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29.10.07

Colombia: Conflicto interno

LA ONU ALERTA DE LA CRISIS HUMANITARIA EN LA REGIÓN DEL CHOCÓ, TRAS EL ASESINATO DE SEIS DESPLAZADOS

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) fue la encargaa de confirmar, el viernes pasadi, que seis personas desplazadas habían sido asesinadas y cuatro más heridas por grupos armados irregulares, presuntamente paramilitares, en la región del Chocó. Según ACNUR, las seis víctimas estaban registradas como desplazadas en Quibdó, capital del departamento y "hacia donde habían huido en los últimos años para escapar del conflicto armado en sus comunidades. Los seis residían en el mismo asentamiento de personas desplazadas en esta ciudad".
Estas muertes, según la ONU, se enmarcan en ul contexto del serio deterioro de la situación humanitaria en la zona de los ríos San Juan y Baudó en el Departamento del Chocó, en el noroeste del país. En estas áreas "la población civil, incluyendo comunidades y personas desplazadas, sigue sufriendo graves abusos de grupos al margen de la ley, que se disputan el control del territorio y de los negocios ilícitos", afirma ACNUR. Y estos crímenes probablemente van a provocar aun
más desplazamientos masivos de población afro-colombiana e indígena.

Marie Helene Verney, funcionaria en Colombia del organismo de la ONU, señaló que es preocupante la cantidad de peligros que afronta la población que huye de la violencia.
"Lo que preocupa mucho al ACNUR es que esas personas eran desplazadas por el conflicto armado. Tenemos un contexto de deterioro de la situación humanitaria en el Chocó en los últimos meses, con entrada de grupos irregulares, lo que significa que hay muchos combates, muchas muertes de la población civil y también intimidación", recalcó.
Los asesinatos tuvieron lugar la misma semana que la Corte Constitucional de Colombia decidió revisar las medidas adoptadas por el gobierno para proteger a las comunidades de afro-colombianos ,que se han visto obligadas a abandonar sus hogares.
Según el gobierno colombiano, el conflicto armado ha provocado el desplazamiento de más de dos millones de personas. Pero las organizaciones de derechos humanos hablan de tres millones.

Las muertes de estas seis personas no son las únicas.
"En las últimas semanas, desde el inicio del mes de septiembre, la Diócesis de Istmina ha reportado 23 asesinatos en la ciudad de Quibdó. ACNUR alerta sobre la gravedad de la situación, que puede resultar en más desplazamientos masivos de población afro colombiana e indígena", señala ACNUR en un comunicado.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados exhorta al gobierno colombiano a mejorar la protección de personas, la mayoría de minoría étnica e indígena, que han sido desplazadas por el conflicto armado.


La masacre, acaba con los "sueños dorados" de los desplazados

La población está conmocionada en un barrio pobre de Quibdó, la principal ciudad de la selva tropical colombiana del Chocó. "Vemos mucha violencia por aquí todo el tiempo", dice una mujer, que añade que "hace mucho tiempo que no habíamos visto una masacre como ésta."
El barrio ha crecido rápidamente en los últimos años debido a la llegada de miles de personas que huyeron del conflicto armado en sus comunidades; en la inmensidad de los ríos que atraviesan la selva tropical. El barrio es muy pobre, las casas son de madera y de lata; y no hay servicios públicos. En el calor extremo y la humedad, la escasez de agua y la falta de saneamiento acarrean constantes y serios problemas de salud.
Para la gran parte de población afro-colombiana del Chocó las oportunidades de trabajo son pocas y aún es más difícil para las personas desplazadas. Hace unas semanas, los hombres del barrio recibieron una oferta de trabajo en una mina de oro, cerca de Istmina, a unas dos horas por carretera hacia el sur. Para ellos era una oportunidad inesperada: obtener un ingreso y la mejorar sus condiciones de vida. No sabían que, al aceptar la oferta, estaban se metían en medio de las amargas disputdas de los grupos armados irregulares.
Sólo dos días después de haber llegado a Istmina para iniciar sus labores, varios miembros de uno de estos grupos irrumpieron en la mina, armados y con sus uniformes. Dispararon y mataron a seis hombres e hirieron a otros cuatro; todos desplazados y pertenecientes a comunidades afro-colombianas.
Fue el 16 de octubre. "Éste es el último de una serie de abusos muy graves que los grupos armados irregulares han cometido contra la población civil y desplazada en esta parte del Chocó", dice el Representante Adjunto del ACNUR en Colombia, Roberto Mignone, desplazado al Chocó después de las muertes.
Mignone dice también que el ACNUR está muy preocupado y teme que el deterioro de la situación humanitaria, se convierta en una causa de más desplazamiento en la región.
Según las leyes internacionales y la propia Constitución de Colombia, el Estado tiene la responsabilidad de proteger e impedir la expulsión de sus tierras y el desplazamiento forzoso de su población. Pero el hecho es que la población civil a lo largo de los ríos San Juan y Baudó continúa sufriendo intimidaciones, amenazas, violencia y masacres a manos de grupos armados irregulares. Sólo desde inicios de septiembre, la Diócesis de Istmina ha reportado 23 asesinatos selectivos en la ciudad. En meses recientes ha habido varios casos de desplazamiento masivos afectando a cientos de personas; y día tras día familias salen de sus casas para escapar del conflicto.

Afrocolombianos desplazados en el departamento del Chocó


La diversidad biológica del Chocó es una de las más ricas en el mundo. La selva tropical es abundante en minerales y bosques, mientras que sus ríos proporcionan el acceso directo al océano Pacífico. Un territorio estratégico tanto para paramilitares y guerrilla como para los narcotraficantes.


Los grupos armados irregulares han estado luchando por el control de estas, durante años. “La situación humanitaria a lo largo de los ríos San Juan y Baudó ha empeorado significativamente desde principios del año y el ACNUR llama a los actores relevantes a respetar los derechos de la población civil”, afirma Roberto Mignone en el Chocó.

Los asesinatos de la semana pasada de seis personas desplazadas, miembros de comunidades afro-colombianas, ocurrieron dos días antes de que la Corte Constitucional de Colombia se sentara a repasar las medidas tomadas por el gobierno para la protección de las comunidades afrocolombianas víctimas del desplazamiento forzado. La Corte había encontrado “vacíos persistentes” el año pasado, en la prevención del desplazamiento forzado y la protección de las comunidades afrocolombianas. (Fuentes: ACNUR-Radio Naciones Unidas, ACNUR-Marie-Helene Verney y BBC-Mundo)

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