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27.7.07

Paraguay: Protestas sociales

MOVILIZACIONES CONTRA LA LEY ANTITERRORISTA, QUE BUSCA ACABAR CON LA CONTESTACIÓN SOCIAL Y ENCARCELAR A SUS LÍDERES

Grupos de derechos humanos y movimientos sociales paraguayos marcharon ayer en Asunción hasta el Congreso para pedir a los senadores la no aprobación de la “Ley Antiterrorista”.Los manifestantes se oponen al proyecto de ley porque la misma habilitaría la condena de hasta 40 años de cárcel a personas que participen en movilizaciones públicas.
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) expresó que la propuesta contempla una definición imprecisa de la figura de “terrorismo”, que permitiría que jueces incluyan en la misma a conductas como marchas de protesta.
Junto a la Codehupy, la organización Por un país para la mayoría y la Alianza Patriótica Socialista condenaron también las reformas aprobadas al Código Penal.
Las organizaciones sociales se oponen a las reformas pues las consideran contrarias a los principios democráticos, en tanto su marco de discusión excluyó a la ciudadanía.

Óscar López, presidente del Consejo de Delegados de Pojoaju, que reúne a organizaciones no gubernamentales, advirtió que la Ley" afecta seriamente a la ciudadanía y en vez de resolver el problema de la inseguridad, generaría un sistema de más violencia ya que reprime derechos fundamentales de los ciudadanos”.
Asimismo, remarcó que dejan en manos de los jueces el definir si una movilización o reclamo popular, es un acto terrorista.
La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó la llamada “Ley Antiterrorista” el pasado 3 de mayo y se espera que el Senado otorgue la sanción definitiva el próximo 9 de agosto.
Marcela Zub Cantero, abogada de Codehupy, indica que la "Ley Antiterrorista viola tratados internacionales ratificados por Paraguay". Y asegura que contradice el estatuto de Roma, que considera a las cárceles como centros de rehabilitación de los infractores de la ley y no como establecimientos donde se deban purgar penas máximas que imposibiliten la reinserción social de los reclusos, como lo pretende esta norma.
La abogada también subraya que mientras la Ley Antiterrorista permitirá que las penas alcancen hasta 40 años de cárcel a quienes participen en manifestaciones públicas, la pena para funcionarios que roban al Estado fue reducida de 10 años a cinco años de prisión.
Las organizaciones sociales critican además que la referida reforma protege aún más a los legisladores que incurran en hechos delictivos, ya que no prevé sanciones por violación a las leyes cometidas por personas electas democráticamente.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, Adital/NP y TeleSur)

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