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17.10.07

Colombia:Uribe-paramilitares

UN TERCER PERIODISTA RECIBE AMENAZAS DE LOS GRUPOS PARAMILITARES, DESPUÉS DE SER INSULTADO POR EL PRESIDENTE COLOMBIANO
.Uribe le llamó, en la radio en directo, "cobarde, mentiroso, canalla y difamador profesional"

.En las amenazas, el grupo paramilitar 'Águilas Negras' denomina al presidente colombiano "el jefe"


Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha vuelto a protestar ante el Gobierno de Colombia, esta vez por las acusaciones que, el 9 de octubre de 2007, dirigió el presidente Alvaro Uribe al periodista Daniel Coronell, director de información del canal público de televisión Canal Uno y editorialista de la revista Semana, en el curso de una discusión en antena en la emisora de radio La FM. Tras la entrevista, en la que Álvaro Uribe calificó al periodista de "mentiroso". Coronell, ha recibido amenazas de muerte, por correo electrónico, firmadas por el grupo paramilitar Águilas Negras, muy activo en el norte del país.
El 4 de octubre de 2007 Gonzalo Guillén,(ver Pepitorias) corresponsal en Colombia del diario norteamericano en lengua española El Nuevo Herald, tuvo que abandonar el país temiendo por su seguridad, tras recibir veinticuatro amenazas telefónicas. Dos días antes, el presidente acusó en la prensa al periodista de ser "el negro" de Virginia Vallejo, ex amante de Pablo Escobar, quien recientemente ha publicado el libro "Amando a Pablo, odiando a Escobar", en el que se cuentan las presuntas relaciones que habría mantenido el actual Presidente con el célebre narcotraficante.

"Como continuación de nuestra carta abierta del pasado 4 de octubre, una vez más hacemos un llamamiento al presidente Álvaro Uribe para que sea más prudente en sus declaraciones. Le reconocemos el derecho a defenderse de las acusaciones que se le hacen, pero nada justifica esos vehementes ataques que ponen en peligro a los periodistas, como lo demuestran las amenazas recibidas por Daniel Coronell, quien ya tuvo que marcharse del país con su familia en 2005, y por Gonzalo Guillén, que a su vez acaba de expatriarse. Los ataques personales de Álvaro Uribe son una cosa y otra muy distinta las amenazas de muerte de paramilitares, que se reclaman de él. El gobierno debería poner el mayor interés en dar muestras de compromiso persiguiendo más activamente a quienes amenazan la vida de los periodistas, y en particular a las siniestras Águilas Negras", ha declarado la organización, que añade en su misiva a Uribe:.'Le reconocemos el derecho a defenderse de las acusaciones que se le hacen, pero nada justifica esos vehementes ataques que ponen en peligro a los periodistas', señaló.Afirmó que las advertencias a informadores son algo mucho más grave y pidió al Gobierno un mayor 'compromiso para perseguir más activamente a quienes amenazan la vida de los periodistas'

El 9 de octubre de 2007, Álvaro Uribe pidió a una presentadora de la emisora radiofónica La FM que llamara en directo a Daniel Coronell, quien acababa de publicar un editorial sobre las revelaciones contenidas en la obra de Virginia Vallejo. A lo largo de una hora el Presidente hizo varias acusaciones al periodista, llamándole "descuidado", "mentiroso", "canalla" y "difamador profesional".Alvaro Uribe cuestionó también a Daniel Coronell acerca de los motivos de su exilio en 2005, poniendo en duda las amenazas que entonces recibió el periodista. Según éste último, aquellas amenazas procedían de un ordenador(computador) del ex parlamentario Carlos Ander Simmonds, en otros tiempos muy cercano al Presidente, condenado por tráfico de droga en Estados Unidos.

Pocas horas después de la discusión Canal Uno recibió un correo electrónico, dirigido al periodista, en el que figuraban amenazas de muerte. "Se le había advertido que la próxima vez que se metiera con el jefe pondría su propia lápida. Todo el que arremeta en contra de nuestro presidente firmará su muerte", estaba escrito.

Uribe señala y los paras actúan

Por otra parte, RSF está sorprendida de que el pasado 10 de octubre fuera puesto en libertad a Luis Fernando Soto Zapata, detenido desde hace cinco años y ocho meses por el asesinato de Orlando Sierra Hernández, periodista del diario La Patria. El sicario, condenado a diecinueve años de cárcel, se ha beneficiado de una reducción de condena por buena conducta. El 30 de enero de 2002, a Luis Fernando Soto Zapata le grabaron mientras disparaba dos veces sobre el periodista. Los coautores del asesinato, Luis Miguel Tabares, alias "Tilín", y Luis Arley Ortiz, alias "Pereque", fueron condenados en mayo de 2005 a 28 años de cárcel. A Ferney Tapasco González, jefe de fila del Partido Liberal en el Departamento de Caldas (Centro) y antiguo diputado, sospechoso de ser el autor intelectual del crimen, nunca le han encausado. Orlando Sierra Hernández le había criticado, en varias ocasiones, por algunos delitos que se le imputaban.

EL CPJ pide al presidente colombiano que se retracte

El Comité para la Protección de los Periodista (CPJ, por sus siglas en inglés) ha enviado una carta al Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en donde se le insta a retractarse de las acusaciones realizadas a los periodistas Coronell y Guillén. Este último se ha visto obligado a abandonar su hogar en Bogotá tras recibir serias amenazas. El mandatario acusó al informador Coronell de ‘cobarde, mentiroso, canalla y difamador profesional’.
Para el CPJ, los comentarios del presidente de Colombia pueden animar a quienes utilizan la violencia o amenazas a reprimir el trabajo de la prensa. Además, está el caso del periodista Guillén, a quien el presidente relacionó con la colaboración en la redacción del libro de Vallejo en el que se le vinculaba con el narcotraficante Escobar. Todo ellos y mucho más se recoge en la carta enviada por el CPJ al presidente colombiano. En ella el Comité se opone enérgicamente a las recientes acusaciones en contra de dos importantes periodistas. Ya que sus comentarios ‘estridentes y personales’ dieron como resultado múltiples amenazas de muerte en contra ambos periodistas y provocó el exilio de uno de ellos. El mandatario solicitó a la presentadora del programa de noticias matutino de la estación de radio La FM que llamara al reconocido periodista Daniel Coronell, director de noticias de Canal Uno y columnista de la revista Semana, según el CPJ. Uribe señaló que quería refutar información de la última columna del periodista en Semana dónde Coronell menciona recientes acusaciones hechas por Virginia Vallejo, amante del difunto narcotraficante Pablo Escobar, en su libro Amando a Pablo, odiando a Escobar.
Después de negar con vigor haber tenido vínculos con Escobar, el presidente entabló una áspera discusión de una hora al aire con Coronell, calificando al periodista de ‘cobarde, mentiroso, canalla y difamador profesional’. Aunque el CPJ reconoce su derecho a estar en desacuerdo con sus críticos, consideran que su reacción fue ‘irresponsable e imprudente’. Y es que horas después de estas acusaciones en contra de Coronell, Canal Uno recibió una amenaza de muerte por correo electrónico. ‘Se le había advertido que la próxima vez que se metiera con el jefe se pondría su propia lapida,’ indicó el mensaje.
Otro conocido periodista colombiano, el corresponsal del diario El Nuevo Herald de Miami, Gonzalo Guillén, se vio obligado a abandonar su hogar en Bogotá esta semana tras recibir más de 20 amenazas de muerte tras comentarios que el mandatario colombiano efectuó en dos radios nacionales, según afirma el CPJ. Para el Comité para la Protección de los Periodistas, estas acusaciones sin fundamento han puesto en peligro la vida de estos dos informadores, por lo que a través de dicha carta se le exhorta a que se retracte públicamente de los recientes comentarios.

Comisión constata ataques militares contra manifestantes

Precisamente la actuación impune de los grupos paramilitares en las zonas campesinas de Colombia, fue una de las razones que movilizaron a miles y miles de personas la semana pasada en la llamada Movilización Nacional Agraria. Las marchas fueron duramente reprimidas y la represión dejó numerosos heridos y detenidos.

Ahora se presenta la primera denuncia: miembros de la Asociación para la Cooperación con el Sur (Acsur), participantes de la movilización agraria el día 13, fueron duramente atacados por parte miembros del ejército, la Policía Militar y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). El ataque se sucedió mientras las comunidades de la zona norte del departamento del Cauca regresaban hacia sus lugares de origen en una caravana acompañada por una Comisión de Verificación de Derechos Humanos.
Desde el 12, la Comisión, integrada por la Personería del municipio de Santander de Quilichao, de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la Defensoría Regional del Pueblo y la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, está en el área de la zona de concentración con el fin de verificar los hechos ocurridos durante la brutal arremetida de miembros de la fuerza pública en contra de las comunidades movilizadas en el día anterior (11), en que uno de los manifestantes que resultó gravemente herido - él se sometió a una delicada operación médica de alto riesgo, su pronóstico es reservad.
Los representantes de la Comisión constataron "que en la zona de movilización no hubo enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos insurgentes, sino una feroz arremetida por parte de agentes del ejército, la Policía Militar y el Esmad contra los manifestantes". Pues la población sólo portaba palos y piedras como arma de defensa y fue agredida con gases lacrimógenos, artefactos explosivos con metralla, tiros de goma y de armas de fuego de corto y largo alcance.
"Las comunidades movilizadas, pertenecientes al Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, esperan que con los resultados obtenidos durante esta visita de verificación se inicie un proceso de investigación al estado colombiano por sus responsabilidad en el tratamiento militar dado a los manifestantes que participaron de la jornada, y se frene el hostigamiento a quienes fueron heridos en desarrollo de estos hechos", dijo la Acsur en comunicado.
Los afectados piden que el estado colombiano indemnice a las víctimas por el actuar criminal de su fuerza pública. Además, la Asociación dijo que espera que los procesos de judicialización en contra de los manifestantes sean clausurados por no haber razones reales para la apertura de los mismos. Los manifestantes expresaron que, pese al actuar del estado colombiano, continuaran trabajando para alcanzar las banderas de su justa lucha.
(Fuentes: Periodistas-es, Reporteros Sin Fronteras y Adital)

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