquehuanca, denunciara la rxistencia de una presunta conspiración contra el Gobierno de Morales en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA el sábado en Washington. Después de visitar La Paz, Dante Caputo viajará a Santa Cruz, donde el próximo domingo 4 de mayo se realizará el referendo del Estatuto Autonómico cruceño, impulsado por el prefecto (gobernador) Rubén Costas y el Comité Cívico presidido por Branko Marinkovic.
El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, comisionó a Caputo para realizar gestiones de acercamiento entre el Gobierno y la oposición, lo que podría facilitarse con la propuesta que hoy le presentará el presidente Evo Morales. No obstante, hasta unas horas antes de viajar, el diplomático argentino no había logrado obtener respuesta del prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, quien aceptó verbalmente la petición de dialogar formulado por la OEA, pero no formalizó la cita. Costas es el líder del denominado Consejo Nacional Democrático (Conalde), instancia que hasta el momento se negó sistemáticamente a acudir al diálogo antes del referendum.

Políticos, cívicos y empresarios cruceños llevan adelante una consulta sobre el estatuto autonómico cruceño al margen de la legalidad boliviana, por lo que no contará con observadores ni de la OEA ni de la Unión Europea.

El sábado pasado, el pleno del Consejo Permanente de la OEA aprobó por unanimidad, incluido el representante de Estados Unidos, una resolución que ratifica su más firme respaldo al gobierno boliviano legalmente constituido y que emplaza a los opositores a sentarse en una mesa de negociación. Sin embargo, los líderes regionales de Santa Cruz rechazaron esa iniciativa y ratificaron la realización de la consulta, cuyos resultados pretenden utilizar, según el Gobierno boliviano, como un instrumento de presión contra la nueva carta magna que elabora la Asamblea Constituyente.

El viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, planteó ayer la urgencia de entablar un diálogo para conciliar las diferencias sobre el tema autonómico entre el Gobierno y los dirigentes del departamento de Santa Cruz. El viceministro considera que las divergencias existentes respecto a la legalidad del referendum del próximo domingo han llegado a tal punto, que sólo pueden ser resueltas por el camino de la negociación. Asegura que el gobierno del presidente Evo Morales reconoce el derecho de cada región a lograr una mayor descentralización a través de los estatutos de autonomía, pero ese proceso debe realizarse bajo el amparo de las leyes del país.
Por su parte, Evo Morales asegura que su gobierno desestimará los resultados de la consulta por considerarla una violación de la Constitución y una maniobra de sus opositores para entorpecer el proceso de cambio que vive la sociedad boliviana.

Autonomistas radicales no quieren que gobierne un “indio ignorante”

Los discursos políticos suben de tono a medida que se acerca la consulta autonomista del 4 de mayo en Santa Cruz. Dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista prometen defender con sus vidas la autonomía y repudian en público que un “indio ignorante” gobierne el país. Y por el otro lado, líderes sociales de las tierras altas del departamento llaman a enfrentar a la burguesía separatista con las armas e iniciar la revolución.

Todo indica que ni la OEA ni la Iglesia Católica podrán instalar una negociación política antes del referéndum cruceño.
Pablo Mamani, Oscar Olivera y Eugenio Rojas, alcalde de Achacachi y líder de los “ponchos rojos”, y otros representantes de la Coordinadora de movimientos sociales de Cochabamba convocaron a los bolivianos a tomar las armas e impulsar una revolución social desde el 4 de mayo. Estos sectores decidieron no atender el llamamiento del Presidente Evo Morales, quien pidió a las organizaciones sociales que no se movilicen contra el referéndum en Santa Cruz.

La cúpula de la Central Obrera Regional de El Alto confirmó que ya está en Santa Cruz una comisión que participará en las movilizaciones contra el referéndum y en la campaña por la abstención.
Nicanor Muñoz, dirigente vecinal del populoso barrio cruceño Plan 3000 invitó a organizaciones sociales de El Alto, a los cocaleros de Cochabamba, al sindicato campesino CSUTCB, a los colonizadores y a otros sectores a una reunión el primero de mayo para delinear una estrategia que permita alcanzar una abstención mayor al 50 por ciento. En el Plan 3000 habitan 243.750 personas en 114 barrios.

Una virtual dictadura autonomista declarada en la capital cruceña está fermentando resentimientos que podrían degenerar en choques violentos. La campaña del miedo de los cívicos y sus grupos de choque y las amenazas de “limpiezas étnicas” luego del 4 de mayo ya no sólo atemorizan a los disidentes sino que también multiplican las broncas.
Ayer los jóvenes cruceñistas salieron a marchar a las calles de la capital oriental en apoyo al estatuto autonómico, motivando a los jóvenes opositores a organizar una caravana contra la autonomía de los patrones para este martes desde la plaza del Estudiante. Los críticos están dispuestos a responder a cualquier tipo de ataque de los unionistas y responsabilizan al prefecto Rubén Costas si se produce derramamiento de sangre.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba observa con preocupación que Bolivia puede ingresar en una espiral de violencia si no se instala el diálogo entre el oficialismo y la oposición antes de este 4 de mayo.

El diálogo, en punto muerto

El gobierno dejó en manos de los prefectos opositores la decisión de fijar hora, fecha y lugar para reanudar el diálogo recomendado por la OEA. Los prefectos (gobernadores) de los departamentos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz se niegan a dialogar antes del 4 de mayo.“Haremos todo lo que sea necesario para que se pueda instalar cualquier tipo de conversación antes, durante o después del 4 de mayo”, dijo el viceministro de Descentralización Fabián Yaksic, quien pidió una vez más a los opositores que revisen su posición y busquen la forma de armonizar la nueva Constitución Política del Estado y los estatutos autonómicos.
El jefe nacional de Poder Democrático y Social-PODEMOS(derecha), Jorge Tuto Quiroga, señaló que la establecimiento de un diálogo entre el gobierno y la oposición para superar la crisis política será posible sólo con la mediación de la Iglesia Católica y con el acompañamiento de la Unión Europea y países amigos como Argentina, Brasil, Colombia y México. Según el jefe de Podemos, la OEA no merece ninguna confianza por su falta de neutralidad y credibilidad. “El Secretario General y la misión que envía con el señor Enrique Correa, que es el operador político chileno del señor Insulza, que es el que redacta los informes, no nos merece ninguna confianza; es hasta una falta de tacto y de sensibilidad… el señor Insulza, que se auto-descalificó por su parcialización y falta de neutralidad y credibilidad… nos llenan de insultos y de injurias y la OEA no dice nada sobre las violaciones al Tribunal Constitucional, ataques a medios de comunicación, cómo se ha golpeado a diputadas, cómo se ha acuartelado la Asamblea, cómo se la ha llevado a la UTO en Oruro para causar hechos de violencia”, resaltó Quiroga.
El diputado de Podemos Fernando Messmer aseguró que el canciller David Choquehuanca le mintió a la comunidad hemisférica “de una manera absolutamente desvergonzada”, queriendo mostrar el 4 de mayo como un acto separatista, divisionista, que busca derrocar al régimen del Presidente Evo Morales. Lo que esta claro, dijo Messmer, es que más allá de que se instala o no el diálogo antes del 4 de mayo, “el referéndum del 4 de mayo se va a llevar a cabo indefectiblemente”.

El MAS, el partido de Evo Morales, descarta la posibilidad de dialogar sobre los resultados de referéndum del 4 de mayo. Los diputados Jorge Silva y Gustavo Torrico advirtieron que no reconocerán un acto ilegal y fuera de la Constitución Política del Estado. En criterio de Silva, por cálculo político, la oposición espera que los resultados del referéndum legitimen un acto político concebido al margen de la ley, para posteriormente negociarlo con el proyecto de la nueva Constitución. "Es imposible negociar después del 4 de mayo porque existirá una Constitución Política del Estado y unos estatutos ilegales imposibles de compatibilizar", comentó Torrico.

Las organizaciones sociales importantes del país coinciden en que pequeños grupos de poder vinculados a la agroindustria fomentan la confrontación violenta entre bolivianos, con el apoyo militante de legisladores de derecha, especialmente de Podemos.
El diputado Ronald Moreno advirtió hace poco que si el gobierno “quiere atropellar” sus haciendas “van a tener violencia, nos vamos a constituir en una fuerza que quizá lleve a desencadenar un episodio que no quisiéramos”.
El senador Jorge Aguilera advirtió que después del referendo del 4 de mayo comenzará el desacato a la Constitución Política del Estado. “Si el Poder Ejecutivo no hizo caso a las consultas populares, lamentablemente creemos que no está aplicando las normas vigentes en el país, es decir, la Constitución, entonces que no nos obligue a que las regiones y los ciudadanos a acatar la Carta Magna porque la desacatemos para llevar adelante nuestra autonomía.”.El prefecto Costas anunció que después de la consulta se comenzará a construir una “segunda República”.

El gobierno y movimientos sociales piden la abstención

La Constitución faculta al Presidente Evo Morales a movilizar a las Fuerzas Armadas y a los reservistas que crea necesarios para que interrumpan el plebiscito del 4 de mayo en Santa Cruz, en defensa del orden interno y previniendo una grave conmoción. Pero el gobierno prefiere la vía de convocar a abstenerse de participar en lo que llama una “mañosa encuesta sin valor legal” para aprobar un estatuto autonómico que, dice, está hecho a la medida de los grupos de poder y que es reproductor del modelo racista, excluyente y neoliberal.

La consulta convocada para el 4 de mayo no tiene efecto vinculante y no pasa de ser “una encuesta cara”, según el Vicepresidente Alvaro García Linera, porque viola la Ley 2769 del Referéndum (mientras no exista un gobierno departamental electo por voto popular el Congreso Nacional es la única instancia autorizada para convocar a consultas nacionales, departamentales y municipales), y disposiciones de la Corte Nacional Electoral (CNE), la única instancia que puede administrar referendos.

Un estatuto separador

El texto del estatuto que será sometido a referendum este domingo en el departamento de Santa Cruz arrebata al Estado boliviano las competencias establecidas por la actual Constitución. Otorga al gobierno departamental competencias exclusivas en materia legislativa, reglamentaria y ejecutiva en el régimen electoral, administración de justicia, educación en todos los niveles, regímenes laboral, tierras, agua, bosques, áreas protegidas, biodiversidad, biocombustibles y ordenamiento territorial, entre otras 40 competencias “exclusivas”.
La norma autonómica le atribuye a la Prefectura (Gobierno) de Santa Cruz el dominio pleno sobre los recursos naturales, económicos y humanos. Las disposiciones del gobierno departamental tienen preferencia respecto de las nacionales (que son “subsidiarias”) incluyendo la potestad tributaria. Pretende el control de las instituciones del Estado en el departamento, mediante la designación de sus autoridades de ternas presentadas por la Asamblea Departamental.

La Corte Superior de Distrito sería la última instancia jurisdiccional y dictaría sentencias con autoridad de “cosa juzgada” en temas de competencia exclusiva. Eso significa, por ejemplo, que la Corte Superior sería la última instancia decisora sobre la distribución de tierras.
El estatuto cruceño establece que sólo los ciudadanos cruceños pueden ejercer derechos políticos como el sufragio, la elección de autoridades departamentales y ser elegidos como tales, participar en asuntos públicos departamentales a través de la Iniciativa Legislativa Ciudadana, el Referéndum, el Plebiscito y el Cabildo. En los hechos, se reconoce una doble condición política de ciudadanía, una boliviana y otra cruceña.

Todo el poder al gobernador… y a los latifundistas

Buscando equilibrios, la democracia reparte el poder del Estado en tres poderes independientes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero el estatuto cruceño concentra todo en la Asamblea Departamental, que tendría competencias para nombrar a los funcionarios del Ejecutivo e incluso a los jueces.

Semejante concentración se evidencia en la política agraria que impulsan los grupos de poder cruceños. Según su estatuto, el derecho propietario, la distribución, redistribución y administración de las tierras en el departamento de Santa Cruz serían regulados por ley departamental aprobada por la Asamblea Legislativa. Esto significa que el parlamento regional tendría la última palabra en la definición de tamaños, características y parámetros de cumplimiento de la función social y función económico-social para cada forma de propiedad agraria.

El gobernador firmaría “todos los Títulos Agrarios que acrediten la propiedad sobre la tierra y se encuentren dentro de la jurisdicción del Departamento Autónomo de Santa Cruz, los que, de acuerdo a principios constitucionales, causan estado y son irrevisables, salvo por la autoridad judicial competente, permitiendo su inscripción en el Registro de Derechos Reales”.

El estatuto cruceño propugna una política agraria que combata el minifundio, no que luche contra el latifundio. El gobierno departamental, a través del Instituto Departamental de Tierras (IDT), fomentará el “reagrupamiento, distribución y redistribución” de tierras para evitar la aparición del minifundio improductivo. Incluso se quiere revertir parcelas de tierra “improductivas” para concentrarlas luego en haciendas “productivas”. En el fondo, los autonomistas pretenden mantener latifundios y tierras de engorde.
El Vicepresidente boliviano García Linera considera que el estatuto sería el único en el mundo que plantea anular la pequeña propiedad y fomentar la concentración de la propiedad agraria. “Si ve por ahí 50, 100, 200 o 300 hectáreas y las considera pequeñas, están obligados a reconcentrarlas en pocas manos”. “No estamos de acuerdo con que se expropie la tierra al pequeño o mediano campesino por capricho prefectural, o con el hecho de que sea un Prefecto el que emita los títulos de propiedad (de la tierra) a quien quiera, a sus amigos, conocidos, comparsas, vecinos, de una manera arbitraria”, observa el Presidente Morales.“El gobierno quiere autonomía y estatuto autonómico, pero no quiere que unas cuantas familias, por orden del Prefecto, se distribuyan las tierras como les da la gana”, dice García Linera.

(Fuentes:Radio Erbol, ABI-Agencia Boliviana de Información, Bolpress, Prensa Latina y ANSA-Latina)

Paraguay: Elecciones 2008

LULA PRESENTA UNA PROPUESTA A FERNANDO LUGO SOBRE EL TRATADO DE ITAIPÚ. PARAGUAY CONSUME EL 5 POR CIENTO DE LA ELECTRICIDAD DE LA PRESA. BRASIL PAGA POR EL RESTO A PRECIO DE COSTO

Brasil impulsa un "Plan B" que presentará a Paraguay para eludir la necesidad de modificar el contrato del salto hidroeléctrico de Itaipú, como pretende el presidente electo paraguayo, Fernando Lugo. Entre las opciones se encuentra la de aumentar los beneficios para la parte paraguaya, mediante un fondo de desarrollo y una actuación conjunta para patrullar las fronteras de ambos países.

La primera propuesta es el proyecto de una línea de transmisión entre Itaipú y Asunción, para abastecer de electricidad a la capital paraguaya con inversiones de 200 millones de dólares, financiados por la entidad pública brasileña Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). El ministro de Minas y Energía de Brasil, Edison Lobao, no descarta la idea de constituir un fondo de inversión en Paraguay con pagos anticipados por la energía de Itaipú, con anticipos de 200 millones de dólares al año. Paraguay consume el 5% de la energía producida por la presa de Itaipú y reclama aumentar el precio de costo que recibe de Brasil por la venta del excedente, en base al tratado firmado en 1973 y que dura hasta 2023.
ESPECIAL: Itaipú y Paraguay dividen al gobierno brasileño

La victoria de Fernando Lugo, obliga a renegociar

La victoria de Fernando Lugo en las presidenciales ha puesto sobre la mesa del gobierno brasileño el problema del pago de la energía de Itaipú, que ha sido el tema-estrella la campaña del ex-obispo paraguayo y su Alianza Patriótica para el Cambio.

La primera reacción oficial fue precisamente la del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien estaba en Africa el día de la victoria y dijo a la prensa brasileña, sobre Itaipú, que "tenemos un tratado, y éste será mantenido". Días antes, su asesor y amigo, el teólogo Frei Betto, había asegurado lo contrario.
Y mientras el presidente daba a entender que no había nada que discutir, el ministro de Relaciones Exteriores, Celso Amorim, ensayaba otro lenguaje, al admitir que Paraguay podría obtener una remuneración adecuada por su energía, "porque eso es justo".
El centro de la cuestión es el tratado concluido entre Brasil y Paraguay en 1973 para la construcción de la hidroeléctrica de Itaipú, hoy responsable por el 20 por ciento de la energía usada en Brasil y el 95 por ciento de la utilizada en Paraguay.
Con capacidad de generación de 14.000 megawatios (MW), Itaipú es todavía - mientras no empiece a operar Tres Gargantas en China- la mayor hidroeléctrica del mundo, cuya energía es dividida entre los dos países.
De acuerdo con el tratado, vigente hasta 2023, la electricidad que cualquiera de los dos no utilice será necesariamente vendida al otro socio, nunca a terceros países. Y será pagada "al precio de costo".
Actualmente, Paraguay utiliza solamente el 5 por ciento de su parte en la energía, y vende el resto a Brasil, del que recibe 45,31 dólares por MW como pago.

El problema es que de ese valor, 42,50 dólares son previamente destinados al pago de los préstamos obtenidos para financiar la obra, cuya amortización se extiende hasta 2023. Así, a Paraguay le quedan poco más de 340 millones de dólares al año.

Es precisamente contra ese parco dividendo, por lo que reclaman los paraguayos, encabezados por su presidente electo. "Si Brasil tuviese que sustituir la energía paraguaya por gas natural o petróleo, tendría que gastar 8.000 millones de dólares al año para pagarlo", dice el ingeniero Ricardo Canese, uno de los principales asesores de Lugo.
Con base en ese argumento, propone "un valor intermedio" entre los 8.000 millones que Brasil tendría que gastar y los 340 que paga a su socio. "Como mínimo, unos 2.000 millones de dólares", precisa.
Pero Brasil alega que decidió construir Itaipu precisamente para no tener que gastar aquella fortuna en combustible fósil, y todo el financiamiento lo obtuvo Brasil, que es responsable por las garantías y el pago.

Por su parte, José Antonio Muniz Lopes, presidente de Eletrobras, "holding" estatal del sector eléctrico, sostiene que el tratado vigente es absolutamente justo, gracias a su "ingeniería financiera correcta y feliz". En su visión, cualquiera que sea la decisión del gobierno sobre el tema, "los intereses de los accionistas privados de la empresa no podrán ser perjudicados" con una eventual reducción de las ganancias.
Mientras los "halcones" siguen sosteniendo que nada debe ser cambiado en el tratado ni en la remuneración de la energía, que está establecido en el documento, el canciller Amorim trata de elaborar un camino alternativo.
Dando por sentado que el tratado no será renegociado, admite que Brasil pueda ofrecer a Paraguay otras compensaciones, como la construcción de una línea de transmisión hasta Asunción, que le permita disponer de más energía que la actual.
Con mucha energía disponible, Paraguay podría transformarse en un centro atractivo para industrias que utilizan intensivamente electricidad, como la del aluminio, por ejemplo.
También ha mencionado la posibilidad de costear un proyecto de navegabilidad del río Paraguay, útil para los dos países. De cualquier modo, todavía hay tiempo para sostener conversaciones preliminares: el presidente Lugo asumirá su cargo hasta agosto, y hasta allá se podrán discutir otras alternativas.

La victoria de Lugo en Paraguay tendrá efectos en todo el continente
Por Luismi Huarte(*)

Tras la victoria del candidato de la Alianza Patriótica para el Cambio, Fernando Lugo, en las elecciones del 20 de abril en Paraguay, las primeras llamadas telefónicas de algunos mandatarios de la región proyectaban con notable nitidez la guerra de posiciones que se está desarrollando en el tablero político latinoamericano.
Las rápidas felicitaciones de los ejecutivos de Uruguay, Argentina, Bolivia e, incluso, Chile reflejaban con bastante precisión la política de alianzas estratégicas y tácticas -no exenta de contradicciones- que está operando al sur del continente.
La llamada del presidente venezolano Hugo Chávez fue quizás la de mayor calado político por su claro objetivo de iniciar cuanto antes un trabajo común estrecho, tanto a nivel bilateral como regional. El jefe de Estado bolivariano expresó a Lugo su deseo de reunirse «lo más pronto posible» para impulsar planes de «cooperación y complementariedad» entre las dos naciones. Además, los dos coincidieron en la necesidad de seguir construyendo la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), herramienta estratégica en la dinámica de integración regional.

La conformación de un Gobierno de «centro-izquierda» en Paraguay va a posibilitar el fortalecimiento de la orientación integracionista latinoamericana, relativamente soberana de la influencia de Washington. Aunque es cierto que el ejecutivo «colorado» de Nicanor Duarte ha sido partícipe de algunas de las nuevas expresiones organizativas que han ido surgiendo (Unasur, Banco del Sur, etc.), con la llegada de Lugo se presume que la presencia paraguaya se torne más firme y sólida. Las dos nuevas propuestas que se han realizado recientemente por parte de Brasil (Consejo de Seguridad Latinoamericano) y de Ecuador (Organización de Estados Latinoamericanos), que han generado «preocupación» -como les gusta decir en la Casa Blanca- en la Administración Bush, contarán probablemente con el apoyo del gobierno paraguayo.

Y estos no son asuntos de segundo orden, porque vislumbran la crisis de legitimidad de estructuras hemisféricas impuestas por los Estados Unidos en el último medio siglo, como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Sin embargo, la postura geopolítica que adopte la nueva administración paraguaya, va a depender no sólo de la voluntad política de la Alianza Patriótica, sino en gran medida, del papel que estén dispuestos a jugar los dos gigantes que le rodean (Brasil y Argentina). Las nuevas relaciones en el ámbito hidroeléctrico, en concreto, y en el seno del MERCOSUR, en términos más generales, van a ser cruciales. Debemos recordar que las presas de Itaipú y de Yacireta, están suministrando energía a precios de costo a Brasil y Argentina, respectivamente.

Esto significa que el segundo país más empobrecido de Sudamérica está subsidiando a dos naciones económicamente más sólidas. El precedente de las negociaciones en torno al gas boliviano enviado a Brasil y Argentina, no es muy halagüeño, ya que altos funcionarios de Petrobras reprodujeron actitudes propias del denominado «sub-imperialismo» brasileño. La posición más equilibrada del presidente Lula permitió mejorar las condiciones de venta del gas de Bolivia, a pesar de que todavía se sigue transfiriendo por debajo de precios justos, fundamentales para impulsar el desarrollo del país más pobre del subcontinente. Por ello, la aplicación de precios más acordes a los del mercado, será un asunto fundamental en los intercambios de Paraguay con sus dos vecinos.

Pero donde mayores «concesiones» deberían hacer Brasil y Argentina es al interior del MERCOSUR, si pretenden fortalecer dicha institución. Las asimetrías del Mercado Común del Sur son notables desde su nacimiento en 1991, y han provocado constantes reclamaciones de los dos socios menores (Paraguay y Uruguay). Este último, debido al permanente desequilibrio, y a pesar de contar con un gobierno teóricamente de «centro-izquierda», ha coqueteado en los últimos tiempos con los Estados Unidos, firmando un Tratado Bilateral de Inversión, y amenazando con un TLC si no se redimensiona el MERCOSUR. De cualquier manera, la entrada reciente de Venezuela en el organismo, y las propuestas de Chávez pueden resultar trascendentales para el reacomodo de Paraguay y Uruguay.

Posición ante EEUU

Otro asunto de vital importancia va a ser la posición que asuma la administración Lugo ante la Casa Blanca, y más específicamente ante dos ejes de intervención. El primero es la presencia de tropas norteamericanas en la base aérea Mariscal Estigarribia, a 200 kilómetros de Argentina y 300 de Brasil. Con la excusa de la presencia de grupos «terroristas islámicos» en la triple frontera, Estados Unidos presionará para seguir teniendo presencia en la zona, con el objetivo oculto de establecer una base militar que controle el sur del continente. Si al anuncio por parte de Ecuador de retirar a las tropas norteamericanas de la base de Manta en 2009, se une la negativa del gobierno paraguayo a la presencia de militares estadounidenses, los niveles de nerviosismo en Washington se pueden extremar. El otro eje es la pretensión de EEUU de apropiarse del Acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo, y por tanto hacerse con el control del recurso natural por el que se desencadenarán los conflictos bélicos del futuro. Se prevé que Lugo adopte posiciones soberanas en torno a este tema.

En definitiva, los resultados electorales paraguayos hay que interpretarlos como un tanto más para el conjunto formado por la alianza entre el «bloque rojo» y el «bloque rosa» de la región, frente a los peones más representativos del «eje del mal» (Colombia, Perú, México), liderado por Estados Unidos. Sin embargo, dos interrogantes de gran trascendencia surgen en relación con Brasil y Argentina: ¿tendrán la suficiente capacidad para priorizar una visión estratégica regional a largo plazo? Y ¿tendrán la valentía requerida para enfrentar los bloqueos internos?
(*)Luismi Huarte es un analista político que escribe regularmente en el diario vasco Gara. Este artículo fue publicado en ese cotidiano el 24 abril y reproducido por Sin Permiso

(Fuentes: ANSA-Latina, Xinhuanet y SinPermiso)

Panamá: Derechos Humanos

LA ONU SEÑALA LA INEFICACIA DEL ESTADO PARA PROTEGER A SUS CIUDADANOS Y DESTACA ESPECIALMENTE LA GRAVE SITUACIÓN EN LAS PRISIONES Y LA DE LAS ETNIAS INDÍGENAS

Con un retraso de 11 años, el Estado panameño aceptó realizar este mes un diálogo con el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos civiles y políticos del país. Seis puntos pautaron el debate: la discriminación, la ineficacia para proteger los derechos humanos, la expulsión de los indios de sus tierras para construir proyectos turísticos, hidroeléctricos y mineros, la grave situación del sistema penitenciario, la falta de protección de los refugiados y la vulnerabilidad de los derechos de los niños y adolescentes.
En relación con el derecho de las mujeres, la ONU criticó la dificultad de implementar una legislación en materia de igualdad, las diferencias enfrentadas en el mercado de trabajo, las prácticas que les dificultan el acceso al mercado de trabajo, el aumento de la violencia y la situación deplorable del único albergue para las mujeres víctimas de violencia. También en ese sentido, fue condenada la práctica discriminatoria de solicitar la prueba de embarazo como paso necesario para que las mujeres puedan entrar en el mercado de trabajo.

Las cárceles

La situación de las prisiones panameñas también fue blanco de críticas de los especialistas de la ONU. Panamá tiene la segunda mayor población carcelaria de América Latina. En las prisiones panameñas hay superpoblación, falta de atención médica, abusos físicos y psicológicos, además del desinterés público para solucionar esos problemas.

La cárcel de La Joya-La Joyita fue comparada con las peores de la región.
Para un miembro de la comisión, Nigel Rodley de Reino Unido, "todo el sistema parece estructurado para crear una situación insustentable". Agregó además que el compromiso reciente del Estado para construir más cárceles, según su experiencia, no es suficiente para solucionar el problema de la superpoblación de las cárceles. El Estado panameño fue cuestionado en relación con los abusos físicos frecuentes de los que son víctimas los presos cuando no obedecen una política oficial y las sanciones impuestas a los funcionarios que cometen abusos contra los detenidos.

Los indígenas

Los derechos humanos de las poblaciones indígenas son violados constantemente, porque las comunidades sufren el acoso de las autoridaes y las empresas que les desalojan para implementar proyectos mineros, turísticos e hidroeléctricos que se construyen en sus tierras. El Estado falla cuando tiene que darles ayuda financiera, cuando debe protegerles el medio ambiente y su cultura. Según los especialistas, esos proyectos están destruyendo la forma de vida tradicional de los pueblos. La Comisión de DD.HH. de la ONU advierte que el derecho consuetudinario moderno requiere la consulta y el consentimiento de los pueblos para permitir la construcción de obras en sus tierras.

El diálogo con el Comité no presentó sólo puntos negativos. La desaparición del delito de desacato y la adopción del sistema acusatorio fueron señaladas como avances. La Onu reconoció también los esfuerzos de Panamá para promover los derechos de los residentes en el país, pero las reformas necesarias para alcanzar esos derechos son insuficientes y no presentaron avances concretos.
En ese sentido, los participantes del diálogo dijeron que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no ocupa la debida jerarquía en la legislación de Panamá y difícilmente se invoca en los juicios de la Suprema Corte.

En lo que respecta a los derechos de los refugiados, se dijo a los representantes del Estado que la definición de quien es un refugiado es muy restrictiva, y el procedimiento para pedir refugio no respeta las garantías mínimas del proceso. Además, el régimen de "protección temporaria humanitaria restringe innecesariamente los derechos de la población que debe proteger".
Según el Estado, el Decreto con esas determinaciones fue establecido "para regular una situación específica y excepcional de flujo masivo de personas que no califican para recibir protección como refugiadas, y sí como protegidos temporales humanitarios, y por lo tanto no veían la necesidad de reformar dicho decreto". Para la Onu, el Decreto no protege a quien está en el territorio de Panamá por poco tiempo y no da a esas personas garantías frente a una devolución forzada.

“Reos sin derechos humanos en Panamá”

En el artículo con este título, publicado el 25 de diciembre, 2007 por el panameño El Siglo se denunciaban las violaciones básicas de los derechos humanos de los reos en las cárceles, como la falta de agua potable, la desnutrición y el hacinamiento . El Sistema Penitenciario debe arreglar estas primordiales necesidades para que los reos vivan sin violar sus derechos humanos. El hacinamiento en las cárceles ha creado una situación deplorable. Hay 4 mil detenidos más que sobrepasa la capacidad en las carécelas. Además, la desorganización del Sistema Penitenciario es tan evidente, hay reos que no están cumpliendo sus condenas bajo el mando correcto. Unos reos deben estar bajo el mando del Órgano Judicial pero ya están bajo las órdenes del Ministerio Público. Diómedes Kaa el director de la Coordinación Penitenciaria del Ministerio Público comentó “No podemos tapar el sol con la mano.” Aunque, unos políticos y funcionarios se encuentran la privatización del sistema es la solución mejor para cambiar y mejorar la violación directa de los derechos humanos a los reos, para Kaa no es la mejor. “Este año no se ha aplicado este beneficio, porque aún El Sistema Penitenciario está elaborando el proyecto” enfatizó Kaa.

Fragilidad judicial dificulta derechos humanos

En un estudio presentado por el diario panameño La Prensa en junio de 2007 representantes de 30 organizaciones pro derechos humanos identificaron los aspectos en lo que se demuestra “la grave violación a los derechos humanos que se registra en el país.” De los 19 aspectos se incluyen cárceles que practican tratos inhumanos, discriminación de los indígenas, los afro-descendientes, mujeres y personas que están infectadas con SIDA. La corrupción del sistema de justicia como las leyes mordaza, la inhabilidad de la protesta social y “la distribución desigual de la riqueza y la extendida pobreza rural” agrega al impacto de la falta de los derechos humanos. Una prueba enseña que la pobreza es una violación de los derechos humanos. “De cada 10 panameños 4 viven con menos de 2 dólares diarios”. La directora de la Comisión de Justicia y Paz, Maribel Jaén comentó que este problema es de todos y juntos deben escoger los gobernantes que se fijan en sus derechos diligentemente.

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HONDURAS

Asesinada la dirigente de la principal central sindical

La Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), Altagracia Fuentes, fue asesinada a balazos junto a otras dos personas por desconocidos en el norte de Honduras.

Altagracia Fuentes ,de 60 años, recibió 16 impactos de bala de fusil AK-47 el miércoles por la noche cuando el vehículo en el que viajaba fue interceptado por seis individuos, vestidos con camisetas negras y pasamontañas, en la carretera que conduce de San Pedro Sula a El Progreso, a unos 280 kilómetros al norte de Tegucigalpa.

En el ataque murieron también la acompañante de la dirigente sindical, Virginia García, de 45 años, y el conductor del vehículo, Juan Bautista Aceituno (23). El portavoz del Ministerio de Seguridad, sub comisionado de policía, Héctor Iván Mejía, dijo que la policía sospecha que los atacantes son miembros de una pandilla y que el asesinato habría sido "por encargo", descartándose por el momento que el motivo haya sido un robo, aunque se llevaron unos 4.000 dólares, en moneda nacional y extranjera, que la víctima portaba en su cartera.

Fuentes era la máxima dirigente de la CTH desde hace cuatro años y también era la segunda vicepresidenta regional de la Confederación Sindical para las Américas (CSA), y durante siete años fue presidenta de la Federación Central de Sindicatos de Trabajadores Libres de Honduras (FECESITLIH)

(Fuentes: Adital, Américas21, Ya Basta y ANSA-Latina)

Brasil: Dengue

LA ENFERMEDAD HA CAUSADO YA 92 MUERTOS Y SE INVESTIGAN 96 MÁS. ES LA PEOR EPIDEMIA EN LA HISTORIA DEL PAÍS. LOS MÉDICOS DENUNCIAN EL CAOS DE LOS HOSPITALES Y LOS RECORTES DE GASTOS SANITARIOS EN EL ESTADO DE RÍO

La epidemia de dengue en Río es la peor de la historia de Brasil al sumar ya 92 muertos desde comienzos de año. Pero la Secretaría de Salud del estado está investigando otras 96 muertes, cuya causa podría corresponder también a esta enfermedad vírica. Hasta ahora, la peor epidemia de dengue de la que se tenía registro causó 91 muertos a lo largo de todo el año 2002, en la misma región. Durante la actual epidemia se han reportado hasta el momento 110.783 personas contagiadas. Solo en lo que va del mes de abril se han producido 25.075 nuevos contagios, a una media de 1.139 casos por día.

La capital carioca es la más afectada por la enfermedad, que es transmitida por la picadura del mosquito 'aedes aegypti', con 55 fallecidos.Un 42 por ciento de las muertes corresponde a niños menores de quince años, situación que ha derivado en una alarmante carencia de pediatras en la región, cuyas autoridades han pedido ayuda a los servicios médicos del resto del país.Los servicios médicos de la ciudad han sido reforzados con cuatro hospitales de campaña instalados por el Ejército y por numerosas tiendas con puntos de hidratación, en los que se suministra a los pacientes un suero intravenoso que evita la caída de plaquetas que puede conducir a la muerte en la versión hemorrágica del dengue.

El Ejército y el cuerpo de Bomberos desarrollan tareas de fumigación de potenciales criaderos del mosquito.Solo los Bomberos han inspeccionado cerca de 220.000 domicilios y han eliminado 150.000 posibles focos del mosquito desde el pasado 28 de febrero. La alarma se disparó a mediados de febrero, cuando las autoridades locales reconocieron la epidemia con bastante reticencia, ante el espectacular aumento de casos, que se multiplicaban diariamente.El número de contagios ya casi duplica al del año pasado, cuando se registraron 66.553 casos. En 2002, peor año hasta la fecha, 288.245 sufrieron la enfermedad en la región.

Los municipios del estado que más casos de dengue han registrado son las ciudades de Rio de Janeiro (56 mil 919), Angra dos Reis (seis mil 467), Nova Iguaçu (seis mil 39) y Campos (cuatro mil 577).
El número de muertos por ciudades es de 55 en Rio de Janeiro, 11 en Duque de Caxias, cinco en Sao Joao de Meriti, cuatro en Campos y otros tantos en Angra dos Reis, tres fallecidos en Paracambi y otros tres en Nova Iguaçu e igual número en Sao Gonçalo. Y con un muerto por dengue cada uno: Miguel Pereira, Belford Roxo, Itaiva e Itaguaí.

Repercute en el turismo

Las empresas hoteleras detectan una sensible baja en la llegada de turistas sobre todo a los hoteles de la Barra de Tijuca, Leblón, Ipanema y Copacabana, las hermosas playas de la llamada Zona Sul que están entre las más atractivas para los visitantes.
En medio de la epidemia de dengue y con motivo de un ejercicio bélico naval conjunto de las marinas de Brasil, Argentina y Estados Unidos, realiza una turística visita a la ciudad la tripulación del mayor portaviones estadounidense: el USS George Washington.
Lejos de preocuparse por la contaminación que genera su buque nuclear en las playas de la Bahía de Guanabara, estos visitantes muestran celo por su seguridad personal y han desembarcado con repelentes para evitar picadas del Aedes Aegypti.

Acción judicial contra las autoridades

El sindicato de los médicos de Río de Janeiro ha anunciado el inicio de tramites para procesar a los gobiernos de la ciudad, del Estado y del Brasil por la epidemia de dengue. La acción judicial buscará responsabilizar a los poderes públicos por la epidemia y por la situación caótica en los hospitales públicos.
Los hospitales públicos se mostraron incapaces durante las primeras semanas para atender las necesidades básicas de la población de Río de Janeiro. El reclamo legal también exigirá una indemnización por daños morales y materiales de las familias de las víctimas fatales del dengue.
El gobierno estatal redujo en 50 por ciento la previsión de gastos para el combate al dengue y el año pasado cerró el hospital San Sebastián, considerado una referencia para el tratamiento de la epidemia.
El director del sindicato, Jorge Darze, explicó que "la epidemia de dengue es un resultado de la irresponsabilidad del poder público".

Los sindicatos no son los únicos en denunciar esta situación. El propio ministro de Salud del gobierno central, Jose Gomes Temporao, atribuyó al modelo de asistencia hospitalaria del estado de Río de Janeiro, como una de las principales causas para el aumento del número de muertes en este distrito, entre otras cosas por los fallos para detectar a tiempo los síntomas de la enfermedad y para tratarla.

El Gobierno tuvo que movilizas al Ejército

Ese caos obligó al gobierno federal a movilizar a las Fuerzas Armadas, que ya instalaron tres hospitales de campaña. Unos 1.200 militares profesionales de la salud atienden en los hospitales militares, utilizados en tiempos de guerra. Reducir la asignación presupuestaria para combatir el dengue precisamente donde suelen registrarse los mayores contagios de Latinoamérica es, como mínimo, una irresponsabilidad.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que Brasil registró más de la mitad de casi un millón de casos de dengue en el continente el año pasado.
El virus del dengue puede incapacitar varios días a los enfermos, y produce fuertes dolores de cabeza y de las articulaciones. Una variante de la enfermedad, conocida como dengue hemorrágico, puede ser fatal.

Prevención y educación, únicas armas

Después de haber tomado medidas de emergencia imprescindibles para atacar la epidemia de dengue en esta ciudad brasileña, las autoridades de salud se comprometen ahora a invertir en educación como única forma efectiva de evitar nuevos brotes de la enfermedad.

En Río, en las últimas semanas se tomaron medidas de emergencia tales como combatir focos de multiplicación del mosquito, como en la eliminación de aguas estancadas. El superintendente de Vigilancia de Salud y Defensa Civil del gobierno del estado de Río de Janeiro, Victor Berbara no descarta que el motivo de la fuerza de la epidemia en esa región se deba a que allí existe un mayor número de personas "susceptibles", es decir que no tuvieron el virus tipo 3 de la enfermedad en la epidemia del 2002.

El dengue se manifiesta con fiebre alta, fuerte dolor de cabeza, pérdida del sentido del gusto y el apetito, erupciones en el pecho y miembros inferiores, náuseas y vómitos. La enfermedad es curable si se atiende a tiempo y se guarda reposo, aunque en su variante hemorrágica llega ser mortal. "Las que tuvieron ese tipo de dengue en 2002 quedaron resistentes al contagio. Pero en la región oeste hubo una gran inmigración de otras regiones en los últimos años por la gran especulación inmobiliaria", explicó. Pero el especialista en salud del gobierno de Río de Janeiro subrayó que el dengue es una enfermedad "de cuño social muy grande, vinculada a las condiciones de vida de la población, a la calidad de vivienda, de saneamiento básico, recolección de basura, al abastecimiento de agua potable". Y en regiones donde esas condiciones no se dan es más fácil la propagación de la enfermedad, agregó el experto. También atribuye la mayor incidencia de casos en Río de Janeiro "al aumento de lluvias en esta época y por lo tanto de proliferación de criaderos de mosquitos en lugares de acumulación de agua como áreas inundadas o charcos".

El gobierno está preocupado por otro factor adicional que podría aumentar los casos de dengue en otras regiones como la zona sur de Río de Janeiro. Se refiere al regreso del virus tipo 2, que proliferó en la década del 90, que "esta entrando nuevamente y podría afectar a más personas susceptibles también en la zona sur y otras", afirma Berbara.

Un virus más agresivo que, también como hipótesis, sería el causante de la mayor letalidad de la enfermedad. Por eso "no diremos que la zona sur está libre de dengue", aclaró el funcionario de un gobierno que después de algunas semanas de titubeos ahora optó por hablar claramente de la enfermedad.

El mosquito se desarrolla en promedio de seis a siete días para pasar a la etapa de adulto, pero el huevo puede mantenerse intacto un año y medio incluso en lugares secos. En el pasado hubo diversas campañas en los medios de comunicación para orientar a la población a participar de tales medidas, que fueron dejándose de lado en la medida que descendían los brotes de dengue. "Nuestra preocupación mayor ahora es la asistencia medica. Vemos a los médicos, bomberos y al ejército trabajando. Emitimos una ley para obligar a las personas a dejar entrar a los agentes a su casa. Pero el resto del año tenemos que mantener el vector controlado a través de la educación", subrayó. "Sólo cuando la población tenga educación al respecto y entienda que la prevención debe ser una acción rutinaria veremos resultados. Ese es nuestro desafío y tenemos que invertir en eso", concluyó Víctor Berbara .

(Fuentes:AFP-Reuters, ANSA-Latina, Prensa Latina, BBC-Mundo, Agencia PÚLSAR e IPS)

Perú-Argentina-Paraguay-Ecuador: Tropas de EE.UU.

DENUNCIAN PENETRACIÓN MILITAR NORTEAMERICANA EN EL CHACO ARGENTINO. IQUITOS-PERÚ SE CONSOLIDA COMO SEDE DE LA NUEVA BASE DEL COMANDO SUR PARA SUSTITUIR A LA DE MANTA-ECUADOR, DESCARTADO PARAGUAY TRAS EL TRIUNFO DEL EX-OBISPO LUGO

La Unión de Trabajadores de la Educación de la provincia argentina del Chaco y el Centro Nelson Mandela coincidieron en denunciar que el gobierno provincial chaqueño mantuvo en marzo pasado reuniones con el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. Tras la denuncia, las organizaciones provinciales de trabajadores, organismos de derechos humanos y fuerzas políticas de la región han expresado que esperan una explicación pública sobre esos encuentros por parte del Gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.
El secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación del Chaco, Sergio Soto, confirmó que hubo "como mínimo dos reuniones" entre el Ejercito Norteamericano y fuerzas de seguridad provinciales.

Las organizaciones sociales señalaron que las reuniones se presentaron como un acercamiento a posibles acuerdos de capacitación para catástrofes y ayuda humanitaria.
Sin embargo, el dirigente sindical vinculó la presencia militar estadounidense a la ubicación geográfica estratégica del Chaco. Esta provincia se ubica sobre la reserva subterránea del acuífero Guaraní.
Por su parte, el coordinador del Centro Nelson Mandela, Rolando Nuñez, aseguró que "con el pretexto de la ayuda humanitaria, militares norteamericanos intentan colarse para llegar con asistencia técnica para situaciones de emergencia".
Nuñez dijo que "ni aún el desastre humanitario de las comunidades indígenas habilita la venida de la organización militar".

“Asesores Militares de EE.UU.” en el Chaco Paraguayo.

En septiembre de 2006, los pobladores de Pozo Hondo-Chaco paraguayo denunciaron la llamativa aparición de personas de nacionalidad estadounidense en la zona. Según informaciones manejadas en el lugar, se trataba de asesores norteamericanos que investigaban la presencia de terroristas islamistas en la zona de Tartagal, en el Chaco argentino. Los estadounidenses llegaron al lugar a bordo de seis camionetas y acamparon en la sede de la Naval. Los miembros del destacamento militar de Mariscal Estigarribia indicaron entonces que la presencia no era motivo para preocuparse sino más bien debía considerarse como una "cortesía". Pero los observadores consideran que lejos de 'cortesías' o 'terrorismos islamistas' el interés de los militares del Comando Sur por estar presente en la zona, podría estar más relacionado, además de por razones geoestratégicas, por la cercanía de Bolivia y los rumores de que el gobierno de Evo Morales se dispondría a reforzar la vigilancia con la instalación de una base en su frontera con Paraguay, en ese momento con un gobierno presidido por el pro-norteamericano Duarte Frutos. La situació habría cambiado sustancialmente con el triunfo de la Alianza Patriótica para el Cambio del ex-obispo Fernando Lugo.

En Perú, Ollanta insiste en que EEUU instala una base en la Amazonía

El líder del Partido Nacionalista Peruano (PNP), Ollanta Humala, vuelve a insistir en la denuncia de la existencia en la selva de una base militar de Estados Unidos que, valiéndose de la aplicación del Plan Colombia, busca controlar los recursos naturales en la amazonía."Lo que ya existe en la selva peruana es una base de Estados Unidos que está en camino de fijar su residencia", alertó en entrevista al canal venezolano Telesur, al agregar que las bases implantadas "pueden ser fijas o móviles"."Lo que está sucediendo es que al interior de los cuarteles de la Marina y posiblemente también de la Fuerza Aérea, están instalados y despachando oficiales y personal técnico militar de Estados Unidos", aseveró.Según el líder opositor, para instalar una base no se necesita entrar con tropas armadas, sobre si se trata del tema de manejo de recursos naturales en la amazonía. "No necesitan tropas armadas, entonces yo digo que acá sospechosamente el Ejecutivo ha desligado el control para el ingreso de personal militar", añadió.

La primera vez que tropas norteamericanas operaron en el Perú fue hace 21 años con la instalación de una base antidrogas en la selva, precisamente durante el primer gobierno del actual presidente peruano, Alan García. "Lo que necesita Alan García es que ingrese plata al país, de cualquier manera pero que ingrese plata. Para Estados Unidos es una necesidad también tener una base militar en la región y así afianzar sus políticas imperiales en el control directo de lo que es una zona estratégica en el mundo, la amazonía", dice Ollanta quien considera que se trata de "un plan concebido con anticipación". Hace un año, se modificó la clasificación que regula el ingreso de militares extranjeros al país.Se estableció de esta manera dos categorías: La entrada de personal armado o tropa, lo cual es autorizado por el Congreso; y la entrada de militares no armados que solamente requieren autorización del ejecutivo a través de una resolución ministerial. En este sentido Ollanta Humala explica que
"varias de las resoluciones que autorizan la entrada de los militares carecen de fecha de retorno" con lo que se admite la "presencia permanente" de las tropas.

La economista e investigadora mexicana Ana Esther Ceceña, que integra la Campaña por la Desmilitarización de las Américas (CADA), ya había anticipado que Estados Unidos buscaría fortalecer su posición en Perú. Advirtió que al perder la base del Canal de Panamá, y la de Manta en Ecuador, el gobierno de Bush intentaría aliarse con el de Alan García, para mantener el control en la región.
De hecho, durante los últimos días de abril de este año, el ministro de Defensa de Perú, Antero Flores-Aráoz, reconoció que en lo que va de 2008 ingresaron 31 miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU. a la selva peruana. El Ministro también explicó que el Congreso autorizó la presencia de unidades navales y militares estadounidenses con armas a la base de Iquitos para julio de este año. Horas antes, Flores-Aráoz había desmentido la presencia de tropas norteamericanas en el país, para luego confirmarla.

La excusa es, de nuevo, el narcotráfico

El especialista peruano en temas de drogas, Ricardo Soberón, denunció que Estados Unidos planea trasladar la base militar que actualmente tiene en Manta, Ecuador, hacia la ciudad peruana de Iquitos (capital del departamento de Loreto), bajo el pretexto de instalar un Centro de Coordinación Antinarcóticos en diciembre próximo."La instalación de este centro en el Perú es estratégico desde el punto de vista militar norteamericano porque mientras la base de Manta era estratégica por la cercanía con Colombia, en Loreto tenemos una equidistancia respecto a los tres puntos de política alternativa que hay en este momento en el continente: Caracas, Quito y La Paz", asegura.

Soberón explicó que su denuncia se fundamenta en su conocimiento de la estrategia antinarcóticos de EEUU y en las buenas relaciones que mantiene la Marina de Guerra del Perú con Comando Sur estadounidense, encargado de la coordinación militar en toda esta parte del continente. El especialista considera que existe el peligro de que el supuesto centro de coordinación en realidad será utilizado por Estados Unidos con diversos fines."El problema es que cuando los norteamericanos hablan de coordinación es que están pensando en un espacio multipropósito que podría facilitar su presencia militar y el despegue de aviones que vigilen la costa.

La nueva Constitución de Ecuador no permitirá bases militares extranjeras. La Asamblea Constituyente aprobó recientemente los primeros cinco artículos de la carta magna referidos a "Soberanía Territorial". El que hace referencia a la presencia de bases militares dice que "el Ecuador es un territorio de Paz y que no se permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares". Este artículo obtuvo 89 votos de un total de 105 asambleístas.

Estados Unidos posee en Manta, sobre la costa del Pacífico, una base aprobada en 1998 por el entonces presidente ecuatoriano Jamil Mahuad. El contrato acaba en 2009 y el Presidente Rafael Correa ya ha advertido que no será renovado.

Alertan sobre expansionismo militar de EE.UU.

La posibilidad de que Estados Unidos instale una base militar en Perú enciende las alarmas de expertos y parlamentarios. Las sospechas aumentan tras la visita, la semana pasada, a Lima del jefe del Comando Sur de las fuerzas armadas de Estados Unidos, almirante James Stavridis. Los analistas advierten sobre los riesgos. José Robles, especialista militar del Instituto de Defensa Legal de Perú, se pronuncia contra cualquier forma de presencia militar extranjera, peor aún con la fachada de ser un centro antidrogas. Considera que ni el parlamento ni la ciudadanía aceptarán el establecimiento de una base militar norteamericana y demanda explicaciones sobre continuas incursiones de fuerzas estadounidenses en Perú.
Robles coincide con el ex ministro de Defensa y parlamentario David Waissman, en demandar que el ministro de Defensa, Ántero Flores, informe sobre el delicado tema.

El 70 por ciento desaprueba la gestión de Alan García

El 70 por ciento de los peruanos desaprueba al presidente de su país, Alan García, dos puntos menos que en Marzo. Un rechaco que aumenta hasta el 72 por ciento en el caso del Gobierno, según una encuesta de la empresa Apoyo para el diario limeño El Comercio.
El sondeo, efectuado en 16 ciudades del país, dice que sólo 26 por ciento expresó su aprobación a García ; un cuatro por ciento no precisó su opinión.
E ntre los que desaprobaron al mandatario, un 57 por ciento explicó que su calificación se debió al alza de los precios, mientras un 41 por ciento dijo que "no cumple sus promesas, es mentiroso", un 37 por ciento que "no hay trabajo" y un 34 por ciento que hay un "mal manejo de la economía".
Instituciones como el Congreso y el Poder Judicial son desaprobadas por el 80 y el 76 por ciento, respectivamente, mientras que la gestión del presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, es rechazada por el 72 por ciento.
Al mencionar los principales problemas de Perú, el 43 por ciento consideró que es la corrupción, el 38 por ciento el desempleo y la falta de trabajo, el 36 por ciento la pobreza y el hambre, y el 28 por ciento la delincuencia y la falta de seguridad.
También un 24 por ciento mencionó entre los problemas del país al costo de vida y los altos precios, un 23 por ciento al abuso de las autoridades y un 23 por ciento a la educación inadecuada.
El consultor Alfredo Torres, representante de Apoyo, declaró a El Comercio que es la primera vez que la corrupción "pasa adelante en el 'ranking' de principales problemas del país en la percepción de la opinión pública".

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, Argentina-Indymedia, peru.com, MundoPosible y Adital-TeleSur)

Latinoamérica: Agricultura en crisis

LA CRISIS ALIMENTARIA HARÁ QUE ESTE AÑO HAYA 16 MILLONES MÁS DE POBRES Y OTRO TANTO DE INDIGENTES EN LA REGIÓN. VARIOS LÍDERES ADVIERTEN QUE LOS AGROCOMBUSTIBLES DESATARÁN LA HAMBRUNA

La crisis causada por la persistente alza de los precios internacionales de los alimentos está golpeando con especial dureza a los sectores más pobres de América Latina y el Caribe.
Según los estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de las y provocará un aumento de la pobreza y la indigencia, si no se adoptanmedidas urgentes.

La CEPAL muestra preocupación por las alzas en los precios del maíz, el trigo, el arroz, y las oleaginosas, que en algunos casos superan el 100 % , y que se han acelerado en los últimos doce meses.
Desde el año 2006 y especialmente el año 2007, los índices de precios al consumidor de los alimentos en la región, registran un ritmo anual que oscila entre el 6% y el 20% con un promedio cercano al 15% por ciento.

Por su parte, la FAO advierte que los gobiernos no pueden confiar en las fuerzas del mercado para contrarrestar la subida de los precios de los alimentos, y que se requerirá una clara voluntad política para aumentar la producción del agro.
El pasado año, según este organismo, los cereales registraron un aumento del 41 por ciento; los aceites vegetales un 60 por ciento, y los productos lácteos un 83 por ciento, y entre marzo del año 2007 y marzo del año 2008, el precio de venta del trigo se disparó u 130 por ciento.

Habrá cerca de 16 millones más de indigentes

Estas cifras demuestran los claros efectos negativos del aumento del precio de los alimentos sobre el bienestar de la población, pero el panorama se complica aún más por los incrementos que están experimentando los combustibles que impactan las tarifas del transporte y de varios servicios públicos.
La CEPAL ha tenido que modificar sus previsiones sobre pobreza e indigencia que hizo en 2007 y ya calcula que un incremento del 15% por ciento en el precio de los alimentos eleva la incidencia de la indigencia en casi tres puntos, de 12,7% por ciento a 15,9% por ciento.
Esto implica que esa alteración de los precios aumentará en quince millones setecientos mil el número de latinoamericanos indigentes. En el caso de la pobreza, los aumentos son parecidos ya que la misma cantidad de personas pasaría a ser pobre.
Si hay una mejora de los ingresos de los hogares del 5% por ciento, similar al promedio de la inflación regional, unos diez millones de personas pasarían a la indigencia como consecuencia del aumento de precios y un contingente similar pasaría a la condición de pobres.
Este cálculo no tiene en cuenta el agravamiento de la situación social de las personas que previo a estos aumentos ya vivían en la pobreza e indigencia.

La FAO ha alertado, además, respecto al papel de los" especuladores" en esta crisis, quienes se han lanzado a "buscar oportunidades" en los mercados de materias primas y de alimentos, e indicó que muchas veces se cree que los altos precios presionan un aumento de la producción, pero en este caso eso no va a ocurrir.

La CEPAL y la FAO coinciden en que para enfrentar esta crítica situación se pueden aplicar políticas de diverso tipo y dependerán de la realidad de cada país y la experiencia que tengan los gobiernos en el manejo de diversos instrumentos o su situación fiscal.
Se recomienda que estas políticas incluyan acciones que disminuyan las alzas de los precios de los alimentos en los mercados internos y mejoren los ingresos de la población, especialmente de los sectores de bajos recursos.

Entre ellas se encuentran las reducciones de aranceles y/o de impuestos al consumo; los subsidios focalizados a ciertos sectores o alzas en los ya existentes; y un aporte excepcional proveniente de los países desarrollados y, en cierta medida, de los países de ingreso medio que son exportadores netos de alimentos.
Dado lo prolongado de esta crisis, se sugiere, además, mantener políticas específicas destinadas a los sectores de menos recursos e impulsar propuestas de mediano y largo plazo destinadas a incrementar la oferta y la productividad de manera sustentable.

La FAO no se ha pronunciado sobre el rol que pueda estar jugando en la crisis mundial alimentaria la producción de biocombustibles, porque este tema será abordado en una conferencia especial que se celebrará en Roma en el mes de junio.
Muchos expertos consideran que la creciente demanda de materias primas, como maíz o caña de azúcar, para la producción de combustibles de origen vegetal, ha influido de manera determinante en el alza de los precios de los alimentos en el mundo.
Brasil y Estados Unidos son los principales productores de los llamados "combustibles verdes" en el continente, con cerca del 90% por ciento del mercado mundial. Ambos países aseguran que el objetivo es obtener energías renovables en el futuro que reduzcan la dependencia petrolera.

Cuba gastará 1.900 millones de dólares en alimentos

Cuba gastará más de 1.900 millones de dólares en la importación de alimentos durante 2008, debido al aumento de los precios internacionales de estos productos y el de los fletes, lo que representa casi un 20 por ciento más que en 2007, cuando compró por valor de 1.600 millones de dólares.

Pedro Álvarez, presidente de la empresa estatal importadora de alimentos (ALIMPORT), indicó en una rueda de prensa que este año la importación de productos, que suponen un 84 por ciento de lo que se suministra en la canasta básica a la población a precios subvencionados, "superará (...) los 1.900 millones de dólares". El responsable cubano explicó que "hay algunos productos que crecen (en volumen), pero en lo fundamental el aumento es debido a los precios y a los fletes".

El incremento de las importaciones se produce en momentos en que el presidente de Cuba, Raúl Castro, impulsa una reestructuración del sector agrícola, con el fin de revitalizar el deprimido campo cubano y lograr la sustitución de las importaciones en este renglón."No son cosas que están puestas por la noche y amanecen por la mañana", indicó Álvarez, al destacar la "política muy fuerte" que ha trazado el Gobierno para lograr sustituir las importaciones agropecuarias. Destacó que el objetivo es "producir aquello que sea posible hacer en Cuba con costos razonables", como en el sector lácteo o cárnico, aunque reconoció que el país está "lejos de cubrir las necesidades aún" y que, además, hay renglones en los que el clima de la isla "no permite la producción, como es el caso del trigo".

Tras un encuentro con el Comisionado de Agricultura del Estado de Nueva York, Patrick Hooker, quien se encuentra en La Habana al frente de una delegación de ese estado norteamericano, Álvarez afirmó que el comercio con Estados Unidos durante el primer trimestre ha superado los 300 millones de dólares (fletes incluidos).Aunque dijo que «todavía es muy difícil» saber cuál puede ser la cifra a final de año, señaló que "el valor va a crecer sensiblemente por los precios" con relación a los más de 600 millones (con fletes y gastos) del año pasado, aunque el tonelaje va a ser similar y "quizá pueda haber alguna disminución". En ese sentido, indicó que los impedimentos que plantea el bloqueo económico y comercial a Cuba ha obligado al país a desviar parte de sus recursos hacia terceros países. "Nuestro país ha desviado cantidades importantes de cereales de EE.UU. a otros países como Canadá, compras también a Brasil, Venezuela y otros países asiáticos", dijo. Explicó que desde que en 2001 Estados Unidos levantó las restricciones del bloqueo comercial a Cuba a la venta de alimentos, la isla ha hecho compras por valor de 3.073 millones de dólares, para un volumen total de más de 10 millones de toneladas de productos. Por su parte, Hooker aseguró que Nueva York está interesado en exportar productos en los que son competitivos, como es el caso de leche, aunque descartó que el acercamiento de ese estado a Cuba se haya producido como parte de un "cálculo político" previo a las elecciones presidenciales que tienen lugar este año en su país.

ALBA:Reunión de emergencia en Nicaragua

El encuentro de los países miembros de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) y naciones del Caribe, se realizará en Nicaragua el próximo 26 de abril. La reunión tendrá el objetivo de frenar el aumento en el precio de los alimentos en la región.
Así lo anunció Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua, quien planteó la necesidad de presentar una propuesta ante la crisis alimentaría. También expresó que los países deben buscar financiamiento, para aumentar la producción.

Ortega se refirió a "una estrategia agroalimentaria de largo plazo con acciones de corto plazo, para enfrentar a esta crisis mundial". Dijo que el ALBA, proyecto impulsado por Venezuela, "es el instrumento más expedito" que tienen las naciones "para encontrar un espacio que permita el financiamiento".
Agregó que las propuestas que salgan de esta reunión ALBA-Caribe deberán llevarse a organismos internacionales y a Naciones Unidas, así como también a la reunión mundial de mandatarios que se celebrará el 16 y 17 de mayo en Lima.

Los agrocombustibles son la causa primera

Los presidentes de Bolivia y de Perú advirtieron este lunes sobre el creciente uso de biocombustibles como un factor determinante del actual encarecimiento de los alimentos a nivel mundial. Durante una intervención en la Organización de Naciones Unidas (ONU), el presidente boliviano, Evo Morales, criticó "a algunos presidentes sudamericanos" por apoyar el uso de biocombustibles que, según dijo, son responsables por los altos precios de los alimentos y por la hambruna global. Lo que parace una clara referencia al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien dice que su país tiene suficiente tierra como para sembrar alimentos así como maíz para producir etanol.

Morales indicó que el creciente uso de tierras para cultivos usados como biocombustibles está causando un "gran aumento" en el precio de los alimentos, especialmente del trigo, lo que ha encarecido el pan.

Por su parte, el presidente de Perú, Alan García, pidió a los países industrializados reducir el uso de tierras agrícolas para la producción de biocombustibles.
García dijo que Perú está entre las víctimas de la política de reconversión de tierras al etanol y tiene que afrontar el aumento del precio del trigo, el maíz y la soja, que ha impactado en la cotización local del pan, el pollo y el aceite. "En las cumbres internacionales haremos un vigoroso llamado a los países más grandes y ricos de la tierra para limitar con prudencia esta reconversión de las tierras al etanol (...)", dijo García.
Los representantes del FMI y del Banco Mundial alertaron de que el alza en los precios de los alimentos básicos, como el trigo y el arroz, puede llevar a 100 millones de personas a la pobreza y puede generar inestabilidad política, como ocurrió recientemente en Haití y en algunos países de África y Asia.
Estos organismos internacionales señalaron que la crisis está provocada también por el aumento en el consumo de alimentos en países como China e India y por desastres climáticos que han afectado las cosechas.

Los agrocombustibles, un crimen contra la humanidad


Para el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, la producción de agrocombustibles es un crimen en contra la humanidad.
Ziegler expresó esta opinión para alertar a los países que participaron a mediados de abril en Brasilia en la 30ª conferencia regional de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para América Latina y el Caribe , a los que llamó a declarar una moratoria sobre los agrocombustibles.

Para la organización de defensa de los derechos alimentarios, Food First Information and Action Network (FIAN), el fomento de los agrocombustibles no va a resolver el problema del hambre en la región, por el contrario, amenaza con agravarlo.
La FIAN pidió que los estados presentes en la conferencia que tomaran medidas inmediatas de protección a las tierras y territorios de las comunidades rurales y pueblos indígenas, así como para el acceso de los sectores urbanos pobres a los alimentos.

Los agrocombustibles impulsarán la pérdida de las autonomías alimentarias, puesto que el aumento de la demanda por tierra, para expansión de los monocultivos, aumentará los conflictos. En esto sentido, va dificultar la ejecución de las políticas de reforma agraria.
El acceso económico a los alimentos se deteriorará aún más. Productos como el maíz, el trigo, los productos lácteos, las carnes y los aceites vegetales, básicos para la alimentación humana, ya sufrieron aumentos. Y los sectores pobres, que gastan entre 50% y 70% de sus ingresos en comida, enfrentan dificultades para comprarlos.

Además, la expansión de los monocultivos tiene implicaciones en el cambio climático, puesto que imnumerables bosques y selvas están siendo destruidos para dejar espacio a los monocultivos. Esto produce aumenta la contaminación de los suelos, los ríos, las aguas subterráneas, debido al uso intensivo de fertilizantes y pesticidas químicos.

Y para colmo, las semillas privadas (los transgénicos)

Si la producción de biocombustibles con alimentos amenaza con desatar el hambre en el planeta, la apropiación de las semillas por corporaciones internacionales significa un peligro adicional para la seguridad alimentaria de los pueblos.
De hecho, el control de las empresas transnacionales sobre las naciones subdesarrolladas se expande y consolida por medio de la propiedad de las simientes.

Todo crecimiento en el sector agrícola repercute favorablemente en la economía de un país y el acceso a la semilla es la garantía de la independencia, la alimentación y el sostén de ese desarrollo.
Campesinos y movimientos sociales libran, actualmente, una batalla contra el poder de las firmas transnacionales, cuyos intereses están dirigidos a obtener el dominio el mercado agrario.
A ese fin sirven los acuerdos internacionales amparados por la Organización Mundial de Comercio, OMC, denuncian las organizaciones sociales de todos los continentes.
Tratados bilaterales, regionales o continentales son los mecanismos utilizados para legalizar el dominio de la propiedad privada por encima del derecho de los Estados nacionales.

La guerra por la semilla comenzó en la década de 1990 en el mundo industrializado con el surgimiento de híbridos para cultivos como el maíz.
Con la creación de nuevas variedades en esa gramínea originaria de la América tropical. buscaba una mayor productividad a partir de la unión de especies distintas en un alimento básico para la humanidad.
Los híbridos dieron lugar a una industria de semillas y esta a un mercado dominado por las multinacionales del agro, del que obtienen enormes ganancias, en especial en naciones subdesarrolladas.
Estados Unidos y otros países ricos permitieron entonces patentar genes obtenidos por medios artificiales y plantas genéticas modificadas. En 1995 el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, fue establecido por la OMC. Una vez lograda la protección de las invenciones biotecnológicas en productos del agro y de los procedimientos técnicos mediante patentes, las corporaciones dieron un paso decisivo en el dominio del nuevo mercado.

De esa forma se avanzó desde el control de los híbridos a otro más lucrativo: el de la semilla genética. Lo extraordinario de todo esto es que inicialmente los estudios en la esfera de la simiente estuvieron a cargo de empresas estatales de varios países.
Pero las transnacionales, por medio de licencias especiales, tuvieron a su disposición los estudios.
Con el predominio de firmas poderosas en un mercado estratégico, los campesinos pierden espacio en las economías y se convierten en peones al servicio de las multinacionales agrícolas.

La lucha por la soberanía alimentaria

Los movimientos sociales y campesinos de Latinoamérica y el Caribe luchan contra estas imposiciones, que pasan a ser serios obstáculos para la seguridad alimentaria de los pueblos.
De ese modo, la apropiación de la semilla híbrida y transgénica por una reducida elite de empresas privadas lleva al control de la industria de los alimentos, indican las organizaciones campesinas.
La Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, celebrada en Cochabamba, Bolivia, expresó en el año 2006 que no es posible con tal estado de cosas garantizar la soberanía y la seguridad en la alimentación.
La prohibición al desarrollo de semillas y de propias variedades y también la venta o preservación de la simiente, con la amenaza incluso de la cárcel, ya están vigentes en países de América Latina, con penas de hasta ocho años de prisión. Los campesinos y propietarios de fincas se ven forzados a comprar los recursos para las cosechas a las firmas que les imponen sus condiciones.
Incluso los contratos emitidos por las multinacionales indican la obligación de usar un herbicida u otro producto agroquímico específico, fabricado precisamente por la empresa propietaria de las semillas.

(Fuentes:Reuters, EFE, Agencia PÚLSAR, BBC-Mundo, Adital y Prensa Latina)

Paraguay: Elecciones 2008

FERNANDO LUGO LLAMA A TRABAJAR PARA TRANSFORMAR EL PAÍS Y CONSTRUIR EL CAMBIO. LULA DA SILVA DISPUESTO A RENEGOCIAR EL TRATADO DE ITAIPÚ Y A PAGAR MÁS POR LA ENERGÍA ELÉCTRICA PARAGUAYA.

El recién electo presidente, Fernando Lugo, convocó hoy a la unidad de todos los paraguayos y a trabajar para transformar el país. En declaraciones al programa de televisión La Mañana de cada Día, el ex prelado llamó a la descentralización y a la acción conjunta para buscar soluciones estructurales a asuntos como la construcción d vivienda, los servicios básicos y los niños de la calle.
"Creo que sobre todo la responsabilidad está en los municipios porque no todo se podrá hacer desde el Ejecutivo", afirmó. Recordó cómo durante sus recorridos por el país pudo apreciar el gran cinturón de pobreza de la nación, sobre todo en el área de la región central donde existen casi dos mil asentamientos.
"La gama de desafíos a enfrentar es grande y la ciudadanía está esperando", dijo.
El nuevo presidente del Paraguay, que asumirá el cargo el 15 de agosto próximo, manifestó que apostará por la promoción, consolidación y fortalecimiento de las pequeñas empresas “que tanta falta nos hacen”, y es un reclamo unánime de la ciudadanía.
Al respecto, dijo que es un incentivo muy positivo que la gente quiera trabajar por lo cual “haremos nuestro esfuerzo para buscar esas plazas con los empresarios, los mercados, la industria” y sacar adelante la deteriorada economía.
Sobre el tema agrario dice que tanto a los sin tierra como a los grandes empresarios les pertenece la nación por lo que “queremos sentarnos en la mesa y con reglas claras diseñar, dibujar el país que queremos los paraguayos, sin fricciones, sin violencia”.

Lula da Silva dispuesto a renegociar Itaipú

El teólogo brasileño Frei Betto, amigo del presidente Luiz Lula da Silva, afirmó que el gobierno de Brasil está dispuesto a renegociar el tratado de la central hidroeléctrica de Itaipú con Paraguay. La renegociación del contrato de 1973 de la central hidroeléctrica binacional fue una de las banderas de campaña del presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo. "Siento que Lula tiene gran simpatía por Lugo y estaría dispuesto a revisar el tratado", dijo Carlos Libanio Christo, Frei Betto, ex asesor especial del presidente brasileño, a Folha de Sao Paulo, citando a "funcionarios del gobierno". El fraile dominico estuvo en Asunción acompañando al ex obispo de San Pedro, Fernando Lugo, claro vencedor de elecciones del domingo, con lo que logró poner fin a más de seis décadas de dominio político del Partido Colorado .

Lugo anunció que quiere revisar el contrato de Itaipú para que Brasil pague más a Paraguay por la energía excedente que genera la represa. El contrato obliga a Paraguay a vender sólo a Brasil su energía excedente. Frei Betto afirmó que el caso paraguayo tiene un antecedente en la comprensión de Brasil, que fue la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. Hay que recordar que con lo que paga Brasil por la energía Paraguay apenas cubre costes y así, Itaipú en la práctica solo genera máximos beneficios para el gigante del Sur y muy pocos para el país guaraní. Algo similar puede decirse con la represa Yaciretá, que comparte Paraguay con Argentina.

Lugo habla con Evo Morales, Chávez y Cristina Fernández

Fernando Lugo, comenzó su primer día como presidente electo de Paraguay conversando por teléfono con el mandatario boliviano, Evo Morales. Lugo había destacado durante la campaña electoral la necesidad de restituir la dignidad a las poblaciones indígenas, una preocupación que llevó Morales al gobierno. Otro detalle que puede unir a ambos presidentes es que, como suele hacer Morales, Lugo utilizará a su hermana Mercedes como primera dama en las citas oficiales.

Lugo habló también con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien le felicitó a por el resultado en los comicios del domingo y ratificó la voluntad de trabajar por el desarrollo de los pueblos de ambas naciones.
Según la información facilitada por el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela, Chávez y Lugo coincidieron en la importancia de construir la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) “sobre la base de la reivindicación de la historia de la lucha de nuestros pueblos”. El ministerio señaló que ambas personalidades “manifestaron su deseo de encontrarse lo más pronto posible para conversar sobre los planes de cooperación y complementariedad”.

También la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, felicitó al ex obispo por su victoria .Kirchner, quien se encuentra de visita en Ecuador, llamó por teléfono y le envió una carta al candidato de la Alianza Patriótica por el Cambio (APC) en la que expresó su apoyo. En ella, afirma que "América Latina está atravesando un nuevo proceso, no sólo por la reivindicación de los valores democráticos y el pleno respeto de los derechos humanos, sino además por el reconocimiento y la necesidad de trabajar por los derechos sociales de los más postergados". La presidenta argentina escribe que aprecia del vencedor de las elecciones paraguayas "especialmente su valor y su permanente vocación en pos de la prosperidad del pueblo paraguayo". "Estoy convencida de que, de su mano, el Paraguay transitará por el camino de la justicia social". Y termina con un "Cuente conmigo, señor presidente, y con mi gobierno, para recibir todo el apoyo que pudiera requerir en su gestión". En la Argentina habitan cerca de 1,5 millones de paraguayos. Sólo 860.000 tienen la residencia legal, mientras que el resto se encuentra en situación migratoria irregular. El gobierno de Cristina Fernández dio días de asueto para que los trabajadores paraguayos pudieran viajar a su país a votar.

Lugo, un moderado, se impuso pese a los ataques desde el poder

El ex obispo Fernando Lugo, líder de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), logró superar por más de 10 puntos más que la candidata oficialista del Partido Colorado Blanca Ovelar y al esgeneral golpista Lino César Oviedo, al frente de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE) al que dobló en porcentaje.

Lugo no sólo acaba con más de 60 años de monopolsino que es el primer líder opositor que llega al poder pacíficamente desde la independencia de Paraguay en 1811.
El Partido Colorado intentó desacreditarle llamándolo “cura malo de la cabeza”, “terrorista”, “el Hugo Chávez paraguayo” o “el obispo rojo”.
“El gobierno paraguayo intenta hacer pasar a Fernando Lugo por un peligroso comunista y lo compara con el presidente boliviano Evo Morales y con el venezolano Hugo Chávez”, pero “Lugo pertenece a una izquierda moderada”, sentenció el diario católico francés La Croix.
El propio candidato, ya presidente electo decía hace poco:“No soy Fidel Castro, no soy Hugo Chávez, no soy Evo Morales, soy Fernando Lugo y siempre lo seré, incluso cuando ocupe la Presidencia”.
En su programa electoral, prometió luchar contra la corrupción, emprender la reforma agraria y administrar de manera equilibrada los recursos naturales y energéticos.

Obispo de la región más pobre

Fernando Lugo fue durante casi 11 años obispo de San Pedro, la región más pobre y conflictiva de Paraguay, en la que él mismo nació. En 2005 envió una carta de renuncia al Vaticano e inició su carrera política.
El Vaticano no reconoce el derecho a la renuncia de un sacerdote, por lo que Lugo está suspendido “ad divinis”, lo que significa que no puede celebrar misa, aunque debe seguir cumpliendo los preceptos de la iglesia católica. Las más altas autoridades eclesiásticas intentaron sin éxito bloquear su candidatura presidencial, pero parece que, una vez ganador, Roma quiere tender puentes y recuperar a la 'oveja presidencial perdida'.

Miembro de una familia humilde

Es el menor de seis hermanos y proviene de una familia humilde de San Solano, distrito de San Pedro de Paraná, departamento de Itapúa, lugar donde nació el 30 de mayo de 1951. Ingresó con 19 años en el Noviciado de los Misioneros del Verbo Divino. En 1977 fue enviado al Ecuador como misionero en la diócesis de la provincia andina de Bolívar, donde se vincula con la Teología de la Liberación. En 1983 viaja a Roma, para realizar estudios de Espiritualidad y Sociología, y se especializa en Doctrina Social. Cuatro años después retorna a su país y cumple diversas funciones, entre ellas las de profesor del Instituto Superior de Teología de Asunción. En abril de 1994 fue ordenado obispo de la diócesis de San Pedro, donde destacó por su apoyo a las luchas campesinas e indígenas en defensa de la tierra.
Bajo la premisa de que “la política es hacer posible lo que mucha gente piensa que es imposible”, Lugo se convierte en líder de la Concertación Nacional, a propuesta del Partido Patria Querida, segunda fuerza de la oposición en el país. Esa agrupación unió a los principales partidos políticos de la oposición y organizaciones sindicales y sociales.
El 29 de marzo de 2006 encabeza una gran marcha en Asunción que logra movilizar a más de 40 mil personas contra las maniobras del mandatario Nicanor Duarte de reelegirse, pese a estár prohibido por la Constitución paraguaya.
Presenta su renuncia como obispo y sacerdote en diciembre de 2006 y antes de terminar el mes anuncia su ingreso a la vida política con miras a las elecciones de 2008, a las cuales es postulado por el Partido Demócrata Cristiano.
De la Concertación Nacional surge el 18 de septiembre de 2007 la Alianza Patriótica para el Cambio que lo lanza a la candidatura para presidente del Paraguay.

La Alianza, un bloque heterogéneo

La Alianza Patriótica para el Cambio está conformada por una variada gama de partidos (10 en total) que van del Partido Liberal, agrupación histórica de bases populares pero controlado por élites urbanas y rurales que gobernó por última vez en la década de los cuarenta del siglo pasado, hasta agrupaciones de izquierda más radicales. A ellos se suma una decena de organizaciones agrupadas en el Bloque Social y Popular que tiene una fuerte expectativa de cambios políticos, económicos y sociales.

El ganador deberá afrontar en sus cinco años de mandato graves problemas estructurales: el 35 % de la población es pobre, la mitad , más de un millón de personas son indigentes; las cifras oficiales de desocupación son del 14,5 % pero la informalidad de la economía supera largamente el 50 de la población; poco más del 5 % de los paraguayos son analfabetos y gran parte de ellos ya nunca recibirán escolarización.

El Cambio también llega a Paraguay

Paraguay , unos de los socios menores del MERCOSUR (considerada la superficie, cantidad de población y volumen de su economía) es eminentemente rural: siete de cada diez paraguayos viven en el campo, un sector que a la par que ve el avance de la frontera agrícola de la soja y las grandes explotaciones agrícolas (muchas de ellas en manos de terratenientes brasileños) espera un desarrollo agrario sustentable donde tierra, infraestructura, caminos, reforma agraria, presencial del Estado, no sólo sean expresiones de deseo para el campesinado y las comunidades indígenas que están siendo desplazados a las periferias urbanas.

Nicanor Duarte Frutos, el presidente saliente, tuvo el extraño mérito de acentuar la crisis y la corrupción, aunque justo es decir que este “modelo” es propio del sistema político paraguayo y se van agotando sus posibilidades de resistencia. La gente se cansó y de hecho, la palabra “cambio” es la más escuchada no solo por los seguidores del ahora mandatario electo, sino por no pocos coloradistas que se pasaron a las filas de Lugo.
Paraguay se suma al cambio que está dando América Latina desde hace unos años, hacia gobiernos de tinte de centro izquierda. Seguramente otro dolor de cabeza para la administración de Estados Unidos y una alegría para el presidente de Venezuela Hugo Chávez.

(Fuentes:Prensa Latina, ANSA-Latina, APM-Agencia Prensa Mercosur,Dpa y Bolpress)

Latinoamérica: Agricultura

MILLONES DE TRABAJADORES RURALES CELEBRAN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CAMPESINA, POR LA REFORMA AGRARIA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CONTRA EL AGRONEGOCIO

La celebración del Día Internacional de la Lucha Campesina cada 17 de abril se reañliza en recuerdo y en homenaje a los 19 militantes sin tierra asesinados por la policía brasileña hace 12 años, en la masacre de Eldorado dos Carajás. Una matanza que aun sigue impune.

El movimiento se manifestaba ese día de 2006 en la región de Carajás, sur del estado de Pará, cuando la Policía Militar abrió fuego contra los activistas. Además de matar a 19 trabajadores, dejó 69 agricultores heridos.
El gobierno del estado de Pará considera que su obligación se limita a cumplir con el fallo de un tribunal en 2005 de pagar un total de 800.000 dólares de indemnización a las familias de las víctimas de la masacre .

Para recordar esta fecha, militantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil realizaron ayer en Brasilia un acto de protesta. Además, en Río de Janeiro, el MST entregó una carta al INCRA, el órgano responsable por la reforma agraria. En ella, el MST de Brasil no solo reivindica la realización de la reforma agraria y cambios en el modelo de desarrollo en el campo. También exige que sean castigadas las autoridades responsables de la masacre.
De acuerdo con un informe sobre el tema lanzado por la Comisión Pastoral de la Tierra, en 2007 aumentaron en un 50 por ciento las muertes y amenazas contra trabajadores rurales en comparación con el año pasado.
Por otra parte, la Vía Campesina difundió este jueves un comunicado en el que señala que organizaciones rurales de 25 países realizaronn actividades para defender su derecho a la alimentación y a ser proveedores de alimentos.

La organización internacional asegura que "la crisis alimentaria actual se debe principalmente a la especulación y a la liberalización del mercado en el sector agrícola"
Vía Campesina considera que "la agricultura sustentable y la producción alimentaria local pueden solucionar la crisis actual".

Los problemas del campo siguen potencializándose, especialmente en América Latina, debido a la concentración de tierras cultivables en las manos de las transnacionales y del agronegocio. Las actividades expulsan a los pequeños productores de sus tierras y concentran cada vez más la producción y la distribución de alimentos a escala mundial.

Actos en Brasil, Argentina, Uruguay

En Brasil, el Movimiento de los Sin Tierra (MST) covocó acciones de lucha en el campo. Empleados garimpeiros de la Vale do Río Doce participaroin en protestas, en Pará, y 600 familias del MST iniciaron la ocupación de la hacienda Aguas do Pilintra, de la Ambev, ubicada en el municipio de Agudos a 325 kilómetros de Sao Paulo.

En Argentina, en las ciudades de Tilcara, San Pedro y Córdoba capital hubo marchas de repudio al agronegocio. En Buenos Aires, la Plaza de Retiro fue escenario de un acto de denuncia de la multinacional Monsanto.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) emitió un comunicado en el que "rechaza el actual modelo agropecuario, promueve la reforma agraria integral, la soberanía alimentaria y expresa las voces campesinas e indígenas en lucha, lejos de las entidades patronales que pretenden representar 'al campo'".
Además, pide la suspensión de los desalojos, el reconocimiento de los territorios campesinos indígenas y la formulación de una ley nacional de acceso a la tierra para las familias que fueron expulsadas del campo. El MNCI desarrolla un modelo distinto de desarrollo, que produce alimentos sanos para los pueblos y que respeta la naturaleza y la vida.

En Uruguay , la Comisión de Apoyo x Tierra (CAxTierra) convocaba las manifestaciones rn una nota en la que indicaba que la "agresiva política de expansión de las multinacionales no sólo causa la miseria de los pequeños productores, sino que también es responsable del aumento de precio de la canasta básica".

En Brasil, un mes de protestas

El Movimiento de los Sin Tierra (MST) inició ayer una serie de protestas que durarán todo el mes - conocido como "abril rojo" - para presionar al gobierno a que acelere la reforma agraria.
Las movilizaciones del movimiento campesino incluyen la ocupación de instalaciones de infraestructura, la invasión de grandes haciendas y el bloqueo de importantes vías de transporte.

El MST informó que 850 familias sin tierra ocuparon la estatal hidroeléctrica Xingó, aunque el gobierno comunicó que no se habían paralizado las operaciones.
Otras acciones causaron la interrupción de una importante vía férrea cuando militantes del movimiento la invadieron y tomaron el control de puestos de cobro de peaje en carreteras.
Así mismo ocuparon haciendas que consideran improductivas.
"Después de 12 años de una masacre de repercusión internacional, el país todavía no resolvió los problemas de los pobres del campo, que continúan siendo blanco de la violencia de los hacendados y la impunidad de la justicia", dijo el movimiento en un comunicado.
"Estamos protestando porque la reforma agraria fue retirada de la agenda y homenajeando a los compañeros caídos", dijo Ulisses Manacas de la coordinadora del MST. "La verdad es que estamos descontentos porque la reforma agraria es sólo promesas que no fueron cumplidas", añadió.

El gobierno de Lula prima el agronegocio

El MST considera que el gobierno está dando prioridad al agronegocio. Sólo el Banco do Brasil prestó 7 mil millones de dólares a 13 grupos económicos, mientras los asentamientos campesinos no reciben inversión suficiente. El MST sigue reclamando tierras para las familias acampadas e inversión en las áreas de asentamiento para ampliar la producción y construir viviendas rurales.

En su Jornada Nacional de Luchas por la Reforma Agraria el MST, en este mes de denuncia la lentitud de la Reforma Agraria, los efectos negativos del agronegocio y presenta propuestas para revertir la situación. "Necesitamos cambiar la política económica vigente, que beneficia a las grandes empresas y al capital financiero, mientras la población sufre por el irrespeto de sus derechos sociales, previstos en la Constitución, y por la falta de políticas públicas efectivas para enfrentar la desigualdad y la pobreza.Brasil está retrasado en el proceso de democratización de la tierra y en la organización de la producción para garantizar la sostenibilidad de los pequeños y medianos agricultores. No podemos admitir la perpetuación del latifundio, símbolo de la injusticia en el campo, tanto improductivo como productivo. Nuestra jornada de luchas presenta propuestas de desarrollo para el campo brasileño, defendemos un proyecto de generación de empleo, con promoción de educación y salud".

Los Sin Tierra exigen del gobierno federal que reanude las expropiaciones de tierra y los asentamientos de las familias acampadas por todo el país. Como hay familias de trabajadores rurales que permanecen años y años bajo una lona negra en la lucha por la Reforma Agraria, exigen un plan urgente de asentamiento de las 150 mil familias acampadas. Piden que se apruebe el proyecto de ley que determina que las haciendas que utilizan trabajo esclavo sean destinadas a la Reforma Agraria. Destinar las áreas hipotecadas en el Banco do Brasil y en la Caja de Ahorros Federal para la Reforma Agraria, una línea de crédito específica para asentamientos, que viabilice la producción de alimentos para la población de las ciudades,etcétera, etcétera.


Guatemala: Los campesinos denuncian la pobreza en el país

Miles de campesinos guatemaltecos que participaron en una marcha por el país hicieron un alto frente a la embajada de Estados Unidos para protestar contra las transnacionales mineras y los Tratados de Libre Comercio (TLC). "No a la minería, sí a la vida", "Yanquis no, pueblo sí" y "la organización y la lucha aumenta, porque el territorio no está en venta", fueron algunas de las consignas coreadas por los manifestantes.
Al llegar a la Plaza de la Constitución, en el centro histórico de la ciudad, pese al cansancio que se reflejaba en sus rostros, los campesinos e indígenas no cesaban de alzar su voz en demanda de acceso a la tierra y seguridad alimentaria, principales exigencias de la marcha denominada 'Grito por la madre tierra'.
La marcha se realizó en el marco del trigésimo aniversario del Comité de Unidad Campesina (CUC), cuyos dirigentes aseguraron que prevalecen las condiciones que dieron origen al conflicto armado interno de 36 años que vivió Guatemala entre 1960 y 1996. Según cifras oficiales, siete de cada 10 indígenas viven en condiciones de pobreza , lo que representan el 42 por ciento de los 13.3 millones de guatemaltecos. En Guatemala más del 50% de los 13 millones de habitantes viven en pobreza, aunque está más acentuada en indígenas, que representan el 42% de la población.
Durante la marcha de 127 kilómetros que partió desde Los Encuentros (oeste), se rindieron homenaje a los cientos de campesinos que fueron secuestrados y masacrados durante la guerra interna que desangró al país y que dejó 200.000 muertos y desaparecidos, según el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH).

El movimiento campesino guatemalteco rechaza la presencia de empresas transnacionales que se dedican a la explotación de los recursos naturales y minerales, por considerar que "están causando contaminación y más pobreza".

Argentina: Protestas del campo profundo


Marchas, escraches, cortes de ruta y recitales serán algunas de las actividades que comunidades rurales y pueblos ancestrales realizaron en siete provincias en conmemoración del Día Mundial de la Lucha Campesina.

La acción es impulsada por organizaciones de base no representadas por las cuatro entidades tradicionales del agro argentino, familias que no siembran soja, sufren desalojos de sus tierras ancestrales y cuestionan el actual modelo de monocultivo. “Rechazamos el modelo agropecuario, no entendemos la tierra como un negocio, es nuestra cultura y nuestra vida. La reforma agraria integral y la soberanía alimentaria son nuestra propuestas”, explica el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que impulsa una legislación específica para el sector.

La sede porteña de Monsanto fue uno de los lugares señalados por las organizaciones urbanas, huerteros comunitarios y agrupaciones estudiantiles para denunciar el impacto social y ambiental que produce la soja transgénica y el químico Roundup, de la compañía estadounidense. “Monsanto es el mayor símbolo, aunque no el único, de un modelo de agronegocios que contamina suelos y ríos, expulsa campesinos y envenena poblaciones enteras”, afirmaron los convocantes, que como pruebas exhiben estudios, en base a datos oficiales, donde confirman el éxodo de 300 mil familias campesinas en los últimos diez años y pruebas judiciales con los efectos nocivos de los agrotóxicos. La Secretaría de Ambiente confirma las denuncias del Movimiento Campesino Indígena. “La soja es una poderosa amenaza a las biodiversidad, produce deforestación, degradación de suelos, concentración de tierras, expulsión de población rural y reducción de la seguridad alimentaria”, resalta el informe “El avance de la frontera agropecuaria y sus consecuencias”.

El MNCI, integrado por 15.000 familias campesinas, completa el estudio: sólo entre 2003 y 2008, la superficie sembrada con soja creció 32 por ciento, cuatro millones de hectáreas se sumaron al negocio de la soja.Con el conflicto por las retenciones aún sin resolver, las organizaciones de base que conmemoran el Día de la Lucha Campesina destacan que están en las antípodas de Federación Agraria, Coninagro, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales. “Los empresarios que desarrollan el modelo sojero son los responsables del genocidio ambiental de 17 millones de hectáreas de bosques y suelos, el desalojo y el ataque a comunidades campesinas y pueblos originarios, la falta y encarecimiento de alimentos”, denuncian, pero también toman distancia del poder político: “En los últimos 30 años, todos los gobiernos promovieron los agronegocios y ningunearon a trabajadores rurales, campesinos e indígenas”.

Según un estudio de la Secretaría de Agricultura y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en Argentina subsisten 220 mil pequeños productores, el 79 por ciento (174 mil) abarca a los menos capitalizados, de pocas parcelas, que trabajan y viven de lo que siembran, la base de la pirámide del campo, sector lejano a las entidades tradicionales que sostienen los agronegocios.

Las protestas se desarrollaron también en Mendoza (departamento de Lavalle), Misiones (San Pedro), Salta (Cafayate), Jujuy (Tilcara), Córdoba y Santiago del Estero (en ambas capitales provinciales).

Colombia: Por la defensa de la vida y la recuperación del campo


En Colombia, las movilizaciones tienen el trasfondo de los miles de campesinos asesinados, amenazados y desplazados y los movimientos rurales denuncian que su lucha por un campo en el que sea posible, simplemente, la 'sobrevivencia' se ve amenazada " por las políticas que el sistema impone, donde reina la desigualdad, el abandono, la explotación, la segregación, el racismo y la pobreza, políticas aplicadas e implementadas desde las instituciones financieras internacionales, con legislaciones, militarización, guerra sucia, y directrices nefastas para el campo; donde nos imponen la producción de alimentos para los carros y no para la humanidad, la explotación y el saqueo indiscriminado de nuestros recursos naturales, el robo de nuestros conocimientos ancestrales, la perdida de nuestra soberanía, autonomía cultura e identidad; nos utilizan con nuestra mano de obra barata y como consumidores de sus sobras", como asegura la Coordinadora Nacional Agraria(CNA).

Esta organización asegura que en América latina, el objetivo es dejar el campo sin campesinos para entregarlo a la "explotación irracional del capital transnacional." Y así explica que "Esta política es también manifestada y aplicada en Colombia, donde hoy contamos más de 4.000.000 de desplazados, mas de 15.000 personas asesinadas, más 10.000 desaparecidos, mas de 950 ejecuciones civiles presentados como “muertos en combate”, cientos de inocentes campesinos, indígenas y afrocolombianos detenidos en las cárceles acusados de “terroristas; para aplicar todo esto han utilizan la fuerza publica, los grupos paramilitares, y las legislaciones, hoy recordamos como en Colombia al igual que sucede en el mundo, al igual que sucedió en Carajas, solo en el año 2003 se presentaron 317 masacres, recordamos el asesinato de varios lideres del C.N.A. como Fernando Lombana asesinado por la policía metropolitana de Bogota en agosto del 2005, la desaparición de Edgar Quiroga en noviembre de 1999 por el ejercito nacional en unión con los paramilitares en el sur de Bolívar, el asesinato de Angel Maria Rodríguez por paramilitares en marzo del 2004 en el Tolima, el asesinato de Héctor Alirio Martínez por el ejercito nacional en Agosto del 2005 en Arauca, hombres que encarnan a los millones de campesinos que soñaban y sueñan con un mundo mejor, mas justo y dieron su vida como ejemplo para conseguirlo.

Ecuador: Día Internacional de la lucha campesina

En Ecuador, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras-FENOCIN, encabezó las movilizaciones, en las que se recordaron las antiguas batallas en contra los tratados de libre comercio, como el ALCA y el TLC, considerados como los peligros a evitar "en defensa de nuestra Soberanía Alimentaria defendiendo una verdadera Revolución Agraria que permita que los campesinos vuelvan a cultivar la tierra que los vio nacer, y seguir luchando con dignidad".

Impulsar, proteger y fortalecer la producción nacional por encima de los agronegocios, fomentar los cultivos orgánicos y oponerse a los llamados biocombustibles, son añlgunas de las metas del movimiento campesino ecuatoriano. "Debemos tomar conciencia real que tal como lo indica la Vía Campesina, que agrupa a organizaciones del mundo, la crisis alimentaria mundial está comenzando a aparecer en su imagen real este año, porque las empresas transnacionales están entrado al negocio de los biocombustibles para alimentar autos", asegura la FENOCIN.
La organización campesina asegura que en Latinoamérica la tierra cultivable ya no pertenece a población rural y los campesinos se ven obligados a trabajar la tierra de la que fueron propietarios como mano de obra barata. Las grandes empresas transnacionales de agronegocios aumentan su control sobre la alimentación mundial y la economía agrícola, gracias a que las medidas de liberalización del comercio han petmitido que se hagan con las tierras en los países productores de alimentos. Después de expropiar a muchos pequeños agricultores y campesinos, explotan a los consumidores aumentando lo precios mundiales de alimentos."Pero esto es algo que podemos cambiar a través de nuestro trabajo, y toda vez que más personas tomen conciencia de la importancia de apoyar la Soberanía Alimentaria, de volver a cultivar las tierras, de sembrar sin dañar el ecosistema", afirma en su llamamiento la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador.

(Fuentes: Adital, Agencia PÚLSAR, BBC-Mundo, MST-Brasil, Vía Campesina y Página12)

Chile: Gobierno de la Concertación

EL SENADO DESTITUYE POR PRIMERA VEZ A UN MIEMBRO DEL GOBIERNO, LA DEMOCRISTIANA YASNA PROVOSTE TITULAR DE EDUCACIÓN. UN DURO GOLPE A LA PRESIDENTA BACHELET QUE MARCA EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA MAYORÍA

La destitución parlamentaria de la ministra de Educación, Yasna Provoste, por primera vez desde la vuelta a la democracia, más allá de inhabilitarla para ocupar cargos públicos durante cinco años, marca una nueva polarización política entre el Gobierno y la oposición.
La Presidenta Michelle Bachelet, tras rendir homenaje anoche a la destituida ministra en el palacio de La Moneda, dijo: “lamento que haya prevalecido en este caso el afán de hacer una demostración de fuerza política por encima de cualquier consideración”. Y, agregó: “la ciudadanía juzgará”.
La decisión acordada después de dos días de intervenciones de acusadores y defensores de la ministra, que milita en el Partido Demócrata Cristiano (PDC), miembro de la Concertaciòn -la coalición de Gobierno-, subrayó la existencia de una nueva correlación de fuerzas tanto en la Cámara Baja (donde se aprobó 59-55, con dos abstenciones) como en el Senado.
Los 38 senadores debieron fundamentar su voto públicamente, lo cual evidenció, con matices más, matices menos, las posiciones del Senado, que destituyó a Provoste, aunque lo hizo sólo en uno de los cinco capítulos de la acusación.
En ese capítulo, la votación fue 20 votos contra la ministra y 18 a favor, lo que desató especulaciones sobre los votos definitorios de los cuatro parlamentarios “independientes”.
Acusada de ser la responsable de un presunto desorden financiero en su cartera, Provoste -quien contó con el apoyo pleno del Gobierno- insistió en su inocencia, logrando un empate 19-19 en el segundo capítulo y victorias en los tres restantes: 4-34; 14-24; y 3-34, una abstención.
Según las normas de procedimiento, basta con que la acusación sea ratificada en uno sólo de los capítulos para que la ministra quede destituida.

Este es el primer caso de acusación constitucional desde 1991. En la historia republicana de Chile, el período en que hubo más acusaciones constitucionales fue durante el gobierno popular del Presidente Salvador Allende (1970-1973).
La votación demostró -además de una nueva correlación de fuerzas- la compleja pérdida de la mayoría parlamentaria del Gobierno en un año electoral.

La primera destitución parlamentaria

El Senado de Chile destituyó a Yasna Provoste, por considerarla responsable de irregularidades en el Ministerio de Educación. Es la primera destitución ministerial por parlamentarios desde 1990, la primera vez que un ministro del gobierno es despedido desde el regreso de la democracia en 1990.
El apoyo unánime de los 18 senadores de la oficialista Concertación no alcanzó para hacer frente a los votos de los 16 parlamentarios de la opositora Alianza, a quienes se les sumaron los 4 legisladores independientes, que resultaron determinantes en la decisión.
La funcionaria, que estará inhabilitada para ejercer cargos públicos durante cinco años, fue destituida al ser declarada culpable de no corregir infracciones ocurridas al interior de la Seremi (Secretaría Regional Ministerial) metropolitana, por el pago irregular de subvenciones escolares.

La presidenta Michelle Bachelet señaló desde el Palacio de La Moneda que hará todo lo posible para que la destitución no siente "un mal precedente" para el futuro del país. Bachelet hizo hincapié en que los ministros del Estado responden políticamente sólo ante la Presidenta de la República. "Haré lo que sea necesario para que se respete este fundamento de nuestro régimen presidencial".
Antes de la votación, el ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, había acusado a la opositora coalición Alianza por Chile de instigar la destitución de la ministra por motivos políticos. "Hacen esto porque están dispuestos a avanzar sin transar para ganar a toda costa la próxima elección presidencial", señaló a medios locales.
Por su parte, el diputado opositor José Kast, de la Unión Demócrata Independiente (que pertenece a la Alianza), dijo:"La ministra tuvo conocimiento de los desórdenes administrativos y en 18 meses en que ejerció su cargo, no cumplió con la ley

La penúltima crisis del gobierno Bachelet

La decisión del Senado es un duro revés para la presidenta chilena, quien siempre defendió a su ministra y rechazó las acusaciones de corrupción en su gobierno. Un nuevo revés en su mandato marcado por varias controversias desde que tomó posesión en 2006.
A pocas semanas de asumir comenzaron una serie de movilizaciones en las que cientos de miles de estudiantes de secundaria salieron a la calle para reclamar cambios en el sistema educativo, regido aun por las leyes dictadas por Pinochet.
A comienzos de 2007 estalló una crisis aún más grave con la puesta en marcha del Transantiago, un nuevo sistema de transporte público que generó enorme malestar en la capital chilena, debido a una serie de fallos en su funcionamiento.
Pocodespués, y tras haber sufrido una fuerte caída en su popularidad, Bachelet realizó una profunda reforma de su gabinete que incluyó el cambio de cuatro ministros, entre ellos el de Transporte.
En los últimos meses, la presidenta parecía haber superado los tiempos más conflictivos, lo que se vio reflejado en un aumento de su popularidad, que había llegado a su punto más bajo en septiembre de 2007, con 35,3% de aprobación. Según un sondeo publicado recientemente, el 46,4% de los chilenos tenían una opinión favorable de Bachelet.

Sin embargo, este respiro podría durar poco: además de la histórica destitución de su ministra de educación, está creciendo la polémica por la posible prohibición de la distribución de la "píldora del día después" a través de la salud pública.
El Tribunal Constitucional tiene previsto emitir un fallo inapelable este mes, que decidirá si la píldora -considerada abortiva por algunos sectores- puede ser entregada a adolescentes a partir de los 14 años.

La revuelta de los estudiantes

La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) puso fin en junio de 2006 a una larga revuelta con manifestaciones callejeras, paros y ocupaciones de colegios, que conmocionaron a Chile y dejaron en evidencia la crisis de un sistema educacional inspirado en criterios de mercado.

Concluido el conflicto, la presidenta Michelle Bachelet expresó su satisfacción por el acuerdo con la ACES, una organización estudiantil que literalmente mantuvo en jaque a su gobierno. "Estoy muy contenta (por el fin de la huelga) porque ahora vamos a continuar trabajando por lo que es importante en el país, que es mejorar la calidad de la educación". Pero María Jesús Sanhueza, una de las portavoces de la ACES, precisó que si bien unos 700.000 estudiantes secundarios volverían a clases, se mantendrán en estado de movilización para exigir el cumplimiento de sus demandas.

Los "pingüinos", como se apoda a los adolescentes de la enseñanza media en alusión a sus uniformes, se mantuvieron alerta frente al trabajo de un Consejo Asesor de la Presidencia encargado de proponer medidas de mejoramiento de la educación. En este cuerpo, de 73 miembros, los estudiantes secundarios y universitarios contaron con 12 representantes. Los restantes pertenecían a diversas organizaciones académicas, confesionales, profesionales y sociales, entre las que priman tendencias afines al liberalismo económico.

Se mantenía así latente un posible rebrote del conflicto en la medida en que este consejo asesor no apostara por reformas profundas de la LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Educación), y cuya derogación fue la principal bandera de lucha de los estudiantes.

Esta ley, que rige para el sistema educacional que cubre a 3,5 millones de alumnos de enseñanza básica y secundaria y a otros 800.000 de la enseñanza superior, fue promulgada por el entonces dictador Augusto Pinochet el 10 de marzo de 1990, un día antes de la entrega del gobierno al presidente democrático Patricio Aylwin (1990-1994).

Bajo la premisa de la libertad de enseñanza, la LOCE consagró los criterios de mercado que aplicó la dictadura al sistema educacional, con la creación de colegios particulares con subvención estatal y el traspaso a los municipios de los colegios del Estado nacional en una política de descentralización.. La LOCE posibilitó igualmente una multiplicación de las universidades privadas, cuyo número supera actualmente al de los planteles de dependencia estatal.

El movimiento de los estudiantes secundarios generó una corriente mayoritaria de simpatía entre los 15,6 millones de chilenos y contó con el decidido respaldo de las principales federaciones de universitarios, del Colegio de Profesores y del vasto mundo de las organizaciones sociales.

Los estudiantes están ahora a la expectativa, en tanto esa adhesión tendría que traducirse en un amplio acuerdo político para derogar o reformar profundamente la LOCE, que por su carácter de ley constitucional solo puede ser enmendada o anulada con el voto de los dos tercios del parlamento.

"Tanto la génesis como el desarrollo del conflicto, más allá de los problemas de la educación, han sido objeto de un tráfico político y mediático propio de los fenómenos sociales de alta visibilidad", según el sociólogo y académico de la Universidad de Chile Juan Francisco Coloane. En torno al conflicto hubo dos movimientos políticos simultáneos, según Coloane. "Primero, una intensa movilización política de los partidos que apoyan al gobierno para detener el crecimiento del movimiento y al mismo tiempo blindar a la presidenta. Segundo, el uso, a veces desmedido y desleal con los intereses de los estudiantes y del país, de la coyuntura para atacar al gobierno por parte de la oposición de derecha".

(Fuentes: Prensa Latina, BBC-Mundo, ElMostrador.cl, e IPS)

Paraguay: Elecciones 2008

EL EX-OBISPO LUGO GANARÍA LAS ELECCIONES DEL DOMINGO, SEGUN LAS ENCUESTAS. EL PARTIDO COLORADO PERDERÍA EL PODER, DESPUÉS DE 60 AÑOS. PARA EVITARLO, EL PRESIDENTE DUARTE LANZA ACUSACIONES INCREÍBLES

A cinco días de unas elecciones en las que el Partido Colorado ve amenazados sus 60 años en el poder, el presidente Nicanor Duarte llegó a denunciar a "agitadores" venidos de Ecuador y Venezuela.
"Agitadores de Venezuela y Ecuador vinieron y están alojados en hoteles céntricos para enturbiar las elecciones", dijo este martes Duarte en declaraciones a una radio local.
"Plantean quemar propiedades, estaciones de servicio y otros recursos para perturbar la paz social. El responsable de la violencia y la muerte va a ser Fernando Lugo y su camarilla de delincuentes y secuestradores", señaló.

Los rivales del ex obispo izquierdista Fernando Lugo -candidato favorito según las encuestas- afirman que recibe apoyo de los presidentes Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador).
La candidata oficialista Blanca Ovelar aparece en las encuestas a más de seis puntos por debajo de Fernando Lugo, el ex obispo de San Pedro que encabeza la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), un conglomerado de partidos políticos y movimientos sociales.

Impedir el triunfo de la izquierda

En ese marco, el oficialista Partido Colorado, cuya candidata es Blanca Ovelar, y la Unión Nacional de Ciudadanos Eticos (UNACE, escindida del Partido Colorado) del ex general golpista Lino Oviedo, intercambian ataques con la coalición izquierdista de Lugo, primero en las encuestas pero por escaso margen.
"No votes a la bestia 666. Católicos: Lugo no nos salva, nos hunde en el infierno", dice un nuevo cartel sin firma pegado en varios muros de Asunción. "La corrupción en el país tiene nombre y apellido: Fernando Lugo", agrega.

Uno de los ejes de la campaña de Lugo es la denuncia de la corrupción: "Ya van a ver, que se prepare la gran rosca mafiosa, que se acabó la corrupción", dice un coro pegadizo -similar a los cánticos futboleros- en un spot radial del Movimiento al Socialismo (P-Mas), que integra la coalición de Lugo.Paraguay es el cuarto país de América en cuanto a mayor corrupción, según el último ránking de la organización Transparencia Internacional.
La prensa denunciaba ayer que el padrón de la Justicia Electoral incluye a nacidos antes de la Guerra de Triple Alianza en 1865, cédulas cuadruplicadas y "un festival de muertos que siguen vivos", habilitados para votar en las elecciones.
"Doña Elisa, con 111 años, irá a votar con la cédula número 202" y "Don Froilán sobrevivió a la Guerra de la Triple Alianza pero parece que a sus 140 años votará en Guayaybí", denunció el diario ABC Color.

La Alianza de Lugo desmiente las acusaciones

Dirigentes de la candidatura presidencial de Fernando Lugo califican de "disparate" la acusación del presidente paraguayo, Nicanor Duarte Frutos, quien dijo que la oposición se prepara para violentar las elecciones del domingo. "Jamás un presidente de la República ha dicho tantas tonterías como lo está haciendo Duarte Frutos, porque desde el inicio del proceso electoral los aliados de Lugo no han hecho otra cosa que cooperar para tranquilizar el ambiente", afirma el senador liberal Juan Carlos Ramírez Montalbetti. Según el legislador, el temor de Duarte no es a las bombas que dice preparan los opositores sino a los votos que se anuncian serán mayoritarios para Lugo, ex obispo de San Pedro. La acusación presidencial también fue rechazada por el titular del movimiento izquierdista Tekojoja (igualdad, en guaraní), el médico Aníbal Carrillo Iramain, quien sostuvo que todo es parte de una estrategia del oficialismo, por la cual "atribuyen a otros sus propias intenciones".

La "descomposición" interna, la corrupción y el desprecio a las leyes, colocan al Partido Colorado en riesgo de perder las elecciones presidenciales del domingo, por primera vez en 60 años.

El Partido Colorado llegó al poder en 1947 mediante un "golpe palaciego" del entonces presidente dictatorial Higinio Morínigo, quien desplazó de su gabinete a todos los ministros de otros partidos y nombró exclusivamente a colorados.

Una serie de golpes de estado y cambios de gobierno se sucedieron desde entonces, hasta que en 1954 asumió el general Alfredo Stroessner, hoy fallecido, al frente de una dictadura de 35 años hasta su derrocamiento en un golpe de estado, en 1989. En el período democrático que comenzó en ese año, en las cuatro elecciones realizadas desde entonces ganaron los candidatos colorados.

Para el periodista e historiador Luis Verón, la organización que montó el coloradismo ayudó a su permanencia en el poder. "En el Paraguay prevaleció siempre un fuerte bipartidismo, pero hechos como la exigencia de afiliación para trabajar debilitaron mucho al otro partido tradicional, el Liberal".

El cierre oficial de la campaña electoral de Fernando Lugo está previsto para está jueves frente al Congreso Nacional, en Asunción. La Alianza maneja una encuesta que le da cerca del 37% del electorado contra el 26,4% de Blanca Ovelar (Partido Colorado) y un 24,3% de Lino Oviedo (de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos).

10 mil paraguayos irán desde Argentina para votar.

El equipo de la pastoral social paraguaya, en la Argentina, última los detalles para facilitar el viaje de unos 10.000 compatriotas al Paraguay para participar de las elecciones generales del próximo domingo. El gran número de votantes vendrían desde Buenos Aires y las ciudades fronterizas como Formosa, Posadas y Clorinda. Sostienen que la posibilidad real de un cambio de partido de gobierno despertó el interés en los migrantes.

Miguel Decout, de la Pastoral Paraguaya en Argentina, informa que la mayoría de paraguayos en Argentina provienen del campo, y que por lo tanto, es escasa en muchos de ellos la formación sobre la importancia del voto en la vida de un país. “Sin embargo, hoy gracias a la dinámica diferente de los partidos y movimientos políticos, además de los últimos acontecimientos que van sucediendo en el Paraguay, nos educa y hace entender que este es un momento importante para la participación y para tratar de lograr el anhelado cambio para bien de todos”, comentó a Radio Viva.

Decout destaca que esta oportunidad que se les abre a los paraguayos que trabajan legalmente en ese país para votar, se da principalmente, por la gestión que realizó el candidato de la Alianza Patriótica para el Cambio, Fernando Lugo, quién lo solicitó a la propia presidenta de Argentina, Cristina Fernández, la que accedió inmediatamente a otorgar un “asueto” especial para los mismos. Después, siguió los pasos del ex obispo su principal contendiente la candidata oficialista Blanca Ovelar, y la mandataria reiteró su compromiso.

La pobreza entra en campaña

De cada 100 paraguayos, 33 viven en la pobreza. 60 mil personas migraron en 2007 y 40 por ciento de ellas tiene entre 15 y 29 años. Estos son algunos datos entregados por la campaña "Paraguay necesita soluciones serias. ¿De qué se ríen?". La campaña es una iniciativa de la emisora cooperativa y ciudadana, Radio Viva, que responde a los carteles de propaganda política que muestran a candidatos sonrientes.

La campaña informa que los niveles de corrupción política registrados en el país colocan a Paraguay en la posición 135 de un total de 179 países. En América se ubica en la posición 29 sobre 32 países.
Detalla cómo, sobre una población estimada en cinco millones y medio de habitantes, 2 millones 155 mil personas son pobres. Y que 1 millón 170 mil habitantes más viven en pobreza extrema.
Otros datos : Que el 20 por ciento de los paraguayos que sobrevive con 200 mil guaraníes al mes (47 dólares), que "13 mujeres mueren al mes por complicaciones con su embarazo", o que el 8 por ciento de los niños trabaja en las calles.
La iniciativa lanzada el fin de semana pasado busca estimular el "voto a conciencia" en las elecciones de este domingo.

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ESPAÑA

Retenidos y rechazados siete turistas uruguayos, entre ellos un bebé.

-COMUNICADO:
El Centro Uruguayo de Madrid-CTIU, alerta a los compatriotas uruguayos que pretendan viajar por motivos turísticos a España y denuncia ante la opinión pública sobre el endurecimiento del control de fronteras españolas.

Entre los días 10 y 12 de abril fueron declarados 'no admitidos' siete uruguayos desde el Aeropuerto de Barajas. Los compatriotas, entre los que se encontraba un bebe de nueve meses, ya han sido devueltos a nuestro país. Esto corrobora las denuncias que el Centro Uruguayo viene formulando sobre el endurecimiento de controles que realizan las autoridades del Estado español. En lo que va de año el número de retenidos y rechazados uruguayos se eleva a uno por día. Se sigue reclamando que se cumpla con el artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos que literalmente expresa “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.”

Creemos necesario que se ponga en funcionamiento a la brevedad la Comisión Bilateral al más alto nivel que fue acordada entre los gobiernos de Uruguay y de España. Urge tratar de resolver la situación de los miles de compatriotas, que se encuentran en suelo español, sin perspectivas de regularizar su situación. Dicha Comisión solo funcionó una vez y a nuestro modesto entender sin resultado alguno.
El Centro Uruguayo exhorta a quienes viajen hacia España visiten su página Web, http://www.centrouruguayo.es/, en la que encontrarán toda la información necesaria, o escriban a migracion@centrouruguayo.es y planteen sus dudas.

Manifestación contra el Centro de Extranjeros

El día 12 de abril el Centro Uruguayo de Madrid-CTIU convocó y participó junto a otras organizaciones en una manifestación permitida, exigiendo el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid. El Parlamento Europeo ha amonestado a España por la situación de varios de estos Centros. Las constantes y flagrantes violaciones de los más mínimos derechos elementales de cualquier persona, son denunciadas continuamente por las organizaciones de DDHH. El único delito por el cuál esas personas se encuentran hacinadas es no tener residencia legal, que es una infracción asimilable a una multa de tráfico.
Varios de los extranjeros allí detenidos llevan una semana en huelga de hambre. Porque ningún ser humano es ilegal, el Centro Uruguayo (única asociación uruguaya organizadora) participó de esta marcha.

Estas son las organizaciones convocantes y participantes de la marcha del 12 de abril: ACSUR – Asociación Marroquí de Derechos Humanos (Grupo de apoyo a Amdh, Madrid) – Asociación de Vecinos de Aluche – Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto – ATTAC – Casa Argentina de Madrid – Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos – Centro Uruguayo de Madrid – CGT – Colectivo de Colombianos Refugiados en España – Ecologistas en Acción – Espacio Alternativo – Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados – Federación Centro de las Culturas – La Biblio – Mugak – Oficinas de Derechos Sociales de Carabanchel Alto – ODS- Patio Maravillas y Centro Social Seco – Plataforma de Jóvenes Karabanchel Alto – Radio Almenara – Radio ValleKas – Red Ferrocarril Clandestino – SOS Racismo Madrid – Vía Democrática (Annahj Addimocrati).

(Fuentes:AFP,ANSA-Latina Adital, Radioviva-Asunción, Agencia PÚLSAR y Centro Uruguayo de Madrid)

Bolivia: Crisis política

LOS TERRATENIENTES UTILIZAN LA VIOLENCIA CONTRA LOS CAMPESINOS POBRES A LOS QUE MANTIENEN EN RÉGIMEN DE SEMI-ESCLAVITUD. VARIOS DESAPARECIDOS Y 40 HERIDOS EN UN ATAQUE A INDÍGENAS GUARANÍES EN EL GRAN CHACO

Once desaparecidos y cuarenta y tres heridos es el saldo de un ataque efectuado el domingo por hacendados y peones a indios guaraníes y una misión del gobierno, por un conflicto de tierras en el Este de Bolivia, según un informe oficial. El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, dijo que “vimos armas de fuego con uso intimidatorio (...) hay 11 personas desaparecidas”, y señaló que hubo 43 heridos, en declaraciones a la prensa desde Camiri, a 1,200 km al sudeste de La Paz.

Los incidentes se registraron el domingo en la comarca de Cuevo, al sur de Camiri, donde brigadas civiles del Instituto Nacional de Tierras (Inra) e indígenas guaraníes pretendían sanear los límites de las propiedades privadas y comunales y fueron atacados por terratenientes y peones con piedras y palos. El viceministro de Tierras aclaró que “no hubo enfrentamiento, ha habido una agresión sañuda, extremadamente violenta, de ganaderos y grupos de choque contra indígenas guaraníes”.

De acuerdo con el informe proporcionado por la Asamblea del Pueblo Guaraní hay 34 heridos leves y nueve heridos graves, entre ellos se encuentra el director nacional del INRA, Juan Carlos Rojas, quien tiene una herida seria en la cabeza. Dos indígenas guaraníes tienen las piernas fracturadas porque derribaron la motocicleta en la que viajaban. El abogado guaraní Ramiro Valle fue golpeado brutalmente y está internado en la sanidad de Batallón de Cuevo.

De las once personas que fueron reportados como desaparecidas hasta el medio día del lunes ya aparecieron cinco, entre ellos el camarógrafo argentino Fernando Cola. Aún permanecen desaparecidas seis personas miembros de las comunidades indígenas de la región. El viceministro Almaraz preguntó a los hacendados y a los políticos que desmienten a decenas de investigaciones internacionales, “¿por qué no nos dejan realizar un trabajo legal y por qué no dejan ingresar a nadie a Alto Parapetí? ¿Cuál es su temor? ¿Por qué no nos dejan ver si hay o no peones reducidos a la servidumbre en Alto Parapetí?”.

La Cruz Roja informó que desde el sábado sus ambulancias no pueden entrar a Itacuatía para atender a dos niños enfermos, uno con meningitis y otro con fiebre alta. Permanecen en esta zona 200 indígenas sin poder salir, rodeados por los grupos de choque armados de los hacendados.

Los terratenientes contra la reforma agraria

Los terratenientes de la zona se oponen a la legalización de tierras indígenas en la región del Chaco, una extensa zona de 127,755 km2, colindante con el Paraguay y Brasil, donde viven unas 300,000 personas, de las cuales un 27% son indígenas que piden tierras propias.

Esta emboscada constituye el episodio más grave de la resistencia iniciada hace algunas semanas por hacendados y ganaderos de la provincia Cordillera con el objetivo de impedir el saneamiento de sus haciendas y la titulación de una tierra comunitaria de origen (TCO) a favor del pueblo guaraní en Alto Parapetí.
A fines de febrero, los terratenientes echaron a funcionarios del INRA de Camiri, atacaron con armas de fuego a una comisión oficial, y secuestraron al viceministro Almaraz y al director del INRA. En marzo, la patronal local y sus empleados de la Subprefectura y de la Alcaldía desplegaron una intensa campaña de desinformación y sabotaje del saneamiento. En los primeros días de abril, las máximas autoridades nuevamente fueron emboscadas por grupos de choque movilizados por terratenientes, la Prefectura y el Comité Cívico de Santa Cruz.

Campesinos en régimen de semi-esclavitud

La resistencia de los ganaderos del Gran Chaco al ingreso a esa región de una misión oficial de saneamiento de tierras reveló la situación de servidumbre en la que viven unas 2.500 familias indígenas de origen guaraní en el sureste de Bolivia. El conflicto, que paraliza desde el viernes las comunicaciones viales de Bolivia con Argentina y Paraguay por el departamento de Tarija, gira en torno a un grupo que reclama tierras de la nación guaraní, que habita en el Chaco boliviano desde hace 400 años.

La región del Chaco, situada en parte de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, tres de los departamentos ricos rebeldes, tiene una extensión de 127.755 kilómetros cuadrados y una población de 300.000 habitantes, de los cuales un 20 por ciento pertenece al pueblo guaraní. El gobierno busca entregar a los guaraníes algo más de 53.700 hectáreas en esa región en la que se encuentran también importantes yacimientos de hidrocarburos. A raíz del conflicto, el capitán de la asamblea del pueblo guaraní en Tarija, Wilson Changaray, reiteró ayer una vieja denuncia sobre la situación de semi-esclavitud en la que viven unas 2.500 familias en al menos 40 haciendas de esa región. Según Changaray, los patrones "imponen su ley" para obligar a esa gente, mediante un sistema de "contratos verbales de relación laboral", a vivir "en condiciones de explotación, sometimiento y maltrato".

Agrarios en armas contra el gobierno de Evo
Por Pablo Stefanoni (*)

Un patrón "gringo" llamado Ronald Larsen, comunidades guaraníes cautivas y grupos de choque armados que impiden el ingreso de funcionarios gubernamentales a la hacienda. La saga que transcurre en la región de Alto Parapetí, en el departamento de Santa Cruz, podría ser el guión de una película sobre las condiciones de explotación en el campo del siglo XIX, pero sin embargo es parte de la realidad boliviana del siglo XXI. Según una denuncia de la Asamblea del Pueblo Guaraní, trece terratenientes mantienen en condiciones de semiesclavitud a 167 familias en esta región del Chaco cruceño, de las cuales doce se encontrarían en la hacienda del estadounidense Larsen.

En una suerte de feudalismo moderno, los guaraníes sobreviven trabajando la tierra del patrón, pagados en especies o míseros jornales, sin educación y endeudados al estilo de los quebrachales de La Forestal argentina. Aunque la mayoría de las haciendas ha "regularizado" la situación laboral de los indígenas, sus ingresos rondan los 15 bolivianos (2 dólares) diarios, más la ración de coca y algún potaje llamado almuerzo. Ahora, los predios que no cumplen con una función económica y social serán revertidos al Estado y entregados a las comunidades indígenas.

Los guaraníes reclaman 157.000 hectáreas bajo la figura de la "tierra comunitaria de origen", prevista por la legislación agraria. Pero esto es tomado por los propietarios como una declaración de guerra. El 28 de febrero pasado, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, fue secuestrado por los ganaderos que dispararon armas de fuego contra los neumáticos de su camioneta y ahora es impedido por la fuerza su ingreso a la hacienda de Larsen. El hotel donde se aloja la ministra de Desarrollo Rural Susana Rivero, en Camiri, fue cercado por hacendados y activistas de la Unión Juvenil Cruceñista para forzar su expulsión de la zona. "Esto les va a durar sólo unos días más porque desde el 4 de mayo ya no estarán ustedes", dijo uno de los propietarios en alusión al estatuto autonómico que se plebiscitará ese día y otorga al gobernador la potestad de manejar la política de tierras sin injerencia del gobierno central. Ayer, los ganaderos se aprestaban a bloquear la ruta que conduce a la frontera con Argentina. "Vivimos un alzamiento terrateniente contra el estado de derecho y la democracia", dice el director nacional de Tierras Cliver Rocha. Y un relevo del Instituto Nacional de Reforma Agraria cuantificó en 57.000 hectáreas la superficie de tierra en manos de la familia Larsen.

"De pequeño fui a la escuela, pero la patrona me sacó para ir a cuidar a los cerdos", cuenta Zoilo Peñaranda en un video contra el trabajo servil. Fidelina Corrales, otra guaraní, asegura que es hora de que se cumpla la sentencia de la Ita Kuatía -piedra marcada- dejada por sus ancestros analfabetos como único "título de propiedad" sobre estas tierras. Pero los hacendados amenazan: "Si la gente sigue así con nosotros buscaremos la forma de mecanizarnos", dice Chiqui Chávez con tono de frustración.

(*)Pablo Stefanoni es corresponsal en La Paz de los diarios Il Manifesto (Roma) y Clarín (Buenos Aires), en los que fue publicado este reportaje el pasado12 abril.

(Fuentes AFP, Bolpress, Red Erbol, ANSA-Latina y SinPermiso)

Colombia: Ejecuciones extrajudiciales

ASESINADOS 17 SINDICALISTAS EN LO QUE VA DE AÑO, DESDE EL 2.000 SON YA 920. LA OIT Y LA OEA LE PIDEN AL PRESIDENTE URIBE QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LOS ACTIVISTAS SOCIALES

El sindicalismo en Colombia está de luto un año más. Si 2007 terminó con renovadas esperanzas por la notable reducción de muertes y amenazas de líderes eintegrantes de sindicatos, en el 2008, en cambio, la ilusión de que la persecución al sindicalismo cesaría se ha tornado frágil. El 2 de enero,cuando apenas se iniciaba el año, ocurrió el primer homicidio. Ese día,mataron a Mario Zuluaga, de la Asociación Médica Sindical (Asmedas). Después de esa muerte, no ha parado la mala racha. Dieciséis más han sido asesinados.

El caso más reciente fue el de Adolfo González Montes, dirigente del Sindicatode Trabajadores del Carbón (Sintracarbón), en Riohacha, departamento de la Guajira. Se fue a su casa temprano a descansar para madrugar al día siguiente a su trabajo en Carbones del Cerrejón. Nunca salió. Fue torturado y asesinado en su residencia.

Entre enero y marzo de 2007 la cifra ya era escandalosa: diez muertes violentas de sindicalistas, pero este año los casos van en aumento.

Según el gobierno , ninguno de los sindicalistas asesinados en este año había recibido amenazas, ninguno estaba en procesos de negociación colectiva en sus empresas, ni el ambiente de sus trabajos era hostil. Por eso ninguno estaba en el programa especial de protección a sindicalistas del Ministerio del Interior que generalmente ofrece especial custodia oficial y otras condiciones deseguridad a quienes estén en riesgo.

Represalias paramilitares por la Marcha del 6 de Marzo

Los organizadores de la marcha en contra de los crímenes del paramilitarismo y en solidaridad con sus víctimas del pasado 6 de marzo han dicho que cuatrode los sindicalistas fueron asesinados en represalia por su participaciónactiva y liderazgo en esa marcha.

Guillermo Correa, director del área de Investigación de la Escuela Nacional Sindical (ENS), coincide con el gobierno en que las últimas muertes, según la información que se conoce hasta el momento, no parecen asociadas a conflictos laborales o a amenazas por su actividad sindical. Sin embargo,las investigaciones judiciales están en proceso. Correa espera que la Fiscalía esclarezca los homicidios. Es de deducir sin embargo, que ante una ola de asesinatosde sindicalistas como la que se ha dado este año, hay algo más siniestro detrás que simples coincidencias de homicidios comunes, como aputan algunos.

Las organizaciones nacionales e internacionales especialistas en el tema están preocupadas yconsideran, con razón, que hay un ambiente francamente hostil para el ejercicio del sindicalismo en el país. En la sesión número 301 del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se realizó entre el 6 y el 20 de marzo pasado, se destacaron algunos casos como las presiones y amenazas que han recaído últimamentesobre el sindicato empleados de la Universidad de Córdoba "por parte delrector de la Universidad y de jefes paramilitares de las Autodefensas Unidasde Colombia (Auc)". La OIT pidió al gobierno colombiano que garantice la seguridad de los dirigentes sindicales amenazados.

Apenas cinco días después de la reunión de la OIT, 22 organizaciones internacionales de derechos humanos les enviaron una carta a los presidentes Álvaro Uribe y George Bush. En ella, rechazaban las muertes y amenazas que han ocurrido en los últimos días no sólo contra sindicalistas, sino contra organizaciones defensoras de derechos humanos y líderes sociales. Y culpan al gobierno de haber creado un clima de intolerancia política contra los organizadores de la marcha del 6 de marzo al afirmar que detrás de ella estaban las FARC.

Malos augurios para el inmediato futuro

Pero los augurios no son buenos. Para empezar porque despertó el paramilitarismo, el principal verdugo de los líderes laborales. Los diálogos con las AUC habían conducido a la reducción sustancial del hostigamiento a sindicatos, pero en un reciente comunicado emitido por un grupo que se hace llamar Águilas Negras en Rearme, el comandante 'Camilo' anuncia una primera fase armada con el "total rearme delas fuerzas paramilitares.

El gobierno asegura que ya está tomando medidas especiales para evitar que las muertes violentas de sindicalistas se vuelvan a disparar y que ya tienen planeado cómo se protegerá la vida de los sindicalistas de ahora en adelante.



Uno de los países más peligrosos para los sindicalistas

Aproximadamente 2.245 homicidios, 3.400 amenazas y 138 desapariciones forzadas de sindicalistas. En más del 90 por ciento de los casos, los responsables no han sido puestos a disposición judicial. Los datos documentados entre enero de 1991 y diciembre de 2006, por la organización colombiana Escuela Nacional Sindical, muestran que Colombia es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los trabajadores sindicalizados.
Con esos datos, Amnistía Internacional publicó un informe en el que denunció la existencia de agresiones sistemáticas contra sindicalistas involucrados en disputas laborales y en campañas en contra de privatizaciones y en favor de los derechos de los trabajadores en algunas zonas donde desarrollan su actividad.
En el informe "Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte: la realidad del sindicalismo en Colombia", la Amnistía Internacional supone que los paramilitares, respaldados por el ejército, y las fuerzas de seguridad están detrás de la mayoría de las agresiones. "Sigue aplicándose una estrategia militar-paramilitar coordinada, que tiene por objeto menoscabar el trabajo de estas personas, tanto por medio de su eliminación física, como intentando desacreditar la legitimidad de las actividades sindicales", denunciaba el informe.
Según la directora del programa regional para América de AI, Susan Lee, un mensaje está siendo enviado a los sindicalistas de Colombia con la siguiente amenaza: "No os quejéis de vuestras condiciones laborales ni hagáis campaña para proteger vuestros derechos porque se os hará callar a cualquier precio".

El documento presenta también casos de abusos contra los derechos humanos de los que han sido víctimas y sus familiares que trabajan en Colombia. "Se ha convertido a sindicalistas en objeto de abusos contra los derechos humanos debido a su filiación política o a otros factores ajenos a sus actividades sindicales. Sin embargo, existe una constante de abusos contra los derechos humanos de sindicalistas cometidos en el contexto de conflictos laborales, lo que indica que se ataca a sindicalistas debido precisamente a su trabajo como tales", manifestó el informe.

Los asesinatos de sindicalistas son un obstáculo al TLC

Antes de conocerse las cifras del primer trimestre de 2008 y al presentar al Congreso estadounidense el Tratado de Libre Comercio con Colombia, el presidente George W. Bush dijo que esta nación andina, conocida por su récord de asesinatos de activistas, había hecho grandes progresos en proteger a los sindicalistas.
Sin embargo, tales avances poco tranquilizan a Tarsicio Mora, un abogado de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), el mayor sindicato del país, quien la semana pasada recibió la última y más reciente amenaza de muerte.
"Con frecuencia somos amenazados por los grupos ilegales, los paramilitares, a veces las guerrillas, algunas veces grupos desconocidos", dijo Mora en una entrevista telefónica con la agencia AP
De acuerdo con el grupo no gubernamental Escuela Nacional Sindical, al menos 920 sindicalistas han sido asesinados en Colombia desde el año 2000, con solo unos pocos casos de esos asesinatos llegando a juicio con condenas.
Al presentar a las cámaras en Washington el texto del tratado, que el Congreso, Bush dijo que el gobierno del presidente colombiano Alvaro Uribe ha logrado reducir "sustancialmente" los ataques contra sindicalistas y que creó un programa especial de protección a esos activistas.
De acuerdo con la Escuela Nacional, 191 miembros de sindicatos fueron asesinados sólo en el año 2002, cuando Uribe asumió la presidencia, y desde entonces la cifra viene cayendo progresivamente hasta 39 muertos en 2007. Pero, sólo en lo que va del 2008, van 17 asesinatos de representantes sindicales, según la Escuela Nacional

Uribe ha admitido que las cifras de víctimas de sindicalistas, tanto como la del conflicto armado interno colombiano, aún son altas, pero asegura que la situación es menos mala que hace algunos años."Frente a los problemas presentes, nosotros no los negamos, no los escondemos. Nosotros trabajamos diariamente para poder superarlos", dijo Uribe el lunes.

El tema de los asesinatos de miembros de sindicatos se convirtió en uno de los puntos centrales del debate legislativo estadounidense sobre el tratado precisamente por tratarse de un asunto de comercio y su impacto sobre los trabajadores.
El vicepresidente de la CUT, Fabio Arias, por ejemplo, afirma que además del tema de los asesinatos, el tratado representaría que 3,5 millones de trabajadores colombianos perderían en un plazo de cinco años sus puestos de trabajo en el campo y el sector manufacturero debido a un potencial aumento de importaciones estadounidenses.

Human Rights Watch indicó en un comunicadoque "no se oponen a los acuerdos de libre comercio per se", pero que cree que "cualquier convenio de libre comercio debería estar basado en el respeto a los derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho de los trabajadores".
La oposición al tratado proviene del Partido Demócrata, mayoría en el Congreso en Washington, que asegura que Uribe no ha hecho lo suficiente en proteger a los sindicalistas.
"¿Decir que 39 sindicalistas fueron asesinados el año pasado por ser sindicalistas y se supone que eso es un gran avance?", se preguntó el representante demócrata a la Cámara, James McGovern, de Massachusetts.

El congresista, en entrevista telefónica, dijo que si bien cree que Uribe hace esfuerzos por mejorar la situación, rechaza la idea que se hayan hechos enormes progresos.
"Lo que buscamos es que ningún sindicalista sea asesinado", dijo.

La CIDH pide a Uribe que garantice la seguridad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboró un comunicado en el que expresa su profunda preocupación por las amenazas de muerte recibidas por defensores de los Derechos Humanos. La Comisión dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) argumentó que recibió información acerca del desamparo que viven los activistas de organizaciones sociales en Colombia.
El comunicado explica que es responsabilidad del Estado adoptar de manera urgente "todas las medidas que resulten necesarias para salvaguardar" a quienes reciben amenazas.
Además exige al gobierno de Álvaro Uribe que "investigue, juzgue y sancione a los responsables de dichas amenazas y que garantice la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos y líderes sociales".

La CIDH expresó su preocupación por las amenazas de muerte recibidas por quienes se manifestaron el 6 de marzo último contra los paramilitares y los crímenes de Estado.
Agregó que "estos hechos ocurren en un contexto de violencia" contra los activistas y recordó que ya "han sido asesinados varios líderes sociales"

(Fuentes: Semana.com, Vientos del Sur, Agencia PÚLSAR, Adital y Houston Chronicle)

Brasil: Indígenas

AL MENOS 92 INDÍGENAS ASESINADOS EN 2007, UN 60 POR CIENTO MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR. LA TITULARIDAD DE LA TIERRA ES LA CAUSA PRINCIPAL DE LOS CONFLICTOS

El último informe presentado por el ente brasileño Consejo Indigenista Misionero (CIMI) asegura que los hechos de violencia contra pueblos originarios aumentaron un 60 por ciento entre 2006 y 2007. Al menos 92 indígenas fueron asesinados en 2007.El estado de Mato Grosso do Sul es donde más muertes violentas se produjeron: un total de 50 muertes en el periodo analizado.
El informe señala que más del 50 por ciento de la juventud indígena es víctima de la violencia y que la falta de reconocimiento de las tierras indígenas continúa siendo la principal causa de conflictos.
El desconocimiento de la propiedad ancestral de tierras de las comunidades indígenas da lugar a amenazas, intentos de asesinato y muertes por suicidio.
El informe también señala la falta de atención médica y las invasiones de tierras indígenas como otras formas de violencia.
El estudio se basa en informaciones de comunidades indígenas y en las noticias de diarios de todo el país.
Los datos preocupan porque involucran a un gran número de adolescentes y jóvenes asesinados, tanto por los propios indígenas como por personas que no pertenecen a las comunidades.

Peleas por la posesión de la tierra

Mato Grosso do Sul, es un caso paradigmático en el que los crimenes contra indígenas aumentan con respecto a 2006 en un 92%. Según el Consejo Indigenista Misionero, en su mayoría los asesinatos cuya autoría fue identificada, fueron cometido por indígenas, en peleas. En 2006 fueron 24 los casos y en 2007, 31 casos. Pero también hay muchos casos en los que la autoría permanecía desconocida hasta la elaboración del informe.

Las peleas internas son un retrato de la pequeña cantidad de tierra para tanta gente, en algunas aldeas hay menos de 1 hectárea de tierra por persona. Con esta situación, los indios no tienen dónde plantar, teniendo muchas veces que salir de las aldeas en busca de trabajo asalariado.

En Mato Grosso do Sul las comunidades Guarani-Kaiowá viven bajo clima de tensión, compartiendo parcelas exiguas de tierra, o en campamentos a la vera de los caminos y hasta inclusive en tierras demarcadas de grupos de Tekohás (tierra tradicional).

Para la antropóloga Lúcia Rangel, que organizó el informe, la situación del pueblo Guarani-Kaiowá es igual a la constatada en el informe de 2003/2005. "Los datos muestran que un verdadero genocidio continúa en curso en Mato Grosso do Sul : mayor número de víctimas de asesinato, tentativas de asesinato, suicidios; índices todavía altos de desnutrición, mortalidad infantil, alcoholismo y toda suerte de agresiones y amenazas".
Además, los indios tienen que convivir en medio de grandes plantaciones (caña de azúcar, soja, maíz) y pecuaria extensiva que contaminan con agrotóxicos las fuentes de agua, que provocan enfermedades y no dejan espacio para la agricultura familiar. Los indios, que dejan sus aldeas en busca de trabajo, son adsorbidos por los ingenios de caña de azúcar, donde el informe da cuenta de casos de trabajos en condiciones degradantes o análogas a la esclavitud.

Después de Mato Grosso do Sul, Maranhão fue el estado en el que se registró el mayor número de asesinato de indígenas, 10 víctimas. Según el Cimi, tres de esas víctimas están relacionadas con el problema de la explotación ilegal de madera en la tierra Araribóia, del pueblo Guajajara. El pueblo Awá Guajá está sufriendo amenazas mediante la deforestación de la región y también enfrenta diariamente la presencia de esos madereros. El pueblo Guajajara, es afectado además por la presencia de la Vale en su territorio.
"En 2006, los dos casos de homicidios culposos registrados en el estado están ligados a la vía férrea de la empresa que corta la tierra Maranduba, de los Guajajara", dice el informe.

Además, en 2006, el Cimi registró 32 casos de invasiones de toma de posesión de tierra y explotación de recursos naturales en los estados de Amazonas, Bahía, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondonia, Roraima, Tocantins y Santa Catarina.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, Adital y Radioagencia NP)

Sáhara Occidental:Represión marroquí

LA ONU LLAMA LA ATENCIÓN A MARRUECOS POR LA REPRESIÓN QUE MANTIENE EN LOS TERRITORIOS OCUPADOS SAHARAUIS. EN ESPAÑA LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS EXIGEN AL NUEVO GOBIERNO ZAPATERO QUE ABANDONE SU POLÍTICA DE APOYO A LA OCUPACIÓN Y AL GENOCIDIO

El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU ha censurado a Marruecos por las prácticas represivas en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, señalando casos de "desapariciones forzosas" y de "encarcelamientos secretos".

El caso de Marruecos fue examinado esta semana en Ginebra por el Consejo, como parte de su nuevo procedimiento conocido por el nombre de "Examen Periódico Universal".Un "grupo de trabajo" del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU sobre las desapariciones forzosas o involuntarias anotó en un informe que "la mayoria de los casos traidos a la atención del Gobierno marroquí se referían a personas que habrían desaparecido porque ellas mismas o sus próximos eran conocidas como partidarios del Frente Polisario"."Estas personas desaparecidas habrían sido internadas en centros secretos. Celdas de despojos de algunas comisarías de policía, cuarteles militares y chalets secretos de las barriadas de Rabat habrían sido utilizadas para disimular a estas personas", añade el documento.

El grupo de trabajo de la ONU ha señalado, por otra parte, que el asunto del Sáhara Occidental "es objeto regularmente de examen por la Asamblea General y por el Consejo de seguridad (de la ONU) y que el Comité de los Derechos Humanos sigue preocupado por la ausencia de progreso en el asunto de la aplicación del derecho a la autodeterminación" del pueblo del Sáhara Occidental.

El documento señala además "la vulnerabilidad de los defensores saharauis de los Derechos Humanos, expuestos a una represión, a detenciones y a encarcelamientos generalizados"."En la mayor parte de los casos, las personas encarceladas habrían sido detenidas por las fuerzas de seguridad y ha sucedido que las autoridades judiciales se nieguen a autorizar que estos defensores sean examinados por un médico cuando dicen haber sufrido torturas o malos tratos durante los interrogatorios", se lamenta el texto. El grupo de trabajo ha expresado igualmente su "viva inquietud" respecto a las restricciones de la libertad de reunión y de asociación a las que son sometidos los saharauis que defienden los Derechos Humanos.

Recuerda la confiscación por el Gobierno marroquí de los pasaportes de 14 militantes saharauis a los que se impidió dirigirse a Ginebra para asistir a conferencias internacionales. Por otra parte, el informe evoca, la "inquietud" del informador especial sobre los derechos de los emigrantes, quien declaró estar "vivamente preocupado por las informaciones que señalaron la muerte de emigrantes de origen subsahariano en la frontera entre los enclaves españoles de Ceuta y Melilla con Marruecos, de los que serían responsables las fuerzas de seguridad que patrullaban a lo largo de la frontera". Menciona los casos de "numerosos emigrantes de origen subsahariano quehabían intentado atravesar la frontera con España en Ceuta y Melilla y que fueron expulsados y dejados en la frontera meridional, en pleno desierto sin agua ni comida".

El Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACDH) envió en 2006 una misión al Sáhara Occidental, al término de la cual fue elaborado un informe aplastante para las autoridades marroquíes.Este informe, mantenido como confidencial pero que fue objeto de filtraciones a la prensa -- afirma que la autodeterminación es un "derecho fundamental" del pueblo saharaui, que debe disfrutar de él "sin más retraso". La delegación del Alto Comisariado para los Derechos Humanos que se dirigió a los territorios ocupados del Sáhara Occidental y a los campamentos de refugiados cerca de Tinduf concluyó que "casi todas las violaciones de los Derechos Humanos del pueblo del Sáhara Occidental (...) se derivan de la no aplicación de este Derecho Humano fundamental".

Concentración para recriminar al Gobierno español su dependencia de Marruecos y recordarle sus deberes con la población saharaui


La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara -CEAS convoca en Madrid una concentración de apoyo al pueblo saharaui, con motivo de las toma de posesión del Ministro de Asuntos Exteriores del nuevo Gobierno de Zapatero, el Martes 15 de Abril, de 18.00 a 20.00 h. frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, Plaza de la Provincia. Allí se leerá y entregará el siguiente documento:

MANIFIESTO EN APOYO AL PUEBLO SAHARAUI,
SU DIGNIDAD Y SUS DERECHOS

Nos encontramos aquí para reivindicar que esta legislatura dé comienzo a un nuevo periodo, en el que la presión ciudadana obligue al Gobierno español a cambiar su postura respecto al conflicto del Sáhara Occidental.

Hace 32 años los españoles abandonamos a los saharauis permitiendo la ocupación ilegal de su territorio por parte de Marruecos.

Durante este tiempo, Marruecos ha cometido todo tipo de abusos contra el pueblo saharaui, ha incumplido todas resoluciones de Naciones Unidas (más de cincuenta) que instan a la celebración de un referéndum de autodeterminación, ha torturado y marginado a los saharauis, los ha expulsado de su tierra, ha expoliado sus recursos naturales, ha levantado un muro de 2.500 Km. que divide el territorio y a sus habitantes, y lo ha blindado para que ni observadores de derechos humanos, ni medios de comunicación, ni otros colectivos, puedan ser testigos de las barbaridades que diariamente allí son cometidas por la maquinaria de represión marroquí.

Mientras, la pasividad de España ante este conflicto ha sido evidente, indignante e injusta. Durante todo este tiempo, todos los gobiernos democráticos han dado la espalda al pueblo saharaui incluso después de falsas promesas.

Los saharauis son algo más que un pueblo, son personas con ilusiones, con sueños, que aspiran a ser soberanos de su propio territorio en el marco del principio de la descolonización amparado por Naciones Unidas. Debido a la mala gestión de España en este proceso hoy se ven abocados al ostracismo, a vivir a la espera en los campamentos de refugiados de la hamada argelina, uno de los territorios más inhóspitos del mundo.

Por todo esto exigimos al nuevo Gobierno y al Ministro de Asuntos Exteriores un cambio de postura en el conflicto saharaui.

Demandamos al nuevo Gobierno a que ejerza toda su influencia ante Marruecos para que reconozca el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas en esta materia, que exija a Marruecos el respeto de los derechos humanos y a la Unión Europea para que cese con los acuerdos pesqueros con Marruecos en la plataforma continental del Sáhara Occidental y deje de ser partícipe de la explotación ilegal de sus recursos.

España no puede mantenerse imparcial ante esta situación, nuestro estado es históricamente responsable y nosotros como españoles tenemos el deber de exigir a nuestro gobierno el cumplimiento de los derechos fundamentales. Un gobierno que llegó al poder como abanderado de los derechos humanos no puede ignorar esta violación de normas básicas de derecho internacional ni de las libertades fundamentales.

Si España y Marruecos creían que con el paso del tiempo nos íbamos a olvidar de este pueblo y que iban a cesar nuestras protestas, se equivocaron.

Nos manifestamos hoy aquí para exigir al gobierno que asuma nuestra deuda histórica con la sociedad saharaui, por la voluntad de paz, para evitar una guerra de la que seriamos responsables.

¡Ya es hora de acabar con la censura mediática de este conflicto! ¡Ya es hora de que la opinión publica luche contra esta injusticia!

¡Ya es hora de un Sáhara libre! ¡Ya es hora de un Sáhara independiente!

(Fuentes SPS-Servicio de Prensa Saharaui y Saharaindependiente.org)

Colombia:Uribe-paramilitares

YA HAY 51 CONGRESISTAS VINCULADOS AL ESCÁNDALO DE LA 'PARAPOLÍTICA' Y 29 PRESOS, LA GRAN MAYORÍA URIBISTAS. EL JEFE PARAMILITAR MANCUSO ASEGURA QUE 'EL PARAMILITARISMO DE ESTADO SIGUE VIGENTE'

Escándalo de la 'parapolítica' completó ya 51 congresistas involucrados y 29 presos La situación tiene al Congreso en una evidente inactividad. Cada vez que se anuncia la detención de uno de sus legisladores, los ánimos se bajan y la agenda legislativa queda aplazada.

Solo el Polo Democrático Alternativo y el movimiento Mira no tiene congresistas involucrados en este escándalo.Otros partidos tienen una situación más dramática. Por ejemplo, ninguno de los cuatro senadores titulares elegidos por Colombia Democrática, está hoy en su aseiento. Tres de ellos están en la cárcel y el cuarto (Mario Uribe), está a la espera de una decisión de la Fiscalía General de la Nación que resuelva su situación jurídica.Otro caso especial es el de Colombia Viva, que ha visto pasar a tres de sus miembros por el mismo escaño. Hoy uno está detenido y los dos restantes en espera de decisión de la Fiscalía.

La mayor matanza colectiva de la historia de Colombia

No hay antecedentes de un fenómeno similar que hiciera desaparecer de sus asientos, uno por uno, semana tras semana, a decenas de senadores y representantes, para ir directamente a la cárcel. Pero se trata de la implicación de los partidos políticos y sus dirigentes en la que es considerada hasta ahora la masacre colectiva más grande de la historia reciente del país: 300 mil crímenes confesados por sus autores (asesinatos, secuestros, violaciones, desapariciones, entre otros).

Lo que ha quedado al descubierto, tras las pesquisas de la justicia, en las que se han obtenido confesiones de sus responsables, es que el fenómeno paramilitar permeó a la clase dirigente de la mayoría de los partidos. Y que muchos de ellos, unos más que otros, realizaron acuerdos con los criminales o consintieron sus acciones, a cambio de votos para permanecer activos en la arena política. Otros, inclusive, intentaron a través de esa vía, 'refundar' la nación, como ocurrió en el pacto secreto de Ralito, firmado en julio del 2001.
Aunque el fenómeno ha cobrado sus principales víctimas en el Congreso, también han caído decenas de alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, militares y empresarios.Y lo más grave: el fenómeno amenaza con seguir carcomiendo a los partidos, llegando a otros rincones del país e impactando nuevos sectores de la sociedad.Aunque los partidos de la coalición de gobierno son los más golpeados por las decisiones judiciales, pues representan la mayor suma de procesados, individualmente es el liberalismo, bastión de la oposición, el que ha llevado la mayor parte: 10 de sus congresistas están vinculados al proceso y seis de ellos están presos.


Un Congreso cuestionado

Cuatro de los congresistas privados de la libertad han sido condenados hasta ahora: Erik Morris, Dieb Maloof, Miguel de la Espriella y Alfonso Campo Escobar. Once ex congresistas también están vinculados por la misma razón. Algunos de ellos condenados, otros apenas privados de la libertad y unos más en preliminares.Este fenómeno ha permitido que políticos que obtuvieron votaciones mínimas, de incluso menos de 3.000 votos, en diversas regiones detenten hoy escaños en el Congreso.
Cada nueva detención trae a colación la discusión sobre la legitimidad del Congreso. Mientras algunos proponen el anticipo de elecciones, otros insisten en que no se debe romper la institucionalidad y sugieren que se apruebe la reforma política que incluye castigos para los partidos que inscriban candidatos que tengan vínculos con grupos ilegales.

Salvatore Mancuso, Jefe Paramilitar:
'El paramilitarismo de Estado sigue vigente'

Salvatore Mancuso fue jefe militar y posteriormente máximo dirigente de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), la organización paramilitar responsables de miles de crímenes en toda Colombia. La AUC se acogió a la ley de Justicia y Paz, elaborada por el Gobierno de Uribe, que perdona esos crímenes a quienes los confiesen y legaliza los bienes obtenidos por los paramilitares en la guerra que mantuvieron en Colombia en los últimos años, financiada con sus negocios de narcotráfico. En la entrevista que concedió Salvatore Mancuso a Terra Colombia desde la cárcel de Itagüí, el ex jefe paramilitar dice lo que los colombianos ya saben: que el paramilitarismo sigue en activo en Colombia. Lo que sigue es un resumen de la entrevista.

-Usted dice que el Estado los incitó a que se defendieran y los armó. ¿Eso sigue funcionando o siguió funcionando después de la desmovilización?
-El paramilitarismo de Estado sigue vigente. Ese paramilitarismo de Estado no se ha desmovilizado. Es la respuesta que puedo dar con relación a eso.
Es decir que funciona desde adentro ¿son los coroneles, los generales, los altos mandos?El paramilitarismo de Estado sigue vigente, no se ha desmovilizado porque no están dadas las condiciones, ni están las leyes que le permitan hacerlo. Quienes confiesen la participación en el proceso de fortalecimiento de las autodefensas o de los fenómenos violentos de paramilitares en una región, tienen una pena diferente, gravísima para ellos.
Esas penas no les va a permitir en este momento avanzar y salir a contar: ‘Yo fui o yo asumo’, por eso es que cada vez que acusan a un militar dice ‘yo no fui, yo no tuve responsabilidad’. Es mentira, es como cuando acusan a un político, él responde diciendo que 'es mentira, cómo le van a creer a un delincuente'.
Pareciera que esos militares son la mano siniestra detrás de la violencia en ColombiaEsa implementación del modelo de paramilitarismo de Estado como punta de lanza, viene como una política de Estado en alianza con los políticos y los gremios económicos. ¿Quién tiene el poder en el país? ¿Quién pone los políticos? ¿Quién tiene el poder económico?
Y ¿cómo se implementa aquella política marcada dentro de las directrices de la escuela de las Américas? (silencio). Ahí tienen la respuesta.

-Para mucha gente es difícil de creer que no tenían una retaguardia, sobre todo en un proceso que no tenía muchas certezas...
-...Varios presidentes pasaron durante nuestra presencia como actor armado y político del conflicto. E iniciamos acercamientos. El primer gobierno fue el del presidente Samper, luego el presidente Pastrana, pero el único que nos escuchó fue el del presidente Uribe.
Con el gobierno del presidente Uribe, en el año 2002, iniciamos acercamientos, una etapa exploratoria y el proceso de negociación en sí, que viene avanzando. Aún estamos en el componente judicial dentro de un proceso político, que, desafortunadamente, en este momento está a la deriva y un poco abandonado porque no se ha concretado el fin último que es ‘la desmovilización, la reinserción plena de desmovilizados -aceptándolos y recibiéndolos en la sociedad- y la responsabilidad asumida por el Estado en la seguridad de las zonas, el proceso de reinstitucionalización y la presencia de él’, en fin, solucionar las causas que dieron origen a esto que vivimos.

-Entonces ¿no hay presencia del Estado en los lugares que ustedes dejaron?
-En muchos lugares se fortaleció el Estado y la política de Seguridad democrática contribuyó a ello, pero en otros la situación es caótica. Le pongo el ejemplo del mismo departamento donde yo nací, donde me vinculé al proceso de autodefensas, que es Córdoba.Si usted mira las estadísticas de este año, en el mes de enero se registraron 63 muertes violentas, en febrero otro tanto, ahora en marzo viene otro tanto. Existe en este momento un fenómeno violento mayor al que existió cuando estaba esta zona en poder del Eln y las Farc.
Cuando estuvo en poder nuestro asumimos el control territorial, la función de Estado de facto y fuimos, realmente, la autoridad en la zona y sacamos a la guerrilla de los territorios.Hablando con el gobierno nacional durante la mesa de negociación, les dijimos, que debían comprometerse con el proceso de fortalecimiento de las instituciones, la erradicación de los cultivos ilícitos, el combate a los fenómenos delincuenciales y de guerrilla, ‘si quedan los cultivos en la zona siempre va a haber alguien dispuesto a arriesgar su vida'...

-El hecho haber publicado la carta de Caramagna, en estos días, ¿es un indicio velado de que realmente hay un rearme paramilitar?
-Si hay rearme. Y hay rearme básicamente porque, desafortunadamente, la política de reinstitucionalización del Estado en algunas regiones del país, no digo en todas, no ha funcionado como debe ser. Prueba de ello es esta región (Córdoba) y otras regiones más del país, donde la gente se está disputando los territorios.
Hay un rearme, hay una disputa entre bandas que se rearmaron y la guerrilla por el control de estos territorios. Además, están asesinando a los desmovilizados, los llaman para que hagan parte de esas bandas y los que no participan los asesinan y sumado a esto no hay una política de reinserción clara......

-¿Entonces sí hay Águilas Negras?
-Los medios de comunicación han generalizado ese fenómeno al llamarlo Águilas negras. Pero es el rearme que se ha venido dando de muchos grupos de ex autodefensas que se han vuelto a rearmar y han asumido el control de los territorios donde quedaron focos de cultivos ilícitos y narcotráfico que la guerrilla o los mismos desmovilizados en alianza con narcotraficantes y delincuencia común llegaron a controlar y empezó una disputa por esos territorios entre el narcotráfico, la guerrilla, los mismos desmovilizados, la delincuencia, etc., es una mezcolanza enorme de cosas que pasan y que advertimos desde la mesa de negociaciones y posteriormente hice público en la carta del año 2006.

-¿Tal vez el proceso fue muy apresurado y no se desmontaron todas las organizaciones que se debieron haber desmontado?
-No, se desmovilizó la gente. El problema es que se volvieron a rearmar y a establecer todos los satélites que funcionan alrededor de una organización (de apoyo, crecimiento). La gente se va a rearmar, van a surgir nuevos focos violentos, nuevamente infiltración de las instancias de poder políticas económicas, sociales y sigue el espiral de violencia, y la repetición de todos estos esquemas.


-En el libro de Carlos Castaño decía que cuando había que matar a una persona, se le enviaba a través de un papel el nombre de la persona. En aras de reconstruir la verdad histórica ¿quiénes eran los que estaban detrás esto?
-Eso nos lo contó el comandante Castaño, pero jamás nos dijo quiénes eran esas personas que participaban dentro de una situación.
Él decía que le llegaba y no sabía quién era. Pero tenía que saber quién le mandaba la información y seguramente no era en un papelito. Seguramente era una carta, un CD, un medio magnético o él mandaba algún representante a reunirse con ellos, o ellos enviaban a un representante y así le explicaban al comandante Castaño cuáles eran las visiones y las directrices en cuanto al manejo de las Autodefensas.
¿Pero quiénes eran esas personas que estaban detrás de eso?Él siempre dijo que había representantes del poder económico, del poder político, del poder militar y del poder eclesiástico, incluso...
...Ahora miremos lo otro: ¿Por qué las poblaciones, los militares y los políticos no salen a contar lo que sucedió realmente? Se lo voy a contar: porque hay un componente judicial que tiene cárcel. Si aquí se le dijera a la gente: ustedes vienen y cuentan que sucedió realmente dentro del conflicto con autodefensas y guerrilla, que responsabilidad tienen nuestros políticos, militares, los grupos económicos, todo el mundo saldría y contaría las verdades....
...El señor presidente Uribe diariamente hace encuestas y toma determinaciones con base a lo que quiere la población. ¿Por qué Uribe tiene un 84 por ciento de popularidad? Porque está haciendo lo que la población quiere que haga. Y si está haciendo lo que la población quiere que haga ¿por qué no tiene el apoyo de los otros partidos políticos?

-¿Usted ve prudente la reelección?
-Yo el tema de la reelección no lo he analizado en profundidad. Lo que puedo decir es que el de Uribe ha sido un buen Gobierno.....
(Para ver la entrevista)

LA MISIÓN FRANCESA SALE DE COLOMBIA TRAS EL COMUNICADO DE LAS FARC PERO EL CANCILLER KOUCHNER VIAJA A LA ZONA PARA SEGUIR NEGOCIANDO

La misión humanitaria enviada por Francia para socorrer a Ingrid Betancourt y a otros secuestrados de las FARC que lo necesitaran, abandona Colombia tras declaración de la guerrilla, que considera que 'no es procedente', porque no fue concertada previamente y era el resultado de 'la mala fe' del presidente colombiano, Álvaro Uribe. Pero el ministro galo de Exteriores, Bernard Kouchner, viajará a la región para 'reevaluar la situación' con los líderes más implicados en el logro de un Acuerdo Humanitario.

Comunicado de las FARC
1. La liberación unilateral de cinco congresistas y de una ex candidata a la vicepresidencia, ocurrida entre enero y febrero, fue ante todo un gesto de generosidad y voluntad política de las FARC, no de debilidad o resultado de una presión, como equivocadamente lo asume el gobierno del señor Uribe.Tales liberaciones obedecieron a una decisión soberana de la insurgencia de las FARC estimulada por la persistente labor humanitaria del Presidente Hugo Chávez y la senadora Piedad Córdoba.
2. Desde la última liberación unilateral del 27 de febrero hemos estado a la espera del decreto presidencial ordenando el despeje militar de Pradera y Florida para concretar allí, con la garantía de la presencia guerrillera, el acuerdo de canje humanitario. Los guerrilleros presos en las cárceles de Colombia y los Estados Unidos, son nuestra prioridad. Rechazamos la calificación amañada del delito político que pretende impedir que los guerrilleros salgan de las cárceles. No estamos reclamando a nadie el estatus de refugiado, utilizado como nombre camuflado del destierro y de la institucionalización del delito de opinión.
3. Lamentamos profundamente que mientras propiciábamos hechos palpables en dirección al canje de prisioneros, el Presidente Uribe planificaba y ejecutaba el artero asesinato del comandante Raúl Reyes, hiriendo de muerte la esperanza de intercambio humanitario y de paz. Quien ordena a sus generales el rescate militar a sangre y fuego, no quiere el canje. Quien ofrece millones de dólares instando a la deserción con prisioneros, no está por el intercambio. Eso es Uribe: el obstáculo principal y el enemigo número uno del canje. Por eso le apuesta irresponsablemente, todos los días, al desenlace fatal.
4. Por las mismas razones expuestas al CICR el 17 de enero, la misión médica francesa no es procedente y mucho menos cuando no es resultado de la concertación, sino de la mala fe de Uribe ante el gobierno del Elíseo, y una burla desalmada a las expectativas de los familiares de los prisioneros. No actuamos bajo chantajes ni bajo el impulso de campañas mediáticas. Si a comienzos de año el Presidente Uribe hubiese despejado Pradera y Florida por 45 días, tanto Ingrid Betancur, como los militares y los guerrilleros presos ya habrían recobrado su libertad, y sería la victoria de todos.
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, abril 4 de 2008

(Fuentes: El Tiempo-Bogotá y Terra-Colombia y ABP-Agencia Bolivariana de prensa)

Bolivia: Crisis política

EL GOBIERNO NO CONSIGUE FRENAR LA REBELIÓN AUTONOMISTA DE LAS REGIONES RICAS. EVO MORALES VUELVE A TENDER LA MANO, PERO ADVIERTE QUE NO ACEPTARÁ LOS RESULTADOS DE LOS REFERENDOS ILEGALES

El presidente boliviano Evo Morales descartó ayer toda posibilidad de militarizar Santa Cruz o decretar el estado de sitio para frenar el referéndum autonómico que la derecha cruceña quiere celebrar el 4 de mayo y reiteró su convocatoria a diálogo a los sectores opositores a su Gobierno.“En los últimos días escuchó por medio de ustedes (los medios de comunicación) sobre la militarización de Santa Cruz y sobre el estado de sitio, pero eso es totalmente falso, ni siquiera se me había pasado por la mente" dijo ayer ante la prensa.

Morales afirmó que cualquier solución pasa por el diálogo y las negociaciones, para que las partes lleguen a entenderse para encontrar una solución a la crisis política que atraviesa el país.

Las regiones autonomistas, dispuestas a la rebelión

Las cuatro regiones gobernadas por opositoras al Gobierno de Evo Morales, Beni, Santa Cruz, Pando y Tarija, amenazan con actuar en bloque para ejercer la autonomía, mediante la administración directa de sus recursos naturales y sin descartar el recurrir al Tribunal de La Haya,.
El dirigente cívico del Beni, Alberto Melgar, dice que el Consejo Nacional Democrático (Conalde) formado Cochabamba y Chuquisaca y las cuatro regiones anteriores, aprobará los mecanismos alternativos para poner en marcha las autonomías, si hay un intento de frenarlas. En caso de que se congelen los fondos departamentales, optarán por la administración directa de los recursos naturales en cada departamento. "Nos van a obligar a incurrir en acciones que sabemos y somos conscientes no debemos hacerlas", dice Melgar.

El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, aseguróque el resultado del referéndum cruceño del 4 de mayo, como las otras tres consultas que se realizarán en junio, no podrán aplicarse porque son ilegales."Creemos que aquellos que están en el terreno de la ilegalidad, si persisten en ello, tendrán muchas dificultades a la hora de tratar de aplicar los actos de un resultado irregular, que no podemos llamarlo un referéndum".

Por su parte, el presidente cívico cruceño, Branko Marinkovic, dijo en una campaña de recaudación de fondos proautonomía en Beni, que "ahora más que nunca las regiones autónomas debemos apoyarnos y trabajar juntas", según publicó el citado diario. Melgar recalcó que los referendos son legales y sus resultados deberán ser aceptados. Dijo que, en el marco del Conalde, se plantea apelar al Tribunal de La Haya para que el "Gobierno reconozca este proceso".

Sin embargo, el mimistro Rada , como ya lo hiciera Evo Morales, anunció juicios. "Estamos en la obligación de iniciar procesos legales a aquellos que han realizado, fomentado y convocado a actos ilegales".

Los obispos inician la mediación

Los obispos católicos bolivianos decidieron reunirse sólo con los prefectos (gobernadores) opositores involucrados directamente con la demanda de autonomía, para buscar una salida al conflicto . La mediación fue solicitada por el presidente Evo Morales.

Los obispos, que destinaron su homilía de todas las misas del domingo a invocar la paz y a deponer actitudes de enfrentamiento, recibían el lunes por la noche a cinco prefectos en Cochabamba, centro del país, para analizar la situación durante cuatro días.

Dentro de 27 días está previsto el referendo sobre los estatutos autonómicos de Santa Cruz, que el gobierno federal considera ilegal. Oficialistas y opositores coinciden en que sólo si se flexibilizan las posiciones antagónicas se evitará un enfrentamiento y el riesgo de una división de Bolivia, pero en las últimas horas ambas partes ratificaron sus posturas.

El presidente, Evo Morales, declaró sobre la mediación de los obispos: "Esperamos que la reunión pueda dar pasos importantes para que los cambios estructurales se realicen en el marco de la legalidad y que pueda darnos soluciones pacíficas".

El gobernador de Cochabamba, el opositor Manfred Reyes Villa, limitó la posibilidad de una revisión de las posturas de su sector, que dijo quiere que la Iglesia le pida al gobierno de Morales que "reflexione" y que busque "una salida pacífica y no una solución por el desastre".

El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, indicó que los obispos escucharon las explicaciones sobre las profundas diferencias que mantienen con las autoridades del Gobierno Nacional, pero advirtió que "la gente espera soluciones importantes que se encaminen, primero dentro de un proceso en marcha que no vamos a renunciar nadie". Después de una primera reunión de casi cuatro horas, Costas y el cardenal Julio Terrazas hablaron con la prensa. Costas informó que en el encuentro no salió nada definitivo, excepto la ratificación opositora de seguir adelante con sus referendos autonómicos, cuyo primer capítulo se inscribiría el próximo 4 de mayo. "Se va hacer todos los esfuerzos para buscar el consenso, para buscar encuentros, anticipando la posibilidad de que podamos estar en algún momento, cuando estén dadas las condiciones, para buscar un gran acuerdo, un gran pacto social que pueda servir para todos los bolivianos", dijo Costas.

Y el cardenal Julio Terrazas advirtió que el proceso de diálogo no ha hecho más que empezar. "También hay que entender que un proceso no se vive con problemas cuando viene ya de lejos, y estos problemas en Bolivia no los podemos resolver sin las horas de reunión necesarias."

En marcha rebelión ciudadana contra la autoanomía cruceña

Tres sucesos recientes evidencian que el proyecto autonómico impulsado por las elites políticas y empresariales de Santa Cruz no goza de la confianza de un importante sector de la población del departamento. Surgió en la zona gasífera de Camiri un movimiento popular que reivindica la autonomía provincial; cinco pueblos indígenas comenzaron a redactar un estatuto autonómico propio, y en la capital cruceña un grupo ciudadano convoca a la abstención en el referéndum del 4 de mayo.

Los sectores de este heterogéneo bloque defienden las autonomías como un legítimo derecho de los pueblos y regiones al autogobierno y la libre determinación, pero rechazan la autonomía impuesta por la clase dominante local. El colectivo entiende que la patronal cruceña, aprovechándose del legítimo sentimiento autonomista del pueblo, promueve la aprobación de un estatuto autonómico de carácter secesionista, excluyente y centralista con el objetivo de perpetuarse en el poder.

El 2 de abril, más de 15 mil personas reunidas en un cabildo popular en Camiri decidieron impulsar la “autonomía provincial” para la región y repudiaron las “autonomías departamentales separatistas” del presidente cívico Branko Marinkovic y del prefecto Rubén Costas. “Camiri lucha por un proyecto nacional y reivindica las autonomías provinciales que buscarán manejar los recursos naturales para la nación boliviana y no para un grupo de oligarcas (…) Este es un mensaje contundente de los chaqueños para el ‘macaco’ Costas: no queremos ser tributarios del centralismo cruceño”, declaró el asesor del Comité Cívico de Camiri Mirko Orgaz.

El pensamiento camireño sintoniza plenamente con la visión de los activistas del movimiento social de la capital. En las conclusiones de la mesa de reflexión “El tesoro perdido de las autonomías”, instalada en el marco del Cuarto Encuentro Social Alternativo de Santa Cruz, se lee: “Todos buscamos oportunidades para ejercer nuestra facultad de aportar al desarrollo de políticas públicas departamentales. Y en el marco de un país unitario somos militantes de las AUTONOMIAS ; sin embargo, no apoyamos el Proyecto de Estatutos Autonómicos (de Santa Cruz) porque, muy a pesar de los derechos que enuncia, las estructuras que establece no permiten una auténtica Participación Ciudadana y por el contrario refuerzan el modelo administrativo centralista, esta vez encerrado en el poder del Gobernador y relegando, e incluso invisibilizando, a varios sectores sociales”.

Aunque ignorado por la prensa boliviana, el Cuarto Encuentro Social Alternativo (ESA) celebrado el 29 y 30 de marzo fue todo un acontecimiento por la variedad de instituciones que debatieron temas candentes y actuales como la discriminación, el aumento de la intolerancia racial y el uso de la violencia para imponer un estatuto autonómico ilegítimo e ilegal; y por el contenido de las reflexiones y propuestas que allí se lanzaron.

Tras los debates del ESA, los movimientos sociales cruceños concluyeron que las huestes autonomistas de los empresarios y las elites políticas recurren a la “fuerza bruta” y gritan para atemorizan a sus enemigos, pero “la única verdad es que ellos tienen más miedo que nadie. Y como tienen miedo, gritan”. En la Declaración del ESA, se convoca a la sociedad civil de Santa Cruz y del país a participar activamente en una “Campaña contra la Discriminación” que concluya con la formulación de una propuesta de norma jurídica que prevenga y penalice la discriminación en todas sus formas.

En el ESA se acordó luchar por autonomías democráticas construidas y aprobadas por el pueblo, y se rechazó el referéndum del 4 de mayo que pretenden imponer grupos minoritarios de Santa Cruz.

Las organizaciones convocaron a la abstención militante y combativa como forma de rechazo al “estatuto autonómico logiero”, amparándose en el artículo 8 de la ley del Referéndum que condiciona la concurrencia del 50% del electorado para validar la consulta ciudadana.

El dinero, con los autonomistas del latifundio

La millonaria campaña mediática desplegada por cívicos y empresarios no ha podido contener a la emergente rebelión ciudadana en la ciudad, en tanto que la excesiva violencia y represión en las provincias ha enardecido a indígenas y campesinos. En todo caso, esta campaña terminó por visibilizar a los verdaderos líderes de la revuelta: empresarios de la banca y del comercio y agroindustriales dueños de enormes haciendas.

En la mesa “Tierra Territorio” del ESA, las organizaciones sociales de base constataron que la nueva Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria incorpora derechos históricos negados a los indígenas y campesinos, dueños y dueñas ancestrales del territorio nacional. A la gente le pareció “aberrante y atentatorio a los derechos humanos” que en Bolivia, un país de 109 millones de hectáreas y con 37% de población rural, existan familias campesinas e indígenas sin tierra. Es inconcebible, comentaron, que a ésta altura de la vida republicana más de mil familias guaraníes cautivas en el Chaco permanezca sometidas a la esclavitud por los hacendados de la zona.

Casi por instinto, el pueblo interpela al patrón y se enfrenta a sus capataces. Eso ocurrió el 2 de abril, cuando el masivo cabildo en Camiri exigió la renuncia del alcalde Gonzalo Moreno y del subprefecto de la provincia Cordillera, Marcelino Apurani, representantes directos de Costas y Marinkovic y miembros activos del “comité de defensa de tierra” creado por hacendados para evitar el saneamiento de sus tierras y la titulación de una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) a favor de indígenas guaraníes.

(Fuentes:Red Erbol,La Razón-Bolivia, Europa Press, ANSA-Latina Agencia PÚLSAR y ABI-Agencia Boliviana de Información)

Latinoamérica: Infancia y pobreza

CADA AÑO MUEREN EN LA REGIÓN VEINTE MIL NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS POR FALTA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Más del 40% de los niños menores de 5 años en América Latina no tienen acceso adecuado a saneamiento. Cerca de 20 mil de ellos mueren anualmente antes de cumplir esa edad en consecuencia de enfermedades desarrollados por falta de saneamiento. Los datos son del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Para Ann Veneman, Directora Ejecutiva de Unicef, "La ausencia de saneamiento adecuado tiene serios impactos sobre la salud y el desarrollo social, especialmente para los niños y niñas. Las inversiones en el mejoramiento del saneamiento acelerarán el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio y salvarán vidas".
En América Latina y el Caribe 124 millones de personas no poseen instalaciones de saneamiento mejorado. Así, ellas son obligadas a usar medios como la defecación al aire libre e instalaciones deficientes para la disposición de sus excretas. Sólo el 14% de las aguas residuales de la región son tratadas, mientras el 40% de los residuos sólidos no son dispuestos adecuadamente, contaminando la tierra y los cuerpos de agua.

La falta de saneamiento afecta no sólo a las personas que viven en áreas carentes de esos servicios, sino a toda la sociedad, puesto que más del 75% de las aguas residuales son arrojadas al medio ambiente sin tratamiento alguno, contaminando las mismas fuentes de aguas que usamos todos para beber.

Por año, en el mundo más de 200 millones de toneladas de desechos humanos quedan sin recolectar ni tratar. Unicef insta los Estados a promover el saneamiento también en las escuelas, pues beneficia el aprendizaje y la salud de la infancia.
"La falta de instalaciones de saneamiento limpias, separadas y privadas en las escuelas es una de las razones por la que los niños, y especialmente las niñas en etapa de pubertad, son renuentes a asistir a las escuelas", dijo Unicef.

El saneamiento mejorado tiene efectos positivos además en el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y significa menor degradación ambiental. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, cada dólar invertido en mejorar el saneamiento para alcanzar la meta trazada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio genera, en promedio, un beneficio económico de 12 dólares.
"El costo aproximado de 800 millones de dólares al año para reducir a la mitad la proporción de personas que no cuentan con saneamiento básico antes de 2015 es modesto y posible de asumir. Si se sostiene, esta misma inversión podría lograr el saneamiento básico universal en uno o dos decenios", añadie el Unicef.

Guatemala: La desnutrición más alta de Latinoamérica

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha ddao a conocer un informe que coloca a Guatemala como el país con más alta tasa de desnutrición crónica en Latinoamérica y el sexto a nivel mundial.
"Cuando la desnutrición le ocurre a un niño nos hace daño a todos, si le ocurre a mil niños ni se diga y a Guatemala esto le afecta a un millón de niños", afirmó el experto del organismo internacional Manuel Manrique, al presentar el informe "La niñez guatemalteca en cifras".
El experto afirmó que Guatemala es "el país latinoamericano con más alta desnutrición crónica y es el sexto país del mundo con más grave situación en materia de desnutrición crónica".
De acuerdo con el informe, que es una radiografía de la situación y define política y líneas de acción concretas en favor de ese sector, Guatemala tiene una tasa de desnutrición crónica que afecta al 49% de la niñez, le sigue Honduras con un 29%, Bolivia (27%) y Ecuador (26%). Por el contrario, el mejor país de Centroamérica en tema de desnutrición es Costa Rica con apenas el 6%.

"El informe busca poner en lugar la situación, por ello evidencia cuáles son los grandes temas, entonces el gobierno y la sociedad guatemalteca tienen que que poner énfasis en la problemática", agregó el delegado del organismo internacional.
"Este es un campanazo de alerta que hace rato la sociedad y el propio estado están dando, pero este es el momento para agilizar las acciones y hacer lo necesario de manera concreta para arrinconar progresivamente a la desnutrición crónica", afirmó. "Como movimiento social vemos el informe importante, el tener a la vista estadísticamente como está la situación de la niñez en Guatemala y poder hacer propuestas conjuntamente que ayuden a esa niñez que está vulnerable", agregó la activista del Movimiento por la Niñez y la Juventud, Alejandra Vásquez.

Según el informe de Unicef, las causas principales de la morbilidad infantil en Guatemala son por infecciones respiratorias (37,8), diarreas (10,5) y dermatitis no especificada (6%).

México: El gobierno no garantiza a los niños sus derechos sexuales

El director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Gerardo Sauri, denunció la falta de compromiso del gobierno mexicano para cumplir con una recomendación emitida por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en 2002, la cual se refiere a la necesidad de elaborar políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva que tomen en cuenta los diversos tratados internacionales que han firmado las autoridades federales mexicanas.

"El Comité de los Derechos del Niño de la ONU es un órgano constituido a partir de la firma y ratificación de la Convención de los Derechos del Niño en 1990 y evalúa los informes que los Estados que ratificaron dicha Convención les presentan cada cinco años". Durante su participación en el debate "El derecho a la educación sexual", el experto atribuyó el incumplimiento de la recomendación a los "prejuicios y desinterés" que tienen quienes diseñan las políticas públicas. Agregó que la vinculación de funcionarios públicos a grupos conservadores que ven los derechos sexuales y reproductivos como una "amenaza", dificulta el avance y consolidación de los derechos humanos.

Al referirse a la educación sexual para niños y niñas, Sauri mencionó que cada vez se acepta más el derecho que tiene este sector de la población a recibirla, sin embargo, dijo que los problemas surgen cuando se habla del enfoque que ésta debe tener. "En el discurso político predomina la idea de que los adultos somos los propietarios y administradores de los derechos de los niños. Son la extensión de nuestros sueños frustrados, además de que se les adjudican cargas sociales. La mancha oscurantista no sólo ha crecido en el debate público sino en la esfera política y de gobierno".

Gerardo Sauri dijo que si durante el segundo año de la administración calderonista, no se elabora un Programa Nacional de Atención a los Derechos de la Infancia que tome en cuenta la recomendación del organismo de la ONU, unido a que se trata de una obligación establecida en el artículo 7 de la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, durante el resto del sexenio "difícilmente se hará". Apuntó que el Estado mexicano tiene la obligación de generar datos sobre la infancia, pues hasta ahora se desconocen los niveles y formas de violencia ejercidas contra niños y niñas.

Treinta millones de niños hambrientos en Latinoamérica

Unos 52 millones de niños son pobres en América Latina y de ellos unos 30 millones padecen hambre, pese a que la región produce tres veces los alimentos que necesita, según informes de varias organizaciones internacionales, como Unicef o la Cepal.

La situación es especialmente crítica en Argentina, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia, Panamá, Bolivia y Ecuador. En ellos, hasta uno de cada cuatro niños carece de alimentación adecuada.

Por contraste, Costa Rica, Chile y Uruguay presentan datos cercanos a los países desarrollados, con menos de un diez por ciento de indigencia entre los menores de 18 años.

En cifras globales, los niños pobres son hoy más que en 1980, según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), titulado "La pobreza infantil en América Latina".
En Brasil, no obstante, la situación mejoró los últimos años con las políticas asistenciales impulsadas por el gobierno.

La mayor paradoja es que el incremento de la pobreza infantil se mantiene desde 1990, período que coincide con una fase de recuperación económica de la región, acompañada por mayores coberturas de salud y educación. De hecho, América Latina registra los mejores índices de todas las zonas en desarrollo en mortalidad de menores de cinco años, bajo peso al nacer, inmunización y presencia de parteras capacitadas en los nacimientos, entre otros.
En total, unos 17.5 millones de niños menores de cinco años no tienen agua potable, situación que empeora en las zonas rurales, donde seis de cada 10 infantes carecen de este derecho. Algunos de los países más afectados son Nicaragua, Honduras, Bolivia y México, debido a las altas tasas de natalidad que presentan aún los hogares pobres en esas naciones.Asimismo, casi la mitad de la población entre 0 y 18 años no tiene acceso a saneamiento o alcantarillado, situación que complica su situación sanitaria. En Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay la cifra se eleva a dos de cada tres niños y adolescentes.

(Fuentes: Adital, AFP, Notiese-México, RadioLaPrimerísima y DPA)

Argentina:Protesta agraria

No confundir campesinos con terratenientes

Adolfo Pérez Esquivel(*)
Alai-amlatina

El paro agrario en la Argentina desde hace más de 15 días, es utilizado por sectores golpistas para desestabilizar al gobierno y seguir explotando al pueblo con total impunidad.Las retenciones que el gobierno impone a las exportaciones tienen diversas lecturas y contradicciones que han confundido, y generado que los sectores del campo coincidan en la protesta. Es necesario diferenciar si están juntos y revueltos para desestabilizar al gobierno, o tienen la suficiente claridad para diferenciarse en la lucha y reclamos. Hay que diferenciar y saber si están juntos, pero no revueltos y hasta dónde llega estar juntos sin quemarse.Recuerdo esa pequeña historia que dice: “El ladrón corre hacia el Este y el policía corre hacia el Este. Los dos corren hacia el Este pero con intenciones diferentes”.

Los productores agropecuarios nunca tuvieron tantas ganancias como en los últimos años, beneficiándose por la política de cambio y las exportaciones de soja y girasol. Los indicadores son elocuentes y concretos. Sin embargo es necesario hacer un análisis de los costos que esa actividad tiene para el país, su rentabilidad y concentración de la riqueza en pocas manos. Las grandes corporaciones agropecuarias, las transnacionales han destruido, y quemado miles de hectáreas de bosques, apropiándose de grandes extensiones de tierra para plantar soja transgénica. Utilizan agroquímicos altamente contaminantes sin importarles las consecuencias para el medio ambiente y vida de los pobladores.Por otra parte, las contradicciones del gobierno no son pocas, pero hay que reconocer que ha dado algunos pasos importantes hacia la recuperación económica y eso es positivo.

El saqueo a que fue sometido el país durante la crisis de 2001 fue un golpe de Estado económico, sacando al exterior los capitales y llevando al cierre de fábricas, desabastecimiento, aumento del desempleo y pobreza, provocado por capitales financieros y el sistema bancario, que buscaron el vaciamiento del país sin importarles las consecuencias sociales.Sectores de la llamada “clase media, acomodada” salieron estos días en “apoyo al campo” con la cacerola de acero inoxidable y cucharita de plata a apoyar el paro agrario.La falta de memoria, a muchos les ha jugado una mala pasada.

Se olvidaron que la clase media acomodada siempre creyó estar a salvo de la debacle del país. La realidad les demostró que el capital financiero no tiene amigos, tiene intereses y que también fueron víctimas del vaciamiento económico y muchos perdieron sus recursos y ahorros depositados en los bancos. Es necesario hacer memoria y saber porqué hoy nadie se hace responsable de esa situación y lamentablemente la impunidad continúa.

El gobierno tiene que asumir que se equivocó al poner las retenciones por igual y no diferenciar a los pequeños y medianos productores rurales, que son la mayoría, y muchos con serias dificultades en su producción y con sus campos hipotecados; se equivocó al juzgarlos con la misma vara con que mide a las grandes corporaciones y terratenientes que tienen ganancias exorbitantes que sacan del país y que no están dispuesto a la re-distribución de la riqueza.Reitero, estamos frente al cuento del ladrón y el policía, en que los dos corren hacia el Este pero con intenciones diferentes.

La presidenta Cristina Fernández Kirchner pidió que levanten el paro para dialogar y encontrar una salida al conflicto. Es una medida prudente que los productores rurales no pueden dejar pasar. El diálogo es el camino para encontrar soluciones.El gobierno no puede volver a equivocarse y tiene que diferenciar al campesino de los terratenientes.

No hay que permitir ni dejarse arrastrar por los golpistas para que se enfrenten trabajadores contra trabajadoresHay veces en la vida que la enseñanza es dura, pero se aprende. Los campesinos luchan por sus derechos y resisten en la esperanza para alcanzar a vivir con dignidad y recuperar la soberanía nacional, hoy amenazada por los grandes intereses económicos que se niegan a re-distribuir la riqueza.

El gobierno debe tener políticas claras y coherentes entre el decir y el hacer. Hoy están vendiendo el territorio nacional, devastando sus riquezas y empobreciendo al pueblo. Las retenciones son necesarias, no sólo al agro, a las empresas mineras, a las petroleras, para ello es necesario políticas públicas para evitar la explotación irracional y recuperar la soberanía perdida.

Las retenciones deben dirigirse correctamente para construir el país que queremos.Queda un largo camino a recorrer que es necesario asumir entre todos y todas.-

(*)Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nobel de la Paz.

No confundir el campo con los campesinos
por Ricardo Natalichio (*)

El conflicto que se vive en Argentina por la rebelión de los productores rurales y que ha sido reproducido en medios de comunicación de todo el mundo, requiere de un análisis profundo. En este país el campo y los campesinos desde hace unos cuantos años no son la misma cosa. Abordaremos el caso de Argentina, pero este es un modelo que se reproduce, en mayor o menor medida, en toda América Latina.
Desde la década del '90, con la presidencia de Carlos Menem, se comenzaron a producir grandes cambios en el sector agropecuario. La sojización del campo, trajo aparejada una fuerte concentración de las tierras más fértiles en manos de los llamados pool de siembra y su consiguiente éxodo de mano de obra excedente hacia las grandes ciudades.
Cientos de miles de familias de campesinos se fueron viendo forzados a abandonar el campo presionados por un nuevo modelo de agricultura, que no necesita agricultores. Los pequeños productores fueron siendo sistemáticamente fagocitados por los pool de siembra y hoy la Argentina toda, es una inmensa plantación de soja, que ya ocupa casi el 70% de la superficie total sembrada.
Desde el gobierno se plantea que la suba en las retenciones a la soja, está pensada como estrategia para desalentar el incremento de este cultivo a lo largo y a lo ancho del país, ya que los extraordinarios precios internacionales obtenidos por el monocultivo de la soja, desalientan la producción de otras siembras como el trigo, el maíz y otros productos agrícolas necesarios para abastecer al mercado interno.

Por otra parte, no olvidemos que los monocultivos incentivan el uso de fertilizantes y agroquímicos altamente contaminantes. Que producen desertificación, contaminación del agua y pérdida de biodiversidad.
Estamos de acuerdo con que las retenciones, así como están planteadas, concentran la riqueza en Buenos Aires. Pero la solución a esto pasa por que el gobierno debe incrementar el gasto nacional en aquellas regiones que lo necesiten, alentando la diversificación de cultivos y apoyando la creación, financiación y el trabajo de las PyMEs y los campesinos, que son los mayores creadores de empleo y productores de alimentos.

Se ha instalado desde los medios de comunicación la falsa premisa de que el campo es el que alimenta y financia al país. Esto es una doble falacia, en todo caso los que proveen de alimentos al país son los campesinos, ya que el campo sólo produce soja para exportar. Y financieramente, los ingresos que genera el campo para el país provienen de las retenciones, que son el motivo de su protesta.
El verdadero problema de fondo es la concentración de la tenencia de la tierra, pero esto por ahora ni se debate. Los alimentos no pueden ser objeto de ganancias ilimitadas. La Biodiversidad es una riqueza de los pueblos y la tenencia de la tierra, debe estar en sus manos.

El futuro de los campesinos, la sustentabilidad de la tierra, la contaminación del agua, la pérdida de diversidad biológica, la desertificación, la soberanía alimentaria; no dependen del porcentaje de las retenciones, sino de un modelo de país.

(*) Artículo publicado en Ambiente y Sociedad, nº 337, 27 de marzo de 2008
http://www.ecoportal.net/

(Fuentes: Vientos del Sur y Mientras Tanto)

Brasil: Violencia en Río

LA POLICÍA VUELVE A PERPETRAR UNA MATANZA EN LAS FAVELAS DE RÍO Y, BAJO LA EXCUSA DE QUE COMBATE EL CRIMEN, ABATE A SIMPLES POBLADORES. LA POBLACIÓN CONSIDERA TAN PELIGROSOS A LOS AGENTES COMO A LOS NARCOS

Diez supuestos delincuentes brasileños murieron en "enfrentamientos" que se prolongaron varias horas en dos favelas del oeste de Rio de Janeiro, según informes de la policía. Los datos de los habitantes de las favelas y los hospitales son once muertos.

Gilberto Ribeiro, jefe de la Policía Civil de Rio de Janeiro, informó en una conferencia de prensa que diez personas fallecieron durante los "enfrentamientos" ocurridos en las favelas Vila Alianza y Coreia. Según portavoces oficiales del Hospital Albert Schweitzer,al que fueron trasladadas las víctimas, hubo once muertos y no diez, como reportó la policía. La policía también detuvo a siete "sospechosos", pero uno de ellos recuperó la libertad pocas horas después.

Dos helicópteros con tiradores dieron apoyo a los 150 hombres de los departamentos de Combate a las Drogas, Represión de Armas y Explosivos y de Homicidos que llegaron a las 6 de la mañana, hora local, a las dos comunidades, donde permanecieron hasta las 13.30.

"Fue una operación planeada, tenemos el deber de combatir a los criminales y vamos a cumplir nuestra función" afirmó el secretario de Seguridad Pública del Estado de Rio , José Mariano Beltrame. En otro operativo, con 300 policías, realizado en esa misma región de Rio de Janeiro en setiembre de 2007, la policía mató a 12 personas, incluido un niño de 4 años. También en esa ocasión dijo que se trataba de delincuentes.

En Junio, los policías mataron a 19 habitantes, 16 ejecutados inermes

Los comandos de elite brasileños ejecutaron a 16 personas desarmadas en junio de 2007 en una de las mayores favelas de Río de Janeiro. Esa fue la conclusión a la que llegó la Secretaría Especial de Derechos Humanos, que depende del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La investigación se basó en el operativo más sangriento y uno de los más grandes que se realizó en la ciudad carioca el pasado año. Cerca de 1400 policías invadieron con ametralladoras, tanques y helicópteros el Complejo de Alemán para allanar los supuestos centros de operaciones de los narcotraficantes. El resultado fueron 19 muertos y una lluvia de denuncias de ONG y desde el mismo Congreso carioca sobre violaciones a los derechos humanos.
El megaoperativo del Complejo de Alemán se convirtió con el tiempo en el icono de la política de represión del gobernador Sergio Cabral en las favelas. A los pocos días de la invasión, que duró apenas 24 horas, la Orden de Abogados de Brasil (OAB) aseguró que había recibido varias denuncias sobre presuntas ejecuciones policiales en la favela carioca.

Según familiares y vecinos de las víctimas, los supuestos narcotraficantes no eran tales y, además, habían sido asesinadas a sangre fría cuando estaban indefensas. Meses después, una investigación de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río confirmó estas versiones y concluyó que al menos diez de los 19 muertos habían sido ejecutados por la policía.
La investigación de la comisión legislativa se basaba en pericias realizadas por el Instituto Médico Legal de la ciudad, las mismas que luego fueron utilizadas por la Secretaría Especial de Derechos Humanos. Según esos estudios, varias de las víctimas más jóvenes murieron por disparos en la espalda o la nuca. Uno de ellos, incluso, fue acribillado.

Pablo Alves da Silva, de 15 años, recibió nueve balas, dos en la cabeza, una en el cuello, una en el tórax, otra en el brazo derecho y cuatro en la espalda.

Las denuncias y los cuestionamientos llevaron a que el gobierno de Río, muy a su pesar suspendiera los ataques provisionalmente. Sin embargo, el 30 de julio la policía reactivó sus operativos, aprovechando los Juegos Panamericanos y el miedo que existía en el exterior ante eventuales ataques a la villa deportiva. Desde esa fecha hasta la actualidad, más de cien personas –siempre supuestos narcotraficantes, según la versión oficial– murieron a manos de policías en las favelas y sus alrededores.

En una de las últimas ofensivas, a finales de octubre, cientos de policías ingresaron con tanques y helicópteros en la favela de la Coréia. El operativo terminó con 12 personas muertas, una de ellas, un niño de cuatro años que quedó atrapado en el fuego cruzado. Sólo unos días después, millones de brasileños se horrorizaron al ver en la pantalla de Globo cómo un helicóptero policial perseguía disparando a dos jóvenes que corrían por los pasillos de la favela, escapando de los agentes de elite.

El gobernador de Río, Cabral, cuestionó el sensacionalismo de los medios y ratificó su apoyo a los operativos en las favelas.

La Policía de Río eliminó 694 personas en el primer semestre de 2007

El Instituto de Seguridad Pública del Estado de Río de Janeiro informó que la policía de esa ciudad mató a 694 personas en el primer semestre del 2007.Esto representa un 33,5 por ciento más de víctimas en operativos policiales que en el mismo período del año anterior. Con un mes más, el número de muertos se eleva a 845.Estas cifras marcan que el primer semestre de ese año es el que registró mayor cantidad de muertes a manos de la policía de Río de Janeiro desde el 2000.

Amnistía Internacional consideró que la Policía de esta ciudad brasileña es una de las más violentas del mundo. Y señala que esta fuerza tradicionalmente trata de justificar los asesinatos de civiles, al señalarlos como integrantes de bandas de traficantes que se resisten a ser detenidos.

Mientras que el gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, aseguraba que la fuerza policial cuenta con su apoyo para actuar de esa forma

En un informe de Amnistía alertó que más de 1.000 personas murieron en presuntos enfrentamientos con la policía en 2006, apenas en las dos mayores ciudades del país (807 en Río de Janeiro y 528 en Sao Paulo), en situaciones que "parecían indicar" en muchos casos uso excesivo de la fuerza o ejecuciones extrajudiciales. Las cifras, además, no incluyen las muertes provocadas por las "milicias", como son conocidos los grupos paramilitares creados en los últimos años por policías y ex uniformados para disputar el control de las favelas con los narcotraficantes.

El elevado número de muertes de civiles por la policía se conoció en medio de la polémica provocada en todo el país por la película "Tropa de élite", que relata los bastidores de un grupo de operaciones especiales de la policía que recurre a la tortura y a las ejecuciones extrajudiciales para combatir el crimen en Río. El filme, con escenas de tortura que llegan a ser aplaudidas en las exhibiciones, ha dividido a los que lo consideran una apología a la violencia y los que lo interpretan como una demostración del nivel de degradación al que ha llegado la policía en la ciudad.

(Fuentes:ANSA-Latina, BBC-Mundo y Pepitorias)

Ecuador: Constituyente

LA NUEVA LEY PETROLERA PONE LOS RECURSOS EN MANOS DEL ESTADO Y DA SOLVENCIA ECONÓMICA AL GOBIERNO PARA EMPRENDER INVERSIONES EN TODO EL PAÍS. EL PRESIDENTE CORREA MANTIENE UN APOYO DEL 62 POR CIENTO


La nueva Ley Orgánica para la Recuperación del Uso de los Recursos Petroleros permite hoy al gobierno ecuatoriano contar con unos cinco mil millones de dólares para obras de infraestructuras y proyectos sociales. La resolución, aprobada este miércoles en la Asamblea Constituyente, pone fin a regulaciones que establecían el uso exclusivo de gran parte de los ingresos petroleros para pagar deudas y engordar determinados fondos de ahorro y contingencias.
Propuesta por el gobierno, la legislación recibió el respaldo de 89 asambleístas, mientras fue rechazada por representantes de la minoría, integrada por los partidos Socialcristiano, Renovador Institucional y Sociedad Patriótica.
La delegada Maria Paula Romo recalcó que esta ley facilitará la incorporación de unos cinco mil millones de dólares al presupuesto del Estado y su utilización en grandes proyectos hidroeléctricos o de reconstrucción vial.
Puntualizó que esta disposición determina además la creación de un Comité de Deuda y Financiamiento.
Este se encargará del análisis y recomendación de contratos de débitos públicos externos y definir los créditos comerciales y convenios de préstamo de proveedor, cuyo monto supere el 0,15 por ciento del plan presupuestario general.
Esa comisión estará integrada por el presidente del país, el ministro de Finanzas y el titular de la Secretaria Nacional de Planificación.
Con esta propuesta se destierra una política económica en la cual “los fondos y fideicomisos nos quitaban autonomía y soberanía para decidir sobre los recursos que le pertenecen al Ecuador”, aseveró Romo.
La nueva legislación cuenta con 13 artículos y su último apartado señala que “toda negociación de reestructuración, canje, colocación, redención o recompra de deuda externa y colocación de bonos deberá ser analizada y aprobada por ese denominado comité".
Los recursos de origen petrolero que ingresen al presupuesto en calidad de de capital se utilizarán única y exclusivamente para inversión y no para asignaciones de gasto corriente, de acuerdo con el texto.
Para el gobierno, se trata de una ley que posibilitará acelerar la construcción de refinerías y centrales hidroeléctricas, incrementar la explotación de los campos de crudo y atender las necesidad de los sectores de salud y educación, lo cual significa apostar por el desarrollo.

Aprobados los 5 primeros artículo de la Constitución

La Asamblea Constituyente de Ecuador, con 105 asambleístas presentes en la sala, aprobó ayer los cinco primeros artículos de la nueva carta magna que corresponden a la soberanía territorial. Entre las novedades está el artículo cinco en el que se incluyó la negativa a que, en el territorio nacional, se instalen bases militares extranjeras. La decisión se funda en el rechazo del bloque oficialista a la instalación de la base de Estados Unidos en la ciudad costera de Manta para tareas de control del narcotráfico. El convenio con Estados Unidos concluye en 2009 y el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, reiteró que no lo renovará.

El primer artículo tiene que ver con la definición de territorio, en tanto el segundo indica que "el territorio es inalienable, irreductible e inviolable" y que "nadie podrá atentar contra la unidad territorial ni fomentar la secesión".

El tercero afirma la soberanía del Estado sobre los recursos naturales no renovables y el patrimonio cultural.

El cuarto estipula que el estado ecuatoriano "ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria, los espacios marítimos y la Antártica, de conformidad con las normas del Derecho Internacional y con la legislación nacional".

Finalmente, el quinto establece que "Ecuador es un territorio de paz" que no "permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares".

Correa, con el 62 por ciento

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, tiene una aprobación de 62 por ciento, según una encuesta difundida ayer. El mandatario mantenía un nivel de aprobación de 54 por ciento el 29 de febrero, luego ascendió a 66 por ciento el 9 de marzo, tras la gestión por el ataque colombiano, y el 31 de marzo se situó en 62 por ciento, según una encuesta de la empresa Cedatos-Gallup.

La actuación de Correa en torno del ataque militar colombiano en territorio ecuatoriano el 1ro. de marzo generó la aprobación de 80 por ciento de la población. La aprobación de Correa "ha registrado varios cambios", según Cedatos, en los 14 meses que lleva de gobierno. Cuando asumió en enero de 2007, el nivel de aprobación se situó en 73 por ciento y a enero de 2008 se ubicó en 55 por ciento.

El nivel de aprobación de la actuación de la Asamblea Constituyente que elabora una nueva Constitución es de 34 por ciento al 30 de marzo, según la encuestadora. La credibilidad de los asambleístas es de 32 por ciento. En noviembre, cuando se instalaron las sesiones de la Asamblea, era de 57 por ciento.

Empieza paro indefinido en contra explotación minera

La Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía (CNDVS) de Ecuador comenzó ayer un paro indefinidopor la defensa de la soberanía del agua, la tierra y el territorio del país. La CNDVS manifies que se opone "al saqueo, la contaminación, y la manipulación social que las transnacionales mineras y sus testaferros nacionales llevan acabo contra las comunidades y poblaciones", según dice en comunicado. Añade que se trata de un paro preventivo para mostrar a las mineras extranjeras que el pueblo está contra su actuación y contra los contratos por los que los gobiernos "vendepatrias" entregaron la crata parte del territorio del país a estas transnacionales.
"El gobierno central que está equivocado en su política basada en la actividad extractivista cuyos beneficios económicos van a parar en los bolsillos del capital transnacional y en la gestión del Estado burocrático’, dice el comunicado. La organización covocante recuerda que, cuando estaba en campaña, el presidente Rafael Correa fue a Yantzaza (Zamora) y a Gualaquiza (Morona) - cerca del proyecto cobre-oro El Mirador de la canadiense Corriente-Ecsa y Cóndor de Aurelian - y dijo que estaba contra a las minerías en la zona.
Ahora, aseguran, ante a las protestas de los movimientos populares, el gobierno dice que hacen el papel de la derecha, de la oposición, y que trabajan para tumbar un presidente "de la ciudadanía".
La Coordinadora asegura que en las condiciones que actúan esas compañías mineras, no dejan beneficios para el pueblo ecuatoriano. Y advierte que si se da paso a estos megaproyectos, las comunidades locales, actualmente divididas por las mineras, entraran en un mayor grado de violencia social, y la paz de las comunidades estará amenazada.
Las campañas promovidas por las propias minerías hablan de minería responsable, antes hablaban de minería sustentable, pero no hay en ningún lugar del mundo una empresa de explotación de metal que no contamine y que no cause efectos sociales. En 16 de enero de este año, integrantes de la Coordinadora dialogaron con miembros de 7 mesas de elaboración de la Nueva Constituyente. Al momento, pidieron el reconocimiento del Art. 272 de la vigente constitución , que determina que las concesiones entregadas a las transnacionales mineras no tengan valor por haber violado, entre otros, los Art. 86 y 88 de la Carta Magna. Y piden que se prohíba a esta actividad extractivista, debido a los "graves daños sociales y ambientales que provoca, procediendo a declarar en la nueva Constitución a Ecuador Libre de Minería".

(Fuentes:Prensa Latina, Adital y ANSA-Latina)

Perú-EE.UU.

EL GOBIERNO PERUANO ADMITE, DESPUÉS DE NEGARLA, LA PRESENCIA DE TROPAS DE LOS ESTADOS UNIDOS EN SU AMAZONÍA. WASHINGTON BUSCA UNA UBICACIÓN PARA SUSTITUIR LA BASE DE MANTA (ECUADOR)

El Ministro peruano de Defensa negó tajantemente la presencia de tropas norteamericanas en su territorio para, dos días después, confirmarla. Y la confirmación se produce, precisamente, el día que, en Ecuador, la Asamblea Constituyente aprueba un artículo que prohíbe la presencia de bases extranjeras. Es decir que la importante base militar que EE.UU. mantiene en Manta (Ecuador) tendrá que ser desmantelada en los próximos meses, cuando cumpla el actual contrato; alg que ya había adelantado que corurriría el presidente Correa. Estados UNidos buscaría en Perú una ubicación, mientras ultima reforzar su presencia militar en Colombia, donde ya posee importantes instalaciones militares, como la base de Tres Esquinas, en el Caquetá. Las bases de Manta (Ecuador) y Tres Esquinas (Colombia) habrían jugado un papel importante en el ataque militar perpetrado por Colombia contra Ecuador para bombardear un campamento de las FARC en el que murió el comandante rebelde Raúl Reyes.

El ministro de Defensa de Perú, Antero Flores-Aráoz, reconoció que tropas estadounidenses ingresaron al territorio peruano. La situación fue denunciada el domingo por el líder opositor, Ollanta Humala. El Ministerio de Defensa asegura ahora, tras negarlo, que las tropas norteamericanas entraron en Perú con la debida autorización para intercambiar experiencia con las Fuerzas Armadas peruanas.

El ministro Flores-Aráoz explico que "corresponde al Congreso de la República autorizar el ingreso de militares extranjeros con armas, mientras el ingreso de personal militar sin armas sólo necesita de una resolución ministerial".
El documento también explicó que este año ingresaron 31 miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU a la selva peruana, "sin armas para realizar ejercicios de entrenamiento".
El Ministro tambien explicó que el Congreso autorizó la presencia de unidades navales y militares estadounidenses con armas a la base de Iquitos para julio de este año.
Por su parte, la congresista del Partido Nacionalista Peruano, Nancy Obregón, aseguró que no se avisa con debido tiempo a los legisladores sobre el ingreso de tropas de EE.UU.
Flores-Aráoz informó que el Congreso de la República emitió las resoluciones legislativas 29205 y 29195 autorizando la presencia de unidades navales y militares estadounidenses con armas, agregó el ministro."En el primer caso, se trata de una autorización para el ingreso de unidades navales norteamericanas al puerto de Salaverry (al norte del país) en marzo y a Iquitos en julio de este año, actividades propuestas por la Marina de Guerra".Añadió que la segunda resolución permite el ingreso de personal militar norteamericano para realizar ejercicios de entrenamiento con la Infantería de Marina peruana."Esta política permite mantener preparadas a nuestras Fuerzas Armadas, con el intercambio de experiencias, para darle seguridad a nuestro territorio y combatir delitos como el terrorismo", concluyó el titular de Defensa en la nota oficial.

Ahora que sí, antes que no

Horas antes de emitir el comunicado oficial , el ministro había asegurado a la agencia oficial Andina que no hay "ninguna presencia de personal militar extranjero ni estadounidense" en Perú."Hay una relación permanente con la DEA para combatir el narcotráfico, pero no tropas en este momento". Aunque admitió la posibilidad de que guerrilleros colombianos puedan ingresar por la frontera nororiental del país.

Y así, el ministro peruano se refirió a una reciente captura de dos miembros de las FARC en la frontera región peruana Loreto, aunque vestidos de civil. Flores Aráoz explicó que "hay dos tipos de avistamiento": uno de rebeldes vistiendo uniformes y portando armas, y otra de personas en la frontera común vestidos de civil y sin armas. Perú y Colombia comparten una frontera de 1.600 kilómetros, en su gran parte separados por el río Putumayo. El ministro dijo que cuando desde el lado peruano se ha visto "movimientos sospechos" se ha reporta de inmediato a la parte colombiana.

Militares amigos de Ollanta Humala dieron el aviso

El líder opositor, Ollanta Humala, fue quien denunció la presencia de Infantes de Marina de Estados Unidos en la base naval de Iquitos, ciudad a 1 100 kilómetros al nororiente de Lima, para la instalación de una base militar, como parte de la estructura de apoyo del Plan Colombia. El diario opositor "La Primera" indicó que Estados Unidos estaría buscando un lugar donde trasladar la base de Manta, después que el gobierno de Ecuador decidió no prorrogar el convenio de permanencia en territorio de la vecina nación del norte, que caduca en 2009. Humala, teniente coronel en retiro del Ejército peruano y ex candidato presidencial, dijo que tropas estadunidenses habrían ingresado al país con el argumento de apoyar "acciones de entrenamiento" a militares peruanos en tareas de desembarco. La información , según dijo Humala , le fue proporcionada por "colegas militares que trabajan en Iquitos", la capital del departamento de Loreto y la ciudad selvática peruana más próxima a las fronteras con Colombia y Brasil.

Desde la crisis diplomática entre Quito y Bogotá por el ataque del Ejército colombiano en territorio ecuatoriano a un campamento guerrillero de las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC), el 1 de marzo pasado, se han reactivado los temores en torno a posibles incursiones de esta organización a territorio peruano. Humala cree que es "factible" y "probable" que las FARC estén ingresando a territorio peruano porque "el terreno facilita la infiltración en las zonas de la selva" y además se ha reducido, por cuestiones de presupuesto, el número de puestos de vigilancia en la frontera, dijo.

Las tropas de EE.UU. en territorio peruano tienen 'carta blanca'

El pronunciamiento del Ministerio de Defensa reconoce que “en lo que va del año 31 miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han ingresado a la selva sin armas para realizar ejercicios de entrenamiento junto con personal militar peruano, desarrollar acciones cívicas y coordinar el ejercicio naval Unitas, tal como consta en las resoluciones publicadas en el diario oficial”.

En junio y julio del año pasado ingresaron en Perú 1,205 militares norteamericanos para el “Ejercicio de Amistad y Cooperación de las Américas” que realizaron junto a la Marina de Guerra. El ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, quien antes de admitirla negó tajantemente la ­existencia de tropas norteamericanas fue quien firmó la Resolución Ministerial 229-2008-DE/SG, del 10 de marzo de este año, que cuenta con “la opinión favorable de la Marina de Guerra del Perú”, p0or la que autorizó el ingreso de un número indeterminado de militares norteamericanos, sin precisar su fecha de salida, “para realizar un estudio previo en la ciudad de ­Iquitos para el entrenamiento de Equipos Móviles de Entrenamiento de Tácticas Terrestres”.

La misma norma indicó que Defensa dio luz verde al ingreso de personal militar norteamericano “del 11 al 16 de marzo de 2008”, sin fecha de salida. El ex jefe del servicio de inteligencia, general EP (r) Daniel Mora, declaró que “debemos tener en cuenta que los Estados Unidos no ha firmado la Convención de la Corte Penal Internacional, ni la de Derechos Humanos, así que cualquier exceso cometido por los norteamericanos durante estas operaciones sólo podrá ser juzgado en su país de origen y no en territorio peruano”.

Desde el año pasado expertos en asuntos de defensa han advertido la creciente presencia de militares norteamericanos en varios puntos de la ­Amazonía peruana, en particular en la ciudad de Iquitos, en donde buscan instalar una base militar estadounidense, teniendo en cuenta que a fines de este año Washington debe desalojar la Base de Manta, situada en el vecino país del ­Ecuador.

Los militares norteamericanos enseñan guerra sucia

La Primera-Perú

¿Qué más hacen en la selva? Expertos militares manifestaron su extrañeza porque ahora las tropas norteamericanas no han venido a realizar acciones cívicas, como en anteriores ­oportunidades, sino “a capacitar a fuerzas de intervención rápida en operaciones tácticas de conflictos de baja intensidad o guerra sucia”. La Primera consultó con el especialista en guerra electrónica coronel EP (r) Jesús Suasnábar, quien afirmó que la Resolución Ministerial 229-2008-DE/SG señala expresamente que los militares norteamericanos han venido “para realizar un estudio previo en la ciudad de Iquitos para el entrenamiento de Equipos Móviles de Entrenamiento de Tácticas Terrestres”, “lo que significa que van a entrenar a nuestros soldados para realizar operaciones tácticas de conflictos de baja intensidad”, apuntó.“Tampoco podemos saber si ha ingresado un militar, un soldado o un batallón o una división”, remarcó Suasnábar.
De la misma opinión fue el comandante Juan Castro, experto en inteligencia militar, quien hizo notar que la autorización no precisa la fecha de salida de las tropas, “lo que quiere decir que aún permanecen en nuestro país. O que explique el ministro con cuál resolución han salido esas tropas”, acotó.

La Primera les preguntó qué significa la presencia de soldados norteamericanos en territorio peruano. El coronel Suasnábar anotó que el Comando Sur norteamericano está buscando dónde trasladar la base de Manta, que debe salir de Ecuador a fines de año, por lo que la Amazonía peruana es una zona ideal para ello. El comandante Castro añadió que en la selva peruana los norteamericanos pretenden instalar un núcleo de dominio territorial con fuerzas multinacionales de intervención rápida, con el pretexto de combatir al narcotráfico y al terrorismo, todo indica que las intenciones son otras y serían dañinas para los intereses del país.

ECUADOR

Nueva Constitución prohibirá las bases extranjeras

La decisión de la Asamblea Constituyente de incluir en la nueva Carta Magna la prohibición de instalar bases militares extranjeras en Ecuador denota hoy el rechazo a la presencia de fuerzas estadounidenses.
Los asambleístas acordaron anoche por mayoría de votos que la futura legislación invalide toda posibilidad de contar en suelo nacional con instalaciones militares foráneas.
De esta forma queda clara la posición en torno a este tema y se ratifica el desinterés de renovar en el 2009 el polémico acuerdo de 1999, que permitió la utilización de la base de Manta, ubicada en el suroeste, por fuerzas norteamericanas.

El texto sancionado determina que “Ecuador es un territorio de paz. No se permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. No se puede ceder bases militares nacionales a fuerzas de seguridad extranjeras”.
Se cierre asimismo cualquier acción destinada a extender más allá del próximo año la presencia de tropas del Pentágono en este país.
La mayoría constituyente rechazó asimismo una propuesta de la minoría opositora, que pedía dejar abierta la posibilidad de permitir el despliegue fuerzas foráneas de paz en Ecuador.
No tuvo apoyo tampoco la proposición de representantes de Sociedad Patriótica de convocar a una consulta popular para decidir la renovación del contrato de la instalación de Manta, donde están desplegadas las tropas estadounidenses.
Además de este artículo, el pleno de la Constituyente sancionó otros cuatro relacionados con la soberanía territorial, que constituyen los primeros de la Carta Magna que redactan los asambleístas.
“El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales”, señala el párrafo uno, apoyado con 96 votos de un total 105 legisladores presentes.
Ese y otros textos definen al país como un “espacio continental y marítimo”, integrado por las islas adyacentes, el mar territorial, el archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y el espacio suprayacente continental, insular y marítimo.
Cada uno de los artículos se examinó de manera independiente y contaron con el respaldo de la mayoría de asambleístas, que pertenecen al movimiento Alianza País, del presidente Rafael Correa.

(Fuentes:Agencia PÚLSAR, EFE, El Comercio-Lima, Prensa Latina y LaPrimera-Perú)

Argentina:Protesta agraria

EL GOBIERNO ANUNCIA MEDIDAS QUE FAVORECEN A PEQUEÑOS Y MEDIANOS CAMPESINOS. LOS AGROEXPORTADORES SIGUEN ADELANTE CON EL PARO PATRONAL Y EL DESABASTECIMIENTO SE AGRAVA EN LAS CIUDADES Y LLEGA AL INTERIOR

El gobierno argentino anunció ayer medidas de compensación y fomento a los pequeños y medianos productores, en un intento por fracturar el lockout patronal agrícola que comenzó hace 19 días, aunque ratificó la aplicación de retenciones móviles, que desataron las medidas de fuerza del sector agropecuario.

La presidenta, Cristina Fernández, pidió que se levanten los bloqueos de rutas que están provocando desabastecimiento de alimentos y paralizando industrias por falta de insumos. No obstante, los productores agropecuarios rechazaron rápidamente la propuesta porque "no cambia en esencia las razones que originaron el conflicto". En una conferencia de prensa inmediatamente después de los anuncios gubernamentales, los representantes de las cuatro entidades del agro anticiparon que las medidas son "insuficientes".

"Siéntanse como parte de un país y no como propietarios", pidió Cristina Fernández a los propietarios rurales, en un mensaje que intentó, una vez más, destrabar el conflicto.

El gobierno argentino efectuó sus anuncios en un acto desde la Casa de Gobierno con la presencia de los ministros , diputados, senadores y la mayoría de los gobernadores aliados del gobierno federal. Previo a los anuncios oficiales, el gobierno canceló las negociaciones con las cuatro organizaciones patronales del campo ante la continuidad de los cortes de ruta, que la Gendarmería Nacional desalojó en algunas zonas del país, entre forcejeos e incidentes menores. Portavoces del gobierno dejaron trascender que se aplicará la "Ley de Abastecimiento" si prosigue el lockout patronal.

Las medidas anunciadas

El ministro de Economía, Martín Lousteau, dijo que a los productores agrarios se les reintegrará automáticamente el incremento de los tributos, de modo que "volverán a estar en la misma situación que antes". Añadió que los agricultores de las provincias del norte argentino recibirán un descuento del 50% en el costo diferencial del flete cuando deban transportar sus productos en trayectos largos. Lousteau anunció, además, la creación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, un viejo reclamo del campo, que se encargará de mejorar la situación de los pequeños y medianos productores.
Estas medidas beneficiarán a 62.500 productores, el 80 por ciento del total de 84.000 hay en Argentina El resto pagará el aumento de los impuestos a las exportaciones de granos.

Por su parte, la presidenta Fernández dijo: "Nuestra obligación como gobernantes es tomar decisiones que le vuelvan a dar equilibrio a la sociedad. Sin embargo, nos hubiera gustado debatir estas medidas con las organizaciones rurales (en protesta)".
"En nombre de los argentinos les pido una vez más que, por favor, dejen transitar a los camiones y que se piensen como parte de un país, no como propietarios de él", exigió.

La patronal agraria, rechaza con cautela

Las principales organizaciones movilizadas reaccionaron a las medidas del gobierno con una mezcla de rechazo y cautela. "El plan no ha sido lo suficientemente generoso porque no contempla, por ejemplo, el aumento de los insumos que debe afrontar el productor", dice Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA). "No se modifica la esencia del conflicto, lo que el gobierno aún no entiende es que los impuestos a las exportaciones siguen siendo altos, del 35%. Por eso, seguimos preocupados", añade.
Los medianos y pequeños productores del interior del país se han quejado de que los tributos reducen significativamente su ya limitada rentabilidad y no reciben ayuda estatal a cambio de sus contribuciones.
Sin embargo, Buzzi aclaró: "Queremos terminar con el conflicto esta semana. Vamos a consultar con nuestra organizaciones para ver si el paro se acaba el miércoles, hasta cuando lo convocamos en nuestra última reunión, o continúa".
Añadió que los productores que bloquean carreteras dejarán pasar a camiones que transporten alimentos , salvo los que son objeto del boicot: carne y granos.
El paro agrario, que consiste en 400 cortes de rutas en toda Argentina y la suspensión de la comercialización de productos, ha agravado el desabastecimiento de frutas, verduras, leche y carne.
En los mercados mayoristas ha entrado algo de mercancía, pero no la suficiente para distribuir a los comercios. Y la poca que hay, ha llegado con un aumento de precios vinculado a la escasez.
En el mayor mercado de hacienda de Argentina, situado en Buenos Aires, los corrales amanecieron vacíos el lunes..En cuanto a las frutas y verduras, Fabián Zeta, presidente de la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas (Comafru) en el Mercado Central (la otra gran plaza mayorista del país), advirtió: "Los vegetales alcanzan sólo para el día. Hoy entraron muchos menos productos que lo habitual. Además, el 30% llegaron en mal estado porque los camiones estuvieron varados y hubo que desecharlos".
Se calcula que durante la protesta se han perdido alimentos por un valor cercano a los 800 millones de dólares.

El desabastecimiento llega al interior

Desde Catamarca, aseguran que “no hay carne porque no llegan animales en pie”. Por su parte, en Entre Ríos afirman que “la situación se ha desbordado”, situación que se repite en San Juan.

En la provincia de Catamarca, el empresario del Frigorífico "Natilla", Víctor Natilla, dijo que "en Catamarca no hay carne porque no llegan animales en pie". "No se hace ninguna operación de compraventa de ganado. Por lo que es muy grave la situación", con pérdidas significativas y los empleados están en tareas de mantenimiento para asegurarles horas de trabajo.
Omar Chiarello, presidente de la Asociación de Citricultores de Concordia e integrante de la Federación del Cítrus de Entre Ríos, considera que la situación "se ha desbordado" y advierte que si el boicot al transporte se mantiene tres días más, el sector citrícola deberá descartar 6.000 pallets en cámaras frigoríficas, lo que tiene un valor económico que alcanza los cinco o seis millones de dólares. "A eso se suma -añade- la falta de contratos a nivel internacional, la pérdida de las embarcaciones para exportación y la fruta que quedará en planta debido a la imposibilidad de cosecharla, como así también muchos operarios que quedarán fuera del circuito laboral".

Por su parte el ministro de Gobierno de Entre Ríos, Adan Bahl, expresa preocupación por "el gran desabastecimiento en las góndolas de los supermercados y otros comercios de la provincia". El funcionario dice que la falta de mercancías "impulsa un mecanismo de inflación y la ruptura de la cadena de comercialización, que también afecta la cadena de pagos".

De la misma manera el desabastecimiento de algunos alimentos básicos, se nota también los comercios de la ciudad de San Juan y sus zonas aledañas. Ana María López de Herrera, titular de Defensa del Consumidor de San Juan, dice que "se esta empezando a notar (el desabastecimiento) en toda la provincia".

Desde el Matadero Municipal, se informa que se ha mermado mucho la actividad. Se sacrifican sólo unas 120 cabezas de ganado diarias de la hacienda local, que es un merma del 45 % de las reses que se faenan normalmente.

Raúl Avila, del Sindicato de Empleados de Comercio, dice que ante la falta de algunos productos en los supermercados, "les están recortando las horas extras a los empleados". Una empresa que tiene en esta provincia una planta productora de galletitas decidió suspender la semana pasada a 550 operarios , argumentando falta de materia prima a causa del paro agrario, según el Sindicato de la Alimentación.

Lo que está detrás del paro agrario argentino
Por Guillermo Almeyra, SinPermiso.info


Argentina es un país altamente urbanizado, pero que depende esencialmente de la exportación de materias primas rurales. De ahí la posibilidad, para quienes controlan el mercado de carne, de soya y de cereales, de amenazar con hambrear a las ciudades y paralizar las exportaciones, chantajeando política y económicamente al gobierno nacional y anulando, de hecho, por la fuerza, tanto la voluntad popular, expresada deformadamente en los resultados electorales, como los planes y políticas nacionales de las autoridades. El llamado paro rural –en realidad, el lock-out de los empresarios del campo– es una expresión cruda de la lucha por el poder entre dos fracciones capitalistas, como lo indica el apoyo de las cámaras de industriales al gobierno en su enfrentamiento con la oligarquía ganadera-soyera-exportadora organizada en la Sociedad Rural (entidad que promovió y respaldó todas las dictaduras en el país) y las otras organizaciones del campo que, a pesar de sus diferencias hasta de clase con ésta, la respaldan en este enfrentamiento con el gobierno.
Recapitulemos: casi 80 por ciento de la tierra agrícola argentina está sembrado hoy con soya, que en la última cosecha rindió más de 48 millones de toneladas, que se cotizan hoy en 151 dólares la tonelada (en los dos últimos días subió cuatro dólares) para la primera semana de abril. Haga las cuentas y tenga en consideración que casi 60 por ciento de ese mercado está en manos de los grandes soyeros (en realidad, de cuatro trasnacionales, dos de ellas argentinas). La soya, que se paga mucho más que otras commodities, “se come” por consiguiente la producción de cereales para alimentos y el pan sube, por lo tanto; y “se come” la ganadería, con lo cual escasea la carne, que sube de precio. Además, el monopolio soyero fija altos precios para el aceite y otros subproductos y ese monocultivo expulsa decenas de miles de familias campesinas.

Los expertos agregan que la soya destruirá los suelos argentinos en 15 años. Pero ese promedio quiere decir que las excelentes tierras pampeanas durarán más y en cambio los suelos frágiles de las provincias marginales desaparecerán antes: la soyización equivale en efecto a la desertificación, al desmonte, a la contaminación de las aguas y de la tierra, a la desaparición de bacterias y especies animales útiles, y la fumigación aérea envenena ya a los campesinos y los pueblos cercanos, mientras los demás productos del campo sufren el impacto de esta competencia.
La política del gobierno, por su parte, consiste en estimular la industria y en sostener el empleo (construcción, servicios, desarrollo industrial) sobre la base de bajos salarios reales (para permitir grandes ganancias a los empresarios e inversionistas) y de un dólar caro, para abaratar las exportaciones argentinas, incluso industriales, y frenar las importaciones.

Ojo: los soyeros y otros grandes sectores rurales también invierten en la construcción, en el boom inmobiliario y en la industria y ganan enormemente gracias a la política monetaria que les permite exportar. No se pueden quejar pero disputan el poder al sector que privilegia a la industria y que debe subsidiar el consumo de alimento y los servicios (sobre todo, el transporte) de los sectores más pobres (casi todos urbanos) de la población nacional para mantener bajos los salarios reales y que, por lo tanto, cobra impuestos a los más ricos (la llamada “retención” de una parte de las ganancias logradas por los soyeros es en realidad un impuesto). Dichos impuestos, en Europa, llegan a 40 por ciento del producto interno bruto y en Argentina están muy por debajo de esa cifra. Además, la tasa de ganancia europea, en las finanzas, es 5 por ciento, y en la industria, 10 por ciento, mientras que en Argentina la misma se quintuplica, de modo que quienes, como el diario La Nación, hablan de “confiscación” o “expropiación” son demagogos sin escrúpulos.

El gobierno no sólo respeta la propiedad capitalista sino que la defiende y mantiene al aceptar sin crítica alguna el actual modelo y al no intentar siquiera aplicarles a los exportadores un régimen similar al implantado en el primer gobierno de Perón (1946-1952) mediante el Instituto Argentino Promotor del Intercambio, que monopolizaba el comercio exterior de productos agrarios y, con la diferencia entre los precios internacionales y los internos, hacía escuelas, obras públicas, promovía el desarrollo en las provincias y la industrialización.
El gobierno acepta de buen grado que cuatro empresas trasnacionales se queden hoy con ese enorme excedente y se limita a tratar de ponerles un impuesto moderado sin intervenir en el campo, ni siquiera como los hacían los gobiernos conservadores hace 70 años, creando juntas reguladoras. Para él, el libre mercado es sagrado y el interlocutor no son los trabajadores sino la Unión de Industriales, no son los trigueros sino los grandes harineros, no son los campesinos sino las organizaciones de la patronal rural, no son los consumidores sino los supermercados.

No hay pues conflicto entre clases opuestas sino un conflicto intercapitalista en el que los rurales tienen en rehenes a los pobladores urbanos al fabricar una gran carestía de alimentos y un aumento de precios de los mismos para arrojar a los sectores urbanos empobrecidos contra el gobierno. El hecho de que las cuatro trasnacionales que controlan el mercado sojero y la Sociedad Rural hayan podido arrastrar en su lock-out a los pequeños y medianos empresarios agrarios (no así a los campesinos) y la utilización política del conflicto por la derecha y por los medios, debe ser analizado aparte.

Argentina: las retenciones no son el problema
Por Claudio Lozano (*)

El campo argentino actual poco tiene que ver con el que teníamos hace 20 años. Se ha impuesto un modelo de alta concentración y dependencia tecnológica asentado en una matriz productiva que abandonó la perspectiva de una producción centrada en el desarrollo de alimentos de gran cantidad y calidad. Y se consolida la producción de forraje barato (pasto–soja) para vender a China, India y a la Unión Europea, subsidiando la industrialización de estos países y paralizando la nuestra. Este proceso se hace a costa de debilitar la ganadería, la producción láctea, la porcina, frutal, ovina, hortícola y otras producciones regionales. Este modelo sojero, además de romper la soberanía alimentaria de la Argentina, destruye puestos de trabajo y debilita a los pequeños y medianos productores ya que mientras la soja genera un puesto de trabajo cada 500 hectáreas, la economía familiar crea 35 puestos de trabajo cada 100 hectáreas. Situación que se empalma con el hecho de que la soja demanda más de 500 hectáreas para que una unidad productiva sea viable y autosuficiente.

Es en este contexto de debilitamiento de los trabajadores del campo (el 70% está en negro) y de debilitamiento de la pequeña producción rural que debe inscribirse el conflicto actual. Se expresa en él la bronca acumulada de los pequeños y medianos productores (los que efectivamente sostienen los cortes) frente a un gobierno que jamás reconoció su situación y que hace gala de un discurso perverso (incluso dice querer "desojizar" el campo), cuando en función de la construcción de su caja fiscal fue hasta hoy socio pasivo del "boom sojero" por la vía de las retenciones. Tiene sentido la aplicación de retenciones en el marco de un Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario que reoriente el destino del campo en función de profundizar la agregación de valor, generar empleo, repoblar el país y aumentar el número de productores.

Profundizar el uso de las retenciones sin plan produce lo que hoy estamos viviendo. Conduce a que los productores más débiles vivan como única alternativa la mejora del precio internacional y perciban a las retenciones como una creciente confiscación. La política irresponsable del Gobierno de contentarse con su socio del boom sojero ha terminado emblocando a los pequeños y medianos productores en el cuestionamiento a las retenciones junto a los beneficiarios y promotores del lamentable modelo sojero adoptado por la Argentina.

Las retenciones no son el problema. Aun con ellas, las utilidades por hectárea crecen, ya que los precios internacionales crecieron más. Menos aún son un problema las retenciones móviles (suben o bajan según se comporten los precios internacionales) y que discriminan en contra de la soja y en favor del maíz y el trigo. Las retenciones son necesarias porque permiten captar la ganancia diferencial que surge como resultado de la suba de los precios internacionales (no del esfuerzo del productor) y posibilitan diferenciar entre precios internos e internacionales. No obstante, tienen el límite de ser un instrumento único que opera sobre una cadena de producción y comercialización donde priman las diferencias y las heterogeneidades. Diferencias que exigen más instrumentos y nuevas herramientas (Junta de Carnes, de Granos, de Producciones regionales, etc). Por ende, sólo son sustentables en base a un plan que replantee el uso y tenencia de la tierra haciendo consistente el desarrollo del sector agropecuario con las necesidades del conjunto de los argentinos.
(*)Claudio Lozano es dirigente del sindicato argentino CTA y Diputado de la Mesa Nacional. Este artículo se publicó en el diario Página 12 el pasado 27 de marzo

(Fuentes:ANSA-Latina, BBC-Mundo, TELAM, SinPermiso y Página12)