Organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional anunciaron ayer la creación de una alianza para promover la extradición y juzgamiento por crímenes de lesa humanidad del ex presidente peruano Alberto Fujimori. La llamada "Coalición para la extradición de Fujimori" coordinará acciones internacionales para demandar la entrega del ex mandatario que se encuentra en Chile desde 2005.
El director de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (Aprodeh), Francisco Soberón, señaló que la idea es "coordinar campañas de información y sensibilización y alentar pronunciamientos públicos de organizaciones y personalidades que enfaticen la urgente necesidad de juzgar a Fujimori". Asimismo, esta campaña pretende incidir sobre las autoridades chilenas, indicándoles la 'obligación de extraditar o procesar al señor Fujimori por la gr
avedad los crímenes de lesa humanidad por él cometidos'
El pasado 11 de julio, el juez de la Corte Suprema de Chile, Orlando Álvarez, rechazó, en un fallo de primera instancia, entregar a Fujimori a los tribunales peruanos. Se prevé que la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Chile, a cargo del caso en apelación, emita este año una sentencia definitiva. Fujimori, que gobernó Perú entre 1990 y 2000, vivió fugado en Japón hasta 2005, cuando viajó a Chile con la intención de regresar a Perú para participar en la campaña electoral del año pasado.
El Estado peruano pide la extradición de Fujimori por diez delitos de corrupción y dos de violación de los derechos humanos: las matanzas de Barrios Altos (1991) y la Universidad La Cantuta (1992), que dejaron 25 muertos a manos del grupo paramilitar Colina.El ex mandatario (1990-2000) está bajo arresto domiciliario en las afueras de Santiago a la espera de que la Justicia resuelva sobre su extradición.
El director de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (Aprodeh), Francisco Soberón, señaló que la idea es "coordinar campañas de información y sensibilización y alentar pronunciamientos públicos de organizaciones y personalidades que enfaticen la urgente necesidad de juzgar a Fujimori". Asimismo, esta campaña pretende incidir sobre las autoridades chilenas, indicándoles la 'obligación de extraditar o procesar al señor Fujimori por la gr
avedad los crímenes de lesa humanidad por él cometidos'El pasado 11 de julio, el juez de la Corte Suprema de Chile, Orlando Álvarez, rechazó, en un fallo de primera instancia, entregar a Fujimori a los tribunales peruanos. Se prevé que la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Chile, a cargo del caso en apelación, emita este año una sentencia definitiva. Fujimori, que gobernó Perú entre 1990 y 2000, vivió fugado en Japón hasta 2005, cuando viajó a Chile con la intención de regresar a Perú para participar en la campaña electoral del año pasado.
El Estado peruano pide la extradición de Fujimori por diez delitos de corrupción y dos de violación de los derechos humanos: las matanzas de Barrios Altos (1991) y la Universidad La Cantuta (1992), que dejaron 25 muertos a manos del grupo paramilitar Colina.El ex mandatario (1990-2000) está bajo arresto domiciliario en las afueras de Santiago a la espera de que la Justicia resuelva sobre su extradición.
Ordenan embargar bienes de Fujimori en Perú por las ejecuciones de emerretistas
El juez anticorrupción Jorge Barreto ordenó el embargo preventivo de los bienes del ex presidente Alberto Fujimori, en el marco del proceso que se le inició por las presuntas ejecuciones extrajudiciales a guerrilleros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), durante la llamada operación de rescate Chavín de Huantar. Los guerrilleros que ocupaban la residencia del embajador de Japón en Lima y mantenían allí a rehenes, negociaban con el Gobierno, cuando se produjo el asalto militar. Según testigos, los emerretistas fueron ultimados por los soldados, cuando se encontraban ya rendidos y desarmados. 
El magistrado adoptó la decisión de embargar los bienes de Fujimori, pedida por el fiscal especial Alex Díaz Pérez, con el fin de garantizar el pago de una eventual reparación civil a favor de los deudos de las víctimas, en caso de que sea hallado responsable de los cargos que se le imputan.
En este nuevo proceso se acusa a Fujimori de ser el coautor del delito de asesinato en agravio de los miembros del MRTA Eduardo Cruz Sánchez (Tito), Luz Meléndez Cueva (Cynthia) y Víctor Peceros Pedraza.
Según la acusación fiscal, Fujimori no efectuó un debido control durante el operativo Chavín de Huantar para evitar las violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, por haber dispuesto en forma irregular las inhumaciones de los cuerpos de los miembros del MRTA, con dictámenes emitidos por el Hospital Central de la Policía Nacional, y sin efectuarse las necropsias de ley en el Instituto de Medicina Legal.
El ex mandatario es procesado por el titular del tercer Juzgado Anticorrupción bajo mandato de comparecencia restringida al señalar que ya tiene un proceso de extradición abierto en Chile, por lo que -a su criterio- no hay posibilidad de escape.
El magistrado adoptó la decisión de embargar los bienes de Fujimori, pedida por el fiscal especial Alex Díaz Pérez, con el fin de garantizar el pago de una eventual reparación civil a favor de los deudos de las víctimas, en caso de que sea hallado responsable de los cargos que se le imputan.
En este nuevo proceso se acusa a Fujimori de ser el coautor del delito de asesinato en agravio de los miembros del MRTA Eduardo Cruz Sánchez (Tito), Luz Meléndez Cueva (Cynthia) y Víctor Peceros Pedraza.
Según la acusación fiscal, Fujimori no efectuó un debido control durante el operativo Chavín de Huantar para evitar las violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, por haber dispuesto en forma irregular las inhumaciones de los cuerpos de los miembros del MRTA, con dictámenes emitidos por el Hospital Central de la Policía Nacional, y sin efectuarse las necropsias de ley en el Instituto de Medicina Legal.
El ex mandatario es procesado por el titular del tercer Juzgado Anticorrupción bajo mandato de comparecencia restringida al señalar que ya tiene un proceso de extradición abierto en Chile, por lo que -a su criterio- no hay posibilidad de escape.
(Fuentes: Agencia PÚLSAR, Terra Actualidad-EFE y ANDINA-APN)
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