El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) una prestigiosa institución de investigación y análisis que dirigen los jesuítas, afirmó que las Fuerzas Armadas colombianas fabricaron en un año 90 operaciones que dejaron 169 víctimas civiles, que luego fueron presentadas como miembros de organizaciones guerrilleras. Los operativos montados para presentar éxitos militares se realizaron entre julio de 2006 y junio de 2007, e incluyeron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y amenazas.
Según la ONG, "hechos como éstos no sólo cuestionan la legitimidad de la fuerza pública, sino que además cuestionan si la excesiva presión presidencial para que las Fuerzas Armadas muestren resultados en su lucha contra la insurgencia no está llevando a que éstas caigan en una lógica perversa".
Según la ONG, "hechos como éstos no sólo cuestionan la legitimidad de la fuerza pública, sino que además cuestionan si la excesiva presión presidencial para que las Fuerzas Armadas muestren resultados en su lucha contra la insurgencia no está llevando a que éstas caigan en una lógica perversa".
Además, según el Instituto Popular de Capacitación (IPC)en Colombia han ocurrido 955 ejecuciones extrajudiciales en cinco años. En los últimos cinco años, las ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la fuerza pública aumentaron en un 65% con respecto a los cinco años anteriores, pasando de 577 a 955 casos. Así lo revela un estudio adelantado por el Observatorio de derechos humanos de la Coordinación Colombia- Europa-Estados Unidos.
La política de Seguridad Democrática de Uribe, 'estimula' las ejecuciones
Sin que existiera orden judicial, el pasado 22 de abril varios soldados adscritos a la XVI Brigada del Ejército sacaron por la fuerza a Ernesto Cruz Guevara de su casa, en la vereda Retiro Milagro del municipio Aguazul, Departamento de Casanare. Horas más tarde fue reportado como guerrillero muerto en combate.
Este caso nutre la lista de las 955 ejecuciones extrajudiciales reportadas entre julio de 2002 y junio de 2007 en el país atribuibles a la Fuerza Pública, y tales cifras, según un conjunto de organizaciones no gubernamentales que integran la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, y que a su vez representan a las víctimas y critican la llamada Política de Seguridad Democrática que impulsa el actual Gobierno nacional y niegan que sea una política de derechos humanos encaminada a la protección de la población civil.
A las 955 ejecuciones extrajudiciales se le suman las 211 desapariciones forzadas por acción directa de agentes estatales. Para las organizaciones denunciantes, tal panorama “demuestra que la política de Seguridad Democrática no es una medida idónea ni eficaz para garantizar y proteger el derecho a la vida”.
Frente a la recurrencia de los hechos, las instituciones defensoras de derechos humanos no vacilan en advertir que la seguridad democrática
“estimula la comisión de ejecuciones extrajudiciales entre las tropas con el ánimo de mostrar resultados operativos en contra de la insurgencia armada, pero cuya práctica recurrente afecta a las comunidades que están al margen de la lucha armada”.
Agrava la situación el hecho de que en la mayoría de los casos persiste la impunidad, aspecto que es calificado de “sistemático” y según la Coordinación , “obedece a una intención deliberada por parte del Estado para encubrir los crímenes cometidos por sus agentes”.
“No son hechos aislados”
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha sido reiterativa en sus informes anuales en llamar la atención sobre la persistencia de las ejecuciones extrajudiciales atribuibles a miembros de la Fuerza Pública , de las cuales se tienen registro en 21 departamentos del territorio colombiano, especialmente en Antioquia, Nariño, Valle, Putumayo, Cesar, Atlántico, Tolima y Guajira. Además, han afectado a diversas comunidades indígenas y afrocolombianas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, Chocó y la Amazonía.
Para las organizaciones no gubernamentales colombianas, entre las que se destacan la Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Jurídica Libertad y el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, es claro que las ejecuciones extrajudiciales no corresponden a hechos aislados: “Por el contrario, se han identificado patrones de acción tales como su ocurrencia en desarrollo de operaciones militares, la previa detención arbitraria de las víctimas, su posterior desaparición, la alteración de la escena del crimen por sus autores y la presentación de las víctimas como personas muertas en combate”.
Ejemplo de ello está consignado en el expediente del labriego Ernesto Cruz: “Los soldados le preguntaron por la guerrilla mientras registraban toda la casa. Luego se dirigieron de nuevo al señor Cruz y le dijeron: “usted está capturado y nos lo llevamos para Sogamoso”. Le ordenaron que se bañara y que se pusiera un uniforme camuflado, pero el señor Cruz se opuso y se vistió con su propia ropa”.
Momentos más tarde, continúa el relato, dos campesinos vecinos vieron cuando la tropa se llevó a Cruz Guevara. También vieron que varios metros más adelante la tropa hizo una hoguera y envolvieron un cuerpo en una hamaca de color negro. Enseguida llegó un helicóptero que recogió a la tropa junto con el cuerpo. Una vez partió el aeronave, los testigos decidieron acercarse hasta la hoguera que hicieron los militares e identificaron rastros de la ropa que tenía puesta el señor Cruz.
“Ante esa situación, la esposa del señor Cruz decidió acudir en Yopal al Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía. Ahí le informaron que no tenían ninguna persona detenida, pero que el Ejército, ese día, había llevado el cuerpo de un guerrillero muerto en combate que estaba registrado como N.N. Los funcionarios del CTI le entregaron fotos del cuerpo, que en realidad correspondía al del señor Ernesto Cruz Guevara”, se lee en el expediente.
Una política de 'seguridad' dictada contra los civiles
De acuerdo con los análisis de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Gobierno colombiano no ha incorporado la perspectiva de seguridad humana de las Naciones Unidas según la cual el respeto a los derechos humanos constituye el núcleo de la protección de la seguridad humana. Por consiguiente, ha negado el principio de distinción de la población civil y ha señalado de manera insistente que la principal ventaja militar de los grupos subversivos son los vínculos que estos supuestamente mantienen con la población civil.
“El discurso gubernamental según el cual la población civil hace parte de los grupos combatientes que enfrenta militarmente, permite que la Fuerza Pública considere que la simple residencia en zonas tradicionalmente controladas por las guerrillas, constituye un indicio de la complicidad con esos grupos. También propicia que toda actividad que cuestione el orden social, político o económico imperante sea asociada con los grupos guerrilleros. De esta manera, las ejecuciones extrajudiciales son utilizadas como una forma de castigar el supuesto vínculo entre la población civil y las guerrillas”, advierte la Coordinación.
A través de las revisiones a los procesos judiciales se establece que en la mayoría de los casos de ejecuciones extrajudiciales las víctimas eran personas campesinas, “que fueron atacadas luego de recibir señalamientos por parte de informantes de la Fuerza Pública o de miembros de la red de cooperantes, que los acusaron de ser colaboradores de los grupos guerrilleros”.
La anterior situación se ve agravada por la impunidad en que se encuentran sus autores. En la mayoría de los casos, se han identificado patrones que impiden la clarificación de los hechos, la identificación de los responsables y la imposición de una sanción penal como: la adopción de competencia por la jurisdicción penal militar, la manipulación de la escena del crimen, la no adopción de todos los mecanismos disponibles para investigar eficazmente los hechos, entre otros.
Esta situación evidencia la existencia de problemas estructurales profundos en la Fuerza Pública y en los órganos que administran justicia, lo que ha implicado una grave situación de impunidad en los casos de ejecuciones extrajudiciales, y amerita una reflexión seria sobre el papel que está cumpliendo el Gobierno colombiano para garantizar la seguridad de los colombianos, sobre todo en las áreas rurales.
Este caso nutre la lista de las 955 ejecuciones extrajudiciales reportadas entre julio de 2002 y junio de 2007 en el país atribuibles a la Fuerza Pública, y tales cifras, según un conjunto de organizaciones no gubernamentales que integran la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, y que a su vez representan a las víctimas y critican la llamada Política de Seguridad Democrática que impulsa el actual Gobierno nacional y niegan que sea una política de derechos humanos encaminada a la protección de la población civil.
A las 955 ejecuciones extrajudiciales se le suman las 211 desapariciones forzadas por acción directa de agentes estatales. Para las organizaciones denunciantes, tal panorama “demuestra que la política de Seguridad Democrática no es una medida idónea ni eficaz para garantizar y proteger el derecho a la vida”.
Frente a la recurrencia de los hechos, las instituciones defensoras de derechos humanos no vacilan en advertir que la seguridad democrática
“estimula la comisión de ejecuciones extrajudiciales entre las tropas con el ánimo de mostrar resultados operativos en contra de la insurgencia armada, pero cuya práctica recurrente afecta a las comunidades que están al margen de la lucha armada”.Agrava la situación el hecho de que en la mayoría de los casos persiste la impunidad, aspecto que es calificado de “sistemático” y según la Coordinación , “obedece a una intención deliberada por parte del Estado para encubrir los crímenes cometidos por sus agentes”.
“No son hechos aislados”
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha sido reiterativa en sus informes anuales en llamar la atención sobre la persistencia de las ejecuciones extrajudiciales atribuibles a miembros de la Fuerza Pública , de las cuales se tienen registro en 21 departamentos del territorio colombiano, especialmente en Antioquia, Nariño, Valle, Putumayo, Cesar, Atlántico, Tolima y Guajira. Además, han afectado a diversas comunidades indígenas y afrocolombianas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, Chocó y la Amazonía.
Para las organizaciones no gubernamentales colombianas, entre las que se destacan la Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Jurídica Libertad y el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, es claro que las ejecuciones extrajudiciales no corresponden a hechos aislados: “Por el contrario, se han identificado patrones de acción tales como su ocurrencia en desarrollo de operaciones militares, la previa detención arbitraria de las víctimas, su posterior desaparición, la alteración de la escena del crimen por sus autores y la presentación de las víctimas como personas muertas en combate”.
Ejemplo de ello está consignado en el expediente del labriego Ernesto Cruz: “Los soldados le preguntaron por la guerrilla mientras registraban toda la casa. Luego se dirigieron de nuevo al señor Cruz y le dijeron: “usted está capturado y nos lo llevamos para Sogamoso”. Le ordenaron que se bañara y que se pusiera un uniforme camuflado, pero el señor Cruz se opuso y se vistió con su propia ropa”.
Momentos más tarde, continúa el relato, dos campesinos vecinos vieron cuando la tropa se llevó a Cruz Guevara. También vieron que varios metros más adelante la tropa hizo una hoguera y envolvieron un cuerpo en una hamaca de color negro. Enseguida llegó un helicóptero que recogió a la tropa junto con el cuerpo. Una vez partió el aeronave, los testigos decidieron acercarse hasta la hoguera que hicieron los militares e identificaron rastros de la ropa que tenía puesta el señor Cruz.
“Ante esa situación, la esposa del señor Cruz decidió acudir en Yopal al Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía. Ahí le informaron que no tenían ninguna persona detenida, pero que el Ejército, ese día, había llevado el cuerpo de un guerrillero muerto en combate que estaba registrado como N.N. Los funcionarios del CTI le entregaron fotos del cuerpo, que en realidad correspondía al del señor Ernesto Cruz Guevara”, se lee en el expediente.
Una política de 'seguridad' dictada contra los civiles
De acuerdo con los análisis de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Gobierno colombiano no ha incorporado la perspectiva de seguridad humana de las Naciones Unidas según la cual el respeto a los derechos humanos constituye el núcleo de la protección de la seguridad humana. Por consiguiente, ha negado el principio de distinción de la población civil y ha señalado de manera insistente que la principal ventaja militar de los grupos subversivos son los vínculos que estos supuestamente mantienen con la población civil.
“El discurso gubernamental según el cual la población civil hace parte de los grupos combatientes que enfrenta militarmente, permite que la Fuerza Pública considere que la simple residencia en zonas tradicionalmente controladas por las guerrillas, constituye un indicio de la complicidad con esos grupos. También propicia que toda actividad que cuestione el orden social, político o económico imperante sea asociada con los grupos guerrilleros. De esta manera, las ejecuciones extrajudiciales son utilizadas como una forma de castigar el supuesto vínculo entre la población civil y las guerrillas”, advierte la Coordinación.
A través de las revisiones a los procesos judiciales se establece que en la mayoría de los casos de ejecuciones extrajudiciales las víctimas eran personas campesinas, “que fueron atacadas luego de recibir señalamientos por parte de informantes de la Fuerza Pública o de miembros de la red de cooperantes, que los acusaron de ser colaboradores de los grupos guerrilleros”.
La anterior situación se ve agravada por la impunidad en que se encuentran sus autores. En la mayoría de los casos, se han identificado patrones que impiden la clarificación de los hechos, la identificación de los responsables y la imposición de una sanción penal como: la adopción de competencia por la jurisdicción penal militar, la manipulación de la escena del crimen, la no adopción de todos los mecanismos disponibles para investigar eficazmente los hechos, entre otros.
Esta situación evidencia la existencia de problemas estructurales profundos en la Fuerza Pública y en los órganos que administran justicia, lo que ha implicado una grave situación de impunidad en los casos de ejecuciones extrajudiciales, y amerita una reflexión seria sobre el papel que está cumpliendo el Gobierno colombiano para garantizar la seguridad de los colombianos, sobre todo en las áreas rurales.
(Fuentes: Agencia PÚLSAR, Instituto Popular de Capacitación y CINEP)
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