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2.11.07

Colombia: Conflicto interno

SE DESBORDA EL NÚMERO DE PERIODISTAS AMENAZADOS POR LA PINZA PARAMILITARES -PRESIDENTE-MILITARES Y MILES DE COLOMBIANOS SIGUEN HUYENDO

.El último caso, la periodista colombiana consultora de una agencia de la ONU, que investigó el asesinato del también periodista Jaime Garzón.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha expresado preocupación por las amenazas que recibe Claudia Julieta Duque, corresponsal en Colombia de Radio Nizkor y consultora de UNICEF. La periodista amenazada ha investigado, entre otros, el caso del periodista Jaime Garzón, asesinado por orden del jefe paramilitar Carlos Castaño, en una operaciòn tapada por la conjunción de paramilitares-gobierno-militares. El Comité de Evaluación y Reglamentación de Riesgos (CRER) del Ministerio del Interior colombiano, suspendió en agosto las medidas de seguridad que la protegían desde 2003. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (departamento cuya capital es Bogotá)ordenó, el pasado 18 de octubre, el restablecimiento del dispositivo. El 24 de octubre se le adjudicó de nuevo a la periodista un escolta de confianza y un vehículo blindado. Sin embargo, persiste un desacuerdo relativo al peligro que corre la interesada, y que debe volver a discutirse el 8 de noviembre con las autoridades competentes.
"Especialista en derechos humanos, Radio Nizkor es un medio de comunicación de Equipo Nizkor, organización de defensa de los derechos humanos, Claudia Julieta Duque es por definición una periodista ex puesta a un peligro muy alto, desde hace cerca de diez años. Su caso es muy conocido. Es normal que una evaluación del riesgo presida la concesión de protección para un profesional de los medios de comunicación, pero nadie puede rebatir la necesidad de un dispositivo a la altura de los peligros que corre”, señala RSF. Por esta razón, y a la vista de las últimas amenazas que ha recibido, pide al Ministerio del Interior que adopte todas las medidas adecuadas para el 'máximo riesgo'. También pide que se efectúe una investigación en profundidad que determine el origen de las amenazas en cuestión y que la periodista conozca los informes de inteligencia en su contra.
El colectivo de abogados José Alvear Restrepo y Claudia Julieta Duque manifiesta "la existencia de informes de inteligencia que pondrían en riesgo su ejercicio como defensora de derechos humanos".

El caso Jaime Garzón

La persecución de Clara Julieta Duque comenzó cuando se interesó por las irregularidades en la investigación sobre el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999. La periodista sospechó que el DAS (servicios policiales de información) había manipulado algunas pruebas del caso.

Emiro Rojas Granados, antiguo subdirector del servicio, presentó una denuncia contra ella, por "injurias" y "calumnia". Amenazada, víctima de un secuestro y un robo, Claudia Julieta Duque se vio obligada a abandonar el país en dos ocasiones. La periodista sospecha que los servicios de seguridad del Estado estaban en el origen de esas intimidaciones.

Considerada entonces en situación de "máximo riesgo", a Claudia Julieta Duque se le incluyó, en diciembre de 2003, en el programa de protección de periodistas. Las amenazas a la periodista, dirigidas también a su hija de trece años, se reprodujeron a su regreso a Colombia, en febrero de 2006. En marzo pasado advirtieron a la periodista que había una orden de asesinato contra ella. En el mes de julio se recibieron amenazas, por correo electrónico, en la organización Equipo Nizkor, con la firma del grupo paramilitar "Aguilas Negras".

El 25 de octubre, Claudia Julieta Duque envió una carta al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informándole de su situación y pidiéndole que interceda ante el DAS y el Ministerio del Interior. En esa carta, Claudia Julieta Duque subraya el reciente empeoramiento de la situación de la libertad de prensa en Colombia, y entre otras cosas los exilios forzosos de periodistas.

Tensas relaciones entre los medios y la administración Uribe

Tan solo a lo largo del mes de octubre el presidente Álvaro Uribe ha denostado públicamente a tres periodistas que, por otra parte, están amenazados:

-Gonzalo Guillén, corresponsal en Colombia del diario norteamericano en lengua española El Nuevo Herald, quien ha tenido que salir del país.

-Daniel Coronell, director de información del canal público Canal Uno y editorialista de la revista Semana.
-Carlos Lozano el 25 de octubre, y por segunda vez en el año. Es director del semanario Voz y ha sido acusado, sin ninguna prueba, de estar a sueldo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Amenazas cotra el director de “La Verdad”, la cuarta en un mes

Pedro Antonio Cárdenas, director de la revista "La Verdad", cuya hija padeciera un intento de secuestro el 24 de octubre de 2007, ha sido amenazado de nuevo el 29 de octubre.
Según el Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas (CESO-FIP), el 29 de octubre, Cárdenas recibió una llamada en la que una voz masculina le dijo que no olvidara que tanto él como su familia eran objetivo militar. Esta es la cuarta amenaza que Cárdenas recibe durante el último mes. "Hacemos una llamada a las autoridades para que atiendan de manera diligente la situación de seguridad del colega Pedro Antonio Cárdenas ", dijo Eduardo Márquez, director ejecutivo del CESO-FIP y Presidente de la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER.

Colombianos en busca de asilo desbordan el aeropuerto de Barajas

Unos cuatrocientos colombianos solicitaron asilo en el aeropuerto de Madrid-Barajas el pasado mes de octubre, lo que saturó las instalaciones donde estos ciudadanos aguardan la resolución de su caso y dificultó el trabajo de los letrados y los policías.
Según el Sindicato Unificado de Policía (SUP), desde principios de 2007 se han registrado 1.700 solicitudes de asilo por parte de colombianos, 400 de ellas en octubre.
Hubo días laborables en los que se efectuaron hasta 40 peticiones y coincidieron en Barajas hasta 150 personas.
El coordinador de Asuntos Jurídicos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente Ots, ha confirmado los datos y afirma que la situación que se vive en Barajas "es difícil", aunque no se puede calificar "de desbordamiento ni de caos".
El incremento de las peticiones de asilo por parte de colombianos es "un repunte" en una tendencia que se registra desde hace tiempo, señala Valiente, que ha criticado la "imprevisión de la Administración española", ya que desde hace año y medio se tenían que haber tomado medidas para habilitar nuevas instalaciones en Barajas para atender a los peticionarios de asilo.
Hasta que se resuelven sus peticiones, los inmigrantes permanecen en una sala 3 del aeropuerto, custodiada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía y vigilantes de seguridad privada, y habilitada también para los inadmitidos.
Durante el pasado mes de octubre, el gran volumen de solicitudes de asilo provocó una saturación de la sala, por lo que varios ciudadanos han sido trasladados a otra, la sala 4, en el exterior de las terminales.
Esta última depende de la Comisaría General de Extranjería y habitualmente se utiliza para las personas con orden de expulsión.
Mauricio Valiente señaló que la sala 3 no tiene malas condiciones, pero se ha quedado pequeña para albergar a tantas personas, y además los abogados que les asisten no tienen espacio para estudiar los casos como prevé la legislación.
Por su parte, el SUP destacó que los funcionarios policiales que se encargan de estos trámites están "desbordados de trabajo", y que un 60% de las peticiones de asilo han sido admitidas.
En cuanto al trámite que se sigue con los peticionarios de asilo, fuentes del Colegio de Abogados de Madrid explican que al llegar, el pasajero solicita asilo a los policías, quienes a su vez lo comunican a la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior. En un plazo no superior a 72 horas se personan en Barajas funcionarios de la citada oficina, acompañados de letrados e intérpretes si es necesario.Estudiado el caso, los funcionarios emiten un veredicto sobre la admisión a trámite o no de la petición y, si esta es denegada, se puede solicitar la revisión del caso, por lo que los trámites se pueden demorar hasta siete días.
Victor Hugo B., colombiano de 21 años, explica desde la sala 3 que llegó a Madrid el día 26 de octubre y está a la espera del resultado del trámite de su petición.Victor Hugo pidió a las autoridades españolas que agilicen los trámites, ya que en la sala 3 hay muchas personas "privadas de libertad y movimiento", con niños pequeños que se ponen enfermos y que viven en una situación de desesperación e incertidumbre.
(Fuentes: Periodistas-es y Periodista Digital-PL/Agencia EFE)

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