Cuando está a punto de cumplir el primer año de su mandato, Alan García afronta protestas generalizadas en varios frentes. Está en cuestión su política económica y los sindicatos y el resto de los movimientos sociales le acusan de incumplir sus compromisos electorales, especialmente por la falta de medidas para intentar mejorar las condiciones de vida de millones de peruanos, en situación de pobreza o marginación. Así están el 60 % de los 25 millones de habitantes del Perú.
Desde que el Congreso peruano ratificó por 70 votos a favor y 38 en contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos –afinado después de tres meses de negociaciones, incluida la visita de Alan García a la Casa Blanca en abril—, el país ha sido sacudido por huelgas y manifestaciones, y la popularidad del presidente que había prometido “un nuevo Perú”, y que ha resuelto mandar el ejército a las calles en función anti-huelga, se está desplomando.
De momento, las violentas protestas de los últimos días en Perú han dejado tres personas muertas, 34 heridos y 298 detenidos. El director de la Policía, David Rodríguez, confirmó el martes que uno de los fallecidos fue un hombre que murió en un choque entre manifestantes y policías. La semana pasada se conoció la muerte de otro manifestante y de una menor durante las protestas. Los principales delitos de los que se acusa a los detenidos son contra la seguridad pública, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, homicidio y lesiones graves.
De momento, las violentas protestas de los últimos días en Perú han dejado tres personas muertas, 34 heridos y 298 detenidos. El director de la Policía, David Rodríguez, confirmó el martes que uno de los fallecidos fue un hombre que murió en un choque entre manifestantes y policías. La semana pasada se conoció la muerte de otro manifestante y de una menor durante las protestas. Los principales delitos de los que se acusa a los detenidos son contra la seguridad pública, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, homicidio y lesiones graves.
La actitud represiva del Gobierno está entorpeciendo la posiblidadde que los conflictos remitan. Ayer, los maestros, que había anunciado el reinicio de negociaciones y la posible vuelta a las clases, cambiaron de actitud cuando el Gobierno les exigió poner fin a la huelga para iniciar en diálogo y protagonizaron nuevas protestas en varias ciudades. En la Plaza Plaza de Armas y en los alrededores del aeropuerto de la ciudad de Cuzco (sur), principal destino turístico y capital histórica de Perú, así como en las ciudades de Chimbote y Huamanga, en el norte y sur del país, los maestros protagonizaron acciones pacíficas de protesta. En Lima, la Policía reprimió con gases lacrimógenos a cientos de profesores que intentaban marchar hacia el Ministerio de Educación.
En represalia, el Gobierno decidió pagar salarios sólo a los maestros que asistan a clases. El dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana (Sutep), Robert Huaynalaya, informó que los maestros, que se mantienen en huelga desde hace 15 días, están dispuestos a retirar la medida de fuerza tan pronto como se inicie el diálogo. "Se inicia el diálogo e inmediatamente suspendemos la huelga. Hemos hecho esta jornada de lucha pidiendo el diálogo y ahora que se nos ha escuchado no somos intransigentes", dijo Huaynalaya. Los maestros realizan una huelga indefinida desde el 5 de julio en rechazo a la Ley de Carrera Pública Magisterial, pues sostienen que atenta contra la enseñanza pública gratuita y afectará la estabilidad laboral.
Diálogo con los campesinos y Huelga General de la CGTP
Entre tanto, la huelga, a la que se sumó entre el miércoles y el viernes pasado la Central General de Trabajadores de Perú (CGTP), continúa y no se descartan más acciones de protesta. 
En medio del descontento que ha motivado protestas y huelgas en varios sectores de Perú, un primer acercamiento al diálogo se inició entre el Gobierno peruano y los trabajadores y agricultores de las ciudades sureñas de Arequipa y Andahuaylas, luego que ambas regiones declararan una tregua de 48 horas para iniciar contactos con el Gobierno. La tarde del martes, el primer ministro peruano, Jorge del Castillo, se trasladó hasta Arequipa para iniciar el diálogo con los dirigentes. Las conversaciones continuarán con una comisión presidencial que, este mismo jueves está previsto que viaje hasta Andahuaylas El pasado 11 de julio, trabajadores y agricultores de Arequipa, iniciaron un paro general de actividades en la región, en demanda de mayor presupuesto para las regiones y de la construcción de carreteras, así como para expresar rechazo al alza de los combustibles y de los alimentos de primera necesidad. En Andahuaylas (departamento de Apurímac), donde el lunes murió en la represión de la protesta un dirigente rural y 30 personas más resultaron heridas, se inició un paro agrario, también para pedir la construcción de carreteras en la zona y contra el incremento en los precios de los fertilizantes. En ambos casos, la huelga fue levantada por 48 horas para iniciar el diálogo con el Gobierno.
(Fuentes: lne.es, Ansalatina, Agencia PÚLSAR, TeleSur)
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Perú:Fujimori
LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE LA CANTUTA EXIGEN LA EXTRADICIÓN
Familiares de los estudiantes asesinados en 1992 por el grupo paramilitar Colina se movilizaron hasta la Embajada de Chile donde entregaron una carta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet en la que exigen la extradición de Alberto Fujimori. Los familiares de las víctimas estuvieron acompañados por un nutrido grupo de dirigentes del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) y de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).
En la carta, los familiares de los nueve estudiantes asesinados en la Universidad de La Cantuta le piden a Bachelet que no permita que queden impunes los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen del ex mandatario peruano. El miércoles pasado, el juez de la Corte Suprema de Chile, Orlando Álvarez rechazó la extradición en primera instancia, por considerar que no existen elementos suficientes para probar la culpabilidad del ex gobernante.El fallo del magistrado deberá ser revisado por la Segunda Sala de la Corte Suprema independientemente de que alguna de las partes apelen al fallo .Los familiares de las víctimas de La Cantuta reiteraron su molestia con la decisión de Álvarez y remarcaron que Fujimori debe ser extraditado para que responda ante la justicia peruana por las acusaciones que se le hacen. Ratificaron, además, que están evaluando solicitar que el ex gobernante, que ha lanzado su candidatura al senado japonés, sea juzgado en Chile.
En la carta, los familiares de los nueve estudiantes asesinados en la Universidad de La Cantuta le piden a Bachelet que no permita que queden impunes los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen del ex mandatario peruano. El miércoles pasado, el juez de la Corte Suprema de Chile, Orlando Álvarez rechazó la extradición en primera instancia, por considerar que no existen elementos suficientes para probar la culpabilidad del ex gobernante.El fallo del magistrado deberá ser revisado por la Segunda Sala de la Corte Suprema independientemente de que alguna de las partes apelen al fallo .Los familiares de las víctimas de La Cantuta reiteraron su molestia con la decisión de Álvarez y remarcaron que Fujimori debe ser extraditado para que responda ante la justicia peruana por las acusaciones que se le hacen. Ratificaron, además, que están evaluando solicitar que el ex gobernante, que ha lanzado su candidatura al senado japonés, sea juzgado en Chile.
Recuerdan en Perú a las víctimas de la masacre al cumplirse 15 años
Organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas de la masacre de La Cantuta, cometida por el grupo militar encubierto 'Colina' en 1992, recordaron ayer los 15 años de ese crimen con un acto cultural y una misa en una iglesia del centro histórico de Lima. Durante la conmemoración, decenas de estudiantes participaron en un pasacalle y un acto simbólico celebrado en la Plaza Francia, en recuerdo de los nueve alumnos y un profesor de la universidad limeña 'Enrique Guzmán y Valle', conocida como La Cantuta. Posteriormente, familiares, amigos y representantes de organizaciones civiles asistieron a una misa celebrada en la iglesia de La Recoleta.
Organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas de la masacre de La Cantuta, cometida por el grupo militar encubierto 'Colina' en 1992, recordaron ayer los 15 años de ese crimen con un acto cultural y una misa en una iglesia del centro histórico de Lima. Durante la conmemoración, decenas de estudiantes participaron en un pasacalle y un acto simbólico celebrado en la Plaza Francia, en recuerdo de los nueve alumnos y un profesor de la universidad limeña 'Enrique Guzmán y Valle', conocida como La Cantuta. Posteriormente, familiares, amigos y representantes de organizaciones civiles asistieron a una misa celebrada en la iglesia de La Recoleta. El 18 de julio de 1992 los estudiantes y el profesor universitario fueron secuestrados y posteriormente ejecutados por el grupo 'Colina'.Según la justicia peruana, ese escuadrón de la muerte fue creado durante el régimen del presidente Alberto Fujimori (1990-2000) por el asesor Vladimiro Montesinos .La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló el año pasado contra el Estado peruano por este caso, lo que ha llevado a que se inicie un proceso contra los integrantes del grupo, la mayoría de los cuales está actualmente en prisión. Este caso, junto a las masacre de Barrios Altos, que dejó a 15 personas muertas en 1991, es una de las principales acusaciones por crímenes de lesa humanidad que se hace contra Fujimori y está contemplado en el pedido de extradición presentado a las autoridades de Chile. .El grupo Colina fue liderado por el mayor del Ejército Santiago Martin Rivas, quien está siendo procesado y reconoció ante el periodista peruano Umberto Jara que esas acciones fueron parte de una política de 'guerra de baja intensidad' que conocían Fujimori, Montesinos y los principales jefes militares de entonces. Por ese motivo, la procuraduría(fiscalía) del Estado y el Ministerio Público consideran al ex presidente como autor intelectual de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante su régimen. Durante ese gobierno la justicia militar procesó y condenó a los miembros de Colina, pero luego Fujimori dictó una ley de amnistía que permitió que abandonaran la cárcel.
(Fuentes: Agencia PÚLSAR y Terra Actualidad - EFE)
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