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1.10.07

Colombia:Asalto al Palacio de Justicia

BELISARIO BETANCUR Y LOS GENERALES QUE DIRIGIERON LA TOMA SERÁN INVESTIGADOS POR LOS EXCESOS COMETIDOS

.Un militar reconoce que dos 'desaparecidos' murieron bajo torturas

.Hubo entre 89 y 115 muertos, incluidos 11 magistrados de la Corte Suprema

.El fuego destruyó expedientes cruciales para la historia reciente y pruebas de lo sucedido

Veintidós años después, los fantasmas del Palacio de Justicia vuelven a salir a escena. Aunque hace un año, el Presidente de Colombia durante los hechos -noviembre de 1985-, el conservador Belisario Betancurt, dijo ante la Comisión de la Verdad que esperaba 'mantener limpia su actitud en defensa del orden' ahora la Fiscalía pide que se le investigue, junto a los generales Samudio Molina y Arias Cabrales.
El Palacio de Justicia de Bogotá fue asaltado por un comando de la guerrilla del M-19. Los rebeldes ocuparon el edificio con unos 300 rehenes dentro, entre ellos los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Inmediatamente el ejército inició un contrataque que duró 27 horas. Ni el Gobierno, presidido por Belisario Betancurt, ni los militares atendieron la petición de alto el fuego hecha a través de la radio por el Presidente del máximo tribunal, Alfonso Reyes, cuando los guerrilleros ya se daban por derrotados por el fulminante operativo militar.
Según las cifras oficiales, murieron entre 89 y 115 personas, entre ellos las de 11 magistrados de la Corte Suprema, tres magistrados auxiliares, 19 jueces y 11 personas que trabajaban o estaban de paso en la cafetería del edificio. Se salvaron unos 200 rehenes. Un fuego devorador destruyó expedientes cruciales y muchas pruebas de lo ocurrido. Varias de las víctimas mortales fueron vistas saliendo vivas del edificio; fueron fotografiadas y filmadas. Hoy ya, ante la Justicia, comienza a reconocerse que fueron ejecutadas o que murieron bajo tortura.

La Comisión de la Verdad señaló que parte de la responsabilidad la tuvo el presidente Betancur.

La Fiscalía colombiana solicitó el viernes abrir una investigación penal contra el ex presidente Belisario Betancur (1982-1986) por el desenlace de la operación militar para recuperar el Palacio. También se investigará, por este caso, a los generales Rafael Samudio Molina y Jesús Armando Arias Cabrales, que dirigió las operaciones .

Estas pesquisas se enmarcan en el juicio en marcha contra el coronel Edilberto Sánchez, acusado de haber participado en la desaparición de 11 personas en el asalto.
Este oficial fue acusado por la Fiscalía, que dio por válidas las pruebas presentadas de que al menos dos de las 11 personas supuestamente desaparecidas habían salido con vida del Palacio de Justicia. La Fiscalía había llamado a declarar a Betancur en noviembre de 2006 cuando reabrió el proceso
Hace menos de un año, la Comisión de la Verdad, creada por la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2005, señaló que "parte de la responsabilidad la tuvo el presidente" Betancur. .
Según la Comisión, el entonces presidente Betancur "actuó como un espectador más de los hechos", ya que no negoció con la guerrilla del M-19, pese a las "súplicas" de los rehenes por un cese del fuego y enfatizó que "hubo ausencia de poder".
Betancur habría dejado actuar de forma autónoma a los militares, sin impone su autoridad, para evitar males mayores con el violento contrataque del ejército a un Palacio de Justicia lleno de rehehens en manos de un comando guerrillero bien pertrechado.


Tras los trágicos hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Diputados adelantó varios procesos por la actuación del ex presidente Betancur durante la crisis.

En declaraciones ante la Fiscalá, Betancur dijo que creía que sí hubo desaparecidos en la retoma, pero explicó que las decisiones sobre el terreno y toda la información estuvieron siempre en manos de la cúpula militar de la época. En el 2005, el ex presidente expidió un comunicado en el que dijo: "Todos los pormenores que conozco respecto de la trágica toma del Palacio de Justicia los he narrado ya".

Los generales, se tomaron el poder durante el asalto.


La Fiscalía investiga al coronel Edilberto Sánchez y otros cuatro militares por las desapariciones del Palacio de Justicia. Sánchez era el jefe de inteligencia de la Brigada 13 de Bogotá y la Fiscalía dice que fue él quien estuvo a cargo de las personas que salieron vivas del edificio el 7 de noviembre.

Por los mismos hechos, Fiscal General estudia procesar a los generales Rafael Samudio Molina y Jesús Armando Arias Cabrales. El segundo era el jefe directo de Edilberto Sánchez y estuvo al mando de las operaciones. Samudio era el Comandante del Ejército.

La Fiscalía dispone de grabaciones y, en una de ellas, el general Samudio ordena que la retoma se concrete antes de que las autoridades civiles den una contraorden.

Hay además un detenido, el coronel Alfonso Plazas por su papel como comandante de la Escuela de Caballería del Ejército, que llevó a cabo la retoma del Palacio. Se le acusa de la desaparición de varias personas que habrían salido vivas del Palacio. En las declaraciones judiciales, Plazas ha aceptado que pudo haber desaparecidos, pero se defiende diciendo que no tenía mando sobre un área de inteligencia a donde llevaban a quienes salían vivos.
Al menos dos muertos, víctimas de las torturas militares
Pero un suboficial del Ejército, ya retirado, que partcipó en los hechos, ha declarado ante la Fiscalía que dos de las personas que fueron vistas salir vivas del Palacio y después desapareciero, murieron bajo torturas, precisamente en la Ecuela de Caballería. Se trata de Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería del palacio, y la guerrillera Cristina Guarín.
En su declaración, el cabo Édgar Villamizar, afirma que el coronel Alfonso Plazas dijo: "Cuelguen esos h.p.", en referencia a personas evacuadas del Palacio y trasladadas al Cantón Norte, sede de la Escuela de Caballería.

"Yo era cabo segundo, me dejan de seguridad, cuidando dos personas que acababan de llegar -dijo el militar-. Achury, sargento viceprimero, ya fallecido, me manifiesta que 'a esos perros, ni agua'".
Después añade que: "Los colgaban de las manos, les daban golpes en el estómago, con cables les ponían electricidad en cualquier parte del cuerpo, tanto a los hombres como a las peladas (...) A uno le empezaron a echar agua a la altura de las fosas nasales". Al parecer era el gerente de la cafetería del Palacio.

Varios minutos después, el sargento Achury le comentó a otro militar: "Curso, curso, se me fue este h.p."."Achury temblaba como una gelatina (...) el cuerpo lo envolvieron en un plástico", aseguró el suboficial retirado.

En el mismo momento, según su relato, se realizaban otros interrogatorios en las pesebreras de la Escuela de Caballería. Dijo que "se escuchaban los gritos de una mujer"."Yo estaba en la punta de las pesebreras y a un lado estaba el cabo Corredor, del grupo Guías del Casanare (...) Se me acerca Corredor y me dijo: 'Tenaz, de esta mierda yo me retiro'. Estando en eso sale Arévalo (otro militar) y manifiesta: 'manito, la cagué, la cagué'. Cuando le preguntaron por qué decía eso, según el testigo, la respuesta de Arévalo fue: "Maté esta vieja". Esa persona, según la descripción de la ropa y su fisionomía, sería la guerrillera del M-19 Cristina del Pilar Guarín.
Sobre ella y el gerente de la cafetería, la Fiscalía tiene plena certeza de que salieron con vida del Palacio, pues lo demuestran imágenes de la época.
El caso del magistrado Urán
El magistrado Carlos Horacio Urán también salió a pie del Palacio de Justicia , pero su cadáver apareció dentro cuando finalizó el drama. Tres vídeos muestran a Urán cuando sale cojeando del edificio y es recibido en la puerta por aparentes socorristas, quienes se lo llevan en una camilla. Pero al día siguiente , el cadáver de Urán fue entregado a su esposa, la investigadora uruguaya Ana María Bidegaín.
El dictamen forense indicó que Urán ''murió por proyectil de 9 milímetros disparado sobre su cabeza a contacto'', es decir a quemarropa.
Un allanamiento efectuado en mayo de este año por la Fiscalía General de la Nación a una bóveda de archivos del servicio de inteligencia militar B-2, encontró a Urán y a otro magistrado muerto, Manuel Gaona Cruz, en una lista de
''Guerrilleros del M-19, dados de baja en combate''
.
Urán llevaba el caso sobre torturas a la médica Olga López, guerrillera del M-19, y había militado en la Anapo, partido donde había conocido al más tarde insurgente Andrés Almarales, coma ndante de la toma.
El magistrado Gaona había fallado en contra de una reforma judicial en el gobierno de Julio César Turbay (1978-1982), que disponía el juzgamiento de civiles por tribunales militares.
Tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado estaban emitiendo fallos condenatorios contra las Fuerzas Armadas por casos como el de López y de centenares de civiles y guerrilleros torturados y ejecutados extrajudicialmente.
Los tribunales ''habían dictado sentencia en junio de ese año contra el ex ministro de Defensa, Luis Carlos Camacho Leyva, contra el ex presidente Turbay y contra el entonces ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe'', recuerda Maureen Maya, directora de la Fundación Cese al Fuego, que trabaja por el esclarecimiento de la masacre.

Las amenazas fueron pan de cada día en los cinco años posteriores al ataque para todas las familias de los desaparecidos de la cafetería, y luego cesaron. Retornaron cuando el fiscal general Mario Iguarán decidió dar impulso procesal al caso del Palacio de Justicia, en diciembre de 2005.
Llamadas amenazantes, seguimientos en un mismo vehículo blanco que aparece con dos matrículas diferentes se suman al robo del grueso archivo del ex juez de 87 años Enrique Rodríguez, padre de Carlos, administrador de la cafetería que salió ileso y fue desaparecido.
Según las averiguaciones de Guarín, ''ambas placas del carro (automóvil) están adscritas al DAS'', Departamento Administrativo de Seguridad, organismo de inteligencia civil.

Hace nueve años que fue asesinado en su oficina el abogado de derechos humanos que asesoraba a estas familias, Eduardo Umaña Mendoza.
La detención de Plazas Vega ha llevado cierta esperanza a los familiares, cuyos esfuerzos por rescatar los cuerpos de sus seres queridos chocaron ''con intereses muy poderosos que buscan ocultar pruebas y testimonios'', sostienen.
Por eso crearon en mayo su propia Comisión de la Verdad, con la que se proponen blindar el proceso en la Fiscalía, pues éste
''duró 20 años en inercia total''.
Entre otras metas, las familias esperan conseguir que la justicia acepte el testimonio del ex torturador Ricardo Gámez, exiliado en Europa, cuya versión es ''la más aproximada históricamente'', consideran.
El ex policía ya había declarado por escrito en agosto de 1989 ante la procuraduría, pero el funcionario a cargo no encontró méritos para abrir investigación.
Gámez se define como ex integrante del ''personal seudo del servicio de inteligencia'', un grupo de 25 civiles que trabajaban bajo órdenes militares, pagados con fondos de gastos reservados.
Gámez reveló, por ejemplo, que un suboficial se quedó con un bebé que nació en un camión del ejército, durante el operativo del Palacio. Su madre, Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería, fue desaparecida.
Gámez señaló que, días antes del asalto guerrillero, fue acondicionada como centro de operaciones del ejército la Casa del Florero, monumento histórico situado frente al Palacio de Justicia y desde donde actuó Plazas Vega, por entonces director de la Escuela de Caballería.
Plazas Vega decidía a quiénes torturar, entre los rehenes que salían, y los enviaba a distintas unidades militares y de inteligencia. Los suplicios se hicieron sin que los torturadores ocultaran su identidad, pues ''el operativo se montó para aniquilar desde un principio'', afirmó Gámez.
Las familias van tras la línea de mando que planificó y coordinó estas acciones. Cuando se cumplan 22 años de la masacre, los familiares ''rendiremos ampliación de declaración ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer conocer las nuevas evidencias surgidas''.
Ya hay siete hechos probados en el caso.
El caso del Palacio de Justicia está ya muy avanzado y la Fiscalía considera que hay ya siete hechos probados.

1. Que tras el atentado del M-19 contra el general Samudio, en octubre de 1985, las autoridades militares estaban seguras de que vendría una acción de gran magnitud de ese grupo en Bogotá.
2. Que existía un plan de acciones claramente establecido para esa eventualidad (el 'Plan Tricolor'), que se puso en marcha apenas se conoció la noticia. La existencia de ese plan, según la investigación, sugiere que todas las acciones de la Fuerza Pública obedecieron a las directrices de un mando unificado. Por eso la Fiscalía sugiere investigar a los dos generales.
3. Miembros de la Policía y el DAS (policía secreta)actuaron en contra de la ley. La orden de enterrar los cuerpos en una fosa común, ante una supuesta amenaza del M-19 para recuperar los cádáveres, la ejecutó el F-2(inteligencia policial) y para la Fiscalía fue al menos "irregular".
4. Hubo ejecuciones sumarias. Testigos reseñaron que al menos dos guerrilleros heridos fueron rematados por soldados. La fiscal del caso pidió investigar lo que llamó "
delito de lesa humanidad".
5.
Al menos tres desaparecidos salieron con vida. Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería, e Irma Franco, guerrillera, sobrevivieron a la toma y la retoma. La Fiscalía dice que pasó lo mismo con Cristina del Pilar Guarín.
6. En la Casa del Florero (edificio histórico muy cercano al Palacio) hubo sospechosos que fueron retenidos. "Es cierto que se llevaron un sinnúmero de personas a la Brigada 13, a la Escuela de Caballería (...), en particular al B-2 y a las caballerizas", dice la Fiscalía.
7. Hubo torturas. En la investigación hay testimonios de personas que recibieron tratos irregulares en el mismo Palacio, en la Casa del Florero, en la Escuela de Caballería y en el batallón Charry Solano, en el sur de Bogotá. Un supervivientes del Palacio narró que en esta última instalación le vendaron los ojos, lo sometieron a asfixia y lo obligaron a cargar un madero durante los interrogatorios. La Fiscalía considera que es otro delito de lesa humanidad que no ha prescrito.
(Fuentes: El Tiempo, BBC-Mundo y Bitácora )

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