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24.8.07

Bolivia: Crisis política

LA DERECHA AVANZA EN EL BOICOT A LA CONSTITUYENTE, TRATA DE IMPEDIR EL JUICIO A SÁNCHEZ DE LOZADA Y LANZA NUEVAS PROTESTAS

La constituyente boliviana suspende sesiones por tiempo indefinido

La Directiva de la Asamblea Constituyente suspendió ayer las sesiones por tiempo indefinido ante la falta de garantías frente a las protestas de organizaciones de Sucre que reclaman la instalación de los tres poderes del estado en esa ciudad.Miembros de la Directiva indicaron que la Policía dejó desprotegida a la Asamblea Constituyente en una actitud de chantaje porque no fueron tomadas en cuenta sus propuestas en la Comisión de Defensa y Seguridad.
La presidenta de la Asamblea, Silvia Lazarte, dijo que la Directiva resolvió suspender de manera indefinida las sesiones ante la falta de seguridad y las garantías para trabajar en Sucre. La decisión se adoptó cuando cientos de manifestantes intentaban ingresar por la fuerza al teatro donde funciona el foro. El Vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, atribuyó la violencia a "pequeños grupos de la derecha que se resisten a perder sus privilegios y que buscan el fracaso de la Constituyente". Las protestas se reanudaron después de que la directiva de la Constituyente ratificara su negativa a revisar la resolución que retira del debate el reclamo de Sucre para que se le restituya las sedes del Ejecutivo y del congreso a esa ciudad. Por su parte, dirigentes del oficialismo plantearon la posibilidad de que se decrete el cierre de la Constituyente o su traslado a otra ciudad ante la falta de garantías para que sesione en Sucre.
El día anterior, el Congreso suspendió también sus sesiones hasta el día 29, tras los graves enfrentamientos a golpes entre los diputados del MAS y de la oposición derechista, en una sesión en la que debía elegirse a cuatro magistrados del Tribunal Supremo. En un ambiente todavía tenso debido la pelea en la Cámara de Diputados, el Vicepresidente García Linera se reunió con los representantes políticos para intentar un acuerdo que permita celebrar una nueva sesión sin enfrentamientos. El oficialismo aclaró que lo que se quería era llenar las cinco acefalías del Tribunal Constitucional y no reemplazar a los cuatro magistrados suspendidos ayer por la Cámara Baja, pues éstos deben someterse a un juicio de responsabilidades en el Senado.

Vandalismo racista y contra la libertad de expresión en Sucre
La crisis política avanza en Bolivia y el efecto es la paralización de las reformas políticas, económicas y sociales planteadas desde su llegada al poder por Evo Morales y el MAS. Uno de los puntos de tensión es la ola de violencia desatada en Sucre, donde está instalada la Asamblea Constituyente desde hace un año. Sectores de la derecha tradicional, sobrevivientes de los viejos partidos incentiva manifestaciones y actos violentos que van desde la agresión verbal hasta la física, insultando a las mujeres de pollera(falda) —de origen indígena—, persiguiendo constituyentes que pertenecen al partido de gobierno (Movimiento Al Socialismo-MAS), golpeando a periodistas y destruyendo oficinas como de la estatal Radio Patria Nueva y del Pacto de Unidad que agrupa a organizaciones campesinas, indígenas y originarias.
So pretexto de reivindicar la capitalidad plena para Sucre, es decir el traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo desde La Paz a esa ciudad porque detenta el título de capital republicana, mas no administrativa ni política, sectores conservadores de los partidos políticos junto a comités cívicos, sectores universitarios y otros —que conforman la corriente autonomista e independentista con el nombre de “media luna” de la que son parte otros departamentos como Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni— participan en esta campaña.
La presencia de estos sectores en la Asamblea Constituyente desvirtuó desde el principio la razón de ser de este espacio, donde la tarea única —encomendada por las organizaciones y movimientos sociales— era la refundación del país. Sin embargo, usando el viejo estilo de hacer política, tratan de poner todos los obstáculos para que ese proceso no avance, poniendo en riesgo su continuidad en más de una ocasión. Así, en mayo pasado introdujeron el tema de la capitalidad plena en las comisiones constituyentes. Un viejo contencioso el de la capitalidad, pero que ahora pasó a ser el caballo de Troya de la derecha, que lo utiliza para revitalizar su poder y reunir fuerzas en torno a ese propósito.
Enfrentamientos civiles y ambiente muy caldeado
La crispación en los ambientes políticos ha llegado hasta la población, y se ha exacerbado la tradicional rivalidad entre Sucre y La Paz, donde cada departamento realizó sus cabildos en defensa de sus demandas. Tal disputa que en esencia no correspondió nunca al escenario de la Constituyente fue alentada por ciertos periodistas, analistas y políticos oportunistas desatando niveles de violencia exacerbados y desmedidos.
El ambiente caldeado, ha sido alimentado también por los medios comerciales bajo la óptica sensacionalista. Y así este 23 de agosto, la presidenta de la Asamblea Constituyente Silvia Lazarte, del sector cocalero campesino, decidió suspender las sesiones debido al ambiente hostil y de hostigamiento que rodeó la sede de la Asamblea, en el Teatro Gran Mariscal de Sucre, donde quisieron ingresar por la fuerza grupos de choque y sectores de la población, movidos por una psicosis incontrolable. Prueba de ello fueron los destrozos en viviendas, calles, plazas y la agresión a las víctimas de la jornada.
La semana pasada, en otra sesión, la mayoría absoluta de los constituyentes aprobó una resolución por la cual el tema de la capitalidad quedaba fuera del tratamiento en las comisiones y sería abordado en otro momento y con otros procedimientos, se habló de un referéndum, por ejemplo. Pero a estas alturas, parece que ya nadie escucha a nadie.
La "media luna" lanza un paro contra el gobierno el 28 de agosto.
Los comités cívicos de la "media luna" integrada por los departamentos de Chuquisaca, Tarija, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Pando decidieron lanzar un movimiento político de carácter urbano para hacer frente al gobierno en diversos planos: las seis ciudades suspenderán actividades el 28 de agosto en respaldo a la demanda de capitalidad plena para Sucre; enviarán una misión a la OEA para denunciar el "linchamiento del Tribunal Constitucional" y se movilizarán de forma conjunta para hacer "reflexionar" al Presidente Evo Morales.
En asamblea, convocaron a los comités regionales y a las poblaciones urbanas a sumarse a la movilización "en defensa de la democracia". En las zonas rurales no tienen apoyo. Así, organizaciones de esos mismos departamentos, como la Central Indígenas de Pueblos Originarios del Oriente, la Central Étnica de Pueblos del Oriente Boliviano y la Federación de Campesinos de Santa Cruz anunciaron que no acatarán ninguna medida de la 'media luna' que califican de organización de "oligarcas" de las capitales de departamento levantadas contra el gobierno central.
Los cívicos de la "media luna" brindaron su "apoyo incondicional" a los parlamentarios de Poder Democrático Social (Podemos) y otros partidos de oposición que impiden el enjuiciamiento de Elizabeth Iñiguez, Martha Rojas, Artemio Arias y Walter Raña, los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional acusados de cometer prevaricación.
Y decidieron enviar una comisión ante la ONU para presentar su queja por el supuesto atropello del MAS a la democracia.
El presidente del Comité Pro Santa Cruz Branko Marinkovic dijo que con la movilización se pretende "llamar a la reflexión" al Presidente Evo Morales Ayma para "que cambie su actitud".

Balance de la Asamblea Constituyente
Por Mauricio Ochoa Urioste(*)
La Asamblea Constituyente de Bolivia, inició su período el 6 de agosto de 2005 en medio de una coyuntura política en la que todavía la derecha histórica ostentaba representación política relevante y decisoria, en particular, en el Senado Nacional y el Tribunal Constitucional Así, la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente aprobada por el Congreso Nacional definió que el nuevo texto constitucional precisa dos tercios de votos, es decir, una mayoría extremadamente cualificada, si se toma en cuenta que los sistemas de votación comúnmente utilizados en América Latina dentro de sus órganos constituyentes sólo requirieron mayoría absoluta de sus miembros.
El segundo obstáculo impuesto por la derecha histórica, fue precisamente oponerse al carácter originario del órgano constituyente, en el afán que su más fiel aliado – el Tribunal Constitucional – pueda declarar inconstitucionales ciertas resoluciones de la Asamblea Constituyente. En otras palabras, se buscó en este debate, aparentemente intrascendente, que el Tribunal Constitucional sea, como tantas otras veces, el guardián de las políticas neoliberales y los grupos de poder económico, o que dicho sea de otra manera, sostenga en este escenario las resoluciones de la oligarquía financiera y, paralelamente, postergue las reivindicaciones de los sectores progresistas.
La tercera piedra en el camino se patentiza en la campaña mediática y acciones políticas concretas orientadas a la regionalización del conflicto social, es decir, la socialización de propuestas demagógicas y “atomizadoras” del Estado Nacional, con la finalidad de hacerlo más endeble al capital financiero trasnacional, a partir de la subrogación de competencias estatales a grupos de poder económico, asentados principalmente en el Oriente boliviano. Así se expresan, precisamente, el Proyecto de Estatuto Autonómico de la autodenominada e irregular Asamblea Provisional Autonómica de Santa Cruz – referente indiscutible de los grupúsculos neofascistas Movimiento Nación Camba de Liberación y Comité Cívico de Santa Cruz -, la moción de traslado de los poderes del Estado a la ciudad de Sucre, y otros estrafalarios variopintos.
Aunque también las consignas de corte indigenista radical, antes que solventar reformas favorables para los sectores más excluidos y postergados de la sociedad boliviana, han sido casi siempre funcionales a la estratagema de regionalización del conflicto social de la derecha histórica, porque en ellas se anteponen a los intereses de los sectores populares, explotados y dominados, categorías harto discutibles, que denotan más de una vez contenidos abiertamente etnocéntricos.
¿Asamblea Constituyente sin rumbo?
Pese a las declaraciones públicas del Presidente Evo Morales destinadas a preservar la unidad y la solidaridad del Estado boliviano, lo cierto es que las actuales “corporaciones asambleístas” – ligadas fuertemente a partidos políticos, ONG’s, asociaciones empresariales, organizaciones campesinas, comités cívicos, etc. - generan un triple sentimiento colectivo: amplias expectativas, frustración y/o desorientación en la población boliviana. Así, se acrecientan irracionalmente en el debate público los asuntos regionalistas, raciales y culturales.
En este momento quizás urja la necesidad de afirmar que la Asamblea Constituyente requiere una mirada en su real dimensión: es una simple tentativa de reformar la sociedad boliviana. Tentativa, porque la derecha histórica, ultra - conservadora por antonomasia, pretende consolidar los privilegios de los grupos de poder económico a través del sistema de votación, la guarda del Tribunal Constitucional, y la vigilia de los medios de comunicación. Tentativa, porque aspectos tan primarios como las reformas del sistema y del modelo económico, la representación política en el Parlamento, los órganos del Poder Judicial, etc. en teoría sólo podrían ejecutarse una vez aprobadas las leyes orgánicas, impositivas u ordinarias, y otras normas reglamentarias del Poder Ejecutivo. Y aún más, tentativa, porque mientras se mantengan intactos los bastiones de la derecha histórica, y en especial el Tribunal Constitucional – tanto en razón de su composición actual y de sus antidemocráticas atribuciones - cualquier reforma constitucional por más legítima y legal que sea, sería inevitablemente desvirtuada, obstaculizada en su aplicación, o finalmente revertida.
El punto inicial de cualquier debate en este momento histórico debería identificar con meridiana claridad cuáles son los verdaderos detractores internos y externos del Estado boliviano, y más precisamente, cómo puede ser la nueva Constitución un instrumento al servicio de los más vulnerables, y no una elucubración sociológica, filosófica o antropológica carente de significaciones y resultados. El segundo punto trascendental, consiste en identificar el discurso de los grupos más reaccionarios para ponerles a toda costa “frenos, candados o cerrojos”, porque de lo contrario, un pacto irresponsable – a título de salvar la “sacrosanta” Asamblea Constituyente - puede significar en los hechos dar vía libre para que éstos, en circunstancias políticas más favorables, propulsen impetuosos nuevos privilegios para la oligarquía financiera nacional e internacional. La responsabilidad de los sectores progresistas de la Asamblea Constituyente recae, pues, no en terminar a toda costa esta gestión en medio de vítores, aplausos y homenajes; sino, propiamente, en no permitir que sea éste un espacio donde se metamorfoseen ocultos designios, que más adelante incluso solventen un nuevo episodio de la vorágine del imperialismo y del capitalismo trasnacional.

El papel del Congreso y del Ejecutivo en el proceso de cambio social
En estas circunstancias quizás sea también reiterativo decir que cualquier reforma política, social o económica – aunque sea reducida en su expresión - se formalizará necesariamente a través de disposiciones legales aprobadas por el Congreso y del Ejecutivo.
Precisamente, algunos de mis ensayos jurídicos han ideado áreas de acción concretas sobre las cuáles se puede avanzar sin esperar la vigencia de una nueva Constitución:
1º) la lucha contra la corrupción, la impunidad, y la delincuencia de “cuello blanco”, precisa una nueva ley de enjuiciamiento de los Altos Dignatarios de Estado, que permita el juicio de éstos por los delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones ante la jurisdicción ordinaria una vez que concluyan su mandato, tal como ocurre en la mayor parte de las legislaciones del mundo contemporáneo.
2º) la defensa de los intereses patrimoniales del Estado boliviano requiere la creación de una Procuraduría General de la República, constitucional, pero también legalmente reconocida.
3º) la lucha contra las formas de discriminación, racismo y xenofobia puede propulsarse a partir de la promulgación de leyes que sancionen ejemplarmente a sus responsables, y paralelamente, se socialicen pautas del pluralismo cultural en las instituciones;
4º) la formación de monopolios, oligopolios en el mercado, y concentraciones económicas, podrían verse de alguna manera limitados – aunque no erradicados - con leyes restrictivas del abuso de posición dominante y otras prácticas restrictivas de la competencia;
5º) es preciso formular un sistema de fuentes formales que priorice la Constitución, y defina el rango de cada una de ellas;
6º) en relación al control de constitucionalidad, el sistema difuso es más apropiado para nuestra sociedad, por cuanto permite un mayor control social de las decisiones de gobierno – poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial – máxime si existen todavía cofradías que manejan a su antojo la Administración de Justicia;
7º) la democracia participativa, a través del referéndum y la iniciativa popular, deben ser claramente delimitados para evitar que corporaciones – usualmente aquéllas que provienen de la derecha histórica – se antepongan a la voluntad de las grandes mayorías;
8º) las recetas del Consenso de Washington, expresadas en leyes de la República, requieren un profundo análisis y debate, en especial aquéllas referidas a la liberalización del comercio internacional, la entrada de inversiones extranjeras directas, privatización, desregulación, derechos de propiedad intelectual, etc.
Y quizás lo más importante sea reflexionar dos cosas: a) las leyes no son por sí mismas expresiones de una revolución, o la revolución en sí misma; sino únicamente, y en el mejor de los casos, limitados instrumentos de reforma social; b) el uso alternativo del derecho es una forma solidaria de combatir la opresión de los grupos dominantes a través de las leyes. En este segundo sentido, el papel de los juristas comprometidos con los sectores populares y las clases subalternas de la sociedad boliviana alcanza un sentido ético inapreciable.
(*) Mauricio Ochoa Urioste es un jurista y escritor boliviano
(Fuentes: Agencia PÚLSAR, BOLPRESS e Indimedya)

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