La Fiscalía de Perú solicitó una condena de 30 años de prisión para el ex presidente del país, Alberto Fujimori, por su responsabilidad en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y por los secuestros de un empresario y un periodista. La Segunda Sala Especial de la Corte Suprema de Perú recibirá el pedido y procesará a Fujimori el próximo 26 de noviembre, por 'delitos de lesa humanidad'.
El fiscal supremo, José Peláez, acusa al ex mandatario por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro. Además, demanda el pago de una indemnización de unos 33 millones de dólares a los familiares de las 25 personas asesinadas en Barrios Altos y la Cantuta, en 1991 y 1992 respectivamente.
Del mismo modo, el fiscal solicitó un resarcimiento de 99 mil dólares para el periodista Gustavo Gorriti y para el empresario Samuel Dyer, secuestrados en 1992, en el llamado caso de los "Sótanos del Servicio de Inteligencia". .
Fujimori tiene abiertos en Perú 27 procesos judiciales y 39 investigaciones y tres procesos pendientes por delitos de corrupción y violación a los derechos humanos durante sus gobiernos de 1990 al 2000. El acusado niega todos los cargos.
Del mismo modo, el fiscal solicitó un resarcimiento de 99 mil dólares para el periodista Gustavo Gorriti y para el empresario Samuel Dyer, secuestrados en 1992, en el llamado caso de los "Sótanos del Servicio de Inteligencia". .
Fujimori tiene abiertos en Perú 27 procesos judiciales y 39 investigaciones y tres procesos pendientes por delitos de corrupción y violación a los derechos humanos durante sus gobiernos de 1990 al 2000. El acusado niega todos los cargos.
Alberto Fujimori, de 69 años de edad, fue presidente de Perú de 1990 a 2000.
Después de pasar cinco años en Japón (país del que también es ciudadano), fue detenido en 2005 en Chile, donde permaneció bajo arresto domiciliario hasta su extradición a Perú en septiembre pasado.
Después de pasar cinco años en Japón (país del que también es ciudadano), fue detenido en 2005 en Chile, donde permaneció bajo arresto domiciliario hasta su extradición a Perú en septiembre pasado.
Testigos denuncian a Fujimori por las masacres
El ex vicepresidente peruano, Máximo San Román, quien compartió con Fujimori la candidatura a las presidenciales en el año 1.990, aseguró el jueves que el ex mandatario conocía la existencia del paramilitar Grupo Colina, que asesinó a 25 personas en las llamadas masacres de La Cantuta y Barrios Altos.San Román ocupó la vicepresidencia peruana entre 1990 y 1992, durante el primer periodo presidencial de Fujimori, y señaló que en ese puesto entregó en mano un informe al presidente donde se inicaba al Grupo Colina como autor del operativo represivo en Barrios Altos.
La Masacre de Barrios Altos se produjo en noviembre de 1991 cuando el Grupo Colina asesinó a 15 personas en un descampado.
San Román señaló que "cuando se produjo el operativo en Barrios Altos salió un informe de Inteligencia (...) con los mínimos detalles, nombres propios, cargos y qué funciones cumplían".
El entonces Comandante de la Escuela de Instrucción del Ejército peruano, el general Rodolfo Robles, expresó recientemente al diario La República que "Fujimori encubrió los crímenes (...) y si "hubiese estado ajeno a la responsabilidad de ese grupo criminal habría ordenado una investigación profunda".
El Grupo Colina formaba parte del Sistema de Inteligencia Nacional peruana durante el gobierno de Fujimori entre 1990 y 2000.
El mismo grupo asesino a diez personas en la llamada Masacre de la Cantuta en 1992
La Masacre de Barrios Altos se produjo en noviembre de 1991 cuando el Grupo Colina asesinó a 15 personas en un descampado.
San Román señaló que "cuando se produjo el operativo en Barrios Altos salió un informe de Inteligencia (...) con los mínimos detalles, nombres propios, cargos y qué funciones cumplían".
El entonces Comandante de la Escuela de Instrucción del Ejército peruano, el general Rodolfo Robles, expresó recientemente al diario La República que "Fujimori encubrió los crímenes (...) y si "hubiese estado ajeno a la responsabilidad de ese grupo criminal habría ordenado una investigación profunda".
El Grupo Colina formaba parte del Sistema de Inteligencia Nacional peruana durante el gobierno de Fujimori entre 1990 y 2000.
El mismo grupo asesino a diez personas en la llamada Masacre de la Cantuta en 1992
Comienza batalla legal y 'Keiko, habla de 'exceso'
La congresista Keiko Fujimori, hija mayor del ex presidente Alberto Fujimori, califica de "excesivo" el pedido de la fiscalía de 30 años de cárcel para su padre por violaciones a los derechos humanos. La legisladora opina que es un "absurdo" que "quien ha derro
tado al terrorismo", según su descripción, tenga que afrontar esa acusación en el juicio que se iniciará el 16 de noviembre. Es parte de la batalla mediático-legal que se pone en marcha ante el primer juicio.
tado al terrorismo", según su descripción, tenga que afrontar esa acusación en el juicio que se iniciará el 16 de noviembre. Es parte de la batalla mediático-legal que se pone en marcha ante el primer juicio.Fujimori tuvo que someterse el viernes pasado al primer interrogatorio judicial en Perú. En privado y bajo estrictas medidas de seguridad, fue interrogado por haber ordenado presuntamente una requisa ilegal del apartamento de la esposa de quien fuera jefe de los servicios secretos durante su gobierno, Vladimiro Montesinos.
La diligencia se realizó en la Dirección de Operaciones Especiales de la policía, donde el ex presidente está recluido desde que legó extraditado a Perú, el 22 de septiembre.
El allanamiento a la casa de Trinidad Becerra se produjo en noviembre de 2000 y es sólo uno de los casos por los que Fujimori fue extraditado. De ser declarado culpable por este caso, el ex jefe de Estado podría recibir una pena de hasta siete años de cárcel.
La diligencia se realizó en la Dirección de Operaciones Especiales de la policía, donde el ex presidente está recluido desde que legó extraditado a Perú, el 22 de septiembre.
El allanamiento a la casa de Trinidad Becerra se produjo en noviembre de 2000 y es sólo uno de los casos por los que Fujimori fue extraditado. De ser declarado culpable por este caso, el ex jefe de Estado podría recibir una pena de hasta siete años de cárcel.
Otros tres procesos ya tienen fecha: El 26 de noviembre comenzará el juicio por cargos de asesinato y secuestro, en los casos de La Cantuta y Barrios Altos. Luego seguirán dos procesos por corrupción.
SIGUE ADELANTE LA HUELGA NACIONAL INDEFINIDA EN LAS MINAS
La Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúgicos y Siderúrgicos del Perú confirmó la participación de 36 sindicatos de trabajadores mineros en la huelga nacional indefinida que comenzó el lunes 5 de noviembre.
La Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúgicos y Siderúrgicos del Perú confirmó la participación de 36 sindicatos de trabajadores mineros en la huelga nacional indefinida que comenzó el lunes 5 de noviembre.El secretario de organización del sector Nor-Oriente de dicho sindicato, Jesús Del Castillo Rivero, desmintió así las informaciones emitidas días atrás por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en las que se declaró improcedente la medida de fuerza.
Del Castillo Rivero aseguró que, a pesar de haber logrado algunos acuerdos, el Gobierno y las empresas demoran en su cumplimiento. Entre los acuerdos, figuran la eliminación de los topes de las utilidades, restitución del régimen de jubilación minera, la libre desafiliación de las Administradoras de Fondos de Pensiones y la eliminación del sistema de contrato y servicios.
“Suscribimos un acta de compromisos el 4 de mayo entre los cuales figuraban la normatividad de la jornada de las ocho horas; sin embargo, la ley está durmiendo en el Congreso de la República desde que se presentó y no hay avances al respecto”, aseguró Del Castillo Rivero.
El dirigente sindical advirtió que los mineros continuarán en huelga hasta el final, cuando “el gobierno cumpla con nuestras justas demandas”.
Este paro es la antesala de la jornada de movilizaciones convocada por las centrales sindicales y frentes regionales para el 8 y 9 de noviembre, en demanda del cumplimiento de las promesas electorales del presidente Alan García. En ese marco hay ya huelgas tanto de campesinos cocaleros, como en la sanidad y en la educación.
La Confederación Nacional de Trabajadores (CGTP), anunció que los frentes sociales de las regiones de Cusco, Junín, Huanuco, Loreto, Ucayali y Lambayeque se sumarán a la jornada nacional de movilización del próximo jueves. Y que, además de las marchas programadas en diversas ciudades, también están previstos paros de diversos sectores por el cumplimiento de los compromisos gubernamentales de atención de las demandas sociales y contra la política económica neoliberal.
Del Castillo Rivero aseguró que, a pesar de haber logrado algunos acuerdos, el Gobierno y las empresas demoran en su cumplimiento. Entre los acuerdos, figuran la eliminación de los topes de las utilidades, restitución del régimen de jubilación minera, la libre desafiliación de las Administradoras de Fondos de Pensiones y la eliminación del sistema de contrato y servicios.
“Suscribimos un acta de compromisos el 4 de mayo entre los cuales figuraban la normatividad de la jornada de las ocho horas; sin embargo, la ley está durmiendo en el Congreso de la República desde que se presentó y no hay avances al respecto”, aseguró Del Castillo Rivero.
El dirigente sindical advirtió que los mineros continuarán en huelga hasta el final, cuando “el gobierno cumpla con nuestras justas demandas”.
Este paro es la antesala de la jornada de movilizaciones convocada por las centrales sindicales y frentes regionales para el 8 y 9 de noviembre, en demanda del cumplimiento de las promesas electorales del presidente Alan García. En ese marco hay ya huelgas tanto de campesinos cocaleros, como en la sanidad y en la educación.
La Confederación Nacional de Trabajadores (CGTP), anunció que los frentes sociales de las regiones de Cusco, Junín, Huanuco, Loreto, Ucayali y Lambayeque se sumarán a la jornada nacional de movilización del próximo jueves. Y que, además de las marchas programadas en diversas ciudades, también están previstos paros de diversos sectores por el cumplimiento de los compromisos gubernamentales de atención de las demandas sociales y contra la política económica neoliberal.
El TLC, en la Cámara de Representantes de EE.UU.
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos será sometido este miércoles al pleno de la Cámara de Representantes, penúltimo paso para su ratificación por el Congreso estadounidense. Ya la Comisión de Medios y Arbitrios dio, la pasada semana, su visto bueno al tratado por 39 votos contra 0.
Si el acuerdo es aprobado por la Cámara de Representantes, entonces será sometido en las próximas semanas al pleno del Senado, cuya Comisión de Finanzas apoyó el texto hace un mes.
El acuerdo con Perú es el primero de cuatro pendientes -los otros tres son Colombia, Panamá y Corea del Sur- en ser enviado al Congreso por la Casa Blanca.
Pese a las presiones del gobierno, los demócratas parecen determinados a no aprobar por ahora el tratado con Colombia, al exigir al gobierno de Álvaro Uribe que resuelva antes el problema de los asesinatos de sindicalistas y el llamado "escándalo de la parapolítica".
(Fuentes: Agencia PÚLSAR-CNR, BBC-Mundo, ANSA-Latina y ADITAL-Telesur)
El acuerdo con Perú es el primero de cuatro pendientes -los otros tres son Colombia, Panamá y Corea del Sur- en ser enviado al Congreso por la Casa Blanca.
Pese a las presiones del gobierno, los demócratas parecen determinados a no aprobar por ahora el tratado con Colombia, al exigir al gobierno de Álvaro Uribe que resuelva antes el problema de los asesinatos de sindicalistas y el llamado "escándalo de la parapolítica".
(Fuentes: Agencia PÚLSAR-CNR, BBC-Mundo, ANSA-Latina y ADITAL-Telesur)
No hay comentarios:
Publicar un comentario