.Los cortes de hasta 12 horas al día, afectan a más de 600.000 habitantes.
.La eléctrica se queja de los miles de 'piratas'que se cuelgan de la red sin pagar. El Estado, de que Unión Fenosa no paga sus deudas, no invierte y sólo quiere ganancias.
Varias organizaciones sociales realizarán a lo largo de esta semana una serie de actividades preparatorias para el juicio popular de la empresa española Unión Fenosa, acusada de no cumplir sus contratos y de causar daños desde el inició de sus actividades en Nicaragua. El juicio estará a cargo del Tribunal Permanente de los Pueblos y formará parte del Encuentro Mesoamericano del Grito de los Excluidos, que se tendrá lugar en Managua en octubre.
Durante el mes de agosto, las organizaciones informarán sobre las rones de su rechazo a los acuerdos firmados entre el Estado de Nicaragua y la eléctrica española. Exigirán "la cancelación de los contratos y que la empresa se vaya definitivamente del país".
Nicaragua atraviesa una crisis energética que afecta a unos 600 mil nicaragüenses que padecen cortes regulares de hasta 12 horas cada día.
La transnacional española presta servicios en el país desde hace siete años.
Las denuncias de las organizaciones se basan en pruebas técnicas que demuestran los abusos que la empresa está cometiendo contra la población y el sector productivo de la pequeña y mediana industria.
Ortega, que intenta negociar con Unión Fenosa, acusa a la empresa de 'inflexible'
El presidente Daniel Ortega denunció que la trasnacional de la energía Unión Fenosa mantiene una posición “muy dura”, razón por la cual su gobierno no ha podido avanzar en las negociaciones para encontrar una solución a la crisis energética. Ortega reafirmó este fin de semana sus críticas a la distribuidora y las generadores eléctricas porque han incumplido con los contratos que firmaron con el país, y porque únicamente se han dedicado a obtener jugosas ganancias de sus negocios. “Que les importa que los pobres pierdan, que siempre pierdan y que nunca puedan acceder a nada…pero para ellos (inversionistas) sí tienen que haber garantías, entonces no hay libre mercado”, reprochó. Reclamó a esas empresas porque no han invertido los recursos para responder a la creciente demanda de los usuarios.“Fíjense que bonito. Ellos haciendo su negocio tranquilamente, y ahora quieren que el gobierno sea el que responda (por los apagones), es decir, que el pueblo pague las sinvergüenzadas que ellos han cometido”, recriminó durante un acto en el norte del país.. Ortega, denunció que Unión Fenosa, pese a haberse comprometido a renunciar a ello en un acuerdo firmado en Madrid, amenaza ahora con reabrir la vieja demanda que por 200 millones de dólares interpuso ante el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (Miga por sus siglas en inglés). El Miga, creado en 1988, tiene como meta promover la inversión extranjera en países subdesarrollados, encargándose de otorgar garantía a los inversionistas contra pérdidas ocasionadas por riesgos no comerciales, tales como expropiación, inconvertibilidad de moneda, restricciones de transferencias, guerras o disturbios.
Ortega aseguró que esa empresa habría obtenido jugosas ganancias que ascienden a millones de dólares. “Eso es una estafa, un robo”, acusó. Reiteró la promesa que para inicios de 2008 habrá una solución a los apagones porque con la llegada de nuevas plantas generadoras, entre ellas las taiwanesas, la energía se estabilizará.
Una crisis que comenzó hace ya casi tres años
La crisis energética que afronta Nicaragua, perjudica a más de 600.000 usuarios, es provocada por averías que sufren las plantas térmicas obsoletas, dificultades financieras y por falta de agua en el lago de Apanás, principal generadora de energía hidroeléctrica. La crisis se afronta por el Gobierno Sandinista con un nuevo plan de racionamientos de luz, en marcha desde mediados de Julio, para reducir el impacto en la economía.
El nuevo plan establece dos bloques de apagones en Managua con un máximo de cinco horas, y otro de siete horas en los 17 departamentos. Ese plan fue acordado por Unión Fenosa, el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Nicaragüense de Energía (INE, ente regulador) y dos cámaras empresariales. El Gobierno de Nicaragua.
La crisis energética que afronta Nicaragua, perjudica a más de 600.000 usuarios, es provocada por averías que sufren las plantas térmicas obsoletas, dificultades financieras y por falta de agua en el lago de Apanás, principal generadora de energía hidroeléctrica. La crisis se afronta por el Gobierno Sandinista con un nuevo plan de racionamientos de luz, en marcha desde mediados de Julio, para reducir el impacto en la economía.
El nuevo plan establece dos bloques de apagones en Managua con un máximo de cinco horas, y otro de siete horas en los 17 departamentos. Ese plan fue acordado por Unión Fenosa, el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Nicaragüense de Energía (INE, ente regulador) y dos cámaras empresariales. El Gobierno de Nicaragua.
Según Unión Fenosa, Nicaragua sufre cortes en el suministro energético por las deficiencias en la producción de sus centrales. Unión Fenosa posee dos distribuidoras eléctricas en el país centroamericano, Disnorte y Dissur. En junio pasado el gobierno nicaragüense retiró una multa a Unión Fenosa de 2,4 millones de dólares, que había sido impuesta por la Dirección de Defensa del Consumidor a Disnorte y Dissur. Además, el Parlamento aprobó el 28 de junio una ley que faculta a Unión Fenosa a generar energía, con fuentes no renovables, hasta un 20 por ciento de la demanda local, de unos 480 megavatios. La ley otorga a la eléctrica española privilegios en la compra de energía a las empresas estatales, a través de créditos blandos.
Unión Fenosa y el Gobierno deben firmar mañana un acuerdo
En la calle, la gente pide la salida del país de la eléctrica española. Pero, quizá, la sangre no llegue al río. Al parecer, a fecha de hoy, 31 de Julio, según la eléctrica, el gobierno y Unión Fenosa están próximos a lograr un acuerdo definitivo que garantice la permanencia de la compañía en el país. En las conversaciones, que comenzaron el 16 de julio, los representantes del gobierno, Fenosa, las empresas generadoras y el ente regulador, discuten las tarifas, la inversión en las redes de distribución y la deuda con los generadores. En declaraciones a los medios de comunicación, algunos negociadores indicaron que a pesar de haber logrado algunos avances, "aún existen profundos desacuerdos entre el gobierno, Fenosa y los generadores" sobre el desfase entre el coste de la energía y las tarifas a los consumidores. Otro de los puntos de desencuentro es sobre quién asumirá las pérdidas y la deuda acumulada por Unión Fenosa al ver dificultada su labor de distribución."Ya se está discutiendo el borrador del documento que se va a firmar", según el portavoz de la distribuidora eléctrica, Jorge Katín. El presidente de la firma española, Pedro Honorato López Jiménez, llega hoy a Managua " para firmar el acuerdo que garantice la permanencia de Unión Fenosa en el país", manifestó Katin.
El gobierno acusa a la trasnacional española de incumplir compromisos contraídos en 2001, cuando le cedió la distribución de la energía en el país y le ha amenazado con suspender la concesión si no los cumple. En las negociaciones que comenzaron hace dos semanas en la capital nicaragüense, el punto discordante es lo relativo a una abultada deuda de la distribuidora eléctrica con las empresas generadoras del sector público y privado que exigen su cancelación para seguir operando.
Desde mayo, Nicaragua está sometida a racionamientos eléctricos que en su momento más crítico alcanzó las 12 horas y, que según el gobierno, espera superar en el primer trimestre del 2008 con el aumento de la capacidad de producción de energía mediante la instalación de plantas generadoras que le proveerá Cuba, Venezuela y Taiwán.
Cerca del 80% de la energía que se produce en Nicaragua es a base de búnker, un derivado del petróleo, y el resto es a base de fuentes renovables como la geotermia, agua y aire. El viaje de López, Presidente de Fenosa a Managua demuestra el interés de la eléctrica española en seguir en Nicaragua La suscripción del acuerdo coincidiría con la llegada a Managua, en visita oficial, de la Vice Presidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega.
(Fuentes: Agencia PÚLSAR, El Nuevo Diario,Terra Actualidad- EFE y Radio La Primerísima)
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