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10.7.07

Colombia: la Drummond y los paramilitares

NUEVO JUICIO CONTRA UNA MULTINACIONAL NORTEAMERICANA, POR UNA MATANZA PARAMILITAR DE SINDICALISTAS
La compañía carbonera estadounidense Drummond comenzó a ser juzgada ayer en Birmingham (Alabama), por su presunta responsabilidad en los asesinatos de tres líderes sindicales ocurridos en Colombia en el año 2001. Drummond está acusada de pagar a grupos paramilitares para que asesinaran a los sindicalistas Valmore Locarno, Víctor Orcasita y Gustavo Soler.
La masacre se produjo en un momento en que los mineros de La Loma mantenían presiones laborales para apoyar sus demandas de mejoras salariales y de las condiciones de trabajo, en la segunda mina más importante de Colombia, ubicada en el noreste del país y explotada por la Drummond.
El juicio que se abrió ayer en Estados Unidos, es el primero que acusa a una firma estadounidense por violaciones a los derechos humanos en el exterior de esa nación.
La demanda exige la indemnización de los familiares de los sindicalistas asesinados. Colombia obsenta el vergonzoso y triste récord mundial por el número de sindicalistas exterminados cada año.

"Si ganamos, será la primera vez que una compañía de Estados Unidos es encontrada culpable por un jurado de cometer abusos a los derechos humanos en el exterior," dice Dan Kovalik, un abogado del Sindicato de Trabajadores del Acero, con sede en Pittsburgh, que se constituyó en parte civil para ayudar a las familias de los trabajadores muertos. "Esperamos que esto envíe una señal a las compañías en el sentido de que se necesita respetar los derechos de sus trabajadores, donde quiera que operen," añade el abogado.
A principios de 2007, la bananera Chiquita Brands International, aceptó pagar 25 millones de dólares para detener el juicio en el que se le acusaba de financiar a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Además de Drummond, otras empresas estadounidenses, pero ligadas al sector alimenticio, también enfrentan demandas de trabajadores bananeros de países centroamericanos, por mentir sobre los efectos nocivos del pesticida Nemagón, sobre su salud.
Cerca de 5 mil trabajadores bananeros de Costa Rica, Panamá, Guatemala y Honduras, acusan a las firmas Dole Fresh Fruit, Standard Fruit, Chiquita y Del Monte, por usar el referido pesticida que fue prohibido en Estados Unidos desde 1975, al comprobarse sus efectos cancerígenos.
Los demandantes solicitan una indemnización por parte de las transnacionales. De lograr un fallo a su favor, sería la primera vez en que obreros bananeros obtienen justicia en cortes estadounidenses.

(Fuentes: Agencia Púlsar, TeleSur, Reuters y Caracol/YR)


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Colombia-España

PIDEN EL CESE DE LA EMBAJADORA COLOMBIANA EN MADRID, QUIEN RECONOCIÓ SU IMPLICACIÓN EN LA MASACRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ

.La intervención militar para recuperar el Palacio, en manos de un comando del M-19, dejó 11 desaparecidos y más de 100 asesinados entre el 6 y 7 de noviembre de 1.985

La Embajadora de Colombia en Madrid, Noemí Sanín reconoció ser la responsable de censura oficial y de silenciar a los medios de información mientras se ejecutaba la masacre en el Palacio de Justicia. Sanín era en ese momento Ministra de Comunicaciones del gobierno del conservador Belisario Betancur. La pasada semana, en un acto en la Casa de América de Madrid reconoció que fue ella quien ordenó a las radios colombianas que dejaran de emitir las declaraciones grabadas del entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, en las que clamaba al Presidente Betancurt que ordenara al ejército un "cese al fuego” para evitar la matanza que, finalmente, perpetraron los mlitares en el asalto.
El medio día del 6 de noviembre de 1.985 un comando de cerca de 30 guerrilleros del M-19 tomaron el Palacio de Justicia con la finalidad de iniciar un juicio público y político al gobierno por su responsabilidad en la ruptura del proceso de paz en curso. Hacia mediados de la tarde, Radio Todelar logró entrevistar al Presidente de la Corte Suprema de Justicia , Reyes Echandía, quién requirió a Betancur el 'cese al fuego' y el cese de las operaciones militares, para iniciar un diálogo con el grupo guerrillero. La permanente repetición de ese clamor por la radio, con el que se logró conmocionar al país llevó al gobierno,a través de la ahora embajadora en Madrid, a ordenar la censura.
Organizaciones españolas de derechos humanos presentes en Casa de América, han señalado la gravedad del reconocimiento hecho público por Noemí Sanín. Juristas españoles y colombianos, han indicado que este reconocimiento debe suponer una inmediata reapertura de la investigación penal y la censura a la representante de Colombia en España, pues en el Palacio de Justicia de Bogotá, se consumaron crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada de 11 trabajadores de la cafetería del Palacio. “La justicia colombiana debería obrar y la embajadora debería ser declarada persona no grata en España y dejar su cargo”, expresó una de las organizaciones de derechos humanos allí presentes.

La justicia deberá establecer por qué se modificaron las escenas del crimen, las torturas cometidas y la sepultura en fosas comunes, por que se quemaron archivos en los que se investigaba a militares por violaciones de derechos humanos; por qué embargaron, ocultaron y destruyeron vídeos y demás pruebas documentales.


Recientemente una de las pruebas de video fue hallada en poder de uno de los militares responsables de los crímenes, el entonces Coronel Alfonso Plazas Vega, actualmente investigado. En ese vídeo escondido durante más de dos décadas, se prueba la salida con vida y escoltado por militares, de Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio, uno de los detenidos desaparecidos, padre de Alejandra Rodríguez, miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia, quien se encontraba en el acto de la Casa de América de Madrid. Alejandra preguntó a la Embajadora por su responsabilidad penal y política.


Ante las preguntas del público en Casa de América y varias evasivas SANIN decidió abandonar recinto.

Decenas de asistentes realizaron una censura pública o escrache, exigiéndole respuestas y responsabilidades, con carteles con la palabra Sin Olvido, fotografías de víctimas y escritos alusivos a la “Democracia genocida” y al derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación por crímenes de Estado. El personal de seguridad de la Embajada intimidó a los manifestantes, tomó fotografías de cada uno, ante lo cual los diferentes manifestantes que protestaron hicieron público su temor y aviso, advirtiendo que si algo les ocurre, será responsabilidad directa de la Embajada colombiana en España.

Por el caso de Palacio de Justicia varios militares se encuentran encarcelados. Sin embargo, el expresidente Belisario Betancurt quién asumió públicamente la responsabilidad de los hechos, disfruta de plena libertad, y el general Plazas Vega, en libertad, ha ocupado cargos de importancia en el gobierno de Uribe.

(Fuente :COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ de Colombia)

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