Brasil: MST y Transgénicos

EL MOVIMIENTO DE LOS SIN TIERRA ADVIERTE QUE UNA NUEVA MATANZA DE CAMPESINOS PODRÍA ESTAR EN MARCHA EN EL ESTADO DE PARÁ

La policía militar de Pará (PA) se ha puesto en marcha para cumplir 49 órdenes de reintegración a sus dueños de las haciendas ocupadas por movimientos rurales en todo el Estado. Con más de dos mil familias acampadas en el estado, el Movimiento de los trabajadores Rurales sin Tierra (MST) aseguró que resistirá frente a las acciones de la policía militar.
El coordinador nacional del movimiento, Ulisses Manacás, teme una nueva masacre como la ocurrida en Eldorado dos Carajás (PA) hace once años, cuando 19 trabajadores fueron brutalmente asesinados por la policía militar. En aquel entonces Almir Gabriel, del partido PSDB era el Gobernador del Estado. Ulisses afirma que si ocurre una tragedia, la responsabilidad completa será de la Gobernadora Ana Julia , del PT, el partido de Lula, y añade que la gobernadora no debería haber autorizado los mandamientos judiciales sin dar solución al conflicto en las tierras ocupadas. “Verificamos que hay una laguna muy grande entre el poder judicial y los movimientos sociales que debería ser cubierta por el estado. Este debería hacer una inspección de las áreas, utilizar el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) para hacer expropiaciones, porque todas estas áreas tienen problemas de documentación (con certificados falsos de propiedad) En tal caso, el estado se debe ver obligado a intervenir el ese sentido para, al menos, se compruebe la productividad de estas áreas y la documentación según la norma legal, ofreciendo una alternativa para los trabajadores rurales. Pero eso no es lo que está ocurriendo”.
La policía militar decidió que la finca Sâo Marcos, en el municipio de Parauapebas, será la última en ser desocupada. En ella acampan militantes del MST que consideran esta finca un marco simbólico de la lucha por la tierra. Esta finca pertenece a un latifundista conocido como Donizete, que ha sido denunciado a la autoridad judicial como el ordenante del asesinato de dos líderes del MST en 1998.
(Fuente: Vinicius Mansur,Radioagência NP)

Matanzas del Camarazal y del Dorado de Carajás

Precisamente hace menos de un mes que se cumplieron 10 años de una masacre emblemática para el Movimiento. En el amanecer del día 9 de junio de 1997, los pistoleros asaltaron el campamento de Camarazal, en la ciudad de Nazarâ de Mata, zona del norte de Mata de Pernambuco, tirando contra los campesinos sin tierra que acampaban en el área. Quedaron heridos cinco trabajadores y dos niños. Después dos de los Sin Tierra fueron brutalmente torturados y asesinados. El caso , conocido como la Matanza de Camarazal, sigue impune diez años después.

Y el 17 de abril se cumplieron 11 años de la Masacre de Eldorado do Carajás , en la que fueron asesinados 19 trabajadores y todos los acusados continúan impunes. La policía militar empezó a desalojar a los manifestantes sin tierras que bloqueaban la carretera PA-150 en Eldorado dos Carajás, en el estado de Pará. Una hora después, 19 personas yacían muertas, muchas de ellas por disparos a quemarropa; a algunas las habían matado a hachazos con las herramientas agrícolas de los propios manifestantes.Tras una compleja batalla legal, 127 policías militares y 19 oficiales de alta graduación fueron juzgados en junio de 2002. Todos fueron absueltos a excepción del coronel Mario Pantoja y el mayor José Maria Oliveira, que permanecen en libertad mientras se decide un segundo recurso contra su condena.

Como aseguraba Amnistía Internacional al cumplirse los 1o años de la masacre " El caso de Eldorado dos Carajás es emblemático de la cultura de la impunidad en el estado de Pará. Diez años después de la matanza, ninguno de los implicados ha sido encarcelado. La torpe investigación policial, una investigación pericial y forense lamentablemente inadecuada, y la ausencia de protección a los testigos que recibieron amenazas lastraron el proceso judicial a cada paso. Ni el entonces gobernador del estado de Pará, Amir Gabriel, ni el secretario de Seguridad Pública, Paulo Sette Câmara, que dio la orden de "desalojar a la gente" de la carretera PA-150 "a cualquier precio", han sido procesados, convirtiendo así en una burla el principio de la responsabilidad de la cadena de mando.

Una de las causas de la Impunidad es la sumisión de algunos jueces a los latifundistas. El mes pasado, el dirigente del MST, Jaime Amorim dijo que tanto la Masacre de Eldorado dos Carajás como la de Corumbiara en 1995 fueron factores que contribuyeron para que el Estado repensase sus formas de reprimir a los movimientos sociales, por la fuerte repercusión que causaron. Resaltó además que la Medida Provisoria, que prohíbe inspecciones en tierras ocupadas por el período de dos años, sirve para deslegitimar la lucha por la tierra y detener el proceso de la Reforma Agraria.
Ante todo este escenario de represión, los movimientos sociales están apostando a la formación de abogados para reforzar sus defensas. Para ello, será inaugurado el primer Curso de Derecho de Brasil en colaboración con los movimientos de Vía Campesina, el día 14 de agosto, en la Universidad Federal de Goiás (UFG), donde van a estudiar 40 jóvenes campesinos.

(Fuentes:Adital, MST y Amnistía Internacional)

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LA JUSTICIA BRASILEÑA PROHÍBE EL MAÍZ TRANSGÉNICO DE BAYER

La justicia federal brasileña anuló en los últimos días la liberalización de la venta del maíz transgénico producido por la compañía multinacional Bayer. La demanda fue impulsada por las entidades Tierra de Derechos, Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor, la Asesoría y Servicios de Proyectos en Agricultura Alternativa (ASPTA) y la Asociación Nacional de los Pequeños Agricultores, después de denuncias de varios casos en que agricultores ecológicos y convencionales cuyas tieras fueron contaminadas por los transgénicos. El fallo responde a la demanda que solicitó que se revisara la autorización de la venta del maíz emitida por la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad. Esas entidades alegaron que la CTNBio liberó el maíz transgénico de la Bayer sin definir las reglas que garantizasen la coexistencia segura entre variedades orgánicas, sean ellas convencionales o transgénicas. Otro problema es la inexistencia de un plan de control, capaz de evaluar los impactos ambientales y sobre la salud después de la liberación comercial del producto y de su consumo
A partir de ahora la Comisión ya no podrá liberar nuevas variedades de transgénicos sin elaborar previamente las medidas de bioseguridad.
Las organizaciones ambientalistas señalaron que la Comisión no respetó la Ley de Bioseguridad y el Principio de Precaución, instrumentos que regulan el tratamiento de la biotecnología en Brasil.
Además, las ONGs afirmaron que ya hubo casos comprobados de contaminación por los transgénicos.
María Rita Reis, abogada de la organización Terra de Directos explicó que "el estudio para garantizar el derecho de no contaminación envuelve no solamente cuestiones relativas a la planta transgénica, sino también a la manera de cómo se organiza la cadena productiva"

La justicia adoptó una acción civil pública, por lo tanto, la decisión es un avance en la lucha por la bioseguridad. Para Gabriel Fernández, agrónomo de la ASPTA “es una gran victoria para todos los agricultores que no realizan el plantío transgénico, es aun una victoria inmensa para los consumidores. La rotulación infelizmente no ha sido muy efectiva en el caso de la soja. Si sale el maíz transgénico tampoco podemos esperar que funcione. Así el consumidor queda perjudicado, no se puede elegir el producto sin saber si él contiene algún ingrediente transgénico”.
(Fuentes: Agencia PÚLSAR/NP)