La Policía de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos informó ayer que finalizó un operativo que detuvo y deportó a más de mil 300 inmigrantes del área de Los Ángeles, en el estado de California. Se trata de la operación policial de mayor envergadura contra inmigrantes en Estados Unidos.
El comunicado policial dice textualmente que "más de mil 300 extranjeros criminales, fugitivos de inmigración, e infractores de inmigración han sido deportados de Estados Unidos o enfrentan la deportación hoy".
El comunicado policial dice textualmente que "más de mil 300 extranjeros criminales, fugitivos de inmigración, e infractores de inmigración han sido deportados de Estados Unidos o enfrentan la deportación hoy".
La operación coincide con las campañas crecientes que, en los últimos meses, desarrollan tanto demócratas como republicanos para ganarse el voto de los inmigrantes, especialmente de los latinos y con las protestas de la inmigración para exigir cambios en las leyes migratorias y el cese de las redadas y las deportaciones, que están obligando a miles de 'ìndocumentados' a huir por la frontera de México.
Millones y millones para financiar la presión contra la inmigración
Las redadas y deportaciones no van a disminuir, sino al contrario. El Senado autorizó la semana pasada 3.000 millones de dólares destinados a aumentar la vigilancia en la frontera sur y la detención de inmigrantes 'indocumentados'. Un total de 3,000 millones de dólares en gastos de emergencia para la protección de las fronteras, incluyendo la construcción de muros, el cumplimiento de las leyes migratorias al interior del país, así como la inspección en los lugares de trabajo. También autoriza fondos para la detención y deportación de quienes estén procesados por infracciones migratorias.
La medida prevé la contratación y capacitación de más agentes de la Patrulla Fronteriza, el uso de aviones no tripulados y equipos de alta tecnología para la vigilancia de la frontera con México.
Además, autoriza fondos para reembolsar a los gobiernos estatales los gastos que hicieron debido a los inmigrantes clandestinos.
La medida prevé la contratación y capacitación de más agentes de la Patrulla Fronteriza, el uso de aviones no tripulados y equipos de alta tecnología para la vigilancia de la frontera con México.
Además, autoriza fondos para reembolsar a los gobiernos estatales los gastos que hicieron debido a los inmigrantes clandestinos.
El año pasado, el Congreso dio al Departamento de Seguridad Nacional un total de 1.200 millones de dólares en fondos adicionales para la construcción de vallas y otras barreras móviles y para finales de esta año el número de agentes fronterizos habrá aumentado de 4.000 a 15.000. Éxodo por leyes antiinmigrantes
La consecuencia es que esta presión está provocando un éxodo de inmigrantes sin papeles, que están abandonando los estados y ciudades de Estados Unidos que han aplican medidas destinadas a impedir su contratación y a negarles el derecho de alquilar una vivienda.
Ante la falta de registros en las estadísticas oficiales, por razones obvias, el éxodo se ha detectado por factores cómo la disminución de niños hispanos en las escuelas, la menor asistencia a las iglesias o la reducción de los alquileres a latinos.
Así, en Tulsa, Oklahoma, la escuela primaria Kendall-Whittier, ha notado claramente esa reducción. Su directora recuerda cómo hace un mes los padres de tres menores fueron a recogerlos al final de las clases, con sus propiedades dentro de su vehículo y un remolque, y le informaron que se regresaban a México. "Tenían miedo y dijeron que era por las leyes de migración". Juliana Stou, directora del diario El Nacional de Oklahoma, apuntó que "la gente está realmente asustada y temerosa porque no saben lo que va a pasar. Están vendiendo sus casas, dejando el país". El estado de Oklahoma decidió recientemene recortar ayudas como las que daba a los 'sin papeles' para educación .
Éxodos similares se producen también en estados como Arizona, Colorado y Georgia, entre otros. La Iglesia también esté perdiendo feligreses por la misma razón a través del país. "Existe tensión porque no se sabe en qué momento los agentes (de migración) van a aparecer, y mucha gente no quiere correr riesgos", dice Antonio Mansogo, miembro de la Coalición Nacional de Líderes Cristianos. Y Guadalupe Sosa, una agente inmobiliaria en Avondale, Arizona, segura que la ley que penaliza a negocios que contraten a 'indocumentados' parece estar detrás del éxodo de muchos hispanos en ese estado. Apunta que de diez casas que tiene en venta, la mitad pertenecen a familias que optaron por abandonar el estado debido a esa ley: "Ellos saben que pueden perder todo hoy o mañana".
Los hispanos exigen reforma migratoria y cese de redadas y deportaciones
El pasado 11 de septiembre miles de hispanos se manifestaron en varias ciudades de EE.UU. y ante el Congreso en Washington para exigir la aprobación de una reforma migratoria integral y el cese de las redadas y las deportaciones, en el Día de Acción Nacional de los Inmigrantes. Los manifestantes de Washington llevaron a la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, una carta firmada por la activista mexicana Elvira Arellano, deportada el pasado 20 de agosto y quien instaba a la legisladora a tomar cartas en el tema de la reforma migratoria. La misiva, que fue llevada a la oficina de Pelosi por el hijo de Arellano, Saúl, y varios activistas hispanos, advirtió a la presidenta de la Cámara que los demócratas deben interesarse en la reforma, si es que quieren obtener el apoyo de los hispanos en las próximas elecciones presidenciales.
El pasado 11 de septiembre miles de hispanos se manifestaron en varias ciudades de EE.UU. y ante el Congreso en Washington para exigir la aprobación de una reforma migratoria integral y el cese de las redadas y las deportaciones, en el Día de Acción Nacional de los Inmigrantes. Los manifestantes de Washington llevaron a la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, una carta firmada por la activista mexicana Elvira Arellano, deportada el pasado 20 de agosto y quien instaba a la legisladora a tomar cartas en el tema de la reforma migratoria. La misiva, que fue llevada a la oficina de Pelosi por el hijo de Arellano, Saúl, y varios activistas hispanos, advirtió a la presidenta de la Cámara que los demócratas deben interesarse en la reforma, si es que quieren obtener el apoyo de los hispanos en las próximas elecciones presidenciales.
Elvira Arellano, una 'indocumentada' refugiada en una iglesia de Chicago durante más de un año, concluyó con su deportación a México después de ser arrestada en Los Ángeles y a pesar de que su único hijo, Saúl, es ciudadano estadounidense y clamó para que no le separaran de su madre.
Esta situación se repite en miles de familias hispanas que sufren las deportaciones de alguno de sus miembros.
Las leyes antimigratorias causan desintegración familiar
La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denuncia que más de un millón y medio de personas han sido víctimas de la desintegración familiar por la aplicación de las leyes migratorias estadounidenses.
Según estas normas, la deportación debe ser obligatoria para las personas que hayan cometido algunos de los delitos establecidos en una lista en la que se incluyen varias infracciones menores.
La devolución forzosa de estas personas a sus países de origen ocurre después de que ya cumplieron sus condenas en las cárceles de Estados Unidos.
HRW afirma que la ley no le permite a los jueces tomar en cuenta que en muchos casos estas personas son padres o madres de ciudadanos estadounidenses, que son residentes legales en Estados Unidos o que ya no tienen ningún vínculo con el país de origen.
Desde que
la ley fue aprobada, en 1997, han sido deportadas más de 650.000 personas, según cifras del Servicio de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) citadas en el informe de Human Rights Watch.
La organización reconoce que la deportación de las personas que han cometido delitos es justificable en algunos casos, pero deploran el hecho de que no se les conceda a los jueces la posibilidad de considerar otros factores antes de ordenar la repatriación de un ex convicto. "Los jueces de inmigración tienen las manos atadas; no hay nada que puedan hacer para proteger a las familias o reconocer las numerosas contribuciones que las personas no ciudadanas han hecho a sus comunidades o a la nación", dice Alison Parker, investigadora de Human Rights Watch.
Parker considera que, tal como están ahora, las leyes de inmigración de Estados Unidos son "no sólo rígidas sino también insensatas".
Entre los casos que documenta HRW en su informe está el de Hugo Armendáriz, un mexicano que vivió 28 años en Estados Unidos, casado con una ciudadana estadounidense y con hijos nacidos en ese país. Fue deportado a México por un delito relacionado con drogas. Armendáriz y Wayne Smith, un ciudadano de Trinidad, también deportado por drogas, han demandado al gobierno de Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la base de que la ley migratoria de norteamericana violaría la Constitución del país y varias normas internacionales. Si la Corte Interamericana fallara a favor de los demandantes, es probable que el sistema judicial estadounidense tenga que reconsiderar sus casos y los de cientos de inmigrantes que han cometido delitos y que esperan la deportación.
Miles de niños 'sin papeles', cruzan solos la frontera.
El gobierno estadounidense estima que todos los años entre 80.000 y 90.000 menores de edad no acompañados cruzan la frontera de México a Estados Unidos.
"Hace varios años nos llegaban unos 5.000 niños anualmente. Luego esto aumentó a 6.000 y ahora estamos casi en los 8.000", declara a BBC-Mundo el subsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos para Niños y Familias, Wade Horn. Esa entidad del gobierno dirige 36 hogares de menores 'indocumentados' que están a la espera de ser procesados por las autoridades migratorias."Creo que esto es un reflejo del hecho de que estamos presenciando un incremento en los esfuerzos para garantizar la seguridad en la frontera, particularmente en el sudoeste. Esto significa que va haber más detenciones de individuos indocumentados, incluyendo niños", agrega el funcionario.
La responsabilidad del cuidado de los niños indocumentados pasó de las autoridades migratorias al Departamento de Salud y Servicios Humanos. Lo que ha significado un importante cambio en el trato de los niños, que ya no son esposados durante los traslados de un lado a otro. Sin embargo, todavía se dan casos como el de Rosita, una niña peruana de 14 años que fue deportada en noviembre del año pasado por las autoridades migratorias tras haber vivi
do en EE.UU. desde los dos años de edad.
"Rosita sí fue esposada cuando se la llevaron de su casa y fue de acá de Florida. Primero la llevaron aquí en Miami y luego decidieron que no tenían un lugar para menores...", señala la activista por los derechos de los inmigrantes, Nora Sándigo.
"Aún cuando no la torturaron físicamente, para ella fue una tortura mental", agrega.
Según estas normas, la deportación debe ser obligatoria para las personas que hayan cometido algunos de los delitos establecidos en una lista en la que se incluyen varias infracciones menores.
La devolución forzosa de estas personas a sus países de origen ocurre después de que ya cumplieron sus condenas en las cárceles de Estados Unidos.
HRW afirma que la ley no le permite a los jueces tomar en cuenta que en muchos casos estas personas son padres o madres de ciudadanos estadounidenses, que son residentes legales en Estados Unidos o que ya no tienen ningún vínculo con el país de origen.
Desde que
la ley fue aprobada, en 1997, han sido deportadas más de 650.000 personas, según cifras del Servicio de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) citadas en el informe de Human Rights Watch.La organización reconoce que la deportación de las personas que han cometido delitos es justificable en algunos casos, pero deploran el hecho de que no se les conceda a los jueces la posibilidad de considerar otros factores antes de ordenar la repatriación de un ex convicto. "Los jueces de inmigración tienen las manos atadas; no hay nada que puedan hacer para proteger a las familias o reconocer las numerosas contribuciones que las personas no ciudadanas han hecho a sus comunidades o a la nación", dice Alison Parker, investigadora de Human Rights Watch.
Parker considera que, tal como están ahora, las leyes de inmigración de Estados Unidos son "no sólo rígidas sino también insensatas".
Entre los casos que documenta HRW en su informe está el de Hugo Armendáriz, un mexicano que vivió 28 años en Estados Unidos, casado con una ciudadana estadounidense y con hijos nacidos en ese país. Fue deportado a México por un delito relacionado con drogas. Armendáriz y Wayne Smith, un ciudadano de Trinidad, también deportado por drogas, han demandado al gobierno de Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la base de que la ley migratoria de norteamericana violaría la Constitución del país y varias normas internacionales. Si la Corte Interamericana fallara a favor de los demandantes, es probable que el sistema judicial estadounidense tenga que reconsiderar sus casos y los de cientos de inmigrantes que han cometido delitos y que esperan la deportación.
Miles de niños 'sin papeles', cruzan solos la frontera.
El gobierno estadounidense estima que todos los años entre 80.000 y 90.000 menores de edad no acompañados cruzan la frontera de México a Estados Unidos.
"Hace varios años nos llegaban unos 5.000 niños anualmente. Luego esto aumentó a 6.000 y ahora estamos casi en los 8.000", declara a BBC-Mundo el subsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos para Niños y Familias, Wade Horn. Esa entidad del gobierno dirige 36 hogares de menores 'indocumentados' que están a la espera de ser procesados por las autoridades migratorias."Creo que esto es un reflejo del hecho de que estamos presenciando un incremento en los esfuerzos para garantizar la seguridad en la frontera, particularmente en el sudoeste. Esto significa que va haber más detenciones de individuos indocumentados, incluyendo niños", agrega el funcionario.
La responsabilidad del cuidado de los niños indocumentados pasó de las autoridades migratorias al Departamento de Salud y Servicios Humanos. Lo que ha significado un importante cambio en el trato de los niños, que ya no son esposados durante los traslados de un lado a otro. Sin embargo, todavía se dan casos como el de Rosita, una niña peruana de 14 años que fue deportada en noviembre del año pasado por las autoridades migratorias tras haber vivi
do en EE.UU. desde los dos años de edad."Rosita sí fue esposada cuando se la llevaron de su casa y fue de acá de Florida. Primero la llevaron aquí en Miami y luego decidieron que no tenían un lugar para menores...", señala la activista por los derechos de los inmigrantes, Nora Sándigo.
"Aún cuando no la torturaron físicamente, para ella fue una tortura mental", agrega.
Generalmente un funcionario de inmigración viaja con el menor de edad a su país de origen y lo entrega a las autoridades de ese país. Pero hay casos en que los dejan salir del aeropuerto solos y ellos deben ver cómo legar a su casa.
Las redadas de inmigración han aumentado en meses recientes."Es difícil incluso conseguir un abogado que ayude. Entonces muchas veces son deportados sin siquiera haber tenido la oportunidad de que alguien les ayudara con su caso de inmigración", según la abogada Nora Abarca, que defiende a inmigrantes.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) recientemente demandó al Servicio de Inmigración y Aduanas(ICE) por supuestos maltratos a los niños en el centro de detención de Hutto, donde unos 200 menores comparten celdas con sus padres mientras esperan a ser deportados.
(Fuentes: Agencia PÚLSAR, La Opinión-Digital, Notimex, Los Tiempos.com y BBC-Mundo )
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