El Gobierno peruano se enfrenta a un movimiento creciente de protestas en varios departamentos del país, con huelgas mineras y de los maestros, protestas de los cocaleros y movimientos contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Movilizaciones que han dejado ya varios muertos a consecuencia de la dura represión y de la radicalización. Ayer el Gobierno decidió declarar el Estado de Emergencia en seis provincias de selva y sierra, pertenecientes a tres departamentos. Las autoridades aseguran que en esas zonas actúan 'grupos terroristas y narcotraficantes'. La medida se extenderá por 60 días en las provincias de Marañón, Huaycabamba, Leoncio Prado, Huamalíes, Tocache y Padre Abad, pertenecientes a los departamentos de Huánuco , San Martín y Ucayali. 
Una declaración que supone que las autoridades democráticas deben ceder el poder a las fuerzas de seguridad, encargadas de mantener el control. Además, quedan suspendidos derechos constitucionales como el de libre reunión, detención por orden de un juez (hábeas corpus) y la inviolabilidad del domicilio.
El gobierno de Alan García señala que la medida se decidió “al haberse producido actos contrarios al orden interno que afectan el normal desenvolvimiento de las actividades de la población”, frase bajo la que se incluyen lós movimientos de protesta contra la política de su Gobierno. Habría que recordar cómo, en el pasado, bajo los sucesivos estados de emergencia decretados para luchar contra el terrorismo, en tiempos de Belaúnde Terry y sobre todo tanto en el primer gobierno de Alan García como en los que encabezó Alberto Fujimori, fueron exterminadas más de 70.000 personas. La responsabilidad, según estableció la Comisión de la Verdad, cayó a partes iguales en los cuerpos de seguridad del Estado y en los insurgentes, especialmente el grupo terrorista Sendero Luminoso.
Una declaración que supone que las autoridades democráticas deben ceder el poder a las fuerzas de seguridad, encargadas de mantener el control. Además, quedan suspendidos derechos constitucionales como el de libre reunión, detención por orden de un juez (hábeas corpus) y la inviolabilidad del domicilio.
El gobierno de Alan García señala que la medida se decidió “al haberse producido actos contrarios al orden interno que afectan el normal desenvolvimiento de las actividades de la población”, frase bajo la que se incluyen lós movimientos de protesta contra la política de su Gobierno. Habría que recordar cómo, en el pasado, bajo los sucesivos estados de emergencia decretados para luchar contra el terrorismo, en tiempos de Belaúnde Terry y sobre todo tanto en el primer gobierno de Alan García como en los que encabezó Alberto Fujimori, fueron exterminadas más de 70.000 personas. La responsabilidad, según estableció la Comisión de la Verdad, cayó a partes iguales en los cuerpos de seguridad del Estado y en los insurgentes, especialmente el grupo terrorista Sendero Luminoso.
Temor al renacimiento senderista 
El último ataque de este grupo ocurrió el pasado 14 de junio cuando presuntos miembros de Sendero Luminoso asesinaron a tiros a tres policías y un fiscal en Tocache, una de las principales zonas de cultivo de hoja de coca Restos de Sendero, que sembró el terror entre 1980 y 2000 y grupos de narcotraficantes actúan en algunas zonas de los departamentos de Ayacucho, Huánuco, Huancavelica, Cuzco, Junín, San Martín y Ucayali. Las autoridades peruanas aseguran que la banda armada actúa en esas zonas para dar protección a los narcos. Perú es, después de Colombia, el segundo productor de hoja de coca y cocaína en el mundo, según el Informe Mundial de las Drogas 2006. En ese documento de la ONU, a Perú se le asigna una producció de 280 toneladas de cocaína , un 8 por ciento más que en 2005. El informe también señala que en el país andino se recolectaron el mismo año unas 114.000 toneladas de hoja de coca, y que la superficie de cultivo fue de 51.400 hectáreas, casi un 9 por ciento más que en 2005.
Crece el malestar social y las protestas
Pero la declaración del Estado de Emergencia, afecta, especialmente, a quienes ejercen sus derechos democráticos de huelga, manifestación, expresión y libre circulación.
Así, una de las provincias en las que se suspenden esas garantías es la selvática Ucayali, donde se desarrolla una huelga general desde hace una semana. El Gobierno ha decidido enviar a la zona una misión negociadora y en Pucallpa, la capital de Ucayali, volvió la tranquilidad el fin de semana, después de los disturbios en los que los manifestantes tomaron el aeropuerto e intentaron hacer lo propio con la jefatura de la Policía.
El primer ministro, Jorge del Castillo, accedió ayer, tras reiteradas negativas, a enviar una misión de ministros y viceministros , aunque no a Pucallpa -porque en esa ciudad, según el Gobierno, no hay garantías- sino a Purus, localidad fronteriza con Brasil.
Pucallpa continúa totalmente paralizada y aislada, por los bloqueos de sus accesos terrestre y fluvial y por la suspensión de los vuelos comerciales. Con la huelga, la población pide qe el Gobierno restablezca el régimen tributario especial para regiones selváticas, modificado por un decreto gubernamental.
Pero la declaración del Estado de Emergencia, afecta, especialmente, a quienes ejercen sus derechos democráticos de huelga, manifestación, expresión y libre circulación.
Así, una de las provincias en las que se suspenden esas garantías es la selvática Ucayali, donde se desarrolla una huelga general desde hace una semana. El Gobierno ha decidido enviar a la zona una misión negociadora y en Pucallpa, la capital de Ucayali, volvió la tranquilidad el fin de semana, después de los disturbios en los que los manifestantes tomaron el aeropuerto e intentaron hacer lo propio con la jefatura de la Policía.El primer ministro, Jorge del Castillo, accedió ayer, tras reiteradas negativas, a enviar una misión de ministros y viceministros , aunque no a Pucallpa -porque en esa ciudad, según el Gobierno, no hay garantías- sino a Purus, localidad fronteriza con Brasil.
Pucallpa continúa totalmente paralizada y aislada, por los bloqueos de sus accesos terrestre y fluvial y por la suspensión de los vuelos comerciales. Con la huelga, la población pide qe el Gobierno restablezca el régimen tributario especial para regiones selváticas, modificado por un decreto gubernamental.
Pero Ucayali no es el único lugar con protestas. Ayer comenzó un paro general de 48 horas en la localidad surandina de Ayaviri -donde la semana pasada el presidente Alan García fue abucheado por maestros en huelga. En Ayacucho se nició otro paro similar del campesinado.
Para la próxima semana , se anuncian otras huelgas en la región surandina de Puno y en la ciudad de Pisco, a unos 280 kilómetros al sur de Lima.
La importante Federación Sindical Minera anunció un paro de 48 horas a nivel nacional, los días 11 y 12 de julio, en demanda de respeto a la legislación laboral en el sector.
Los anuncios coinciden con la preparación de manifestaciones en todo el país, anunciadas por un bloque de organizaciones sociales para los días 10 y 11 de julio.
El gobierno sostiene que no hay un clima generalizado de convulsión social, sino disturbios promovidos por grupos focalizados y rechazados por la mayoría de la población.
Partidos de oposición, y en particular el ex candidato presidencial Ollanta Humala, plantean por el contrario que hay descontento generalizado por el incumplimiento de las promesas electorales del presidente García
Para la próxima semana , se anuncian otras huelgas en la región surandina de Puno y en la ciudad de Pisco, a unos 280 kilómetros al sur de Lima.
La importante Federación Sindical Minera anunció un paro de 48 horas a nivel nacional, los días 11 y 12 de julio, en demanda de respeto a la legislación laboral en el sector.
Los anuncios coinciden con la preparación de manifestaciones en todo el país, anunciadas por un bloque de organizaciones sociales para los días 10 y 11 de julio.
El gobierno sostiene que no hay un clima generalizado de convulsión social, sino disturbios promovidos por grupos focalizados y rechazados por la mayoría de la población.
Partidos de oposición, y en particular el ex candidato presidencial Ollanta Humala, plantean por el contrario que hay descontento generalizado por el incumplimiento de las promesas electorales del presidente García
(Fuentes :Agencia PÚLSAR, Terra-Efe, Prensa Latina, RPP)
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